35 solicitud de avocamiento de la universidad de los andes

Mundo Universitario, Nº 42, Vol XI (1),35-41, 2013 

SOLICITUD DE AVOCAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

RESUMEN 

Se copia la solicitud de avocamiento de los expedientes que cursan ante la Sala Electoral de este Máximo 

Tribunal, relativo al recurso contencioso electoral incoado contra la decisión de la Comisión Electoral de la 

Universidad de Los Andes, que omiten en la publicación del padrón electoral a profesores instructores y 

jubilados en el proceso de elección de Representantes de los Profesores ante los Consejos de Facultad, 

Consejos de Núcleos, Consejos de Escuelas y Consejo Universitario y la publicación del padrón electoral a 

los profesores instructores y jubilados, personal administrativo, obrero y estudiantes en igualdad de 

condiciones, para la elección de autoridades universitarias. DECISIÓN 3. ORDENA a la Secretaría de esta 

Sala oficiar a la Sala Electoral de este Máximo Tribunal, con el fin de requerir la remisión de copia certificada 

de la totalidad de los expedientes identificados con los alfanuméricos AA70-E-2011-000036, AA70-E-2011- 

000050 y AA70-E-2012-000039. 4. ACUERDA la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspende la 

orden impartida por la Sala Electoral de este Supremo Tribunal al Rector de la UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES, mediante las sentencias Nos. 58, 59 y 211, del 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012, en virtud de 

las cuales “…Se ORDENA al Rector de la Universidad de Los Andes, que en lapso perentorio, que no podrá 

exceder de quince (15) días hábiles de la Universidad, desde de la notificación del presente fallo, proceda a 

convocar al Consejo Universitario, para que ese órgano se instale, reforme y publique el nuevo Reglamento 

Electoral, adecuando su contenido a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación, con las 

consideraciones expuestas por esta Sala Electoral en la parte motiva de este fallo, en lapso de treinta (30) 

días hábiles, contados desde la fecha de su instalación para el referido fin”. 

Palabras clave: Sala Constitucional, TSJ, Expedientes AA70-E-2011-000036, AA70-E-2011-000050 y AA70- 

E-2012-000039. 

EN SALA CONSTITUCIONAL 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ 

Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional el 30 de julio de 2012, la abogada Inés Lárez 

Marín, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 61.084, actuando con el carácter 

de apoderada judicial de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, creada mediante el Decreto de la Junta 

Gubernativa de la entonces Provincia de Mérida, dictado el 21 de septiembre de 1810, solicitó el avocamiento 

de los expedientes que cursan ante la Sala Electoral de este Máximo Tribunal, identificados con los siguientes 

números: 1) AA70-E-2011-000036, relativo al recurso contencioso electoral incoado por los ciudadanos 

Eduardo Enrique Martínez Guillén, José Leonides Hernández Paz, Lilido Nelson Ramírez Iglesia y Eduardo 

José Zuleta Rosario, contra la decisión de la Comisión Electoral de la Universidad de Los Andes, en la 

persona de su presidente Oswaldo Arteaga Marín, que omiten en la publicación del padrón electoral a 

profesores instructores y jubilados en el proceso de elección de Representantes de los Profesores ante los 

Consejos de Facultad, Consejos de Núcleos, Consejos de Escuelas y Consejo Universitario, cuyo acto de 

votación se encontraba programado para el día 25 de mayo de 2011; 2) AA70-E-2011-000050, relativo al 

recurso contencioso electoral incoado por la ciudadana Daviana Carolina Muñoz Gutiérrez, contra la 

Resolución Nro. CE 065/2011, dictada en fecha 25 abril de 2011 por la Comisión Electoral Central de la 

Universidad de Los Andes, en la cual declaró “CONTINUAR CON TODOS LOS PROCESOS ELECTORALES 

Solicitud de Avocamiento Universidad de Los Andes 35


QUE SE ENCUENTREN ACTUALMENTE EN DESARROLLO, EN UN TODO DE ACUERDO CON EL 

REGLAMENTO ELECTORAL APROBADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES (…)”; 3) AA70-E-2012-000039, relativo al recurso contencioso electoral incoado por los 

ciudadanos Eduardo Enrique Martínez Guillén, José Leonides Hernández Paz, Lílido Nelson Ramírez Iglesia, 

