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La Corte de Constitucionalidad que ha defendido el derecho de antejuicio del expresidente Alejandro Giammattei, y que ha impedido la remoción de su mano derecha, la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, es la misma que ha dado vía libre al Pacto de Corruptos, para deponer al Movimiento Semilla de liderar la Junta Directiva del Congreso, pero también ha sido la misma que, por la presión de los pueblos originarios y la comunidad internacional ha garantizado la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Por Paolina Albani
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) ampararon a la diputada Sandra Jovel y a la Fundación contra el Terrorismo, para invalidar la designación de la Junta Directiva del Congreso en la que Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, quedó como presidente de ese organismo.
Con ello, abrieron la puerta no solo para rebatir la legitimidad de algunos miembros de la planilla y que la votación se repitiera, alegando que tres de sus integrantes no pertenecían a bloques legislativos, pero detrás del cuestionamiento, podría haber la posibilidad de beneficiar la planilla de Jovel, a la cabeza del Legislativo. Pero que finalmente desistieron.
Nueva información brindada por el exdiputado y ahora asesor de la bancada VOS, Aldo Dávila, ha sugerido que, si Jovel como la nueva representante del Pacto de Corruptos, ganaba en la repetición de la votación, el objetivo de la Junta Directiva sería no juramentar ni dar posesión a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, como el último intento de golpe de Estado.
Si bien en este escenario, la CC jugó un rol determinante para respaldar al Pacto de Corruptos dentro del Congreso, jugó uno muy diferente al ordenar que se garantizara la transición de mando en el Ejecutivo y al mantener la inmunidad de Arévalo y de Herrera, en medio de la persecución penal encarnizada que el Ministerio Público (MP) ha venido protagonizando para deslegitimar los resultados electorales que les dieron la Presidencia.
Por eso, examinamos de cerca quiénes integran la máxima corte, sus vínculos y cómo resolvieron algunas acciones recientes, relacionadas con las elecciones y el Movimiento Semilla. No sin antes, recapitular los hechos del 14 de enero pasado.
El día de la votación para la Junta Directiva
El 14 de enero sería el día para dar posesión a los diputados de la X Legislatura, la elección de la Junta Directiva del Congreso y la toma de posesión del nuevo gobierno integrado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.
La jornada inició con retraso. Desde la mañana varios diputados denunciaron la compra de votos para la integración de la Junta Directiva encabezada por la nueva diputada y excanciller Sandra Jovel.
También denunciaron la designación de una Comisión Calificadora de Credenciales (creada por la entonces presidenta del Congreso, Shirley Rivera), para de verificar los documentos de los parlamentarios previo a su juramentación. En realidad, buscaba retrasar la sesión para no realizar la toma de posesión.
A puerta cerrada, diputados como Javier Hernández, del extinto FCN-Nación, Manuel Conde, quien fue candidato a la Presidencia de la República por Vamos y Álvaro Arzú Escobar y, varios más, se reunieron para revisar las credenciales de los diputados electos. Un grupo de parlamentarios de Semilla y VOS, irrumpieron en la sala de la Comisión y quienes lideraban la aprobación de las credenciales intercambiaron acaloradamente con quienes les llamaban “corruptos” al tiempo que otros salieron apresuradamente del lugar.
Tras ocho horas de espera, la Comisión Calificadora que había enviado un requerimiento consultivo a la CC, de cómo proceder con la revisión, acordó con quienes estaban en la reunión declarar independiente a la banca del Movimiento Semilla y que no dar posesión a Julio Héctor Estrada como diputado de CABAL. Todo para evitar que su planilla fuera admitida para integrar la Junta Directiva.
A las 8 de la noche del 14, la corte emplazó al Congreso para que garantizara la toma de posesión y le dio una hora para que juramentara a los diputados y al presidente Arévalo.
En el pico de la madrugada del 15 de enero, el Legislativo realizó la votación entre las dos planillas que buscaban quedar en la Junta Directiva. La planilla liderada por Samuel Pérez, de Semilla, ganó la votación con 92 votos, frente a la de Sandra Jovel, de la coalición Valor-Unionista (integrada por algunos funcionarios sancionados por corrupción con la Lista Engels y a quienes Estados Unidos les canceló visa) que obtuvo 75.
La molestia de Jovel fue evidente y llamó a la votación, que la dejó fuera de presidir la Junta, “ilegal”. También advirtió que accionaría ante la CC.
En las próximas horas, ante los ojos de varios jefes de Estado como el presidente Gustavo Petro, de Colombia; jefes de misiones internacionales como, Luis Almagro, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y otras personalidades Samuel Pérez le puso la banda presidencial al nuevo presidente Arévalo, en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.
