(Sobre el hecho no legislar, hacerlo mal o a destiempo)
No hace mucho que en este mismo lugar analizábamos el fenómeno de la legislar de manera atropellada y los efectos, nada buenos, que de esa forma de actuar se derivaban. Algo que, en buena medida, tiene que ver con el desapego de nuestros representantes y gobernantes al orden y a cumplir con las obligaciones que impone la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea. No se trata tan solo (aunque también lo es) del coste económico de las multas que se imponen por el incumplimiento en cuanto al deber de transposición de las Directivas comunitarias (hablamos de decenas de millones de euros al año), se trata del efecto perverso de inseguridad jurídica que de todo ello se deriva, así como del deterioro de la imagen de Estado (para quienes quieran, por ejemplo, realizar inversiones en España) y todo lo que ello supone.
Un análisis de los frutos parlamentarios (entendiendo por tales los que, finalmente, llegan a los diarios oficiales) permite determinar que en los últimos seis meses (desde mayo hasta el momento actual) la cosecha ha sido escasa. Entre el Estado y las Comunidades Autónomas se han producido 47 normas con rango de ley, de las cuales cerca de la mitad (21) son Decretos-leyes (2 estatales y 19 autonómicos). A estas alturas ya no resulta sorprendente el gusto de nuestros gobiernos a encontrar razones de extraordinaria y urgente necesidad que “justifiquen” la inaplazable necesidad de acudir al (que debiera ser) extraordinario instrumento del decreto-ley.
El gobierno central acudió en dos ocasiones a ello y gran parte de las Comunidades Autónomas tampoco tuvieron pereza en acudir a este sistema para legislar. Es el caso de Andalucía (4), Baleares (3) Canarias (4), Castilla y León (1), Extremadura (2), Comunidad Valenciana (4), Región de Murcia (1). Los datos permiten establecer que hay Comunidades con una mayor tendencia a eso de legislar por razones extraordinarias y urgentes.
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