El Salvador: Nayib Bukele se declara ganador pese a ser inconstitucional la relección

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Pese a los cuestionamientos a su candidatura por contravenir la prohibición constitucional que impide la reelección inmediata, Nayib Bukele, de 42 años, se declaró vencedor en las elecciones desde las 18:54 horas con el 85% de la totalidad de los votos y la mayoría de las diputaciones a la Asamblea Legislativa salvadoreña afirmó desde el balcón presidencial, esto a pesar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no actualizó dichos resultados ni en preliminares ni de manera final un día después de iniciado el escrutinio.  

El TSE de El Salvador anunció en una conferencia de prensa que con el  32% de los votos, según datos preliminares, el mandatario proyectaba  la reelección. A las 11:00 horas del 5 de febrero El Salvador continúa sin el computo final de los resultados electorales. 

Por Isela Espinoza

El 1 de junio de 2019, Nayib Bukele tomó posesión como presidente de El Salvador tras obtener el 53% de los votos (1,434,856 sufragios), sin necesidad de una segunda vuelta. Su primer triunfo en las urnas rompió con 30 años de bipartidismo en el país centroamericano. 

Su mandato se ha caracterizado por dar órdenes a sus ministros a través de redes sociales, impulsar la ley para incorporar el Bitcoin a la moneda nacional y la “guerra contra las pandillas” que le llevó a decretar un estado de Excepción aprobado desde marzo de 2022 para combatir el alza de los homicidios hasta la fecha. 

Sin embargo, para la analista y abogada, Ruth López, el año 2021 marcó un antes y un después de la cooptación de las instituciones del Estado que responden a los intereses de Bukele. El primer periodo de su gestión termina con denuncias de vulneración de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y una frágil democracia, según organizaciones y la sociedad civil del país. 

El TSE cerró centros de votación desde las 18:00 horas del domingo, con menos de 1 hora del inicio del escrutinio Bukele se autoproclamó vencedor de la elección frente a centenares de seguidores y funcionarios de gobierno reunidos en la plaza, un día después el TSE no ha podido presentar el escrutinio final, esto en medio de graves anomalías con el sistema de contento de votos y el traslado de las actas finales.

Sin los resultados finales es incierto como queda integrado la Asamblea Legislativa salvadoreña y si Nuevas Ideas obtiene la mayoría parlamentaria como lo afirma Bukele.

Una jornada marcada por el “Bukelismo” y denuncias de irregularidades

El Salvador posee 6.3 millones de habitantes, de los cuales 5,473,305 estaban habilitados para elegir presidente, vicepresidente y 60 diputados para la Asamblea Legislativa.

Este domingo 4 de febrero la jornada inició en los centros de votación desde las 5:00 de la mañana en donde los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos acudieron, luego de ser electos a través de un sorteo. Sin embargo, aunque cada mesa se integra por cinco personas, algunas alcanzaron el número mínimo (tres) para poder recibir los sufragios, según comentaron observadores electorales de Honduras que se encontraban en el centro de votación Concha Viuda de Escalón.

En tanto, otros ciudadanos que acudieron al llamado fueron rechazados al momento de buscar integrar las Juntas Receptoras. Según denuncias, las mesas asignadas ya tenían a otras personas sin especificar su procedencia, dijo la abogada y analista Ruth López. 

Está situación con las Juntas Receptoras de Votos generó que un porcentaje de los 1,595 centros de votación abriera sus puertas después de las 7:00 de la mañana. En centros como el Teatro Presidente, ubicado en una de las zonas exclusivas de San Benito, San Salvador, los y las salvadoreñas llegaron a hacer cola desde las 6:00 de la mañana para ser los primeros en emitir su voto. Algunos de los votantes se identificaron como parte de la comunidad Las Palmas, una zona en la que antes del estado de Excepción quien entraba no volvía a salir, afirma un conductor de taxi. 

La comunidad Las Palmas está rodeada de bares, hoteles, casas de lujo y restaurantes en la colonia San Benito. Antes del estado de Excepción era conocida por ser un bastión histórico de la pandilla Barrio 18, desde donde ejecutaban extorsiones a negocios cercanos o asesinatos. 

Según una nota de La Prensa Gráfica publicada en julio de 2018, un testigo clave denominado “Tauro” declaró a la Fiscalía General de la República (FGR), que los vecinos de la comunidad y otros afectados no declaraban los delitos “por el mismo temor y control que la pandilla ejerce sobre los residentes”. 

Durante la jornada se observaron personas portando camisas con el nombre del presidente del Congreso, Ernesto Castro, del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), principalmente en el centro de votación Teatro Presidente.

Víctor Álvarez llegó a votar con una camisa que hace alusión al partido del presidente Nayib Bukele y llamó al voto masivo para la reelección del mandatario.

La fuerte presencia policial y militar alrededor de los centros de votación y las restricciones a la prensa, son otros incidentes que reportaron observadores internacionales. Por parte de la oposición, Claudia Ortiz, candidata a diputada de Vamos, llamó a la población a vencer el miedo. La diputada busca su reelección y denuncia que el exceso de fiscales del partido de Bukele podría causar intimidación en los votantes.

Voto en el extranjero 

La mayoría de la diáspora salvadoreña en el extranjero no pudieron votar, ya que los centros de votación no accedieron a extender el cierre del lugar después de las 5:00 de la tarde debido a temas de arrendamiento, según indicaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Aquí no ha habido ningún problema del sistema ni cosas que se parezcan. Nos tardamos porque se desbordó en los Estados Unidos el proceso electoral”, dijo el magistrado Luis Guillermo Wellman. Mientras el TSE ofrecía la conferencia Bukele celebraba en el centro histórico de El Salvador.

Reacciones internacionales 

Crónica de una esperanza

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Por Miguel Ángel Sandoval

Este es el subtítulo de un libro de mi autoría que se presenta en la Biblioteca Nacional el 15 de febrero de 2024. Su contenido son los acontecimientos ocurridos desde el 25 de junio 2023 que desembocan el 14 de enero de este año. La primera parte se tituló Esperando la primavera y lo presente pocos días después del 20 de agosto, pero por la situación política del país, este hecho paso desapercibido. Y los libros no se movieron casi nada.

Ahora vuelvo con un volumen de Esperando la primavera que abarca lo acontecido entre las fechas del 25 de junio y el 14 de enero. Es en verdad una montaña rusa de hechos políticos y sociales, lo vivido entre estas dos fechas. Todo lo que ocurra después es parte de otros trabajos. Este libro que ahora se presenta es absolutamente periodístico, pues todas sus notas fueron escritas al calor de los acontecimientos y por ello fue difícil pensar en un trabajo de pulir lo escrito para que la forma fuera más depurada. Aunque si hay a lo largo de más de 300 páginas, reflexiones con sustento teórico.

La intención fue dejar una crónica de lo que iba ocurriendo, de los hechos como se podían apreciar, no solo en lo que publicaban los medios sino en una especie de consulta permanente entre amigos, con conferencias telefónicas a varios departamentos, con familiares, redes sociales, y la calle, al acompañar marchas en varias ocasiones y los plantones como en el MP.

Hay en Esperando la primavera, que tiene como subtítulo, crónica de una esperanza, reflexiones sobre la sorpresa de los resultados electorales del 25 de junio y el 20 de agosto. Lo que incluye el fracaso de las muestras y encuestas, así como la constatación que la TV no es más quien pone presidentes ni dirige el debate ni crea la narrativa. Esto es parte de ese contenido.

De la misma manera, se hace una disección de la guerra judicial desencadenada contra el proceso electoral y sus resultados, particularmente a Semilla, aunque antes se había marginado a varios actores políticos, en particular Telma Cabrera, Roberto Arzú, Carlos Pineda, Aldo Dávila, Foppa, otros más. De todo ello hay material en el volumen que se publica el 15 de febrero.

Es evidente que cuando digo un tratamiento periodístico, no lo hago desde la perspectiva tan de moda en nuestro país, cuando se analizan hechos y no se quiere tomar una postura, y se acude al esquema de buscar todas las fuentes o las dos posiciones, o los contrarios. Yo tomo partido por Semilla y Arévalo y Herrera. En ningún momento lo oculto. Pero los artículos incluidos, tienen todos, el formato de columnas de opinión, con análisis, datos duros, postura independiente, muy pocas citas, que se publicaron en Publicogt, Prensa Comunitaria y en Claro Oscuro News.

Si quiero destacar que lo más relevante, desde mi punto de vista, son las partes en donde refiero el cataclismo político que impulsaron los pueblos indígenas con sus autoridades ancestrales.  Algo inédito, sorpresivo, profundo, inimaginado, pero que devolvió la democracia a nuestro país. Es la más grande paradoja, pues si algún sector fue excluido en la historia republicana de nuestro país, fueron precisamente los pueblos indígenas.

Y sobre esto hay varias partes, con análisis, que le dan un tono especial al libro Esperando la primavera, que se puede leer por partes, o discutirlo en su totalidad.  Así que están invitados para acompañarme en la presentación del mismo el 15 de febrero a las 17.00 horas en la Biblioteca Nacional. Habrá comentarios de Domingo Hernández Ixcoy, veterano líder indígena; de Roxana Ávila, socióloga y analista política, con la moderación de Jorge Mario Salazar.

 

Cuentos antiguos

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Por Dante Liano

Como a todos, me gusta que me cuenten cuentos. Como a todos, si el cuento es bueno, me gusta repetirlo a los amigos. Como a todos, y en especial los niños, no me importa saber la trama, si el relato es bueno. Por ejemplo, la historia de la contienda entre romanos y griegos. Han de estar y estarán que hace mucho tiempo, los romanos se dieron cuenta de que no tenían leyes a la altura de su imperio, por lo que decidieron pedir ayuda a los griegos, de cultura mayor. Los griegos respondieron, soberbios, que les enseñarían a legislar solo si se demostraban a la misma altura que ellos en el intelecto y saber. Propusieron, por tanto, un debate entre un filósofo griego y uno romano. Si el romano demostraba sabiduría, tendrían las leyes. Gran apuro y gran pena sintieron los romanos, pues no tenían a nadie que los pudiera representar. Atrevidos, decidieron mandar a la arena a un bellaco, cuyo mérito residía en ser, como tantos, ignorante y listo. Puesto que cada quien hablaba idioma diferente, se pusieron de acuerdo en que la disputa sería por señas. Subió el sabio griego a su estrado, y con elegante gesto, mostró el dedo índice a su oponente romano. El villano, al verlo, respondió enseñando pulgar, índice y medio, como si fuera un temible garfio. El sabio griego asintió con la cabeza, como el que ha entendido. En seguida, el filósofo antiguo mostró de nuevo la mano, esta vez con la palma abierta en dirección de su adversario. El bellaco, entonces, casi indignado, enseñó al sabio griego el puño cerrado. Este, al ver gesto, volvió a asentir y bajó del estrado. Le preguntaron sus paisanos qué habían debatido, y el griego respondió: “Cuando le mostré el índice, afirmé que había solo un Dios verdadero. Mi adversario respondió, con su gesto, que ese Dios se dividía en tres personas iguales y distintas. Luego, le dije que todo estaba bajo la voluntad de Dios. Me respondió que su poder domina al mundo. Señores, un pueblo que comprende perfectamente la Santísima Trinidad, merece tener buenas leyes. Están preparados”. En tanto, los romanos le preguntaron a su adalid cómo había sido el debate. El villano respondió: “Me dijo que con un dedo me sacaría el ojo; yo le contesté que con dos dedos le sacaba yo los ojos y con el tercero le rompería los dientes. Me dijo que me daría una bofetada; yo le respondí que de un puñetazo lo tiraría al suelo y no volvería por más”. El relato se encuentra en el Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita, y de seguro fue tan popular, que hace poco un amigo me lo contó como si fuera un chiste original. Y confirma aquél dicho: “Nada hay nuevo bajo el sol”. Sobre todo en literatura. La moraleja del Arcipreste es diferente y válida: no hay malas palabras si son bien entendidas.

