Informe de alegaciones (pdf, 455 kb)

INGURUMEN, LURRALDE 

PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 

ARRANTZA SAILA 

Ingurumen Sailburuordetza 

Biodibertsitaterako eta Ingurumen 

Partaidetzarako Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 

AGRICULTURA Y PESCA 

Viceconsejería de Medio Ambiente 

Dirección de Biodiversidad y Participación 

Ambiental 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, OTROS AGENTES INTERESADOS Y PÚBLICO EN 

GENERAL, EN RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN DE LA ZEC IZARRAITZ (ES2120003). 

RELACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 

OTROS AGENTES INTERESADOS Y PÚBLICO EN GENERAL. 

I.1.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1. Alegación conjunta de las 3 Diputaciones Forales 

2. Departamento de Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

3. URA – Agencia Vasca del Agua 

4. Departamento de Cultura – GV 

5. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales – GV. No encuentran disconformidades 

a las medidas propuestas. 

6. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal – MARM. Evalúan 

positivamente la ZEC Izarraitz. 

7. Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

8. Alegaciones conjuntas de los Ayuntamientos de Azpeitia y Azkoitia 

9. Ayuntamiento de Azpeitia 

10. Ayuntamiento de Deba 

I.2.- ASOCIACIONES Y PARTICULARES. 

1. Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa 

2. Federación Guipúzcona de cazadores 

3. Mutriku Natur Taldea 

RELACIÓN DE CUESTIONES ALEGADAS 

1. Vulneración del marco competencial 

2. Relación con otros instrumentos de ordenación territorial, urbanismo y sectoriales 

3. Proceso de participación y obernanza 

4. Vigencia del documento 

5. Autorización de planes y proyectos y “adecuada evaluación” 

6. Elementos objeto de conservación y elementos clave 

7. Conocimiento básico sobre la Biodiversidad 

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 95 42 – Fax 945 01 95 40 – 01010 Vitoria-Gasteiz

8. Delimitación de Izarraitz 

9. Financiación, Restricciones, compensaciones a los propietarios e insuficiencia 

presupuestaria en algunas medidas 

10. Conservación de la fauna 

11. Gestión forestal 

12. Gestión de pastos y matorrales 

13. Gestión cinegética 

14. Zonas de Protección Estricta 

15. Zonas de Aprovechamiento Agroforestal Intensivo 

16. Otros aspectos del documento 

17. Consideraciones finales 

2

RESUMEN DE ALEGACIONES Y RESPUESTA MOTIVADA 

1.- Vulneración del marco competencial 

La Diputación Foral de Gipuzkoa alega una invasión competencial por parte de la Administración 

General, argumentando que no ostenta la competencia exclusiva en esta materia. Reconoce la 

competencia para la designación pero, por analogía con el resto de los espacios naturales 

protegidos, considera que la participación de la Diputación no se puede limitar a un mero informe 

preceptivo. Basa su argumentación en el marco competencial establecido por la Ley 21/1983 (LTH) 

y la Ley 16/1994, de Conservación de la Naturaleza. Por último, anuncia la presentación de un 

conflicto de competencia ante la Comisión Arbitral en el momento en que se aprueben 

definitivamente las designaciones de las ZEC. 

Finalmente, alega que los Decretos imponen obligaciones a las administraciones sectoriales y a las 

Diputaciones Forales sin respetar el marco competencial y sin especificar quién es el órgano gestor, 

por lo que pueden ser denunciadas en caso de no cumplirse las medidas, con lo que la 

Administración de la CAPV pretende ejercer un control sobre la actuación de las Diputaciones. La 

Asociación de propietarios forestales de Gipuzkoa coincide al señalar problemas competenciales. 

Por su parte, los Ayuntamientos de Azpeitia y Azkoitia alegan que el proyecto debe asignar un 

responsable a cada acción. 

El régimen competencial aplicable es el recogido en las siguientes normas: 

• Art. 44 Ley 42/2007: "Las Comunidades autónomas, previo procedimiento de información 

pública, declararán las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección 

para las Aves en su ámbito territorial." 

• La Ley 2/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la 

Comunidad Autónoma y los Órganos Forales: el artículo 6.1, en relación con el 7.c.3. Aquí se 

encomienda a las Diputaciones Forales la administración de los espacios naturales protegidos. 

• Y la propia Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del Pais Vasco, que recoge con más 

detalle: 

- Declaración: en el artículo 17.1 LCN se encomienda la declaración de los ENP a Decreto del 

Gobierno Vasco. 

- Gestión: Capítulo VI del Título III de la LCN, recoge la gestión, y según el art. 25.1 encomienda 

a los órganos forales la gestión de los ENP dentro de las previsiones de la ley, que se recogen en 

el artículo 26, y en particular a este supuesto, en los apartados c) y d): 

Los órganos de gestión de los espacios naturales tendrán las funciones siguientes: 

a. Elaborar anualmente el presupuesto y el programa de gestión, cuya aprobación 

corresponderá, en los supuestos de parques naturales, al Patronato, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 34. En dichos documentos deberá preverse la ejecución de las 

determinaciones de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en su caso 

existentes. 

3

. Administrar los fondos procedentes de los servicios propios y los recursos que puedan 

recibir del exterior. 

c. Velar por el cumplimiento en el ámbito de los espacios naturales protegidos de las normas 

que para su protección se prevean en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o, en 

su caso, en la norma de su declaración, emitiendo los informes y las autorizaciones 

pertinentes. 

d. Ejercitar la potestad sancionadora prevista en el título V. 

e. Aquellas otras previstas en la legislación vigente, en los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales y en los Planes Rectores de Uso y Gestión. 

Así, y a pesar de que la ley no recoja de forma específica, el régimen competencia para la Red 

Natura 2000, es claro que corresponde al Gobierno Vasco aprobar tanto la declaración de estos 

Espacios Naturales Protegidos (art. 17 LCN), como la aprobación de las normas de protección (a 

sensu contrario del art. 26.c), residenciándose la competencia de los órganos forales en velar por 

el cumplimiento de las medidas, y, por supuesto, sin perjuicio de coordinarse y colaborar todas las 

administraciones en el procedimiento para su determinación. 

Abundando en lo anterior cabe analizar el régimen competencial tanto en lo que se refiere a la 

competencia para llos procesos de declaración, como la competencia para la aprobación de las 

medidas de conservación. 

a. Competencia para los procesos de declaración. 

Con más detalle, y en cuanto al procedimiento de declaración de los espacios RN2000 y por lo que 

se fefiere a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) creadas por la Directiva Hábitats, cabe 

señalar que requieren para su constitución como tales de dos fases previas: la de propuesta de LIC 

(pLIC), cuya competencia es del Gobierno Vasco, y la de LIC, que compete a la Comisión Europea. 

En concreto, ahora nos encontramos en la fase final de la declaración del ZEC, tras su declaración 

como LIC por la Unión Europea. 

El LIC Izarraitz fue declarado por Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 por la que se 

aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia 

comunitaria de la región biogeográfica atlántica, notificada con el número C(2004) 4032, 

(200418131CE), y publicada en el DOUE de 29 de diciembre de 2004, L.38711. 

A día de hoy ya ha transcurrido el plazo de seis años que la Directiva de Habitat otorga para su 

declaración como ZEC, conforme al articulo 4.4 de la norma europea. 

Y no hay duda, dado el tenor del artículo 17 LCN -"Los espacios naturales protegidos se declararán 

por decreto del Gobierno Vasco ..."-, de que la designación del LIC como ZEC corresponde al 

Gobierno Vasco por Decreto. 

b. Competencia para la aprobación de las medidas de conservación. 

4

Para verificar la competencia en la aprobación de estas medidas de conservación, es necesario 

saber qué son exactamente y así, el articulo 45.1 de la Ley 4212007 ha recogido fielmente la 

previsión que sobre estas medidas recoge la Directiva de Habitat: 

Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000. 

1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para 

las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias, que 

respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies 

presentes en tales áreas, que implicarán: 

a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en 

otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y 

las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. 

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. 

2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial 

en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 

el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies, así como las 

alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas 

áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que 

respecta a los objetivos de la presente ley. 

3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro 

o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000. 

Sobre estas medidas de conservación, hay que ver tanto la definición que la propia norma ofrece, 

como el manual interpretativo a este particular de la Comisión Europea. De ambos, comprobaremos 

el carácter teleológico de estas denominadas por la Directiva medidas de conservación, para ver a 

qué obedecen. 

En la definición legal de medidas de conservación, donde coinciden sustancialmente la Directiva de 

Habitat y la normativa básica estatal, encontramos el artículo 3.5 de la Ley 42/2007 con el siguiente 

tenor: "Conservación: mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio 

natural y la biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y seminaturales de las 

poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así como el conjunto de medidas necesarias 

para conseguirlo." Estas medidas son positivas y deben ir destinadas a las finalidades del art. 2.2 de 

la Directiva de Habitat, en el cual se insertan. Se comprueba que, por tanto, estas medidas de 

conservación están diriqidas a la protección de los espacios v objetivos de la red. 

En segundo lugar, hay que acudir al manual de la Comisión "Gestión de Espacios Natura 2000. 

Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats" disponible en la sede 

electrónica de la Comisión en la siguiente dirección electrónica 

http://ec.europa.eu/environmentlnature/natura2000/manaqementldocsart6provisionofartees.pdf. 

Aquí, se insiste (pág. 17) en que estas medidas establecen una obligación en cuanto al resultado, es 

decir, tienen carácter final y con cierta vocación de permanencia, al menos, en líneas generales. 

Las medidas de conservación previstas en la normativa para los espacios RN2000, por tanto, y 

llevado a los términos de la LCN, equivalen a las normas de protección del espacio que 

5

acompañan a la declaración. Es decir, las que el art. 26.c LCN encarga al Gobierno Vasco, a sensu 

contrario. 

En cuanto a las competencias de los Territorios Históricos en esta materia, se recoge en la LTH y en 

la LCN, respectivamente, lo siguiente: 

- La administración de los ENP viene señalada en el articulo 7.1.c.3 LTH, que se engarza en 

el art. 7.1.c del mismo texto legal que recoge "corresponde a los Territorios Históricos la 

ejecución dentro de su territorio de la legíslación de las Instituciones Comunes en las 

siguientes materias". Esta función se desarrolla en el artículo 8.3 LTH, que recoge que las 

potestades de ejecución se ejercitarán de conformidad con las disposiciones de carácter 

general que dicten las instituciones comunes, y, en ese marco podrán organizar sus propios 

servicios, y tendrán las potestades administrativas (incluida la inspección) y revisora en vía 

administrativa. Es claro, por tanto, que a diferencia de los listados del artículo 7.1.a y 7.1.b 

LTH, los órganos forales carecen de funciones normativas irrogadas del reparto 

competencia1 de la LTH. 

- El nivel que legalmente recoge la LCN en desarrollo de la LTH, y que encomienda la 

gestión de estos espacios a los órganos forales. Pero el contenido de qué ha de entenderse 

por gestión está delimitado en el Capitulo IV del Titulo, y que se recoge en el recogido 

artículo 26. 

La STC 102/1995, FJ 22, que ya aclaró en el marco de los parques naturales que "el contenido del 

concepto de gestión, (que) se utiliza como sinónimo de administración", por lo que el contenido de 

ambas normas es coincidente, y no hay diferencia entre gestión y administración. Por tanto, el 

termino "gestión" no nos puede llevar a equivoco, y reiteramos que la aprobación de las medidas de 

conservación, en cuanto medidas destinadas a la protección de los espacios, corresponde al 

Gobierno Vasco en todo caso. 

Por lo que se refiere a la responsabilidad sobre la ejecución de las medidas cabe señalar que el 

éxito de las medidas de conservación que se plantean depende en gran parte en la capacidad de 

colaboración y coordinación que muestren las administraciones implicadas a la hora de llevarlas a la 

práctica. Por ello, el planteamiento inicial de los trabajos era dotar a los Decretos de una 

programación de las actuaciones, en la que se reflejaran los organismos responsables de cada una 

de ellas, estableciendo prioridades de intervención. Sin embargo, esto exige una labor de 

coordinación dilatada en el tiempo y, teniendo en cuenta los plazos fijados para las designaciones, 

no se ha podido culminar este trabajo. Por lo tanto, se considera que, una vez se aprueben las 

designaciones, lo primero que habrá que hacer es crear una comisión integrada por todas las 

administraciones implicadas para abordar la programación de las medidas. 

2.- Relación del proyecto de decreto con otros instrumentos de ordenación territorial, 

urbanística y sectorial 

La Diputación Foral de Gipuzkoa alega que la Ley 42/2007 sólo establece esta prevalencia para los 

PORN y los planes de las ZEC no pueden prevalecer sobre los PORN. Esta prevalencia es igualmente 

contestada por la Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa. 

6

La Ley 42/2007 incluye entre los principios que la inspiran, recogidos en el artículo 2.f, el de la 

“prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística”e incluye una 

determinación expresa a dicha prevalencia en el artículo 18 relativo a los Planes de Ordenación de 

los Recursos Naturales, artículo que no se reproduce en el capítulo III, relativo a los espacios 

protegidos de la Red Natura 2000, lo que induce a pensar que esta cuestión no está lo 

suficientemente clara. Sin embargo, en esta Direccion constan informes emitidos por la Diputación 

Foral de Álava en los que se defiende la prevalencia de los planes relativos a Natura 2000 sobre 

otros instrumentos de ordenación territorial y urbanística 1 . Por otra parte, son varios los 

instrumentos de ordenación territorial de la CAPV (PTS de ríos y arroyos, Planes Territoriales 

Parciales) que se remiten a lo que se establezca en los correspondientes planes de gestión de los 

lugares Natura 2000 en referencia a estos ámbitos. 

Si nos remitimos a los Decretos de designación de las ZEC de otras Comunidades Autónomas, no 

existen dudas a este respecto 2 , ya que incluyen un artículo sobre el carácter vinculante de estos 

instrumentos sobre otros planes de ordenación territorial o física, que deberán necesariamente 

adaptarse a las determinaciones establecidas para las ZEC. 

Para cumplir con lo estipulado en el artículo 6.2 de la Directiva Hábitats “los Estados miembros 

adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro 

de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en 

las especies que hayan motivado la designación de las zonas. Las medidas de conservación pueden y 

deben consistir en una regulación o limitación de determinados usos y actividades que están 

ejerciendo o pueden ejercer una presión y generar impactos negativos sobre los hábitats y las 

especies. Estas medidas se aplicarán de forma supletoria a lo regulado en los documentos de 

ordenación territorial y el planeamiento urbanístico. Por lo tanto, al margen de la cuestión de 

prevalencia, se trata de compatibilizar y respetar normas de diferente naturaleza. 

Desde luego, este Decreto no regula el régimen jurídico de la conservación de la naturaleza en la 

CAPV, sino que su objeto se dirige a declarar un espacio RN2000 y a establecer sus medidas de 

conservación, cumpliendo con las exigencias europeas para estos lugares. Y consciente de ello, este 

Decreto únicamente trae aquí, sin alterar, el principio de prevalencia recogido en la normativa 

ambiental señalada. 

Además, es importante destacar, como se ha dicho, la localización de su mención, en el preámbulo 

de la norma, y de ahí se desprende su impronta teolológica. 

1 La Dirección de Medio Ambiente de esa Diputación ha defendido la prevalencia de las medidas de conservación de las ZEC sobre la 

ordenación territorial y urbanística en su informe sobre la ZEC de Ega-Berrón y en todos sus informes sobre los proyectos de parques eólicos 

situados en Natura 2000. 

2 

Veáse por ejemplo el Decreto Foral 228/2007, de 8 de octubre, por el que se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado 

"Urbasa y Andía" como Zona Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión (BON nº 139, de 7 de noviembre de 2007) o el 

Decreto 36/2010, de 1 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio” y se aprueba el Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura 

2000 denominado “Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio”(O.C.M. Núm. 217de 10 de septiembre de 2010. 

7

Con todo ello, a través de este Decreto no se altera régimen legal aplicable para los supuestos de 

conflictos irresolubles de normas que pudieran producirse. 

En cualquier caso, se acepta la alegación, y se suprimen las referencias concretas a dicha 

prevalencia, manteniéndola exlusivamente en la parte expositiva del Decreto de designación de la 

ZEC, como referencia genérica. 

Por su parte el Departamento de Cultura solicita que se incluya la cartografía de los elementos del 

patrimonio cultural y que se explicite que las actuaciones que se lleven a cabo deben cumplir con la 

normativa en materia de protección del patrimonio cultural. 

La conservación del patrimonio cultural, siempre deseable y de obligado cumplimiento en aplicación 

de su propia normativa sectorial, no es objeto de atención por las obligaciones de la Red Natura 

2000. Cabe señalar que no es práctica habitual que los instrumentos de planificación sectorial 

recojan las obligaciones derivadas de otras actuaciones que no son objeto de dicha planificación, lo 

que conllevaría una extensión y complejidad extrema de los documentos de planificación, y 

dificultaría su comprensión, sin otorgar valor añadido a los otros instrumentos sectoriales 

específicos ya existentes. 

3.- Proceso de participación y Gobernanza 

La Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoana de Caza alegan 

escasa publicidad e insuficiente participación social en la elaboración del documento de 

declaración. 

En los procesos de participación del publico para la designación de la ZEC Arno y aprobación de sus 

medidas de conservación se ha tenido en cuenta lo establecido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, 

por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 

a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). En 

concreto, se ha tenido en cuenta lo establecido en su artículo 16: 

1. Para promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, modificación y 

revisión de los planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio 

ambiente a los que se refieren los artículos 17 y 18 de esta Ley, las Administraciones Públicas, 

al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velarán porque, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo: 

a. Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los 

electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, 

programas o disposiciones de carácter general, o, en su caso, de su modificación o de su 

revisión, y porque la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y se 

ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho a la participación en los 

procesos decisorios y a la Administración pública competente a la que se pueden presentar 

comentarios o formular alegaciones. 

b. El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas 

8

las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o disposición 

de carácter general. 

c. Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la 

participación pública. 

d. Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se informará al 

público de las decisiones adoptadas y de los motivos' y consideraciones en los que se basen 

dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública. 