Eduardo José Zuleta Rosario, Carlos Enrique Dávila Zambrano, Egberto José González Durán, Luís Alberto 

Márquez, Orlando José Goliath Moreno, Kleyra Josefina Quintero y Robinson Miguel Pérez Aguilar, contra de 

la decisión adoptada por la Comisión Electoral de la Universidad de Los Andes, mediante la cual se omitió la 

publicación del padrón electoral a los profesores instructores y jubilados, personal administrativo, obrero y 

estudiantes en igualdad de condiciones. 

El 8 de agosto de 2012, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al 

Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López, quien, con tal carácter, suscribe la presente 

decisión. 

Efectuado el análisis del caso, esta Sala pasa a hacer las siguientes consideraciones: 

I 

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD 

La accionante fundamentó su solicitud en los siguientes argumentos: 

Que la Universidad de los Andes presenta una situación similar a la ocurrida con la Universidad 

Central de Venezuela y la Universidad de Oriente, ya que sus autoridades corren el riesgo de ser 

sancionadas por el incumplimiento de lo ordenado por la Sala Electoral en los expedientes Nos. AA70-E- 

2011-000036 y AA70-E-2011-000050. 

Que el expediente AA70-E-2012-000039 se encuentra pendiente de decisión, pero también existe el 

peligro de que se impongan sanciones a las autoridades de la Universidad de los Andes. 

Que en los expedientes sobre los cuales versa la presente solicitud, se encuentran ventilados los 

derechos políticos de participación y postulación. 

Que acordar el avocamiento solicitado, garantizaría la uniformidad de la interpretación constitucional. 

Que al igual que lo ocurrido en los casos de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de 

Oriente, solicitan medida cautelar donde se ordene suspender la ejecución de los fallos proferidos por la Sala 

Electoral de este máximo Tribunal. 

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II 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Previo a cualquier otra consideración, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su 

competencia para conocer de la presente solicitud y, a tal efecto, observa que el cardinal 16 del artículo 25 de 

la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que es competencia de esta Sala Constitucional: 

“16.- Avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, 

tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no 

haya recaído sentencia definitivamente firme”. 

Esta excepcional potestad de avocamiento atribuida a la Sala, se encuentra consagrada en virtud de 

las altas funciones que como órgano protector y defensor de la constitucionalidad tiene atribuida. Así, en 

casos de presunta vulneración de principios jurídicos fundamentales, el legislador reconoció que esta Sala 

tiene la potestad de avocamiento en cualquier expediente que curse ante un determinado juzgado, incluso las 

otras Salas de este Máximo Tribunal. 

En congruencia con lo expuesto, debe reiterarse la doctrina de esta Sala (Vid. Sentencia 1350, del 4 

de julio de 2006) según la cual, el avocamiento es una figura de superlativo carácter extraordinario, toda vez 

que afecta las garantías del juez natural y, por ello, debe ser ejercido con suma prudencia y sólo en caso 

grave, o de escandalosas violaciones al orden público constitucional. 

Así pues, la jurisdicción constitucional en la oportunidad respectiva debe atender al caso concreto y 

realizar un análisis en cuanto al contrapeso de los intereses involucrados y a la posible afectación de los 

requisitos de procedencia establecidos para la avocación, en los términos expuestos, con la finalidad de 

atender prontamente a las posibles vulneraciones de los principios jurídicos y los derechos constitucionales 

de los justiciables. 

De manera que, la competencia de la Sala viene determinada, como se expuso, en virtud de la 

situación de especial relevancia que afecte de una manera grave al colectivo, en cuyos casos, la Sala podría, 

conforme a lo expuesto, uniformar un criterio jurisprudencial, en aras de salvaguardar la supremacía del Texto 

Fundamental y, así, el interés general. 