Sabemos que Juan Ruiz, el otro nombre del clérigo de Hita, se había criado entre musulmanes y que manejaba corrientemente el árabe como si fuera su lengua materna. Por eso se podría sospechar que esta conseja la heredó de la tradición popular islámica. Debemos a esta la mayor parte de las historias que forman la base de la narrativa occidental. No solo las Mil y Una Noches, que llegaron a nosotros de Persia por boca de los árabes españoles, sino también elSendebar y el Calila y Dimna, colección de relatos nacidos en la India, derivados del Panchatantra. Véase este relato delicioso: un sultán de Egipto duda de que Mahoma haya ascendido a los cielos en una sola noche. El sabio Sihab-al-Din, para convencerlo, abre cuatro ventanas y le muestra, simultáneamente, un ejército enemigo, el incendio de El Cairo, la inundación del Nilo y un desierto cambiado en un jardín. En seguida, le ordena que se desnude y que sumerja la cabeza en un tonel de agua. Cuando la saca, el Sultán se encuentra en la cima de una montaña, completamente pobre. Baja y se detiene delante de unos baños, para preguntarle a las mujeres que salen si están casadas. A la primera que le dice que no, le propone matrimonio y se casa y tienen catorce hijos. Por azar y mala suerte, pierde toda su riqueza y termina trabajando como mozo de cuerda para sostener a su numerosa familia. Harto de trabajar, saca la cabeza del tonel de agua y se encuentra de nuevo en la misma habitación, rodeado de sus servidores, quienes le certifican que ha pasado solo un instante. Este maravilloso relato está en un espléndido libro de Juan Vernell: Lo que Europa debe al Islam de España. Una versión muy bella se encuentra en El Conde Lucanor. 

Había una vez un Deán, en Santiago, que quiso aprender el arte de la nigromancia. Cuando supo que el mejor de todos se hallaba en Toledo y se llamaba Don Illán, fue a esa ciudad, para aprender de él. Don Illán lo recibió amablemente y lo invitó a comer. Después de la comida, lo invitó a descender a una habitación que tenía muy debajo de la casa, tanto que el Tajo parecía discurrir encima de ella. Antes de bajar, don Illán ordenó a una criada que preparase, para la cena, unas perdices. La habitación subterránea tenía muchos libros, y los dos personajes estaban eligiendo con cual de ellos comenzar, cuando llegaron unos emisarios a avisar al Deán que había sido nombrado arzobispo de Santiago. También le dijeron que podía nombrar Deán, el cargo que dejaba vacante, a quien quisiera. Don Illán, al oir esto, rogó al Deán que nombrara a un hijo suyo, pero aquel le respondió que nombraría a un hermano, y que tuviera paciencia, puesto que tiempo habría para encontrar un cargo para el hijo. Se fueron los tres a Santiago, y al cabo de un tiempo, llegaron unos emisarios a informar al Arzobispo que había sido nombrado Obispo de Tolosa, y que podía colocar, en la sede que dejaba vacante, a quien quisiera. A ese punto, don Illán le pidió, otra vez, que nombrara a su hijo, pero el Arzobispo respondió que nombraría a un tío suyo, y que tuviera paciencia. Pasó un buen tiempo, cuando llegaron otra vez emisarios para decirle al Obispo de Tolosa que el Papa lo había nombrado cardenal, y que podía disponer de la vacante de obispo como quisiera. Don Illán le recordó la promesa de colocar a su hijo. Sin embargo, el ahora Cardenal le dijo que había otro tío a quien deseaba colocar y que viniera con él a Roma, para ver qué deparaba el futuro. En Roma pasaron muchos años sin que el hijo de don Illán tuviera empleo. En eso murió el Papa, y como sucesor fue elegido el Cardenal gallego. Se presentó ante él don Illán, y le recordó a su hijo. El Papa montó en furia, y amenazó a don Illán de mandarlo a la hoguera por ser nigromante y hechicero, y le mandó alejarse de allí y regresar a Toledo, sin dar más molestias. Don Illán le contestó que con gusto se iría, pero que antes iba a comer unas perdices que había ordenado a sus criadas. Al conjuro de esas palabras, se encontraron nuevamente en la habitación subterránea de Toledo, y el abad en su condición originaria, de simple clérigo. Don Illán lo despachó de regreso a su tierra, sin siquiera invitarlo a cena, en vista de su carácter de hombre desagradecido y falto de palabra.

Este relato es tan bueno que Jorge Luis Borges no tuvo empacho en proponerlo de nuevo, con su preciso uso del castellano. Otros hay, del mismo origen oriental: la historia de la huella del león; la leyenda del monje Ambrosio, la historia de la libra de carne, el libro de Barlaam y Josafat, la historia de la doncella Teodor, y tantas más, que sería entretenido relatar. Pero el fuego se extingue, la medianoche llega, y es menester irse a acostar. Otro día, en otras circunstancias, quizá les contaré esos relatos que tienen el perfume y la seducción del antiguo y misterioso Oriente.

Publicado originalmente en Dante Liano blog

GPS: ¿Qué significa la reelección de Bukele en El Salvador?

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Mañana (domingo 4 de febrero) se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador y no será una elección más. Las y los salvadoreños votarán en un contexto de régimen de excepción en el que por primera vez en 90 años, un presidente busca reelegirse pese a que la Constitución nacional lo prohíbe. Ante un resultado evidente, ¿Dónde hallar esperanza en un territorio donde la reducir desigualdad y la pobreza siguen siendo una deuda histórica?

Por César Saravia y Laura Salomé

Foto: José Cabezas

Era 9 de febrero de 2020 y “algo” se rompía en El Salvador, y no era el esquema de partidos que supo caracterizar a la política representativa desde los Acuerdos de Paz. Nayib Bukele, el presidente “cool”, la sorpresa de la región, asaltaba con aires de antaño la Asamblea Legislativa junto a decenas de integrantes del Ejército fuertemente armados ante una votación que resultó adversa a sus proyectos de control -y dominio- territorial y social.

Tensión en El Salvador: el día que Bukele dejó las selfies, militarizó y se puso a rezar

Llevaba ejerciendo la presidencia del país centroamericano apenas ocho meses. Su popularidad, construida a base de slogans en los actos de gestión municipal y en las redes sociales, gozaba de la legitimidad suficiente para introducir los cambios que la política tradicional necesitaba. Sin embargo, fue ese acto antidemocrático el que encendió las alarmas en todo el mundo ante lo que la prensa internacional llamó “un intento de golpe de Estado”. Desde entonces, todo se aceleró hasta consolidar un modelo de violencia política. Pero también provocó el surgimiento de las coordinadoras populares contra el autoritarismo.

El próximo domingo 4 de febrero, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador y no será una elección más. Las y los salvadoreños votarán en un contexto de régimen de excepción en el que por primera vez en 90 años, un presidente busca la reelección pese a que la Constitución nacional la prohíbe expresamente.

Además de los componentes institucionales, la elección tiene implicancias regionales. Y es que Nayib Bukele se ha convertido en el último tiempo en un modelo de distintos políticos de derecha. Su popularidad entre los sectores conservadores ha crecido, abanderada por un modelo de seguridad que prescinde de los Derechos Humanos y de las garantías democráticas como el derecho a la defensa o la presunción de inocencia. El resultado del domingo podría representar aún una mayor legitimidad del “modelo Bukele”.

Su principal capital político radica en una reducción de los homicidios que azotaron al país durante más de 20 años, producto de la violencia social. Las imágenes de pandilleros arrodillados y semi desnudos dieron la vuelta al mundo y lo convirtieron en el modelo de “mano dura” en la región. La principal infraestructura con la que Bukele busca la reelección no es una universidad, una carretera, un puerto, ni siquiera la lujosa biblioteca construida por la cooperación China. Su principal bandera es la construcción de una mega cárcel para albergar a pandilleros, muchos de ellos detenidos antes de su gobierno.

La base de estos logros, según plantea el propio Bukele, estaría en la instauración de un régimen de excepción que está por cumplir dos años. Si sumamos los meses de la pandemia, se podría decir que Bukele ha gobernado al menos el 70% de su periodo sin garantías plenas constitucionales. El país vive una de sus tasas de homicidios más bajas en años, con algún matiz: y es que el gobierno decidió excluir de la estadística oficial las muertes de pandilleros y también las muertes dentro de los centros penales, que a mayo de 2023, según datos de la ONG Cristosal, se estimaron en al menos 160. Cifra que en estos meses creció.

La otra cara de las detenciones de pandilleros, radica en miles de inocentes detenidos. Solo desde que empezó el régimen de excepción, el gobierno liberó a más de 7 mil personas a las que, según fuentes oficiales, no pudo comprobar vínculos con las pandillas y que en algunos casos permanecieron detenidas más de 9 meses. También deja a El Salvador con la tasa más alta del mundo de personas encarceladas. Si tomamos como base los datos de detenciones de los últimos dos años, sumado a la población carcelaria previa al régimen, obtenemos que en la actualidad el 1.6% de la población salvadoreña está presa.

Qué se vota el domingo

Son más de 6,2 millones de salvadoreños y salvadoreñas quienes están registrados para votar en las elecciones; entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Quienes residen en el exterior ya comenzaron a votar de forma remota desde el 6 de enero y siempre que su dirección -según documento de identidad- se encuentre registrada en el extranjero.

