Pese a las críticas fundadas de los sectores productivos, de amplios sectores de la clase política y del ciudadano del común, la reforma tributaria de Santos viene imponiéndose por mayoría de la coalición de gobierno en el Congreso. Decir reforma es plantear algo que no ocurre porque el sistema fiscal se mantiene, el proyecto de ley sólo aumenta algunos tributos, sostiene o impone otros, todo para cubrir un déficit de más de $12.5 billones de pesos, que en realidad es de $25 billones si se tiene en cuenta los recursos que demandan los planes de inversión inmediatos de este gobierno.

Colombia necesita contar con un presupuesto elaborado y fuerte para realizar las obras que el país demanda, pero lo aprobado ayer por las Comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado es un asalto en busca de fondos para cubrir el derroche reeleccionista que abrió un boquete enorme a las finanzas públicas. Aunque el gobierno lo niegue, es tan evidente que cuando se llama a la austeridad en el gasto se encuentra que la mayor cuantía del mismo corre por cuenta del autobombo publicitario y las interminables nóminas paralelas montadas para satisfacer la demanda burocrática y clientelista de la coalición gubernamental.

Ahora, no puede decirse como en tiempos no tan lejanos, que es la guerra la que consume el presupuesto porque incluso esos gastos necesarios de defensa no han tenido incrementos significativos en estos últimos cinco años, por el contrario o se han congelado o decrecieron, razón por la cuenta la movilidad de las tropas para atender la amenaza narcoterrorista se ha visto limitada en el uso de helicópteros de apoyo o de ataque para respaldar los movimientos terrestres. Claro, para la hirsuta izquierda y para los apologistas de las narcoguerrilla todo gasto militar debería ser eliminado, tal como lo hace el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que redujo el presupuesto de seguridad en $34 mil millones de pesos, unos y otros se amparan en el embeleco del posconflicto, esto no es ni más ni menos que enjalmar las mulas antes de traerlas.

Cubrir los gastos ya efectuados en la “mermelada” le saldrá caro a los colombianos. Con respecto al impuesto a la riqueza, se aprobó ese gravamen para personas naturales y las tarifas oscilarán entre 0,125 y 1,5 hasta el año 2018 para patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos –impuesto que tendrán que mantener próximos gobiernos que quedan desfinanciados-. Entre los artículos que se votaron en bloque, quedó estipulado que el 4X1.000 se ‘marchitará’ desde el año 2022, así: 4X1.000 hasta el 2018. En el 2019, 3X1.000; en el 2020, 2X1.000 y en el 2021, 1X1.000.

Cosa curiosa fueron retirados o aplazados de aprobación artículos que tenían que ver con sanciones a deudores morosos y evasores, que no son precisamente los dueños de capitales o patrimonios más pequeños.  Se aplazó por ejemplo la aprobación del artículo 39, que se excluyó del debate de este miércoles y penaliza con cárcel entre 3 y 8 años a quienes omitieron activos o reportaran pasivos inexistentes superiores a 8 mil millones de pesos. Pero si se incluyó un artículo que favorece los intereses de gobiernos locales o regionales que hicieron mal uso de los recursos de impuestos a su cargo, en efecto, hay propuestas orientadas a facilitarles la vida a los municipios del país que deben impuestos y tasas anteriores al año 2012

Sectores productivos, como el minero-energético, señalan con razón que Colombia será el país con mayores cargas tributarias; comparado con otros países del mundo si una tarifa nominal de Renta más CREE, pasando del 38 al 43 por ciento está por los rangos internacionales, está muy por encima. Es tan grave el efecto que tendrá esta “reforma”, que el diario El Tiempo, incondicional aliado del gobierno, señala hoy en su editorial:  En lugar del debate pausado y profundo que debería tener una iniciativa de esta envergadura, lo que se impuso fue la aplanadora del Gobierno, que, a punta de ‘pupitrazos’, hizo valer sus mayorías. Así, avanza una propuesta cuyo texto completo fue radicado la noche del lunes y que apenas empezaba a ser digerido por el público en general. La versión más reciente no solo tiene el doble de artículos que la original, sino que cambia sustancialmente las fórmulas que en un comienzo se habían esbozado. Si el esquema inicial era malo, el de ahora no es mejor.

Anota como el sector empresarial había acordado realizar algún tipo de sacrificio con respecto al impuesto al patrimonio, aceptando por un año una sobretasa que luego sería objeto de un estudio de una verdadera reforma tributaria en ese año. Textualmente el editorialista indica como los empresarios no contaban con que se quedarían con el pecado y sin el género. Por arte de birlibirloque, el Ejecutivo aceptó desmontar gradualmente la carga patrimonial, pero reemplazándola con más Cree, un impuesto creado en el 2012 que es parecido al de renta, con la diferencia de que incluye menos deducciones. El efecto combinado eleva las tasas efectivas de tributación a la estratosfera. Así, las sociedades de mayor tamaño acabarán pagando cerca del 46 por ciento de sus utilidades, uno de los niveles más altos del mundo, es decir 3 puntos más de lo que prevé el sector minero.

Lo grave es que el pueblo colombiano no verá reflejado ese presupuesto alcabalero en obras que satisfagan de manera inmediata necesidades aplazadas en salud, educación, obras públicas, vivienda, etc., por ahora todo tiene un destino específico: Pagar la mermelada consumida.