Abintestato Juicio civil destinado a nombrar heredero de quien no ...

AbintestatoJuicio civil destinado a nombrar heredero de quien no haotorgado testamentoAbogadoProfesional colegiado al que el interesado le encomienda ladefensa de intereses jurídicos ajenos a cambio de unaretribución económicaAbogado de oficioProfesional designado aleatoriamente por el Colegio paradefender a quien carece de recursos para sufragarse el suyopropioAbstenciónEs la obligación que tiene un juez o magistrado por su propiainiciativa de inhibirse en el conocimiento de un litigio porentender que carece de imparcialidad para juzgar.La abstención también puede afectar a los fiscales, secretariosjudiciales, peritos y funcionarios del órgano judicial.Las causas de abstención se enumeran en el artículo 219 de laLey Orgánica del Poder Judicial.En el proceso civil la abstención se regula en el artículo 99 dela nueva Ley de Enjuiciamiento CivilActos propiosPrincipio general de derecho en virtud del cual nadie puedecontradecir lo que por su comportamiento ha venidomanteniendo de manera uniforme.Los actos propios son aquellos actos solemnes que vinculan yconfiguran inalterablemente la situación jurídica de su autor, oque crean, modifican o extinguen algún derecho opuesto a símismo y que no pueden confundirse con los actospreparatorios o borradores de otros posteriores que nollegaron a convenirse (sentencia del Tribunal Supremo de 7 deabril de 1994).

El Tribunal Supremo en sus sentencias de 27 de julio de 1993 y10 de junio de 1994 ha expuesto también que los actos propioscontra los cuales no es lícito accionar son aquellos que, por sucarácter trascendental o por constituir convención, causanestado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de suautor, así como aquellos que vayan encaminados a crear,modificar o extinguir algún derecho. Por tanto, el principio sólotiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos quehubieren creado una relación o situación de derecho que nopodía ser alterada unilateralmente por quien se hallabaobligado a respetarla.Acumulación de autosReunión de expedientes judiciales que por su similitud puedendecidirse en la misma sentenciaAcumulación de penasResumen de las penas impuestas al mismo condenado endiferentes procesos penalesAdministraciónConjunto de organismos dependientes del gobiernoencargados de gestionar las competencias del poder ejecutivoAgravanteCircunstancia que concurre en la persona que comete undelito, o en el delito mismo, y que incrementa laresponsabilidad penalAlevosíaConsiste en la comisión de un delito por medios que asegurensu ejecusión sin el riesgo que pudiera provenir de la víctimaAlimentosEs el deber de sustento, habitación, vestido y asistenciamédica que tienen obligación recíproca de prestarse loscónyuges, ascendientes y descendientes, así como loshermanos en determinadas condiciones (artículos 142 ysiguientes del Código Civil)

AlzadaRecurso administrativo hoy denominado recurso ordinario quecabe contra las decisiones adoptadas por un órganoadministrativo que pone fin a un expedienteAlzamiento de bienesDelito consistente en transmitir los bienes ficticiamente paraque los acreedores no puedan cobrar su deudaEl alzamiento de bienes está tipificado en el articulo 257 delvigente Código Penal.Para la existencia del delito de alzamiento de bienes, lajurisprudencia exige la concurrencia de varios elementos:1. La existencia de un derecho de crédito por parte del deudory, en consecuencia, de unas obligaciones dinerarias, por partedel deudor, vencidas, líquidas, vencidas y exigibles. LaJurisprudencia señala que "solamente pueden considerarsesujetos pasivos del delito de alzamiento los acreedores que losean realmente, no en potencia, al momento en que distraenbienes del patrimonio del deudor" (sentencia del TribunalSupremo 14 de diciembre de 1987). Si no existe una obligacióndineraria en los términos exigidos por la Jurisprudencia, noexiste delito de alzamiento de bienes.2. La concurrencia de un elemento subjetivo específico,tendencial, consistente en la intención de causar perjuicio alacreedor, intención que excede del resultado típico. A esterespecto, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 21 dejunio de 1991 señala que "el elemento subjetivo ha de estaracreditado, sin que se pueda acudir a una presunción devoluntariedad, desaparecida en el texto del artículo 1 delCódigo Penal después de la reforma de 21 de junio de 1983.AllanamientoReconocimiento que el demandado efectúa en su contestacióna la demanda de la pretensión del demandanteAnatocismo

Consiste en la acumulación de los intereses vencidos y nosatisfechos al capital principal para que, a su vez, siganproduciendo intereses. Es un uso mercantil frecuente el que enlos contratos bancarios las partes pacten el anatocismo,posibilidad expresamente reconocida por la jurisprudencia, porel juego del principio de la autonomía de la voluntadconsagrado en el artículo 1255 del Código Civil. Sin embargo,una interpretación a sensu contrario del inciso final del párrafoprimero del artículo 1109 del Código Civil (aunque la obligaciónhaya guardado silencio sobre este punto”) y del artículo 317del Código de Comercio, prohibe el anatocismo legal, al decirque los intereses vencidos y no pagados no devengaránintereses. Pero esa misma disposición admite de formaexpresa el anatocismo convencional, al continuar diciendo quecontratantes podrán, sin embargo, capitalizar los intereseslíquidos y no satisfechos, que, como aumento de capital,devengarán nuevos réditos..AmnistíaDisposición con fuerza legal por la que se condonan los delitoscometidos y se excarcela a todos o un grupo específico depresosApelaciónRecurso ordinario por el que unas actuaciones judiciales seremiten a un órgano superior con la posibilidad de practicarnuevas pruebas para que revoque la resolución dictada porotro inferior.Apropiación indebidaDelito que consiste en disponer de la cosa como propia,transmutando la posesión lícita originaria en una propiedadilícita o antijurídica, con incumplimiento definitivo de lasobligaciones de entregar o devolver.El delito de apropiación indebida se caracteriza básicamentepor la transmutación verificada unilateralmente por el agenteen el título posesorio de dinero, cosas muebles o efectos,convirtiendo la posesión jurídica legítima inicial, a la que sehabía dado paso merced a cualquier relación jurídicahabilitadora para ello, en propiedad ilegítima, consecuencia de

la deliberada incorporación de aquéllos al propio patrimonio,dolo subsiguiente que da al traste y quebranta el basamento deconfianza sobre el que se generó la negociación propiciadorade aquel arranque posesorio que puso lícitamente los objetosen manos del infractor.La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de1993 distingue cuatro elementos en el delito de apropiaciónindebida:a) Haber recibido dinero, efectos o cualquier otra cosa muebleen depósito, comisión, administración o por otro título queproduzca obligación de entregarlos o devolverlos. Constituyeel presupuesto, o supuesto lógica y cronológicamente previo ala acción delictiva, que confiere a esta infracción penal elcarácter de delito especial porque autor en sentido estrictosólo puede serlo quien se halle en una concreta y determinadasituación que, a su vez, queda definida por la concurrencia detres requisitos:*Acto de recepción o incorporación de la cosa a manos delfuturo autor del delito.*Ha de tratarse de dinero, efectos o cualquier cosa mueble*Tal recepción de cosa mueble ha de tener su causa en untítulo, respecto del cual ha de razonarse más ampliamentecomo base para resolver las cuestiones aquí planteadas.b) El título por el que se recibe la cosa mueble ha de originaruna obligación de entregar o devolver esa cosa mueble. La Leyrelaciona varios de tales títulos, depósito (en párrafo apartealude al depósito miserable o necesario), comisión yadministración, y termina con una fórmula abierta que permiteincluir todas aquellas relaciones jurídicas por las cuales lacosa mueble pasa a poder de quien antes no la tenía, bientransmitiendo la propiedad cuando se trata de dinero u otracosa fungible, en cuyo caso esta transmisión se hace con unafinalidad concreta, consistente en dar a la cosa un determinadodestino (por esto se excluyen el mutuo y el depósito irregular,porque en éstos la cosa fungible se da sin limitación alguna aquien la recibe para que éste la emplee como estime oportuno),o bien sin tal transmisión de propiedad, esto es, por otrarelación diferente, cuando se trate de las demás cosas

muebles, las no fungibles, lo que obliga a conservar la cosaconforme al título por el que se entregó.La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido concretandoaquellos títulos que permiten la comisión de este delito, apartede los tres que recoge el artículo 535, concretamente elmandato, la aparcería, el transporte, la prenda, el comodato, lacompraventa con pacto de reserva de dominio, la sociedad, elarrendamiento de cosas, obras o servicios, debiendoprecisarse al respecto que, dado el carácter abierto de lafórmula utilizada, caben también aquellas relaciones jurídicas,de carácter complejo o atípico, que no encajan en ningunacategoría concreta de las establecidas por la ley o el uso civil omercantil, sin otro requisito que el exigido en tal norma penal,esto es, que se origine una obligación de entregar o devolver,lo que no existe en los casos de compraventa, préstamomutuo, permuta o donación.c) La acción delictiva, aquélla que justifica la antijuridicidadpenal, aparece definida con los términos apropiar o distraer enperjuicio de otro. Viene determinada por el aprovechamientoabusivo por parte del agente de la confianza latente en el actonegociador base, consistente en que, avistando lasoportunidades y facilidades derivadas de la tenencia de lascosas u objetos y, a la vez, traicionando la lealtad yconculcando las obligaciones emanantes de la relación jurídicageneradora, pervierte y cambia la posesión originaria, ligada afines predeterminados, en propiedad abiertamente antijurídica,hostilmente lesiva para quien aguardaba la entrega o elreintegroHay un título previo de transmisión que se caracteriza porconceder a quien recibió la cosa mueble unas facultadesdeterminadas en cuanto al uso o destino que ha de darse a talcosa. Quien la recibió lo hizo con unas concretas limitaciones,cuya violación es requisito imprescindible, pero no suficiente,para la existencia de la acción delictiva propia de esta norma,porque hay usos que pese a ser ilícitos por rebasar elcontenido del título de recepción, no integran este delito al noimpedir de forma definitiva que la cosa pueda entregarse odevolverse. Sólo aquella conducta ilícita, que por haber llegadoya a un punto sin retorno implica un incumplimiento definitivode esa obligación de dar a la cosa el destino pactado,

constituye la acción típica de esta infracción penal, lo queocurre cuando se realiza alguna acción que encierra un propioy verdadero acto de disposición (dinero que se gasta o seemplea en distinta forma a la pactada, cosa que se vende, seempeña, se dona, se permuta o se destruye).Ambas expresiones, apropiar o distraer, tienen unasignificación similar, pues se refieren a la realización de uno delos actos de disposición antes referidos, si bien cuando la leydice apropiar podría entenderse que se refiere a aquellossupuestos en que quien recibió la cosa lo hizo sin adquirir eldominio de la misma, de modo que la acción de este delitoconsiste precisamente, como se ha dicho reiteradamente, en lailícita transformación de la posesión en propiedad, que es loque ocurre cuando la apropiación indebida se refiere a unacosa mueble no fungible, mientras que cuando tiene por objetoel dinero u otra cosa fungible el delito se comete cuando a lacosa, que ya se ha adquirido en propiedad, se le da un destinodistinto del pactado, que impide que ésta llegue a quien,conforme al título por el que se transfirió, tenía que haberlarecibido en definitiva (por ejemplo, el gerente de una sociedadque recibe dinero por tal cargo en una determinada operaciónmercantil y, en lugar de hacerlo llegar al patrimonio social, loincorpora a su propio peculio). Parece que para estos últimossupuestos encaja mejor el término distraer, porque a una cosa,que se toma en propiedad precisamente por su carácterfungible, quien la recibe no le da el destino a que está obligado.El artículo 535, al determinar los medios de realización de estedelito, además de las expresiones "apropiaren o distrajeren",usa la frase "o negaren haberlos recibido", que debe precisarseen un doble sentido:-Porque no puede dársele un contenido separado del resto delos elementos del tipo antes examinados, ya que, cualquiernegativa de haber recibido una cosa mueble no es delictiva,sino sólo aquella que se realiza en los casos en los que antesse ha recibido tal cosa con obligación de entregarla odevolverla.-Porque en realidad con esta expresión no se añade un nuevoprocedimiento de comisión de este delito, diferente de los deapropiación o distracción antes explicados, pues únicamentese quiere decir que, acreditado el extremo del presupuesto

previo, esto es, la recepción de la cosa mueble a virtud de títuloque obliga a devolverla o entregarla, si entonces se niegahaberla recibido, ha de entenderse probado que se ha realizadoel acto de disposición.d) doble resultado, de enriquecimiento respecto del sujetoactivo, y de empobrecimiento o perjudicialidad patrimonial delagraviado, es decir, del titular último del dinero, efectos ocosas muebles apropiados. La Ley nos dice que la apropiacióno distracción ha de hacerse en perjuicio de tercero, con lo cualsimplemente se nos pone de manifiesto el reverso de laapropiación misma, porque la incorporación al propiopatrimonio, con violación de los límites establecidos en el títulopor el que la cosa fue inicialmente entregada, producenecesariamente un perjuicio en quien tendría que habersebeneficiado si tales límites hubieran sido respetados.Como elemento del tipo, por la referencia que el artículo 535hace al 528, ha de entenderse el que la cuantía ha desobrepasar las 30.000 ptas. para los supuestos de delito,reputándose falta aquellos en que no se supera tal cantidad(artículo 587.3.1), debiendo hacerse la valoracióncorrespondiente, tanto para la mencionada distinción entredelito y falta, como para la aplicación de la agravaciónespecífica del artículo 529 núm. 7.1 (especial gravedadatendido el valor del objeto del delito), teniendo enconsideración el importe de la cosa apropiada y no el perjuiciocausado a tercero.Además, necesariamente ha de concurrir el dolo que, comorequisito genérico de carácter subjetivo, ha de acompañar a laacción que el tipo nos describe. Ha de existir conciencia yvoluntad en cuanto a los diversos elementos objetivos yareferidos, es decir, conciencia y voluntad de que se tiene unacosa mueble con obligación de entregarla o devolverla y deque se viola esta obligación con un acto de apropiación odistracción, y en esto simplemente consiste el "animus remsibi habendi" que viene reputándose por la jurisprudencia delTribunal Supremo como el elemento subjetivo propio de estedelito, pero que, como se ha visto, no es otra cosa que latraslación a esta figura penal del concepto ordinario del dologenérico que necesariamente ha de concurrir en todos losdelitos dolosos.

Si el objeto apropiado indebidamente no es de lícito comercio,no existe legítima propiedad sobre el mismo, máxime si se tratade objetos incluidos en el artículo 334 del actual Código Penal,que castiga al que "comercie o trafique" con especiesamenazadas "o con sus restos".Desde esta perspectiva, es decir, desde el momento en que elobjeto es "res extracommertium", el comportamiento seríaimpune, puesto que, siendo el bien jurídico del delito deapropiación indebida la propiedad, no se puede ver afectadauna propiedad que no se tiene. Solo se puede ser propietariode los objetos de lícito comercio y, por tanto, en los casos enque no existe un dueño legítimo, no cabe castigar penalmentela sustracción.ArbitrajeSistema de resolución conflictos entre contratantes para evitarla intervención de un juez y dejar el fallo a cargo de tercerosimparcialesArrendamientoContrato de alquiler por el que se cede el uso de un bien a unapersona para que pueda disponer de ella durante un plazo detiempo determinado y con el pago periódico de una cantidad dedinero.AsonadaEs un levantamiento popular de carácter local y espontáneosancionado como delito en los artículos 167 a 188 del CódigoPenal de 1822.Es un antecedente directo de lo que hoy son los desórdenespúblicos, en una época en que no existía el derecho demanifestación, y aparece como una forma más primitiva deprotesta popular, junto con los denominados bullicios ytumultos, cuya fisonomía los aproxima a los delitos desedición.Las asonadas son, en efecto, una modalidad delictiva a caballoentre el Antiguo Régimen y el constitucionalismo. Sin embargotuvieron una relativa importancia en España, a causa de ladébil industrialización y la precariedad económica.

