San José.— En un fructífero negocio callejero e informal movido por los dólares en una creciente demanda y una escasa oferta, revendedores clandestinos acapararon y especularon con medicamentos en Ecuador y se aprovecharon del desabasto para lucrar con la desesperación de los ecuatorianos en momentos de urgencias por conseguir fármacos.
En una maniobra universal amparada en monopolios legales y formales en una pugna desigual entre países pobres y ricos, las desarrolladas y productoras de medicinas amenazaron también con acapararlas y apropiarse de sus existencias.
Con una estrategia definida como “nacionalismo de tratamientos”, pretendieron garantizar primero el acceso exclusivo de su población a la salud para luego compartirlas al tercer mundo y —siempre— tener ganancias multimillonarias.
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Los revendedores ecuatorianos operaron camuflados en transacciones cubiertas por una oscuridad social y por la ilegalidad al amparo de una forma de corrupción pública y privada. Los productores mundiales actuaron abierta y libremente en proclamas empresariales protegidas por su poder privado al poseer los timones o los controles del comercio global de medicinas.
Los dos escenarios se registraron en 2020, 2021 y 2022 en el contexto de la pandemia del coronavirus, pero acrecentaron los temores de que, a futuro y ante otro panorama internacional de emergencia sanitaria —igual o peor que con el Covid-19— marcada también por la sorpresa, el acaparamiento de fármacos se convierta en una pieza peligrosa para millones de personas.
“Urge un cambio de juego para muchos países”, dijo la científica, médico y microbióloga hondureña-italiana María Elena Botazzi, profesora de pediatría, decana asociada de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en la (no estatal) Universidad Baylor, de Texas, y codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas del (no estatal) Hospital de Niños en el Colegio de Medicinas de esa universidad.
“Tenemos un equipo de científicos que ha trabajado diligentemente durante años para brindar tecnología de salud apropiada y asequible a quienes han sido ignorados en todo el mundo”, dijo Botazzi a EL UNIVERSAL, en una clara alusión a la necesidad de romper barreras y, por vía directa e indirecta, impedir cualquier método de acaparamiento.
“Cuando llegó la pandemia de Covid-19 queríamos marcar la diferencia y teníamos una gran confianza en que nuestra tecnología de vacuna contra el coronavirus, desarrollada previamente, podría conducir a una solución global”, recordó.
Botazzi integró el equipo de científicos de Baylor y otras estructuras de esa universidad y su hospital que, con la compañía farmacéutica Biological E, de India, desarrolló la vacuna Corbevax para el coronavirus. Al clamar por “la atención accesible y humanista en la salud pública”, planteó “la esperanza” de distribuir “tecnologías que son de acceso de costo, de cantidad, de calidad y que va a traer beneficios a comunidades pobres y remotas no sólo de Honduras, sino que de América Latina” y del resto del mundo.
Prevención internacional
Las enseñanzas heredadas por el ataque del virus, como la inicial tenencia de vacunas para aplicar exclusivamente en países desarrollados y después —con retrasos y altibajos— en los subdesarrollados, indujeron a instituciones mundiales multilaterales, públicas y privadas, a adoptar políticas preventivas.
Uno de los principales asuntos a debate en la Asamblea Mundial de la Salud, máxima instancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en su 76 edición se reunió en mayo en Ginebra, Suiza, fue precisamente el acaparamiento de medicinas en un momento crucial de la historia: la primera pandemia en 100 años.
Los 135 países de la OMS, que pertenece al sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), empezaron a debatir el mes anterior un tratado internacional cuya meta esencial, a partir de ciertos conflictos ocurridos con el coronavirus, será evitar que los medicamentos sean acaparados por empresas privadas, gobiernos, individuos y cualquier otro actor económico o político.
Según el itinerario político de la OMS, el pacto global tendría que quedar listo en el transcurso de los próximos 12 meses para que sea aprobado en la versión 77 de la Asamblea Mundial de la Salud, prevista para mayo de 2024.
“Nunca más la vida de las personas en los países ricos debe ser priorizada sobre la vida de las personas del sur global” o mundo en desarrollo, sugirió uno de los principios básicos previos para la negociación y discusión del documento, y que podría establecer un hito sin precedentes en la historia sanitaria.
“Nunca más la ciencia desarrollada con dinero público debe quedar bloqueada detrás de monopolios privados”, se planteó en el texto, todavía sujeto a reformas antes de su versión final.
