La directora del Instituto de la Memoria Gogora, Aintzane Ezenarro, y la investigadora principal de laboratorio Biomics de la UPV-EHU, Marian Martínez de Pancorbo, ofrecieron ayer los resultados de la «campaña de ampliación del Banco de ADN de personas desaparecidas» durante «la guerra civil en Euskadi». Se trata de 122 muestras reunidas entre personas que atestiguan haber perdido familiares durante la guerra de 1936, que se cotejarán con las muestras extraídas de exhumaciones actuales y futuras.

Son los primeros resultados, pero la campaña no se cierra aquí. Como señaló Ezenarro, la participación activa y la buena acogida que ha tenido la campaña evidencia que hay un número importante de familias que siguen buscando a sus desaparecidos, que 80 años después hay «una necesidad no atendida», que la «búsqueda sigue», y así se evidenció igualmente en la comparecencia ante los medios, en cuanto se dio voz a familias. Varias personas tomaron el micrófono para agradecer el paso dado por el Instituto Gogora, pero dejaron también constancia de que esperan más hechos, más exhumaciones dentro y fuera de Euskal Herria que permitan albergar esperanzas de hallar a los suyos.

Una mujer de avanzada edad contó el caso de su padre, natural de Arrasate. Comentó que conocen la existencia de una fosa común sin ningún nombre en un cementerio en Oiartzun o Hernani. Lo que sí saben es que se encontraba preso en la cárcel de Ondarreta y que a él y a otros «les llevaron en un camión». La última certeza sobre el final de su padre, ningún dato más sobre dónde pueden encontrarse sus restos, suficiente para que ella, acompañada de su hijo, no dejara escapar ayer la oportunidad de hacer constar su caso.

Ezenarro respondió que las exhumaciones siguen su curso aunque «no se descartan nuevas actuaciones».

«¿Iríais a buscarlos?»

Otra intervención puso de manifiesto la inquietud con la que viven familias de combatientes vascos caídos fuera de la CAV. Tal y como contó, «mi aitite cayó en Asturias, cerca de Oviedo, luchaba con el batallón Rosa Luxemburgo». Creen que puede estar en alguna fosa común de la zona. Respondió Ezenarro que el «ámbito de exhumaciones de Gogora es Euskadi», lo que «no quiere decir que no haya otro tipo de actuaciones a futuro». Según agregó, «este es un capítulo no cerrado de nuestra historia»; si los familiares siguen reclamando, «al final se tendrá que acometer».

Incidió el familiar preguntando directamente si el Instituto de la Memoria de la CAV iniciaría ahora la excavación si contara con el beneplácito de aquella comunidad. «¿Iríais a buscarlos?», insistió. «Tendríamos que valorarlo, pero por el momento el marco es el que es», zanjó Ezenarro.

Representantes de la plataforma vasca en la querella argentina también fueron muy críticos con la andadura de Gogora. Señalaron a GARA que «cuando se toca a los familiares a nivel individual se rompe la coordinación y la información» y criticaron que se intente utilizar al movimiento memorialista «como comparsa» en «actos de propaganda», pero no se actúe de manera coordinada y reglada con colectivos que representan a familias y víctimas y llevan décadas reuniendo información. Reclamaron una Ley de Memoria Histórica en la CAV que blinde la actuaciones y denunciaron que en el abultado presupuesto de Gogora no haya habido 800 euros para trípticos para informar de la recogida de ADN.