Rústicos 4×4 invaden franja costera de las playas de Todasana y La Sabana, provocando daños graves en el agua y la arena, poniendo en riesgo el ecosistema reproductivo de las tortugas marinas en riesgo de extinción. Activistas y vecinos de esas localidades denuncian por redes lo que sucede, aludiendo el complot de algunos comerciantes que venden las playas a estas acciones ilegales, sin que el Estado tenga capacidad de controlar y detener la actividad. Exigen que se cumpla la ley y se proteja la playa para preservar su ecosistema y mantener la calidad destacada de estas playas evitando su degradación.
La Costa de La Guaira tampoco se libra del turismo depredador y la mercantilización de la naturaleza. En Todasana y La Sabana grupos de vecinos reclaman el avance de un modelo de turismo que no tiene en cuenta la conservación de la playa y los ecosistemas de la misma, el cual es incentivado por clubes de piqueros coludidos con comerciantes de las playas y quienes alquilan toldos.
¿Pero por qué hay oposición a que los turistas entren con sus camionetas y rústicos a la playa?
Además de la obvia incomodidad que generan a otros que no participen de esa misma actividad y estén en la playa buscando relajarse y descansar; las playas de Todasana y La Sabana son zona de desove de tortugas, por lo tanto, necesitan que estas playas permanezcan intactas para seguir reproduciéndose. Sin embargo, se ha venido permitiendo, por iniciativa de estos clubes y comerciantes, la entrada de rústicos en la arena, e incluso se reclama que algunos hacen piruetas y piques fangueros en la orilla de la playa.
“Además de llenar la arena de metales pesados, compactan la arena, y al empezar la temporada de desove, con la mayor amenaza para las tortugas. Hay que mencionar que playa larga tiene un amplio estacionamiento con buena sombra que está detrás de los toldos, a algunos metros”, ha declarado un activista y proveedor de servicios turísticos que prefiere permanecer anónimo, pues también asegura que ha recibido amenazas de quienes realizan estas prácticas. Esto evidencia un conflicto entre los mismos proveedores de servicios, quienes defienden la playa y sus condiciones ambientales, advierten que el daño que se está provocando degenera el ecosistema y las playas perderán las condiciones que le dan atractivo turístico especial, lo que motiva a viajar hasta tan lejos para disfrutar de sus playas y no quedarse en Catia La Mar o Caraballeda.
Quienes hacen activismo afirman que han realizado talleres junto al MINEC para concientizar a los habitantes y en especial a quienes alquilan toldos y permiten el acceso de los vehículos a la arena. Pero la presión de clubes y turistas organizados, que ofrecen dinero a estos comerciantes para quebrantar la ley y permitir el paso de los rústicos a la playa, desmorona todo intento de crear conciencia. “Están vendiendo la playa por un ingreso hoy, sin saber que eso destruye el atractivo del lugar a largo plazo” afirma una de las activistas y promotora del turismo en la región. Afirman que la policía ha venido a cerrar el paso de los vehículos, pero no tienen capacidad para permanecer todos los días allí y también se doblegan con sobornos que realizan los dueños de los vehículos, denuncia un turista molesto por la invasión de los vehículos.
A fin de cuentas, lo que sucede es ilegal, de acuerdo al Decreto N° 1.468 de fecha 27 de septiembre de 2001, con Fuerza de Ley de Zonas Costeras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.319 de fecha 7 de noviembre de 2001, en su artículo 19 se prohíbe taxativamente en su numeral 2° “El aparcamiento y circulación de automóviles, camiones, motocicletas y demás vehículos de motor, salvo en las áreas de estacionamiento o circulación establecidas a tal fin…”. Además, en el numeral 3° del mismo artículo, se prohíbe “La generación de ruidos emitidos por fuentes fijas o móviles capaces de generar molestias a las personas en las playas o balnearios, salvo aquellos generados con motivo de situaciones de emergencia, seguridad y defensa nacional”. Esto, referido a las quejas también realizadas por activistas y turistas hacia el ingreso de los vehículos, que no se limitan a rodar por la franja de arena y hacer pique fanguero en la orilla; sino también a colocar música a todo volumen en contravención a esta normativa.
En La Sabana se ha luchado por salvar a las tortugas, y eso ha sido recogido por la prensa internacional, en donde se señala que uno de los principales peligros en la reproducción de estas especies en peligros es precisamente la entrada de vehículos 4×4 en las arenas de la playa. Los vecinos en Todasana apelan al artículo 127 de la Constitución, el cual garantiza el derecho a la protección de un medio ambiente sano y el equilibrio ecológico, lo que se ve afectado por esta actividad turística sin conciencia de sus efectos nocivos.
El hecho de que estas playas sean sitio de anidación de tortugas, las cuales además están en riesgo para su supervivencia, añade al caso una serie de instrumentos legales que hacen prohibitiva la actividad que se está impulsando desde estos clubes de piqueros y los comerciantes que buscan aumentar sus ganancias permitiendo la entrada de rústicos. Por solamente nombrar los instrumentos legales que exigen la protección de estas playas tenemos a la Ley aprobatoria de la Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la Alta Mar, la Ley aprobatoria del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la Región Gran Caribe; la Ley aprobatoria del Convenio consultivo para la protección y el desarrollo del medio marino de la Región Gran Caribe, la Ley aprobatoria del Convenio sobre diversidad biológica, la Ley de la Comisión Nacional para el estudio y planificación del desarrollo de la zona del Caribe de Venezuela, la Ley aprobatoria de la Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas; la Ley aprobatoria de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre; la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de protección a la fauna silvestre, la Ley de diversidad biológica, la Ley Penal del Ambiente, la Ley orgánica de los espacios acuáticos e insulares, la ya mencionada Ley de Zonas Costeras, el Reglamento sobre Guardería Ambiental. Gaceta Oficial Nº 34.678 de 19 de marzo de 1991; entre otros más.
La mayoría de estas normas exigen al Estado aplicar medidas que protejan a las tortugas y sus ecosistemas, por lo cual es obligación de los organismos estatales proteger estas playas y evitar que esta situación siga ocurriendo. Pero también es importante que cada vez más personas sean conscientes y conocedoras del marco legal, pero también de la importancia que significa proteger estas especies y mantener el equilibrio y la biodiversidad costera y marina, tanto por nuestra propia supervivencia como parte de esa cadena de vida como por la existencia misma de los seres vivos, lejos del egoísmo. Los activistas y defensores de las playas y tortugas piden ayuda al resto del país para seguir con esta lucha y evitar que intereses particulares de unos pocos destruyan el gran trabajo que se ha venido realizando para salvar a las mismas y mantener estas costas en un óptimo estado.
Autor
Felicito al Observatorio de Ecología Política y su equipo por esta iniciativa de investigación y de hacer público las acciones antrópicas tanto positivas como negativas en nuestro país. En el caso de La Guaira, he participado en estudios y proyectos de agroturismo tomando en cuenta los impactos ambientales negativos al medio físico y humano del Este del Estado, por lo tanto cuentan con mi apoyo profesional en el campo geográfico y ambiental para sus actividades.