Alan Vogelfanger*

En abril de 2009, el político y periodista argentino Eduardo Mondino renunciaba a su cargo como Defensor del Pueblo de la Nación. Probablemente, ni las personas más pesimistas en ese entonces hubieran imaginado que el puesto quedaría vacante por los siguientes diez años.

La figura del Defensor del Pueblo nació con la ley N° 24.284 y fue incorporada como un organismo con autonomía institucional y administrativa a través de la reforma constitucional de 1994. De esta forma, el artículo 86 de la Carta Magna de Argentina explica que su misión es la defensa y protección de derechos, garantías e intereses, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Además, tiene legitimación procesal para intervenir judicialmente para defender individual o colectivamente a las personas y es la única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) argentina reconocida por Naciones Unidas.

Hoy en día, el cargo más alto ocupado en el organigrama es el de Subsecretario General (Juan José Böckel); es decir, no solo está vacante el cargo de Defensor/a propiamente dicho, sino que tampoco quedan Defensores/as Adjuntos/as ni Secretario/a General. Dentro del ámbito nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –máxima autoridad judicial del país– le recordó al Congreso en una sentencia de 2016 “la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación” y consideró que el hecho de que el cargo siga vacante “repercute negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios”.

Asimismo, esta circunstancia también fue advertida por instituciones regionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “los Defensores y Defensoras del Pueblo desempeñan un importante rol en la protección de los derechos humanos” e instó a Argentina “a adoptar todas las medidas que sean necesarias para que se inicie el proceso de selección del Defensor del Pueblo”. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas observó con preocupación la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo y afirmó que Argentina debe “asegurar el fortalecimiento de las instituciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos” y que debe “procederse al nombramiento del Defensor del Pueblo a la mayor brevedad posible”.

Más aún, la sociedad civil también ha reclamado la designación de un Defensor o una Defensora del Pueblo, a través de un proceso participativo, abierto y transparente. Mediante una nota formal presentada en el Congreso, 55 organizaciones no gubernamentales (entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional Argentina y Poder Ciudadano) solicitaron que se “adopten las medidas necesarias para iniciar de inmediato el procedimiento de designación de un/a Defensor/a del Pueblo, en el cual se asegure la efectiva participación informada de la ciudadanía mediante la publicación previa de los antecedentes de los candidatos en un plazo razonable, la posibilidad de que las organizaciones y los/as ciudadanos presenten impugnaciones y avales, la realización de audiencias públicas con amplia participación de la ciudadanía, las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, asegurando la participación federal, y con la obligación de que la selección del candidato sea razonada”.

Ahora bien, ¿por qué el cargo sigue vacante? La explicación más corriente indica que al requerir dos tercios de los votos del Congreso para su nombramiento, fue imposible conseguir los acuerdos políticos necesarios tanto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como durante la gestión de Mauricio Macri. Pero precisamente la falta de acuerdos políticos en este caso demuestra el principal problema subyacente de la clase dirigente argentina (y probablemente de muchos otros países del mundo también): importan más los intereses individuales de los y las integrantes del Poder Legislativo o de sus estructuras partidarias que el bienestar de la población.

No hay ninguna duda de que en Argentina sobran candidatos y candidatas aptas para ocupar el cargo, con notables antecedentes en derechos humanos, honestidad, prestigio moral, neutralidad e independencia; el problema no está en la falta de personas calificadas. Entonces, entre el egoísmo político de no querer ceder espacios y el desinterés de revitalizar una institución que se encarga de fiscalizar al gobierno de turno, el pueblo queda como rehén, privado de una de sus instituciones más importantes para la protección de los derechos humanos.

¿Existen perspectivas de cambio y solución al respecto? No realmente, al menos en el corto plazo. Si bien en 2017 el Congreso intentó proponer una terna de candidatos, la misma fue criticada por organizaciones de la sociedad civil por la falta de transparencia y participación en el proceso y el proyecto no prosperó. La esperanza de contar en el mediano plazo con un Defensor o una Defensora del Pueblo pasa por las elecciones presidenciales de octubre de 2019. Siendo muy optimistas, quizás algunos partidos políticos puedan intentar conseguir el crédito de haber contribuido a la designación del cargo antes de los comicios. Sino, según cómo se desarrollen los resultados, tal vez exista la posibilidad de que con el nuevo tablero político se abran nuevos espacios para la negociación de este cargo. El problema, por supuesto, es que para la clase política la posición de Defensor o Defensora del Pueblo termina siendo más una moneda de cambio en el regateo de poder antes que una importante institución protectora de derechos humanos que merece estar a cargo de la persona más capacitada posible, y elegida a través de un proceso participativo y transparente.

En conclusión, el no contar con un Defensor o una Defensora del Pueblo significa una merma en la actividad de la institución: hay un descenso en el número de resoluciones emitidas (exhortos y recomendaciones hacia organismos públicos y/o particulares), menor nivel de involucramiento y proactividad en causas judiciales existentes, caída en la cantidad de nuevas causas iniciadas, disminución en la articulación entre la sociedad civil y el Estado, menos investigaciones realizadas, y reducción de sus apariciones en los medios de comunicación y en las discusiones públicas relevantes. Todo esto a pesar de que el número de quejas recibidas se mantiene relativamente estable y de que existen numerosas denuncias sobre temas de derecho a la vivienda, transporte y servicios públicos, libertad de expresión, y derechos de pueblos indígenas, entre otros, que ameritarían la intervención de la Defensoría. Finalmente, el reciente decreto presidencial que permite a las Fuerzas Armadas involucrarse en asuntos de seguridad interior también enciende una alarma que hace extrañar a esta figura clave. Lamentablemente, todo esto no parece ser un problema primordial para la clase dirigente argentina.

*Abogado (Universidad de Buenos Aires), LL.M. (American University Washington College of Law)