No se trata propiamente de delitos políticos, sino que más bienpodría decirse que son "delitos sociales", si no se tiñe estanoción del significado que tiene hoy día, en relación con losconflictos laborales.Bacardí definió la asonada como "la junta o reunióntumultuaria de gente para hacer hostilidades o perturbar elorden público", en tanto que se produce motín "cuando elpueblo por algún antecedente o causa de agravio se presentaarmado en gavilla capitaneado por alguno de caso pensado yconspira contra el gobierno y sus superiores, turbando elsosiego y tranquilidad pública".El motín presentaba, en consecuencia, un matiz más políticoque la asonada, al disponer de una dirección y enfilarse contrael gobierno. Supone ya una superación del espontaneísmo delas sublevaciones feudales, así como la coincidencia del"tercer estado" con núcleos de la burguesía que tratan desacar provecho de la crisis del Antiguo Régimen paraderrocarlo.AtenuanteCircunstancia que concurre en la persona que comete undelito, o en el delito mismo, y que disminuye la responsabilidadpenalAudienciaTrámite judicial o administrativo consistente en ofrecer a unapersona interesada en el asunto la posibilidad de alegar lo quetenga por conveniente en defensa de su derechoTribunal colegiado que conoce en asuntos civiles y penalesAutoResolución motivada de un juezAutopsiaExamen médico de un cadáver para averiguar las causas de lamuerte

AvalContrato por el que una persona se presta a responder de lasobligaciones de alguien frente a un terceroAvalúoValoración de un conjunto de bienesBandos MilitaresEl artículo 1, Título III, Tratado VII de las Ordenanzas de 1764 alregular los bandos militares decía que el capitán general encampaña "tendrá facultad para promulgar los bandos quehallase conducentes a Mi servicio; estos serán ley preferenteen los casos que explicase, y comprenderán a todos los quedeclarase en ellos las penas que impusieren".Los bandos se difundían verbalmente o por redobles detambor, toques de corneta, izado de banderas, etc.La circunstancia habilitadora que autorizaba a promulgar losbandos, esto es, la noción de Ejército "en campaña" no era unacircunstancia objetiva limitadora de las facultades de loscapitanes generales, porque era el propio bando el quedeclaraba al ejército en campaña, el que iniciaba y organizabala campaña, que tal fue su origen. Además, "en campaña" nosignificaba exactamente "en guerra", sino que podía ser unapreparación para la guerra, una movilización o alertaproclamada por el bando, una medida preventiva, en fin.Los bandos no eran leyes en sentido formal, y únicamente sepueden tomar como un remoto antecedente de los Decretos-Leyes, prueba evidente, por lo demás, de que los capitanesgenerales eran un auténtico gobierno dentro de su distrito.Quizá podría incluso añadirse que eran también un verdaderoParlamento, pues sus disposiciones tenían la fuerza materialde las leyes. Esos bandos eran, además, como decía laOrdenanza, "ley preferente" pero no por tener un rangosuperior, sino por tratarse de una ley específica, quecontemplaba supuestos concretos y por tanto se aplicaba conprelación respecto de las regulaciones de carácter general.Los bandos eran un conglomerado de medidas de todas

clases: administrativas, civiles, penales, procesales, etc. Elartículo 5 de la ley de reuniones de 1822, por ejemplo,establece en realidad un toque de queda, figura peculiar que sereproduce en el Bando (Gaceta de Madrid de 2 de junio de1822) que decreta el toque de queda en la capital. Además de lasuspensión de garantías y de la atribución de compentencias alos consejos de guerra, constituían también una ley penalespecial en cuanto definían los delitos y penascorrespondientes "ex post facto", con carácter retroactivo.CaducidadPérdida de un derecho subjetivo por el transcurso del tiempoestablecido en la ley para ejercitarloCapitulaciones matrimonialesContrato otorgado antes o después del matrimonio para fijar elrégimen económico del mismoCargasConjunto de deudas que gravitan sobre un patrimonioCasaciónRecurso extraordinario que se interpone ante el TribunalSupremo para que resuelva sobre al aplicación de la ley en uncaso concretoCédula de citaciónDocumento extendido por el Secretario judicial en el queseñala un día y hora para acudir al JuzgadoCircularInstrucciones que dicta la Administración determinando loscriterios de actuación de los funcionariosCitación de remateLa que se realiza en el juicio ejecutivo concediendo aldemandado la posibilidad de oponerse a la ejecución

CódigoConjunto articulado de normas con fuerza de leyConfesiónMedio de prueba consistente en el interrogatorio de una de laspartes del procesoConfiscaciónExpropiación de todos o la mayor parte de los bienes de unapersonaCogniciónEs la parte del proceso judicial destinada a reconstruir o probarlos hechos que se alegan por las partes.En tal sentido se alude a una fase cognitiva del proceso, poroposición a la parte ejecutiva del mismo.En sentido más estricto, en un proceso civil en el dilucidanmaterias de cuantía comprendida entre las 80.000 y las 800.000pesetas.Comisiones militaresSon consejos de guerra permanentes que se crearon por RealInstrucción de 29 de junio de 1784 ad hoc para la represión delbandolerismo.Surgen para que las contrapartidas militares que perseguían alos bandoleros tuviesen facultades al mismo tiempo paraenjuiciarlas, transformándose en tribunal.A pesar de todas las prohibiciones legales y recomendacionespara que se disolvieran, las comisiones militares son unaconstante hasta el siglo XX. La Real Orden Circular de 13 deenero de 1824 establece estos tribunales no sólo para losbandoleros (artículo 3) sino también para los revolucionarios(artículo 2) que definía como los que "se declaren con armas ocon hechos de cualquiera clase, enemigos de los legítimosderechos del Trono, o partidarios de la Constitución publicada

en Cádiz en el mes de marzo de 1812; los que desde la mismafecha hayan escrito o escriban papeles o pasquines dirigidos aaquellos fines; los que en parajes públicos hablen contra laSoberanía de S.M. o en favor de la abolida constitución; los queseduzcan o procuren seducir a otros con el objeto de formaralguna partida, y los que promueban alborotos que alteren latranquilidad pública". El artículo 4 ampliaba la competencia delas comisiones militares a los sospechosos: "Se tendrán porsospechosos -decía- y podrán ser detenidos por la tropa, todoslos que halle ésta en los caminos y parajes despoblados sinpasaporte, y vestidos con traje impropio a su ejercicio, talcomo el de prendas militares en individuos que actualmente nocorresponden al ejército".Estas circunstancias se eternizaron. Muy poco tiempodespués, la Real Orden de 22 de enero amplió lascompetencias de las comisiones militares para conocer de losrobos cometidos en la capital, y otras tres dictadas en febrero ymarzo regulan la prueba pericial, la defensa y los embargos. Enagosto, otra Real Orden de fecha 14 reconoce "la necesidadque hay de sacar las cosas por algún tiempo de su ordenregular, y ejecutar castigos prontos que sirvan de penas aunos, de freno a otros". Por ello, ampliaba desmesuradamentelas disposiciones de enero: "Cualquiera revolucionario que seaaprehendido con las armas en la mano o envuelto y mezcladoen conspiraciones y alborotos que se dirijan a turbar el orden ysosiego público, y a restablecer el sistema anárquicofelizmente abolido, inmediatamente sea entregado a unacomisión militar para breve y sumariamente lo juzgue y ejecutelo juzgado".Marliani cuenta cómo en Madrid el 3 de agosto de 1836 por latarde varios tambores recorren las calles tocando generala, sinque nadie supiera quién lo ha ordenado, "y aquella novedad detan poca importancia basta para poner a Madrid en estado desitio, despedir y desarmar a la guardia nacional. Quedanvedados todos los periódicos de la oposición", dictando al díasiguiente un bando el capitán general Quesada por que seinstituye una comisión militar (artículo 1), ordenando ladetención de las "cuadrillas o corros que den la menorsospecha de motín o rebeldía, y al que intentase resistir oponerse en salvo, se le hará fuego y se le acuchillará" (artículo2), disponiendo también la pena capital para los amotinados,

eputándose como tales "cuantos se hallaren en el paraje delalboroto".La misma proliferación de bandos declarando el estado deguerra coadyudaba a que los consejos de guerrapermanecieran constituidos en todo momento, evitando de esaforma tener que formarlos nuevamente para fallar cada causa.Como ejemplo, veamos una vez más cómo la Real Orden de 14de noviembre de 1842 advierte que los jefes y oficiales deingenieros no están exceptuados de los servicios depresidente, vocal, fiscal o defensor de las comisiones militares,prueba fehaciente de que todas las interdicciones promulgadasno había acabado por disoverlas definitivamente.Tras la insurrección progresista de 1844 se declaró en estadode guerra a todo el país, y una Real Orden del Ministerio de laGuerra disponía que fuesen pasados por las armas todos losmilitares, de sargento para arriba, que participaran en lasublevación "con la sola identificación de la persona", es decir,sin ningún tipo de juicio; la tropa sería diezmada en caso de norendirse al ser habida, y fusilados todos los paisanos queaparecieran como jefes.La Ley de Secuestros de 1877 (no derogada hasta la IIRepública) instituye un consejo de guerra permanente en cadaprovincia en la que se produzca un secuestro y la Real Ordende 4 de abril de 1887 lo suprime.Las comisiones militares no actuaban conforme a reglas fijas,sino conforme al bando del mismo capitán general, que pocasveces precisaba una normativa procesal detallada, por lo quefuncionaban conforme a su experiencia y a las necesidadesprácticas de exterminio del enemigo político..ComisoEs una consecuencia accesoria de la condena consistente enla incautación judicial del beneficio, efectos e instrumentos deun delito doloso.Se regula en el artículo 127 del Código Penal. Los bienesdecomisados se venderán y su producto se aplica al pago delas responsabilidades civiles.

El artículo 128 expone que el comiso no es automático, sino,una facultad discrecional del Juzgador, como expuso lasentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1991. Esteartículo 128 del Código Penal, afirma la referida sentencia:"faculta a los jueces para no decretar el comiso, o decretarloparcialmente, de aquellos efectos del delito que no sean deilícito comercio [...] Mas para que los Tribunales puedan haceruso de la facultad discrecional es preciso que esos efectos noguarden proporción con la naturaleza y gravedad del delito."Quiere decirse que son dos de los ámbitos de ladiscrecionalidad [...] si lo decomisado (de lícito comercio)proporcionalmente en su cuantía se corresponde a lanaturaleza y gravedad del hecho enjuiciado, como primera fasede la discrecionalidad, o si no guardando esa proporción,estiman los jueces, como segunda fase o requisito de aquélla,no hacer uso de la facultad que el artículo contiene en su partefinal, estará entonces ajustado a derecho el decomiso totalresuelto por la instancia".ConciliaciónTrámite judicial previo a un proceso para intentar llegar a unacuerdo entre las partes que evite el litigio. No es obligatoriosalvo en las querellas por injuria.ConclusionesResumen que el abogado realiza antes de finalizar el procesoanalizando las pruebas que se han practicado en el mismoCongruenciaEs la obligación impuesta al juez de atenerse a lo solicitado porlas partes en sus peticiones.El artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone a losJuzgados y Tribunales el deber de que sus sentencias seanclaras, precisas y congruentes con las demandas y con lasdemás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito,haciendo las declaraciones que estas exigen, condenando oabsolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntoslitigiosos que hayan sido objeto de debate.

Es una consecuencia del principio constitucional decontradicción que debe presidir todos los procesos judicialesy, más específicamente, del principio rogatorio que impera enel proceso civil.El principio de congruencia procesal impone el deber de dar alas pretensiones de las partes una respuesta directa ycoherente y a resolver todos los puntos litigiosos, y prohibeque la resolución judicial vaya más allá de lo solicitado por eldemandante e impone una racional adecuación del fallo a laspretensiones de las partes y a los hechos que las fundamentan.En los procesos civiles rige el principio dispositivo, en virtuddel cual las partes no solo son dueñas de la acción sino que loson también de la pretensión y del proceso mismo, de modoque el Juez solo puede fundamentar en resolución definitivasobre los hechos afirmados por las partes, incumbiendo aestas y nunca al órgano judicial, la labor de introducir loshechos en la fase de alegaciones a través de la demanda ycontestación, configurando con ello el objeto del debate y de laactividad probatoria que solo puede recaer sobre hechosafirmados por las partes.Por tanto, la congruencia no es exigible en aquellos procesosen los que las partes no pueden disponer libremente del objetodel mismo, como es el caso de los procesos de familia o elestado civil.Los tribunales pueden -en atención al principio iura novit euriaen relación con el da mihi factum, dabo tibi ius- aplicar normasdistintas e incluso, no invocadas por los litigantes, a loshechos que los mismos han establecido, pero en ningún caso(como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enerode 1991) la observancia de esos principios puede entendersede manera absolutamente libre e ilimitada ya que siempre ha deestar condicionada al componente fáctico esencial de la acciónejercitada, pues lo contrario entrañaría una vulneración delprincipio de contradicción y, por ende, del derecho de defensa(sentencias del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1982, 18 dediciembre de 1984 y 1 de febrero de 1985).La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha diferenciado

tres tipos de incongruencia:a) incongruencia omisiva, también llamada ex silentio, que seproduce cuando el órgano judicial no contesta a alguna de laspretensiones sometidas a su consideración por las partesb) incongruencia extra petita, que se da cuando elpronunciamiento judicial recae sobre un tema que no estéincluido en las pretensiones procesalesc) incongruencia por error, cuando se presentan juntas las dosanteriores, denominación adoptada en la sentencia del TribunalConstitucional 28/1987, seguida por las sentencias 369/1993 y111/1997, y que define un supuesto en el que no se resuelvesobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivodel recurso, sino que erróneamente se razona sobre otrapretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado,dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta (sentencia delTribunal Constitucional 136/1998)La doctrina constitucional ha precisado que la quiebra de lacongruencia procesal no alcanza en todos los supuestosrelieve constitucional, sino señaladamente cuando ladesviación en que consiste es de tal naturaleza que suponeuna completa modificación de los términos en que se produjoel debate, dando lugar a una vulneración del principio decontradicción y por ende del fundamental derecho de defensa(sentencia del Tribunal Constitucional 15/1984). Dicho de otramanera, la incongruencia de una sentencia sólo entra enconexión con los derechos reconocidos en el artículo 24 de laConstitución cuando pueda apreciarse en la resolución delasunto, además de incongruencia, la situación de indefensiónque el citado precepto constitucional prohibe, por entrañar ladecisión un pronunciamiento sobre temas o materias nodebatidas en el proceso (sentencia del Tribunal Constitucional77/1986)..ConstituciónNorma suprema del ordenamiento jurídico que regula laorganización y funcionamiento de los órganos del Estado ygarantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos.Corredor de comercio

Profesional que interviene en los actos y contratos delcomercio para dar fe de los mismosCosa juzgadaEfecto producido por una sentencia firme que impide volver aplantear de nuevo el mismo litigioCostasGastos que se originan durante la tramitación de un procesoCostumbreFuente del Derecho que consiste en las prácticasconsuetudinarias y tradicionales que se observan en lasrelaciones socialesCuenta corrienteContrato atípico de carácter mixto en el que prevalecen loselementos del mandato, ya que el banco se obliga a prestar unservicio de caja, realizando cobros y pagos por cuenta delcliente, pero que igualmente participa de los elementos propiosdel contrato de cuenta corriente mercantil en cuanto que elresultado de aquellas operaciones se contabiliza en forma decuenta corriente, si bien diferenciándose de este último encuanto que la cuenta corriente bancaria nace de un depósitoirregular de dinero con devengo de intereses y liquidacionesperiódicas por el Banco, sin que exista mutua concesión decrédito entre los contratantes, y el cliente puede disponer encualquier momento, sin esperar al cierre de la cuenta, de lassumas en que consista su crédito, que se compensanautomáticamente con las deudas anotadas en la cuenta, perobien entendido que el saldo resultante de la compensaciónentre esos activos y pasivos constituirá un crédito líquido yexigible, en cada momento, tanto a favor del cuentacorrentistacomo, en su caso, a favor del Banco, pues cabrá la posibilidadde que este último realice pagos con cargo a la cuenta encuantía superior al saldo acreedor en su momento existente,siempre que el mandante autorice el descubierto.Culpabilidad

Principio general de los sistemas penales por el que de formasubjetiva se determina la idoneidad criminal del delincuente ysu capacidad para asumir la responsabilidad del delitocometidoCuratelaInstitución civil impuesta por un juez para suplir la falta decapacidad de obrar de determinados sujetos, bien por suminoría de edad o por su prodigalidadSe regula en los artículos 286 y siguientes del Código CivilDaño emergenteEs la evaluación económica de los desperfectos padecidos poruna persona en sus bienes y derechos.Daño moralHipotética valoración de los padecimientos de la víctimadurante su curación, el pesar, la aflicción o el doloroso vacíoque la ausencia de una persona pueda generar, el descrédito,etc. En definitiva, daños indirectamente económicos comoaquellos que no tienen repercusión económica inmediata.Daños morales en sentido amplio como los que aminorando laactividad personal, debilitan la capacidad para generar riqueza.Daños morales constituidos por el simple dolor moral aunqueno trasciendan a la esfera patrimonial propiamente dicha.A través del daño moral se proyecta, dentro del libre arbitriojudicial, la determinación del "quantum".Daños y perjuiciosEn los accidentes de circulación la Dirección General deSeguros del Ministerio de Hacienda ha venido publicandodesde 1997 un baremo para fijar las cuantías de lasindemnizaciones por muerte, lesiones permanentes eincapacidad temporal, con el fin de favorecer a las CompañíasAseguradoras en perjuicio de los asegurados, víctimas obeneficiarios de los daños causados a las personas enaccidentes de circulación. El último de estos baremos es defecha 2 de marzo de 2000.

Estos baremos van más allá de la Ley 30/95 de 8 de Noviembrede Ordenación y supervisión de los Seguros privados, porquela Ley 30/95 excluye la aplicación del baremo, cuando losdaños ocasionados a las personas en accidentes decirculación, lo sean como consecuencia de delito doloso; porejemplo, conducir bajo influencia de drogas tóxicas,estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidasalcohólicas (artículo 397 del Código Penal). En estos casos, eljuez fija las indemnizaciones discrecionalmente según su librealbedrío, caso por caso, sin ajustarse al baremo.Sin embargo, la Resolución de 13 de marzo de 1997 de laDirección General de Seguros establece que "el baremoconstituye una cuantificación legal del daño causado que seimpone en todo caso para el cálculo del importe de lasindemnizaciones exigibles como consecuencia de laresponsabilidad civil en que se incurre como motivo de lacirculación de vehículos a motor".La Ley 30/95 no lleva el alcance del baremo hasta la aplicacióndel principio "restitutio in integrum", a que se refiere el artículo1101 y siguientes del Código Civil. La Resolución de 13 demarzo de 1997, extiende la aplicación del baremo hasta la"restitutio in integrum" del artículo 1101 y siguientes delCódigo Civil. Como vemos, dos interpretaciones de la Ley30/95 que por vía incluso inferior a la reglamentaria, sepretende ir más allá de lo establecido en la Ley.La sentencia de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo de 25de marzo de 1997, ha invalidado el baremo de la Ley 30/95.Establece esta sentencia que el cálculo de las indemnizacionespor daños, debe efectuarlo el órgano jurisdiccionaldiscrecionalmente, caso por caso, sin tener que sujetarse anormativa alguna, que por su carácter general no permiteindividualización del caso concreto. Resalta dicha sentenciaque la aplicación forzada y forzosa del baremo es contraria alartículo 1902 del Código Civil.Las valoraciones debe realizarlas el juez "caso por caso" y nopodrán hallarse sujetas a previsión normativa alguna, que porsu carácter general no permite individualización del casoconcreto.

