Lo que parecía únicamente la falsificación de un título de máster, puede convertirse en una enmienda a la totalidad del sistema universitario del español. Prueba de ello son las recientes declaraciones de Pablo Casado ante los medios de comunicación.
El dirigente del Partido Popular, como Cristina Cifuentes teóricamente perteneciente a el ala reformadora y “saneadora” de la formación de derechas, compareció en una extensa rueda de prensa para demostrar que, a diferencia de su colega de partido, él sí tiene todos los papeles que corroboran que realizó un máster -casi idéntico al de la presidenta de Madrid- en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Flaco favor el que el conocido político popular le ha hecho a su compañera.
El problema o lo curioso del caso es que Casado no llegó a pisar un aula durante toda su formación. Según el político, la universidad le permitió beneficiarse del régimen máximo de convalidaciones permitido por ley, y de este modo, sólo cursó 20 de los 60 créditos de su máster; cuatro de 22 asignaturas. Así mismo, esas cuatro asignaturas que representaban un total de 22 créditos cursarlas mediante cuatro trabajos que juntos sumaban 92 folios.
Casado alega que con su título de licenciatura universitario tenía gran parte de las asignaturas convalidadas. El procedimiento empleado para no llevar a cabo el 66% de las horas lectivas que deben dedicarse a un máster, es según eldiario.es del todo legal. Sin embargo, habría que preguntarse si todo el alumnado universitario goza de esas mismas ventajas. Más cuando quien permitió a Casado practicar las convalidaciones fueron dos nombres conocidos del mundo universitario y del caso Cifuentes.
El primero de ellos es Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que se encuentra tras las notas falsificadas de Cristina Cifuentes y director del Instituto de Derecho Público donde la presidenta cursó el máster. Fue este docente universitario quien permitió al político de derechas no asistir a clases y realizar trabajos a modo compensatorio.
El segundo de los nombres es el Fernando Suárez Bilbao. Este profesor universitario era, en 2009, mientras Casado cursó su máster, el presidente de la comisión de adaptaciones y convalidaciones de la URJC. En 2016 se revelaba que Suárez Bilbao, por entonces rector de la Universidad Rey Juan Carlos, había plagiado numerosos artículos. Cabe destacar que el rector cobraba dos pluses salariales por sus artículos publicados. El mismo Suárez dirigió la tesis de la hermana de Cristina Cifuentes.
Las cloacas de la universidad
La Universidad Rey Juan Carlos fue creada en 1996 durante el ejecutivo de José María Aznar. Según afirmaba el lunes 9 de abril en una tertulia de radio, el profesor universitario de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan B. Culla, dicha universidad fue creada por el Partido Popular para quitar poder a la izquierda intelectual. “Crearon su universidad (...) de hecho el nombre ya es significativo”, afirmaba el profesor para luego contraponer esa universidad con la Complutense, centro educativo del que ha salido gran parte de la cúpula de Podemos.
Más allá de que se trate de declaraciones en tono jocoso, las investigaciones de eldiario.es están demostrando hasta qué punto la URJC y el Partido Popular están vinculados, y hasta qué punto la institución de enseñanza pública sirve a quienes gobiernan para colocar a amistades y familiares.
El máster del Instituto de Derecho Público que Cristina Cifuentes falsificó pertenece a la URJC, y esta universidad pública, recibe a su vez 120 millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid.
La hermana de Cifuentes es profesora de la URJC y según eldiaro.es fue contratada de forma ilegal cuando Fernando Suárez Bilbao, el mismo que permitió a Casado beneficiarse del régimen máximo de convalidaciones permitido por ley, era rector de la universidad.
Enrique Álvarez Conde, quien permitió a Casado no presentarse a ninguna clase a cambio de trabajos, estuvo durante la presidencia de José María Aznar al frente del Instituto Nacional de Administración Pública para luego encargarse del Instituto de Derecho Público.
Así la lista suma y sigue creando un entramado de puertas giratorias que van desde la política institucional hasta la URJC y viceversa.
Quizás Pablo Casado, a diferencia de Cristina Cifuentes, no ha cometido ninguna ilegalidad, sin embargo, viendo cuan contaminada por la política está la universidad bautizada como el antiguo monarca, no cuesta de imaginar lo fácil que fue para el dirigente del Partido Popular, saltarse 18 asignaturas.