2. Las Administraciones públicas competentes determinarán, con antelación suficiente para 

que pueda participar de manera efectiva en el proceso, qué miembros del público tienen la 

condición de persona interesada para participar en los procedimientos a los que se refiere el 

apartado anterior. Se entenderá que tienen esa condición, en todo caso, las personas físicas o 

jurídicas a las que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley. 

El proceso de participación social supera ampliamente lo exigido por la ley y lo que es habitual en 

otros documentos de planificación. Tal y como se recoge en el documento que se ha difundido a 

través de la página web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 

y Pesca, ha estado abierto desde sus inicios a la participación de todas las partes interesadas, 

incluida la ciudadanía y las entidades locales. Además de las sesiones presenciales de participación, 

se habilitó un sistema de recogida de aportaciones y de atención ciudadana, habilitando para ello 

un correo electrónico y un número de teléfono, para quienes no pudieron asistir a dichas sesiones. 

Los documentos informativos y los generados a partir de las sesiones de trabajo se difundieron a 

través de la página web de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, evitando el uso 

de lenguaje y terminología técnica para hacerlos así más comprensibles a la ciudadanía. 

En consecuencia, desde el departamento responsable, se tiene la certeza de que se han puesto los 

medios suficientes, dentro de las disponibilidades presupuestarias, para que quien haya querido 

participar en la elaboración del documento pudiera hacerlo. 

Finalizado esta primera fase del proceso de participación, en una última sesión de cierre, se explicó 

la manera en la que las distintas aportaciones realizadas durante el proceso se habían incorporado 

al documento. En aquellos casos, que han resultado excepcionales, en los que las aportaciones no 

fueron incorporadas, se explicó, en atención al compromiso previamente adquirido, los motivos del 

rechazo, se recomendó la presentación de alegaciones escritas en la segunda parte del proceso de 

participación, que se está llevando actualmente a término, mediante el actual procedimiento 

reglado de información pública, y se explicó la manera de hacerlo. 

En este proceso, al que de nuevo tienen acceso todas las partes interesadas, sí que existe la 

obligación por parte de la Administración de dar respuesta escrita, tal como se hace en el presente 

documento de respuesta a las alegaciones formuladas. Cabe precisar a los alegantes que el decreto 

no ha sido todavía aprobado. Su borrador ha sido expuesto a información pública siguiendo los 

cauces legalmente establecidos, y se ha sometido a la participación activa de la ciudadanía, 

incluidos los alegantes. 

9

Los ayuntamientos de Azkoitia y Azpeitia entienden que existe la necesidad de establecer no 

solamente un órgano de participación, sino unos criterios para su composición y unos principios 

generales de funcionamiento del mismo, teniendo en cuenta la necesaria participación de los 

ayuntamiento afectados, así como de la representación de los propietarios del ámbito, bien por sí, 

bien a través de los entes asociativos y organizativos que éstos determinen. 

La Asociación Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea indica que el plazo para 

su constitución, de 1 año desde la designación como ZEC, es a todas luces excesivo y sugiere que se 

acorte 2 meses favoreciendo así que se acabe con la gran cantidad de bulos que se van extendiendo 

en favor de gentes interesadas en destruir los objetivos del ZEC. Lo mismo se puede decir de la 

constitución de un grupo estable de trabajo entre la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco 

y la DFG debiendo, en su opinión, especificar las competencias de cada uno, para que la ciudadanía 

sepa a quien pedir responsabilidades. 

Dado el número de espacios que integran la Red Natura 2000 en la CAPV (52 ZEC y 6 ZEPA), se 

considera que los órganos de participación existentes pueden ser suficientes para el objetivo 

previsto. No obstante, ello no impide que se celebren todo tipo de reuniones de coordinación y de 

participación, cuando las circunstancias lo aconsejen. 

4.- Vigencia del documento 

El ayuntamiento de Deba recuerda que el documento de objetivos y actuaciones particulares tiene 

un ámbito temporal de 6 años para llegar a los objetivos y entiende que no queda claro qué tipo de 

actuación se preverán transcurrido dicho plazo, más aún siendo conscientes de que los resultados 

son difíciles de alcanzar en dicho plazo. 

Pasados los seis años de vigencia del documento, a partir del resultado de la vigilancia, seguimiento 

y evaluación, tanto de la ejecución de las medidas establecidas, como del cumplimiento de los 

objetivos o resultados, se procederá bien a la prórroga del documento actual, con las necesarias 

adaptaciones, bien a la elaboración y aprobación de un nuevo documento. 

Dado que la decisión final dependerá del grado de ejecución de medidas y logro de objetivos, es 

difícil concretar desde ahora, cual de las dos opciones será la que finalmente se seleccione. 

5.- Autorización de planes y proyectos y “adecuada evaluación” 

La Diputación Foral de Gipuzkoa cuestiona que sea correcta la redacción de algunas medidas en las 

que se establece que el "órgano ambiental responsable de la Red Natura 2000" debe evaluar 

proyectos que afecten a los bosques, autorizar planes de gestión forestal, autorizar actuaciones de 

carácter científico, educativo o de uso público en zonas de evolución natural, autorizar el plan de 

aprovechamiento de pastos, etc." Alega que, según se recoge en el documento (Apartado 3.1.) el 

órgano responsable de la Red Natura 2000 es el Gobierno Vasco. Sin embargo según el artículo 11.2 

de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco dicha responsabilidad es compartida con 

los Órganos Forales responsables de la gestión de los espacios naturales protegidos. 

10

Se ha revisado la totalidad del documento en lo relativo a esta alegación y se ha adoptado una 

redacción más coherente con el actual marco legislativo. 

6.- Elementos objeto de conservación y elementos clave 

La Diputación Foral de Gipuzkoa entiende que deben eliminarse las referencias a hábitats, 

especies u otros elementos que no figuren en los Anexos de la Directiva, porque estos 

instrumentos sólo pueden contener medidas relativas a los mismos. En concreto, y en lo referido 

a las aves, entiende que no está justificada su consideración como elemento clave puesto que 

Izarraitz fue declarado LIC y no ZEPA. 

El objetivo de la Directiva es mantener la integridad ecológica de las Zonas Especiales de 

Conservación. La integridad viene definida por las interacciones que se producen entre todos los 

elementos bióticos y abióticos del ecosistema, determinando de esta manera la funcionalidad del 

ecosistema y su capacidad para suministrar bienes y servicios ambientales. Se entiende por tanto 

que debe ser objeto de conservación cualquier elemento natural o cultural que influya o condicione 

los requerimientos ecológicos de las especies y hábitats de interés comunitario y por tanto, su 

estado de conservación, y consecuentemente, la integridad ecológica del lugar. La Comisión 

Europea, y la comunidad científica de manera unánime, consideran que esta visión integradora 

contribuye a la conservación de la biodiversidad en su conjunto y a frenar su pérdida, en coherencia 

con la Directiva Hábitats y con los compromisos internacionales de la Unión Europea y del Estado 

español, velando por la protección de todas las especies de interés comunitario en sus áreas de 

distribución natural. 

Atendiendo a esta disposición de la Comisión, el borrador de Directrices para la elaboración de los 

instrumentos de gestión de la RN2000, elaboradas en el grupo de trabajo MARM-CCAA (Anexo I), 

establece en la recomendación 2.2 que "Si se considera necesario, se podrán incluir otros tipos de 

hábitat y especies, diferentes a los Tipos de Hábitat de Interés Comunitario y las Especies Red 

Natura 2000 respectivamente, que tengan relevancia en el ámbito geográfico de aplicación del 

instrumento de gestión". El informe emitido por la Dirección General de Medio Natural y Política 

Forestal del MARM insiste en su validez y en que entre los objetos de conservación deben incluirse 

todos los elementos de los Anexos I y II de la Directiva Hábitat, así como las aves del Anexo Ide la 

Directiva Aves y las aves migratorias de presencia regular que aparezcan consignadas en el 

Formulario Normalizado de Datos del espacio. 

Previamente, el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, que tiene carácter de legislación básica estatal, constituye el marco normativo con 

respecto a la Red Natura 2000 en el Estado español, había regulado específicamente las medidas de 

conservación, estableciendo que las Comunidades Autónomas podrán establecerlas mediante 

adecuados planes o instrumentos de gestión que pueden ser específicos a los lugares o pueden estar 

integrados en otros planes de desarrollo que como mínimo deben incluir los objetivos de 

conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de 

conservación favorable. 

11

De lo que se deduce, por una parte, que los documentos podrán contener otros elementos que se 

consideren relevantes, siendo válidos siempre y cuando contengan “como mínimo” medidas para 

mantener los espacios en un estado de conservación favorable, sin que la norma excluya otros 

contenidos, y avalando de esta manera un enfoque ecosistémico que va más allá de las especies que 

estén presentes en el mismo para alcanzar el estado de conservación favorable del espacio en su 

conjunto. 