También subraya que el baremo forzoso por accidente decirculación, supone una flagrante discriminación en relacióncon los producidos por otras causas, donde no existe baremoque prefije y limite las indemnizaciones. Con ello se vulnera elprincipio de igualdad ante la ley proclamado por laConstitución.Esta sentencia del Tribunal Supremo se ampara en otrasentencia de 25 de marzo de 1991.DecretoResolución aprobada en Consejo de MinistrosDecreto-LeyResolución con fuerza de ley que aprueba el Consejo deMinistros por causa de urgenciaDefensor del PuebloPersona designada por el Parlamento para recibir y tramitar lasquejas que presenten los ciudadanos por el malfuncionamiento de la AdministraciónDefensor judicialPersona designada por el juez para defender y representar losintereses de un menor de edad o incapacitadoDelitoInfracción sancionada con una pena graveDelito culposoEl que se comete por descuido o falta de cuidadoDelito dolosoEl que se comete intencionada y voluntariamenteDemanda

Escrito que se presenta al juzgado para iniciar formalmente unpleito civilDemandantePersona que presenta una demanda contra otra persona en eljuzgado en reclamación de un derechoDemandadoPersona contra la que se presenta una demandaDenunciaPuesta en conocimiento del juez, el fiscal o la policía de undelitoDerechoConjunto de normas vinculantes en una sociedad determinadaDerechos fundamentalesConjunto básico de facultades y libertades garantizadasjudicialmente que la constitución reconoce a los ciudadanos deun país determinado.Los derechos fundamentales nacen durante la revoluciónburguesa, primero en Norteamérica y luego en Francia.Originariamente fueron calificados de "naturales" y, por tanto,de una rigidez absoluta: inviolables, imprescriptibles,inalienables, etc. Eran también ilegislables. En la época de larevolución, fueron los sectores más reaccionarios quienespretendieron regular sobre libertades políticas, a fin delimitarlas y añadir "deberes"; si los "derechos" no erancompensados con los deberes, serían ávidamente acogidospor el pueblo, lo que, a falta de límites expresos, conduciría a laigualdad. Hay que tomar precauciones, decían ante la primeraAsamblea constityente francesa Malouet y Landine, y señalarantes los límites de los derechos, porque no se debe hablar dederecho sin tener en cuenta "las modificaciones del Derechopositivo".

Entonces, los derechos fundamengtales no eran propiamentederechos subjetivos, que es una construcción de la doctrinagermana de finales del pasado siglo. Debería hablarse con máspropiedad de "libertades" públicas, cuyo núcleo central era elderecho de sufragio activo y pasivo, es decir, de elegir y serelegido. Por contra, los derechos subjetivos sólo existían en elámbito privado y se movían en torno al derecho de propiedad ya lo que hoy llamaríamos "la autonomía de la voluntad", el librecambio, la libertad de circulación de personas y mercancías.Por tanto, esos derechos "del hombre y del ciudadano" teníanun abierto carácter clasista Las libertades eran de la burguesía;y además, sus "derechos" significaban la privación dederechos para los demás: los derechos eran de todos losciudadanos, pero había algunos (menores, mujeres,vagabundos, domésticos, dependientes) que no eranciudadanos2. "Quien dependa de otro y no obtenga susrecursos de sí mismo, no sabría ser libre", afirmaba Rousseau.La Declaración de Derechos de Maryland afirmaba: "Todos loshombres que tengan propiedad, un interés común y unavinculación a la comunidad, tendrán derecho de sufragio"; lade New Jersey exigía un patrimonio de al menos cincuentalibras y "un estado claro"; y en parecidos términos seexpresaban las demás declaraciones americanas. El artículo8de la Constitución termidoriana exigía pagar "una contribucióndirecta, fundiaria o personal" para poder ser consideradociudadano francés.En España la situación no era distinta. Basta leer los arts.5(quiénes son españoles) y 18 (quiénes son ciudadanos) de laConstitución de 1812 para hacerse una idea de ello, por norecordar que los esclavos y mulatos ni siquiera alcanzaban lacategoría de españoles: había que tener "mucho cuidado",decía el Discurso Preliminar, con "el inmenso número deoriginarios de Africa establecidos en los países de Ultramar,sus diferentes condiciones, el estado de civilización y culturaen que la mayor parte de ellos se halla en el día". En el propioDiscurso Preliminar se dejaba clara constancia de la íntimaconexión entre ciudadanía y burguesía: "Nada arraiga más alciudadano y estrecha tanto los vínculos que le unen a su Patriacomo la propiedad territorial o la industrial afecta a la primera"y, consecuencia de ello es que "en un Estado libre puede haberpersonas que por circunstancias particulares no concurran

mediata o inmediatamente a la formación de las leyespositivas", por lo que cabe un "Estado libre" con la libertadrestringida a sólo una parte de la población.DesafueroEn el sistema judicial del Antiguo Régimen es la atribución decompetencias a la jurisdicción real por encima del privilegioque tuviese cada cual para ser juzgado por el tribunal privativoque le correspondiese.La institución del desafuero se introdujo para reforzar lamonarquía absoluta, el poder real, frente a la nobleza, porcuanto entonces la jurisdicción ordinaria era la real, la que seadministraba a todos los vasallos en nombre del Rey, frente alos tribunales privilegiados, reducto de la nobleza y losestamentos privilegiados. Al constituir el desafuero unafacultad del monarca, quedó el término desafuero comosinónimo de atropello, de injusticia que se origina por meraarbitrariedad o capricho de una persona. El desafueroconstituía una forma más de concentración del poder, dereforzamiento de la soberanía real frente a la dispersión de lanobleza en la Alta Edad Media.DesahucioDesalojo de un arrendatario o inquilino de la vivienda queocupa ordenado por el juezDilaciones indebidasLa noción constitucional del derecho a un proceso sindilaciones indebidas esun concepto jurídico indeterminado (sentencia del TribunalSupremo de 18 deoctubre de 1993) cuyo contenido concreto ha de ser alcanzadomediante laaplicación a las circunstancias del caso de los factoresobjetivos y subjetivosque sean congruentes con su enunciado genérico.La proscripción de las dilaciones indebidas aparececonsagrada en el art. 24.2de la Constitución, en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para

la Protecciónde los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales(derecho a que la causa seaoída dentro de un plazo razonable) y el art. 14.3.c) del PactoInternacional deDerechos Civiles y Políticos (derecho a ser juzgado sindilaciones indebidas).Las dilaciones indebidas no se identifican con el meroincumplimiento de losplazos procesales (sentencia del Tribunal Constitucional de 14febrero de1991). Los criterios aplicables a este respecto para determinarsi ha existidodilación indebida son:a) El carácter razonable de la duración del procedimientob) La complejidad del caso, tanto en las cuestiones de hechocomo en losderechosc) El comportamiento de la parted) El propio comportamiento de las autoridades.En dicho sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo deDerechos Humanos ensus sentencias de 23 de setiembre de 1982 (caso Sporrong yLonnroth), 13 dejulio de 1983 (caso "Zimmermann y Steiner"), 10 de julio de1984(caso "Guincho"), 21 de febrero de 1986 (caso "James yotros"), 2 de junio de1986 (caso "Bonisch"), 25 de junio de 1987 (caso "Capuano"), 8de julio de 1987(caso "Baraona") y 21 de febrero de 1990 (caso "Powell yRayner").Nuestro Tribunal Constitucional se pronuncia en esta mismadirección en lasentencia de 5 de mayo de 1990, añadiendo que, aunreconocido el hecho de ladilación injustificada, el derecho a ser indemnizado por laAdministraciónPública por los daños ocasionados por el retraso producido ha

de ser obtenidopor otras vías.En el proceso penal, la sentencia del Tribunal Constitucional de26 de junio de1992 expuso que cuando se juzga más all de un plazorazonable, cualquiera quesea la causa de la demora, incluso por el exceso de trabajo, seestá juzgando aun hombre, el acusado, distinto en sus circunstanciaspersonales, familiares ysociales, por lo que la pena no cumple, ni puede cumplir lasfunciones deejemplaridad y de reinserción social del culpable, que son losfinesjustificantes de la sanción.El Código Penal contempla tal violación a un derechofundamental como unsupuesto que permite rebajar la pena, como una compensaciónque el propioEstado otorgaría en el momento de imposición de la sanción enconsideración almal que lleva consigo para el reo la existencia de una dilaciónindebida(artículo 4.4).DiligenciaEs la precaución o cuidado con que una persona desempeñansus funciones o se comporta en su vida a fin de no causardaño o lesión a tercerosDiligencia judicialResolución emitida por un juez dentro de un procesoDivorcioDisolución del vínculo conyugal que devuelve a loscontrayentes a la solteríaDolo

Es la intención de cometer un delito de manera deliberada yconscienteDolo eventualEs el conocimiento y la aceptación previa por parte de unapersona de la posibilidad de que se produzca una determinadaconsecuencia como consecuencia de su actuaciónDúplicaEscrito que presenta el demandado en el proceso civil demayor cuantía destinado:a)a fijar concreta y definitivamente en párrafos numerados lospuntos de hecho y de derecho objheto del debateb) a modificar los que haya consignado en la contestación a lademandac) ampliar o modificar las pretensiones y excepcionesd) confesar o negar los hechos que le perjudique y que hayansido expuestos por el demandante (artículos 548 y 549 de laLey de Enjuiciamiento Civil)EdictosResolución judicial que se comunica a un interesado a travésde los periódicos, boletines oficiales o el tablón de anunciosdel juzgadoEjecutoriaDocumento público que contiene una resolución judicial firmeEmancipaciónActo de adelantar la mayoría de edad a un menor después deque cumple los 16 años de edadEmbargoRetención de los bienes del deudor ordenada por el juez

EmplazamientoInvitación dirigida a una persona durante un plazo de tiempopara que comparezca ante un órgano judicial para defender susderechosError judicialEquivocación de la administración de justicia que provoca enel perjudicado u derecho a ser indemnizado por el EstadoEscaloAunque el escalamiento configura un subtipo del robo confuerza en las cosas en el artículo 238.1 del Código Penal, nohay una definición legal del escalamiento, que no puedeidentificarse estrictamente, con la acción de entrarmediante escala (sentencia del Tribunal Supremo de 3 julio1991). Escalar es también entrar por una ventana, cualquieraque sea su altura o distancia del suelo (sentencias de 18febrero, 21 abril y 3 noviembre 1989).El escalamiento implica llegar a lo que se quiere sustraer, poruna vía insólita o desacostumbrada, distinta al acceso naturalque el titular de los bienes utiliza de ordinario (sentencia delTribunal Supremo de 3 noviembre1989). Escalar debe ser cualquier acto de subir, bajar, trepar yascender.La sentencia del Tribnual Supremo de 20 marzo 1990 establecióque el escalamiento debe apreciarse sólo cuando el agenteexteriorice concretamente una efectiva energía criminalcomparable a la que caracteriza el empleo de la fuerza en lascosas.Escritura públicaDocumento extendido por un notario que refleja contratos,declaraciones o actos de cualquier claseEstado de Guerra

En España el estado de guerra aparece con la primera guerracarlista para situaciones de guerra efectiva, transformándoseinmediatamente en una mera ficción jurídica: no hay guerrapero se aplican las mismas normas que si la hubiera.No había norma por encima del bando que, además, carecía deningún límite de aplicabilidad, lo mismo que carecía deregulación externa. La propia ausencia normativa sobresituaciones excepcionales acentuaba la trascendencia delbando. El artículo 139 de la Ley Constitutiva del Ejército de1821 establecía: "Las Ordenanzas generales del Ejércitodeterminarán la autoridad y facultades de los Generales engefe, Gobernadores de plazas y demás gefes que sonresponsables de las operaciones de la guerra". Se referíaimplícitamente a los bandos, pero la reforma de las Ordenanzasde Carlos III prevista por la Ley Constitutiva (artículo 169)nunca llegó. Por tanto, la referencia había que reconducirla alas antiguas Ordenanzas del siglo anterior que, a su vez, latrasladaban al bando, esto es, a la omnímoda decisión delcapitán general. Se cerraba un círculo vicioso: la LeyConstitutiva, para regular las facultades de los capitanesgenerales, se remitían a las Ordenanzas y, a falta de nuevasOrdenanzas, las viejas remitían a su vez al bando. En suma, nohabía un estado de guerra sino tantos como bandos, y así, laReal Orden de 29 de setiembre de 1839 estipuló "que en lasprovincias declaradas en estado de guerra y en las plazas ypuntos que se hallen en estado de sitio, se observen losbandos de los generales en jefe o gobernadores respectivos yse arreglen a ellos, tanto para la formación de los consejos deguerra como para el conocimiento de los delitos que sedesignen a los consejos en dichos bandos".Estafa1. Elementos del tipo1.1 Engaño:1.2 Idoneidad1.3 Error1.4 Acto de disposición patrimonial1.5 Nexo causal entre el engaño del autor y el perjuicio de lavíctima1.6 Ánimo de lucro:

2. Concurso con falsedad en documento3. Estafa de especial gravedad1. Elementos del tipo:El delito de estafa viene configurado por diversos lossiguientes requisitos o elementos:1.1 Engaño:El engaño es la espina dorsal, el factor nuclear, alma ysustancia de la estafa. Consiste en el montaje ficticio, laapariencia de realidad de algo inexistente. Puede definirsecomo la maniobra torticera y falaz por medio de la cual elagente, ocultando la realidad, juega dentro de la aparienciapara ganar la voluntad del perjudicado o de los perjudicados,haciéndoles creer y aceptar lo que no es verdadero.Jurisprudencialmente se concibe con amplitud, dada lavariedad ilimitada de supuestos que ofrece(sentencias delTribunal Supremo de fechas 5 de marzo y 12 de noviembre de1990 y 28 de mayo de 1991. Puede ser precedente oconcurrente a la infracción, constitutivo de la "ratio esendi",núcleo y alma del tipo y traducido en el ardid, maquinación,simulación, falacia o artificio.La calidad del engaño es lo que configura la diferencia entre laestafa y el ilícito civil. No vale acudir a la existencia delperjuicio, lo fundamental es la actitud del sujeto activo. Siconoce desde el primer momento del contrato que no puedecumplir lo que por su parte ofrece o que, pudiendo hacerlo, essu inequívoca voluntad no realizarlo, se estaría en el delitohabida cuenta el enriquecimiento indebido que pretende.Según la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de mayode 1994, la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil enlos delitos contra la propiedad se halla dentro del concepto dela tipicidad, lo ilícito penal frente a lo ilícito civil, de tal formaque sólo cuando la conducta del agente encuentre acomodo enel precepto penal que conculca, puede hablarse de delito, sinque por tanto ello quiera decir que todo incumplimientocontractual signifique la vulneración de la Ley Penal, porque lanorma establece medios suficientes para restablecer el imperiodel Derecho ante vicios puramente civiles. Depurando más el

concepto diferenciador, el Tribunal Supremo tienereiteradamente declarado que la estafa existe únicamente enlos casos en los que el autor simula un propósito serio decontratar cuando en realidad sólo quería aprovecharse delcumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento,propósito difícil de demostrar que ha de obtenerse,normalmente, por la vía de la inferencia o de la deducción,partiendo tal prueba indiciaria, lejos de la simple sospecha, dehechos base ciertamente significativos .Surgen así los denominados negocios civiles criminalizados enlos que el contrato se erige en instrumento disimulador, deocultación, fingimiento y fraude. Son contratos procedentes delorden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia decuantos elementos son precisos para su existencia correcta,aunque la intención inicial, o antecedente, de no hacer efectivala contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad dehacerlo, defina la estafa. Mas ha de entenderse que eseengaño, simulación artera de una seriedad en los pactos queen realidad no existe, ha de provocar en cadena el error, eldesplazamiento patrimonial, el perjuicio y el lucro injusto, peroha de provocarlo de manera antecedente, no sobrevenida. ElCódigo Civil se refiere al dolo civil como un supuesto denulidad del consentimiento, artículos 1265, 1269 y 1270, lo quesignifica pues, de acuerdo con lo arriba señalado, que ese dolono genera sin más la infracción penal, independientemente deque en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se lleguesiempre a la nulidad de la relación (sentencia de 1 de diciembrede 1993). El negocio criminalizado será puerta de la estafacuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraudea través de la cual se crea un negocio vacío que encierrarealmente una acechanza al patrimonio ajeno.1.2 Idoneidad:La maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia deseriedad y realidad suficientes para defraudar a personas demediana perspicacia y diligencia; la idoneidad abstracta secomplementa con la suficiencia en el específico supuestocontemplado, el doble módulo objetivo y subjetivodesempeñarán su función determinante. Idoneidad significaque el engaño ha de tener adecuada entidad para que en laconvivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso

patrimonial. Ha de ser "bastante", es decir, adecuado,suficiente y proporcional, tanto en su valoración por módulosobjetivos, como en función de las condiciones personales delsujeto afectado y circunstancias concurrentes, para conseguirun error en el sujeto pasivo y así conseguir el fin lucrativopropuesto por el agente.1.3 ErrorEl engaño ha de producir una equivocación en el sujeto pasivo,llevándole a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir unamanifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, porcuya virtud se produce el traspaso patrimonial. La víctima,desconocedora o con conocimiento deformado o inexacto de larealidad por causa de la insidia, fabulación o artificio, afectadapor el vicio su voluntad, propicia o facilita el desplazamientopatrimonial que le subsgue1.4 Acto de disposición patrimonialEl error del sujeto pasivo provoca un desplazamientopatrimonial a favor del agente, con el consiguiente "perjuicio"para el disponente que, con su propia actuación, consecuenciadel error experimentado y en definitiva del engañodesencadenante, causa su propio daño patrimonial, quedandoensamblada o cohonestada la actividad egañosa y el perjuicioirrogado. La lesión del bien jurídico tutelado, el dañopatrimonial, ser producto de una actuación directa del propioafectado, consecuencia del error experimentado y, endefinitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadiosdel tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típicade la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa yel perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido,genéricamente, como cualquier comportamiento de la personainducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa laproducción de un daño patrimonial en sí misma o en untercero, no siendo necesario que concurran en una mismapersona la condición de engañado y de perjudicado1.5 Nexo causal entre el engaño del autor y el perjuicio de lavíctimaEsto implica que el dolo del agente tiene que anteceder o serconcurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose

penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el dolo"subsequens", es decir, sobrevenido y no anterior a lacelebración del negocio de que se trate. El dolo característicode la estafa supone la representación por el sujeto activo,consciente de su maquinación engañosa, de las consecuenciasde su conducta, es decir, la inducción que alienta aldesprendimiento patrimonial como correlato del errorprovocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en elpatrimonio del sujeto pasivo, secundado de la correspondientevoluntad realizativa.1.6 Ánimo de lucro:El ánimo de lucro es el verdadero elemento subjetivo delinjusto, y viene exigido de manera explícita por el artículo 528del Código Penal, eliminándose, pues, la incriminación a títulode imprudencia. La jurisprudencia lo ha interpretado en unsentido amplio, concibiéndolo como "cualquier ventaja,provecho, beneficio o utilidad", incluso los meramentecontemplativos o de ulterior beneficencia. Es correlativo,aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio ocasionadoa la víctima.Dichos elementos que se han sintetizado en la concurrencia decuatro esenciales: el ideal o de engaño, el subjetivo o de ánimode lucro; el objetivo del desplazamiento patrimonial y larelación causal entre daño y perjuicio y que la doctrina haconcretado en el perjuicio patrimonial, el ánimo de lucro y elmedio de engaño, todos han tenido acomodo en el artículo 528del Código sancionador, cuando dice que "cometen estafa losque con ánimo de lucro utilizan engaño bastante para producirerror en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición enperjuicio de sí mismo o de tercero".La estafa requiere necesariamente, "sine qua non", laexistencia en la dinámica originadora del ilícito, de dospersonas contrapuestas, el sujeto activo y el pasivo, el primeroproductor de un "engaño", dirigido a causar en el segundo un"error", que viciando su voluntad, le sitúe en disposiciónpropincia o facilitadora de llevar a cabo un "desplazamientopatrimonial" en favor del agente, con el consiguiente y causal"perjuicio" propio o de un tercero.

*2. Concurso de estafa con falsedad en documento. Sentenciadel Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1993:La estafa del artículo 528 realizada a través de un documentopúblico, oficial o de comercio, utilizado como medio necesariopara su comisión, no consume la falsedad, sino que los dostipos son compatibles, produciéndose un concurso real dedelitos sin perjuicio de que en orden a su punición seaaplicable lo dispuesto en el artículo 71 del Código Penal.Cuando se trata de falsedad en documentos privados junto a laestafa genérica, como el perjuicio a tercero, o el ánimo decausárselo, viene incluido en el artículo 306, no procedeestimar tal concurso, pero sí el conflicto de normas en cuantoque siendo el hecho subsumible en la falsedad y en la estafa,ha de optarse por una de esas figuras delictivas enacatamiento del "non bis in idem". El principio de la gravedadde las penas hace prevalecer el artículo 306 sobre el 528 delCódigo Penal (artículo 68 del Código Penal), es decir, que laestafa quedaría absorbida por la falsedad, que sólo cederíaante el mayor rango primitivo de la estafa en el caso de lasespeciales agravaciones del artículo 529. Es así que en lafalsedad de los documentos públicos, oficiales o mercantilesbasta la existencia de la falsedad en alguna de las modalidadesdel artículo 302, mas cuando se trata de documento privado esnecesario la concurrencia del requisito objetivo representadopor las alteraciones a que este último precepto se refiere, comode otro subjetivo consistente en el conocimiento de que contan falaz proceder se causa o se puede causar un dañoevidente a tercero (dolo intencional de causar perjuicio). Seidentifican y entremezclan ahora el engaño de la estafa y elperjuicio a tercero de la falsedad del artículo 306. De ahí elconcurso de normas y la solución apuntada.Sin embargo en el supuesto en que el conflicto se presenteentre la falsedad de los arts. 306 y 302.4, y la estafainmobiliaria, y específica, del párrafo segundo del artículo 531de la misma Ley Penal (disponer de un bien libre sabiendo queestaba gravado), debe aplicarse este último precepto por razónde la especialidad que adquiere carácter prevalente. La estafaespecífica ha de absorber entonces a la falsedad dada laimposición de la norma específica sobre la genérica.*3. Estafa de especial gravedad

La expresión legal "especial gravedad" supone un conceptojurídico que el legislador incorpora con carácter de elementonormativo del subtipo, pero cuyo alcance o límites deja deprecisar a fin de que el Juzgador, en el que se delega oencomienda tal función, presidido por criterios de experienciay sintonizando con la realidad socio-económica en la que sehalla inmerso, ejerza una labor integradora que permita en todomomento la mejor actualización y operatividad del tipo. Dentrode unas orientaciones de generalizada proyección, laafirmación que nos ocupa debe también ser objeto de unentendimiento individualizado, a fin de contemplar y sopesarlos diversos factores concurrentes en orden a determinar si lacantidad defraudada merece o no quedar enmarcada en ladefinición de especialmente grave, y, en su caso, con eladitamento de la cualificación. El agravamiento del nivel devida, las fluctuaciones del valor adquisitivo de la moneda,exigirán una elevación del listón definidor; pero,indudablemente, no deberán perderse de vista las condicionesdel sujeto pasivo, salvando toda confusión o interferencia conla hipótesis a que provee el apartado 5 del propio artículo 529,y la índole de las relaciones en cuyo seno se consuma lamaniobra defraudatoria (sentencias del Tribunal Supremo defechas 23 febrero 1987 y 30 septiembre 1988.Ha venido siendo doctrina jurisprudencial aceptada la quecifraba la especial gravedad en la suma comprendida entre lasquinientas mil y el millón de pesetas, límite determinante de lacualificación de la gravedad de la estafa; cifra que ofrecía uncarácter puramente orientativo y se hallaba sujeta, porsupuesto, a las revisiones aconsejadas por las circunstancias,y que hoy ha de experimentar una modificación actualizadoraen alza, cual viene reflejándose en las más recientessentencias de esta Sala.EximenteCircunstancia personal de quien comete un delito que le liberade responsabilidad penalFalso testimonioDelito en que incurren los testigos que declaran en un procesofaltando a la verdad

FaltaInfracción sancionado con pena leveFalloParte final de una sentencia que contiene la decisión del juezsobre la contraversia planteada en el procesoFianzaGarantía que presta una persona para asegurar elcumplimiento de una obligaciónFicciónTécnica jurídica de extensión analógica, para aplicar preceptosprevistos para una determinada situación a otro tipo desituaciones distintas. Su función misma no es otra que aplicarconclusiones jurídicas a supuestos de hecho no contenidosnormalmente en las premisas.Normalmente las ficciones jurídicas tienen una vigenciatemporal, mientras se elabora un nueva regulación de esasituación.Pero las ficciones no sólo cumplen importantes funcioneshistóricas y dogmáticas para el ordenamiento jurídico, sinotambién ideológicas: entre sus cometidos está el de dar unaapariencia falsa de que se mantiene la normalidad jurídica,cuando la realidad es bien contraria.FiliaciónVínculo entre los padres y los hijosFirmezaCualidad de una resolución judicial por la que no puede serobjeto de recursoFiscal1. Relativo a los tributos o impuestos que deben pagarse a laHacienda Pública

2. Sinónimo de Ministerio Fiscal o Ministerio PúblicoFuerza en las cosasEs la superación violenta de los obstáculos normalmentepredispuestos para la defensa de la propiedad, que configurauno de los subtipos del delito de robo. La fuerza no secorresponde con el concepto semántico de la palabra, sino quesupone la utilización de cualquiera de los medios comisivosque se especifican en el artículo 238 del Código Penal.La mecánica delictiva de estas infracciones supone lautilización del esfuerzo humano, directamente o ayudado porotros medios técnicos (aunque fuere débil o mínimo), paravulnerar dolosamente la protección que el propietario adoptaen la defensa de su patrimonio (sentencia del TribunalSupremo de 17 abril 1991). Así por ejemplo, la fractura existeen todo esfuerzo material y físico empleado sobre loselementos o instrumentos de seguridad o cerramientocolocados por su propietario para proteger sus bienes. Elforzamiento equivale a la fractura, a la vista de la similitud queambos conceptos representan. Violentar, romper, destruir,obligar físicamente o resquebrajar son supuestos que caben enel significado de aquéllos.Graduado socialProfesional que interviene un pleito laboral en defensa de unade las partesHabeas corpusProcedimiento penal instado ante la policía por el detenidopara que revise su situación de privación de libertadHerederoPersona que sucede al fallecido en todos sus derechos yobligacionesHerenciaConjunto patrimonial de bienes, derechos y obligaciones quedeja una persona al fallecer

IgualdadAplicación uniforme de las mismas leyes a todos loscuidadanos.Igualdad es, por tanto, contrario a discriminación, y hoyaparece reconocido en el artículo 14 de la Constitución.El principio de igualdad se opone, por un lado, a las leyesespeciales y, por el otro, a la diversa aplicación de las leyes alos mismos cuidadanos, para lo que se establece la unidadjurisdiccional y el recurso de casación.Desde un principio el capitalismo, que es clasista, haenfrentado la contradicción entre una sociedad desigual y unalegislación pretendidamente igualitaria. La sociedad era loopuesto al estado de naturaleza, que concebían como unestado igualitario; luego, por tanto, las sociedades sonesencialmente desiguales. Para el mismo Montesquieu, laigualdad es algo que se debe emplear de manera muydosificada, incluso en los Estados "democráticos". SegúnTocqueville "la igualdad aisla y debilita a los hombres".Pero la legislación no puede sino imponer el principio deigualdad porque las desigualdades sociales no puedenresolverse con desigualdades legales. Como consecuencia deello, se ha ido desarrollando una legislación especial y en lajurisprudencia constitucional viene tratando de imponer elprincipio de discriminación positiva, para beneficiar a lossectores sociales desfavorecidos.La igualdad de todos ante la ley es uno de los valoressuperiores informadores de nuestro ordenamiento jurídico(artículo 1 de la Constitución) que, además, ha de serinterpretado de conformidad con la Declaración Universal delos Derechos del Hombre y los Tratados y AcuerdosInternacionales sobre la materia ratificados por España(artículo 10.2 de la Constitución). Según la sentencia delTriobunal Supremo de 8 de junio de 1998, la igualdad es, comotal, una abstracción y carece de contenido si no es puesta enconexión con personas, cosas y relaciones entre unas y otras;es una noción neutra, nítida en el ámbito de la lógica, peroambigua e indeterminada en el plano de la vida social.

La vulneración del principio de igualdad ante la ley requiere lapresencia de dos presupuestos esenciales: la aportación de untérmino de comparación que acredite la igualdad de supuestosy que se trate de un cambio de criterio inmotivado o conmotivación irrazonable o arbitraria (sentencia del TribunalConstitucional de 20 de mayo de 1987, de 23 de enero y 19 deabril de 1989). Lo que, en definitiva, prohibe este principio sonlas diferencias de trato que no estén objetivamente justificadaspor el fin lícito de la norma (sentencia del TribunalConstitucional de 8 abril de 1991). El principio de igualdad, porlo demás, no implica en todos lo casos un tratamiento igualcon abstracción de cualquier elemento diferenciador derelevancia jurídica, por cuanto la desigualdad, en sí misma, noconstituye necesariamente una discriminación. La igualdad, enconclusión, ha de entenderse como parificación ante elordenamiento positivo en idénticas circunstancias y conparalelo comportamiento o conducta, es decir, que si los casosson idénticos, el tratamiento legal debe ser el mismo paratodos (sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 22de abril de 1983).Recientemente el principio de igualdad ha conducido a laelaboración de otro principio: la vinculación de un órganojudicial a sus propios precedentes. La doctrina del TribunalConstitucional establece que para que se dé una vulneracióndel principio de igualdad en la aplicación de la ley, es precisoque concurran, al menos, tres requisitos:a) que las resoluciones contradictorias provengan del mismoórgano judicialb) que los supuestos en ella resueltos guarden, entre sí, unaidentidad sustancialc) que la resolución en que se produce un cambio se razonesuficientemente, a fin de excluir tanto la arbitrariedad como lainadvertencia de los justificables.ImpensasSon los gastos que el usuario realiza en la cosa que poseeImprudencia

Actuación desarrollada con ausencia de malicia ointencionalidadIn dubio pro reoPrincipio del proceso penal por el que en caso de duda elórgano judicial debe adoptar la opción más favorable alacusadoIn fragantiAcción de sorprender al delincuente en el momento mismo decometer la infracciónIncapacitaciónProcedimiento judicial para declarar inhábil a una persona parala gestión de sus bienes y de su persona y nombrarle un tutorIncoaciónApertura de un procedimiento judicial o expedienteadministrativoIncongruencia omisivaConsecuencia procesal del principio procesal del derecho a latutela judicial efectiva, que obliga a los jueces a resolver deforma expresa a las cuestiones suscitadas por las partes.El artículo 1.7 del Código Civil establece el “deber inexcusable”de los órganos judiciales de resolver “en todo caso” losasuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentesestablecido.En el proceso penal, el número 3 del artículo 851 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal recoge precisamente la incongruenciaomisiva como una de los motivos justificadores del recurso decasación, cuando la resolución “no resuelve todos los puntosque han sido objeto de la acusación y defensa”.En los procesos judiciales no se pueden adoptar resoluciones,como la Administración, por la vía tácita o presunta, sobre labase de interpretar el silencio judicial como una forma de

desestimación. Entre otras razones porque ello originaríaindefensión a la parte, que ignoraría la motivación y no podríarebatirla por vía de recurso. Una resolución tácita es siempreuna resolución falta de motivación y, por tanto, contrariatambién al principio de tutela judicial efectiva.Los artículos 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 161de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permiten, una vez dictadala resolución judicial, proceder a la aclaración de la misma, conla finalidad de “suplir cualquier omisión que contengan".El artículo 240.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según laredacción dada al mismo por la Ley Orgánica 5/97 de 4 dediciembre, permite plantear con carácter excepcional elincidente de nulidad de actuaciones una vez recaída sentenciafirme, por los defectos de forma que hubieran causadoindefensión o la incongruencia del fallo de la resolución firme.La jurisprudencia tiene establecido que las sentenciasabsolutorias no pueden ser tachadas de incongruencia, salvolos supuestos en que la desestimación de la demanda sehubiera producido a consecuencia de haberse tenido en cuentaalguna excepción no apreciable de oficio y no alegada por lademandada o que para emitir el pronunciamiento absolutoriose hubiese alterado el relato fáctico, la “causa petendi”, de laacción ejercitada.IndultoResolución del gobierno de anular o reducir una condena penalInembargableBienes o derechos que no pueden ser objeto de embargoInhabilitaciónPena consistente en la imposibilidad de ejercitar el derecho desufragio activo y pasivo durante el tiempo que dure la condenapenalInsolvencia

Reconocimiento judicial de la incapacidad de un deudor parapagar las cantidades adeudadasInstanciaEscrito dirigido a la Administración solicitando la adopción porla misma de una determinada resoluciónInterésPorcentaje establecido en la ley para incrementar la deuda porel transcurso del tiempo desde el momento en que hubieradebido abonarse.El cálculo depende, por tanto, tanto del tiempo transcurridocomo del tipo de interés aplicable. En cuanto al primer factor,el artículo 1109 del Código Civil establece que "los interesesdevengan el interés legal desde que son judicialmentereclamados, aunque la obligación haya guardado silenciosobre este punto".En cuanto al tipo de interés aplicable, el artículo 1108 delmismo Código dispone: "Si la obligación consistiere en el pagode una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, laindemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto encontrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, ya falta de convenio, en el interés legal".Según el párrafo tercero del artículo 921 de la Ley deEnjuiciamiento Civil, "cuando la resolución condene al pago deuna cantidad líquida, ésta devengará en favor del acreedor,desde que aquella fuere dictada en primera instancia hasta quesea totalmente ejecutada, un interés anual igual al del interéslegal del dinero incrementado en dos puntos, o el quecorresponda por pacto de las partes, o disposición especial,salvo que interpuesto recurso, la resolución fuere totalmenterevocada. En los casos de revocación parcial, el Tribunalresolverá conforme a su prudente arbitrio, razonándolo alefecto". Y el párrafo final de este mismo artículo, continúa: "Loestablecido en al párrafo anterior será de aplicación a todo tipode resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccionalque contenga condena al pago de cantidad líquida, salvo lasespecialidades previstas para la Hacienda pública por la LeyGeneral Presupuestaria".