Un factor fundamental concitó la polémica en la OMS: evitar el acaparamiento de medicinas y lograr el compromiso de los gobiernos de los 195 países para que, en el evento de una nueva situación pandémica, los derechos de los dueños de las patentes queden suspendidos.
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Un cambio en las patentes impactaría en el acceso a las vacunas y al resto de medicinas e insumos de bioseguridad.
En 2020 y 2021, por ejemplo, la crisis provocó que 20 millones de mujeres en América Latina y el Caribe se quedaran sin posibilidad de usar anticonceptivos modernos por dificultades de acceder a servicios salud sexual reproductiva, porque centros públicos de salud concentraron el virus, según la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
Para esas mujeres se bloqueó la opción de obtener anticonceptivos gratuitamente en instituciones públicas y menos de adquirirlos en las privadas. Al respecto, la OPS reveló que, en 2020, en 10 países de América Latina y el Caribe disminuyeron en 40% tratamientos prenatales y que los mecanismos de planificación familiar de atención primaria sufrieron una suspensión de 40% a 86%.
En el entorno de la Asamblea Mundial, la OPS informó a este diario que las gestiones sobre el acuerdo mundial para prevención, preparación y respuesta ante pandemias utiliza el concepto de “borrador cero” como base “para negociar un acuerdo para proteger a las naciones y comunidades de futuras emergencias pandémicas”.
Basada en informes y estudios de la OMS, la Revista Médica Británica (BMJ, por sus siglas en inglés), un prestigioso e influyente centro de investigación, pensamiento, estudio y noticias médicas de Reino Unido, aseveró que la estructura del futuro convenio será construida sobre la base de una serie de elementos vitales:
1.- La pandemia evidenció que persisten grandes desigualdades en morbilidad, mortalidad y acceso a medicamentos de la población entre las naciones, lo que refleja las historias coloniales y el estado político actual de la gobernanza internacional.
2.- Los patrones de inequidad surgen directamente del racismo, la violencia, extracción de recursos y la explotación del colonialismo, por lo que el concepto de “equidad” conduciría la tarea en la OMS con sus miembros y en una amplia proposición para “descolonizar” el derecho internacional relativo a las necesidades de la salud.
3.- El borrador del tratado busca crear obligaciones jurídicamente vinculantes entre los países y establecer nuevos mecanismos mundiales para las pandemias bajo auspicio de la OMS.
4.- Con la equidad como base, el borrador sugiere redistribuir recursos y adoptar un primer paso para descolonizar el derecho internacional en el enfrentamiento de las enfermedades infecciosas, una especialidad en la que se conserva en gran medida un marco colonial del siglo XIX de cooperación internacional para el control de esos padecimientos.
Segregar, un riesgo
Con saldo obtenido por experiencia en pandemia, la Alianza Popular para las Vacunas (The People’s Vaccine en inglés), coalición de más de un centenar de agrupaciones y redes, apoyadas por premios Nobel, expertos en salud, economistas, jefes de Estado, líderes religiosos y activistas que trabajan en asocio por el acceso equitativo a tecnologías médicas, destacó necesidad de prevenir y responder a “futuras pandemias”. Al recurrir a un término que remitió a la segregación racial contra los negros que persistió en Sudáfrica y Namibia en el siglo XX, la Alianza, que nació en mayo de 2020, proclamó: “Trabajamos juntos para poner fin al apartheid de las vacunas”.
Los gobiernos y las corporaciones farmacéuticas debieran comprender que para vencer al Covid-19 y a otras dolencias la “elección más fácil posible” es y será “proporcionar igualdad de acceso” a las vacunas.
Al recordar que los países ricos acapararon vacunas y protegieron “las ganancias de sus corporaciones farmacéuticas en lugar de salvar vidas”, mencionó que la principal “barrera” al inicio del azote del virus para combatir la “cruel enfermedad” fue la ciencia y luego “la desigualdad” con un “suministro insuficiente” de inyecciones por el “acaparamiento de dosis” en las naciones desarrolladas.
Tras subrayar que dinero público “financió investigación, desarrollo y fabricación de vacunas”, las corporaciones farmacéuticas mantuvieron “el monopolio de cuántas dosis se producen, quién las recibe y qué precio pagan”.
En descripción que pareció igualar a gigante farmacéutico mundial con revendedor callejero ecuatoriano que, por dinero, especula con producto crucial para vida o muerte de una persona y acepta venderlo o acapararlo, alertó: “Estas corporaciones pueden decidir quién vive y quién muere”.