Este enfoque de planificación integrada permite además optimizar los esfuerzos de planificación y 

los recursos públicos disponibles al servicio del cumplimiento tanto de la Directiva de Aves como de 

las normas específicas de conservación de la CAPV, dando respuesta en un solo instrumento de 

planificación a los requerimientos derivados de dichas normas y facilitando una gestión integrada y 

coherente; ya que no tiene sentido que un mismo espacio, definido con criterios y valores 

ecológicos, disponga de un plan de gestión para las aves, otro para el resto de los grupos 

taxonómicos de interés comunitario y otro para aquellos de valor para la CAPV incluidos en el 

Catálogo de Especies Amenazadas del País Vasco pero no incluidos en las Directivas. 

7.- Conocimiento básico sobre la Biodiversidad 

El Ayuntamiento de Azkoitia entiende que la carencia casi total de información no es obstáculo para 

el establecimiento de una serie de medidas, con una voluntad y buena fe indudables, que no se 

sustentan en un previo análisis de la realidad existente. Igualmente, entiende y coincide con la 

Asociación de propietarios forestales de Gipuzkoa, en que resulta de topo punto falto de coherencia 

el establecimiento de un catálogo de medidas que en muchos supuestos constituyen una restricción 

y limitación de los derechos y facultades inherentes a la propiedad privada, basadas en una serie de 

hipótesis y valoraciones que el mismo documento reconoce que poseen carácter meramente 

estimativo. 

El documento se ha redactado con la mejor información disponible, que siendo mejorable y siendo 

éste un empeño del propio documento, se considera no obstante suficiente para adoptar medidas 

relevantes para avanzar hacia el estado favorable de conservación del lugar. En consecuencia, el 

documento adopta las medidas necesarias para cumplir con la Directiva en los plazos exigidos. Tal 

como ha dejado claro en numerosas sentencias el Tribunal de Justicia Europeo, la falta de 

información precisa no exime a los Estados miembros del cumplimiento de la normativa 

comunitaria, sino que les obliga a tratar de obtener lo antes posible dicha información. 

Estas medidas se irán adaptando a los avances científicos cuando estos se produzcan gracias, entre 

otras cosas, a la identificación de carencias que aporta el documento y a la adopción de las medidas 

que se proponen para tratar de solventar estas carencias. 

La planificación en la red Natura 2000 adopta además un enfoque basado en la “gestión 

adaptativa”, lo que quiere decir que las medidas se irán igualmente adaptando en función del grado 

de consecución de los resultados. Para ello se ha dotado al documento de indicadores y valores de 

partida y referencia cuantitativos. Cuando no se dispone del valor de partida, circunstancia 

lamentablemente habitual en todos los Estado miembros, como ha constatado la propia Comisión 

Europea, ésta recomienda la adopción de medidas para establecer dichos valores; lo que hace el 

12

documento. Esta adaptación será a buen seguro necesaria ya que tanto las condiciones de mercado 

que determinan las actividades económicas que se desarrollan en el lugar, como los sistemas de 

intervención y ayudas públicas variarán con el tiempo obligando o aconsejando cambios en muchas 

de las actuaciones que se proponen en el documento, teniendo siempre como referente las metas y 

los resultados esperados. La incertidumbre es de hecho un factor inherente no sólo a las ciencias 

sociales y ambientales y a cualquier proceso heurísticos, sino también a las ciencias mal 

denominadas exactas, que con frecuencia se rigen por ecuaciones de probabilidad. La incertidumbre 

sobre los comportamientos que los propietarios de los terrenos puedan adoptar en función de las 

circunstancias e incentivos que se dan a cada momento, no pueden llevar a la inacción de las 

administraciones públicas que debe proponer políticas adecuadas para que estos comportamientos 

tiendan y sean compatibles con las normas y con los objetivos definidos para dichas políticas. 

En conclusión, y a falta de una mayor precisión por parte de los alegantes, cabe decir que el 

documento no adopta limitación alguna sin base científica para ello. 

Como bien indica el ayuntamiento alegante, la mera redacción y aprobación del documento no 

supone el cumplimiento de la Directiva Hábitats, pero obviamente es el primer paso para su 

aplicación. 

Por otra parte el ayuntamiento de Deba alega que la medida 58 no especifica el periodo mínimo de 

actualización para realizar la actualización de los mapas de hábitats. 

Y no lo hace porque debe ser definido por el propio protocolo que propone la medida. 

8.- Delimitación de Izarraitz 

La Asociación Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea entiende que se ha 

cometido el grave error de dejar fuera del ámbito de protección zonas contiguas a éste de gran 

valor medioambiental. La inclusión de las zonas de Lastur y Kilimón les parece imprescindible, y 

remarcan la escasa presencia humana en la zona y la importancia fundamental de su inclusión para 

acceder en buenas condiciones a las ayudas agroambientales de la nueva Política Agraria 

Comunitaria a partir del 2013. Las zonas susceptibles de ampliación contienen grandes masas de 

encinar, un bosquete de Taxus baccata con más de 200 pies, extensa campiña, y ríos con cangrejo 

autóctono que quedarían fuera sin ningún fundamento ecológico. Por otra parte, recuerdan que la 

Ley 1/2010 impide la apertura de canteras y la prórroga de las concesiones en las áreas de 

influencia de los LIC, por lo tanto no ven motivo para no incluir toda la zona de la cantera de Lastur 

dentro del ZEC. 

En el actual procedimiento de designación de la Zona Especial de Conservación y aprobación de las 

medidas de conservación se va a cumplir estrictamente con lo establecido en la Directiva Hábitats, 

designando como ZEC los espacios que oficialmente son LIC en la actualidad, tras su aprobación por 

la Comisión europea mediante Decisión de diciembre de 2004. 

13

Los trabajos hechos hasta la fecha, con las ampliaciones propuestas, van a ser objeto de otro 

expediente administrativo, en el marco del cual se analizará y en su , se tomarán en consideración 

tanto las propuestas derivadas de la elaboración de los documentos técnicos, como otras 

propuestas. Las ampliaciones propuestas en este nuevo expediente de modificación de LIC serán 

sometidas al refrendo del Parlamento. 

9.- Financiación, Restricciones, compensaciones a los propietarios e insuficiencia 

presupuestaria en algunas medidas 

El ayuntamiento de Azkoitia alega que la ausencia de un estudio económico que proceda, previa 

determinación de sus criterios, a una valoración de los costes -tanto directos como indirectos- de 

las medidas que pretenden implantarse, para la administración actuante, para otras 

administraciones con competencias concurrentes, y para los particulares afectados, además de 

desaconsejable, constituye una causa de nulidad de la propia norma de conformidad con lo 

establecido en el art. 62.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. 

El ayuntamiento de Azpeitia coincide en señalar la falta de programa de financiación, entiende que 

el coste de las medidas está infravalorado y que los acuerdos con los propietarios que se mencionan 

en el documento y las compensaciones a que den lugar están sin definir. 

En el mismo sentido, la Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa alega que lejos de dotar a 

la Red Natura 2000 de un presupuesto propio para adoptar las medidas y sus limitaciones, se echa 

mano del Plan de Desarrollo Rural y pide que se compense a los propietarios por los ingresos que se 

dejan de percibir y por los beneficios que se generan hacia la colectividad. 

La Asociación Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea propone algunas 

medidas para tratar de incentivar comportamientos favorable a los objetivos de la ZEC, como 

informar a los propietarios por escrito de todas las ayudas agroambientales del Plan de Desarrollo 

Rural que pueden ser aplicadas en la ZEC, plantear "cotos seteros privados" para promocionar la 

sustitución de repoblaciones forestales por frondosas autóctonas, experimentar la implantación de 

un rodal con encina micorrizada con trufa negra (Tuber melanosporum ), mejorar la intermediación 

con los propietarios y contratar una cuadrilla encargada de la siega en prados y en su caso de la 

plantación y mantenimiento de setos naturales, o la firma de un convenio con el propietario de una 

granja de vacas de leche de Mutriku que posee una desecadora de purines para que el estiércol seco 

granulado producido facilite el abonado de prados de siega sin recurrir al purín liquido, ya que la 

carestía del tratamiento hace que no todos los purines sean tratados. 

Para todas las medidas propuestas en el plan se ha realizado una estimación de costes en función de 

los precios actuales de mercado. En aquellos casos en los que se propone la aplicación de medidas 

ya existentes en el Programa de Desarrollo Rural, el coste se ha estimado tomando como base la 

cuantía establecida para dicha ayuda, aplicada a los criterios cuantitativos de éxito determinados 

en el documento para cada medida. En el caso de la medida relativa a la conservación de prados de 

siega, su porcentaje de ejecución ha sido muy bajo hasta la fecha en la CAPV y los resultados 

obtenidos muy decepcionantes, por lo que debe ser revisada. La medida tiene una dificultad 

14

extrema, por lo que el régimen de incentivos y los mecanismos contractuales, y no sólo los 

compromisos, deberán ser revisados. En previsión de ello, se ha presupuestado una cuantía por 

hectárea superior a la actualmente establecida por el PDR. 