La Ley 22/84 de 29 de junio de reforma del Código Civil ordenóque el interés legal del dinero se fijara aplicando el tipo básicodel Banco de España vigente al día en que comience sudevengo, salvo que la Ley de Presupuestos Generales delEstado determine otra cosa. A estos efectos, el interés básicodel Banco de España o tipo de redescuento se fijó por Ordende 23 de julio de 1977 en el 8%, pero las leyes presupuestariaslos establecieron de la siguiente forma: el 11% durante 1985; el10'50% para 1986; el 9'50% para 1987; el 9% del 1 de enero de1988 al 30 de junio de 1990; el 10% del 1 de julio de 1990 al 31de diciembre de 1993; y el 9% durante 1994.Juez decanoAquel que en los partidos judiciales con más de un juzgadoejerce las funciones administrativas internas de todos ellos,dispone el uso de las dependencias judiciales y demáselementos comunesJuez naturalEs la constitución del órgano judicial competente para conocerde un litio con anterioridad a los hechos que se enjuician pormedio de una ley y de forma invariable y plena.El tribunal creado por ley no es necesariamente un tribunalordinario. Para ello se requiere también que sea precisamenteel órgano al que naturalmente le corresponda conocer delasunto.A diferencia del orden civil, el penal exige la atribución decompetencias al juez natural con un carácter de tutelareforzada. No se exige sólo un juez imparcial, preconstituídopor norma de rango legal, etc., sino que además debe ser el dellugar donde los hechos se hubieran cometido.Es laconstitución del órgano judicial competente para conocer deun litio con anterioridad a los hechos que se enjuician pormedio de una ley y de forma invariable y plena.El tribunal creado por ley no es necesariamente un tribunalordinario. Para ello se requiere también que sea precisamenteel órgano al que naturalmente le corresponda conocer delasunto.

A diferencia del orden civil, el penal exige la atribución decompetencias al juez natural con un carácter de tutelareforzada. No se exige sólo un juez imparcial, preconstituídopor norma de rango legal, etc., sino que además debe ser el dellugar donde los hechos se hubieran cometido.Es laconstitución del órgano judicial competente para conocer deun litio con anterioridad a los hechos que se enjuician pormedio de una ley y de forma invariable y plena.El tribunal creado por ley no es necesariamente un tribunalordinario. Para ello se requiere también que sea precisamenteel órgano al que naturalmente le corresponda conocer delasunto.A diferencia del orden civil, el penal exige la atribución decompetencias al juez natural con un carácter de tutelareforzada. No se exige sólo un juez imparcial, preconstituídopor norma de rango legal, etc., sino que además debe ser el dellugar donde los hechos se hubieran cometido.Competencia, en materia penal, significa territorialidad y sontérminos equivalentes inmediación, oralidad y juez natural, susconsecuencias jurídicas directas. Cuando no hay coincidenciaentre el juez legal y el natural, se producen dos fenómenosprocesales excepcionales e inversos: la prórroga y ladelegación de jurisdicción. La prórroga surge siempre que sefracciona la jurisdicción, es su consecuencia inexcusable yaque estallan necesariamente conflictos de competencias, seplantea la conexidad, etc. El artículo 8 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal y el artículo 299 de la Ley Orgánica delPoder Judicial de 1870 establecieron el principio general de laimprorrogabilidad de jurisdicción, algo que también diferenciaal procedimiento civil del penal.Por otro lado, la atribución de competencias a un órganojudicial que no es el natural, provoca continuas delegacionesde funciones.Es la constitución del órgano judicial competentepara conocer de un litio con anterioridad a los hechos que seenjuician por medio de una ley y de forma invariable y plena.El tribunal creado por ley no es necesariamente un tribunalordinario. Para ello se requiere también que sea precisamenteel órgano al que naturalmente le corresponda conocer delasunto.

A diferencia del orden civil, el penal exige la atribución decompetencias al juez natural con un carácter de tutelareforzada. No se exige sólo un juez imparcial, preconstituídopor norma de rango legal, etc., sino que además debe ser el dellugar donde los hechos se hubieran cometido.Competencia, en materia penal, significa territorialidad y sontérminos equivalentes inmediación, oralidad y juez natural, susconsecuencias jurídicas directas. Cuando no hay coincidenciaentre el juez legal y el natural, se producen dos fenómenosprocesales excepcionales e inversos: la prórroga y ladelegación de jurisdicción. La prórroga surge siempre que sefracciona la jurisdicción, es su consecuencia inexcusable yaque estallan necesariamente conflictos de competencias, seplantea la conexidad, etc. El artículo 8 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal y el artículo 299 de la Ley Orgánica delPoder Judicial de 1870 establecieron el principio general de laimprorrogabilidad de jurisdicción, algo que también diferenciaal procedimiento civil del penal.Por otro lado, la atribución de competencias a un órganojudicial que no es el natural, provoca continuas delegacionesde funciones.Competencia, en materia penal, significa territorialidad y sontérminos equivalentes inmediación, oralidad y juez natural, susconsecuencias jurídicas directas. Cuando no hay coincidenciaentre el juez legal y el natural, se producen dos fenómenosprocesales excepcionales e inversos: la prórroga y ladelegación de jurisdicción. La prórroga surge siempre que sefracciona la jurisdicción, es su consecuencia inexcusable yaque estallan necesariamente conflictos de competencias, seplantea la conexidad, etc. El artículo 8 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal y el artículo 299 de la Ley Orgánica delPoder Judicial de 1870 establecieron el principio general de laimprorrogabilidad de jurisdicción, algo que también diferenciaal procedimiento civil del penal.Por otro lado, la atribución de competencias a un órganojudicial que no es el natural, provoca continuas delegacionesde funciones.Competencia, en materia penal, significa territorialidad y sontérminos equivalentes inmediación, oralidad y juez natural, sus

consecuencias jurídicas directas. Cuando no hay coincidenciaentre el juez legal y el natural, se producen dos fenómenosprocesales excepcionales e inversos: la prórroga y ladelegación de jurisdicción. La prórroga surge siempre que sefracciona la jurisdicción, es su consecuencia inexcusable yaque estallan necesariamente conflictos de competencias, seplantea la conexidad, etc. El artículo 8 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal y el artículo 299 de la Ley Orgánica delPoder Judicial de 1870 establecieron el principio general de laimprorrogabilidad de jurisdicción, algo que también diferenciaal procedimiento civil del penal.Por otro lado, la atribución de competencias a un órganojudicial que no es el natural, provoca continuas delegacionesde funciones.Juicio ejecutivoProceso civil en el que se pretende el cobro de letras decambio y pólizas mercantilesJuicio de faltasProceso penal destinado a sancionar infracciones penadas conpenas levesJuicio verbalProceso civil en el que se dilucidan cantidades inferiores a las80.000 pesetas.Este proceso desaparece en la nueva Ley de EnjuiciamientoCivil.JurisdicciónEs la potestad constitucional que faculta a los órganos delEstado para decidir en determinados asuntos.La jurisdicción, por tanto, es esencialmente territorial y nopuede llegar más lejos que la soberanía del Estado mismo. Lajurisdicción de un Estado, en este sentido, se establece poroposición a la de los demás.

El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fija lossupuestos de competencia de los tribunales españoles y elartículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "lajurisdicción ordinaria será la única competente para conocerde los negocios civiles que se susciten en territorio españolentre españoles, ente extranjeros y entre españoles yextranjeros".Por otro lado, conforme al artículo 9.2 de la Ley Orgánica delPoder Judicial, "los Tribunales y Juzgados del orden civilconocerán, además de las materias que les son propias, detodas aquellas que no están atribuidas a otro ordenjurisdiccional".Además, el artículo85-1 de la Ley Orgánica del Poder Judicialestablece el carácter subsidiario o residual de los Juzgados dePrimera Instancia para conocer "de los juicios que no venganatribuidos por esta Ley a otros Juzgados o Tribunales".En el ámbito interno, la jurisdicción alude a la función de losórganos judiciales que, a su vez, se reparte en diversosórdenes jurisdiccionales: civil, penal, contenciosoadministrativoy laboral.JusticiableEs el ciudadano en cuanto está sometido a los órganosjudiciales y, al mismo tiempo, puede recurrir a ellos en defensade sus derechos.lanzamientoEs el despojo ejecutivo de la posesión impuesta por decisiónjudiciallaudemioEs la cantidad que se debía pagar al titular del dominio directocuando se enajenaban las tierras entregadas en enfiteusis ocenso perpetuo.Lesa majestad

En el Antiguo Régimen era el delito que se cometía alquebrantar el juramento de fidelidad y vasallaje hacia lapersona del rey.Era la infracción más grave que se podía cometer, porquerompía el deber primordial de sumisión y obediencia sobre elque se fundamentan todas las sociedades clasistas.La noción de lesa majestad mantenía un tinteomnicomprensivo, casi fetichista. En realidad bajo el epígrafede lesa majestad se comprendían todos los delitos que dealgún modo hacían referencia a la seguridad pública,únicamente vinculados entre sí por la noción de traición oquebrantamiento de los deberes de fidelidad y obediencia.Hoy ese deber se presenta de una forma abstracta eimpersonal como obligación de acatamiento de la constitucióny el resto del ordenamiento jurídico. La exigencia de fidelidad yacatamiento de la Constitución se mantiene expresamente paradeterminados oficios (funcionarios, militares) así comoprofesiones, e incluso cargos públicos electivos, noadquiriendo, por ejemplo, la plena condición de diputado sin eljuramento de obediencia a la Constitución.De los delitos de Estado se desgajan posteriormente los detraición, que también se llamaron "crímenes de lesa nación", yque se vincularon al capítulo de los diversos delitos contra laseguridad exterior del Estado, exigiéndose también que latraición o fidelidad al Estado del que se es natural, se produzcaen tiempos de guerra o con ocasión de ella, o en determinadosempleos (funcionarios, profesionales, militares, por ejemplo) alos que aún se vincula con determinados juramentos.Con ello los delitos políticos se centran en la seguridad interiordel Estado, su forma de Estado, su régimen político y susinstituciones jurídico-políticas.LetradoSinónimo de abogadoLevantamiento del velo

Principio del Derecho Mercantil para exigir responsabilidad alos administradores de sociedades que o bien se constituyeronficticiamente para eludir sus propias responsabilidadespersonales, o bien fueron negligentes en la gestión de lasmismas.El sistema de responsabilidad de los administradores estárecogido en la Ley de Sociedades Anónimas en los artículos79, 80 y 81. Para los casos de Sociedades de ResponsabilidadLimitada la regulación se contiene en el artículo 13 un preceptoregulador que, a su vez, se remite por analogía a las mismasdisposiciones anteriores de la Ley de Sociedades Anónimas.El artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas establece laresponsabilidad de los administradores, frente a la sociedad,frente a los accionistas y frente a los acreedores, así como elsupuesto de exoneración de responsabilidad. Conforme a esteartículo 79, "los Administradores desempeñarán su cargo conla diligencia de un ordenado comerciante". Con ello la Ley lesestá exigiendo una diligencia normal en el desempeño de sucargo, diligencia que será uno de los factores determinante desu responsabilidad, continuando el artículo "frente a losaccionistas y frente a los acreedores, responderá del dañocausado por malicia, abuso de facultades o negligencia grave".No hay, pues, una determinación de casos o requisitos en losque sea exigible dicha responsabilidad, la que está relacionadasimplemente con el desempeño del cargo. Claro está que eneste desempeño del cargo en multitud de ocasiones estaráestablecido por la propia Ley en relación con las obligacionesque se les imponen, pero en otros no tendrá otra consecuenciaque la de que con su actuar incurran en malicia, abuso defacultades o negligencia grave, sin perjuicio del nexo que debeexistir, en todo caso, entre el daño y la conducta delAdministrador.La responsabilidad que se plasma en el citado precepto esevidentemente subjetiva, en cuanto basada en conductasmaliciosas, de abuso de facultades o gravemente negligentes.Por tanto, para que los administradores de las sociedadesanónimas respondan frente a los accionistas y acreedores deldaño causado, es preciso que hayan incumplido susobligaciones con malicia, negligencia grave o abuso defacultades. La calificación de la culpa que establece el artículo

79 es consecuencia de una inequívoca intención legislativa, alobjeto de evitar la resistencia a aceptar el cargo deadministrador que se produciría si la responsabilidad seextendiera a las faltas leves de diligencia. Dicho precepto, alpasar por alto la culpa leve, ha querido conceder a laspersonas que administran una especie de franquicia, necesariapara que su actuación no quede sometida a cada paso, arevisión, con la amenaza de tener que responder, en la gestiónde los intereses sociales, ante cualquier error o irregularidadque se produzca (sentencia de 13 de octubre de 1986).El artículo 80 se refiere a la acción social de responsabilidad,es decir, la que corresponde a la propia sociedad contra susadministradores por daños producidos en el patrimonio social.El artículo 81 trata de los daños producidos directamente en elpatrimonio de los socios o de terceros por actos de losadministradores, en relación o concordancia con lo dispuestoen el citado artículo 79, que de tal modo lo completa. Laprimera condición que impone dicho párrafo para que losacreedores de la sociedad puedan dirigirse contra losadministradores dentro de la normativa del artículo 80, es quela acción tienda a reconstruir el patrimonio social y que laacción social no haya sido ejercitada por la sociedad o susaccionistas, acción de carácter subsidiario, a más de quepresuponga la falta de ejecución del acuerdo tomado por laJunta General, independientemente de que en caso de transigiro renunciar al ejercicio de la acción por la junta determinaría eldecaimiento de los acreedores.El artículo 79 determina las causas por las que puedenoriginarse responsabilidad para los administradores, exigiblespor la vía del artículo 80 mediante la llamada acción social deresponsabilidad, o por la del artículo 81 mediante la acciónindividual, consistiendo la diferencia en que en el primer casoel patrimonio social es el inmediatamente afectado, sinperjuicio de que haya un reflejo perjudicial para el de losaccionistas y acreedores sociales, mientras que en el segundoes alcanzado inmediatamente el personal de los accionistas oterceros (entre ellos, los acreedores sociales, según lasentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1990).Por el contrario, el artículo 81 de la citada Ley de SociedadesAnónimas reconoce una acción individual a favor de los socios

y de los terceros, distinta de la acción social que regula en suartículo 80, y tendente no a la indemnización por losAdministradores del daño causado al patrimonio social yordenada a obtener la reconstitución del mismo, como garantíaindirecta para el cobro por los demandantes de sus créditos,sino a indemnizarles de los daños directamente sufridos en supatrimonio, requiriéndose, en su consecuencia, para laviabilidad de esta acción directa dos requisitos, un acto deladministrador y una lesión directa a los intereses delaccionista o del tercero demandante, a lo que ha de añadirseque al establecer el precepto una responsabilidad civil de losadministradores la misma ha de establecerse con fundamentoen la concurrencia de la culpa, el daño y la relación de causa aefecto entre aquella y éste.La ley concede en último lugar acción de responsabilidad a losacreedores por el daño causado a los intereses de la Sociedad,que tiene carácter subsidiario, pues su ejercicio está sometidoa tres condicionamientos:a)que tienda a reconstituir el patrimonio socialb)que no haya sido ejercitada por la Sociedad o susaccionistasc)que se trate de un acuerdo que amenace gravemente lagarantía de los créditos.La no liquidación en forma legal del patrimonio social cuandola sociedad se encuentra en una situación de insolvencia essusceptible de inferir ese daño directo contemplado en elartículo 81 por configurar una negligencia grave de losadministradores en el incumplimiento de sus deberes legales.Es obligación del Administrador instar la disolución o laquiebra de la Sociedad para asegurar la "par conditiocreditorum". Según el artículo 1017 del Código de Comercio,"es obligación de todo comerciante que se encuentre en estadode quiebra, ponerlo en conocimiento del Juez de 1ª Instanciade su domicilio, dentro de los tres días siguientes al en quehubiere cesado en el pago corriente de sus obligaciones".Como expone la sentencia del Tribunal Supremo de 4 denoviembre de 1991, "los administradores no pueden limitarse aeliminar a la sociedad de la vida comercial o industrial sin más.Han de liquidarla en cualquiera de las formas prevenidas

legalmente, que están precisamente orientadas parasalvaguardar los intereses de los terceros en el patrimoniosocial".Pero todo ello no es suficiente para que la acción deresponsabilidad prospere, porque es ineludible que haya unarelación de causalidad entre el daño producido y elincumplimiento de aquellos deberes.La sentencia de 26 de diciembre de 1991 reconoció:"Negligencia grave es mostrarse dicho administrador inactivoante las dificultades económicas producidas en el Ente Socialadministrado, posibilitando con ello que se atendiesen unoscréditos en su totalidad dejando de hacerlo ni en todo ni enparte con otros".LeyNorma jurídica general dictada por el ParlamentoLey MarcialEs la aplicación discrecional de normas militaresexcepcionales a la represión de las sublevaciones internas,garantizando la impunidad de las tropas intervinientes por losexcesos que pudieran cometer.La ley marcial se basa en la ficción jurídica de considerar queun levantamiento popular es similar a una guerra convencionalcontra un enemigo exterior y, por tanto, se pueden aplicar lasmismas normas jurídicas.La ley marcial no consiste, en última instancia, sino en lautilización del ejército dentro de las fronteras en tareas deorden público, exigiéndose en Inglaterra un previa ley que loautorizara, por la cual las autoridades civiles requerían elauxilio de la fuerza militar, lo que legitimaba su intervecnión delos conflictos internos. También el artículo 8 Título IV de laConstitución francesa de 1791 decía : "Ningún cuerpo nidestacamento de línea puede actuar en el interior del reino sinun requerimiento legal", añadiendo el artículo 10 del mismotexto: "El requerimiento de le fuerza pública en el interior delreino pertenece a los oficiales civiles, siguiendo las reglasdeterminadas por el Poder legislativo". Por su parte, la