Ahora bien, analizando detalladamente los alegatos expuestos así como el contexto en que se 

materializó la presunta vulneración al orden constitucional, advierte esta Sala que los expedientes sobre los 

cuales versa la solicitud de avocamiento fueron todos sentenciados (incluso el signado con el alfanumérico 

AA70-E-2012-000039) y se encuentran en fase de ejecución forzosa, circunstancia esta que pone de relieve 

el incumplimiento de uno de los requisitos de procedencia del avocamiento, cual es el de la existencia de 

sentencia definitivamente firme, a tenor de lo dispuesto en el cardinal 16 del artículo 25 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia. 



No obstante lo anterior y dada la existencia de sentencia definitivamente firme en los expedientes 

objeto de la solicitud de avocamiento, esta Sala, en aras del principio pro actione y como garante del derecho 

de acceso a la justicia de la solicitante, reconduce la solicitud de avocamiento a una revisión constitucional y, 

conforme a lo establecido en el artículo 25, cardinal 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 

se declara competente para conocer de la solicitud. Así se decide. 

III 

AUTO PARA MEJOR PROVEER 

Visto que esta Sala recondujo la solicitud de avocamiento a una de revisión constitucional, del análisis 

de las actas se observa que no se acompañó a la presente solicitud la totalidad de las actas que conforman 

los expedientes que contienen los recursos contencioso electorales originalmente incoados, las cuales 

resultan indispensables para emitir el pronunciamiento correspondiente; se ORDENA al Presidente de la Sala 

Electoral de este Alto Tribunal que remita a esta Sala la copia certificada de la totalidad de los expedientes 

identificados con los alfanuméricos AA70-E-2011-000036, AA70-E-2011-000050 y AA70-E-2012-000039, 

dentro del lapso de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente auto para mejor proveer, todo 

de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia. 

IV 

DE LA MEDIDA CAUTELAR 

Finalmente, debe la Sala decidir sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos 

formulada por la solicitante y, en tal sentido, advierte que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia establece: 

“Artículo 130.- En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala 

Constitucional, podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La 

Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela 

judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los 

intereses públicos en conflicto”. 

La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Vid. Decisión N° 

269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la 

tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de 

modo explícito y directo. De allí su carácter instrumental, esto es, que las medidas cautelares no constituyen 

un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo 

que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda del eficaz 

funcionamiento de la función jurisdiccional. 



Significa entonces, que el citado carácter instrumental determina, por una parte, su naturaleza 

provisional y, al mismo tiempo, por su idoneidad o suficiencia para salvaguardar la efectividad de la tutela 

judicial, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se 

verá frustrada en la medida en que no será útil para la realización de ésta. 

Resulta así oportuno referir a Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica 

Argentina, Buenos Aires), en el sentido de que, como efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, 

éstas deben ser homogéneas con el petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más 

similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues se 

reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo. 

Entonces, el fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo 

de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial 

encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho 

discutido, en el cual deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los intereses 

públicos en conflicto. 

En el contexto expuesto, visto que en el presente asunto está vinculado el orden público 

constitucional, en virtud de que la controversia está relacionada con los derechos de participación y 

postulación, que podrían verse afectados a consecuencia de la exclusión de algunos miembros de la 

comunidad universitaria del padrón electoral imposibilitando su participación en los comicios para la 

designación de las autoridades de esa Casa de Estudios, se acuerda la medida cautelar solicitada y, en 

consecuencia, se acuerda la suspensión de la orden impartida por la Sala Electoral de este Supremo Tribunal 

en las sentencias N° 58, 59 y 211, del 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012, en virtud de las cuales se 

ordenó al Rector de la Universidad de Los Andes, que en lapso perentorio, que no podrá exceder de quince 

(15) días hábiles de la Universidad, desde la notificación de dicho fallo, procederá a convocar al Consejo 

Universitario, para que ese órgano se instale, reforme y publique el nuevo Reglamento Electoral, adecuando 

su contenido a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación, con las consideraciones expuestas 

por esa Sala Electoral en la parte motiva de ese fallo, en un lapso de treinta (30) días hábiles, contados desde 

la fecha de su instalación para el referido fin. Así se decide. 