Por tanto las partidas presupuestadas para convenios con particulares se han calculado sobre la base 

de las hectáreas comprometidas para cada medida y sobre los costes de la misma, y no sobre las 

hectáreas totales del lugar, lo que no tendría sentido. Como costes, siguiendo las directrices de la 

Comisión Europea y los reglamentos reguladores de las ayudas comunitarias, se ha computado el 

lucro cesante, el sobrecoste de actuación y un valor de incentivo inferior al 20% de la ayuda; pero 

no el lucro expectante o coste de oportunidad. 

Mantener el estado de conservación favorable de los hábitats de interés comunitario es la obligación 

que establece el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats. Según el 

documento de la Comisión “Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats”, 

esto significa adoptar de forma permanente en las zonas especiales de conservación (ZEC) las 

medidas preventivas en actividades o acontecimientos pasados, presentes o futuros que puedan ser 

causa de deterioro de hábitats naturales o de alteración de las especies que motivaron la 

declaración del espacio, y aplicar a las actividades ya existentes las medidas de conservación 

necesarias previstas en el apartado 1 del artículo 6, deteniendo el impacto negativo de la actividad 

bien suprimiéndola, o bien tomando medidas correctoras, como puede ser una indemnización 

económica. 

En todo caso, se es plenamente consciente de la importancia que tiene el mantenimiento de ciertas 

actividades, como es el caso de la ganadera, para el mantenimiento de los hábitats seminaturales; y 

es por ello que el documento propone inversiones en mejoras de pastos e infraestructuras ganaderas 

para mejorar la viabilidad de la actividad ganadera, y medidas que persiguen el reconocimiento de 

las externalidades ambientales que genera la actividad ganadera y la firma de contratos que las 

recompensen. 

Todas las medidas beneficiosas para la biodiversidad que se establecen y pueden afectar derechos 

de propiedad o requerir de la adopción de compromisos ambientales tienen carácter voluntario y 

precisarán, tal y como se indica explícitamente en el documento, de acuerdos con los propietarios 

que podrán incluir compensaciones económicas, u otros incentivos, como la prestación de servicios. 

Y todo ello teniendo en cuenta que la Comisión y el Tribunal Europeo de Cuentas recomiendan 

explícitamente evitar lo que se denomina “peso muerto” en el pago de ayudas, entendiendo como 

tal el pago por actividades que se realizarían igualmente en ausencia de la ayuda. Este riesgo ha 

sido identificado igualmente como uno de los mayores problemas de los sistemas de pagos por 

servicios ambientales. Las ayudas deben plantearse a cambio de compromisos y el pago por servicios 

ambientales promoverse en el caso de actividades que generen bienes públicos y que 

desaparecerían, junto a los bienes públicos derivados, de no producirse un apoyo económico, 

público o privado, mediante subsidios o mecanismos innovadores de mercado. 

El artículo 8 de la Directiva establece la necesidad de cofinanciación comunitaria de la Red Natura 

2000, y la COM 2004 sobre financiación de la Red Natura 2000 estableció, con el apoyo de la 

mayoría de los Estados miembros, que era más efectivo para el desarrollo de la Red Natura 2000 

15

aplicar el conocido como “enfoque de integración” y utilizar los fondos comunitarios ya existentes, 

que crear un fondo específico. Esta decisión ha sido recientemente ratificada y a finales de 2011 la 

Comisión ha publicado una nueva Comunicación en este sentido instando a los Estados miembros a 

utilizar con mayor intensidad los fondos de desarrollo rural para desarrollar la red durante el 

próximo periodo financiero, tal y como los Comisarios de Política de Desarrollo Regional, de 

Agricultura y de Medio Ambiente, han hecho recientemente en una carta conjunta, en lo que ha 

sido una acción sin precedentes en la UE. Es responsabilidad de los estados miembros y de las CCAA 

en el caso español, aplicar adecuadamente estas directrices estratégicas comunitarias. 

De hecho, la mayoría de las medidas que se proponen en el documento ya se contemplan en el PDR 

pero con escasa implantación. En consecuencia, el documento propone como medida la revisión de 

las medidas del PDR y la mejora de la provisión de fondos específicos para la aplicación del plan. 

Por lo tanto, cabe insistir en que el documento propone precisamente evaluar las medidas actuales 

y emitir recomendaciones que mejoren su implantación, lo que incluye el incremento de ayudas 

cuando se considere que la escasa cuantía de las mismas es el motivo de la falta de implantación. 

En este sentido, cabe indicar que se valoran muy positivamente las propuestas de la Asociación 

Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea, que sin embargo no pueden ser 

incorporadas al documento al no haber podido ser evaluada su viabilidad adecuadamente. No 

obstante, deberán ser tenidas en cuenta a la hora de emitir las recomendaciones de las medidas 

que se proponen de revisión del Programa de Desarrollo Rural. 

No obstante, sí procede atender a la alegación de la Asociación e incluir en el documento una 

medida para informar a los propietarios de todas las ayudas agroambientales del Plan de Desarrollo 

Rural que pueden ser aplicadas en la ZEC. 

Por todo ello las medidas del plan, sólo pueden redundar en beneficio de la mejora de las ayudas 

actualmente disponibles y de los beneficiarios que voluntariamente quieran suscribir los 

compromisos correspondientes, sin que en las alegaciones se concrete ninguna medida en la que se 

pueda constatar generación de lucro cesante para la que no se prevean mecanismos 

compensatorios. 

Por tanto es incorrecto manifestar que el documento no plantea medidas para frenar el abandono 

de la ganadería extensiva y para promover la expansión del bosque autóctono mediante acuerdos 

que satisfagan a los propietarios de los mismos, ya que resulta evidente, que de no ser así, no serán 

suscritos por los mismos. 

Lo que en todo caso las medidas no concretan es el tipo de acuerdos que deberán establecerse para 

llevar a cabo las medidas de conservación necesarias para alcanzar el estado de conservación 

favorable de los hábitats naturales y de las especies silvestres, dejando margen al gestor para que 

decida subsidiariamente la mejor manera de ejecutar las medidas necesarias que la Directiva obliga 

a definir, bien mediante los mecanismos de intervención pública actualmente vigentes, o bien 

mediante nuevos mecanismos de gestión concertada y optimización de instrumentos de mercados. 

10.- Conservación de la fauna 

16

El ayuntamiento de Deba propone en lo relativo a la conservación de la fauna que dada la presencia 

de cangrejo autóctono de río en las cercanías de la ZEC, en la regata de Araneta se realice un 

inventario y seguimiento en dicha regata y se adopten las medidas necesarias para asegurar su 

población o facilitar su repoblación. 

Como el documento indica, la población mencionada está aislada de la ZEC por lo que es improbable 

su recolonización natural a partir de esta población. Dado por tanto que dicha población no afecta 

ni positiva ni negativamente al estado de conservación de la especie en la ZEC, y aun siendo 

conveniente llevar a cabo lo que se plantea en la alegación, debe hacerse en el marco del 

instrumento que se defina para gestionar dicha especie. 

También propone prohibir la fumigación en todo el ámbito con productos químicos nocivos para los 

quirópteros. 

La norma 49 ya prohíbe el uso de pesticidas inespecíficos a una distancia inferior a 10 m del bosque, 

aliseda, setos y vegetación natural de transición. 

11.- Gestión forestal 

La Diputación Foral de Gipuzkoa considera que se incluyen medidas de gestión forestal escasamente 

justificadas y de muy difícil aplicación y cita como ejemplos los siguientes: 

• La norma 13 indica que “El presupuesto de medidas específicas, para proteger la 

biodiversidad forestal, mejorar la naturalidad e integridad ecológica de los bosques y 

garantizar la prestación de servicios ambientales, dentro de los proyectos de Ordenación 

Forestal será al menos del 40% del presupuesto total del proyecto”, considerando la entidad 

alegante que dicho porcentaje deberá depender de cada caso concreto 

Esta norma pretende establecer esta obligación presupuestaria como contraprestación 

proporcionada en términos de generación de bienes públicos a cambio de la recepción de fondos 

públicos. Para que esto quede más claro se modifica la redacción de dicha norma. 

• La norma 41 “establece como Requisito Mínimo de Gestión para los tramos identificados 

como de protección especial y de restauración ecológica el mantenimiento de una franja de 

vegetación natural de quince metros, a no ser que se determine de forma específica una 

anchura diferente y más adecuada a las condiciones morfológicas del cauce y ribera en un 

área concreta. Se excluyen en esta franja las actividades agrarias y forestales, así como 

cualquier otra que pueda comprometer el mantenimiento o restauración del bosque o 

vegetación de ribera.” El alegante cree que más que establecer esta prohibición habría que 

buscar los acuerdos señalados en la medida 38. 

En primer lugar cabe indicar que la denominación “zona de protección especial” es un error y debe 

entenderse como “zona de protección estricta”, por lo que debe modificarse. 

17

En segundo lugar, la norma persigue proteger el hábitat del cangrejo autóctono de río 

(Austropotamobius pallipes) que es muy sensible a las perturbaciones y contaminantes de origen 

agrario y forestal. A diferencia de la medida 38, esta norma se restringe exclusivamente a tramos 

muy localizados e identificados como de protección estricta y de restauración ecológica. Las 

limitaciones que pudieran derivarse de esta norma se consideran como “requisito mínimo de 

gestión” a los efectos de la condicionalidad agraria, por lo que podrán ser objeto de indemnización 

compensatoria si se produce lucro cesante, y en cualquier caso, de ayudas específicas para la 

implantación de Natura 2000, toda vez que aparecen explícitamente reguladas en el documento de 

designación de la ZEC. 