Constitución republicana de 1793 estableció que "la fuerzapública empleada para mantener el orden y la paz en el interior,no actúa más que por requerimiento escrito de las autoridadesconstituídas".En España tal ley no era necesaria, pese a la referencia delDiscurso Preliminar de la Constitución de 1812, queencomendaba al Ejército “proteger y conservar con las armas,cuando es llamado por la ley, el orden público en lo interior”.Da la impresión, por tanto, de que también aquí para laintervención del Ejército en el interior de las fronteras, laConstitución pretendió exigir la previa autorización dellegislativo, la promulgación de una ley en sentido estricto, unadisposición emanada de las Cortes, no un bando del capitángeneral. Sin embargo, en la Constitución nada de eso aparece,por lo que también pudiera ser que la Comisión tratara dehacer referencia con el término “ley”, a la conformidad de laintervención con el ordenamiento jurídico, interpretación queno es la correcta por cuanto, si bien el bando no era ley ensentido formal, sí lo era en sentido material, de acuerdo con lasOrdenanzas militares de Carlos III.La tradición española consistirá en atribuir al Ejército elmantenimiento del orden público interno sin necesidad de leymarcial ni requerimiento de la autoridad civil, sino por propiainiciativa y en ejercicio de atribuciones propias ycaracterísticas. La ley marcial fue aquí sustituida por el bandomilitar. No era necesaria ninguna ley habilitadora nirequerimiento de la autoridad civil: la fuerza militar podíaintervenir por su propia decisión. El artículo 356 de laConstitución de 1812 encomendó al Ejército "la defensaexterior del Estado y la conservación del orden interior". Esteartículo significaba una ley marcial permanente y encubierta.La atribución de competencias al fuero castrense no seefectuaba por la vía excpecional sino en ejercicio de misioneshabituales y cotidianas.La ley marcial es una medida excepcional que no se puedeseparar del estado de guerra o estado de sitio, aunque no seidentifica con él exactamente. Puede decirse que el estado deguerra es la consecuencia jurídica de la ley marcial. Lo mismoque el estado de guerra, la ley marcial comprende, porsupuesto, la suspensión de garantías constitucionales,

significa la atribución de competencia a los tribunalescastrenses y, por tanto, del Derecho Penal Militar. Otroelemento común con el estado de guerra es el bando militarque declara la situación de emergencia.Pero la ley marcial tiene además rasgos propiossingularizadores, que se pueden concretar en los siguientes:a) un requerimiento a los rebeldes para que vuelvan a suscasasb) una comisión dirigida a las tropas para que aplasten ellevantamientoc) una garantía de impunidad para las tropasEn la represión de los motines y sublevaciones, lo mismo queen la persecución del bandolerismo, las campañas noconstituían sólo una movilización general de las tropas, sinoque aparece siempre el bando militar en el que se contiene una“comisión” limitada y específica atribuida a destacamentosreducidos de la tropa.En el fondo late también la vieja noción de las "comisionesextraordinarias": es la delegación de funciones la que da lugara la competencia que, originariamente, se concentra en elmonarca. Frente a los fueros privativos, señoriales ypatrimonializados se impone la "revolución comisarial".La ley marcial significaba la impunidad de las tropasintervinientes, sobre la base de la aplicación de la tecnicacomisarial. El rey era inviolable y al ordenar la movilizacióncomo capitán general del ejército, no hacía más que delegar lasfunciones propias de su cargo. Por ello mismo las tropas sonirresponsables de los desmanes que cometieran.El Código Penal de 1822 diferenciaba los asuntos políticos másgraves de rebelión y sedición, por un lado, donde el uso de lafuerza no tiene límites (se puede matar a los sediciosos inclusodurante la huida), de los supuestos menores de asonada, motíno tumulto, donde únicamente autoriza el empleo de la fuerzaimprescindible para dispersar a los congregados.La ley de abril de 1821 equiparaba los facciosos, es decir, a losantagonistas políticos, a los salteadores de caminos, losladrones en despoblado, o en poblado si la acción se cometía

en cuadrilla (artículo 8), dentro de una tradición jurídica muycaracterística en nuestro país, si bien el proceso es el inversodel que da a entender la ley: las disposiciones sobrebandolerismo fueron el precedente que se aplicó a losconflictos políticos, y no al revés como se ha sostenido.Otro elemento fundamental de la ley marcial es la intimación alos rebeldes, que se aprecia por ejemplo en la ley de reunionesde 1 de noviembre de 1822, que en realidad, incorporaba en suseno la ley marcial (artículos3 y 5). El artículo 3 establecía loscasos en que la autoridad podía dispersar las reuniones,cuando aparecieran "síntomas de sedición... como quererpasar a vías de hecho o prorrumpir en aclamacionessediciosas". La forma de suspender las reuniones era leer elcontenido de la ley en voz alta, intimando a los asistentes a quevolvieran a sus casas, lo que debía repetirse tres veces antesde emplear la fuerza.Las tropas se encontraban normalmente acantonadas en lafrontera o en las "plazas" o centros estratégicos de interésmilitar. El escaso desarrollo de los transportes obligaba a unlapso bastante grande de tiempo antes de que el Ejércitollegara al lugar del conflicto. Por eso se daba un plazo detiempo a los sublevados antes de tener que movilizar lasunidades. Con ello se pretendía también prevenir tan costosamedida, sumamente gravosa tanto para el erario público comopara las localidades alzadas, que debían correr con elalojamiento y manutención de la tropa, quizá la peor de lassanciones posibles para las comarcas afectadas.El requerimiento, aviso previo o intimación a los amotinadospara que se depusieran las armas, creó la ficción jurídica de"resistencia", operando entonces de manera automática la leymarcial. El concepto de resistencia a la tropa, que habilitaba lacompetencia del fuero castrense, se transformó en unapresunción, por la cual se entendía que hacían resistenciatodos los que tras dictarse el bando de la autoridad, no serindieran.Este paso se dio ya en el Código Penal de 1822. El artículo 274de aquella norma estipulaba que "para que se tenga porconsumada la rebelión es necesario que los rebeldes insistanen su propósito después de haber sido requeridos por laautoridad pública para que cedan". Pero la consecuencia de

sostenerse en armas una vez advertidos no solamenteconsumaba el delito, sino que además el artículo 295 delmismo Código determinaba que "hecho el requerimiento decualquiera de los modos expresados, se podrá desde luego,usar de las armas y de todo el rigor militar contra los rebeldesy sediciosos, y tratarlos como a enemigos públicos".De este trascendental artículo 295 se desprende quetranscurrido el tiempo que se indicaba en el bando,inmediatamente se producía el choque si los alzados no serendían, de modo que lo que hasta entonces podía quedar enuna mera tentativa de rebelión, se transformaba en algo muydistinto, en un delito sujeto al fuero de guerra. Se verificaba uncambio o transferencia de atribuciones tras agotarse el plazotemporal señalado por el bando para la rendición.Aquel Código Penal de 1822 especificaba, además, las diversasmodalidades de requerimiento a los rebeldes. Según el artículo294, "el requerimiento lo hará la autoridad respectiva por mediode edicto, bando o pregón, según las circunstancias,señalando con respecto a ellos el número de horas o minutosnecesarios para que llegue la noticia a los rebeldes osediciosos, y pasado el cual deba tenerse por consumada larebelión o sedición; todo sin perjuicio de tomar sin pérdida demomento las demás providencias oportunas para contener,dispersar o perseguir a los reos". El artículo siguiente permitíahacer de otra forma el requerimiento en casos de urgencia:"Pero en caso de mayor urgencia - señalaba- se podrá hacer elrequerimiento de la manera siguiente. La autoridad pública oalguno de sus ministros, o el comandante de fuerza armadaque vaya en su auxilio, se presentará a la vista de lossediciosos o rebeldes a la menor distancia posible, enarbolaráuna bandera blanca, y hará dar tres toques de clarín otrompeta, mediando de uno a otro un minuto por lo menos; ydado el último toque, se tendrá también por consumada larebelión o sedición de los que no se hubieran retirado osometido".La primera información histórica sobre aplicación de la leyprocesal de 1821 que he podido localizar, se remonta al 25 dediciembre de aquel año, cuando según escribió Teófilo Guiard,"un contingente de baracaldeses amotinados amagó el avancesobre Bilbao, con enseña anticonstitucional", no osando atacar

a "la columna volante de tropas regulares y milicianos quecorría el país publicando la ley marcial". Un periódico de laépoca, "El patriota luminoso", describió aquellos sucesos,imputando al cura Guesala la jefatura de la sublevación,presentándose en "Sornoza" dice la crónica refiriéndose aZornotza aquel día con una partida de hombres armados.LitigioConflicto de intereses o derechos que se dilucida en unproceso judicialMandamientoOrden dirigida por el juez a un notario, registrador, autoridadadministrativa, así como a los subalternos de los órganosjudicialesMayor cuantíaProceso civil en el que se dilucidan asuntos de cuantíasuperior a los 160 millones de pesetasMedidas cautelaresPrevisiones que la ley permite anticipar para garantizar laefectividad de los derechos que puedan reconocerse en lasentencia definitiva que se dicte en el futuro al finalizar elproceso o bien por razones de urgencia.Por razones de urgencia el cónyuge que pretenda separarsepuede solicitar el abandono del domicilio, la custodia de loshijos, etc.Por precaución, el artículo 721 de la nueva Ley deEnjuiciamiento Civil permite solicitar garantías delcumplimiento de la sentencia.Las medidas pueden pedirse incluso antes de iniciar elprocedimiento y son siempre temporales y provisionales.Igualmente, debe solicitarse siempre la medida menos gravosa.El artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil enumera unalista de posibles medidas a adoptar en el proceso civil.

En el proceso penal, las medidas cautelares más importantesson la detención y prisión provisional del inculpado, la de "darprotección a los perjudicados" por el delito (artículo 13 de laLey de Enjuiciamiento Criminal), las fianzas y embargos(artículos 589 y siguientes) y el depósito de los efectos einstrumentos del delito (artículos 334 y siguientes de la Ley deEnjuiciamiento Criminal).Medidas de seguridadConjunto de restricciones previstas en el Código Penal quepuede imponer el juez a una persona exenta deresponsabilidad criminal para prevenir su peligrosidad.Se regulan en los artículos 95 y siguientes de Código PenalMenorPersona de edad inferior a los 18 añosMenor cuantíaProceso civil ordinario en el que se dilucidan asuntoscomprendidos entre 800.000 y 160 millones de pesetas.Es el proceso ordinario, de manera que se resolvían en él todoslos asuntos que carecieran de cuantía o no pudiera fijarse lamisma.Medios de pruebaInstrumentos legalmente previstos para demostrar aquello queun litigante pretende demostrar en apoyo de su derechoMinisterio fiscalFuncionario del Estado al que la ley encomienda lapersecución de los delitos, la defensa de la ley y de losintereses de quienes no pueden valerse por sí mismosMultaSanción consistente en el pago de una suma de dinero alEstado

NotarioFuncionario público que certifica contratos y demás actosextrajudicialesObjeción de concienciaNegativa a la prestaación del servicio militar por motivosreligiosos, morales o políticosOrden ministerialResolución administrativa que con carácter general dicta unministroOrdenanzaConjunto de normas generales expedidas para un asuntoconcreto, normalmente de carácter laboralPenaSanción prevista por la ley para los delitos gravesPersona físicaSon aquellas capaces de ejercitar sus derechos y asumir susobligacionesPersona jurídicaEntes colectivos a las que la ley atribuye la capacidad deejercer sus derechos y el deber de soportar sus obligacionesPersonaciónActo de presentarse en un juicio a ejercer sus derechosPliego de posicionesLista de preguntas que un litigante presenta por escrito ante elJuzgado para que sean contestadas por el contrarioPolicía

Funcionarios encargados de obligar al cumplimiento de la leyPonenteIntegrante de un tribunal colegiado encargado de redactar lasentenciaPosicionesPreguntas que se dirigen a los litigantes en un proceso civilpor el contrario para que las contestePrescripciónObtención o pérdida de derechos ocasionado por el transcursodel tiempoPresunción de inocenciaPrincipio destinado a que en los procesos penales sea laacusación quien deba probar la responsabilidad penal delinculpadoPrincipio de legalidadNorma que obliga a todos los poderes del estado a someterse ala leyPrisión provisionalMedida cautelar extraordinaria acordada por el juez deprivación de libertad de un detenido mientras se instruye lacausaProcesadoPersona formalmente acusada de un delito en un procesopenalProcuradorLicenciado en Derecho debidamente colegiado que representalos intereses de las personas que litigan ante los órganosjudiciales

PropiedadEs el derecho subjetivo de disponer libremente de los objetossobre los que recaeProvidenciaResolución no motivada del juez o del secretario judicialdestinada a impulsar un procedimientoPujaCantidad que se oferta en una subastaQuerellaPuesta en conocimiento del juez de la comisión de un delito altiempo que se persona como parte en el proceso que se incoacon tal motivoRebeldeLitigante que no comparece a juicio a pesar de haber sidocitadoRebeliónLevantamiento colectivo y organizado dirigido contra el Estadopara obtener determinados propósitos políticos. En la rebeliónconcurre por tanto necesariamente un elemento subjetivo delinjusto que configurará a todos los demás delitos por suintencionalidad, cualquiera que sea la infracción penalcometida.El artículo 274 del Código Penal de 1822 definía la rebelióncomo la insurrección o el levantamiento de una parte de lossúbditos de la Monarquía contra la Patria o contra el Rey, ocontra el gobierno, negándole la obediencia debida oprocurando sustraerse a ella, o haciéndole la guerra con lasarmas. Subsiste aquí, por tanto, el factor de subordinaciónheredado del feudalismo, como ya expusimos.El Código de 1848 lo perfila ya definitivamente en el artículo167 como el alzamiento público y en abierta hostilidad contra elGobierno con determinados fines, entre los que enumera el

destronamiento del Rey, el despojo al Rey o a los ministros desus facultades constitucionales, impedir la celebración deelecciones, disolver las Cortes, sustraer el reino o parte de él, oalgún cuerpo de tropas de la obediencia al gobierno, etc.La rebelión es un delito típicamente español, sin precedentesen otros países. Al comenzar los comentarios a este grupo dedelitos decía Pacheco que con ellos comenzaba el examen delos delitos políticos, que la rebelión y la sedición eran "lasespecies capitales" de los delitos políticos, su forma máselaborada en el siglo XIX por cuanto resume en su figura todoslos anteriores.Este delito será particularmente representativo en España porla intervención del Ejército, por los llamados"pronunciamientos".ReceptaciónEl delito de receptación exije la concurrencia de doselementos, uno objetivo, el apoderamiento de la cosa, y otrosubjetivo, el conocimiento del origen ilícito de la misma(sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1998).Está tipificado en el artículo 298 del Código Penal.La intención subjetiva del sujeto activo, o conocimiento delorigen ilícito de los efectos receptados, no es equivalente almero recelo, duda o sospecha sobre la procedencia, mástampoco exige el perfecto conocimiento de la infracciónantecedente en todos sus detalles y pormenores. Lo que exigeel tipo penal esla suposición fundada de aquella procedencia ilícita. El "estadode certeza", como factor psicológico, ha de obtenerse en juiciode valor tras el análisis ponderado de todas las diligencias ypruebas practicadas (sentencia del Tribnual Supremo de 22noviembre 1990).El aprovechamiento es cualquier ventaja, satisfacción o placerque la posesión de lo recetado pueda originar. Se exige que elagente busque un aprovechamiento que no se obtiene sólo yexclusivamente cuando se logra realmente un lucroeconómico, puesto que la consumación se propicia desde elinstante en que los efectos quedan a la disposición o bajo ladisponibilidad del adquirente. Dicho aprovechamiento suele

estar a la vista, más fácilmente perceptible por los sentidos. Encualquier caso, el conocimiento subjetivo antes dicho requiere,por lo común, una deducción indiciaria con la prueba del hechobase que llevar inexcusablemente al hecho consecuencia.Reconocimiento judicialMedio de prueba consistente en la observación por parte deljuez y con la asistencia del secretario judicial, del lugar o delobjeto litigiosoReconvenciónReclamación formulada por el demandado contra eldemandante al tiempo de contestar a la demanda que seacumula a ésta para discutirse conjuntamente y resolverse enla misma sentenciaRecusaciónEs la impugnación que una parte litigante efectúa del juez aquien le corresponde conocer de su asunto por falta deimparcialidad del mismoReformaRecurso promovido en un proceso penal que se resuelve por elmismo juez que dictó la resoluciónRefracciónEs la obtención de dinero o de materiales de terceras personaspara la realización de obras de mantenimiento, conservación oreparación en las cosas de propiedad de uno mismoRefraccionarioEs el crédito derivado de la refacción, en virtud de la cual unapersona entrega a otra una determinada cantidad de dinero omateriales para la construcción, conservación o reparación deuna cosa mueble o inmueble. Por tanto, el crédito refaccionariono se concreta a las edificaciones, sino que abarca todo objetoque requiera reparación, mejora, conservación o construcción.El crédito refaccionario es una especie de contrato de

