Por Jairo H. Pertuz
Periodista
El hecho de que un ciudadano o ciudadana decida servirle a Panamá, aspirando a un cargo público, no puede convertirse en un acto de robo salarial al pueblo panameño a través del Estado, al cual, supuestamente, pretende servir.
Esa actuación debería ser condenada como delito, pues constituye una inmoralidad. Por tanto, se debe descartar a quienes pretendan hacer uso de tal modalidad delictiva.
El poder judicial o a quien corresponda, debe, por ÉTICA, MORAL y JUSTICIA, invalidar esa inmoral modalidad que se quiere imponer al pueblo panameño por parte de algunos sujetos (hombres o mujeres). Los ciudadanos decentes en este país necesitan buscar, por todos los medios posibles, impedir semejante exabrupto.
Si ya ejerce un cargo público, debe atenerse al salario estipulado, que se paga por la posición política a la que aspira. Lo contrario, es que esa persona pretenda devengar el salario del cargo que está desempeñando, si el mismo es mayor al puesto al que aspira. Ello no sólo es inmoral y anti ético, sino que debe ser considerado ilegal.