No obstante, en atención a la alegación presentada, se acepta limitar la aplicación de la norma a 

los tramos que se zonifiquen como de “protección estricta”, excluyendo de la misma a los de 

“restauración ecológica” en las que como se indica en la medida 38 y en aplicación del principio de 

gestión concertada que se adopta en la Red Natura 2000, se promoverán actuaciones de 

restauración mediante acuerdos voluntarios. 

• Tal y como está redactada podría entenderse que la norma 42 impediría realizar en las 

riberas cortas motivadas por razones de seguridad o de mejora del hábitat. 

Para evitar esta interpretación se añade “…salvo las motivadas por razones de seguridad o por la 

mejora del hábitat, debidamente fundamentadas.” 

• Propone la modificación del párrafo contenido en el apartado de condicionantes de los 

quirópteros por afirmar que " Las plantaciones de coníferas que han sustituido a los bosques 

caducifolios son sistemas simples, homogéneos y coetáneos", y alega que se matice que esa 

sustitución se realizó en gran parte de los casos con una etapa intermedia de pastizales; que 

también algunas plantaciones de frondosas o incluso bosques naturales aprovechados 

intensivamente hasta hace unas décadas pueden ser simples, homogéneos y coetáneos o que 

los bosques de coníferas pueden ser bastante diversos. Se afirma también que la silvicultura 

intensiva y la utilización de productos químicos (insecticidas, fertilizantes, etc.) en 

superficie repercuten en la calidad de las aguas subterráneas, y en la fauna invertebrada; 

siendo más ajustado decir que “pueden repercutir” 

El condicionante dice exactamente: “Las plantaciones de coníferas que han sustituido a los bosques 

caducifolios son sistemas simples, homogéneos y coetáneos, con poca biomasa de presas y ausencia 

casi total de oquedades, por lo que tienen baja calidad como hábitat para quirópteros forestales.” 

Dicho párrafo se refiere en concreto a las plantaciones del lugar, sin que ello sea contradictorio con 

que esas plantaciones que ahora sustituyen al bosque potencial hayan sido previamente pastizales, 

con que algunas masas autóctonas sometidas a aprovechamientos intensivos sean igualmente 

simples, homogéneos y coetáneas o con que los bosques de coníferas sean diversos. Se considera 

que las matizaciones no añaden valor alguno al texto, ni orientaciones para la gestión que no hayan 

sido ya tenidas en cuenta en otros apartados, como los que precisamente tratan de mejorar las 

18

condiciones ecológicas de los rodales que han sido históricamente sometidos a ciertos 

aprovechamientos en la ZEC. 

Atendiendo a la alegación presentada se modifica el segundo párrafo mencionado sustituyendo 

“repercuten” por “pueden repercutir”. 

• Propone suprimir las medidas 54, 55 y 56, así como la norma 57 al entender que lo 

relativo a la conectividad ecológica del lugar con otras ZEC debe abordarse fuera del 

documento de gestión y designación de cada uno de los espacios para ser abordado en un 

documento conjunto sobre corredores para el conjunto de la CAPV. Por el contrario, la 

Asociación Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea considera 

acertado que el documento proponga un estudio detallado de la conectividad con los ZEC 

contiguos y pide que tenga en cuenta el proyecto de bidegorri sobre la ribera del río Deba 

que uniría Ermua y Deba, el desdoblamiento de la vía de FFVV propuesto y la probable 

ejecución del tercer carril de la autopista, para poder permeabilizar la infraestructura 

aprovechando la ejecución de las obras proyectadas. 

El documento explica que Izarraitz, Arno, Pagoeta y Ernio-Gatzume son espacios de reducidas 

dimensiones si pensamos en una gestión basada en la conservación de los procesos y servicios de los 

ecosistemas. Comparten muchos hábitats y especies que se organizan en metapoblaciones y entre 

los que previsiblemente habrá desplazamientos e intercambio de efectivos y material genético. 

El artículo 10 de la Directiva Hábitats y la correspondiente transposición del artículo 46 de la Ley 

42/2007, insta a las Comunidades Autónomas a fomentar la conservación de corredores ecológicos y 

la gestión de elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan 

primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre 

las poblaciones de especies de fauna y flora silvestre. 

Con independencia de que los aspectos comunes sobre conectividad territorial puedan ser 

articulados y regulados en un futuro para todo el territorio de la CAPV mediante un instrumento 

específico, lo cierto es que no lo está en estos momentos. Y aún en ese caso, la existencia de ese 

instrumento regulador de aspectos comunes no es contrario a que desde los documentos de gestión 

específicos de los distintos espacios se regule y fomente aspectos que les son propios, y que aunque 

puedan situarse fuera del espacio, puedan afectar o condicionar el estado de conservación de los 

hábitats naturales y de las especies que han motivado la designación del espacio; tal como dejo 

claro la Comisión Europea en el documento de Disposiciones sobre el artículo 6 de la Directiva 

Hábitats. 

• Por otra parte, en el apartado sobre conectividad y otros procesos ecológicos, se citan por 

error los tendidos eléctricos de Olatz en Arno. También el corredor entre Arno y Urdaibai, 

así como la problemática de los setos en Olatz. El ayuntamiento de Deba advierte de que las 

dos canteras que se mencionan en el apartado sobre conectividad se han unificado en una 

sólo, por lo que debe modificarse el texto. 

19

Se suprimen los párrafos correspondientes y se modifica lo relativo al número de canteras en activo. 

• Propone la supresión de la medida 69 al entender que apunta a los ganaderos como 

presuntos implicados en el uso de cebos envenenados 

Se suprime la medida 69. 

La Asociación de propietarios forestales de Gipuzkoa cuestiona que se incluya el 100% de los 

bosques como áreas a evolución natural y la Diputación Foral de Gipuzkoa plantea que se permitan 

en las zonas a evolución natural otras actuaciones como la recogida de leñas o el silvopastoreo. 

Hay acuerdo científico en considerar que el manejo por parte de las poblaciones locales ha 

tenido un papel muy relevante en la distribución y dinámica de los bosques condicionando en 

gran medida la estructura actual de las representaciones que se conservan de estos hábitats. 

Este régimen de manejo tradicional ha condicionado la dinámica de la regeneración de las 

diferentes especies y por tanto, la composición del dosel arbóreo. La estructura del bosque 

habitualmente refleja un intenso manejo en el pasado. 

Resulta por ello importante establecer dentro de los espacios protegidos, como es el caso de 

Izarraitz, áreas destinadas a evolución natural en la que traten de recuperarse las condiciones 

existentes en los bosques maduros, con la mayor biodiversidad típica posible. Se entiende como 

tales aquellos con un grado bajo de fragmentación y una diversidad específica alta, con árboles 

muertos, madera muerta sobre el suelo, individuos maduros y senescentes, distribución de 

tamaños y edades equilibrada, pero no necesariamente libre de señales de actividad humana; 

con un dosel principal formado por varias generaciones de árboles y clases de tamaño; una tasa 

de regeneración dependiente de las perturbaciones naturales que abren huecos en el dosel, 

donde la mortalidad se produce a una tasa relativamente continua a causa de la senectud y 

procesos naturales en los árboles del dosel, y por competencia en los grupos de árboles jóvenes, 

concentrándose en las clases de tamaño menores y mayores, siendo escasa en las clases de 

tamaño intermedias. En estas condiciones, los microhábitats proliferan, el número de especies 

características y típicas aumenta, las interacciones y la complejidad del sistema se 

incrementan, y por tanto también su capacidad de autorregulación y resistencia ante 

perturbaciones. 

Sin embargo, en el caso de Izarraitz, la mayor parte de las superficies de bosques son privadas y 

con las actuales disponibilidades financieras es improbable que sea posible alcanzar acuerdos de 

conservación a perpetuidad para preservar la totalidad de los bosques a evolución natural. 

Por ello se modifica el apartado de Zonas a Evolución Natural y el de Zonas de Aprovechamiento 

Forestal Extensivo mejorando la redacción de algunos de los párrafosy simultáneamente se 

modifican los resultados 1.1 y 1.2 de la meta 1, relativo a la mejora de la naturalidad de las 

masas forestales. Se modifica la cartografía para adecuarla a estos cambios. 

20

El ayuntamiento de Deba propone una nueva medida para reducir progresivamente los subsidios por 

plantaciones de especies alóctonas y paralelamente ir aumentando el subsidio por la plantación de 

bosques autóctonos. 