préstamo de dinero o de materiales, contraido con el fin deinvertir su importe en la construcción, conservación oreparación de una cosa; por eso, si una persona entrega a otrauna cantidad determinada de dinero, sin concretar en qué se hade invertir, aunque la invierta en la reconstrucción de unedificio, no existirá crédito refaccionario.Tampoco basta que la suma haya sido prestada con laintención de destinarla a unas obras de refacción, sino que seprecisa que real y efectivamente la suma se invierta en ellas, y,por eso, si contraído un préstamo con tal finalidad, su importeno ha sido seguido real y verdaderamente de la inversiónespecífica del dinero en la reconstrucción o reparación de lacosa, no se ha odido producir la incorporación del valorprestado a la cosa refaccionada.Según el artículo 1923, números 3 y 5, del Código Civil, es uncrédito de cobro preferente cuando tiene su origen en unpréstamo u otro contrato para obras de reparación,construcción o fabricación de inmuebles. El Código Civil nosólo privilegia al que anticipa o presta una suma de dinero,sino también al contratista que se encarga de realizar una obray va pagando a trabajadores, suministradores de materiales,etc., antes de cobrar al dueño. Y no sólo privilegia a losinmuebles, sino también la construcción o reparación de losbienes muebles (artículo 1922.1 del Código Civil).El crédito refaccionario rompe el principio de "par conditiocreditorum", dada su propia y especial naturaleza, que justificala preferencia por su contribución al nacimiento oconservación de la cosa. El fundamento del privilegio radica enque las obras de refacción generan un aumento de valor en elpatrimonio del deudor. El acreedor debe cobrar antes que otrospuesto que a él le deben la existencia de la garantía real.La finca refaccionada debe estar inscrita a favor del deudor,requisito derivado del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, queviene exigido por el artículo 156 del Reglamento Hipotecario. Elprivilegio se extingue si el inmueble sale del dominio deldeudor.La Ley Hipotecaria, queriendo armonizar los intereses de los

acreedores hipotecarios anteriores y del acreedor refaccionarioque anota, divide en dos porciones el futuro valor de la finca,una vez esté refaccionada: una, consistente en la valoracióndada a la finca, objeto de la anotación, antes de practicarseésta; y otra, representada por el mayor valor que en suenajenación se obtenga. Aquel valor, que será el que tenía lafinca antes de la refacción, está al servicio preferente de losacreedores hipotecarios anteriores; el segundo valor, que seráel que, con las obras refaccionadas, se haya incrementado lafinca, sirve preferentemente de garantía al créditorefaccionario.Si la refacción no se anota, también hay preferencia, pero noconstituye un gravamen real, eficaz "erga omnes",precisamente por no haber verificado la inscripción registral, nihaberse procedido siquiera a su anotación, pero lleva consigola preferencia que, frente a otros posibles créditos existentescontra el mismo deudor, le conceden los artículos 1922 y 1923del Código Civil.La vía procesal para cobrar con carácter preferente es latercería de mejor derecho, conforme al artículo 614 de la Ley deEnjuiciamiento Civil.El documento donde conste el crédito refaccionario nonecesita ser público, basta el privado, siendo ésta una de laspocas excepciones en que el documento privado, firmado sólopor las partes, puede tener acceso al Registro, si bien, serápreciso, para que despliegue toda su eficacia, en orden a losefectos hipotecarios de la refacción, que se garantice sucumplimiento con la anotación preventiva que instaura la LeyHipotecaria.La anotación preventiva del crédito refaccionario le otorgatodos los efectos de la hipoteca (artículo 59.2 de la LeyHipotecaria), sin perjuicio del privilegio del acreedor, que selimita al importe de lo que vale el bien, antes de la refacción, yel aumento de valor, por efecto de la refacción, es la base parala cuenta del acreedor refaccionario (artículo 64 de la LeyHipotecaria).La anotación preventiva sólo cabe mientras durenlas obras de refacción (artículo 42.8 de la Ley Hipotecaria) ycaduca a los 60 días de concluidas (artículo 92 de la Ley

Hipotecaria) y, si al término del plazo el acreedor refaccionariono ha cobrado, tiene derecho a convertir su anotación en unainscripción de hipoteca (artículo 93 de la Ley Hipotecaria).La anotación preventiva tiene el carácter de una verdaderahipoteca, con dos notas características:a) es interina porque sólo dura durante la reconstrucción ysesenta días másb) es abstracta porque a diferencia de la hipoteca ordinaria, enque precisa determinar la cuantía de la obligación asegurada,en este crédito refaccionario, basta con que se determinen lasbases para fijar después, en liquidación definitiva, dichacuantía.En lo que atañe al incumplimiento en la administración de lafinca refaccionada, por no invertir bien el crédito refaccionarioo por administrar la cosa produciendo su depreciación dolosao imprudente, podrá el acreedor, para remediarlo, pedir que seponga el inmueble en administración judicial (artículo 117 de laLey Hipotecaria).La anotación preventiva produce los efectos propios de lahipoteca respecto del crédito refaccionario (artículo 59 de laLey Hipotecaria) y, en su virtud, el acreedor tiene derecho a larealización del valor de la cosa refaccionada, como si de unahipoteca se tratare y, si hay acreedores anteriores es necesariotener en cuenta las precisiones de valor determinadas en laescritura correspondiente: para la parte de "valor en más" quehaya recibido la finca refaccionada, a consecuencia de larefacción, la proyección de la anotación preventiva sedesarrolla en son de primera hipoteca; y, respecto al valorfijado a la cosa antes de las obras, el crédito refaccionario seproduce como segunda hipoteca en orden al exceso de esevalor.Si no se ha extendido la anotación preventiva, se aplica elartículo 1923 del Código Civil, conforme al cual, si los créditosrefaccionarios no fueren anotados ni inscritos en el Registro dela Propiedad, tienen preferencia sobre los bienes inmueblesobjeto de la refacción en cuanto a los créditos que no sean dealguna de las clases comprendidas en los cuatro númerosanteriores del artículo 1923.5 del Código Civil. Entonces el

crédito refaccionario es considerado por el Código Civil como"singularmente privilegiado", y en el concurso de acreedores leequipara a la hipoteca inscrita.El artículo 1923.5 del Código Civil se funda en que, si bien losdocumentos no inscritos no pueden causar perjuicio a tercero,la naturaleza de tales créditos y el objeto a que se destinan lassumas o los efectos facilitados para la reparación oconstrucción de los edificios, les hacen ser de mejor condiciónque los que no tienen razón alguna de preferencia y son -además- de fechaposterior a la constitución de los mismos.Según determina el artículo 1927 del Código Civil, los créditosgozan de prelación entre sí por el orden inverso de surespectiva antigüedad. El último acreedor refaccionario, porhaber contribuido seguramente con las reparaciones últimas amejorar la obra, tiene preferencia sobre los anteriores.Los créditos refaccionario no anotados ni inscritos a que serefiere el número 5 del artículo 1923 del Código Civil tienenpreferencia frente a otros créditos distintos a los expresadosen los cuatro primeros números de dicho artículo, pero, eso noquiere decir que se altere la prelación concedida al anotantedel embargo por el número 4; el crédito refaccionario noanotado ni inscrito no es pospuesto siempre a aquel último porel simple hecho de que sea uno de los expresados conanterioridad en el precepto. El acreedor embargante serápreferido al refaccionario si el crédito de éste ha sido contraídocon posterioridad a la anotación del embargo, no en otro caso.Las créditos refaccionarios no anotados ni inscritos nogeneran ningún derecho real de garantía, ya que tienen uncarácter exclusivamente personal u obligacional; se trata deuna mera facultad otorgada al acreedor, que no comprende ni"ius distrahendi" ni reipersecutoriedad.Registrador mercantilFuncionario encargado de la inscripción de los actos ydocumentos relativos a las sociedades mercantilesRegistrador de la propiedad

Funcionario encargado de la inscripción de los actos ycontratos relativos a la propiedad y demás derechos realessobre bienes inmueblesRegistro domiciliarioLa inviolabilidad de domicilio es una consecuencia del derechoa la intimidad (artículo 18-2 de la Constitución, artículo 12 de laDeclaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17 delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 8del Convenio Europeo de Derechos Humanos) e involucra doscuestiones distintas, no siempre bien diferenciadas: elallanamiento del domicilio y su registro. Es importante ladiferencia porque si bien todo registro supone la entradaprevia, no toda entrada permite además registrar el domicilio.Al mismo tiempo, como ha establecido la sentencia delTribunal Constitucional de 17 de febrero de 1984, "lainviolabilidad de domicilio es de contenido amplio e imponeuna extensa serie de garantías y de facultades, en las que secomprenden las de vedar toda clase de invasiones, incluidaslas que puedan realizarse sin penetración directa por medio deaparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos".La Constitución autoriza la entrada y registro en domicilios encinco supuestos distintos: con autorización del titular, conautorización judicial, en caso de necesidad, en aplicación de lalegislación antiterrorista (artículo 55-2 de la Constitución) y,finalmente, en los casos de delito flagrante. El consentimientodel titular significa que este derecho es el único disponible yrenunciable por su titular, y si bien, como expuso la sentenciadel Tribunal Constitucional de 17 de febrero de 1984, no espreciso que sea expreso, debe manifestarse de alguna forma,lo que implica la previa solicitud por parte de la policía y, desdeluego, no deben tenerse por tales los hechos consumados.Respecto de la autorización judicial de entrada y registro, hayque decir que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal(artículo 546), está indicada «cuando hubiere indicios deencontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos deldelito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir parasu descubrimiento y comprobación». Por tanto, presuponeunas diligencias judiciales en curso, esto es, un delito y unaimputación contra determinada persona. La autorizaciónjudicial es, en realidad, según designación bastante frecuente,

un «mandato» u «orden» de registro dirigida a la policía, acuyas instrucciones se somete. No se trata de una actuaciónpolicial, y menos promovida por propia iniciativa, sino de unacto judicial o procesal delegado. En cuanto existen diligenciasen curso, hay una imputación contra determinada persona,más en concreto, contra el titular de la vivienda que sepretende registrar, por lo que ésta tiene desde ese momentoderecho a la defensa (artículo 118 de la Ley de EnjuiciamientoCriminal) y puede designar un letrado, que deberá asistirle enel momento del registro. En cuando que la autorización judicialde registro incide sobre un derecho constitucional, deberevestir la forma de auto motivado «huyendo de los formulariosestereotipados, adoptando una resolución en la que seponderen y se manejen criterios de necesidad yproporcionalidad. Sólo cuando sea estrictamente necesario sepuede autorizar una intromisión en un derecho fundamental dela persona, debiendo acudirse a otros medios de investigaciónsiempre que sea posible» (sentencia del Tribunal Supremo de 3de diciembre de 1991).La autorización judicial debe concurrir incluso cuando se tratede ejecutar otra resolución judicial, es decir, que aunque laentrada domiciliaria dimane de un órgano judicial, debeautorizarse de nuevo expresamente la entrada en el domicilio,como estableció la sentencia del Tribunal Constitucional de 17de febrero de 1984.El caso de estado necesidad fue introducido por el TribunalConstitucional en su sentencia de 17 de febrero de 1984 comotercer supuesto. Y la Ley de Seguridad Ciudadana ha acabadolegalizando la situación (artículo 21-3) cuando se producen lassiguientes circunstancias:a) en las situaciones de catástrofe, calamidad, ruina inminentey otros semejantes de extrema y urgente necesidadb) a los solos efectos de evitar daños inminentes y graves enlas personas o bienes.De cualquier modo, hay que poner de manifiesto que lo que seautoriza es la sola entrada en el domicilio para evitar dañospersonales o materiales, nunca el registro del mismo.

Pero el supuesto de delito flagrante es el que plantea másproblemas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal utilizaba dosconceptos diferentes de flagrancia, uno en el artículo 779 a losefectos de establecer la tramitación por el extintoprocedimiento de urgencia y la detención, y otro en el artículo553 a los efectos de practicar registros domiciliarios. El primerconcepto contemplaba tres supuestos:a) el que sea sorprendido cometiendo el delito oinmediatamente después de cometerlob) el que sea perseguido inmediatamente después decometerlo, mientras no se ponga fuera del inmediato alcancede los perseguidoresc) el que sea sorprendido con los efectos del delitoinmediatamente después de haberse cometido.Al desaparecer en 1988 el procedimiento de urgencia y sersustituido por el abreviado, este concepto ha desaparecido.Por contra, el artículo 553 autorizaba el registro domiciliario sinmandato judicial en tres casos, que no coincidían con losanteriores:a) cuando haya mandamiento de prisión y traten de hacerloefectivob) cuando sea sorprendido en flagrante delitoc) «cuando un delincuente inmediatamente perseguido por losagentes de la Autoridad, se oculte o refugie en alguna casa».Ahora bien, la redacción dada por la Ley Orgánica 4/88 de 25 demayo que modificó la ley antiterrorista, transformó laautorización de registro en autorización de detención yregistro, es decir, llevó el artículo 779 al 553, rompiendo toda lasistemática de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y añade a lossupuestos anteriores, el cuarto supuesto: los de dichanormativa excepcional «en casos de excepcional o urgentenecesidad» y cualquiera que sea el domicilio donde se oculteno refugien los perseguidos por supuestos delitos depertenencia a grupos armados.

El problema de la flagrancia radica en el apartado c) de los quehemos enumerado entre los comprendidos en el artículo 553,ya que se trata de un supuesto anticonstitucional si al mismotiempo no es flagrante. Pero es que, además, tampoco bastacualquier clase de flagrancia, sino sólo aquella que, en contrade la referida sentencia del Tribunal Constitucional, tiene porescenario el propio domicilio allanado, en el cual el titular debesoportar la entrada de la policía bien porque es sujeto activo obien porque lo es pasivo del delito. En caso contrario, laentrada sólo en posible en los supuestos de organizaciones ygrupos armados.El concepto de flagrancia, afirma la sentencia del TribunalSupremo de 22 de febrero de 1990, hay que interpretarlorestrictivamente, y exige una inmediatez temporal y personalcon el acto delictivo, además de una necesidad urgente deintervención, bien para poner término a la situación antijurídicaexistente, bien para conseguir la detención del responsable.Pero el registro domiciliario no es sólo una diligencia quepueda devenir nula por su origen, sino que también estáminuciosamente regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminalen cuanto a la forma en que se debe practicar. En este puntohay que diferenciar dos situaciones distintas: por un lado lossupuestos en los que se practica con autorización judicial y,por el otro, los demás. La diferencia fundamental entre ambostipos de registros es que en el primero debe intervenirnecesariamente el secretario judicial a fin de dar fe del acto,mientras que en los demás supuestos deben intervenirtestigos. Una entrada domiciliaria sin autorización invalida ladiligencia por contraria al artículo 18-2 de la Constitución(artículo 11-1 de la LOPJ), mientras que si lo que está ausentees el secretario judicial o los testigos, lo que se infringe es elartículo 24 de la Constitución, por resultar una diligenciaprocesalmente irregular incapaz por sí sola de desvirtuar elprincipio de presunción de inocencia (artículo 238-3 de laLOPJ). Según al sentencia del Tribunal Supremo de 14 deoctubre de 1991, la ausencia de Secretario en el registro no loinvalida: lo que invalida es el acta levantada sin su firma, queno podrá ser invocada como prueba documental preconstituídapara destruir la presunción de inocencia; pero el resultado delregistro -añade esta sentencia- se podrá acreditar por otrosextremos y apunta dos posibilidades: la confesión del

inculpado reconociendo el hallazgo de los efectos del delito ensu vivienda, la declaración testifical de los policíasintervinientes. Pero esta tesis del Tribunal Supremo no resultaadmisible.El registro domiciliario es una diligencia procesal, no un actoadministrativo y, en virtud de los arts.281-1 y 473-1 de la LeyOrgánica del Poder Judicial, el Secretario Judicial, es el únicocompetente y con capacidad para documentar talesactuaciones judiciales «con plenitud de efectos». El artículo569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal orden a que elregistro se practique «siempre» en presencia del Secretariojudicial; de ahí que la sentencia del Tribunal Supremo de 18 deoctubre de 1990 calificara la presencia del fedatario de«exigencia legal insoslayable». Obviamente el delito se podráprobar por otros medios diferentes, pero en ningún caso cabeconvalidar a posteriori una diligencia de registro nula. Enconsecuencia, la ausencia del secretario no podrá ser suplidapor la declaración en el acto del juicio oral de los policías quelo practicaron, ya que se incurriría en fraude de ley (sentenciadel Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1991), ni tampocopuede uno de los policías actuantes ejercer la funciones desecretario, dada la naturaleza judicial del acto. El artículo 563de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, pese a lanaturaleza judicial y no administrativa de los registrosdomiciliarios, el juez delegue su presencia en favor decualquier autoridad o a los agentes de la policía, pero nunca ensecretario, cuya intervención es insustituible. Según lasentencia del Tribunal Supremo de 24 de setiembre de 1991 «elque uno de los policías presentes actúe como Secretariotransforma el contenido de la delegación judicial y quebrantatanto la ratio como la literalidad del precepto... El permitir queun policía actúe de Secretario es una corruptela contraria a lasgarantías legales, que convierte en nulo lo actuado. Un policíano puede dar fe de la actuación de otro policía ni de lo que enel domicilio sometido a registro se encuentre, ni de lasincidencias ocurridas». En el mismo sentido, la sentencia de 3de diciembre de 1991 estableció:«La nulidad afecta a todo el acto a toda la realidad material quearroja el contenido del acta y no sirve, por tanto, para acreditarla ocupación y existencia material de efectos o papeles, ya que