Definirán si el actual presidente, Nayib Bukele, es el primer presidente en la historia del país en reelegirse para un segundo período. Aunque además compiten otros cinco candidatos: Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); Luis Parada, de Nuestro Tiempo; José Renderos, de Fuerza Solidaria y Marina Murillo, de Fraternidad Patriótica Salvadoreña.

Además, se definirá la conformación de la Asamblea Legislativa a través de la votación de 60 diputados y diputadas tras la reforma que redujo ese número de representantes ciudadanos que antes era de 84. Mientras que el 3 de marzo se realizarán las elecciones para los ejecutivos municipales y los 20 escaños en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El Salvador: a las puertas de las elecciones, Bukele y su Asamblea desbaratan el sistema electoral

Las claves de la elección 

No todo es represión y una afinada estrategia de propaganda en la política de Bukele. Para alcanzar sus objetivos de concentrar todavía más poder, fue necesario hacer cambios de tipo legales. Estos son algunos puntos que tenés que saber:

  • La reducción del número de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de 84 a 60, vino acompañada de un cambio en la metodología de asignación de escaños, que antes se sustentaba en la fórmula de cocientes y residuos hacia el sistema D’Hondt o de asignación proporcional. Esta combinación de reformas, habilita escenarios en que la oposición obtenga 20% de los votos en un departamento y, sin embargo, no consiga ningún curul. Se abre así la puerta a un esquema de partido hegemónico o incluso, de partido único.
  • En las reformas también redujeron el número de alcaldías por municipio, de 262, a 44. Esto como respuestas a las críticas de las gestiones municipales que fueron asfixiadas financieramente por el propio Bukele, y que impactan en la imagen a nivel local de su partido. Para asegurarse que la mala imagen de sus alcaldes no impacte en la elección, decidieron separarlas. Una estrategia electoral, pero también política, que busca centralizar más el poder y reducir el margen del surgimiento de liderazgos locales.
  • La elección aparece como una de las más desiguales en años. Y es que el ambiente que se respira en El Salvador no es de contienda electoral, sino lo más parecido a un plebiscito, en donde la publicidad oficialista acapara casi en su totalidad los espacios en medios pautados, tanto tradicionales como digitales. El gobierno, además, recurrió en los últimos días a estrategias de corte clientelar y campaña de miedo para movilizar la participación, que se vislumbra podría ser baja.
  • Los altos índices de popularidad de Bukele y el poco conocimiento que hay de las candidaturas opositoras hacen pensar que ganaría cómodamente la reelección. Sin embargo, esto no basta. Y es que para sostener su narrativa de presidente más popular de latinoamérica (y del mundo) Bukele necesita también ganar con números récord.
  • La población en el exterior también jugará un papel en esta elección. Bukele estableció un mecanismo que garantice una amplia participación en lo que entiende uno de sus núcleos más radicalizados, principalmente de la población en Estados Unidos. Este formato electoral fue fuertemente señalado por la ausencia de mecanismos de validación de la identidad y de auditoría de los votantes. El resultado en el exterior podría consolidar el triunfo del oficialismo.
  • La oposición se presenta atomizada, con el FMLN como única expresión de izquierda que busca recuperar parte del terreno perdido estos años y reforzar la autoestima de su militancia. Especial atención a seguir en esta contienda será la posibilidad de reelección de Anabel Belloso, una de las políticas más queridas de la izquierda y que intentará ir por un tercer periodo en el departamento de El Salvador.

Una aproximación a la izquierda en El Salvador

  • La reelección fue legitimada por Estados Unidos, lo que evidencia el alineamiento de Bukele a los intereses de la derecha regional y desmonta la idea que todavía algunos sectores del progresismo latinoamericano sostienen del presidente salvadoreño como “antiimperialista”. En esa misma línea, un grupo de congresistas de corte progresistas, liderados por Ilhan Omar, enviaron una carta a la administración Biden, donde señalan la importancia de que el país del norte no mire hacia otro costado. También insistieron en la necesidad de cortar con la ayuda militar y policial al gobierno salvadoreño.

¿Qué deja la presidencia de Bukele?

“A pesar de que tenemos un país un poco más seguro que antes, Bukele no ha resuelto los principales problemas del país”, afirmó en diálogo con Marcha, Henry Barillas comunicador de Radio Bálsamo, radio comunitaria. “El Salvador ha retrocedido en todos los avances institucionales que había logrado luego de los acuerdos de paz de 1992. Ya no tenemos independencia de poderes y el poder está concentrado en el ejecutivo conformando un gobierno totalmente autocrático y que muchos dirían que ya somos una dictadura”, agregó.

Para el comunicador, “El Salvador está concluyendo una etapa con régimen de excepción que ha durado casi dos años, que ha metido a la cárcel a más de veinte mil personas que son inocentes y que fueron capturadas arbitrariamente y que hasta esta fecha, hay al menos doscientas veinticinco personas que han fallecido dentro de las cárceles, es decir, en las manos y en la responsabilidad del Estado”.

Sin embargo, Bukele “ha logrado capitalizar las emociones, los sentires de muchas personas, se ha ganado la popularidad y la aceptación de mucha gente y va a la reelección sin ninguna oposición fuerte para que pueda evitar de que se viole plenamente la Constitución. Y si gana, se convertirá en un presidente ilegal, inconstitucional”.

Para Anabel Belloso, la más reconocida candidata a diputada de izquierda en El Salvador, los retrocesos también se observan en las condiciones sociales  “estos 5 años del gobierno han significado retrocesos en materia de derechos humanos y también democráticos y en las condiciones reales de vida de la gente, de la gran mayoría de la población más vulnerable. La pobreza se ha duplicado, la pobreza extrema también”. 

Un aspecto poco analizado cuando se habla del presidente salvadoreño en el exterior, es su política económica, para Anabel, estas se alinean a un esquema de tipo neoliebral “hemos visto medidas y políticas más voraces donde se perdona impuestos a los grandes empresarios, no se da pasos por buscar un sistema tributario progresivo, sino que al contrario, se niegan a implementar medidas que puedan aliviar el bolsillo de las familias más pobres”.

Al igual que Henry, Anabel Belloso considera que la reelección incrementará “la persecución y represión ante aquellas voces que cuestionen sus abusos de poder, que disienten y que sean valientes de alzar la voz para denunciar las injusticias”.

¿Y cuáles son los desafíos?

Para Barillas y por fuera del contexto de elecciones, el desafío cotidiano para quienes integran los medios comunitarios en El Salvador es “mantener la voz crítica y la defensa de los Derechos Humanos” trabajando por “una comunicación social transformadora”, “promoviendo el pensamiento crítico, informando de forma veraz y contando las historias que no se cuentan en los otros medios”. Sobre todo en un contexto donde “las libertades están siendo desaparecidas como solo se había dado en tiempos de dictadura”.

Respecto al rol del FMLN, partido que supo consolidar las demandas populares durante mucho tiempo, Anabel señala que  “debemos fortalecer la lucha social, que es al lado del pueblo, al lado de las organizaciones, y también la lucha política y la labor político-diplomática que es fundamental, lo fue en otros contextos en el marco de la dictadura militar, y no dudo que con el esquema autoritario que hoy tenemos con este gobierno y que podría agudizarse en un posible segundo mandato, el FMLN puede jugar ese rol, estando pegado a la gente, siendo organizador y siendo movilizador”.

Frente a un panorama preocupante, queda aferrarse a las expresiones de resistencia. Si algo demuestra la historia salvadoreña y latinoamericana es que la vía popular y antiautoritaria se construye un paso a la vez.

Publicado originalmente en Marcha Noticias: 

GPS: ¿Qué significa la reelección de Bukele en El Salvador?

La prensa salvadoreña se encuentra bajo asedio en el contexto electoral

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Periodistas de medios de comunicación independientes y comunitarios y la prensa escrita han sido agredidos en el ejercicio de su labor por funcionarios o personas vinculadas al Estado, según denuncias presentadas ante el Centro de Monitoreo Electoral. Mientras, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de Derechos Humanos guardan silencio ante las denuncias y pedidos de diálogo.

Por Isela Espinoza

Acoso digital, restricciones al ejercicio periodístico, difamación, retenciones arbitrarias, ataques verbales y físicos o intimidaciones, son algunos tipos de agresión a los que la prensa salvadoreña se ha enfrentado durante el último mes de campaña electoral y los días previos a la elección de presidente, vicepresidente y 60 diputados para la Asamblea Legislativa.

Este domingo 4 de febrero 5,473,305 millones de salvadoreños están llamados a votar en el país y otros 741,094 votarán en 81 centros de votación instalados en 29 países. Sin embargo, en medio de la campaña electoral los periodistas de medios críticos a la gestión de Nayib Bukele, quien busca la reelección con el partido Nuevas Ideas (N), han sido víctimas de vulneraciones durante las coberturas diarias o de investigación.

“No tenemos reglas claras de cómo se va a garantizar el derecho al ejercicio periodístico”, dijo este sábado Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Cárcamo comentó que desde la organización buscaron el año pasado un diálogo con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño para exponer los riesgos de la prensa durante la cobertura de las elecciones. A través de una carta, el TSE respondió que tendrían una reunión con representantes de medios de comunicación a la cual serían invitados. Sin embargo, un día antes de los comicios no había sucedido el encuentro.

Foto de Prensa Comunitaria

Además, denunció que en las elecciones de 2019 advirtieron que en los reglamentos del Código Electoral y en los instructivos de las Juntas Receptoras de Votos no aparecen con claridad los derechos que tienen los periodistas para ejercer su labor en el interior de los centros de votación.

Durante una conferencia de prensa este sábado 3, la APES denunció que, de enero al 3 de febrero, el Centro de Monitoreo Electoral registró 64 vulneraciones hacia periodistas. Según el reporte, San Salvador acumuló 15 agresiones; Morazán, siete y Ahuachapán, tres. En tanto, las agresiones a través de redes sociales fueron realizadas el 38% en X y una a través de Facebook.

Estos datos reflejan la situación de los periodistas de medios de comunicación independientes o que tratan de sobrevivir al hostigamiento de los funcionarios y personas vinculadas con el Estado, entre ellos algunos creadores de contenido cuyo papel es deslegitimar el trabajo periodístico.

La Asamblea Legislativa es uno de los espacios en donde se observa la presencia de un alto número de “Youtubers” o “Tiktokeros” que transmiten en vivo las declaraciones de los diputados previo a iniciar o al finalizar alguna sesión plenaria. En un espacio limitado, más de 20 creadores de contenido se mezclan entre pocos los periodistas que cubren este organismo. Ante preguntas incómodas para los diputados oficialistas o aliados, estos plantean provocaciones o críticas hacia quien se atreve a salirse del guion.