La existencia de subsidios a las plantaciones de especies exóticas exóticas reduce los recursos 

públicos disponibles y distorsiona el valor de incentivo necesario para animar a la adopción de 

medidas de recuperación del bosque autóctono, dificultando la adopción de dichas medidas. El Plan 

estratégico para la biodiversidad aprobado en la Conferencia de las Partes de Nagoya, así como el 

nuevo plan de acción de la biodiversidad de la UE, instan a suprimir los subsidios que tienen efectos 

perjudiciales para la biodiversidad antes de 2020. Y en consecuencia, el Plan Estratégico Estatal del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad proponen proceder a la supresión de dichos subsidios y 

reconvertirlos en ayudas a favor de la biodiversidad. Considerando insuficiente la superficie de 

ciertos tipos de bosques presentes en Izarraitz y su elevado grado de fragmentación, la meta 1 del 

plan propone extender dicha superficie, y hacerlo en parcelas destinadas a otros usos cuya reversión 

no comprometa los objetivos de conservación del espacio, destinando para ello los escasos recursos 

públicos necesarios. 

Aunque en el documento se mencionan los acuerdos voluntarios con los propietarios, en materia de 

incentivos se limita a recoger, como directriz que: “Tras las cortas de plantaciones forestales en 

zonas privadas (por ejemplo en una parcela cercana al caserío Olazabal behekoa en Deba) se 

promoverá la restauración del bosque potencial, mediante la concesión de ayudas reguladas 

anualmente por decretos forales”. 

En consonancia con lo establecido en otros planes y en línea con la alegación presentada, se 

modifica la medida por la que se designan los bosques privados que tendrán la consideración de 

“zona de restauración ecológica”. 

La Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa considera que el documento desprecia la 

biodiversidad que existe en las plantaciones alóctonas hasta el punto de incluirlas a todas ellas en la 

Zona denominada "de restauración ecológica”. 

Son innumerables los estudios científicos que demuestran que el MSA (Índice de Abundancia de 

Especies principales) de los bosques es muy superior al de las plantaciones forestales. Dicho índice 

no sólo mide la riqueza de especies características, sino también su abundancia, y por tanto, en 

alguna medida, la estabilidad y salud de las poblaciones silvestres. Existe un consenso absoluto 

entre la comunidad científica respecto a que la biodiversidad de especies características es tanto 

mayor cuanto mayor es la complejidad de los ecosistemas. Las plantaciones forestales son sistemas 

artificiales simples donde la comunidad florística y faunística se reduce y banaliza notablemente. 

Las especies autóctonas han coevolucionado durante millones de años estableciendo interacciones 

imprescindibles para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de bienes y servicios 

ambientales, que se ven afectados por la sustitución o desaparición de las especies primigenias. 

No obstante, hay que precisar que las plantaciones forestales no son objeto de conservación en 

aplicación de la directiva hábitats; mientras sí lo son los bosques autóctonos de interés comunitario. 

21

El 53% de la CAPV es superficie arbolada y el 54% son plantaciones. La superficie y grado 

fragmentación de los bosques autóctonos en la CAPV impide que alcancen un estado favorable de 

conservación, que es el objeto de la Directiva Hábitats. Parece razonable que sea en los lugares 

Natura 2000 donde se trate de incrementar la superficie de estos bosques, y que se adopten las 

decisiones oportunas para que los recursos públicos se destinen a conseguir este objetivo y a los 

particulares que voluntariamente quieran adoptar comportamientos en este sentido. Esto no pone 

en cuestión la existencia de otras zonas de la CAPV donde los objetivos de las superficies forestales 

sean otros. 

La Asociación de propietarios forestales de Gipuzkoa cuestiona igualmente las medidas destinadas a 

erradicar las especies alóctonas y propone añadir al final de la medida 12 la expresión “... con el 

acuerdo de la Propiedad.” 

Se está de acuerdo en que las especies no son intrínsecamente buenas ni malas; simplemente son 

características de un ecosistema en un estado favorable de conservación, o no lo son. Y las especies 

alóctonas, no lo son, según el Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales de la UE y de 

cualquier otro documento científico, siendo habitual en ecología el empleo del índice de especies 

alóctonas como indicador de falta de calidad de un ecosistema o para evaluar el estado de 

conservación de la biodiversidad. 

Se acepta el añadido propuesto en la medida 12, aunque se considera reiterativo e innecesario, ya 

que como los mismos alegantes afirman en otra de las medidas en la que sí se menciona la 

necesidad de acuerdo, “dado que se trata de terrenos particulares no hay que dudar de la 

necesidad de firmar acuerdos de conservación”. 

La Asociación de propietarios forestales de Gipuzkoa entiende que la biodiversidad, si bien es un 

elemento importante no debe ser el condicionante principal en la toma de decisiones y propone, 

en concreto, que se prioricen las plantaciones que hayan llegado a su turno de corta a la hora de 

restaurar bosque autóctono. 

La conservación de la biodiversidad es el origen y principal objetivo de la designación de las zonas 

de la Red Natura 2000, en aplicación de la Directiva Hábitats, salvo en las excepciones que la propia 

norma contempla. En consecuencia, la medida mencionada, y cualquier otra del documento, se 

supedita a razones de índole ecológica y no económica, tal como deja claro el artículo 2 de la 

Directiva Hábitat, aunque tendrá para ello en cuenta, tal y como hace el documento, aspectos 

económicos, sociales y culturales. Por ello, y aunque estos instrumento, no son planes de desarrollo 

socioeconómico, y siendo su objeto la conservación en un estado favorable de los hábitats naturales 

y especies silvestres, en la medida que algunas actividades económicas pueden condicionar el 

estado de conservación de hábitats naturales y especies silvestres, se tienen en cuenta los aspectos 

económicos incluyendo propuestas para no interferir negativamente en la actividad económica o 

para incrementar los incentivos a los particulares que adopten medidas favorables a los objetivos 

previstos en el documento. En este sentido, y en línea con la alegación presentada, se modifica la 

medida 1. 

22

La Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa considera que en la medida “Realizar un 

análisis de la incidencia, eficacia y eficiencia en la ZEC de la medida del PDRS para "limitar la 

forestación de especies de turno corto", sería necesario definir adecuadamente qué es forestación 

de especies de turno corto, 

Se acepta la redacción alternativa que propone en este aspecto del documento. 

La Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa propone eliminar las medidas 13, 14, 15 y 17 

que se refieren al contenido de los Proyectos de Ordenación Forestal o/y Planes de Gestión y 

sustituirlas por una única medida que quedaría así: “Los Proyectos de Ordenación Forestal y/o 

Planes de gestión Forestal Sostenible que se elaboren en el ámbito del ZEC Izarraitz serán aprobados 

por la Administración Forestal de la Diputación Foral de Gipuzkoa e incluirán específicamente las 

medidas aprobadas en la declaración de Zona Especial de Conservación y con carácter general las 

medidas que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su 

potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, 

a escala local, nacional y global, sin causar daños a otros ecosistemas.” 

Se desestima la propuesta por entender que la redacción alternativa suprime aspectos relevantes 

contenidos en la propuesta original que afectan a la conservación y por el contrario se excede e 

infiere en las competencias de la política sectorial forestal, ya que no es objeto de este documento 

incorporar medidas que regulen “la productividad, vitalidad y potencial de cumplir, ahora y en el 

futuro, funciones económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global”. 

12.- Gestión de pastos y matorrales 

La Diputación Foral de Gipuzkoa alega que la norma 31 impone la reposición aun cuando la pérdida 

sea muy pequeña o cuando haya una conversión puntual de matorral a pastizal o de hábitats bien 

representados. 

La norma establece que deben compensarse los daños en tanto en cuanto el no hacerlo comprometa 

los objetivos de conservación que se establecen en el documenton, aceptando no obstante que 

dichas superficies puedan ser objeto de gestión dinámica, dentro de las comunidades de la misma 

serie de vegetación. El artículo 6 de la Directiva Hábitats señala que hay que tener en cuenta si las 

alteraciones tienen un efecto apreciable respecto a los objetivos de la Directiva. Son los 

documentos de conservación los instrumentos para definir lo que debe considerase como pérdida 

significativa. Esta norma persigue mediante un instrumento flexible que “se mantenga la cantidad 

neta del activo natural dentro de la ZEC”, que es una obligación derivada de la Directiva, por lo que 

no puede ser objeto de una directriz. No obstante, es cierto que, como alega la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, los matorrales secos atlánticos y los mediterráneos están bien representados en la Red 

Natura 2000 vasca; por lo que sería asumible una reducción de su superficie del 10%, siempre y 

cuando el fin fuera la de restaurar pastizales de interés comunitario de la misma serie de 

vegetación que se encuentran peor representados. Es por ello que se modifica la redacción de la 

norma objeto de alegación. 

23

13.- Gestión cinegética 

La Federación Guipuzcoana de Caza alega que el documento presenta deficiencias en cuanto al 

análisis de los aprovechamientos cinegéticos y de la gestión que de la caza se realiza en la zona, 

entendiendo por deficiencias abordar el aprovechamiento cinegético de forma muy general, no 

aportando datos de la actividad cinegética que se realiza. 

Esta entidad señala que no se han analizado adecuadamente los posibles impactos que el ejercicio 

de la caza pudiera o no suponer a las poblaciones silvestres de fauna ni a los hábitats de interés 

comunitario que son objetivo de conservación de la ZEC, con lo cual difícilmente podrán derivarse 

del diagnóstico realizado las medidas adecuadas en relación a esta materia en los documentos 

siguientes, aunque entiende que la caza no condiciona la posibilidad de alcanzar los objetivos 

previstos para las ZEC. 

