Contraloría procesará y sancionará administrativamente casos de corrupción en todas las entidades públicas

La Contraloría General informó que la facultad sancionadora para inhabilitar a funcionarios y servidores públicos hasta por cinco años se aplica en función de la gravedad de la conducta y es independiente de las acciones legales que puede iniciar la Procuraduría en materia civil y penal, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial como resultado de los servicios de control posterior.

 

Recordó también que uno de los objetivos del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) es la sanción del comportamiento funcionalmente irregular, a través de la separación de la función pública de quienes incurren en infracciones graves o muy graves. Dichas infracciones están debidamente descritas en la ley. La aplicación de sanciones efectivas, oportunas y proporcionales permitirá reducir la sensación de impunidad que existe en el país. 

 

Según cálculos de la Contraloría, el Estado habría perdido S/ 22 059 millones, producto de la corrupción y la inconducta funcional en la administración pública en el 2020.

 

El Procedimiento Administrativo Sancionador, previa evaluación, se iniciará a aquellos funcionarios a quienes se hubiera identificado presunta responsabilidad administrativa funcional en los informes de control emitidos por el Sistema Nacional de Control y atribuido la comisión de infracciones graves o muy graves, por hechos ocurridos a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 31288.

 

Si la infracción hubiera solo producido un perjuicio económico, la Contraloría tiene la facultad de no iniciar el PAS, siempre y cuando el monto total de dicho perjuicio no sea mayor a las 8 UIT (actualmente equivalente a S/ 35 200) y que sea imputable solo a título de culpa. Esto no significa que dichos casos queden impunes, pues se procede a comunicar a los órganos competentes para que adopten las acciones que correspondan  

 

La normativa vigente establece clara y adecuadamente las 32 infracciones por responsabilidad administrativa funcional que, previo procedimiento, pueden dar lugar a la inhabilitación para ejercer la función pública. 

 

Las infracciones administrativas graves se sancionan con la inhabilitación de 60 días hasta un máximo de un año; mientras que las infracciones muy graves ameritarán la inhabilitación no menor de uno hasta cinco años. En todos los casos la sanción se establece en función a la gravedad de la infracción cometida, ponderando la posible reincidencia, así como, la existencia de intencionalidad, entre otros factores a analizarse.

Cabe precisar que las sanciones administrativas se aplican a quienes cometan infracciones graves o muy graves, de manera intencional o por no haber actuado con la diligencia esperada. 

 

Con la finalidad de modernizar y agilizar el PAS, se ha previsto el uso intensivo de las tecnologías de la información, a través de la implementación de adelantos como la notificación electrónica obligatoria, que es inmediata y confiable, el uso de la casilla electrónica asignada por la CGR, así como, el expediente digital que facilita el procedimiento y asegura la información que forma parte del mismo.

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Lima, 22 de noviembre de 2021
Gerencia de Comunicación Corporativa

Nota de Prensa N°1380-2021-CG/GCOC