se trata de una prueba viciada que no puede ser usada comomaterial probatorio de cargo.«La intervención a posteriori de los agentes de policía queefectuaron el registro y entrada sin la presencia del SecretarioJudicial, compareciendo en las sesiones del juicio oral nopuede subsanar los defectos de nulidad ya producidos. Seríaun verdadero fraude de ley, causante de la indefensión de laparte acusada, que la diligencia viciada recobrase suefectividad por medio de la declaración testifical de los queintervinieron en su práctica».La nulidad del registro no pude ser subsanada en el acto deljuicio oral ni por la confesión del inculpado, ni por la testificalde los policías intervinientes, ni por la de los testigosincorporados al registro. Estos medios de prueba no sonalternativos al registro sino subsidiarios del mismo, no sonautónomos sino que están engarzados a una infracciónconstitucional o procesal y, por ello mismo, el vicioconstitucional o legal les atañe también a ellos. Los policíasintervinientes, por ejemplo, no pueden subsanar por víatestifical una diligencia procesal de cuya nulidad son -habitualmente- sus directos responsables. De la teoría de lafruta del árbol envenenado, sintetizada positivamente en losarts.6-4 del Código Civil y 11-1 de la LOPJ, se desprende que nisiquiera cabe dirigir preguntas al inculpado o a los testigossobre un registro nulo, jurídicamente inexistente y sobre unosefectos igualmente inexistentes a efectos procesales. Laspreguntas sobre un registro nulo y los efectos que allápudieran haberse encontrado, son siempre improcedentes eincluso capciosas (artículo 709 de la Ley de EnjuiciamientoCriminal).Además, es claro que un registro en el domicilio dedeterminada persona es un acto claro de imputación contraella, por lo que el registro, cuando sea ordenado por el juez,requerirá intervención de letrado defensor, en virtud delartículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.La presencia de secretario y de letrado deriva del carácterpreconstituído de los registros domiciliarios, ya que lo mismoque las inspecciones oculares, son irreproducibles en el actode juicio oral, se destruyen por el transcurso del tiempo y, porello mismo, precisan de contradicción. Eso significa que los

vicios de que adolezcan los registros en el momento de supráctica, no se podrán subsanar ni tampoco convalidar en elacto de juicio oral. El Tribunal Constitucional en su sentencia150/89 de 25 de setiembre calificó de mero acto deinvestigación la inspección ocular practicada sin presencia deletrado y, en consecuencia «insuficiente por sí mismo parapoder fundamentar una sentencia de condena». La presenciadel secretario asegura la fiabilidad en la documentación delacto, mientras que la del letrado preserva la contradicción.La Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la fecha en que seredactó, no prevé la presencia letrada, que en aquella épocasólo aparecía tras el auto de procesamiento; de ahí que lasentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1991interprete, aprovechando esa arcaica laguna legal, que no esnecesaria la presencia letrada. No obstante esto, la Leyrequiere la presencia del propio interesado, que es quien puedegarantizar la contradicción, poniendo de manifiesto cuantasobservaciones desee en el acta correspondiente. La sentenciadel Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1991 afirma que laintervención del Secretario tiene por objeto también asegurarque la intromisión domiciliaria se realice «dentro de los límitesmarcados por el contenido de la resolución judicial que loacordó». En realidad esta es una función que debe desempeñartanto el Secretario como el letrado que designe el inculpado.El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 27 de febrero de1984 ha puesto de manifiesto que no coincide el conceptoconstitucional de domicilio con el jurídico-privado o jurídicoadministrativo,que lo basan en el hecho de la residenciahabitual, en cuanto es más amplio al tratarse de una protecciónde carácter instrumental que defiende los ámbitos en que sedesarrolla la vida privada de la persona.Lo esencial es que se trate de un lugar cerrado en el que una ovarias personas desarrollen su vida privada,independientemente del título jurídico que medie entre dichossujetos y la vivienda en que habitan, ya que, tal como handeclarado las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzode 1992 y 6 de abril de 1993, no pueden equipararse domicilio ypropiedad. La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de juniode 1993 lo ha extendido a las habitaciones que en una pensión,residencia u hotel ocupa una persona o familia, y a los lugares

cerrados donde se vive, por modesta y sencilla que sea lamorada, incluidas, por supuesto, las chabolas y viviendas deanáloga significación, y por ello ha puesto siempre el acento enla idea de vivienda fija, transitoria u ocasional, en concordanciacon las precisiones constitucional y penal. Por supuesto, elmismo criterio anteriormente expresado hay que extenderlo alos coches cama de los ferrocarriles y a los camarotes de losbarcos.Por el contrario, quedan fuera del concepto de domicilio loslugares cerrados destinados, no a la morada, sino al desarrollode actividades laborales o recreativas, los almacenes y loslocales comerciales, ya que no pertenecen al ámbito deintimidad, no son "espacios en los cuales el individuo vive sinestar sujeto necesariamente a los usos y convenienciassociales y ejerce su libertad más íntima" en expresión del autodel Tribunal Constitucional 171/1989, de 3 de abril. En concreto,la Sala Segunda del Tribunal Supremo viene declarando quelos locales abiertos al público, como pueden ser los deesparcimiento o comerciales, así bares, tabernas, pubs,restaurantes, tiendas, locales de exposición, almacenes, etc.,no están tutelados por la inviolabilidad que a los domiciliosotorga el artículo 18.2 de la Constitución, sino todo locontrario, los considera excluidos de tal tutela (sentencias de10 de mayo, 5 de junio, 9 y 19 de julio, 16 de septiembre, 22 deoctubre, 9 de diciembre de 1993 y 14 de abril de 1994), encuanto de un lado el artículo 547-2 y 3 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal así lo regula, y de otro se trata delocales por naturaleza abiertos a cualquiera y en cuyo accesolibre por las gentes se basa el destino, lucro y utilidad de losmismos ("abiertos al público"), por lo que no se puedenincorporar en ellos las rigurosas limitaciones que elordenamiento jurídico establece para los lugares donde se vivey se ejercita la intimidad personal que el artículo 18 de laConstitución tutela, teniendo sólo estos últimos, enconsecuencia, la especial protección constitucional y penalque deriva de su inviolabilidad. En consecuencia, un registropracticado por la policía sin mandamiento judicial en alguno dedichos locales sería lícito y valido con los efectos de todadiligencia policial que se realiza en base a una investigaciónpre-procesal o atestado. En este mismo sentido se orientanigualmente las sentencias de 21 de febrero, 2 de marzo y 10 demayo de l994.

ReglamentoConjunto de normas jurídicas emanadas de la Administraciónpara la regulación de una materiaRehabilitaciónEs la cancelación de los antecedentes penales por eltranscurso del tiempo, en un plazo que depende de la penaimpuestaEn ocasiones la expresión es sinónimo de reinserción social.El nuevo Código Penal ya no utiliza esta expresión, cuando enel artículo 136 regula la cancelación de los antecedentespenales.Según el artículo 136 del nuevo Código Penal, la cancelaciónpuede solicitarse de oficio o a instancia de parte. Para ellodebe cumplir los siguientes requisitos:a) haber satisfecho las responsabilidades civiles consignadasen la sentencia o haber sido declarado insolvente, en este casocon la excepción de no haber llegado a mejor fortunab) que hayan transcurrido sin que delinquiera el interesado, lossiguientes plazos: seis meses para las penas leves; dos añospara que no excedan de doce meses y los delitos imprudentes;tres años para las penas menos graves y cinco para las graves.Estos plazos se empiezan a contar desde que el condenadoextinga la pena.ReincidenciaCircunstancia agravante de la responsabilidad criminalconsistente en la condena anterior del inculpado por sentenciafirmeReinserciónObjetivo de la pena consistente en el conjunto de medidaspenitenciarias tendentes a evitar la recaída en el delito delpreso cuando cumpla su condena

ReposiciónRecurso promovido en un proceso civil que se resuelve por elmismo juez que dictó la resoluciónResponsabilidad civilEs la indemnización que debe abonar el condenado porcometer un delito para reparar los daños ocasionados a lavíctima del mismo.La responsabilidad civil comprende tres elementos (artículo110 del Código Penal):a) la restituciónb) la reparaciónc) la indemnización de los daños y perjuiciosSecretarioEs la persona que en cualquier asociación o colectivoorganizado, levanta acta y certifica los acuerdos que adoptansus órganos directivosSecretario judicialFuncionario encargado de dar fe de los actos judicialesSentenciaResolución judicial que pone fin definitivamente a un litigioSentencia firmeAquella contra la que no cabe ningún recurso, salvo el derevisiónServidumbreDerecho real del titular de un inmueble sobre el de otroSobreseimiento

Resolución judicial dictada en un proceso penal por la que unjuez ordena el archivo de las actuaciones temporal odefinitivamenteSúplicaEscrito del demandante en el juicio de mayor cuantía en que sereplica a la contestación a la demanda aportada por eldemandadoSuplicoEs la parte final del escrito que una parte presenta ante el juezy en la que se resume la peticiónTasación de costasValoración económica de los gastos devengados en un juicioque realiza el Secretario judicialTenencia ilícita de armasDelito de mera actividad, de riesgo o de peligro, que tiene uncarácter eminentemente formal y está tipificado en los artículos563 y siguientes del Código Penal.Para para su consumación no es necesario el uso del arma nila producción de lesión alguna en el mundo exterior, bastandola posesión durante un cierto período de tiempo que impliquesu potencial disponibilidad, quedando excluidos únicamentelos meros contactos físicos o la mera tenencia fugaz omomentánea al servicio de la posesión ajena.El objeto material de la infracción lo constituyen las armas defuego, entendidas éstas como los instrumentos aptos paradañar o para la defensa, si aquella se encuentra en condicionesde funcionamiento y capaces por eso de propulsar proyectilesmediante la deflagración de la pólvora.El bien jurídico protegido es no sólo la seguridad del Estadosino también la seguridad general o comunitaria, para lo quesupone un grave riesgo y un grave peligro que instrumentosaptos para herir, o incluso matar, se hallen en mano departiculares, sin la fiscalización y el control que supone la

expendición estatal de la oportuna licencia y guía depertenencia.Para la existencia del tipo penal es necesario que el arma tengauna evidente idoneidad para el disparo, de tal manera que elpeligro abstracto o general pueda verse concretado encualquier momento mediante el uso eficaz y potencialmentepeligroso del arma.Este peligro no puede reputarse existente en los casos en losque el arma resulta inidónea para el disparo. La demostraciónde la idoneidad tiene que estar acreditada de manerafehaciente, inequívoca e incuestionable, pero para laapreciación del tipo penal no basta que la deficiencia del armapueda ser rápida o momentáneamente eliminada si sucorrección exige una actividad que en modo alguno hadesplegado el inculpado o unos conocimientos técnicos de losque carece.TestigoPersona que declara en un proceso judicial en relación con loshechos que conoce y con la obligación de decir la verdadTransacciónAcuerdo entre las partes para evitar un pleito o la continuacióndel que ya se ha iniciadoTribunalÓrgano judicial normalmente colegiado, aunque también losunipersonales pueden ser calificados de tribunales en elsentido amplio de la expresiónTutelaInstitución jurídica destinada a proteger los intereses de unapersona civilmente incapazTutela judicial efectivaEl derecho a la tutela judicial efectiva es la posibilidad dereclamar a los órganos judiciales la apertura de un proceso

para obtener una resolución motivada y argumen-tada sobreuna petición amparada por la ley. Está reconocido en el artículo24 de la Constitución y significa la prevalencia del fondo sobrela forma, el contenido sobre el continente, de forma que primesiempre el principio "pro actione".La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venidoinsistiendo en que la interpretación de las exigencias formalesde los procesos judiciales han de ir presididas por cuatrocriterios fundamentales:a) ha de ser finalista, es decir, fundada en la pretensión últimade la norma, no rigorista ni formalistab) ha de propiciar el conocimiento sobre el fondo del asunto,de forma que prevalezca siempre el principio "pro actione"c) ha de valorar la proporcionalidad entre la gravedad deldefecto formal observado y la consecuencia derivada de ellod) "los errores de los órganos judiciales no deben producirefectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano"(sentencias de 20 de mayo de 1983, 16 de diciembre de 1985 y12 de noviembre de 1987).Así, las sentencias del Tribunal Constitucional de 9 de febrerode 1985 y 12 de marzo de 1986 establecieron que los requisitosformales hay que interpretarlos teniendo "siempre presente elfin pretendido al establecer dichos requisitos, evitandocualquier exceso formalista que lo convirtiese en merosobstáculos procesales".Por su parte, la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 defebrero de 1985 estableció que "aunque las formas y requisitosdel proceso cumplen un papel de capital importancia para suordenación, no toda irregularidad formal puede convertirse enun obstáculo insalvable para su prosecución, con repudio porlo tanto de formalismos enervantes contrarios al espíritu yfinalidad de la norma, más teniendo asimismo en cuenta queno puede dejarse al arbitrio de cada parte el cumplimiento delos requisitos procesales ni la disposición del tiempo en quehan de cumplirse".Las sentencias de 14 de marzo de 1983, 12 de marzo de 1986 y12 de noviembre de 1987 han repetido que "los requisitosformales no son valores autónomos que tengan sustantividad

propia, sino que sólo sirven en la medida en que soninstrumentos para conseguir una finalidad legítima. Por ello,los trámites formales no deben ser exigencias cuyoincumplimiento presente siempre el mismo valor obstativo queoperaría con independencia, en principio, de cuál sea el gradode inobservancia del requisito, su trascendencia práctica o lascircunstancias concurrentes en el caso. Al contrario, han deanalizarse teniendo presente la finalidad que pretende lograrsecon ellos para, de existir defectos, procederse a una justaadecuación de las consecuencias jurídicas con la entidad realdel defecto mismo, medida en función de la quiebra de lafinalidad última que el requisito formal pretenda servir. De estasuerte, cuando esa finalidad pueda ser lograda sin detrimentoalguno de otros derechos o bienes constitucionalmente dignosde tutela, debe procederse a la subsanación del defecto másque a eliminar los derechos o facultades que se vinculan a sucauce formal, lo que, con mayor razón, debe sostenersecuando el efecto quepueda producir la inobservancia de un requisito formal seaprecisamente ese cierre de la vía de recurso. Estainterpretación finalista y su corolario, la proporcionalidad entrela sanción jurídica y la entidad real del defecto, no es sino unaconsecuencia más de la necesaria interpre-tación de lalegalidad ordinaria en el sentido más favorable a la efectividadde un derechofundamental".También la sentencia 8 de julio de 1987 determinó que una delas manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva esla exigencia "de obtener una resolución sobre el fondo de laspretensio-nes deduci-das, de forma que una interrupciónprematu-ra del proceso o una decisión de inadmisión seráconstitu-cionalmen-te legítima cuando se apoye en laconcurrencia de una causaa la que la norma legal anude tal efecto y se aprecie por el Juezen aplica-ción razonada de la norma, que en todo caso habráde interpre-tarse en el sentido más favorable al ejercicio de laac-ción". La de 12 de noviembre de 1987, expuso que "cuandoel legislador ha previsto la existencia de un recursojurisdiccional, el acceso al mismo forma parte del derecho a latutela judicialefectiva, de tal manera que la decisión judicial de inadmisiónsólo será constitucionalmente válida si se apoya en una causa

a la que la norma anude tal efecto, y así se aprecie por el juezen aplicación razonada de la norma, que en todo caso debeinterpretarse en el sentido más favorable a la efectividad delderecho fundamental", añadiendo finalmente esta mismasentencia que "si tales exigencias formales obstaculizan demodo excesivo o irrazonable el ejercicio del derechofundamental, o si han perdido su finalidad o su incumplimientopuede convertirse en una falta subsanable, la inadmisiónpuede resultar desmesurada y vulnerado-ra del derechofundamental en juego". Por su parte, la sentencia de esteTribunal al que nos dirigimos de 26 de febrero de 1990 afirmóigualmente: "El acceso al proceso forma parte del derecho a latutela judicial efectiva, de manera que una decisión judicial queponga fin prematu-ramente al proceso sólo será constitucionalmenteválida si se apoya en una causa a la que la norma legalanuda tal efecto, con la posibilidad, por tanto, de violación detal derecho cuando se impida el acceso al proceso por criterioso motivos impeditivos, irrazona-bles o arbitrarios, o bien poruna interpreta-ción rigorista, literal, no concorde con los finesde la norma procesal".Turno de oficioLista de abogados inscritos para el ejercicio de la justiciagratuita y la defensa jurídica de quienes carecen de recursospara nombrarloUnidad jurisdiccionalLa unidad jurisdiccional tiene tres acepciones, que no siemprese tienen presentes, por su parecido:a) monopolio en la aplicación del Derecho: sólo los órganosjudiciales pueden aplicar las normas jurídicas a los litigiosconcretos; y además, sólo pueden cumplir esta función yninguna otrab) resolución plena del asunto confiado a su competencia, sinque puedan separarse elementos de la litis (incidentes,cuestiones previas o prejudiciales, por ejemplo) para confiarlosa otro centro decisorio distintoc) inexistencia de especies de delito o personas cualificadassustraíbles a su jurisdicción.

Usos de comercioFuente del Derecho Mercantil reconocida por el artículo 2 delCódigo de Comercio, siempre que se observen con caráctergeneral en cada plaza.La existencia de una norma derivada del uso no nace de unavoluntad individual aunque se repita, sino que requiere laconvicción de cumplimiento de una norma jurídica (”oppinioiuris“) que, a su vez, encuentra su origen en una voluntadconcorde de las partes (sentencia del Tribunal Supremo de 8de abril de 1994).UsucapiónAdquisición de la propiedad por la posesión ininterrumpida yde buena fe de los bienesUsufructoDerecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación deconservar su forma y sustancia (artículo 467 del Código Civil)Vía de apremioFase del proceso judicial encaminada a satisfacer la obligaciónde pago de dinero judicialmente reconocida, consistente en elembargo, la tasación y la venta de los bienes del deudor

Abintestato Juicio civil destinado a nombrar heredero de quien no ...

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