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El próximo 30 de abril marca el fin del último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura del Congreso de la Unión. Sin embargo, el saldo que dejará el Senado de la República en materia de designaciones de altas responsabilidades públicas será más que negativo: ninguna ha sido resuelta. Por increíble que parezca, el órgano con la obligación –constitucional– de decidir a las personas que asumirán altas encomiendas públicas NO realizó ninguna. A pesar de contar con tres meses de sesiones, estos no les fueron suficientes para desahogar sus pendientes por mínima decencia y decoro.
Esta dinámica lamentablemente no es nueva, el Senado lleva unos buenos años en hacerse el omiso y no designar. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> se contabilizan, al menos, 124 designaciones pendientes; la mitad de ellas están en la cancha de la cámara alta, mientras la otra parte se encuentra a la espera de que el titular del Poder Ejecutivo federal les envíe sus propuestas y/o ternas.
¿Cuáles son estas vacantes? Comprenden las tres del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); las nueve de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/res-publica/comision-seleccion-sna-desierta" target="_blank" rel="noopener">quedó desierta;</a> <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras 48 en 31 tribunales electorales estatales y en cada una de sus cinco salas regionales y la especializada, nada menor teniendo presente que las elecciones están a la vuelta de la esquina y son estos últimos órganos los encargados de resolver cualquier conflicto y calificar la validez de las propias elecciones. Como está el panorama, seguramente el Senado no resolverá ninguna en las pocas sesiones que restan antes de la clausura el próximo 30 de abril.
El Poder Ejecutivo no se queda atrás y sigue sin mandar sus propuestas para cubrir las tres vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dos en la Comisión Reguladora de Energía, cinco magistraturas en la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras 51 para salas regionales del mismo tribunal.
¡No hay palabras para expresar tanta irresponsabilidad! No obstante, vale revisar qué dice el marco legal respecto al incumplimiento deliberado de las obligaciones de las autoridades, ya que esto es precisamente lo que indica tantas designaciones pendientes: la falta de intención y de compromiso para llevarlas a cabo. En reflexiones anteriores hemos apuntado que estas omisiones forman parte de una estrategia de debilitamiento institucional y de los controles y contrapesos democráticos. ¡En esa realidad estamos!
El artículo 57 de la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf">Ley General de Responsabilidades Administrativas</a> <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> establece elementos sobre el abuso de funciones, refiriéndose a aquellas personas servidoras públicas que se valgan de sus atribuciones “para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios [&#8230;] que causen perjuicio a alguna persona o al servicio público”. Vaya que tantas omisiones han repercutido no sólo en el funcionamiento de las instituciones, sino que también tienen un impacto significativo en la garantía de los derechos humanos que estas instituciones están encomendadas a proteger.
Incluso, es importante recordar que, en el caso de las designaciones pendientes en el INAI, existen resoluciones judiciales y una sentencia de la Suprema Corte que ponen al Senado en desacato. El artículo 63 de la referida ley establece que “cometerá desacato [la o] el servidor público que [&#8230;] tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades [&#8230;] judiciales [&#8230;], proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información”. Hasta la fecha, ya acumulan 132 días del plazo que fijó la Corte para su resolución y el Senado sigue sin realizar las designaciones correspondientes.
Ante este modus operandi de no designar, bien valdría la pena que los órganos responsables enfrenten alguna sanción y consecuencia. La propia Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone varias posibilidades: la suspensión del empleo, cargo o comisión; la destitución; la sanción económica o la inhabilitación.  Esto sí sería un final de temporada épico para cerrar de manera contundente con el ciclo de impunidad que se permite en el servicio público. ¡Designen ya!
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es la coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://twitter.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>). El Observatorio es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Que comprende el monitoreo de las siguientes instituciones: Banco de México; Instituto Nacional Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Nacional de Hidrocarburos; Comisión Reguladora de Energía; Fiscalía General de la República; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Consejo de la Judicatura Federal; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Tribunal Superior Agrario; Auditoría Superior de la Federación; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Comité de Participación Ciudadana y Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ver <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/res-publica/comision-seleccion-sna-desierta" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Se puede consultar <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf" target="_blank" rel="noopener">acá</a>.

Fin de temporada, ninguna designación

La noticia sobre el inicio a trámite de una denuncia anónima por presuntos actos de corrupción durante la gestión del exministro Arturo Zaldívar, y la reacción de éste último con el anuncio de una estrategia que incluye, entre otras cosas, la interposición de una denuncia para solicitar juicio político en contra de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, ha reavivado la discusión sobre la solidez de las salvaguardas para proteger la independencia judicial en nuestro sistema jurídico. Al respecto, el debate público se ha orientado, en su mayoría, hacia las valoraciones políticas, y los análisis se centran en las motivaciones y especulaciones sobre el momento en que se ha suscitado la denuncia, en plena coyuntura electoral. Sin desestimar la importancia del ángulo político, es conveniente también recordar algunos elementos jurídicos relevantes para la discusión.
El sometimiento de personas en altos cargos judiciales a un juicio político no constituye por sí mismo un ataque a la independencia judicial. Sin embargo, la línea es muy delgada y la valoración final sobre si un juicio político atenta contra la independencia judicial depende de que el sustento y procedimiento para llevarlo a cabo estén claramente regulados en la ley, de tal manera que se puedan garantizar plenamente los derechos de legalidad, certeza jurídica, debido proceso y defensa adecuada de las personas funcionarias que se pudieran ver afectadas por la resolución de un juicio político.
La figura de los juicios políticos versus el derecho a la independencia judicial es un tema que ya ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en casos donde personas integrantes de cortes supremas o cortes constitucionales han sido destituidas a consecuencia de un juicio político. Un denominador común en los casos analizados por la Corte IDH es la existencia de un contexto de crisis democrática donde los actores políticos llevan al límite los sistemas de pesos y contrapesos constitucionales de los países donde se han suscitado este tipo de casos. Al respecto resultan emblemáticos los casos del Tribunal Constitucional vs. Perú (2007), ocurrido en el marco del fujimorismo; los casos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional vs. Ecuador (2013), ocurridos en medio de las siete sucesiones presidenciales que vivió dicho país entre 1996 y 2007, y el caso Ríos Ávalos y otro vs. Paraguay (2021). De estos casos podemos extraer dos criterios básicos que servirían de parámetro para evaluar, desde una perspectiva de derechos humanos, un eventual juicio político contra la ministra Piña.
Primero, en el contexto de los juicios políticos, la independencia judicial tiene dos dimensiones. Una donde la estabilidad de las y los funcionarios judiciales en sus puestos es una forma de garantizar el derecho de cualquier persona a que, en caso de verse envuelta en un proceso judicial, las o los funcionarios que conozcan de sus casos no sean sujetas de presiones o injerencias indebidas a través de la amenaza de remoción arbitraria de sus cargos. Y otra dimensión donde las propias personas integrantes de altas cortes judiciales tienen el derecho individual a que sean oídas en los procedimientos en su contra por autoridades que sean independientes como parte de un debido proceso. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que:
En efecto, en el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, el Tribunal señaló que el derecho a un juez independiente consagrado en el artículo 8.1 de la Convención sólo implicaba un derecho del ciudadano de ser juzgado por un juez independiente. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que la independencia judicial no sólo debe analizarse en relación con el justiciable, dado que el juez debe contar con una serie de garantías que hagan posible la independencia judicial. La Corte considera pertinente precisar que la violación de la garantía de la independencia judicial, en lo que atañe a la inamovilidad y estabilidad de un juez en su cargo, debe analizarse a la luz de los derechos convencionales de un juez cuando se ve afectado por una decisión estatal que afecte arbitrariamente el período de su nombramiento. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
El segundo criterio relevante de la jurisprudencia interamericana es el relativo a que, a pesar de la naturaleza eminentemente política de los órganos encargados de tramitar un juicio político (poderes legislativos), éstos deben garantizar el derecho al debido proceso y a una defensa adecuada de las personas sujetas a este tipo de procedimientos. Así, “aunque el procedimiento del juicio político tenga lugar en el ámbito de órganos de naturaleza política, cuando se inste contra autoridades judiciales, el control ejercido por aquellos órganos, más que basado en razones de pertinencia, oportunidad o conveniencia políticas, debe operar con sujeción a criterios jurídicos, en el sentido que el procedimiento y la decisión final han de versar sobre la acreditación o no de la conducta imputada”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
En el caso mexicano tanto el procedimiento como la definición de las conductas que ameritan juicio político y la aplicación de sus sanciones están reguladas por los artículos 109 y 110 constitucionales, y por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP). En el artículo 109 constitucional se establece que proceden las sanciones del juicio político por “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Para intentar definir esto último, el artículo 7 de la LFRSP establece que se trata de “el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior, y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y de la Ciudad de México”.
Con la información disponible hasta ahora, sabemos que la petición de juicio político contra la ministra Piña estaría motivada, principalmente, por el hecho de dar trámite a una denuncia anónima que involucra al exministro Zaldívar y otras personas cercanas a él en diversas conductas irregulares, bajo el argumento de que dicho proceder estaría políticamente motivado.
A pesar del intento de concreción del artículo 7 de la LFRSP sobre los alcances de lo que significan “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, los supuestos del artículo 7 son aún bastante vagos y no permiten dar una respuesta absoluta sobre si una conducta como la de la ministra Piña encuadra en algún supuesto como el de “ataque a las instituciones democráticas” o el de “ataque a la libertad de sufragio”, sobre todo si se considera que haber dado trámite a una denuncia es una conducta para la cual la ministra tiene atribuciones legales e, incluso, constituye un deber jurídico como parte del derecho de acceso a la justicia de las personas denunciantes.
En conclusión, el juicio político mexicano, en caso de una hipotética revisión en el ámbito interamericano, podría presentar problemas en sus fundamentos más básicos, ya que podría no cumplir con los requerimientos mínimos de legalidad y certeza jurídica.
* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador de<a href="https://fundar.org.mx/derechos-humanos/"> Derechos Humanos</a> de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Corte IDH, Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs.Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de agosto de 2013, Serie C No. 266, párr. 153. Disponible <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_266_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Corte IDH, <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_429_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Caso Ríos Avalos y otro vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas</a>. Sentencia de 19 de agosto de 2021. Serie C No. 429, párr. 98.