Para los periodistas salvadoreños estos personajes son uno de los principales riesgos que han identificado para la jornada electoral. No caer en las provocaciones son algunas de las recomendaciones que han dado las salas de redacción. Bajo este contexto, el temor y ansiedad son algunos de los sentimientos que han experimentado los reporteros. Las agresiones por parte de los policías o militares que piden borrar el material periodístico también es otra de las preocupaciones para este domingo que, por primera vez, según analistas, se observa un nivel bajo de Misiones de Observación Electoral.

El Centro de Monitoreo Electoral de la APES señala que un 18% de las agresiones son declaraciones estigmatizantes, otro 18% es acoso digital y restricción al ejercicio periodístico, un 9% son difamaciones y acoso en general. Además, el reporte también resalta afectaciones graves como las retenciones arbitrarias, amenazas legales, ataques verbales, agresiones físicas y comentarios de vulneraciones por condición de género. Entre los principales agresores se encuentran: funcionarios públicos, Fuerza Armada, empleados públicos, medios de comunicación y partidos políticos vinculados al Gobierno de Nayib Bukele.

En las elecciones de 2019, el Centro de Monitoreo Electoral registró 26 casos y este año se reportan 24. Pero las vulneraciones han aumentado, es decir, la reincidencia del hecho denunciado que puede tener un periodista.

“En el departamento de Ahuachapán tenemos el caso de una periodista que estaba entrevistando a un candidato y el actual alcalde de la zona le tomó fotos, la subió a redes sociales y la amenazó por el trabajo que estaba realizando. Mientras, esta semana una fotoperiodista que captó imágenes de empleados del Estado repartiendo bolsas de alimentos, que en el silencio electoral no deberían hacerlo, fue retenido por estas personas e intimidada para que borrara las fotografías e incluso la amenazaron de que se la podían llevar presa”, evidenció Cárcamo.

Otra de las vulneraciones que ha tenido la prensa es la entrega a destiempo de las acreditaciones por parte del TSE. Esto podría obstaculizar el trabajo periodístico de quienes habitan en los departamentos del país y deben recorrer varios kilómetros hacia la sede del TSE ubicada en San Salvador para recoger el documento. El no portarlo podría generar una excusa para no dejar ingresar a los periodistas a los centros de votación.

“Estas elecciones por ser peculiares se corre el riesgo de que pueda haber decisiones unilaterales de los encargados de los centros de votación y que puedan sacar a los periodistas que no sean de interés para ellos”, agregó Cárcamo.

Por otro lado, también denunció que no han logrado establecer comunicación con la Procuraduría de los Derechos Humanos. “Como periodistas van a un evento electoral en donde, desde estas instituciones del Estado, no ha habido un acercamiento para poder articular esfuerzos para mediar cualquier situación de riesgo de la prensa”, denunció la presidenta de APES.

Estigmatización del trabajo de la prensa

Los discursos en contra de la prensa, el presidente Nayib Bukele los maneja desde sus redes sociales en donde los tacha de “mentirosos” o que reciben dinero de “agendas ocultas”. Esta semana, previo a las elecciones, sus mensajes han aumentado en contra del gremio que ha publicado casos de corrupción o de negociaciones con las pandillas.

Para el relator de Libertad de Expresión de la APES, Gabriel Labrador, la retórica de Bukele es “una muestra de lo incómodo que se siente con las publicaciones recientes de la prensa”. Atacar a los periodistas es una de las estrategias de los gobiernos intolerantes y poco transparentes, enfatizó.

En 2023 se registraron 311 agresiones hacia la prensa de las cuales el 65% ocurrieron en el espacio digital. Esto representó un aumento del 50% de lo que se reportó en 2022. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas inició en 2018. En ese año se registraron 60 agresiones.

Labrador también resaltó que durante los 23 meses del régimen de Excepción también ha aumentado la autocensura desde los periodistas hasta directores de los medios de comunicación. A través de un estudio sobre la libertad de expresión durante el régimen también reveló que el miedo surge a partir de la regresión y vulneración a los derechos humanos.

“Los periodistas hemos notado una presión constante a guardar silencio sobre los temas. El régimen de Excepción no solo sirve para encarcelar a los pandilleros, sino que se han modificado alrededor de 18 leyes y algunas de ellas que en su conjunto obligaban a la prensa a no informar sobre procesos de violencia o pandillas”, declaró el relator.

Entre las reformas que se modificaron se encuentra una al Código Procesal Penal que castigaba con cárcel de 15 a 20 años al medio de comunicación o periodista que emitiera un mensaje proveniente de pandillas y que causara zozobra o pánico en la población. Sin embargo, Labrador resaltó que la redacción de esta modificación era ambigua e intimidatoria lo que provocó el exilio de 10 periodistas en 2022. Mientras, en 2023 preventivamente salieron del país cinco periodistas. Algunos han regresado, otros prefieren no revelar su estatus y uno abandonó el ejercicio periodístico.

En noviembre del año 2023, estas restricciones denominadas Ley Mordaza se eliminó tras 19 meses de vigencias. Pero aún existen otras reformas de ley que pueden utilizarse en contra de los periodistas. “Con haber quitado esas reformas no ha mejorado el clima de libertad de prensa y por el contrario se mantiene en regresión”, señaló Labrador.

Ante el escenario de la reelección inconstitucional de Bukele, los periodistas salvadoreños denuncian que el acoso y la criminalización quizás no ocurra el día de las elecciones sino después del proceso.

Labrador coincidió con estas afirmaciones y agregó que uno de los escenarios es que Bukele se sienta “con una carta blanca para cerrar medios, organizaciones de la sociedad civil porque en esta gestión demostró que el respeto a las leyes no es importante” para él. Además, no descartó que utilice a las Fuerzas Armadas o la policía cuando las personas o gremios se manifiesten.

Los periodistas independientes lamentan que la narrativa que el presidente controla desde sus redes sociales hacia los periodistas polarice y divida más a la sociedad en cuanto a la labor de la prensa. “Es lamentable que la mayoría de la población se crea fácilmente el discurso del Gobierno: que somos enemigos del pueblo, que estamos afectando el proyecto de Bukele y que somos mentirosos”, concluyó Labrador.

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El Salvador: una elección bajo estado de Excepción y las calles militarizadas

El Salvador: una elección bajo estado de Excepción y las calles militarizadas

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El despliegue de las fuerzas armadas preocupa a opositores y sociedad civil, acciones que califican como intimidación a los votos de oposición o de descontento.

Por Isela Espinoza

Ser joven, mujer y con un vestuario “diferente” al resto de personas que transitan por las calles de San Salvador, la capital de El Salvador, podría ser un indicio “sospechoso” y una causa para que los militares detengan a una persona.

El martes 30 de enero, durante un recorrido por el centro del país, se observó una escena que quizá para algunos salvadoreños es “normal”, para otros aceptable y para otro porcentaje revela cómo se encuentran los derechos humanos en el país centroamericano que este domingo 4 de febrero acude a las urnas para elegir a presidente y 60 diputados para la Asamblea Legislativa.

Cinco militares caminan detrás de una joven. Tres aceleran el paso y consiguen rodearla. Otro se acerca para cuestionarla. Mientras, el quinto resguarda el resto de la escena. La joven voltea y ante la intimidación, tira su mochila hacia el suelo y con fuerza lanza cada una de sus pertenencias hacia el militar que observa lo que lleva. La escena se registró ante la mirada de transeúntes que prefirieron guardar distancia o cambiar de banqueta.

“El Gobierno está utilizando la militarización como una estrategia de intimidación, de control social y control político. Estamos observando que la Fuerza Armada (FAES), junto a la Policía, ha sido la causante de miles de detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción”, dijo David Morales, jefe de Justicia Transicional de la organización Cristosal a La Prensa Gráfica.

Cinco días antes de la elección presidencial y Legislativa, el Gobierno de Nayib Bukele aumentó el despliegue de militares por las calles populares de San Salvador. Sin embargo, en áreas como la Zona Rosa estas escenas no se observan.

Organizaciones de derechos humanos, periodistas y otras voces de la sociedad civil destacan que el despliegue de las fuerzas armadas recuerda la época del Conflicto Armado Interno (1979-1992) en El Salvador.

En tanto, los candidatos opositores también han denunciado en los últimos días la militarización y cómo Bukele a través de sus discursos busca borrar lo alcanzado en los Acuerdos de Paz firmados en 1992.

“Los Acuerdos de Paz no fueron una farsa. Vivimos una guerra y no debemos volver a eso. El Gobierno actual quiere olvidarse de los Acuerdos de Paz precisamente porque los está violando. Tiene militarizada a la sociedad salvadoreña, tiene militarizada la seguridad pública. Ha ocupado a la fuerza armada como un actor político para instalar su dictadura”, afirmó Luis Parada, candidato a la presidencia del partido Nuestro Tiempo (NT).

El discurso del miedo también se replica en los anuncios del Gobierno divulgados en los canales de televisión nacional o medios escritos como Diario El Salvador en donde resaltan mensajes en contra de la oposición, que, según la retórica, buscan liberar a los pandilleros y retroceder “los logros ganados en la guerra” contra estos “grupos criminales”.

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El Salvador: candidatos opositores denuncian ilegalidades en campaña electoral

Uno de los anuncios retrata a un joven que maneja su auto mientras escucha la destitución del presidente de la República por la Asamblea Legislativa luego que los diputados no lograran la mayoría en el hemiciclo. Le sigue otro hecho que señala la liberación de 40,000 pandilleros por parte del fiscal general “nombrado por la oposición sumiendo al país en el terror”. En cada anuncio, el joven cuestiona asombrado lo que escucha. Luego unos presuntos pandilleros dan golpes insistentes en la ventana de su auto para asaltarlo.

La escena sumerge al ciudadano en ansiedad, quien aturdido “despierta de la pesadilla” tras escuchar la voz de su madre quien le recuerda que es el día de las elecciones. “Este 4 de febrero, no te durmás, salí a votar”, finaliza el spot de un minuto. Aunque termina sin mencionar a ningún partido, el discurso es el mismo que maneja Bukele para llamar al voto para su reelección, calificada de inconstitucional, y para los candidatos a la Asamblea Legislativo por el partido oficialista Nuevas Ideas (N).

Para la candidata a la Asamblea Legislativa por San Salvador del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), Anabel Belloso, estos anuncios y los discursos del presidente forman parte de “utilizar el miedo como una estrategia”.

“Ellos utilizan muchos símbolos. Por ejemplo, las capturas de líderes sindicalistas o defensores de derechos humanos obedecen a mandar un mensaje y lastimosamente afecta la vida de estas personas porque no hay causas legales en esas capturas. Pero funcionan como una advertencia a la población”, opinó Belloso.