Y esto dio paso a que el nuevo gobierno, diera su discurso de toma de posesión en el balcón del Palacio Nacional de la Cultura, donde miles de personas expectantes, permanecieron pasada la medianoche, para asegurarse de verlo asumir y que juramentara a su gabinete.
Acá inició el contraataque del Pacto de Corruptos.
La diputada Jovel, antes canciller y responsable de las negociaciones que convirtieron a Guatemala en “tercer país seguro” para los migrantes retornados por Estados Unidos, y la más nueva representante del grupo denominado como “Pacto de Corruptos” (una mezcla de políticos, funcionarios, militares, empresarios y crimen organizado, detrás de la regresión autoritaria y el debilitamiento del sector justicia), metió un recurso en la CC, casi al mismo tiempo que la Fundación contra el Terrorismo, la corte los amparó parcialmente.
Jovel y la Fundaterror lograron que se ordenara la repetición de la votación entre las dos planillas, pero no consiguieron que se anulara la juramentación y toma de posesión de Arévalo y Herrera, como buscaban.
Principalmente, por la presión internacional y los llamados que los mandatarios como Gustavo Petro, hicieron a los presidentes de la región a respaldar a la defensa de la democracia.
La resolución de la CC dio validez al argumento presentado que señaló que tres de los diputados que fueron designados para integrar la Junta Directiva, fueron declarados independientes y así no podían formar parte de la misma por “carecer de los requisitos legales… por no pertenecer a un bloque legislativo”.
Dos de ellos, pertenecientes a Semilla (Samuel Pérez y Andrea Villagrán) y uno más que fue expulsado del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) (Adim Maldonado). En el caso del partido oficial los diputados fueron considerados como independientes, después de que la misma corte les negara un amparo que evitaría que se quedasen sin bancada. Una decisión que se alineó con el juez Fredy Orellana, quien autorizó la cancelación del partido.
Previo a la repetición de la votación, el 17 de enero pasado, el diputado Pérez en una conferencia de prensa señaló a la CC de “parcializarse completamente”, eligiendo el bando político de Jovel y les recordó su silencio en otros escenarios similares:
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“La CC abrió de nuevo el mercado de la compra y extorsiones de diputados”
“La misma corte que no se pronunció ni identificó inconstitucionalidad, riesgos o amenazas, cuando los congresistas del pasado integraron a su Junta Directiva con un partido político cancelado o con integrantes sin partido”, refirió el diputado de Semilla, en una conferencia de prensa, en donde se le vio acompañado de varios de los 92 diputados que le dieron su apoyo el 14 de enero.
Con ello, dijo, “le volvieron a dar un respiro a las prácticas corruptas que fueron, precisamente, lo que el pueblo rechazó en las urnas, por lo que luchó y resistió en las calles y fue derrotado dentro del Congreso por una mayoría”.
La postura de la CC abrió “el mercado de compra de diputados y trajeron, de nuevo, las amenazas y extorsiones al Congreso. La corte dejó de ser garante de la Constitución y se convirtió en guardián de los corruptos y en las prácticas del pasado”, añadió.
Ahí, la bancada Semilla anunció que no volvería a participar en la planilla, pues se trataba de “una batalla truqueada” y que no era su intención ganarles un pulso inmaduro a los magistrados constitucionales, sino “servir al pueblo de Guatemala”.
En la segunda versión de la planilla, Nery Ramos, quien antes fue director de la Policía Nacional Civil (PNC), fue propuesto para la presidencia en lugar de Pérez; Karina Paz Rosales en reemplazo de Villagrán y Darwin Lucas Paz en lugar de Maldonado.
Como resultado, el 19 de enero la planilla volvió a ganar. Esta vez, con 115 votos.
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Nery Ramos es el nuevo presidente del Congreso
Si bien, la CC no logró romper el acuerdo básico de apoyos que Semilla había conseguido con otros parlamentarios su rol contra la agrupación política no terminó allí.
Algunos de quienes apoyaron la nueva Junta Directiva han sido señalados por distintos delitos. Como el exalcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Javier Javier, alias Tres Kiebres, acusado de estar vinculado al narcotráfico. O Karla Betzaida Cardona Arreaga de Pojoy, hija de la exdiputada de la UNE, Mirza Judith Arreaga Meza, acusada de corrupción. O Nadia y Teresita de León, hijas de la excandidata a la Presidencia, Sandra Torres, con señalamientos de financiamiento electoral ilícito.
Resoluciones en las que la CC protegió al Pacto de Corruptos
Para el 20 de diciembre del año pasado, la CC resolvió que la fiscal general del MP, Consuelo Porras, no fuera destituida por el presidente, Alejandro Giammattei, alegando que una reforma en la Ley Orgánica del MP, de 2016, lo impedía legalmente. Esta resolución blindó a Porras y dio una excusa a Giammattei para mantenerla en el cargo, aun con el cambio de gobierno.