Juicio político e independencia judicial: apuntes jurídicos a propósito del caso Zaldívar

A dos semanas del término del periodo de sesiones ordinarias, en el Senado de la República siguen sin resolverse más de <a href="https://x.com/designaciones/status/1777365645858046248" target="_blank" rel="noopener">100 designaciones</a> <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> de altas responsabilidades públicas, lo que abre dos interrogantes: ¿dejarán vacantes tantas funciones o resolverán de último minuto algunas de ellas? Cualquiera que sea la respuesta, visibiliza el nulo compromiso de las personas senadoras con sus obligaciones que les corresponden por ley.
Es en este contexto de omisiones reiteradas, el pasado 24 de marzo la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se quedó sin integrantes, pues las siete personas que la componían concluyeron su responsabilidad <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> y el Senado ni inmutado. La Comisión de Selección se conforma por nueve personas, cinco provenientes de instituciones académicas y cuatro de organizaciones de la sociedad civil, quienes tienen la importante encomienda de realizar el proceso de designación de quienes integran el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA. Es decir, es un mecanismo innovador y ciudadano para superar los vicios y malas prácticas que han prevalecido en tantos y tantos nombramientos.
Lo anterior enciende las alertas, toda vez que en junio próximo concluirá su responsabilidad un integrante del CPC, órgano que da cauce a las demandas y opiniones ciudadanas en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo que, si el Senado de la República no emite la convocatoria para conformar esta Comisión de Selección –lo que no nos sorprendería– no se podrá realizar el proceso para ocupar la vacante.
En esta constante falta de designaciones hay gato encerrado. El Senado acumula grandes rezagos para conformar a la Comisión, pues existen dos vacantes desde hace 936 días y 758 días, respectivamente; más las que se sumaron recientemente con 55 días (4 vacantes), 25 días (1 vacante) y 18 días (2 vacantes). Inclusive, en un intento, a finales del año 2021 se inició el proceso para cubrir una de estas vacantes, pero después de las entrevistas el proceso se detuvo, <a href="https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-03-08-1/assets/documentos/Dict_Anticorrupcion_Cargo_Comite_Participacion_Ciudadana_Anticorrupcion.pdf" target="_blank" rel="noopener">quedó congelado con el dictamen aprobado por la comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana</a>. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Esta <a href="https://x.com/yoMexiro/status/1775904588127728100?t=wtbmaij96MfakWkT2lc3VA&amp;s=08" target="_blank" rel="noopener">situación crítica de vacantes en las responsabilidades</a> relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional y a nivel local permite afirmar que se trata de una clara estrategia para su debilitamiento, pues en el 75.75% de los Sistemas no se han realizado las designaciones. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Lo anterior se agrava en el marco de las propuestas hechas el 5 de febrero por el Ejecutivo Federal en materia de simplificación orgánica, en la que una plantea la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), brazo operativo del CPC, y trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ¿dónde queda la lucha contra la corrupción? En caso de que las funciones las asuma la Secretaría, ¿en realidad puede ser juez y parte; es lo que más conviene para erradicar el problema de la corrupción?
Regresemos a la Comisión. La Comisión de Selección (2021-2024) se conformó en diciembre de 2020 por el Senado y durante su periodo estuvo encargada de tres designaciones de seis integrantes del CPC. A lo largo de esos tres años, hubo múltiples polémicas por la carencia de buenas prácticas en el diseño y aplicación de las convocatorias y las metodologías de evaluación, por la discrecionalidad de sus decisiones y la poca transparencia. Da la impresión que las personas de la Comisión no estaban preparadas para las funciones de su responsabilidad o al menos no lograron demostrarlo. Pero ¿las senadoras y los senadores, sí?
Las personas senadoras tienen la obligación de designar y de hacerlo con base en altos estándares internacionales en la materia: de igualdad de condiciones, de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, de seleccionar con base en el mérito y las capacidades, para garantizarnos a los perfiles más idóneos e independientes en dicha responsabilidad. Pero lo cierto es que ahora ya ni se toman la molestia, ya ni designan.
Dado que no existe ninguna reforma que haya autorizado la desaparición del SNA, es urgente que el Senado de la República publique la convocatoria para integrar la Comisión de Selección del SNA y realice un proceso apegado a buenas prácticas. Antes de dejar desiertos múltiples órganos, como la Comisión de Selección, valdría la pena que dejen de lado sus intereses políticos y prioricen los derechos que tenemos todas las personas. ¡No más órganos desiertos!  
#SinCuotasNiCuates
* Kathia García Rodríguez es investigadora del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://twitter.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>) y Marcia Itzel Checa Gutiérrez es la coordinadora general. El Observatorio es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Ver <a href="https://x.com/designaciones/status/1777365645858046248" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Con base en el recurso de revisión 330030322000224.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Ver <a href="https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-03-08-1/assets/documentos/Dict_Anticorrupcion_Cargo_Comite_Participacion_Ciudadana_Anticorrupcion.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Según datos del informe de Designaciones pendientes de los sistemas nacional y estatales anticorrupción. Ver <a href="https://x.com/yoMexiro/status/1775904588127728100?t=wtbmaij96MfakWkT2lc3VA&amp;s=08" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, desierta