El Salvador cerró el año 2023 con una tasa de 3,4 homicidios por cada 100.000 habitantes (2,4 según el Gobierno, que excluye del conteo los homicidios provocados por las fuerzas de seguridad). En 2015, la tasa fue de 106, la más alta del mundo. Otros delitos relacionados con el actuar de las maras o pandillas, como la extorsión o la desaparición de personas, también presentan mínimos históricos tras 23 meses de haberse decretado el estado de excepción.

Tanto Belloso como Parada coinciden en que la sociedad salvadoreña no iba a las urnas bajo un estado de Excepción desde las dictaduras militares. Sin embargo, Belloso resaltó que la militarización ha sido parte del Gobierno de Bukele desde el inicio de su gestión.

“Lo vimos entrar a la Asamblea Legislativa con los militares. El tema de abuso de poder obviamente se expresa a través de ellos y esa es una de las estrategias que hoy tienen. Llenar las calles de todo el país con militares haciendo que esa institución cumpla y se apegue más a la agenda política del Gobierno que a los mandatos constitucionales”, lamentó la diputada que actualmente busca reelegirse para un tercer y último periodo.

Se espera que 5.4 millones de salvadoreños acudan a las urnas el domingo 4 de febrero. Foto Prensa Comunitaria

Opiniones divididas

En las calles de San Salvador la mayoría de personas prefiere no opinar sobre el número de policías y soldados desplegados en las plazas o calles del país. Quienes deciden hablar aseguran que volverán a votar por Bukele debido a que ha logrado controlar los homicidios cometidos por las pandillas.

Un ciudadano cuestionado sobre la reelección del presidente comparó la gestión de los gobiernos de Arena y el FMLN y según su percepción, estuvieron más de 10 años en el poder y “no lograron resultados en seguridad”. “Toda la población está feliz”, expresó.

Otra persona se mostró a favor de la reelección de un partido, pero no del presidente. En tanto, existe un porcentaje de la población que prefiere no acudir a las urnas a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó que en estas elecciones los ciudadanos pueden emitir su voto con el Documento Único de Identidad (DUI) o pasaporte vencido.

La abogada y analista Ruth López señaló que la oposición ha perdido credibilidad ante la población debido a los casos de corrupción. En el caso del FMLN bajó su popularidad en 2012 y Arena en 2021. Mientras, los partidos políticos de reciente creación les ha costado posicionarse por la falta de recursos. El FMLN y Arena dominaron la política salvadoreña tras la guerra civil salvadoreña (1980-1992), hasta que Bukele en 2019 rompió ese bipartidismo al ganar la Presidencia.

En esta contienda participan 11 partidos políticos de los cuales solo seis inscribieron candidatos a la presidencia: ARENA, FMLN, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Fuerza Solidaria (FS), Nuestro Tiempo (NT) y el oficialista Nuevas Ideas (N).

En las últimas encuestas realizadas del 3 al 8 de enero con mil 904 personas, Bukele, obtuvo un 70.9% de la intención de voto. Relegados con un 2.9% figuró el candidato de la exguerrilla del FMLN, el exdiputado Manuel Flores. La derechista Arena, con el empresario Joel Sánchez, figura con un 2.7%, y el candidato de Nuestro Tiempo Luis Parada, con 1.1%. Un 21.2% se abstuvo de opinar o anuló su voto.

El Salvador se prepara para elecciones este domingo 4 de febrero. Foto Prensa Comunitaria

El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que había sido nombrada por el Congreso de mayoría opositora sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución.

Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser “leales” al Ejecutivo de Bukele, apuntaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años. El mandatario recibió el 30 de noviembre de 2023 una licencia del Congreso por seis meses para lanzarse a la campaña de reelección.

Organismos internacionales también han señalado las graves violaciones a los derechos humanos y el deterioro del Estado de Derecho en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido una serie de lineamientos que definen que para que las elecciones sean íntegras se requieren: garantían judiciales, mayor transparencia, una administración electoral independiente, seguridad y publicidad del conteo de votos, equidad de recursos para competir y claridad de las normas jurídicas electorales.

“El Gobierno de Bukele ha incumplido estos estándares mínimos para el ejercicio de los derechos políticos”, afirmó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

El candidato presidencial de Nuestro Tiempo advirtió que el actual mandatario está “sembrando las semillas que con el tiempo resultarán en conflictos”. Al menos 5.4 millones de salvadoreños acudirán a las urnas este domingo y otras 741,094 votarán en el exterior para elegir a presidente y vicepresidente y 60 diputados para la Asamblea Legislativa.

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Pacto de Bukele con pandillas incluyó persecución de un exministro que supo cómo se preparó la negociación

¿Puede el Ministerio Público denunciar a la Unión Europea a través del SICA?

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El Ministerio Público de Consuelo Porras ha salido al paso de las sanciones de la Unión Europea y anuncia que se reserva el derecho de accionar legalmente a través del SICA por las sanciones en su contra y otros fiscales.

Por Regina Pérez

El comunicado emitido por el Ministerio Público (MP) ante las sanciones anunciadas por la Unión Europea (UE) contra la fiscal general, Consuelo Porras, su secretario general, Ángel Pineda y los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales han generado todo tipo de opiniones debido a que el ente investigador anunció que se reserva las acciones legales de forma unilateral o desde el espacio del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) del cual Guatemala forma parte.

Las medidas restrictivas anunciadas el viernes 2 de febrero por el Consejo de la UE contra Porras y sus fiscales, así como contra el juez Fredy Orellana se debe a que con sus acciones socavaron la democracia, el Estado de Derecho o la transición pacífica del poder en Guatemala.

En un comunicado que difundió el ente investigador, Consuelo Porras anunció que estas sanciones constituyen una abierta violación a la autonomía e independencia del Ministerio Público, una institución fundamental del Estado de Derecho de Guatemala que como país miembro del SICA ratificó el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica por lo que desde ya la institución se reserva las acciones legales bien sea de forma unilateral o desde el espacio multilateral del SICA “de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional Público que pudieran corresponder en contra de la Unión Europea”.

Lo anterior ha generado varias reacciones por diversas razones. “Es todo un absurdo”, indicó el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien señala que el propósito del SICA está relacionado con la integración de los países centroamericanos.

“Dista mucho de convertirse en una autoridad que vaya en defensa de individuos cuya actuación dista mucho de tener que ver con el propósito del SICA, no sé dónde sacaron ese fundamento”, expresó.

Para el politólogo Jorge Wong, es posible que el MP pueda realizar un reclamo a través del SICA, pero indica que eso no ha ocurrido nunca. Podría ser posible si en este momento se unieran pudieran lograr una cuestión de ese tipo, pero ¿Cuánto va a caminar? Ahí tiene que ver la negociación política de parte de los Estados, no solo Guatemala, cuestionó.

Este Sistema se constituyó en 13 de diciembre de 1991, cuando los países centroamericanos firmaron el Protocolo de Tegucigalpa, como un nuevo marco jurídico-político para todos los niveles y ámbitos de la Integración Centroamericana en aspectos económicos, sociales y culturales, políticos y ecológicos que permitieran visualizar un desarrollo integral para la región.

En redes sociales, el anuncio del Ministerio Público causó cuestionamientos. Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, indicó que la institución en posible abuso de autoridad y posible usurpación de funciones de la Cancillería de Guatemala amenaza a la UE con denunciarlos a través del SICA por sancionar a funcionarios del MP. “La Cancillería de Guatemala debiera evaluar tomar acciones”, expresó.

Sanción es contra individuos, no institución

El exjefe de la FECI, Sandoval, comentó que las sanciones de la Unión Europea son en contra de individuos que trabajan en el MP y no están condenando a la institución. Denota mucho el actuar de las autoridades que usan la plataforma institucional para la defensa de individuos que fueron sancionados, indicó.

Otro aspecto es que las personas señaladas invocan el respeto de principios que corresponden al proceso penal, cuando en la Unión Europea no les han iniciado un proceso penal por la posible comisión de delitos.

Por su parte, Wong hizo ver que lo principal son las pruebas de descargo para demostrar a la UE que está equivocada en lo que está diciendo. “Esa sería la ruta más correcta, a los hechos deberíamos remitirnos en estas cuestiones de política internacional”, señaló.

Llama la atención que en el comunicado del Ministerio Público se hizo referencia al Consejo Europeo en lugar del Consejo de la UE, que fue el que aplicó las medidas, lo cual para Sandoval es un disparate.

Las sanciones de la Unión Europea en contra de Porras, Pineda y los fiscales Curruchiche y Morales se suman a las medidas aplicadas ya por el gobierno de Estados Unidos en distintos momentos contra la fiscal general, el secretario general del MP y los fiscales de la FECI por su involucramiento en actos de corrupción y persecución de operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

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Unión Europea sanciona a Consuelo Porras, Fredy Orellana y a fiscales del caso Semilla

Pacto de Bukele con pandillas incluyó persecución de un exministro que supo cómo se preparó la negociación

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Preso desde septiembre de 2021 por un supuesto caso de corrupción, un exministro de seguridad que se enfrentó con la MS13 y el Barrio 18 se enteró de que Bukele negociaba con las pandillas desde 2018.

Mauricio Ramírez Landaverde, encarcelado por orden del fiscal general leal al presidente Nayib Bukele, denunció persecución política en su contra motivada por el pacto entre las pandillas MS13 y Barrio 18 y el actual gobierno salvadoreño.

Por Héctor Silva Ávalos

El comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de seguridad pública y exdirector de la Policía Nacional Civil de El Salvador, debería de estar libre, fuera de la cárcel en la que el sistema penitenciario, controlado por el presidente Nayib Bukele, lo metió hace casi dos años y medio, acusado de actos arbitrarios en un caso judicial que la fiscalía, también a las órdenes del presidente, no ha podido probar en dos años. Dos tribunales diferentes han ordenado la libertad provisional de Ramírez, pero a pesar de que mantenerlo preso es ilegal, el director de cárceles del gobierno se ha negado a liberarlo.

Ramírez Landaverde asegura que el gobierno salvadoreño lo detuvo y no quiere soltarlo porque él, cuando era el jefe máximo de la fuerza policial y de la inteligencia anticrimen, fue informado de que las poderosas pandillas MS13 y Barrio 18 preparaban un pacto electoral y de gobernabilidad con Bukele, entonces alcalde de San Salvador, la capital.

La última vez que un tribunal ordenó la liberación de Ramírez Landaverde fue el pasado 11 de diciembre de 2023, cuando el Quinto de Sentencia de San Salvador emitió orden de libertad luego de que se cumplieron dos años de detención provisional sin que la Fiscalía General haya podido probar los crímenes de los que lo acusa. El gobierno de Bukele, sin embargo, se ha negado a dejar en libertad el exfuncionario. El 21 de diciembre, el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) puso un aviso penal ante la fiscalía por los delitos de desacato judicial, privación de libertad por funcionario o empleado público y actos arbitrarios contra Osiris Luna, el director carcelario del gobierno Bukele, y contra Juan José Ramírez Montano, el director del Centro Penal La Esperanza, donde Ramírez Landaverde está recluido.

