Alejandra Boto conoce la anatomía de las administraciones al detalle. Esta profesora del departamento de Derecho Público, que antes hizo la carrera de Fisioterapia, forma parte de un grupo de cinco especialistas, liderado por el catedrático Leopoldo Tolivar, que acaba de iniciar un proyecto de investigación financiado por el Gobierno central para impulsar una reorganización de los servicios públicos, sobre todo Educación y Sanidad, con el menor coste posible para los derechos de los ciudadanos. "Fusionar organismos y eliminar altos cargos sólo es un parche si no se acomete una remodelación de raíz, que pasa por cambiar la estructura actual del Estado en sus distintos niveles", sostiene la jurista. Además, aboga por una "reforma necesaria de la Constitución" que fije las competencias de las comunidades autónomas y advierte de que la fusión de municipios "puede salir muy cara a todos los niveles si se hace mal", tal y como pudo comprobar en primera persona durante una estancia en Canadá, donde se forzó por ley este proceso, anulado más tarde por los tribunales en varios casos.
Esta ovetense de expediente brillante ha encontrado en el Derecho la horma de su zapato, hasta el punto de convertirse en poco tiempo en una de las investigadoras más destacadas de su área. "Decidí que lo mío no era la Fisioterapia porque me implicaba emocionalmente demasiado con pacientes que tenían problemas de difícil mejora, como paralíticos cerebrales o mutilados. Opté por las leyes, que ofrecían múltiples oportunidades, y creo que acerté", explica la docente, con categoría de ayudante doctor aunque acreditada ya para una plaza de titular. Antes de finalizar su segunda titulación, entró a formar parte del equipo de Tolivar. Obtuvo el premio extraordinario de licenciatura, el de fin de carrera, el "Olga Menéndez" de la Facultad y, poco después, una beca del Ministerio para preparar su tesis sobre Administración Instrumental y Procesos Judiciales, con estancias internacionales en la Universidad canadiense de Laval (Quebec) y en la italiana de Sapienza (Roma).
Finalmente, recaló hace tres años en el área de Derecho Administrativo, tras otro período en Burdeos gracias una beca postdoctoral del programa autonómico "Clarín". También ha pasado varios meses en diferentes países europeos. "Salir fuera y conocer otras realidades es fundamental para avanzar en cualquier investigación", sostiene, tras haber participado en estudios sobre igualdad en las administraciones públicas, con financiación regional, y sobre la gestión privada de la Sanidad pública, con fondos estatales. Ahora, al margen de su inclusión en el proyecto sobre la reorganización de los servicios públicos, es la responsable de un acuerdo entre su departamento y el Ayuntamiento de Castrillón para optimizar la prestación de la asistencia a los ciudadanos por parte del Consistorio, erosionado funcionalmente por los constantes vaivenes políticos que ha padecido en los últimos años.
"Los recortes en Educación y Sanidad que están aplicando las administraciones, especialmente las autonómicas, buscan obtener resultados inmediatos, pero no van al fondo de la cuestión. Se eliminan puestos y organismos, pero eso no es ni mucho menos suficiente", advierte Boto. "Por eso, corremos el riesgo de que, cuando la situación mejore, volvamos a repetir los errores pasados y todo vuelva a engordar. Algo que sólo se puede evitar llevando a cabo una reorganización real, de arriba abajo, de las funciones", añade.
La experta muestra especial preocupación por los "chiringuitos", organismos surgidos en el seno de las administraciones (especialmente comunes en Asturias), que acaban por desempeñar tareas en paralelo a ellas y que escapan a los controles gracias a su naturaleza, en forma de fundación, sociedades, entes... "Son un problema desde el punto de vista económico porque se utilizan para maquillar las cuentas públicas, pero también desde el punto de vista jurídico porque se mueven en un régimen poco claro", subraya. "Por eso, los ciudadanos acaban por no saber contra quién están reclamando o a quién tienen que recurrir", añade. "A veces, estas entidades son producto de la aceleración normativa que vivimos. Es decir, la promulgación vertiginosa de leyes", remata.
Otro de los aspectos a combatir, según Boto, es el abuso de los nombramientos "a dedo", reiteradamente anulados por los tribunales en el caso del Principado durante los últimos años. "Es una práctica que, posiblemente, sólo acabará con una verdadera voluntad política", indica. Aunque también admite que existen márgenes legales para que se produzcan estos casos. "Si no existe una cultura de respeto, como parece que ocurre en España, soy partidaria de eliminar esos márgenes, para que nadie los pueda forzar", concluye.
La profesora considera también urgente una reforma del sector local, a debate desde hace meses. Aunque aboga por "ir a la base y no quedarse en una simple reducción de gastos". "La fusión de municipios que se propone es recomendable en algunas zonas, pero puede acarrear problemas. En la región de Quebec, se obligó a un proceso idéntico, con mucha oposición social. Con el tiempo, varias sentencias invalidaron algunas de las uniones. Esto generó un modelo mixto que acabó por ser más caro que el original", comenta, convencida de que es necesario definir con mayor precisión las atribuciones de cada administración. "Toca ya hacer una reforma de la Constitución, que se ha quedado vieja, que recoja esta división de competencias", finaliza.
Facilitar el recambio generacional en la Universidad. La administrativista Alejandra Boto lamenta que las restricciones impuestas por el Gobierno central para la adjudicación de plaza pública en las universidades pongan en riesgo el relevo generacional en el ámbito académico. "En Asturias, tenemos la suerte de que el rector, Vicente Gotor, ha apostado por los jóvenes contra viento y marea y ha conseguido que no se reduzcan plazas, como ocurre en otros lugares", señala esta ayudante doctor. "No sé hasta qué punto podremos aguantar, pero es básico realizar este esfuerzo porque corremos el riesgo de quedarnos sin savia nueva", añade, tras advertir de la importante pérdida de capital humano que puede sufrir España en cuestión de poco tiempo. "Apoyar la Educación siempre es garantía de acierto. No es comprensible que algunas medidas de ahorro se ceben con servicios básicos para cualquier sociedad", remata.
-Alejandra Boto Álvarez es licenciada en Derecho y diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Oviedo. Realizó estancias predoctorales en Canadá e Italia; y, en Francia, tras leer su tesis. Desde hace tres años, es profesora ayudante doctor de Derecho Administrativo, en el departamento de Derecho Público.
-Forma parte del grupo del catedrático Leopoldo Tolivar. Ha participado en un proyecto sobre la gestión privada de la Sanidad pública, financiado por el Gobierno Central, y en otro sobre la Igualdad en las administraciones, con fondos del Principado. Además, dirige un convenio con el ayuntamiento de Castrillón para optimizar los servicios públicos locales.
-La ovetense participa actualmente en un trabajo para minimizar el impacto de los recortes en la Sanidad y en la Educación y optará a ayudas europeas con un proyecto sobre control de la identidad a nivel internacional.