Del paquete de reformas constitucionales enviado por el presidente el pasado 5 de febrero, una de las que parece generar mayor consenso es la referente a derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. A diferencia de otros temas como el poder judicial, organismos autónomos y guardia nacional, donde las posturas entre las fuerzas políticas del partido gobernante y la oposición son totalmente antagónicas y donde sectores de la sociedad civil y la academia han alertado de los retrocesos que implicaría su aprobación.
En el caso de la reforma en materia indígena resultaría hasta políticamente incorrecto oponerse, ya que mediante esta se busca ampliar el reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades ¿Quién podría oponerse a esta causa en el contexto de discriminación e injusticia padecido históricamente por estas poblaciones?
Entre los contenidos más avanzados de la reforma está reconocer a los pueblos como “sujeto derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, lo cual en términos prácticos replantea toda la forma en que el Estado mexicano se relaciona con los pueblos. Hasta ahora ha prevalecido una relación de subordinación donde se impone un tutelaje estatal a los pueblos y las comunidades que son consideradas “entidades de interés público”.
Esto provoca que el derecho a la libre determinación y a la autonomía si bien -se ejerce en los hechos por los pueblos, aun en medio de situaciones graves de violencia y discriminación- se trata de un derecho mutilado porque las decisiones comunitarias y de sus asambleas no se respetan por parte del Estado ni de terceros, y de igual manera no cuentan con recursos presupuestarios propios para ejercer de forma efectiva este derecho. De ahí que poder caminar en el reconocimiento de los pueblos como sujeto de derecho público brindaría una fortaleza sin precedente para un verdadero autogobierno indígena.
Se trata de una demanda histórica de gran legitimidad y fuerza social que defiende la reforma por sí misma y es su mejor arma para lograr los consensos necesarios para materializar unala reforma constitucional. Sumado a lo anterior, debe recordarse que la propuesta presentada por el Ejecutivo vino precedida de un amplio proceso de participación y consulta con pueblos y comunidades a lo largo y ancho del país entre 2019 y 2021; elemento que robustece aún más la legitimidad de la reforma, por lo que no implica que deba someterse a una nueva consulta por parte del poder legislativo. Entonces, hay suficientes razones de peso para lograr la mayoría calificada necesaria, aunque tampoco será un paseo de verano por el alto nivel de polarización entre las fuerzas.
Otro factor que juega en el proceso de negociación de la reforma es el tiempo. Apenas se están desarrollando los foros de parlamento abierto promovidos por la Cámara de Diputados sobre todas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. Esta etapa debe concluir hacia mediados de abril, quedando apenas unos 15 días para que culmine el periodo ordinario de sesiones. Tan solo en este lapso la reforma en materia indígena deberá someterse al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, quien además tiene la compleja encomienda de dictaminar las otras 19 iniciativas que comprenden el paquete del Ejecutivo. En caso de lograrse el dictamen y la aprobación por el pleno de Diputados, deberá transitar luego un procedimiento similar en la Cámara de Senadores. Por todo lo cual se ve cuesta arriba lograr su aprobación final dentro de este periodo.
Otra opción sería la de abrir un periodo extraordinario, lo cual sería ideal para extender la vida de la iniciativa, pero no será sencillo alcanzar los consensos dentro la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para un nuevo periodo estando en medio de la contienda electoral, donde las y los congresistas deberán también hacer sus propias campañas para el legislativo. Un último escenario que mantendría vigente la iniciativa es lograr al menos su presentación pública ante el pleno de Cámara de Diputados, ello aseguraría que la siguiente legislatura pueda continuar con su discusión y eventual aprobación, pero habrá que ver cómo terminará quedando la configuración del nuevo Congreso.
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Por ello, ante estos complejos escenarios y escollos del proceso legislativo, pueblos y comunidades de todo el país, agrupados en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, enviaron un mensaje contundente en dos foros celebrados en el Congreso de Oaxaca este 1 y 2 de abril, organizados por la Cámara de Diputados, donde exigieron la aprobación inmediata de la iniciativa de reforma dentro de este periodo ordinario sin más dilaciones. Se trata de un acto de justicia histórica hacia los pueblos que no debe ser presa del juego electoral.
* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

Reforma indígena: claves para su aprobación

El lunes primero de abril se cumple un año desde que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) quedó incompleto, producto de la decisión deliberada del Senado de la República de no cumplir con sus obligaciones constitucionales de designar las tres vacantes que se dieron por la conclusión de dos responsabilidades el 31 de marzo de 2022 (sí, de 2022) y posteriormente una tercera el 31 de marzo de 2023. La razón: el debilitamiento institucional de los controles y contrapesos democráticos.
Mucho ha transcurrido desde entonces confirmando la hipótesis anterior. La situación ha sido tan dramática que ni los mejores guiones de su serie favorita hubieran tenido tanto material con los ires, venires y simulaciones por parte de la cámara alta de nuestro Congreso. Ha habido de todo: <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> desde designaciones objetadas hasta amparos ciudadanos; sentencias judiciales -incluida la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la controversia constitucional interpuesta por el propio órgano garante- e innumerables llamados de sociedad civil y de organismos internacionales; una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que –por cierto– el gobierno mexicano se comprometió a designar y pues nada. Ya hay hasta una iniciativa presidencial que propone desaparecer al órgano garante; la situación es realmente preocupante.
De risa loca, si no fuera porque en medio de todas estas acciones el derecho a saber que tenemos como sociedad es el que ha pagado los platos rotos. Una batalla ciudadana de veinte años por abrir lo que hacen los gobiernos eclipsada por la inacción de las autoridades. Basta recordar que por casi cinco meses el pleno del INAI no pudo siquiera sesionar, dejando en el limbo más de ocho mil recursos de revisión ante negativas de información. Eso significa que más de ocho mil personas fueron violentadas en sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Fue hasta que la Corte le puso freno y estableció un plazo fatal al Senado para designar: el 15 de diciembre del año pasado.
El desenlace es poco esperanzador: la omisión reiterada del Senado de no designar y todas las señales que parecen indicar que no lo hará a pesar de que hace poco se “reactivó” el tema con la aprobación –por mayoría– de dos acuerdos. Sí, el pasado 12 de marzo, el pleno emitió dos nuevas convocatorias <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> para reiniciar dos de los tres procesos de designación que están pendientes en el INAI.
¿Esto debería alegrarnos? ¿Las nuevas convocatorias son una señal del compromiso por parte de las y los legisladores por cumplir con sus obligaciones? ¿Significa que designarán después de dos y un año, respectivamente? Dados los antecedentes y la conducta recurrente de incumplimiento por parte de la mayoría en el Senado, es complicado echar las campanas al vuelo, más si se analizan las fechas establecidas en ambas convocatorias.
Está contemplado el registro de las personas interesadas a ser comisionada o comisionado del INAI en plena Semana Santa y sin ninguna sesión ordinaria de por medio, del 25 al 29 de marzo. Después las comisiones unidas de Justicia y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana deben aprobar –a más tardar el 11 de abril– la metodología de evaluación de los perfiles inscritos. Cabe recordar que en el proceso de 2023, a diferencia del de 2022 y anteriores, ni siquiera se tomaron la molestia de realizar entrevistas a las y los aspirantes. Por último, las mismas comisiones deben aprobar –a más tardar el 18 de abril– el dictamen que deberá ser sometido al pleno del Senado en las dos sesiones calendarizadas que restan en ese momento, todo antes de la clausura del periodo ordinario el próximo 30 de abril.
Pareciera que de nueva cuenta el Senado intenta hacer como que cumple, pero sin verdaderamente acatar la sentencia del máximo tribunal del país. Con ello reafirmarnos su desdén por los derechos humanos de todas, todos y todes. No hay que olvidar que tienen más de 150 vacantes pendientes. Es decir, siguen cobrando y se van de vacaciones sin cumplir con sus obligaciones constitucionales. ¡Basta de simulaciones!
#SinCuotasNiCuates
#LoQueDejamosDeSaber
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es la coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://twitter.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Una línea del tiempo sobre lo transcurrido en estas designaciones puede revisarse <a href="https://twitter.com/designaciones/status/1770545399264137468" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponibles <a href="https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/3/2024-03-12-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_INAI_2.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/3/2024-03-12-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_INAI_1.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

