Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, el amillaramiento es la relación administrativa de bienes elaborada a efectos administrativos o fiscales, actualmente realizada con el catastro de la propiedad inmobiliaria. (…) Determinaba la contribución territorial sobre inmuebles, cultivo y ganaderí, gravando de forma directa a todos los contribuyentes, estableciendo un cupo y cuota de la contribución territorial.

En el Archivo Provincial de Huesca encontramos escaneado el amillaramiento de Chía de 1862, que muestra el listado de 95 propietarios/vecinos con sus correspondientes propiedades, lo que nos da una idea de la población y actividad que en la segunda mitad del siglo XIX había en la Villa de Chía. Aparte de la relación de fincas y casas de cada vecino, es interesante lo que en ese momento pertenecía al Ayuntamiento, a La Encontrada, Beneficio del Rosario o a los curatos de San Martín y San Vicente, que iremos viendo en futuras entradas en este blog. En el Archivo constan los amillaramientos de Chía de más ejercicios fiscales; el único en PDF es el de 1862.

Si nos retrotraemos a épocas anteriores a los grandes imperios, las unidades básicas de vida y trabajo eran la familia y la tribu, grupos de personas afines, con costumbres, tradiciones y sentimientos compartidos. El sistema administrativo actual tiene sus orígenes y bases en el Imperio Romano. La Lex lulia municipalis (45 a. de J.C.) reguló la organización municipal romana. En el devenir de los años (y siglos) que conllevaron invasiones, guerras, reconquistas, uniones y desuniones de reinos y condados, el orden local se mantenía a través de un líder que contaba con el apoyo de la asamblea de vecinos, algo muy similar al concejo abierto.  Este líder recibía el nombre de regidor, síndico procurador, alcalde mayor… (según la localidad), cargos muchas veces vitalicios. La dinastía de los Borbones introdujo los sistemas y jerarquías administrativas que buscaban uniformidad en la organización social y política de los territorios de la Corona de España. José I Bonaparte diseñó un proyecto de 38 prefecturas y 111 subprefecturas. El punto de partida del moderno municipio español fue la Constitución de 1812. El decreto de 1823 estableció las funciones administrativas y económicas de los alcaldes frente al gobierno central, relacionando directamente la autoridad local con el gobierno de la nación¹.

En 1834 se dividen las provincias en Partidos Judiciales para canalizar la actividad política de las Diputaciones hacia el ámbito local (servicio militar, educación, elecciones, registro de la propiedad y contribuciones), además de la administración de justicia. Chía quedó incluida en el Partido Judicial de Boltaña y se constituyó en Ayuntamiento en 1834. En 1846 se inicia el proceso de elaboración de los libros de amillaramiento en algunos municipios, pero es entre 1859 y 1863 cuando se lleva a cabo la recogida de datos en la mayoría de los ayuntamientos de España. Este registro se llevó a cabo para repartir las contribuciones entre los vecinos de los pueblos, de acuerdo con sus propiedades y caudales. En estos registros quedaban nombrados todos los propietarios, con sus correspondientes propiedades (rústica, urbana y pecuaria): casas, cantidad y calidad de las fincas, las cabezas de ganado, incluso la estimación de propiedades industriales.

El PDF (93 páginas) del documento está disponible en el Portal General del Gobierno de Aragón (Documentos y Archivos de Aragón – DARA)  y en el enlace https://dara.aragon.es/opac/app/item/?dt=1863&vm=nv&df=1863&ob=re:1&q=Ch%C3%ADa&p=0&i=99893

Los importes de las contribuciones de las diez primeras casas fueron (de mayor a menor):

Datos del amillaramiento de Chía del año 1862 (Archivo Provincial de Huesca).

Las cantidades son en reales de vellón. La peseta nació el 19 de octubre de 1868 como unidad monetaria por decreto del Gobierno Provisional, tras el derrocamiento de Isabel II. Denominaciones como real, maravedí, o escudo quedaron absorbidas por el término peseta, que ya era comúnmente utilizado en el período de Isabel II.

José Bonaparte, rey de España entre 1808 y 1813, mandó acuñar dos tipos diferentes de moneda, basados en el real:

• El real español tradicional
• El real de vellón (acuñado en aleación de cobre y plata)

La correspondencia entre uno y otro era: 2,5 reales de vellón = 1 real español tradicional

Isabel II no acuñó real español tradicional, acuñó sólo monedas con facial expresado en reales de vellón. Uno de estos reales de vellón equivalía a 25 céntimos de peseta; por ello, a la moneda de 50 céntimos se la conocía como “dos reales”.

Un trabajador de confianza a mediados del siglo XIX (mulero, guarda, capataz) cobraba entre 3 y 5 reales diarios (dependiendo de las localidades y tipo de administración -pública, privada o eclesiástica-)². Podemos hacer una estimación de que los 3.950 reales de vellón (1.580 reales españoles tradicionales o 987,5 pesetas) que pagó de contribución casa Castán en 1862, correspondían a 500 jornales, y los 1.754 reales de vellón (701,6 reales o 438 pesetas) pagados por casa Chuansaún corresponderían 250 jornales.

A partir del salario mínimo interprofesional actual, que es de 950 euros al mes o 31,66 euros al día, podemos estimar que la contribución anual de casa Castán supondría hoy 15.830 euros. Una barbaridad, claro que el jornal de 1862 no contemplaba las cargas sociales ni fiscales que contemplan los salarios del siglo XXI. En cualquier caso, lo que tenían que producir en cereal y cabezas de ganado las casas de Chía debía ser mucho para hacer frente a impuestos tan elevados y, lo que era menos habitual en aquellos tiempos, tener dinero en efectivo.

¹ http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1057284#:~:text=Por%20su%20parte%2C%20la%20Ley,c%C3%B3digo%20de%20la%20Administraci%C3%B3n%20local.&text=El%20desarrollo%20normativo%20municipal%20de,formaci%C3%B3n%20de%20los%20Ayuntamientos%20constitucionales.

² INVESTIGACIONES DE HISTORIA ECONÓMICA 2007, invierno, número 7. pp. 37 a 68. El poder de compra de jornaleros y criados. Salarios reales y mercados de trabajo en la Navarra rural, 1781-1936. José Miguel Lana Berasín. pp.53 y 54.

Para saber más sobre la antigua contribución rústica, recomendamos la lectura de El cálculo de las bases imponibles en la antigua Contribución Rústica y en el actual Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. José Luis Martínez Lasheras. Catastro, octubre 2000. 16 páginas. http://www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ct/ct40/ct40_1.pdf

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