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“La propia excelencia, areté para los griegos y virtus para los romanos, siempre ha sido asignada a la esfera pública, en la que cabe sobresalir, distinguirse de los demás”. Hannah Arendt (1906-1975).
La esfera de lo público y la esfera de lo privado (y de lo social) han recibido históricamente recomposiciones. En la época actual, ha habido un fuerte embate desde lo que se ha denominado corrientes neoliberales tanto teóricas como prácticas que han replanteado el papel de lo público en las sociedades actuales. De alguna manera, se ha opuesto lo público a lo privado; en lenguaje más preciso, esta oposición se ha reducido a Estado y Mercado (desde luego lo privado no se remite únicamente a mercado). La crisis del Estado de Bienestar, al entrar en cierto agotamiento, quizás por haber cumplido su ciclo europeo de recuperación de la postguerra, ha llevado a algunos a plantear un mundo de grandes conglomerados – multinacionales con auto-regulaciones (Lex Mercatoria) – , que las esferas multilaterales de gobierno no han podido controlar (ej. vacunas).
Lo público tiene que ver con el encuentro de los ciudadanos en situaciones comunes que sobrepasan el ámbito privado. El Estado, la institución propia de lo público, es el garante de las libertades. Si lo privado se refiere más a la provisión de la necesidad y a la vida, el Estado tiene que ver más con la libertad en cuanto a su garantía y realización entre iguales, pero el Estado tiene que concurrir muchas veces también a la provisión de las necesidades (provisión de ingresos, seguridad alimentaria, salud pública, educación y regulación familiar).
Pero nos hemos visto abocados a unas narrativas que difunden una supuesta perversidad del Estado, como si fuera propio de esta institución su ineficiencia o ser espacio de corrupción. La verdad es que la corrupción se origina en la relación con lo privado.
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Analizaremos con la brevedad que impone una columna tres situaciones ilustrativas de esta problemática relación entre PÚBLICO/PRIVADO.
- “Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado cuanto sea posible”.
Esta admonición o pretendida regla pragmática para zanjar el pleito esconde más de lo que pretende esclarecer. Ha sido sugerida y promocionada por alguno de los seguidores de la llamada “Tercera Vía”, muy mencionada en la administración Santos, pero tiene el inconveniente de que, al descontextualizarse, sirve para todo y lo que sirve para todo sirve para nada.
¿Cuál es el Estado necesario? ¿El que arbitra o regula, pero no juega? ¿Cuánto es el mercado posible, inconmensurable como los sueños? No parece ser un criterio para definir esa aparente relación inversa entre Estado y Mercado y digo aparente porque ambos son necesarios y, por lo tanto, no inversos como algunos plantean y defienden con vehemencia y descaro. El Estado es necesario y lo ha revelado la situación actual: la pandemia. Solo esa institución es apta para palear tamaño desafío. Lo que se evidenció con la inédita situación pandémica es una debilidad de las instituciones públicas para afrontar tamaño reto, cuando eran éstas las propicias para hacerlo. Siquiera se recuperó el Ministerio de Salud en la administración presidencial anterior, confundido y disminuido en una etérea “Protección Social”. Hemos estado padeciendo la etapa de privatización de la salud, cuando más necesitamos asistencia pública.
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Lo más paradójico de quienes se reclaman partidarios de lo privado es que arguyen la libertad como fundamento. Pues ¡qué pena señores! La única institución que puede y debe garantizar la libertad es el Estado.
- ¿CVY? Y la contratación pública
Una de las expresiones más complicadas de la redefinición del Estado, vía corrientes neo-liberales, es el gran auge de la contratación pública en la medida en que el Estado se redujo a ser contratante de todo su actuar. Todo se contrata para delicia de quienes ven en la oportunidad de la contratación un ejercicio político crematístico, fructuoso y “enriquecedor”. Lo que se sabe, pero no se dice, e inclusive se reduce a sus tres iniciales – “Cómo Voy Yo” – , el CVY que en el decir de algunos contratistas del Estado debe calcularse dentro de los presupuestos de una licitación, o sea, la coima, el soborno, la dádiva o exigencia que un funcionario público o autoridad hace con el fin de otorgar un contrato o un favor. La coima o soborno constituye un delito conocido en el Código Penal colombiano como cohecho. También existe otro hecho punible relacionado: la concusión (cuando la exigencia se realiza con uso de la fuerza). Pero no voy a lo jurídico, sino en el sentido que el combate a la corrupción se ha ido por ese lado. En Colombia, hay más normas de control, pero al mismo tiempo más corrupción. Conclusión: por ahí no es entonces la salida.
Transparencia Internacional define así la corrupción: “Abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo”. Es la perversión de lo público en favor del interés privado. Indudablemente la participación ciudadana a través de veedurías puede hacer un ejercicio de control que evite la corrupción y logre la transparencia en la contratación.
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En la medida en que se admite por vía del total desprestigio que el ejercicio político es esencialmente corrupto y corruptor, se está dejando tal ejercicio del poder a quienes no defienden el interés público y trabajan para intereses privados. La narrativa popular puso en el mismo saco a quienes son y a quienes no son honestos o transparentes, un gran error. Concientizar de la indispensable condición de honestidad para elegir es un primer deber ciudadano si queremos que el país mejore y supere sus inequidades. Hay quienes se ponen la máscara de la anti-corrupción más por eliminar competidores que por trabajar por el Estado garante de libertades y proveedor de condiciones de bienestar común.
- “Ni el Estado es deficiente por naturaleza ni las empresas privadas son eficientes por definición”
Esa mitología de la eficiencia no puede ser propia de los fantasmas que la portan. Por tanto, la afirmación precedente tiene la virtud del equilibrio: nadie es eficiente “per se” sino porque lo demuestra. Ésos son mitos difundidos con el propósito de obtener privilegios o tratamientos ventajosos. Ambas instituciones tienen que ser eficientes, pero especialmente el Estado por estar al servicio de todos los ciudadanos. A los privados, el mercado se encarga de castigarlos. Pero el juicio ciudadano, cuando no es presa de la demagogia populista, logra el castigo de quienes no conducen el Estado para el servicio de todos.
*Víctor Reyes Morris, sociólogo, doctor en sociología jurídica, exconcejal de Bogotá, exrepresentante a la Cámara, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia.
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