De ires, venires y simulaciones en las designaciones del INAI

El pasado mes de febrero se hizo público un fragmento del documental que realiza la BBC, en el marco de una década de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. En él se entrevista a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR y encargado principal de la investigación, en donde, haciendo referencia a un video que circuló en 2020, confiesa que él sólo “amenazó” a la persona interrogada, pero que no lo torturó, ya que no tenía esa “necesidad” por el alto rango que ostentaba en ese momento.
Recordemos que Tomás Zerón se encuentra prófugo de la justicia en Israel –con el que no se tienen firmados convenios de extradición– para evitar ser juzgado por diversos delitos, entre ellos el de tortura y obstrucción de la justicia vinculados a lo que entonces se intentó mostrar como “verdad histórica” de lo que ocurrió con los 43 jóvenes desaparecidos o, lo que es lo mismo, la versión oficial construida a base de pruebas que fueron obtenidas con violaciones a derechos humanos, como supuestas confesiones, y que tiempo después se comprobaría que fueron obtenidas bajo actos de tortura física y psicológica; es decir, que constituían lo que coloquialmente se denomina “fabricación ilícita de pruebas”.
En el año 2020 se filtró el video poco audible donde se observa a Tomás Zerón encabezar un interrogatorio ilícito a una persona que se encuentra inicialmente con el rostro cubierto y el dorso descubierto, sentado e inmovilizado con las manos amarradas hacia atrás, mientras el extitular de la AIC le dice cosas inaudibles e interviene otro hombre que le hace preguntas sobre alguien más; la persona interrogada era uno de los incriminadas en el caso Ayotzinapa, apodado como “el Cepillo”, que supuestamente aportó información sobre el destino de los estudiantes, su presunta incineración y posterior ocultamiento en el basurero de Cocula.
A esa quimérica escena se suma el hecho de que en ningún momento se observa la presencia de una defensa legal que acompañe al presunto responsable, omisiones que van en contra de las garantías y principios del debido proceso penal establecidas en el artículo 20 de la Constitución, en particular en lo que respecta a la prohibición de toda incomunicación, intimidación o tortura en el marco de una detención, así como a la obligación de que toda confesión sea rendida con la asistencia de una persona defensora, de lo contrario carecerá de todo valor probatorio para acreditar un delito; garantías que resultan necesarias para dar mayor certeza jurídica y confianza en el desarrollo de la investigación y acceder de manera efectiva a la verdad y justicia que tanto anhelan las familias de víctimas de violaciones graves como la desaparición forzada.
Por su parte la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura, que retoma a su vez las definiciones de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de la Convención contra la Tortura de la ONU, advierte que comete el delito de tortura:
“Artículo 24.- [..] el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, […]”.
Esta definición ha sido ampliamente interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha reconocido que la prohibición de la tortura psicológica incluye “las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas [lo que] produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de grado que puede ser considerada «tortura psicológica». <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Esta misma Corte ha establecido que los Estados tienen el deber de garantizar que las condiciones de detención sean acordes a la dignidad personal de las personas detenidas, según lo dispuesto en el artículo 5o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por lo que, en aplicación de este tratado, la jurisprudencia interamericana ha considerado que conductas, específicamente en el contexto del interrogatorio y detención, como: la detención prolongada con incomunicación, el mantenimiento de las personas detenidas encapuchadas y desnudas durante el interrogatorio, las amenazas –incluidas las de muerte–, y la exposición a la tortura de otras víctimas equivalen a un tratamiento inhumano.
De acuerdo con estos criterios y en el contexto de aquel vídeo en el que, en palabras de Tomás Zerón se le ve amenazar a una persona que se encuentra notoriamente sometida, con el rostro cubierto, frente al servidor público con mayor poder de la entonces AIC y sin asistencia de una defensa legal, con el fin de obtener información para resolver uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos desde que comenzó la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, las amenazas además de constituir una forma de tortura psicológica tuvieron como fin obtener supuesta información para una investigación criminal que tenía a su cargo, misma que después sería utilizada para construir la denominada “verdad histórica”, yendo en contra de los establecido por la propia Constitución y diversas normas nacionales e internacionales.
A casi diez años de la cobarde desaparición forzada de los 43 estudiantes y frente a estas declaraciones sobre el uso de tortura para intentar fabricar de manera ilícita una explicación y con ella, construir una “verdad histórica”, que se ha ido haciendo cada vez más insostenible jurídica y fácticamente con el paso del tiempo, se siguen profundizando tanto las dudas, como la incertidumbre por saber qué fue lo que verdaderamente ocurrió con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. A casi diez años de los hechos seguimos con las mismas dudas: ¿quiénes fueron los responsables? ¿Qué tanta participación o encubrimiento hubo por parte de autoridades federales, en particular el Ejército Nacional? ¿Qué ocultan y por qué no han proporcionado toda la información que el propio GIEI exigió por tanto tiempo? ¿Por qué si desde el inicio había una investigación sólida, se tuvo que recurrir a diversas violaciones a derechos humanos para demostrar una supuesta verdad histórica?
Es pertinente recordar al Estado mexicano que el “derecho a la verdad entraña tanto para las víctimas y para la sociedad en su conjunto tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación” y, sobre todo, regresarles a casa.
* Natalia Pérez Cordero es investigadora en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad</a> de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Corte IDH, Caso “Maritza Urrutia v.s Guatemala”, párrafo 93.

Las amenazas son tortura y jamás podrán sostener una “verdad histórica”