La fiscal general, quien lleva dos períodos frente al Ministerio Público, fue quien autorizó investigaciones y casos penales contra operadores de justicia, periodistas, abogados, activistas y políticos de oposición a Giammattei. Como consecuencia más de una veintena salieron al exilio.
La protección de la que goza Porras, como era de esperarse, también se extendió a Giammattei cuando, el 23 de noviembre pasado, la CC rechazó la solicitud de antejuicio presentada por Aldo Dávila sin entrar a conocerla, por la falta de transparencia en la adquisición de vacunas contra la COVID-19.
Las acciones dilatorias y de encubrimiento de la CC no pasaron desapercibidas. Ni por la gente ni por los constituyentes:
“… atropellando los propios fines para los cuales se creó dicha corte sin importarles tampoco violentar el orden constitucional todo lo cual constituye delito de lesa patria y con mucha tristeza, pero con mucho coraje les advertimos que ya basta… Reclamaremos dentro de la ley, todos sus embustes y todas las violaciones de las que hemos sido objeto”, escribieron en una carta abierta, nueve de los constituyentes que participaron en la creación de la Carta Magna.
La CC confirma a la bancada de Semilla como independiente
Este 23 de enero, la corte anunció la suspensión definitiva del amparo interpuesto por la bancada Semilla, el pasado 13, que buscaba revertir la decisión de la Comisión Permanente del Congreso, que los declaró diputados independientes.
La diputada de Semilla, Andrea Reyes, dijo que la medida buscaba que no se les diera posesión y detener la juramentación del nuevo presidente. Ninguna de las cuales se cumplió.
“La corte negó el amparo provisional, y lo que pasa hoy es que decide darle carpetazo al caso de forma definitiva. Una excusa que me parece cuestionable”, dijo.
Reyes indicó que a partir del fallo de la CC solo podrán participar en la instancia de Jefes de Bloque, con voz, pero sin derecho a voto. Quedan pendientes una acción de inconstitucionalidad y una apelación que les ayudaría a reestablecer la situación del partido.
Una de las resoluciones en las que la CC no se alineó con la alianza denominada “Pacto de corruptos”, fue el 11 de enero pasado, cuando resolvió que la, entonces, vicepresidenta electa Karin Herrera, podía asumir el cargo y le otorgó protección provisional, para frenar los intentos del MP por criminalizarla.
El MP intentó saltarse el procedimiento en materia de antejuicio, para retirarle la inmunidad argumentando que apoyó la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para impulsar su candidatura, de cara a las elecciones generales y lograr espacios dentro del Congreso y el Ejecutivo.
Para noviembre de 2023, frenó las solicitudes de antejuicio contra la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, y los tres magistrados suplentes, por el supuesto fraude en la compra de Q148.8 millones del sistema de transmisión de datos que se utilizó para el conteo en tiempo real, de los votos emitidos en las elecciones generales.
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CC detiene antejuicio contra la presidenta del TSE, Blanca Alfaro
No corrieron con la misma suerte, los otros cuatro magistrados titulares, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, quienes sí perdieron la inmunidad y tuvieron que dejar el país.
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Caso TREP: MP pide orden de captura contra cuatro magistrados del TSE
La CC en lo electoral
A lo largo de 2023, la CC, que fue el último recurso de varios candidatos excluidos de participar en las elecciones de 2023, confirmó su exclusión. Por ejemplo, en el caso de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, aspirantes al binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), intentaron pelear su inscripción con ayuda de las cortes, pero sin éxito.
O del presidenciable de Podemos, Roberto Arzú, a quien se le revocó su inscripción por campaña anticipada y, luego de pagar la sanción, ya no fue reinscrito. La CC no fue su tabla de salvación.
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CC deja fuera de las elecciones generales a Roberto Arzú
Cuando, después del 25 de junio, quedó claro que el binomio del Movimiento Semilla, Arévalo y Herrera sería el contendiente al que había que ganarle la Presidencia de la República, el MP, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), inició acciones para cancelar la personalidad jurídica del partido, para invalidar su participación en la segunda vuelta.
El argumento de la fiscalía usó fue la denuncia de un solo ciudadano (luego se supo que se trataba de Giovanni Fratti, un activista conservador y a quien se le ha vinculado con grupos de la ultraderecha como Guatemala Inmortal o la Fundación contra el Terrorismo, que señaló que había amaño en la base de afiliados de Semilla para lograr su inscripción como partido político, en 2019).
Entre las acciones de la FECI, se realizaron varios allanamientos a la sede de la agrupación firmadas por el juez Fredy Orellana, y cuatro registros y secuestros a las diferentes sedes del TSE.
En esta oportunidad, la corte otorgó un amparo provisional a Semilla, para que la FECI y el MP frenaran su intención por bloquear la participación del partido, en las elecciones. La magistrada Dina Ochoa, fue la única que votó en contra de otorgar el recurso.