Ramírez Landaverde, como la mayoría de quienes han sido detenidos durante el gobierno Bukele, tanto antes como durante el régimen de excepción decretado el 22 de marzo de 2022 y que persiste hasta ahora, perdió contacto con su familia cuando entró a la cárcel y apenas ha podido hablar con su abogado. Antes de desaparecer en el agujero carcelario, sin embargo, hizo una denuncia a la procuradora para la Defensa los Derechos Humanos (PDDH), una funcionaria que llegó al puesto gracias al apoyo de los diputados de Bukele y que ha guardado silencio ante denuncias de abusos carcelarios.

En su denuncia, Ramírez Landaverde asegura que su captura es parte del pacto que el candidato presidencial Nayib Bukele hizo con las pandillas aun antes de acceder a la presidencia del país. Desde que Bukele era alcalde, dice el exministro de seguridad, él sabía que los pandilleros habían acordado apoyar al “movimiento político” del futuro presidente.

“Por las responsabilidades que ocupamos en el ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la Policía Nacional Civil… recibimos información de las instituciones y entidades responsables de la inteligencia y de otras a cargo de la obtención, análisis y procesamiento de información sobre peticiones, pláticas y entendimientos entre miembros de pandillas con representantes del movimiento político que participaría en las presidenciales de 2019 y que ahora es el partido en el gobierno”, escribió el exministro en el escrito que presentó a la PDDH el 5 de octubre, poco menos de un mes después de que la policía de Bukele lo detuviera por primera vez.

Después de aquella primera captura, el 9 de septiembre de 2021, el juzgado segundo de instrucción de San Salvador, a cargo de conocer el caso en primera instancia, otorgó medidas sustitutivas a la prisión de Ramírez Landaverde y a otros cuatro acusados, todos subalternos del exministro. Pedro Cruz, el abogado de Ramírez, salió optimista de esa audiencia: la jueza, dijo el letrado, había “señalado deficiencias serias en la investigación de la Fiscalía”. El tribunal impuso una fianza relativamente baja: USD 5,000. La alegría duró poco.

La fiscalía apeló y el caso pasó a conocimiento de un tribunal de apelaciones. Mientras ese juzgado estudiaba mandar a Ramírez de nuevo a la cárcel, un acto disciplinario se gestaba en el Judicial: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada también por magistrados leales a Bukele, envió a Edelmira Violeta Flores Orellana, la jueza que había dado arresto domiciliar a Ramírez, al exilio en un tribunal en las afueras de San Salvador. Al final, la fiscalía consiguió una nueva orden de captura a principios de diciembre de 2021. Al enterarse, el exministro se seguridad se entregó a la Policía Nacional Civil, de la que él había sido el jefe y desde la cual, según lo dijo a la procuradora de Defensa de Derechos Humanos, reunió la primera información sobre el pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y las dos pandillas más importantes del país.

Copia de la denuncia hecha por el exministro Mauricio Ramírez Landaverde ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.

Antes de ir por segunda vez a prisión, Ramírez Landaverde dejó escrito: “En dichas negociaciones (del pacto pandillero) se trató el punto de represalias a futuro que el nuevo gobierno debería tomar contra los funcionarios que integrábamos en ese momento el gabinete de seguridad, por lo cual estamos convencidos de que la persecución política de la que somos víctimas actualmente responde al cumplimiento de tal exigencia que en su momento se discutió y que se está materializando con la persecución penal y administrativa en nuestra contra, sin elementos de prueba ni fundamentos jurídicos”. Lo escribió el 5 de octubre de 2021 pero el documento no había sido público hasta ahora. La PDDH nunca investigó los alegatos.

El pacto entre Bukele y las pandillas volvió a la mesa a mediados de noviembre pasado, cuando policías mexicanos y estadounidenses detuvieron a Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los máximos líderes de la MS13 a quien un funcionario cercano a Bukele sacó ilegalmente de una cárcel y lo llevó hasta Guatemala, de donde viajó a México.

En enero de este año, el periódico digital El Faro publicó audios y otras pruebas de que el jefe de una división especial de la policía salvadoreña había intentado entregar dinero al Cartel Jalisco Nueva Generación para que regresara al Crook a El Salvador. Para entonces, los funcionarios de Bukele sabían que agentes estadounidenses habían ubicado al jefe pandillero y estaban en pláticas con los mexicanos para capturarlo y llevarlo a Nueva York, donde es reclamado por actos de terrorismo. Una de las primeras cosas que el Crook dijo a sus captores es que el gobierno salvadoreño le había facilitado un arma de fuego durante su huida.

Las primeras investigaciones sobre el pacto pandillero de Bukele

Agentes federales de los Estados Unidos y subcontratistas del Departamento de Justicia han investigado el pacto de gobernabilidad entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas MS13 y Barrio 18 desde al menos 2018, incluso, antes de que Bukele ganara las elecciones presidenciales en febrero de ese año. Las primeras fuentes de información de los norteamericanos fueron los mismos pandilleros y datos interceptados por la inteligencia estatal, sobre todo la penitenciaria, cuyos informes recibía de forma regular Mauricio Ramírez Landaverde cuando fue ministro de seguridad en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Los pactos pandilleros con gobiernos salvadoreños habían empezado mucho antes. Entre 2011 y 2012 se gestó el más importante, conocido como La Tregua, durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Cuando Sánchez Cerén, el jefe de Ramírez Landaverde, llegó a la presidencia en 2014, aquella tregua se había roto. Los líderes de la MS13 y el Barrio 18, sin embargo, emprendieron una nueva negociación, esta vez con un joven político en ascenso, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien empezaba a perfilarse como candidato presidencial.

Las investigaciones de la policía y la fiscalía salvadoreñas sobre los acercamientos entre los jefes pandilleros y el movimiento político de Nayib Bukele, habían empezado en 2018. Aquel año, un fiscal llamado Álvaro Rodríguez estaba a cargo de un expediente de investigación en el que aparecían nombres de asesores cercanos a Bukele, como el de Ernesto Sanabria, su actual secretario de prensa, según reveló una investigación publicada por el medio especializado InSight Crime.

El fiscal Rodríguez y los investigadores hicieron seguimientos e intervinieron teléfonos. Detectaron que el 18 de diciembre de 2018, Vicente Ramírez, un jefe de vendedores informales que para entonces servía de enlace entre los pandilleros en las calles del centro de San Salvador y los jefes de la MS13 presos en la cárcel de máxima seguridad del país, se reunió con Sanabria. Uno de los enlaces de Ramírez era Cristina Esmeralda Vásquez de Grijalva, cuñada de Borromeo Henríquez, alias Diablito de Hollywood, uno de los máximos líderes de la MS13. A Sanabria el Departamento de Estado en Washington lo ha incluido en una lista de funcionarios antidemocráticos y corruptos, la llamada Lista Engel.

Seguimientos posteriores ordenados por los fiscales detectaron también reuniones con otros funcionarios cercanos a Bukele, como el actual alcalde de San Salvador, Mario Durán, y Carlos Marroquín, quien luego se convertiría en secretario presidencial de tejido social y el principal enlace del presidente Bukele con los líderes pandilleros que negociaron el pacto de gobernabilidad.

El Departamento del Tesoro del gobierno Biden en Washington sancionó a Marroquín y lo señalan de ”negociar” con las pandillas en nombre de Bukele. El Departamento de Justicia, a través de una fuerza especial de tarea llamada Vulcano, preparó una acusación criminal contra Marroquín, según reportó la agencia Reuters en diciembre de 2021; esa acusación se estancó por razones políticas de acuerdo con dos funcionarios del gobierno Biden que hablaron con Infobae bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público.

Una de las principales tesis de la fuerza Vulcano, que empezó a colaborar activamente con los fiscales salvadoreños que habían detectado los tratos de Bukele en San Salvador, es que aquellos entendimientos se convirtieron luego en un pacto que incluía a todo el país y que fue gestado con los líderes máximos de las pandillas, como Diablito de Hollywood o Élmer Canales Rivera, alias Crook, el jefe al que Carlos Marroquín, el ayudante de Bukele, ayudó a escapar de una cárcel salvadoreña.

Fue eso, la génesis del pacto pandillero, lo que la inteligencia penitenciaria detectó durante la gestión de Mauricio Ramírez Landaverde como ministro de seguridad en el gobierno que antecedió al de Bukele y al que luego los hombres del presidente, incluido el fiscal general, metieron preso.

Exministro Mauricio Ramírez Landaverde

Un exfuncionario de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador y un subcontratista del gobierno estadounidense familiarizado con las investigaciones de las agencias del gobierno Biden en el país centroamericano confirmaron que los subalternos de Ramírez en la policía y en el sistema penitenciario alimentaron los expedientes sobre los pactos entre Bukele y las pandillas. A la postre, ya en 2020, en plena pandemia de coronavirus y antes de que Bukele la controlara, la FGR, apoyada por la fuerza estadounidense Vulcano, juntaron todas aquellas investigaciones en un solo expediente al que, por su alcance y tamaño, llamaron Caso Catedral.

Las tiendas de las cárceles y el funcionario cercano al presidente

En esencia, Rodolfo Delgado, el fiscal general que diputados de Bukele eligieron de forma ilegal el 1 de mayo de 2021, acusa a Ramírez Landaverde de apropiarse de fondos obtenidos por una asociación creada para administrar dineros provenientes de la red de tiendas penitenciarias, donde los miles de reos del sistema compran productos básicos de higiene, comida y otros, como cigarrillos.

Las tiendas penitenciarias ya eran fuentes de corrupción a principios de siglo. Entre 2009 y 2014, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, jugaron un rol importante en la tregua que aquel gobierno pactó con las pandillas MS13 y Barrio 18 para canalizar fondos hacia adentro y hacia afuera de las cárceles, según confirmó a Infobae un alto jefe policial que conoció de cerca aquellas negociaciones.

En 2016, cuando Mauricio Ramírez Landaverde era el ministro a cargo del sistema penitenciario, la contraloría estatal salvadoreña hizo un examen al sistema de tiendas y detectó que los fondos se manejaban de forma opaca. Los auditores recomendaron crear un mecanismo para supervisar mejor el dinero y sugirieron, entre otras cosas, crear un asociación público-privada para administrarlo; nació así ASOCAMBIO, una entidad sin fines de lucro.

Fue el mismo Nayib Bukele quien en junio de 2019, días después de ser juramentado como presidente del país, dijo que Ramírez Landaverde y otros funcionarios habían desviado USD14 millones a través de ASOCAMBIO. El presidente no presentó pruebas ni explicó si la fiscalía general tenía abierto un expediente. Fue dos años después, en 2021, cuando ya Bukele había nombrado a un fiscal general completamente leal a él, que la acusación presidencial se convirtió en un caso criminal, y fue entonces que el vía crucis de Ramírez Landaverde empezó.

El expediente judicial contra Ramírez, a parte del cual Infobae ha tenido acceso, no es abundante en pruebas. Los fiscales apenas han podido demostrar movimientos por unos USD 400,000 de las cuentas de ASOCAMBIO y no han podido acreditar que ese dinero haya ido a parar a cuentas del exfuncionario.

Rodolfo Delgado, el fiscal general al que Bukele y sus diputados impusieron tras ganar la super mayoría en el Congreso en 2021, no ha desistido en su empeño de mantener preso a Ramírez Landaverde a pesar de que un juez de primera instancia y otro de apelaciones lo han beneficiado con arresto domiciliar, y de que uno de esos juzgadores advirtió a la fiscalía de la debilidad de su prueba. Cuando, en diciembre de 2023, Ramírez cumplió dos años de arresto preventivo -el máximo permitido por la ley salvadoreña- y un tribunal volvió a ordenar su liberación, los fiscales a las órdenes de Delgado se apresuraron a apelar la decisión. Así, el exministro de seguridad pública a quien la inteligencia penitenciaria avisó que un pacto se cocinaba entre el hombre que se convertiría en presidente del país y los máximos líderes de la MS13 y el Barrio 18 presos, sigue en prisión, recluido del mundo y de la posibilidad de explicar con más amplitud qué vio en aquellos informes de inteligencia.

Delgado ha conocido un caso diferente que involucra también al dinero de las tiendas penitenciarias. Este caso, en el que fiscales anteriores sí recabaron pruebas contundentes, involucra a Osiris Luna Meza, el director carcelario nombrado por Nayib Bukele, y a quien el gobierno de Biden también ha acusado de corrupto y ha investigado, entre otras cosas, por el pacto pandillero.

De Luna Meza, el Departamento de Estado en Washington dijo en 2021 que está implicado en “corrupción significativa relacionada con contratos gubernamentales y sobornos”. Y en su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo de 2022, el gobierno de Biden escribió: “las pandillas acordaron reducir dramáticamente el número de homicidios en el país a cambio de varias demandas, incluida la protección del gobierno a ciertos líderes pandilleros para evitar la extradición a Estados Unidos”; uno de los gestores de ese acuerdo, dicen los estadounidenses, es Osiris Luna.

Antes del fiscal general Delgado, los fiscales que investigaron a funcionarios del presidente Bukele, apoyados por los agentes estadounidenses, lograron determinar que Osiris Luna y su madre, Alma Yanira Meza, formaron una red que desvió USD 8.1 millones de las tiendas penitenciarias y que esa red creó 10 plazas fantasmas por las que Luna cobró USD 278,353.48.

Delgado nunca tocó aquellos expedientes, los que sus antecesores en la fiscalía habían reunido en el llamado Caso Catedral. Lo que sí hizo en fiscal general de Bukele fue allanar las oficinas de los investigadores que habían trabajado en los casos contra Meza y otros funcionarios de Bukele, incluidos sus hermanos, su jefa de gabinete, varios de sus ministros y algunos de sus asesores extranjeros. Y lo que también hizo Delgado fue meter en la cárcel a uno de los primeros exfuncionarios que detectó el pacto entre el presidente y los jefes de la MS13 y el Barrio 18.

Dos resoluciones judiciales reconocen al periodismo comunitario, pero todavía hay camino por recorrer

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Este 31 de enero, dos juzgados en el oriente del país, uno en Puerto Barrio, Izabal, y el otro en Chiquimula, resolvieron a favor de dos periodistas comunitarios que esperaron varios años por lograr justicia. Los hechos que llevaron a Carlos Choc a ser criminalizado por una transnacional extractiva y, a Norma Sancir por las fuerzas policiales, buscaban desacreditar su labor periodística y su rol como actores comunitarios, con el propósito de desmovilizarlos.

En la actualidad, el periodismo comunitario, fuertemente vinculado a las realidades y necesidades de los pueblos (predominantemente indígenas) a los que describe para el mundo entero, continúa ejerciéndose con limitaciones ante la falta de reconocimiento que puede facilitar condiciones de violencia y criminalización.

De esa cuenta, las agresiones contra la prensa se mantienen. Solo en 2023, se registraron 277 casos, la mayoría de los cuales, rara vez, llegan a adquirir relevancia judicial.

Los recientes fallos restituyeron los derechos de los periodistas comunitarios y dan un ápice de esperanza para otros que, como ellos, siguen ejerciendo el periodismo en un contexto en el que la libertad de expresión ha estado comprometida por la constante vigilancia y acoso de los gobiernos, las élites, empresas transnacionales y el crimen organizado.

Algo innegable en ambos casos es que, la condena de los policías es menor al tiempo que le tomó a Sancir conseguir justicia y que, nadie aun, se ha preocupado por el impacto que Carlos Choc sufrió en su vida personal y profesional, al ser denunciado falsamente.

Por Paolina Albani

Un repaso de los casos

La mañana del 31 de enero, el juez Aníbal Arteaga, del Juzgado Penal de Puerto Barrios, Izabal, levantó el cargo de detención ilegal y cerró el caso penal, por falta de pruebas, contra el periodista comunitario maya Qʼeqchiʼ, Carlos Choc, y los tres integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA), Tomas Che, Cristóbal Pop y Vicente Rax, criminalizados durante siete años por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), propiedad de la transnacional Solway Investment Group.

El caso, que inició en 2017, cuando la GPA salió a las calles de El Estor, Izabal, a exigir el cierre de la mina CGN por la contaminación que provocó en el lago de Izabal, se judicializó por una denuncia de la minera. La mancha roja que denunciaron en esa ocasión causó que varias especies animales murieran, afectando la actividad principal de supervivencia de la población del lugar: la pesca.

El argumento del Ministerio Público (MP), al principio, fue que durante esa movilización los pescadores taparon una carretera y retuvieron a algunos trabajadores de la mina, pero, en 2019, la fiscalía distrital de Puerto Barrios solicitó el cierre del caso por falta de pruebas.

El juez Arteaga, quien ha sido aliado de la empresa y de quien recientemente se solicitó el retiro de su inmunidad por señalamientos de corrupción, se negó y dio dos meses más para que la fiscalía ubicara las pruebas. Dos meses se convirtieron en siete años de espera, por la ausencia de los representantes de la minera.

Durante el proceso penal, se argumentó que Carlos Choc era uno de los manifestantes antimineros, pero se pudo probar que su asistencia a la protesta era con fines periodísticos de documentación.

El MP nunca encontró evidencia que los culpara de los delitos señalados por CGN. Demostrando que se utilizó al sistema judicial para dar trámite a denuncias falsas, con el fin de entorpecer la labor de quienes incomodaban a la empresa.

Horas antes de la audiencia, Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció que seguiría de cerca la audiencia de Choc, quien enfrentaba “cargos relacionados con su trabajo periodístico sobre los impactos ambientales de las actividades empresariales en Izabal”.}

Eso y la pesada vigilancia de la comunidad internacional sobre Guatemala, durante y después de las elecciones generales de 2023, jugaron un rol de presión en la desestimación del caso.

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Inocentes: juez cierra el caso de criminalización de tres pescadores y un periodista comunitario

El caso de la periodista maya Kaqchikel, Norma Sancir, es otro ejemplo de cómo la justicia ha sido tardía para los periodistas comunitarios.

El mismo día que se resolvió el caso de Choc, a unos 145 kilómetros de distancia, el juez Jorge Douglas Ochoa, del Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula, condenó al excomisario Ceferino Salquil Solval y a las policías Olga Leticia Segura y Mirna Marleny Agustín a 3 años y 9 meses de prisión conmutable, por el delito de abuso de autoridad, por la detención ilegal de Sancir, en septiembre de 2014, mientras realizaba una cobertura periodística en Camotán.

Las sentencias fueron reducidas a 2 años y 6 meses de prisión. El excomisario fue señalado en su calidad de autor y las agentes por cómplices en el delito.

El juez Ochoa reconoció que “la agraviada estaba presente en el lugar cubriendo una nota periodística y que fue aprehendida sin ningún caso de flagrancia”.

Tras el fallo, Sancir dijo estar satisfecha con la condena, tras nueve años de espera. En los que tuvo que mantener su caso vigente para evitar que a los cuatro agentes señalados les dejaran libres. En 2018, se les declaró con falta de mérito. Por eso, recusó al juez que llevaba su caso, y tuvo que esperar que se repitiera el proceso legal. Ese juez los envió a juicio en 2020, pero el debate no empezó sino hasta 2023.

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Periodista Norma Sancir logra justicia contra policías que la detuvieron ilegalmente

La criminalización como arma de desmovilización

El periodismo comunitario rompe con la forma tradicional de generar noticias y se distancia de la faceta corporativa que prioriza, algunas veces, las historias sensacionalistas o las que generan interés a ciertos grupos de poder sobre otras.

En el periodismo comunitario, una de las formas de generar información, se hace a partir de que son los sujetos quienes producen y difunden la información. Tiene un fuerte sentido de responsabilidad social y política, un compromiso con la transformación de la realidad y las formas de comunicar con un sentido de pertenencia.

Este involucramiento vuelve al periodista comunitario en un actor político porque también trae a la esfera pública un entramado histórico de las comunidades.

Por estos motivos, Úrsula Roldán, directora del Instituto en Ciencias Socio Humanistas, de la Universidad Rafael Landívar (URL), reconoce que quienes ejercen el periodismo comunitario, “son más vulnerables por el racismo y la discriminación. También porque tienen menos posibilidades de defensa frente a un Estado con relaciones de poder desiguales”.

Para Santiago Bastos, fundador de Prensa Comunitaria e investigador emérito en FLACSO Guatemala, cuando se les criminaliza, no solo se atenta contra la libertad de expresión sino contra el rol que ocupan como actores locales.

“La criminalización más que buscar una condena o algo parecido a la justicia, el objetivo que tiene es anular políticamente a los sujetos y hacer que la persecución no les permita actuar libremente por estar perseguidos. Eso es muy claro de parte de Carlos Choc, con los retrasos en el proceso.

Cuando por fin se entra a juzgar, no hay elementos para buscar un enjuiciamiento. Estos casos han sido una estrategia de desmovilización de sujetos comunitarios, de sujetos incómodos como son los periodistas comunitarios”, indicó Bastos.

Sin embargo, la resolución del periodista Choc también podría responder al momento político. Con un nuevo gobierno a cargo, de corte democrático, que ha prometido dejar de perseguir a los periodistas y las sanciones a directivos de Solway Group, dueña de CGN; y exfuncionarios del gobierno saliente, como Alberto Pimentel, a quien Estados Unidos señala de haber recibido sobornos para favorecer a la mina, el camino para desligar a Choc de los cargos falsos se despejó.

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Presidente Arévalo: “En nuestro Gobierno nadie será perseguido por sus opiniones”

Para Bastos, esto puede deberse a que algunos jueces están “tan acostumbrados a depender del poder que están dispuestos a transformarse para no perder lo que tienen”.

Si bien el cambio de gobierno no es una garantía de protección para los periodistas, sí renueva la esperanza de que inicie un cambio de época. Sobre todo para las poblaciones indígenas que mostraron un liderazgo fundamental, en la defensa de la democracia ante los intentos de golpe de Estado, dijo Roldan.

“Con esas resoluciones se restituyen sus derechos, algo que venía viciado que estaba en el marco de la impunidad y el abuso de poder… las criminalizaciones son un signo del sistema que la población rechazó en las urnas”, indicó Úrsula Roldán.

“Las resoluciones son un síntoma del buen funcionamiento del Estado y de la democracia. Pero, el Estado guatemalteco nos queda debiendo cuando una periodista debe esperar nueve años para que se haga justicia. Este tipo de justicia no es sostenible. Un fallo tardío nos alegra tanto como debería preocuparnos”, fue la opinión del antropólogo maya K’iche’, Carlos Fredy Ochoa.

Ochoa resaltó que la labor, en una época de comunicaciones inmediatas y virtuales, mantiene su importancia porque hace un tratamiento sistemático de la noticia, por su capacidad de vincular lo local con lo nacional y porque estos medios aseguran la memoria de la sociedad. Sobre todo, cuando las comunidades aún viven ante grandes desafíos y para conseguir que se cuide la naturaleza.

¿Una esperanza para el periodismo comunitario?

La resolución de los juzgados de Puerto Barrios y Chiquimula generó reacciones en los periodistas comunitarios, quienes, en su mayoría, vieron los fallos como una luz de esperanza en un contexto en el que la libertad de expresión ha estado comprometida por el asedio de los gobiernos, élites y grupos criminales.

Elmer Ponce, periodista comunitario de Sayaxché, Petén, compartió su opinión tras enterarse de las decisiones de los juzgados: “Esto representa para todos un bálsamo que da esperanza, que se puede confiar, que si acompañamos la lucha de los pueblos, el pueblo mismo nos respaldara.

Ya que no es para nada bueno vivir con el temor de que existan represalias por nuestra labor, y aún más cuando se hace periodismo en regiones tan alejadas como las nuestras, en donde la mayor parte de nuestro ejercicio estamos solos enfrentándonos al monstruo del poder y de las grandes empresas”.

Ponce también resaltó el coraje de los periodistas que se mantuvieron fuertes “ante esta situación nada agradable para ellos y sus familias”.

Imelda Tax, periodista de Totonicapán, notó que aunque se dio una resolución favorable a favor de Sancir y Choc, durante el proceso penal estuvieron en incertidumbre.

“Siempre estamos expuestos porque damos a conocer la verdad de lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestros territorios… Sin embargo, -las resoluciones- nos motivan a seguir adelante y agarrar más fuerza para seguir difundiendo la información clara, para que las personas sepan qué es lo que está pasando a nuestro alrededor”.

De acuerdo a Joel Pérez, periodista comunitario de Ixcán, Quiché, las decisiones de ambos juzgados sientan un precedente de la vulnerabilidad ante la criminalización y persecución a la que están expuestos en el desarrollo de la labor. “Principalmente de empresas y del Estado porque no se valora el trabajo que realizan los periodistas comunitarios”.

Y dijo que espera que los fallos pongan un alto a estas acciones que los desacreditan e inmovilizan, no solo a ellos, sino a los pueblos a los que pertenecen.

“Esperamos que esto sirva tanto para las autoridades, como para las empresas y las personas que se dedican a desprestigiar, a perseguir y amenazar a periodistas, principalmente, comunitarios”, dijo Pérez, quien opinó que en el caso de Sancir, la condena de los policías fue muy leve.

Algo innegable en ambos casos es que, la condena de los policías es menor al tiempo que le tomó a Sancir conseguir justicia y que, nadie aun, se ha preocupado del impacto que Carlos Choc sufrió en su vida personal y profesional, al ser denunciado falsamente.

Si bien, Choc salió librado de ir a juicio y Sancir obtuvo una condena contra los policías, el panorama para los periodistas en Guatemala es uno complicado. Aquí, la justicia opera lentamente y la cooptación del Organismo Judicial, además de la manipulación y fabricación de casos que el MP ha dirigido, ha dejado pocas probabilidades para la defensa legítima.

En tanto, las agresiones a la prensa persisten y otros periodistas como Jose Rubén Zamora, exdirector de elPeriódico, aún esperan que el sistema de justicia también salga en su defensa.

Funcionarios de administraciones pasadas permanecen en el gobierno de Arévalo

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Funcionarios que fueron designados en las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei continúan en sus cargos durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Entre estos figuran el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta y el de la Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes quien permanecerá al frente de esa institución.

En tanto, en algunos ministerios como el de Energía y Minas se han reportado nombramientos de personas con vínculos cuestionables.

Por Regina Pérez

Una de las expectativas al asumir el presidente Bernardo Arévalo fue la designación de funcionarios que no tuvieran nexos con los gobiernos anteriores o que estuvieran libres de señalamientos. Sin embargo, algunas de estas personas continúan en sus puestos o han asumido otras que tienen señalamientos.

El 16 de enero, pocos días después de asumir, el mandatario anunció que destituiría a Francis Argueta, titular de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) designado durante el gobierno de Jimmy Morales, cuya administración ha sido objeto de críticas por el estado del aeropuerto y quien ha tenido varios señalamientos por deficiencias en su gestión.

Una de las críticas hacia Argueta es el mal estado en que se encuentran las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. Usuarios comúnmente compartían videos y fotos del estado de los baños y salas de espera, así como otros espacios, que a su criterio ofrecían una mala imagen de las instalaciones por estar descuidadas y sucias.

En varias ocasiones, Argueta fue citado por diputados que le cuestionaron por servicios que no estaban funcionando, como Rayos X en el ingreso y salida de equipaje para pasajeros.

Otro tema que se le señaló a su administración fue un contrato por Q8 millones firmado por la DGAC para adquirir ocho elevadores y escaleras eléctricas. Según el medio Prensa Libre, el tamaño de los elevadores y escaleras no se ajustaron a lo que se había solicitado y quedaron grandes.

En una publicación realizada este viernes 2 de febrero, el presidente Arévalo escribió en su cuenta de X que “la destitución de Francis Argueta es inminente y será muy pronto. Estamos por nombrar nuevas autoridades en la DGAC. Autoridades que enfrentarán el desafío de una institución golpeada que debe ser saneada y fortalecida”, en referencia al inicio del proceso, a 17 días del nuevo gobierno.

Jefe de la SAT permanecerá en el cargo

En tanto, el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dirigido por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, anunció el pasado 31 de enero que Díaz Reyes continuará al frente de la SAT al superar la meta de recaudación tributaria. La Directiva estableció que el funcionario finalizará su periodo al frente de la institución, que concluye en abril de 2025.

El superintendente asumió el cargo en abril de 2020, durante la administración de Alejandro Giammattei.

Otro nombramiento que llama la atención es el de Rocael Cardona, designado por el presidente como asesor presidencial en Asuntos Municipales. Cardona ha tenido experiencia trabajando en otros gobiernos.

Fue Comisionado Presidencial de Diálogo durante el gobierno de Jimmy Morales, una instancia que fue instalada, en 2016, para atender y resolver conflictos sociales, sin embargo fue destituido del cargo en 2017.

Al hacer la consulta sobre estos funcionarios, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR) señaló que en el caso de Rocael Cardona, su experiencia en temas de diálogo y gobiernos locales ha sido considerada importante para el trabajo del presidente Arévalo. “Haber trabajado anteriormente en un gobierno no es una condena. En algunos casos representa experiencia”, indicaron.

En el caso del director de la DGAC, indicaron que “Francis Argueta será destituido muy pronto y serán nombradas nuevas autoridades para la DGAC”.

El analista político José Alfredo Calderón señaló que al principio se puede pensar en una “metida de pata” de parte del gobierno pero genera preocupación el caso del director del Aeropuerto al extremo que tuvo que salir el presidente a informar que sí lo destituirá. O el caso del ministro de Salud, Óscar Cordón, quien mostró que no estaba preparado al llegar a la cartera.

Cordón había anunciado que mantendría temporalmente a tres viceministros de la administración pasada en sus cargos: Edwin Montufar, Ariel Estuardo Hernández y Leslie Lorena Samayoa. Al 2 de febrero, la Comunicación Social del Ministerio de Salud indicó que ya fueron relevados de dichos puestos.

Un perfil cuestionado llega al MEM

En el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se anunció el pasado 1 de febrero el nombramiento de Edvin Danilo Mazariegos Can como viceministro de Desarrollo Sostenible. En su currículum se destaca que Mazariegos es abogado y notario egresado del Centro Universitario del Norte (CUNOR), que cuenta con dos maestrías y tiene Pensum Cerrado en Maestría en Derecho Penal.

Sin embargo, los nexos de Mazariegos van más allá. Fue candidato a diputado por Totonicapán en las elecciones generales de 2023 por el partido BIEN en la segunda casilla y se le señala de ser allegado al exdiputado de Totonicapán por esa agrupación, Marvin Alvarado, quien fue quinto secretario de la Junta Directiva de Shirley Rivera en el periodo 2022-2023.

En publicaciones en la red social Facebook, el abogado apoyó la planilla que presidió Walter Mazariegos, rector impuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en mayo de 2022, cargo al que llegó de manera ilegítima tras un fraude en las elecciones. “Sí a la Innovación, por la mejor propuesta para rector de nuestra amada casa de estudios”, fue uno de los comentarios que puso Mazariegos Can apoyando a Innova.

Según Calderón, aún no se ha cumplido un mes de que haya asumido el nuevo gobierno y el descontento ya es palpable. El daño ya está hecho y los primeros días de gobierno son fundamentales, el desencanto lo tienen encima, indicó.

Tenían una oportunidad de oro, no creo que la recuperen, en el Congreso se desgastaron en muy poco tiempo, opinó sobre los primeros días del nuevo gobierno.

 

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