El pasado 8M, miles de mujeres salimos a las calles para manifestarnos en contra de las distintas violencias que aún vivimos, como la falta de justicia o de acceso a servicios de salud. Escuchamos distintas demandas hacia la sociedad y hacia el gobierno, pero todos estos reclamos están cruzados por un problema común: la corrupción, que en un sistema patriarcal profundiza las brechas de desigualdad entre hombre y mujeres.
Para Fundar, la corrupción no se limita al actuar ilegal de un sujeto para obtener un beneficio púbico, <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/derechos-humanos-corrupcion/" target="_blank" rel="noopener">se trata de un fenómeno amplio y complejo que permite la apropiación y distorsión tanto de recursos públicos, de decisiones y políticas públicas, así como de instituciones y de marcos normativos</a> que favorecen a determinados grupos políticos, económicos y sociales, que ya se encuentran en una situación de privilegio y que, como consecuencia, tiene un fuerte impacto en la protección y garantía de los derechos humanos de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> como es el caso de las mujeres en todas su diversidades.
Debido a que la corrupción se reproduce de manera estructural y sistémica –es decir que atraviesa todos los sistemas de gobierno, se encuentra profundamente arraigada en el ámbito público y privado y funciona en redes–, genera impactos diferenciados y graves afectaciones hacia niñas y mujeres de la siguiente manera:
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<li>La distorsión o apropiación de los recursos y políticas públicas beneficia a grupos en mayores ventajas económicas y sociales, lo que a su vez agrava las condiciones de quienes menos tienen. Históricamente, las mujeres tienen mayor precariedad económica –<a href="https://www.sinembargo.mx/07-03-2024/4473637" target="_blank" rel="noopener">según Coneval, en el ámbito laboral las mujeres perciben 25 pesos menos por hora que los hombres</a>–. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> En este sentido, la implementación de políticas o asignación del presupuesto no considera las diferencias entre hombres y mujeres perpetuando el privilegio hacia estos grupos de poder; la desigualdad entre hombres y mujeres disminuye el alcance de las decisiones públicas dirigidas a mejorar la vida de las mujeres. Por ejemplo, que no lleguen suficientes recursos para la compra de medicamentos para garantizar la salud sexual y reproductiva de mujeres indígenas en comunidades alejadas.</li>
<li>La corrupción, al ser un fenómeno profundamente interiorizado en las instituciones y la sociedad, genera condiciones en donde las mujeres son más susceptibles a la extorsión, el acoso y su involucramiento en la comisión de conductas ilegales a cambio de la garantía de sus derechos o acceso a servicios básicos. De acuerdo con la ONU, <a href="https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mujeres-ante-la-corrupcion-reflexiones-para-mitigar-sus-efectos" target="_blank" rel="noopener">las mujeres son más propensas a pagar favores sexuales por servicios de salud, educación o acceso a la justicia</a>. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a></li>
<li>Al prevalecer en el colectivo social mitos generalizados sobre la corrupción, como que ésta depende de una persona o individuo que actúa “mal”, de forma poco “ética” y de manera aislada para su propio beneficio, se promueven políticas altamente punitivas, que no son disuasivas y que no toman en cuenta la prevención ni la no repetición. Por ejemplo, en 2019 se reformó la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos, dos sobre corrupción. Sin embargo, estas medidas no atienden el fenómeno en su amplitud, pero sí profundizan la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de su libertad. Según el INEGI, <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CNSIPEE-F/CNSIPEE-F2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">al menos el 50% de mujeres privadas de su libertad lleva años en espera de una sentencia, en comparación con el 39% de hombres en prisión sin sentencia</a>, <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> además de tratarse de personas en situación de pobreza.</li>
<li>Otro mito alrededor de la corrupción también generaliza la idea de que las mujeres son incorruptibles debido a su rol de “cuidadora y administradora”, mito que sólo reproduce estereotipos de género y refuerza la discriminación hacia las mujeres.</li>
</ol>
La lucha feminista también implica un abordaje de la corrupción, y de las estrategias para mitigarla deben considerar las voces de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, de quienes se ven afectadas en sus derechos debido a la corrupción, con un enfoque interseccional y desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Si no, solo se promoverán estrategias anticorrupción limitadas, altamente punitivas, con sesgos de género, sin participación ciudadana y sin considerar los contextos sociales y culturales, que no atenderán el problema de fondo, pero si reforzarán las desigualdades, la exclusión y las violencias de género.
*  Sarahí Salvatierra es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Fundar, “Principios para combatir la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos”. Disponible <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/derechos-humanos-corrupcion/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> SinEmbargo, <a href="https://www.sinembargo.mx/07-03-2024/4473637" target="_blank" rel="noopener">La realidad de mexicanas en datos del Coneval: pobreza, menor salario, precariedad…</a>
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> ONU-PNUD. “Mujeres ante la corrupción”. Disponible <a href="https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mujeres-ante-la-corrupcion-reflexiones-para-mitigar-sus-efectos" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Ver <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CNSIPEE-F/CNSIPEE-F2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Cuatro claves para entender las afectaciones de la corrupción con perspectiva de género

Esta semana, en el marco del 8M, desde Fundar lanzamos nuestro informe <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/tributacion-feminista-los-casos-de-argentina-y-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Tributación Feminista: los casos de Argentina y México</a>. El principal motivo por el que le apostamos a la justicia fiscal desde una mirada feminista es porque creemos firmemente que no podemos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde no existan brechas de género, si la manera en la que el Estado cobra impuestos continúa beneficiando, como lo ha hecho hasta ahora, a quienes más tienen.
Cuando hablamos del sistema tributario, nos referimos a las leyes y mecanismos que delinean la forma en que se cobran los impuestos y abre las preguntas de ¿cómo y a quién se cobran? Responder estas preguntas no es sencillo, aún necesitamos contar con más y mejor información pública para poder hacerlo a detalle. Sin embargo, a través de diversas encuestas, mediciones y listas de riqueza <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> podemos confirmar que los más ricos, que en su mayoría son hombres, son quienes más se benefician de cómo se cobran (o se dejan de cobrar) impuestos.
Lo anterior contrasta con la manera en que la política tributaria impacta a las mujeres y otros grupos históricamente vulnerados, dejándonos en desventaja. ¿Por qué? Porque ha operado como un mecanismo que mantiene, y en algunos casos incluso amplía, las múltiples desigualdades que existen en México, en vez de utilizar el poder igualador y redistributivo de los impuestos. Un ejemplo de esto son las brechas de género.
Efectivamente, los impuestos no solo tienen la finalidad de generar ingresos para el financiamiento de las labores del Estado y la implementación de sus programas y proyectos. Aunque es una dimensión muy importante, las decisiones sobre cómo y a quién cobrarle impuestos han dejado de lado otra dimensión clave: que pueden y deben ser utilizados también para 1) desconcentrar el poder económico que está en unas pocas manos y 2) reducir las muchas brechas de desigualdad, como las de riqueza o de ingresos, que se acentúan si las desagregamos por sexo.
Estas reglas bajo las que opera el sistema tributario, que benefician a quienes menos lo necesitan, no tienen por qué quedarse así. Las y los líderes políticos, que son quienes deciden a quién y cómo cobrar impuestos, pueden elegir hacerlo diferente. Al ser decisiones políticas, quienes las toman pueden decidir cambiar el rumbo a través de la implementación de una reforma fiscal progresiva con perspectiva feminista.
Una de las motivaciones del informe, a partir del diagnóstico, fue dar recomendaciones para avanzar hacia un sistema tributario que desconcentre el poder económico, reduzca las brechas económicas de desigualdad, especialmente las de género, y que utilice el dinero proveniente de las modificaciones a los impuestos para financiar programas y proyectos que respondan a las necesidades de la mayoría, pero sobre todo aquellas que son impostergables, como garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencia y que alcancemos nuestra plena autonomía económica.
De entre nuestras recomendaciones destacamos la creación de nuevos impuestos, donde sobresalen aquellos que deben gravar las grandes fortunas, a los que llamamos impuestos al patriarcado, como la eliminación de los privilegios fiscales que permiten actualmente que los que más tienen, contribuyan menos de lo que deben (y pueden). También hablamos de la necesidad de seguir combatiendo las prácticas de abuso fiscal, como la evasión y el uso de paraísos fiscales, así como fortalecer el acceso a la información y la transparencia fiscal.
Si cambiamos la manera en la que el Estado cobra impuestos a través de una reforma fiscal progresiva y con perspectiva feminista lograremos avanzar hacia una sociedad mucho más equitativa, donde no sean los que más tienen quienes más se beneficien y donde se garantice que todas las personas podamos acceder a programas y servicios públicos bien financiados que amplíen el acceso a derechos sociales y disminuyan las múltiples desigualdades. Porque todos los recursos que el Estado decide no recaudar son recursos que no se invierten en políticas que tienen la capacidad de transformar la realidad, como lo sería un Sistema Nacional de Cuidados.
Con el informe sobre Tributación Feminista queremos acercar el tema a todas las personas y movimientos sociales, incluyendo al movimiento feminista, tras décadas en las que se nos ha excluido de las discusiones sobre el dinero público. Creemos que debemos seguir venciendo todos los mitos que rondan a la fiscalidad para que la lucha por la justicia fiscal se vuelva una lucha compartida. Por eso, este 8M desde Fundar también marchamos por una política tributaria feminista. ¿Te sumas?
* Andrea Larios Campos es investigadora en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/justicia-fiscal/">Justicia Fiscal</a> de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) y las listas anuales de Forbes.

Este 8M, la justicia fiscal también es un asunto feminista

En los últimos días, una resolución de un juez del Estado de México se hizo viral en la atención pública al absolver al presunto agresor sexual de una niña de cuatro años argumentando que la menor de edad no precisó la hora, el día y el lugar de la agresión. Una decisión a todas luces discriminatoria, revictimizante, indignante y alejada de estándares de derechos humanos que dictan la obligación de las autoridades de proteger el interés superior de la niñez.
¿Se trata de un caso aislado? Desafortunadamente no lo es. De acuerdo con un estudio de la organización Impunidad Cero, existe en el país “<a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=186&amp;t=percepciones-de-impunidad-2023" target="_blank" rel="noopener">una percepción general de que no hay justicia; más del 60 % de las personas encuestadas opinan que los[/las] responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante [una/]un juez</a>”. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Los datos del INEGI son aún más duros, pues <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_4_denuncia_delito.pdf" target="_blank" rel="noopener">sólo el 10.9 % de los delitos son denunciado</a>s; <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> de ellos, el ministerio público o fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en el 69 % de los casos, de los cuales, en el 77.5 % de las denuncias no se llegó a conclusión alguna.
Es decir, como país enfrentamos un problema profundo de injusticia, de impunidad y de corrupción que se respira en nuestro día a día. Gobiernos van, gobiernos vienen y las cifras sólo recrudecen. Por ello el martes 27 de febrero, desde las organizaciones que formamos el colectivo “La Justicia Que Queremos”, participamos en la audiencia de oficio sobre independencia judicial que se realizó en el marco del 189 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en Washington, D. C., para exponer nuestras preocupaciones y llamar la atención sobre lo que pasa en México.
Nuestro diagnóstico apunta a que los ataques a la independencia judicial se dan en un contexto de aumento de la militarización del país, de llamados presidenciales a no acatar las decisiones judiciales o de descalificaciones recurrentes y de recortes presupuestales a los poderes judiciales. Además, enfrentamos un aumento de la violencia, inseguridad e impunidad que coloca a las personas juzgadoras en una situación de mayor riesgo para desempeñar su responsabilidad.
También observamos procesos de designación sumamente cuestionados, donde los criterios objetivos que deberían privilegiar los méritos son reemplazados por la lealtad y la cercanía política. Se suman omisiones en un <a href="https://x.com/designaciones/status/1762875386332070352?s=20" target="_blank" rel="noopener">paquete amplio de designaciones; </a><a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> de terminaciones anticipadas de mandatos sin evaluación externa o en caso contrario, de intenciones de extender mandatos y de iniciativas (presidenciales) que buscan debilitar directamente al Poder Judicial.
En este sentido, las designaciones de las personas juzgadoras se han convertido en una vía inicial y recurrente para mermar la independencia judicial. En los últimos procesos de designación de ministros y ministras de la Corte ha sido evidente la intención de colocar perfiles cercanos al gobierno actual. Por ello, la propuesta presidencial para modificar el mecanismo de elección vía el voto popular aumenta la politización del proceso de designación al no establecerse ningún mecanismo de preselección ni criterios objetivos que aseguren la idoneidad de los perfiles. Además de que genera mayor incertidumbre sobre la actuación imparcial que deben garantizar las personas juzgadoras al condicionar la justicia al voto y reduce la participación ciudadana al momento del mismo, sin la posibilidad de que se pueda participar en otras fases del proceso de manera más sustantiva.
Por lo anterior, es indispensable abrir una discusión pública que toque los problemas que impiden que la justicia sea pareja para todas las personas. La iniciativa presidencial al Poder Judicial parece más enfocada en expropiar, reducir y manipular la deliberación sobre una reforma necesaria y urgente, pero que al centrarse –en la narrativa– en el falso dilema de la legitimidad que deben tener las personas juzgadoras (ministras, magistradas y juezas), anula los temas de fondo que sí deberían revisarse en esta reforma.
La legitimidad de origen de estas responsabilidades públicas también se construye mediante prácticas que aseguren altos estándares de transparencia, participación efectiva, rendición de cuentas e idoneidad. Abramos la discusión y transformemos de raíz estas reglas para lograr #LaJusticiaQueQueremos.
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://twitter.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Ver <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=186&amp;t=percepciones-de-impunidad-2023" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ver <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_4_denuncia_delito.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Por ejemplo, en materia electoral se registran 50 magistraturas vacantes, en la antesala del inicio de las campañas electorales este primero de marzo. Para más información, ver <a href="https://x.com/designaciones/status/1762875386332070352?s=20" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Independencia judicial y designaciones

El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó la <a href="https://informe.asf.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">tercera y última entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2022</a>. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> En esta ocasión, la ASF realizó <a href="https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplificados/2022_ficha_DS_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">cinco auditorías al sector cultural</a>, tres a la Secretaría de Cultura (SC), una al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otra más al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). En este texto resumiremos lo que fue detectado por la ASF al revisar el ejercicio de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones de las instancias que son cruciales para garantizar el derecho a la cultura.
<h2>Programa Estímulos a Creación Artística, antes FONCA</h2>
La ASF fiscalizó el programa presupuestario de Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales, que sustituyó al extinto Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Se determinó que el programa aumentó en 0.7 % la cobertura y difusión de sus actividades en comparación con 2019 y 2021. No obstante, el programa presentó deficiencias en su diseño, así como fallas en la documentación que acredita a las personas como beneficiarias de recibir subsidios. La Auditoría identificó que la SC no acató en tiempo y forma el decreto del 2 de abril de 2020 sobre la extinción de los fideicomisos públicos, ya que el FONCA continuó operando hasta 31 de diciembre de 2022. A la par, el programa Estímulos a la Creación Artística operó sin que se haya incorporado a la estructura orgánica de la Secretaría, lo que pudo generar un riesgo para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa, así como de la transparencia en el otorgamiento de los subsidios.
<h2>Programa de Apoyos a la Cultura</h2>
Otro de los programas presupuestarios auditados fue el de <a href="https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2022_0259_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">Apoyos a la Cultura</a>, mismo que en el transcurso de los años ha recibido pocos recursos para llevar a cabo sus actividades en las entidades federativas y municipios. La ASF señaló que el principal problema del programa es que presenta irregularidades en la definición de la población objetivo y las problemáticas que busca atender, ya que no reportó información confiable y suficiente sobre el número de proyectos apoyados mediante el programa, ni el número de personas beneficiadas con las actividades artísticas y culturales desarrolladas por medio de los proyectos apoyados. Esto a la larga impacta en la transparencia y la rendición de cuentas del programa.
<h2>Gestión financiera de la Secretaría de Cultura</h2>
La ASF revisó una muestra de mil 741 millones de pesos que corresponde a <a href="https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2022_0258_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">43 partidas presupuestarias de la SC</a>. Entre las anomalías detectadas por la Auditoría se encuentran pagos a 26 plazas eventuales que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e inconsistencias en la selección y contratación de proveedores para la realización de diversos eventos. También, la ASF revisó un contrato adjudicado directamente al Centro Vacacional Oaxtepec para desarrollar el evento “Tengo un sueño” –en el que participan los semilleros creativos–, por la cantidad de 6.2 millones de pesos, monto superior al tope establecido.
<h2> Gestión financiera del INAH e INBAL</h2>
De manera general, la ASF determinó que el <a href="https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2022_0174_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">INAH</a> cumplió con las disposiciones legales y normativas para ejercer sus recursos financieros a cabalidad. Sin embargo, hubo inconsistencias en la información administrativa respecto de plazas autorizadas por la SHCP y en la formalización de contrataciones. Igualmente, la ASF detectó fallas en la supervisión para la actualización de las concesiones en seis inmuebles federales en las Zonas Arqueológicas de Teotihuacán y Monte Albán, así como del Museo Nacional del Virreinato y el de Antropología e Historia, que reportaban un vencimiento de entre 23 y 36 años, por lo que el INAH incumplió la Ley General de Bienes Nacionales. Estos inmuebles aluden a cuatro restaurantes, una librería y una joyería.
En cuanto al <a href="https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2022_0177_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">INBAL</a>, la ASF reportó inconsistencias en temas de administración interna. Por ejemplo, casi 40 expedientes laborales con información incompleta y la subcontratación de 21 personas a través de la modalidad de outsourcing para el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, dependiente del INBAL, cuyas actividades desarrolladas correspondieron a las propias del Instituto.
Tras la publicación de estas auditorías, la SC, el INAH y el INBAL deberán cumplir con las recomendaciones emitidas por la ASF en los tiempos establecidos. Si se comparan estas irregularidades con la situación de los megaproyectos y otros programas sociales, la situación del sector cultural puede parecer poco importante. Pero esto no es así. La política cultural en nuestro país lleva años sumergida en la austeridad, y estos informes reflejan lo que durante mucho tiempo ha sido denunciado por diferentes artistas y colectivos artísticos: aún es necesario trabajar por una política laboral a favor de los derechos de las personas trabajadoras, y que el presupuesto cultural aumente y sea ejercido de manera transparente. 
* Paulina Castaño Acosta es investigadora en el <a href="https://fundar.org.mx/justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">programa Justicia Fiscal</a> de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022. Disponible <a href="https://informe.asf.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Las irregularidades del sector cultural en el ejercicio presupuestario de 2022

La presentación del paquete de reformas constitucionales la semana pasada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha generado intensas discusiones por el impacto que su aprobación tendría en nuestro actual sistema político y democrático, y en la garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población y de las comunidades.
Una de las razones por las que la discusión pública ha sido tan intensa es por la variedad de propuestas que incluyen las iniciativas de reforma. Desde Fundar consideramos que es necesario avanzar en aquellas iniciativas que recuperan demandas sociales y de comunidades, por lo que sería impostergable su aprobación, sin dejar de lado la importancia de profundizar en la reflexión de otras que preocupan y que, de aprobarse como fueron presentadas, implicarían riesgos para la garantía de derechos humanos.
<h2>Iniciativas sobre los avances en la agenda de derechos colectivos, sociales y ambientales</h2>
Celebramos que demandas que han sido formuladas desde hace mucho tiempo por comunidades, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil sean parte de este paquete de reformas. Tal es el caso de la iniciativa de reforma a los derechos de los pueblos originarios, la cual es el resultado de un proceso amplio de participación y es un paso importante para cumplir una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas y afromexicanos.
Sobresale el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público con patrimonio y personalidad jurídica propia y capacidad para administrar recursos públicos de manera directa, entre otros derechos de gran trascendencia. De igual manera, la iniciativa que busca prohibir el fracking, la entrega de concesiones para minería a cielo abierto y en zonas con estrés hídrico y la siembra y comercialización de maíz transgénicos, <a href="https://twitter.com/NoFrackingMx/status/1757119304003362960" target="_blank" rel="noopener">retoma otras demandas fundamentales de diversas redes y movimientos ambientales en México</a>. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
<h2>Iniciativa sobre pensiones</h2>
En materia de pensiones, la propuesta del Ejecutivo permitiría a las personas trabajadoras que cotizan en el IMSS y el ISSSTE obtener una pensión de 16,700 pesos si actualmente ganan menos que dicho monto. En principio, esta propuesta es muy positiva, pero habrá que analizarse con mayor cuidado conforme haya mayor claridad sobre la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, el fondo que financiará estas pensiones no debe depender de recursos extraordinarios (como los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado), ni mucho menos de la extinción del INAI y en perjuicio de nuestro derecho a saber.
Así mismo, un aumento, sin planificación presupuestaria, podría presionar más las finanzas públicas por concepto de pensiones, que hoy alcanza más del 20 % del total del presupuesto federal. Desde nuestra perspectiva, para financiar esta propuesta —y otras más como la posibilidad de contar con un sistema de salud gratuito y universal— se necesita iniciar una discusión más profunda de nuestro sistema fiscal, lo que implicará incrementar el pago de impuestos de los sectores más ricos del país.
A pesar de estas iniciativas que, de aprobarse, representarían avances innegables, también tenemos una serie de preocupaciones porque el paquete incluye propuestas de reformas que concentran mayores poderes en las Fuerzas Armadas y le confieren la facultad de intervenir en asuntos públicos aún en tiempos de paz, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> y otras que suponen regresiones para el derecho a la información y la reducción de contrapesos del ejercicio del poder público.
<h2>Iniciativa sobre la Guardia Nacional</h2>
El paquete de reformas incluye diversas modificaciones constitucionales para materializar lo que el presidente ha buscado desde mediados de su sexenio: transformar la Guardia Nacional en una fuerza armada de carácter militar formal y materialmente. Para lograrlo, el Ejecutivo federal ha optado por la vía constitucional porque actualmente nuestra carta magna preserva el paradigma civil de la seguridad pública. Aunque en los hechos el paradigma civil se encuentra severamente mermado, la redacción actual de nuestra Constitución es el último reducto de defensa contra la militarización total de la seguridad.
Las críticas a la militarización tienen sustento en la experiencia latinoamericana, la cual se ha retomado en una basta y consistente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que nos advierte que el paradigma militar de la seguridad es riesgoso para la vigencia de los derechos y para la democracia y, por ello, los marcos constitucionales deben acotar la intervención militar para situaciones extraordinarias, temporales y sujeta siempre a controles civiles de rendición de cuentas.
La complejidad de la violencia en nuestro país es innegable; sin embargo, estamos a un par de años de cumplir dos décadas de militarización de las políticas de seguridad pública y la situación no ha mejorado. Incluso, diversas experiencias en distintas regiones del país (Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa) evidencian que el poder militar termina por incorporarse a las dinámicas de violencia generadas por la actuación del crimen organizado.
<h2>Iniciativa sobre los órganos autónomos</h2>
Preocupan las repercusiones de la iniciativa que busca desaparecer a los órganos autónomos y regresar sus funciones a dependencias del Poder Ejecutivo y en particular la amenaza hacia el órgano garante de transparencia, el INAI, pues esta decisión <a href="https://fundar.org.mx/congreso-debe-rechazar-la-iniciativa-presidencial-que-pretende-eliminar-al-inai-y-otros-organos-autonomos-es-regresiva/" target="_blank" rel="noopener">significaría un retroceso mayúsculo para la garantía del derecho humano a la información pública</a>.
Antes de que se dotara al INAI de autonomía, de que sus resoluciones fueran inatacables y de que tuviera mecanismos sancionatorios, el mecanismo para acceder a la información pública dependía de la buena voluntad de las instituciones para entregar los datos solicitados, ya que en caso de no proporcionar la información, los órganos internos de control de cada dependencia tenían que aplicar las resoluciones y jugaban un rol de juez y parte. La experiencia, antes de contar con un órgano autónomo y garante, ha mostrado que si la Secretaría de la Función Pública (SFP) absorbe las funciones del INAI, como pretende la iniciativa, se regresará al esquema anterior en el que será poco probable que una institución perteneciente al Poder Ejecutivo sancione a las entidades de la administración pública federal por no cumplir con la entrega de información.
Además, esta propuesta se presenta con el argumento de que es un instituto oneroso que no ha ayudado a combatir la corrupción y en un contexto de recientes cuestionamientos por el mal uso de recursos públicos.  Sin duda alguna es necesario que una institución como el INAI rinda cuentas, que se establezcan acciones contundentes de auditoría sobre como utiliza los recursos y que el órgano interno de control –designado por la Cámara de Diputados– dé a conocer públicamente si existen actos indebidos al interior de la institución. Pero sería más costoso para la sociedad quedarse sin un órgano autónomo que ayude a prevenir y a detectar irregularidades en un país que tiene altos índices de corrupción.
<h2>Iniciativas de combate a la corrupción</h2>
Este paquete también incluyó iniciativas que repercuten en la prevención, investigación y detección de la corrupción. Por un lado, una de las reformas tiene el propósito de separar la función jurisdiccional de las tareas administrativas y de disciplina del Poder Judicial. Para ello se propone que las funciones que realiza el Consejo de la Judicatura Federal sean sustituidas por un Tribunal de Disciplina Judicial que se encargaría de conocer, investigar y sancionar acciones relacionadas con corrupción, cuyas decisiones serían definitivas e inatacables, sin posibilidad de juicio o recurso en su contra. Además, sus representantes serían elegidos mediante voto popular.
Si bien es necesario contar con una institución que combata la corrupción en el Poder Judicial que sea independiente de la SCJN, la elección por voto popular de las y los miembros de este nuevo Tribunal implica promover un esquema que condiciona el seguimiento de responsabilidades de las y los jueces y personas magistradas a cambio del voto, politizando el seguimiento y sanción de los posibles casos de corrupción en el Poder Judicial.
Por otro lado, también se presentó una iniciativa que pretende desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que sea la Secretaría de la Función Pública la que brinde asistencia técnica a dicho sistema.  Esta decisión implicaría que la SFP se vea excedida en sus funciones y que haya un desequilibrio de poder dentro del SNA, ya que la Función Pública sería integrante con poder de decisión y además tendría las funciones técnicas del SNA. Antes de tomar una decisión como esta, se tendría que evaluar la utilidad y la pertinencia de que la SESNA siga siendo el brazo técnico del SNA.
De las negociaciones políticas de los grupos parlamentarios dependerá de que se aprueben estas reformas, cuyos impactos serían muy regresivos en la agenda democrática y de seguridad pública, y de gran trascendencia en los casos de desigualdades sociales, discriminación y emergencia ambiental y climática que vivimos.
Por ello, antes de la búsqueda de consensos y toma de decisiones en el Legislativo, sería importante un análisis razonado y una profunda deliberación que incluya la participación ciudadana a través de ejercicios efectivos de Parlamento Abierto. Esas aportaciones tendrán que ser vinculantes con las decisiones finales que tomen las y los integrantes del Congreso. Urge que la ciudadanía y las comunidades tenga una representación real y efectiva que contribuya a una verdadera construcción democrática y pluricultural para atender los problemas que afectan de fondo a nuestro país.
<a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Boletín de la Alianza. Disponible <a href="https://twitter.com/NoFrackingMx/status/1757119304003362960" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Aunque en los hechos podría ser difícil que varias de estas reformas sean aprobadas en este periodo legislativo, es preocupante que algunas bancadas han planteado que continuarán impulsándolas durante el siguiente sexenio.