Otro caso donde la CC resolvió y fue un acierto fue en la no validación del Presupuesto General de 2024. El 30 de noviembre pasado, los diputados salientes lo aprobaron por Q124.8 millardos, antes del pico de la madrugada, que era el plazo final para pasar la normativa, de lo contrario quedaría vigente el proyecto de 2023.
El proyecto fue construido para bloquear al partido Semilla que asumió la Presidencia de la República. Semilla presentó 130 correcciones, pero ninguna fue enmendada. Tal cual fue sancionado por Giammattei, pero las organizaciones sociales, como la Fundación Probienestar del Minusválido (Fundabiem) y las autoridades ancestrales de Iximulew, presentaron amparos ante la CC, para que lo suspendieran. Estas señalaron que el presupuesto era ilegal por “ser contrario a los intereses de la población”, pues redujo los fondos a salud y educación y favorecía al sector privado y a las oenegés vinculadas al partido Vamos.
Sin embargo, en esta oportunidad, el 18 de diciembre pasado, la corte resolvió suspender provisionalmente el decreto que le dio vida (18-2023).
Los magistrados detrás de las resoluciones
La corte que ha emitido estos fallados está integrada por Hugo Pérez Aguilera, magistrado presidente, elegido por la USAC en reemplazo de Gloria Porras a quien en 2021, un grupo de congresistas no permitió asumir para un tercer período. En 2020-2021, fue asesor de Silvia Valdés y Néster Vásquez mientras se desempeñaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluso fue magistrado de la CC en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) entre 2011 y 2016.
Néster Vásquez, quien fue presidente de la CSJ y uno de los funcionarios del Organismo Judicial (OJ) que tiene prohibida la entrada a Estados Unidos, luego de ser incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos. También fue el único magistrado que el 14 de diciembre pasado votó en contra de que se le otorgara el amparo a Arévalo, para asegurar su toma de posesión a inicios de este año.
Leyla Lemus, elegida por el expresidente Alejandro Giammattei, fue secretaria general de la Presidencia.
El 11 de diciembre pasado, frente a la residencia de Lemus, una patrulla de la PNC que se encontraba asignada a su seguridad se incendió. De acuerdo al exministro de Gobernación, Byron Bor, el hecho ocurrió cuando los agentes de la policía atendían otra emergencia por asalto. El incidente quedó bajo investigación. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refirió que no existen indicios para creer que fue intencional, le otorgó medidas cautelares, este 13 de enero.
Roberto Molina Barreto, elegido por la CSJ y conocido por sus resoluciones calificadas de arbitrarias y anticonstitucionales, como la que se aseguró que la sentencia en el juicio por genocidio fuera invalidada y el proceso penal se repitiera. Además, tiene vínculos con la hija del genocida fallecido, Efraín Ríos Montt, Zury Ríos, de quien fue vicepresidenciable por el partido Valor en las elecciones de 2019.
A Barreto, algunas organizaciones como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), le presentaron amparos para evitar que asumiera como magistrado de la CC, por “carecer de honorabilidad”, pero no lograron detener su designación.
También está Dina Ochoa, a quien se le ha vinculado con la fiscal general, Consuelo Porras, e incluso se le vio celebrar su reelección. Ochoa votó en contra de suspender de forma provisional el Presupuesto 2024, y que había señalado por organizaciones civiles de “ilegal”. Además, amparó al exalcalde, Abimael Urízar, sentenciado a 12 años de prisión, para que la CSJ conozca su caso, que podría dejar sin efecto la condena.
Los magistrados suplentes son Rony Eulalio López, a quien se le atribuye cercanía con Sandra Torres y que formó parte de la estructura de funcionarios cercanos al expresidente Alejandro Giammattei que habrían urdido el fraude en las elecciones de la Usac, utilizando su influencia y poder para bloquear los recursos que impedirían que Walter Mazariegos asumiera la Rectoría, recientemente, ha denunciado amenazas de muerte.
Le sigue Claudia Paniagua, quien fue abogada defensora de Eduardo Cristhian Kestler Morán, gerente general de Televisiete y Radio Televisión de Guatemala, vinculado al caso “Cooptación del Estado de Guatemala”.
Juan José Samayoa, quien fue elegido por Giammattei y al conseguir la magistratura aun trabajaba como asesor en la Cancillería. También fue empleado en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio.
En 2018, Walter Jiménez se postuló para ser fiscal general del MP, mismo proceso en el que participó Molina Barreto y Luis Alfonso Marroquín, quien ha sido abogado de la familia Ríos Sosa. Fue uno de los firmantes que aprobó la participación de Zury Ríos en las elecciones de 2023, pese a tener prohibición constitucional.