Por otra parte, la Asociación Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea propone 

algunos aspectos que minorarían el impacto de la actividad cinegética en Izarraitz, como la 

prohibición del uso de perdigones de plomo al existir actualmente en el mercado alternativas con 

materiales mucho menos contaminantes, el seguimiento exhaustivo de las capturas de becada 

(Scolopax rusticola), la posibilidad de que agentes de la autoridad incrementen los controles de 

alcoholemia a los cazadores. 

La actividad cinegética no es objeto de este documento salvo en aquellos aspectos que afecten 

al estado de conservación de los elementos que han motivado la designación del especio como 

lugar de la Red Natura 2000. Por tanto, no procede un análisis detallado de dicha actividad 

dentro del espacio. 

No obstante, según la Ley 1/2010, de modificación de la Ley 16/1994 de Conservación de la 

Naturaleza del País Vasco, y la Ley 2/2011, de Caza, las ZEC constituyen a los efectos 

cinegéticos zonas de régimen cinegético especial, y el aprovechamiento cinegético 

en ellas debe realizarse conforme a los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética, los cuales no 

están redactados y no ha sido recogida su redacción en ninguno de los documentos relativosa 

esta ZEC. Es por ello que se acepta la alegación de la Federación Guipuzcoana de Caza y se 

incluyen las necesarias modificaciones en los condicionantes del apartado referido a los 

“CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD”. Igualmente, se realizan las 

necesarias modificaciones en el Resultado 4 y sus medidas. 

La Federación Guipuzcoana de Caza expresa incertidumbres derivadas de que en ninguno de los 

documentos se especifica si el aprovechamiento cinegético será restringido o no en las diferentes 

zonas definidas en la ZEC, y en especial en aquellas zonas en los que los usos son más restrictivos. 

Ante las dudas manifestadas, cabe indicar que la caza en la ZEC, deberá atenerse a los 

procedimientos de evaluación adecuada de afecciones que rigen cualquier actividad en la Red 

Natura 2000. No obstante, cabe precisar que en las “zonas a evolución natural” sólo podrán 

plantearse excepcionalmente actuaciones de baja intensidad que resulten necesarias para acelerar 

24

su evolución y la de sus especies asociadas hacia un estado más favorable de conservación, y frenar 

las amenazas que pongan en peligro su propia continuidad e integridad ecológica. Igualmente 

podrán plantearse actuaciones de carácter científico, educativo o de uso público, siempre que no 

afecten a dicha integridad. 

14.- Zonas de Protección Estricta (ZPE) 

La Diputación Foral de Gipuzkoa opina que la denominación elegida para esta zona no es la más 

adecuada para las acciones y cautelas que supone la inclusión de un enclave en dichas áreas, y que 

la inclusión del nevero de elementos de carácter cultural, como el nevero de Ilarrako, sin dudar de 

su valor, excede los requerimientos de Natura 2000. 

Efectivamente, la consideración como “Zona de Protección Estricta” no implica la prohibición a 

realizar cualquier actividad, sino el control de las actividades que se realizan en su entorno y el 

hecho de que los estudios de adecuada evaluación deben asegurar explícitamente el 

mantenimiento de las condiciones y características que les hacen relevantes para la flora y 

fauna silvestre, siendo compatible cualquier actividad que no cause deterioro o disminuya su 

funcionalidad ecológica. Es por ello que inicialmente se optó por denominarlas “zonas de 

protección especial”. Pero esa denominación podía generar equívocos ya que viene siendo 

utilizada por el planeamiento urbanístico, optándose finalmente por la referida “protección 

estricta”. La entidad alegante no aporta una alternativa que pueda ser valorada, por lo que a 

falta de otra opción, se mantiene la denominación “protección estricta”. 

En respuesta a esta alegación y en coherencia con la solución adoptada ante la alegación de la 

Dirección Patrimonio Cultural, se suprime la consideración del nevero de las campas de Ilarrako 

como “zona de protección estricta”. 

15.- Zonas de Aprovechamiento Agroforestal Intensivo (ZAI) 

La Diputación Foral de Gipuzkoa cuestiona el límite de 60 ha o el 25% de la zona total arbolada para 

las plantaciones industriales y la Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa indica que no se 

debe incidir tanto en la calidad como en la cantidad. 

La Comisión Europea recomienda el establecimiento de valores de referencia para el estado de 

conservación y objetivos cuantitativos que permitan evaluar los resultados de las medidas. Esto es 

práctica común en la planificación comunitaria, véase el PDR, y en cualquier otro ejercicio de 

planificación. En este sentido cabe indicar que son estrictamente necesarios tanto indicadores 

cuantitativos relativos a la superficie de hábitats naturales, por poner un ejemplo, como relativos a 

la calidad de ese hábitat; por lo que resulta igualmente imprescindible tratar de medir la 

complejidad estructural de los bosques naturales o el grado de fragmentación de los bosques. 

El porcentaje de superficie destinada a bosques es menor que el de plantaciones artificiales. Lo 

que resulta contradictorio siendo Izarraitz un espacio protegido cuyo objetivo prioritario es la 

25

integridad ecológica del lugar. Cabe recordar a modo comparativo que la UICN establece que 

para la zonificación de las áreas protegidas, tres cuartas partes de la superficie se deben 

manejar en atención al objetivo principal, y el manejo de la zona restante no debe ser contrario 

al principal. El objetivo principal en las áreas actualmente ocupadas por bosques es su 

conservación en un estado favorable de conservación. El criterio por el que se ha optado por 

establecer un porcentaje máximo de superficie de plantaciones es por tanto ecológico, pues 

dichas plantaciones ocupan el espacio que potencialmente podrían ocupar los bosques objeto de 

la conservación. 

Respecto a lo adecuado de la superficie establecida, el alegante no propone alternativa alguna 

que pueda ser estudiada, aunque para homogeneizar criterios con otros espacios similares, se 

modifica dicho porcentaje hasta el 30% (o 72 Ha) Un porcentaje menor, pondría en cuestión la 

designación del espacio para la conservación y el objetivo de alcanzar una superficie 

representativa suficiente de los bosques del País Vasco en un estado favorable de conservación. 

No obstante se es consciente de que la mayor parte del suelo es de propiedad privada, lo que sin 

duda obligará a un esfuerzo importante no exento de dificultades para establecer acuerdos a 

largo plazo con los propietarios con las disponibilidades financieras actuales. A pesar de lo 

dicho, se estima que el porcentaje propuesto en las parcelas de propiedad privada es ambicioso 

pero realista a medio plazo, en virtud del abandono observado en muchas plantaciones forestales, 

de la situación actual del mercado de madera y de las tendencias de las ayudas públicas, cuya 

contribución a la conservación de la biodiversidad y a la provisión de bienes y servicios ambientales, 

en coherencia con las demandas sociales y con los compromisos internacionales, deberá 

incrementarse en el futuro, a tenor de los últimos documentos aprobados por la Comisión Europea y 

de los debates sobre los futuros reglamentos de los fondos europeos. 

16.- Otros aspectos del documento 

El Ayuntamiento de Deba detecta un error, y solicita su corrección, en la medida 72, donde se 

indica que administraciones publicas implicadas en Ernio Gatzume.." 

Se sustituye “Ernio Gatzume” por “Izarraitz”. 

El Ayuntamiento de Deba no estima apropiados el centro de Ekainberri (gestionado por una empresa 

privada) ni la granja-escuela de Sastarrain (centro privado) para diseñar y desarrollar un programa 

de comunicación sobre la ZEC, proponiendo en su lugar el albergue de Lastur (propiedad municipal). 

Se entiende que la actual redacción de la medida también permite la aplicación del programa 

de comunicación sobre la ZEC y Natura 2000 en el albergue de Lastur. 

La Asociación Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea propone algunos 

aspectos que mejorarían la aplicación del documento y la obtención de los objetivos que se 

proponen en Izarraitz. Alguna de estas propuestas debe ser valorada para el conjunto de la Red 

Natura 2000, como es el caso de la creación de un cuerpo de agentes de la Ertzaina a modo del 

26

Seprona, para realizar un control más exhaustivo de las medidas del documento, compuesto, por 

ejemplo, por 25 agentes especializados por Territorio Histórico. 

Si bien está ampliamente reconocido que uno de los mayores problemas de la conservación de la 

biodiversidad es la carencia de dotación suficiente para velar sobre el terreno por la correcta 

aplicación de la normativa ambiental, la creación de un curerpo específico de la Ertzantza, que por 

otra parte ya existe, no puede hacerse desde este documento de objetivos y medidas de 

conservación para la ZEC de Izarraiutz. 

17.- Consideraciones finales 

Dado que se han incluido nuevas medidas, directrices y normas, es posible que la numeración 

revisada no coincida con la del documento aprobado inicialmente, aspecto que los alegante deberán 

tener en cuenta. 

Teniendo en cuenta que la inclusión de las alegaciones aceptadas implica revisar el texto, se ha 

aprovechado para corregir otros errores detectados. 

27

Informe de alegaciones (pdf, 455 kb)

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