Aciertos y focos rojos de las 20 iniciativas de reforma

La Iniciativa de Reforma Constitucional entregada por el pueblo Yaqui al presidente de la República, en septiembre de 2021, es el resultado de un proceso de consulta indígena convocado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que incluyó la realización de 54 foros de consulta en 27 entidades y uno con población migrante indígena que radica en Estados Unidos, y que contó con la participación de más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas.
Transcurrieron más de dos años hasta que el 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una Iniciativa de Reforma Constitucional que, por primera vez en el país, busca no solo reconocer a las comunidades indígenas, sino también al pueblo afromexicano, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio dentro de la Constitución Política. Esta cuestión está reconocida en el régimen jurídico internacional, particularmente en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y al pueblo afromexicano como sujetos de derecho público es reconocerles una personalidad jurídica con amplitud suficiente que permita, por una parte, ejercer sus derechos y, por otra, ejercer atribuciones que hagan viable la libre determinación, el ejercicio de la jurisdicción indígena y adoptar sus formas propias de organización, entre otras; cuando los instrumentos internacionales señalan que “Los Estados reconozcan plenamente la personalidad jurídica” no hablan de un reconocimiento que sólo permita ser titular de derechos, sino de reconocimiento pleno que  posibilite el ejercicio de  su libre determinación y autonomía.
La iniciativa fortalece el tema de asignación y ejercicio directo de presupuestos por comunidades bajo criterios “compensatorios, equitativos, justos y proporcionales”, reconoce el patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos y su propiedad intelectual colectiva sobre este, y fortalece el derecho a las formas de desarrollo propias de las comunidades.
La propuesta incluye establecer a nivel constitucional el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados con la finalidad de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento; de igual forma, plantea asegurar una distribución justa y equitativa de beneficios. Establecer constitucionalmente la obligación de obtener el consentimiento antes de cualquier decisión o implementación de proyectos que afecten a las comunidades les permitirá salvaguardar de mejor manera su territorio ante el despojo que persiste por la imposición de proyectos extractivos o megaproyectos diversos. Es impostergable respetar las determinaciones de los pueblos en el marco de su autonomía y libre determinación. Actualmente las comunidades han tenido que emprender litigios para exigir estos derechos a los que nuestro país ya está obligado por el marco internacional.
Otro tema para destacar de la Iniciativa es lo que respecta a los sistemas normativos que ejercen las autoridades comunitarias y que debe tomarse en cuenta siempre para que se dé un verdadero acceso a la justicia del Estado, cierto es que será necesario establecer los mecanismos para lograr un verdadero pluralismo jurídico. Asimismo, se robustece el reconocimiento y garantía de los derechos del pueblo afromexicano y se amplían medidas para garantizar derechos sociales de los pueblos.
Esta iniciativa hace énfasis en los derechos de las mujeres a la participación comunitaria, política y su acceso a la propiedad y posesión de tierras, lo cual es muy relevante en un país en donde persiste la discriminación hacia las mujeres. La discriminación que sufren las mujeres respecto a la propiedad de la tierra debe erradicarse y sin duda aprobar estas propuestas contribuirá a ello.
Lamentablemente, las propuestas para el reconocimiento a los derechos territoriales que durante tanto tiempo han exigido los pueblos indígenas, y que formaba parte de la iniciativa entregada al presidente, fueron excluidas aun cuando los problemas sobre la propiedad, uso, disfrute, delimitación y toma de decisión sobre las tierras, territorios y recursos naturales constituyen temas que afectan cotidianamente la vida de los pueblos.
Es un hecho que la iniciativa del presidente no incluye todas las propuestas emanadas del proceso de consulta, pero es innegable que contiene el reconocimiento de derechos que históricamente han sido reivindicados por los pueblos. No olvidemos que el transitar de la lucha indígena nos ha mostrado que no es el todo o nada; hemos aprendido a persistir, a concretar poco a poco todas nuestras demandas históricas, reconocer que muchas de las propuestas hoy presentadas al Congreso constituyen un acto de justicia hacia los pueblos que siguen alzando la voz, voces que encontraron eco en líderes indígenas que hoy en el gobierno siguen impulsando una agenda que hace muchísimo tiempo no estaba en el Legislativo.
No obstante lo anterior, en un actuar responsable, el Congreso puede incluir los temas que fueron excluidos. Articulaciones como la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía que agrupa a pueblos y comunidades de más de 19 entidades federativas del país <a href="https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/060224-Comunicado-Impostergable-aprobar-reforma-constitucional-indigena-para-resarcir-deuda-historica-con-los-pueblos-y-detener-el-despojo.pdf" target="_blank" rel="noopener">han solicitado que la Cámara de Diputados incluya los temas pendientes a la iniciativa del presidente para aprobarla a la brevedad</a>, además han expresado que “el envío de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano a la Cámara de Diputados por parte del presidente de la República es un paso en sentido correcto para resarcir una deuda histórica con las comunidades que, desde la colonia, padecen el despojo de sus territorios, cultura e identidad por parte del propio gobierno, así como de empresas y del crimen organizado”.
El momento actual exige al Congreso de la Unión legislar con una clara perspectiva de derechos colectivos y en concordancia con las obligaciones que en materia de derechos indígenas ya tiene el Estado Mexicano. Es urgente que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sea analizada, discutida y aprobada para beneficio del pueblo afromexicano y de todos los pueblos indígenas que habitan el país.
* Maira Olivo es abogada en el <a href="https://fundar.org.mx/tierra-y-territorio/" target="_blank" rel="noopener">programa de Territorio, Derechos y Desarrollo</a> de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

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