Mientras el mundo político debate agriamente quién cede en sus posturas alrededor de las reglas de juego de la economía y los medios están pendientes de cuándo llega el dólar a 5.000 pesos, unos quinientos mil jóvenes se aprestan a celebrar la terminación de sus estudios de educación media, la mitad de los cuales sumarán a las estadísticas de los ni nis.

Ahí habrá caldo de cultivo para que la cacareada “paz total” nunca se logre. Habrá al menos, 150 mil jóvenes, para no exagerar, en entornos sociales complejos, con familias disfuncionales que estarán en grave situación de riesgo de convertirse en víctimas o victimarios de delitos.

Estarán ubicados en las zonas marginadas de las ciudades y en las regiones con mayores índices de pobreza. Se sabe quiénes son, estuvieron 11 años en el sistema escolar, donde deben saber cómo se llaman, con quién viven, qué intereses tienen y especialmente cuál es la barrera que impide ingresar a la educación superior o acceder a un trabajo. No debería ser muy difícil derribar esas barreras en un grupo tan focalizado y fuertemente identificado, pero prácticamente todos los que pudieran hacer algo se desentienden y se engolosinan con una obra de infraestructura que sueñan inaugurar o con una discusión política.

Los más enfocados estarán pensando cómo conseguir que en el futuro deje de ocurrir que un porcentaje tan alto de bachilleres no encuentren lugar ni en el trabajo, ni en el sistema educativo. Estarán pensando, como les enseñaron en la maestría que hicieron en el extranjero, a pensar en el mediano y en el largo plazo, a planificar cuidadosamente las acciones y mientras tanto se pasan por debajo de la baranda estos 150 mil y el año entrante otro tanto. El corto plazo poco se considera.

Un porcentaje “pequeño” de esos jóvenes terminarán en el peor escenario, el de la pertenencia a una banda criminal. No hay cálculos, pero podría decirse que sería “solo” el 10%, es decir que los “ejércitos” ilegales habrán sumado 15 mil nuevos integrantes y seguramente las pandillas al menos el doble. No sumo, para no alarmar, a los que se quedaron por el camino y no llegaron al grado sino que desertaron hace dos o tres años.

El Ministerio de Educación y las alcaldías se esforzarán por ofrecer becas, créditos y otros incentivos que cubrirán al 20%, será un trabajo titánico para resolverle a 20 mil el problema, pero quedarán casi 100 mil, descontando a los que se van al mundo del crimen, de los que no se volverá a saber.

En Bogotá han hecho esfuerzos especiales con programas como parceros, jóvenes a la U y los de subsidios al empleo joven.

El Departamento de Prosperidad Social está preparando, por instrucciones del Presidente, un programa para buscar y hacer algo con los 100 mil que quedaron cada año durante los últimos 15 y con los 25 mil que se perdieron en la criminalidad durante ese lapso. Será tarde. Ese daño está hecho, quizás sería más eficiente hacer todo lo posible para que este año no ocurriera el daño, pero por alguna extraña razón a nadie le parece lo suficientemente importante.

Si les parecen muchos, ¿por qué no focalizan la acción? Que tal se adoptara como propósito que en las zonas PDET, las más afectadas por la violencia, ninguno de los graduandos de noviembre sumara a la categoría de NI NIS. No deben sumar más de 20.000, a los que se podrían apadrinar para reforzar competencias y mejorar el resultado del examen de estado, a conseguir ayuda económica, a avanzar en una segunda lengua, a acompañar la familia, en fin, a ayudarles a conseguir lo que haga falta. Una especie de grado 12 para que se mantengan en el entorno escolar. Hay una red institucional enorme conformada principalmente por la propia institución educativa que los graduó de bachilleres y una oferta que focalizada podría producir algún resultado. Alguno, que hayamos resuelto algún problema en algún lugar, al menos uno.

Uno de los mayores problemas de la ineficacia de las políticas públicas en Colombia está derivado de la falta de focalización de las acciones. Si a alguien se le ocurriera un programa padrino de grado12 para evitar seguir engrosando los Ni Nis, seguramente cada uno querrá una pequeña porción para su municipio, si alguien dice que en los municipios PDET alguien pedirá que se aumente la lista y la presión política conseguirá ampliar el radio de acción y, como consecuencia, no conseguir los resultados.

Llama la atención que no lo haga ningún alcalde, que son los más directamente involucrados, digo que no intenten resolver del todo el problema, sino que se queden en esfuerzos que por loables son insuficientes. No lo hacen ni pensando en su futuro político al que no le aporta tanto que hayan entregado algunos centenares de becas, cosa que han hecho muchos y, en cambio, si les aportaría mucho poder decir que todos sus bachilleres siguen en el sistema educativo, en la formación para el trabajo o ya en el trabajo.

El Presidente Petro tiene un discurso bien armado sobre el tema. Tiene claro que parte importante del involucramiento de jóvenes en la violencia está derivado de la exclusión social, sería muy útil que alguien arrancara ya con los 150 bachilleres cuyas familias quieren celebrar, pero en el fondo saben que será una frustración.

Héctor Riveros Serrato es un abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública...