Luz Ulario: si fuera gobernadora impulsaría los gobiernos abiertos y el acceso a la información

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Luz Emilia Ulario Zavala es una de las postulantes al cargo de gobernadora en Sololá, una decisión que tomó tras una vida de servicio en la educación y como alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán. Ulario cuenta con el respaldo de las Iglesias católica y evangélica, ajq’ij, mujeres, comadronas, oenegés y personas connotadas del municipio.

De llegar a ser gobernadora, dice, tendrá cero tolerancia a la corrupción y promoverá consensos, enfocándose en los problemas de todos los sectores. “Si no hay acuerdos empiezan los conflictos y lo que menos queremos es crear conflictividad”, señaló.

Por Regina Pérez*

Hay una palabra que resume la trayectoria de Luz Emilia Ulario Zavala: servicio. Desde que salió de Santa Lucía Utatlán para estudiar la primaria, básico y diversificado, hasta sus primeros pasos como maestra en Chuacruz, Pujujil I, Sololá, su vida ha estado marcada por esa vocación.

Actualmente, Ulario es una de las 45 personas que presentaron su papelería para optar al cargo de gobernadora en el departamento de Sololá. La decisión la tomó por varias razones. Una de ellas es porque considera que la población maya ha sido excluida de la política a pesar de que tienen la capacidad de gobernar sus departamentos y la experiencia de haber trabajado por años en el campo.

Sumado a eso, anota: “Tenemos un enfoque de servicio, principios, valores y ética, esa conciencia social y velamos por el bien común”.

Durante una conversación con la autoridad indígena resalta palabras como unidad, consenso, acuerdos, consulta e inclusión. La sociedad guatemalteca, asegura, está cansada de la demagogia y los discursos bonitos. ¿Cómo evitarlo? Le pregunto: “Con la auditoría social y el acompañamiento”, me responde. “La sociedad tiene que demandar. Si no demandan, no hay cambios. Yo quiero hacer un gobierno participativo e incluyente”, menciona.

Ulario, de 62 años, recibió en su casa ubicada en Santa Lucía Utatlán al equipo de Prensa Comunitaria. Ahí vive con su único hijo. Le encantan los vehículos y con esfuerzo compró un microbús, con el que puso el primer servicio de transporte urbano en Santa Lucía Utatlán.

También es aficionada a la agricultura. Posee una parcela diversificada en la que, desde hace 30 años, utiliza abono orgánico para la siembra, que ella misma produce a través de la lombricultura y que utiliza para mantener su jardín. Además, cría ganados y cerdos y le gustan los caballos.

Luz Ulario Zavala es aficionada a la agricultura. Foto de Emmanuel Andrés

En 2021, Luz Emilia fue electa alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán y desde ese cargo fue una de las autoridades ancestrales que encabezó, junto a otros pueblos, los 106 días de resistencia y defensa de la democracia frente a la sede central del Ministerio Público (MP), para pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

Varias de las autoridades indígenas y dirigentes que participaron en ese movimiento tomaron la decisión de participar en la selección de gobernadores de los 22 departamentos del país, que ha sido democratizada por la reforma al Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural que hizo el presidente Bernardo Arévalo.

Luz Emilia considera que la participación de varios dirigentes y autoridades indígenas que se ha visto en los departamentos, incluyendo mujeres mayas se debe en parte a ese levantamiento, que inicio el 2 de octubre de 2023.

“En 106 días de resistencia participaron cantidad de personas. No fueron solo siete pueblos los que se expresaron, vieron en el grupo coordinador que tenemos, que nos quitamos el miedo, que es lo que nos ha hecho sumisos ante el Estado de Guatemala”, afirmó.

Para ella, que personas con capacidad y experiencia, que se han fajado en el campo, es una oportunidad de participar y a desplazar prácticas como el clientelismo y la manipulación.

Luz Emilia Ulario, autoridad indígena, aboga para que prácticas como el clientelismo desaparezcan. Foto de Emmanuel Andrés

“Yo quisiera que todo el pueblo entienda que la gente está cansada de este modelo que han implementado. Porque las leyes son buenas, la forma en que lo hacen es lo malo”, indicó.

Además, señala que ella no pagaría ni un solo centavo para optar a un cargo, como se acostumbra en otros procesos donde se ofrece dinero por un puesto, una práctica que se debe de quitar y agradece el rol que tienen las comisiones encargadas de revisar los expedientes para buscar a la persona idónea para el cargo. Ulario considera que el actual proceso se trata de una oportunidad para que se postulen los más capaces.

“Hay que quitarnos ese miedo y creo que si ahora en todos los departamentos salieran mujeres mayas, hermanos capacitados, pienso que hacemos un país buenísimo”, opinó.

“La conciencia no se puede vender”

El viernes 9 de febrero, por la tarde, Luz Emilia Ulario acudió a la gobernación departamental de Sololá para presentar su expediente en el proceso de selección de la terna de candidato a gobernador que se le presentará al presidente Bernardo Arévalo.

La acompañaban mujeres, integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), población de Santa Lucía Utatlán y representantes de iglesias. La decisión de participar no fue sencilla, dijo, Ulario, porque ha escuchado opiniones, algunas de ellas destructivas, cuando estuvo en el movimiento que defendió la democracia.

“Mucha gente pensó que nos vendimos”, señala. Incluso les dijeron que habían recibido dinero. “Nosotros no nos vendimos, la dignidad no se puede vender. La conciencia, la convicción no se puede vender”, afirmó. Sin embargo, mucha gente creyó en estos rumores y desinformó manifestando que buscaban un puesto en el gobierno.

Como maestra jubilada dice que, aunque no tiene suficiente dinero, cuenta con lo necesario para sobrevivir. Y que después de desempeñarse como alcaldesa indígena, cargo que finalizó en 2023, necesitaba tomarse un descanso.

Sin embargo, reflexionó sobre los 106 días de resistencia en los que cientos de personas se volcaron a las calles a expresar su malestar en contra de la corrupción. “¿Cómo es posible que una obra que salga en 150 mil la pongan en 800 mil?”, se preguntó.

Para Ulario, con principios, buenos valores y trabajo con conciencia es posible cambiar eso. Dejar la protesta por la propuesta, pero aun así se hace insuficiente, por lo que decidió participar.

Luz Emilia Ulario Zavala afuera de su casa en Santa Lucía Utatlán. Foto de Emmanuel Andrés

“No tengo la menor duda que yo, como Luz Emilia, no me dejaría corromper. Prefiero mil veces ver a todo el pueblo que esté con todos sus servicios y pensar en un departamento desarrollado en educación, salud, alimentación, creo que eso es la obligación del funcionario público”, indicó.

Por eso, dice, la ciudadanía debe aprovechar esta apertura del gobierno y no verlo como un premio sino como una obligación, por lo que se alegra que en varios departamentos varias mujeres se hayan postulado para el cargo de gobernadora.

De maestra a alcaldesa indígena

Ulario Zavala describe su vida como un camino duro. Proviene de una familia muy pobre y, fue gracias al sacerdote Arturo Mertens que pudo estudiar la primaria, en un colegio parroquial de Santa Catarina Ixtahuacán. Al terminar ese nivel, ella y su hermana mayor, Olivia, quien ya falleció, pensaron en su futuro y en la pobreza en que vivía su familia.

Fue así como decidieron acercarse al padre Mertens, para preguntarle si las podía apoyar. “Lo primero que nos dijo: ‘¿Ustedes son católicas?’, no sabíamos qué responder, porque no íbamos a misa. Pero éramos católicas porque nos bautizaron desde pequeñas. Al final nos dijo, ‘mientras ustedes sean buenas personas con mucho gusto les doy la beca’”, recordó.

Su hermana se fue a Chichicastenango y posteriormente se trasladó a Antigua Guatemala. Luz Emilia decidió seguir sus pasos y estudió en el Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro, en esa ciudad colonial. En esa experiencia, dice, fue cuando ella considera que comenzó a despertar.

“Aunque antes me cuestionaba por qué había pobres, por qué había ricos, por qué había ladinos, por qué había indígenas, por qué esa desigualdad. Desde pequeña empecé a ver la discriminación, la exclusión. Pero allá me fortalecí bastante”, señaló.

Al concluir el nivel básico, se mudó a la ciudad capital para inscribirse en el Instituto Normal para Señoritas Centro América (INCA). Allí estudió los tres años de Magisterio. Sus estudios, cursados entre 1980 y 1982, fueron los años más complejos de violencia de un conflicto armado que marcó la historia del país.

Los estudiantes eran controlados por el gobierno y ella salía a manifestar junto a sus compañeros por los secuestros y muertes de dirigentes universitarios y sindicalistas, entre otros.

Antes de graduarse de maestra ya tenía en mente encontrar un trabajo. Tenía deseos de trabajar en Petén, Ixcán (Quiché) o Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, lugares lejanos y asolados por la pobreza. Pero la oportunidad se le presentó en el caserío Chuacruz en Pujujil I, Sololá y para allá se encaminó. Un área conflictiva, describe, con viudas y niñez huérfana producto del conflicto interno entre el ejército y grupos guerrilleros.

Conoce más detalles acá:

Luz Emilia Ulario, la maestra que llegó a ser la voz de la población de Santa Lucía Utatlán

Tras 28 años de ser maestra y de enseñar en Cipresales y El Novillero, se jubiló. Pero comenzó un nuevo reto trabajando en la Reforma Educativa con la Comisión Consultiva de los Acuerdos de Paz y luego con el Proyecto de Desarrollo Santiago (Prodessa) donde cumplió uno de sus sueños, trabajar en Ixcán, un municipio fronterizo con México, al norte del país.

“Prodessa tenía proyectos en la Zona Reyna. Llegué y apoyé a los estudiantes, impartí talleres, me sentí la mujer más feliz porque pude servir en los lugares donde soñaba hacerlo”, recordó.

Luz Emilia Ulario trabajó la mayor parte de su vida como maestra y educadora para luego asumir como alcaldesa indígena. Foto Emmanuel Andrés

Además de trabajar en Ixcán, lo hizo en cuatro municipios más de Quiché: Chichicastenango, Santa Cruz del Quiché, Santo Tomás Chiche y San Pedro Jocopilas. También tuvo la oportunidad de hacerlo con 17 comunidades de personas retornadas en Retalhuleu, siempre en el área de la educación.

El proyecto se terminó y ella creyó que iba a tomar un descanso. Pero un día fue invitada por un vecino a una reunión y fue electa para integrar la Alcaldía Indígena de Santa Lucía Utatlán, un cargo que aceptó con mucho gusto.

Esta nueva situación era diferente a lo que ella se había dedicado por buena parte de su vida. “Me llegaban a pedir consejos, que fuera a ver colindancias, como soy maestra, tienen el pensamiento que ser maestro es un sabelotodo y no es así, pero con tal de responder a las necesidades de los pueblos, nos volvemos un todólogo. Hacemos de psicólogas, comadronas, de niñeras, de pedidores para bodas. La asesoría que tuve con todos los comités en las comunidades donde trabajé fue bastante fuerte, conocí cosas que uno no aprende en el estudio, por necesidad tiene que hacerlo”, indicó.

“Uno tiene que ser un asesor, trabajar sin límites”, señaló sobre su servicio como autoridad indígena. Porque en el rol de una autoridad atiende todo tipo de problemas que afectaban a la población.

Cuando estaba en el cargo, dijo, se dio el levantamiento histórico de los pueblos indígenas, el 2 de octubre de 2023, para defender la democracia ante los ataques del MP al proceso electoral. Y agrega que aunque la intención de articularse como autoridades a nivel nacional venía de antes, no fue posible por varias dificultades.

“2023 fue el detonante, porque las autoridades ancestrales mirábamos iniciativas de leyes que pasaban en el Congreso en detrimento del pueblo. Dijimos: ‘Tenemos que unirnos’ y coincidimos primero con Sololá, Totonicapán, el pueblo Ixil de Nebaj y Santa Lucía Utatlán. Luego se sumaron hermanos de San Cristóbal y Chichicastenango, luego nos fortalecimos a nivel nacional y eso nos alegra mucho porque mientras estamos unidos podemos resolver nuestros problemas”.

Ulario Zavala era una de las autoridades indígenas que sobresalía en las actividades que se desarrollaron en el plantón frente al edificio del MP en Gerona. Se le veía dando discursos, dirigiendo una marcha o participando en reuniones de diálogo para encontrar una salida a la crisis provocada por el Gobierno de Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras. El 14 de enero, fue una de las autoridades invitadas a presenciar el cambio de gobierno en el Teatro Nacional.

Ella considera que la división de la población “es la fortaleza del enemigo”, algo que recalca, “yo siempre he dicho que este país está fraccionado y eso ha sido la fortaleza de ellos”. Por eso aboga por la unidad y los consensos.

“Creo que ya es tiempo de que nos unamos todos los sectores. Escucharnos y ponernos de acuerdo y arrancar para el desarrollo del país. Pero eso lo hacemos desde nuestros pueblos, departamentos, porque Guatemala tiene un potencial enorme, pero tenemos que hacerlo siempre en el marco del consenso”, aseguró.

Un gobierno que rinda cuentas

De llegar a la Gobernación de Sololá, Luz Ulario apuesta por un modelo de gobierno transparente, incluyente y participativo, con cero tolerancia a la corrupción y la práctica de principios y valores.

Para las autoridades ancestrales, refiere, la vergüenza es un valor y explica por qué. “La persona que llega a valerse del pueblo, es una persona que ya dejó de tener vergüenza y por eso sin ninguna pena y de forma descarada hay sobrevaloraciones de obras. Aun así llámese evangélico, católico, si no tenemos principios, no se llega a nada. Despierta el descontento de la población”.

Para Ulario, desde Gobernación se debe coordinar y permitir que los fiscalicen. Y eso es precisamente lo que la sociedad no ha hecho, fiscalizar a los gobernadores, los alcaldes y sus obras. “Debe haber una buena comunicación con todos los alcaldes, sin importar los partidos por el cual llegaron a municipalidades. Ver la problemática social y buscar la raíz de los problemas”, indicó.

Si fuera su primer día de trabajo como gobernadora, Luz Emilia indica que convocaría a los medios de comunicación para dar a conocer a la población las atribuciones de la Gobernación y convocaría a los alcaldes para dialogar. También impulsaría los gobiernos abiertos y el acceso a la información, “la ciudadanía está obligada a hacer auditoría”, señaló y recordó que desde la Alcaldía Indígena lo hicieron en Santa Lucía Utatlán hacia los funcionarios públicos que tienen inmunidad, como los alcaldes.

Ante la Alcaldía Indígena los jefes ediles no tenían inmunidad y es su obligación hacer bien las cosas. “Y por esa misma razón así sería en las instituciones. ¿Por qué cuidar tanto al gobernador que no se le toque? Es un funcionario público, tiene que tener la obligación de dar la información. Y la gente que quiera auditar, no hay ningún problema. Porque serían los cambios que queremos hacer. Eso es lo que demanda el pueblo”, afirmó.

De ser electa por el presidente Bernardo Arévalo Ulario tendrá que gobernar un departamento caracterizado por ser uno de los más turísticos del país, pero con varios problemas ambientales, incluyendo la imposición de un megacolector en la cuenca del lago de Atitlán.

Promover la unidad entre sectores y los consensos es una de sus propuestas. Foto de Emmanuel Andrés

Para Ulario, lo importante es incluir a la población en las consultas. “Tenemos que acordar qué modelo queremos para Sololá”, subrayó.

“Hacer un megacolector, ¿beneficia a Sololá? Queda para Sololá o para las empresas. Tenemos que platicar, llegar a acuerdos pero que la población lo conozca, no solo un grupito. Tenemos que conocer qué ventajas y qué desventajas (hay) para tomar una decisión y debe ser una decisión de pueblo”, indicó.

La autoridad indígena considera que eso es lo que ha fallado antes a la hora de tomar decisiones, cuando solo se consulta a los alcaldes que no han consultado a la población.

Afirma que los sectores que la respaldan creen en ella porque cumple y enfrenta los problemas, sin traicionar al pueblo. “Creo tener la capacidad de un dialogo abierto para buscarle solución a toda la problemática y creo que lo he demostrado en varios ámbitos y confían porque no los voy a defraudar. Y también porque incluyo a todos. No sectorizo a los pueblos, yo trato de unir a la población”, refirió.

Con ese aval, espera, no defraudar a quienes la apoyan. “Por supuesto no soy perfecta, pero sí trato de buscar la perfectibilidad, siempre viendo lo positivo en el horizonte, busco lo mejor para el pueblo”, señaló.

La entrevista fue realizada por Francisco Simón para el especial “Territorios y Gobernaciones”

Fredy Orellana autoriza investigación contra la magistrada Blanca Alfaro

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El juez Fredy Orellana aceptó la solicitud de la FECI y autorizó iniciar una investigación contra la presidenta del TSE, Blanca Alfaro. La solicitud se originó por haber llegado a tribunales para respaldar a las cuatro trabajadoras vinculadas al caso Semilla.

Por Alexander Valdéz

El juez “A” del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana, durante la audiencia de primera declaración contra cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral, a quienes ligó a proceso por incumplimiento de deberes en el caso Semilla, ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación contra la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, por supuesta obstrucción de justicia.

El fallo surgió de una petición que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que sostiene que se debe investigar a Alfaro por la supuesta obstrucción a la justicia. “Como máxima autoridad del ente electoral, no sabemos cuáles son los alcances de ese apoyo que vino a externar a las afueras de este juzgado o sí este apoyo será ilimitado aun por encima de ley o la justicia. El ente investigador a través de esta representación solicita” que se certifique lo conducente”, dijo la fiscal Eugenia Morales.

 

Esa resolución daría vía libre al MP para que presente una solicitud de antejuicio contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien es la única titular que se mantiene en el cargo con inmunidad. Sus otros cuatro colegas están fuera del país y con una orden de captura por el caso de la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Trabajadores ligados a proceso

En el proceso se señala a Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar, Alma Beatriz Posadas Beltetón y a Katherine Johanna Quezada Villatoro. A quienes se ligó a proceso por el delito de incumplimiento de deberes.

Se desconoce los hechos concretos que la fiscal del caso imputará a las cuatro personas que fueron citadas a la audiencia, ya que la acusación se realizó a puerta cerrada. A ellas se suma a José Alejandro Rueda Lone, oficinista IV del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos, quien se declaró culpable por la vía de aceptación de cargos de los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

La FECI involucró a personal del TSE por haber autorizado la inscripción del Movimiento Semilla como partido político. Según la Fiscalía, hubo reportes de firmas falsas en las actas de afiliación de la agrupación que no se denunciaron ni tomaron en cuenta al momento de autorizar su inscripción.

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Caso Semilla: juez Orellana decreta reserva de audiencia contra cuatro trabajadoras del TSE

FECI continua con caso Semilla

Según la FECI, el grupo promotor de la agrupación planificó y materializó 8 mil 121 ilegalidades”. El primer hallazgo reportado, se dio días después de la victoria de Bernardo Arévalo en la primera vuelta de las elecciones generales, dejando clara la intención por evitar que Semilla participara en la segunda vuelta.

Aunque la investigación contra la agrupación política no había avanzado, días antes de la segunda vuelta solicitó órdenes de detención contra los miembros del partido y la suspensión del mismo.

El 8 de diciembre de 2023, en una conferencia de prensa, se confirmó que la intención del MP buscaba dejar sin efecto los resultados de la elección y evitar que diputados y el binomio presidencial del Movimiento Semilla asumieran los cargos para los que fueron electos.

 

Mynor Moto conoce y apresura caso contra exprocurador Jordán Rodas

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En 2021, Mynor Moto pidió al Congreso destituir a Jordán Rodas del cargo de procurador de los derechos humanos. Tres años después, Moto, con dos acusaciones de corrupción, asume el control del caso del exprocurador y buscaría acelerar el expediente. Además, no permite acceso al expediente para la defensa.

Por Alexander Valdéz

Mynor Moto, pendiente de solventar su situación legal en dos casos de corrupción y recientemente instalado en su puesto de juez “A” del Juzgado Tercero Penal, asumió el control de la investigación que inició el Ministerio Público (MP) contra el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por una denuncia de su sucesor, Alejandro Córdova.

La investigación fue declarada “bajo reserva”, la misma estrategia utilizada por el MP en casos dirigidos contra actores anticorrupción, periodistas, activistas o políticos de oposición.

El caso asignado a Moto se originó con la denuncia del actual titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, quien días después de que Rodas anunciara su candidatura como vicepresidente del partido Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), lo denunció y dio paso a que la Contraloría General de Cuentas (CGC) revocara su finiquito y el Registro de Ciudadanos del TSE le negara su inscripción como candidato. Moto fue incluido en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos, de Estados Unidos.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la intención de asignar a Moto es acelerar el proceso contra el exprocurador y programar una primera declaración. La denuncia penal en contra de Rodas se deriva de un expediente en el que solicitó su indemnización, que estaba en el Departamento de Recursos Humanos de la PDH que elevó una duda a auditoría interna. El documento fue enviado al despacho de Córdova quien dijo que si él no realizaba las recomendaciones al Departamento Jurídico incurriría en una omisión de denuncia.

Foto: Juan Rosales

Moto pidió su renuncia como PDH

El juez tercero Mynor Moto no puede conocer el caso contra el exprocurador de los Derechos Humanos porque, en 2021, cuando fue electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), envió un oficio al Congreso de la República pidiendo la destitución de Rodas. La acción confirma una “enemistad” entre el juez y Rodas.

En aquel momento, Moto señaló que el Procurador de los Derechos Humanos omitió presentarse a la CC para dar cumplimiento a sus obligaciones legales y atender la denuncia que presentó con la urgencia que debía hacerlo. Eso porque no se le permitió asumir el cargo, luego de una orden de captura en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020.

El artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial (OJ), literal l, establece que un juez no puede conocer un caso cuando “se presume que hay enemistad grave”.

“Continúa el patrón de la criminalización”

Consultado al respecto, el exprocurador Jordán Rodas señaló que desde hace un año no ha podido acceder al expediente de ese caso y que el proceso fue declarado para reserva judicial. “Lleva más de un año y no he tenido acceso. El caso sigue el patrón de la criminalización, es decir, que está bajo reserva y no puedo ejercer mi derecho de defensa”.

“Que el juez Moto conozca mi caso, evidencia el desconocimiento legal y la poca ética. En su momento, cuando aspiró a ser magistrado de la CC, planteó solicitud de remoción en mi contra ante el Congreso de la República, de eso hay pruebas y distintas declaraciones públicas. Él, por ética debió de inhibirse, no puede conocer un caso en mi contra, está más que evidenciada la animadversión contra mi persona”, expresó.

Moto retomó su cargo y sigue sin enfrentar la justicia

En 1 de febrero de 2021, la exjueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, giró la primera orden de captura contra Moto en el caso Comisiones Paralelas 2020, porque existía un requerimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval.

La FECI había solicitado la detención de Moto por su presunta participación en la manipulación del proceso de selección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones. Sin embargo, en diciembre de 2022 el juez Jimi Bremer anuló la orden de captura contra Moto por solicitud de sus abogados y ordenó a la Policía Internacional (Interpol) que dejara de buscarlo y levantó el arraigo en su contra.

Después de ser anulada la orden de captura, la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, no ha accionado para que Moto se presente ante el juez y responda por los señalamientos en su contra, lo cual fue aprovechado por el exjuez para conseguir que se ordenara su reinstalación.

Sin embargo, este no es el único proceso penal en el cual se ha querido vincular a Moto, ya que, en abril de 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción presentó otra pesquisa en su contra, porque supuestamente habría cobrado un soborno en efectivo de acusados en el caso Libramiento de Chimaltenango.

En ese proceso se encuentra señalado el exministro José Luis Benito, a quién se le vincula con el hallazgo de Q122 millones en efectivo en unas maletas localizadas en Antigua Guatemala.

Además, la Fiscalía señaló que Moto no solo habría cobrado el soborno, sino que retrasó maliciosamente la investigación, dictó falta de mérito a 16 sindicados y dio medidas sustitutivas a dos grandes empresarios vinculados al caso, por lo que fue señalado de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.

Pese a los señalamientos, en febrero de 2023 el juez Geisler Samille Pérez Domínguez revocó la segunda orden de captura en contra de Moto y, al igual que en el otro proceso, el Ministerio Público (MP) tampoco emprendió acciones para buscar que el exjuez fuera vinculado a proceso penal.

Moto estuvo prófugo por más de 21 meses, hasta que Bremer y Pérez anularon las órdenes de captura en su contra y no fue citado a primera declaración.

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Exjuez Mynor Moto es contratado en la Oficina de Prevención de la Tortura

Un primer caso

El exprocurador, actualmente en el exilio, enfrenta una orden de captura autorizada por el juez décimo Víctor Cruz, que como Moto, es considerado como un actor corrupto por el gobierno de los Estados Unidos. En ese caso se le señala de diferentes delitos y la acusación se basa en publicaciones de redes sociales que respaldaba al movimiento universitario que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos.

Además, se le vinculó en ese caso por haber participado como candidato a rector de esa casa de estudios y como vicepresidenciable en las elecciones generales del 2023, de las que se les excluyó por la denuncia del actual titular de la PDH.

Aquí otros datos del caso:

Juez Víctor Cruz niega a Jordán Rodas recurso que buscaba anular orden de captura

 

 

 

 

Cuando el poder blanco enloquece

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Por Kajkoj Máximo Ba Tiul

Si nuestros abuelos y abuelas se dieran cuenta de lo que estamos haciendo nos volverían a decir: “¡vos patojo o patoja qué estás haciendo!”.  La historia nos cuenta que cuando alguien se equivocaba o cuando comenzaba a hacer cosas, contrario a las enseñanzas y consejos, inmediatamente convocaban a concejo, tomaban decisiones y corregían el rumbo.

A 500 años de la llegada de Pedro de Alvarado a Iximulew, a Paxil Kayalá, a Iximche’, a Gumarkaaj[1], cuando comenzó a caer la oscuridad sobre nuestro pueblo.  Cuando comenzó a correr sangre, a causa de la ambición del colonizador.  Cuando nuestros pueblos comenzaron a transformarse y algunos también a asumir las formas del “poder” del colonizador.  Hoy volvemos a experimentar lo mismo que vivieron los abuelos y las abuelas, unos resistiendo y tratando de recuperar sus tierras y otros asumiendo las migajas de la democracia burguesa.

Estamos lejos de la “descolonización”.  Hablamos de espiritualidad, cosmovisión (concepto equivocado), idiomas, de “buen vivir”, organización comunitaria, autonomía, de derechos de pueblos originarios, de mayas, de mujeres mayas y más, pero parece que caemos en la “peligrosa tentación” de pretender cambiar las condiciones de vida de nuestros pueblos, asumiendo las migajas del “poder o del gobierno blanco”.

Como dice un amigo Q’eqchi’, “¿por qué, después de ser el q’atol tzij/nan tat (gobernante/mamá papá) de tu pueblo maya ahora quieren ser gobernadores del sistema kaxlan, ya no para ser orientado por un concejo de ancianas/ancianos sino para recibir órdenes de un gobernante kaxlan?   Pareciera que no tenemos la claridad de qué significa ser “autoridad maya”.  No se comprende la dimensión que conlleva ser autoridad maya.  O como si se quisiera ser autoridad maya, “obedeciendo al poder kaxlan” y dando órdenes como caporales del “sistema kaxlan”.

Después de 106 días de movilización, “cuando dijimos que no estábamos ahí por conseguir puestos, sino para detener a las hordas criminales guatemaltecas”, ahora pareciera que tenemos que volver a tejer fino, para rescatar esa dignidad que habíamos logrado. Y me parece el mejor camino, porque el pueblo sigue manteniendo su dignidad.  Y es lo que nos ha mantiene cohesionados y en rebeldía, para defender nuestra tierra y territorio.

Cuando vemos a algunos que se hacen llamar “autoridad, líderes, lideresa, guía espiritual indígena”, compitiendo para el puesto de gobernador/a, nos hace pensar: “será que su autoridad es más pequeña en comparación a un gobernador, diputado, presidente, alcalde”.  ¿Por qué no seguir con el proceso de liberación de los pueblos desde el espacio que ya se ha ganado y poniéndole condiciones al poder blanco?

¿Era necesario competir como gobernador del poder kaxlan, para darle credibilidad a las demandas y derechos de nuestras comunidades?

Hace muchos años escribí un artículo sobre el poder blanco y planteaba que el poder es ficticio. No se le puede definir con claridad, es evasivo, pero también nos desvía.  Nos embriaga, nos emborracha, nos empacha, nos distrae y pisoteamos las esperanzas de los pueblos y le cortamos el futuro.  Claro, porque el poder nos convence, nos dice que por ahí está el camino, nos susurra al oído. Y no nos damos cuenta, que truncamos el proceso de liberación de nuestros pueblos.

Esta historia de sinsabores y desamores nos dice que estamos lejos de un proceso de “descolonización”.  Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros estómagos, siguen sufriendo el peso de la descolonización.  “Ya no queremos seguir tomando nuestros rax uq’un o tz’alaj matz’ (agua de masa)”.  Demandamos territorios autónomos, pero con el “capitalismo en la mano”.  Demandamos descolonización y con nuestro estómago lleno de “pollo campero”.

La sociedad humana se mueve entre dos fuerzas que se oponen: “por un lado las ideas y creencias; y por el otro, la necesidad práctica e interesada”.  El poder o las ansías del poder, hace olvidar al individuo las promesas, los consejos, las ideas, los principios y los valores. Peor aún si se participa dentro un modelo desconocido, pensando que ahí encontrará lo que ha querido para la “colectividad”, pero en realidad, lo que buscan es su propia satisfacción personal y rápidamente se olvida de los demás. Aunque el discurso sea que “mi comunidad o las comunidades confiaron en mí y por eso vine a dejar mi expediente”.

No es cierto que asumiendo puestos del poder colonizador se cambien las cosas.  O como le decía a alguien: “que no por ser indígena, mujer o joven, va a promover mejores condiciones de vida para su grupo, pueblo, etc.”.  Se ha comprobado que quienes asumen el poder kaxlan, se van.  “El poder kaxlan”, persuade y sabe entrar en las mentes de quienes “ansían tener poder”. ¿Por qué lo hace? Porque quiere cómplices que le genere confianza para gobernar y para imponer.

Lamentablemente, quienes asumen esta forma de poder no se han puesto a pensar, que en lugar de fortalecer su relación con sus pueblos, su colectividad, su comunidad, su grupo, pueden generar desconfianza; “ink’a’ nake’paab’aak sa’ xtenamiteb” (ya no les creen en sus pueblos), dicen los Q’eqchi’.

La descolonización sigue siendo un reto.  No se construye con discurso.  No se logra solo con hablar de principios y valores.  Tampoco solo hablando el idioma.  Ni participando en foros o en conferencias de prensa. La descolonización es un quehacer diario y hay que resistir ante los coqueteos del poder blanco.  Sino lo hacemos, seremos “ixk’ot li so’sol” (cagada de zopilote).

[1] Sobre este tema, estoy escribiendo un ensayo, espero terminarlo pronto para compartirlo.

Absuelven al diputado Sergio Enríquez del delito de lavado de dinero

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El diputado Sergio Enríquez Gárzaro y cinco personas más fueron absueltos del proceso judicial conocido como caso Chicamán en el que los acusaban de lavado de dinero y encubrimiento propio. Los jueces del Tribunal en Quetzaltenango indicaron que el MP no presentó suficientes pruebas para confirmar que los ahora absueltos fueron responsables de un caso de corrupción revelado por la extinta CICIG.

Por Shirlie Rodríguez

En el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango se realizó el juicio en contra del diputado del partido Unidad Nacional de La Esperanza (UNE), Sergio Enríquez Gárzaro y Víctor Hugo Enríquez por el delito de lavado de dinero y de los hermanos Walter, Axel, Osman y Joaquín Gammaro por encubrimiento propio. Todos fueron absueltos por decisión unánime de los jueces.

El caso por el que fueron acusados surge de una investigación que realizó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el desvío de Q14 millones que habían sido asignados para la realización de varios proyectos en Chicamán, Quiché. En esta investigación también fueron sindicados la exdiputada Emmilene Mazariegos y el exalcalde Roberto Candelario Gamarro.

El juicio no duró más de una semana para diligenciar las pruebas que el Ministerio Publico (MP) y la defensa presentaron ante el pleno de jueces.

El juez presidente, Boris Calderón explicó en la audiencia de sentencia que a pesar de que ellos no juzgan la forma de litigio que lleven las partes del proceso llamó la atención el trabajo del MP, porque el caso lo sustentaron con un 99% de documentos y solo presentaron a un testigo.

Agregó que una parte de los documentos que presentó el ente investigador no tenían una fuente que diera el respaldo de los análisis que se hacían. Dio el ejemplo de un informe contable que realizó un experto en la materia pero que no llegó ante los jueces a explicar su contenido y el procedimiento que lo llevó a encontrar anomalías o inconsistencias.

“No es porque nosotros no entendamos los documentos, por eso somos expertos en el derecho, es porque la fuente tiene que oficializar lo que dice el análisis y así tenga el respaldo”, dijo Calderón.

El juzgador mencionó que el MP no llevó a los analistas porque no los ubicaron y únicamente se leyeron los documentos, esto dio paso a que los jueces no le dieran el valor probatorio a los análisis que señalaban que los sindicados cometieron el delito.

Foto: Cortesía de Con Criterio

El caso

La investigación de la FECI con el apoyo de la CICIG señalaba al diputado Enríquez y su familiar Víctor Hugo Enríquez Morales de colaborar con la exdiputada del Partido Patriota, Emmilene Mazariegos de quien recibieron transferencias de dinero del 28 de octubre al 8 de noviembre de 2011, para comprar un vehículo Mercedes Benz GLK200, placas P-389FFD.

La averiguación dice que para ocultar de dónde provenía el dinero para la compra del carro se hicieron más de seis transacciones a la cuenta de la empresa Mis Mantas S.A, de la cual ambos acusados eran socios fundadores. El dinero utilizado supera los Q400 mil.

El pleno de jueces del Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango explicó que en el debate no había indicios que comprobaran que los dos acusados sabían de que el dinero era de origen ilícito.

A los hermanos Gamarro los acusaban del delito de encubrimiento propio porque recibieron mercadería que había sido comprada con el dinero que tenía como destino los proyectos para la municipalidad de Chicamán, además el MP los señalaba tener beneficios por ser hermanos del entonces alcalde de esa localidad.

Los jueces también indicaron que el MP no demostró que hubo un acuerdo previo entre ellos y tampoco se determinó que tuvieran conocimiento previo del hecho.

Por estas razones los seis acusados fueron absueltos de los delitos, además se solicitó que les quitaran cualquier medida de coerción que tuvieran por el caso que los mantenía en juicio.

Sindicados en el caso celebran luego de ser absueltos. Foto: Shirlie Rodríguez.

El diputado Enríquez no llegó a la audiencia y la escuchó de forma virtual, su abogado Guillermo Miranda dijo que obtuvieron un permiso para que estuviera en esta modalidad durante el transcurso del juicio por sus múltiples compromisos por la agenda Legislativa, ya que ahora es diputado.

Enríquez Gárzaro, quien logró en las elecciones de junio 2023 una diputación al postularse con el partido UNE, es cercano a la expresidenciable Sandra Torres, además es hijo  de Sergio Enríquez quien dirige Ministerios Ebenezer, una de las iglesias evangélicas desde donde se generó desinformación en contra de Bernardo Arévalo durante la campaña electoral.

La campaña negra contra Arévalo que se predica desde los púlpitos evangélicos

El caso que el MP no pudo defender en este juicio fue una de las investigaciones que presentó la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). En este también está sindicada la exdiputada Emmilene Mazariegos del PP y el exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro.

El 29 de enero de 2024 en el inicio del juicio se pidió separar a Mazariegos y a Gamarro de este primer debate, por lo tanto se espera a que ellos sean juzgados en otro proceso judicial el próximo 1 de abril.

Misión de la CIDH visita en prisión al periodista Jose Rubén Zamora

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El fundador de elPeriódico recibió la visita del relator especial de libertad de expresión Pedro Vaca, y la secretaria ejecutiva, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum, quienes verificaron la situación en la que se encuentra el periodista, tras ser criminalizado por el MP.

Por Alexander Valdéz

Una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está encabezada por el relator especial de libertad de expresión, Pedro Vaca, y la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, visitaron al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien está detenido desde el 29 de julio de 2022, en la cárcel de Mariscal Zavala.

Según informó la CIDH, el relator Vaca se encuentra en Guatemala por invitación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, para constatar la situación de libertad de expresión en el país. Vaca observó la situación en la que se encuentra el fundador del elPeriódico, quien cuenta con medidas cautelares de ese organismo, desde julio del 2023.

“La CIDH se encuentra en Guatemala por invitación del nuevo gobierno para dar seguimiento a la medida cautelar vigente del periodista José Rubén Zamora, a quien la delegación está escuchando. La misión está a cargo de la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum junto a Pedro Vaca, relator Especial de @RELE_CIDH. La agenda incluye reuniones con autoridades involucradas en el cumplimiento de la cautelar”, informó en su red social X.

Por aparte, la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (COPADEH) informó que el director ejecutivo Oswaldo Samayoa junto a la Secretaria Ejecutiva de la CIDH y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, participaron en una mesa técnica de trabajo presidida por el canciller Carlos Martínez.

La visita se había intentado realizar desde el anterior gobierno de Alejandro Giammattei, sin embargo, nunca hubo una respuesta del Ejecutivo. El motivo era verificar la situación de la libertad de expresión en Guatemala y las denuncias de acciones de criminalización hacia periodistas.

Prologan la prisión preventiva

Jose Rubén Zamora enfrentará un nuevo juicio por el primer caso en su contra. El debate estaba previsto, para este viernes 5 de febrero, en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, donde nuevos jueces debían conocer y analizar los medios de prueba que el MP usó para llevar a prisión a uno de los periodistas con más trayectoria del país.

El juicio no pudo iniciarse, ya que cuando la Sala anunció la resolución, también ordenó que el debate se repitiera para la abogada anticorrupción Samari Gómez, exfiscal de la FECI, quien estuvo encarcelada junto a Zamora, pero fue absuelta en un primer juicio. Y por esa razón, la defensa de Gómez presentó una impugnación que impide repetir el juicio.

A Zamora se le llevó a prisión por supuestamente ocultar el origen de Q300 mil. Ese dinero le fue incautado en efectivo, pero el periodista demostró con documentos que se trataba de un préstamo para el pago de salarios del personal de su diario.

Ese no fue el único caso que el MP usó para mantenerlo encarcelado. Además de eso, se inició una investigación por la supuesta obstrucción de justicia y se le señaló de intentar evitar que fuera investigado. El juez a cargo de ese caso aun no resuelve si se llevará o no a juicio al periodista.

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El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras también comunicó una reunión con la delegación de la CIDH, en la misma participó el secretario Ángel Pineda, considerado por Estados Unidos y la Unión Europea como un actor corrupto.

Explicaron que la reunión tuvo como objetivo conocer las acciones que desarrolla el MP en seguimiento a denuncias de víctimas del delito. Sin embargo, no se refieren a los casos iniciados contra periodistas y columnistas de elPeriódico, a quienes buscan perseguir penalmente por sus publicaciones, y usando la Ley contra el Crimen Organizado.

Jueza favorece a Gustavo Alejos y lo libra de cinco delitos en caso de corrupción

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Gustavo Alejos no enfrentará juicio por el caso de corrupción conocido como “Red de Poder, Corrupción, y Lavado de Dinero”, en el que fue acusado de cinco delitos. La jueza de mayor riesgo “D” consideró que no había suficientes pruebas que evidenciaran su participación de en un esquema de corrupción.

Por Alexander Valdéz

La jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz Toscano, resolvió a favor del empresario farmacéutico Gustavo Alejos, y ordenó el cierre de la investigación conocida como Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, en la que figuraba como acusado de cinco delitos.

Cruz Toscano, quien apenas hace dos semanas se integró a ese juzgado, resolvió que Alejos no deberá enfrentar juicio por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, evasión, cohecho pasivo y defraudación tributaria. Pese a los medios de investigación recabados por el Ministerio Público (MP), en 2021.

Esta investigación identificó que uno de los principales operadores de la financiación de las campañas de distintos partidos políticos era Gustavo Alejos. Además, evidenció una red vinculada al ejercicio del poder en distintos períodos y gobiernos que se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos del constructor José Maynor Palacios Guerra y utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar los recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice y la compra de bienes inmuebles.

Sin embargo, para la jueza la prueba aportada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) no fue suficiente para acreditar la participación de Alejos en los hechos investigados.

La jueza que dictó la resolución es la misma que en su momento otorgó libertad a Blanca Stalling y quien la semana pasada modificó la acusación de José Luis Benito, condenado a sólo dos años.

Corrupción en impunidad

La investigación de la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenció cómo contratistas del Estado, particularmente de la construcción, concertaron con funcionarios de gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos o tener prelación en el pago de deudas. En esta causa se expuso el uso de mecanismos sofisticados para el lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción en la contratación de obra pública.

“Con el fin de ocultar el origen de los recursos, y darles apariencia de legalidad, y en asocio con otros miembros de la red, utilizó sociedades fuera de plaza (off shore) con sede en Belice y Panamá. Luego, a través de dichas entidades, celebró y/o autorizó distintos contratos de préstamo ficticios y compraventa de acciones de sociedades a través de las cuales adquirió varios apartamentos en el edificio Casa Margarita.  Posteriormente, con el fin de mantener-obtener favores y beneficios, les entregó a funcionarios del gobierno entrante (Partido Patriota), casas y apartamentos por medio de una serie de sociedades y contratos falsos. La investigación determinó que también realizó transferencias a personajes públicos de alto perfil que se beneficiaron de las comisiones ilícitas”, indicó el MP.

Una condena y otros casos de corrupción

El 15 de junio del año pasado, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, condenó por la vía de aceptación de cargos, al empresario farmacéutico Gustavo Alejos y a otras cuatro personas que reconocieron ser culpables en delitos de corrupción del caso denominado IGSS Negociantes de la Salud.

Alejos Cámbara aceptó haber cometido los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita. Por esos delitos, los jueces lo condenaron a una pena mínima de ocho años y ocho meses de cárcel, más una multa de Q33 mil.

Al igual que Alejos, también aceptaron cargos y fueron condenados: Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo; y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, acusado de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo. El exsecretario de la presidencia también enfrentó otros casos de corrupción.

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Claudia González: “El MP no presentó evidencia que indique que fui funcionaria pública”

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El juez Jimi Bremer en una audiencia a puerta cerrada una audiencia de etapa intermedia contra la abogada anticorrupción Claudia González. Será hasta el 18 de marzo cuando se resuelva si la abogada irá a juicio.

Por Alexander Valdéz

El juez décimo Jimi Bremer la etapa intermedia del proceso de criminalización que se dirigió contra la exmandataria de la CICIG, Claudia González, a quien se detuvo y vinculó por haber estado a cargo del caso por tráfico de influencias contra la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

En el primer día de la audiencia, Bremer no permitió el acceso de los medios de comunicación que acudieron a la sala del juzgado para dar cobertura a la diligencia de González. La justificación fue que la prensa “tergiversa” los hechos.

Al salir de la audiencia, la abogada anticorrupción dijo que la exmagistrada tuvo un comportamiento “agresivo” previo y después que comenzara la misma. “Hubo una actitud muy agresiva de la querellante en la audiencia, trataremos de pedir siempre que se respete la dignidad de los sujetos procesales”.

González detalló que el Ministerio Público (MP) leyó la acusación que presentó en su contra, así como los medios de investigación que fueron recopilados durante el plazo que concedió el juzgador.

“Se llevó a cabo la audiencia de fase intermedia, presentó sus argumentos el MP y la querellante se adhirió totalmente. Se analizaron los medios de prueba, mis abogadas hicieron un análisis de todos los medios, no hay un solo documento dentro del expediente que diga que soy funcionaria pública, es una interpretación errónea que se está dando. No se cuenta con elementos de prueba y esperamos que el juez analice que hay muchos que no corresponden en contra mía…”, señaló.

Al haberse escuchado los argumentos de la fiscalía, de la querellante Blanca Stalling y de las abogadas que defienden a González, quedará pendiente la resolución. Será el 18 de marzo cuando el juez Bremer decidirá si envía o no a un juicio a la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Al terminar, Stalling arremetió contra los operadores de justicia criminalizados y quienes están siendo perseguidos por investigarla por el presunto tráfico de influencias de la magistrada por  haber intentado presionar al exjuez Carlos Ruano.

Una venganza que se concretó

El MP señala a la abogada del delito de abuso de autoridad que se supone cometió cuando investigaba a la magistrada Stalling. El juez Jimi Bremer, sancionado por el Departamento de Estado de EE.UU., la ligó a proceso el 22 de septiembre.

Según los abogados defensores, ese delito sólo se le puede imputar a funcionarios o empleados públicos. Al momento en el que la abogada participaba en la investigación no gozaba de esa calidad, porque trabajaba para la extinta CICIG.

En la denuncia de Stalling, además de González, incrimina a los exfiscales Juan Francisco Sandoval y Siomara Sosa, y al exjuez Carlos Ruano, quien fue presionado por la magistrada para que favoreciera a su hijo en un caso de corrupción.

A partir de la denuncia del juez Ruano surgió la investigación en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, el caso fue cerrado por el juez Víctor Cruz, quien también es considerado (al igual que Stalling) un actor antidemocrático y corrupto por el gobierno de Estados Unidos.

González recuperó su libertad por orden de Sala

González fue detenida el pasado 28 de agosto, pero la audiencia de primera declaración finalizó casi un mes después. La incomparecencia del Ministerio Público y de la representación de Stalling retrasó la conclusión de esta primera etapa penal.

Su salida de la prisión fue por una resolución de los magistrados que aceptaron el recurso de apelación que presentó la defensa de la abogada y ordenaron concederle medidas sustitutivas a la prisión preventiva decretada por el juez Jimi Bremer.

Hasta antes de su detención, la abogada González encabezaba el equipo legal de fiscales que han sido detenidos. Entre ellos, Paola Escobar, Allis Morán, Carlos Videz, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, entre otros que dirigieron casos de alto impacto.

Como mandataria de la CICIG, también investigó casos que alcanzaron a altos funcionarios del Estado, narcotraficantes y empresarios. Uno de ellos fue el de Blanca Stalling, a quien acusó de tráfico de influencias tras la denuncia del juez Carlos Ruano.

A raíz de esos expedientes y, que seguía defendiendo a sus colegas, González estuvo denunciando acoso e intimidación en las redes sociales por parte de cuentas anónimas dirigidas por los mismos señalados de corrupción.

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CC protege a juez que autorizó orden de captura contra Juan Francisco Sandoval

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El juez de diligencias urgentes habría incurrido en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y colusión. Según la denuncia, esos delitos los pudo cometer al autorizar diligencias nacionales y la orden de captura internacional contra Juan Francisco Sandoval, sin tener competencia.

Por Alexander Valdéz

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en definitiva y negó el amparo solicitado por Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró sin lugar el antejuicio planteado contra el juez de diligencias urgentes Víctor Herrera Ríos.

Sandoval, en calidad de denunciante, accionó contra el fallo. La CC decidió que no era viable dejar sin efecto la decisión del pleno de la CSJ y mantiene la resolución que no tramitó la denuncia contra el juez Ríos.

“Este Tribunal concluye que la autoridad cuestionada actuó conforme al correcto uso de las facultades que legalmente le han sido conferidas brindando una resolución que cumple con las exigencias de una debida motivación y fundamentación, lo cual hace evidente que no se concretó violación alguna a los derechos constitucionales denunciados por el funcionario antejuiciado, razón por la que deberá denegarse la tutela constitucional solicitada, por devenir notoriamente improcedente.”, dice el fallo de la CC.

Foto: Cortesía

 

El fallo fue firmado por los magistrados: Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Vásquez, Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus y Dina Ochoa. Esa decisión implica que la resolución emitida por la CSJ queda firme y el antejuicio solicitado contra el juzgador no sea tramitado.

Vicios durante la audiencia

En la denuncia Sandoval y la exmandataria de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Leily Santizo, pidieron que se iniciara una investigación contra el juez por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y colusión. Delitos que, según los denunciantes, pudo cometer el juez al autorizar diligencias nacionales y la orden de captura internacional contra Sandoval, sin tener competencia.

Además, señalan que el expediente por el que se autorizaron las diligencias ya tenía un contralor; el Juzgado Tercero Penal, por tanto no podía acudir ante esa instancia. Además, se cita lo declarado por el juez al momento de desarrollar la diligencia que solicitó la FECI, quien reconoció que estaba incapacitado para ejercer el cargo por problemas de salud y por eso sería apoyado de sus auxiliares.

“Está presente también la Licenciada Heidy Johana Peña Tiu, también abogada y notaria, oficial 3 (..), a quienes debido a la situación de salud que estoy guardando actualmente que de alguna forma no me permite darme claridad, sino no permite dar lectura continua del texto que se va incluyendo como parte de la audiencia, considero designar a ambas auxiliares judiciales para que hagan funciones de transcribir y trasladar, hagan funciones de aclarar lo temas que no vayan quedando claros y que son objeto de investigación, para eso estarán presente las señoras abogadas auxiliares judiciales”, parte de la cita textual del audio.

MP pidió otras órdenes de captura

Actualmente Santizo, quien investigó casos de corrupción en Guatemala, enfrenta un proceso penal y tiene una orden de captura vigente por petición de la FECI, de Rafael Curruchiche. En este otro caso se le señaló de obstrucción de justicia, por una comunicación que sostuvo con el exfiscal Juan Francisco Sandoval sobre el caso Odebrecht, donde ella era su abogada defensora.

Por estos mismos hechos, se detuvo al secretario del Juzgado Tercero Penal, por no dar aviso a la PNC de la presencia de la exmandataria de CICIG en tribunales, pero fue dejado en libertad con falta de mérito, al considerarse que no había indicios de la comisión de un delito.

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Mujeres respaldan a candidata para gobernadora de Alta Verapaz

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Los expedientes recibidos para la postulación de la Gobernación Departamental de Alta Verapaz fueron 91, de ellos 68 corresponden a hombres y 23 son mujeres. Una de ellas es Lourdes Haquelina Gómez Willis quien ha recibido el respaldo de organizaciones de derechos humanos y de las autoridades ancestrales.

Por Yeimi J. Alonzo

La abogada Lourdes Haquelina Gómez Willis se describe como una mujer tenaz, comprometida y aguerrida, no solo por su trayectoria de trabajo en la defensa de los derechos humanos sino de manera colectiva.

“Muchas personas y organizaciones pueden dar fe de ello y más que todo, por el ejemplo que me dejó mi madre Lucia Willis Paau (+), lideresa indígena, una defensora activa de derechos humanos. Por mantener ese legado además de mi derecho como mujer, he decidido postularme”, expresó antes de ingresar a registrar su expediente para gobernadora departamental de Alta Verapaz.

Lourdes recordó que muchas veces se ha vedado el derecho a las mujeres a ocupar cargos en espacios públicos y privados a todo nivel, aun teniendo todas las capacidades y habilidades. “Hoy eso representa un reto y hacemos un llamado a las autoridades a ser coherentes con el discurso de inclusión de las mujeres, más aún de mujeres mayas”, añadió.

Gómez Willis es originaria de Cobán, Alta Verapaz y de raíces afrodescendientes. Se postuló al cargo en su calidad de ciudadana y mujer defensora de derechos humanos, y cuenta con el respaldo de un grupo de mujeres del pueblo Q’eqchi’ y Poqomchi’. Lourdes dijo que la principal motivación para postularse fueron los cambios que el actual gobierno impulsa en el tema de derechos humanos.

“Quiero sumar mis capacidades y compromiso en la lucha contra la corrupción, fortalecimiento del sistema educativo, salud, acceso al trabajo, diálogo con los diferentes sectores para hacer de Alta Verapaz algo diferente”, expresó.

Gómez espera que el presidente y la terna tomen en cuenta cada una de las cualidades, habilidades y capacidades con las que cuenta a nivel comunitario, nacional e internacional.

Su trayectoria

Lourdes tiene estudios en derecho constitucional, una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, y se ha especializado en investigación en temas de protección y análisis de riesgo.

Ha realizado varias publicaciones relacionadas a pueblos indígenas, ha acompañado litigios estratégicos a favor de personas que han sido criminalizadas. También ha participado en procesos de mujeres que luchan por la erradicación de la violencia, fortalecimiento de capacidades en favor de la juventud, entre otras. “Creo que no nos define un solo camino sino el compromiso con las causas sociales y donde haya necesidad de fortalecer los derechos humanos permitiendo su acceso”, indicó.

El acuerpamiento

La postulación surgió, dijo Gómez, a raíz de ver las acciones que han impulsado desde la Presidencia y Vicepresidencia, en los diferentes ministerios y en la lucha contra la corrupción.

“Eso me llamó mucho la atención, de lo contrario no me hubiera animado a postularme. A partir de eso comenté mis intenciones a diversas compañeras y ellas decidieron respaldar mi postulación. Las mujeres que me acompañan pertenecen a espacios organizativos. También me encuentro acompañada por las autoridades ancestrales, que son una parte vital de este diálogo de construcción del Estado y la defensa de la democracia del país. Por ello, agradezco el respaldo que me están dando en esta ocasión”, expresó.

En su expediente, se incluye al menos 10 las cartas de respaldo hacia su postulación para el cargo de gobernadora que dirigieron diversos movimientos y organizaciones de mujeres al presidente de la República, entre ellas: la Asociación política (MOLOJ); la Alcaldía Indígena del municipio de Chisec; la Asociación de Mujeres Q’eqchi’ (Nuevo Horizonte); la Asociación de Mujeres Poqomchi’ Construyendo el Futuro (MPCOF), de la aldea Chicoyoj I; Asociación (Oxlaju I´X), de San Juan Chamelco; la Asociación de Mujeres Jóvenes Q’eqchi’ (NA´LEB´AK), del municipio de Chisec; lideresas comunitarias de la comunidad Ichab, del municipio de San Pedro Carchá; la Asociación (Qana’ Tzuultaq’a), la Asociación del Consejo de Mujeres Mayas Ixmukané, la Asociación de Fundadores para el Desarrollo y la Vida (FUNDEVIDA) y el Consejo del Pueblo Maya (CPO) las cuales fueron agregadas en anexos junto a su expediente.

Plan de trabajo

En caso de ser electa, la abogada y defensora de los derechos humanos indicó que hará una revisión y actualización de proyectos de arrastre para este año. También tendrá un espacio de diálogo con las diferentes alcaldías y la reactivación de mesas de trabajo y oficinas municipales de la mujer de todo el departamento, fortaleciendo y dando seguimiento a las acciones de coordinación con varios sectores incluyendo el cooperativista y de cooperación internacional.

Una de sus principales metas, indicó, es la reactivación de las mesas de trabajo que fueron cerradas en el gobierno anterior, que daban seguimiento a los Acuerdos de Paz, la erradicación de las formas de violencia en contra de la mujer, la desnutrición, educación, y acceso a empleo.

“Es parte de mi compromiso el monitoreo y la fiscalización. Confío en que haya transparencia en el proceso y valoren cada una de las capacidades y trayectoria de cada uno de los candidatos y candidatas, también que tomen en cuenta las capacidades que como mujeres y mujeres mayas tenemos para desarrollarnos dentro de estos espacios”, indicó.

“Mi madre decía que quería ser gobernadora por Alta Verapaz, y de alguna forma lo estamos cumpliendo desde mi persona”, expresó Gómez Willis.

Durante la presentación del expediente, varias mujeres le expresaron su respaldo, admiración y cariño, reivindicando que el acompañamiento, unión y la sororidad son pilares fundamentales en el camino que muchas mujeres están forjando a las nuevas generaciones en la cosa pública, en donde se demuestra que el amor, la ternura y acompañamiento puede ser la mejor arma.