V 

DECISIÓN 

Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 

administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 



1. RECONDUCE la solicitud de avocamiento y medida cautelar, presentada por la UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES, sobre los expedientes que cursan ante la Sala Electoral de este Máximo Tribunal, identificados 

con los siguientes números: 1) AA70-E-2011-000036, relativo al recurso contencioso electoral incoado por los 

ciudadanos Eduardo Enrique Martínez Guillén, José Leonides Hernández Paz, Lilido Nelson Ramírez Iglesia y 

Eduardo José Zuleta Rosario, contra las decisiones de la Comisión Electoral de la Universidad de Los Andes, 

en la persona de su presidente Oswaldo Arteaga Marín, que omiten en la publicación del padrón electoral a 

profesores instructores y jubilados en el proceso de elección de Representantes de los Profesores ante los 

Consejos de Facultad, Consejos de Núcleos, Consejos de Escuelas y Consejo Universitario, cuyo acto de 

votación se encontraba programado para el día 25 de mayo de 2011; 2) AA70-E-2011-000050, relativo al 

recurso contencioso electoral incoado por la ciudadana Daviana Carolina Muñoz Gutiérrez, contra la 

Resolución Nro. CE 065/2011, dictada en fecha 25 abril de 2011 por la Comisión Electoral Central de la 

Universidad de Los Andes, en la cual declaró “CONTINUAR CON TODOS LOS PROCESOS ELECTORALES 

QUE SE ENCUENTREN ACTUALMENTE EN DESARROLLO, EN UN TODO DE ACUERDO CON EL 

REGLAMENTO ELECTORAL APROBADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES (…)”; 3) AA70-E-2012-000039, relativo al recurso contencioso electoral incoado por los 

ciudadanos Eduardo Enrique Martínez Guillén, José Leonides Hernández Paz, Lílido Nelson Ramírez Iglesia, 

Eduardo José Zuleta Rosario, Carlos Enrique Dávila Zambrano, Egberto José González Durán, Luís Alberto 

Márquez, Orlando José Goliath Moreno, Kleyra Josefina Quintero y Robinson Miguel Pérez Aguilar, contra de 

la decisión adoptada por la Comisión Electoral de la Universidad de Los Andes, mediante la cual se omitió la 

publicación del padrón electoral a los profesores instructores y jubilados, personal administrativo, obrero y 

estudiantes en igualdad de condiciones. 

2.- Que es COMPETENTE para conocer de la solicitud de revisión planteada por la UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES, de las sentencias Nos. 58, 59 y 211, dictadas por la Sala Electoral de este Alto Tribunal el 

29 de marzo y 14 de noviembre de 2012. 

3. ORDENA a la Secretaría de esta Sala oficiar a la Sala Electoral de este Máximo Tribunal, con el fin 

de requerir la remisión de copia certificada de la totalidad de los expedientes identificados con los 

alfanuméricos AA70-E-2011-000036, AA70-E-2011-000050 y AA70-E-2012-000039. 

4. ACUERDA la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspende la orden impartida por la 

Sala Electoral de este Supremo Tribunal al Rector de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, mediante las 

sentencias Nos. 58, 59 y 211, del 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012, en virtud de las cuales “…Se 

ORDENA al Rector de la Universidad de Los Andes, que en lapso perentorio, que no podrá exceder de 

quince (15) días hábiles de la Universidad, desde de la notificación del presente fallo, proceda a convocar al 



Consejo Universitario, para que ese órgano se instale, reforme y publique el nuevo Reglamento Electoral, 

adecuando su contenido a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación, con las 

consideraciones expuestas por esta Sala Electoral en la parte motiva de este fallo, en lapso de treinta (30) 

días hábiles, contados desde la fecha de su instalación para el referido fin”. 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de abril de dos mil trece. Años: 202º de la Independencia y 154º 

de la Federación. 

La Presidenta, 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO 

El Vicepresidente, 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ 

Ponente 

Los Magistrados, 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO 

El Secretario, 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO 

FACL/ 

Exp. n° 12-0895

35 solicitud de avocamiento de la universidad de los andes

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