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El motín de Telde de 1766 

contra la renta del 

almotacenazgo y la sisa 

del vino 

Por: D. Vicente Suárez Grimón. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

En anteriores números de la Guía 

Histórico Cultural de Telde ya se han 

estudiado cuatro de los seis motines documentados 

que durante los siglos XVIII 

y XIX tuvieron como escenario el lugar 

de Telde 1 y como protagonistas a sus 

vecinos. A los motines de 1723, 1750, 

1799 y 1823 añadimos ahora el que se 

produjo el año 1766 motivado por la 

negativa a pagar al Cabildo de la isla la 

renta del almotacenazgo. Aunque la negativa 

al pago de impuestos es una causa 

frecuente de disturbios en el campo, en 

Gran Canaria sólo cuatro de los confl ictos 

“ruidosos” documentados tiene esta 

naturaleza fi scal: el de 1751 en Guía por 

el cobro de los derechos de visita del corregidor 

Núñez de Arce, el de 1766 en 

Telde por la negativa al pago de la renta 

del almotacenazgo, el de 1769 en Gáldar 

por la misma negativa a pagar a los 

propios los censos impuestos por sitios 

o solares realengos concedidos a sus vecinos 

a principios del siglo XVIII y el de 

1823 en Agüimes e Ingenio motivado por 

el cobro de contribuciones para pagar 

el salario del juez del partido judicial de 

Telde. En cualquier caso, la protesta de 

Telde no fue dirigida únicamente contra 

el almotacenazgo sino también contra la 

sisa o la imposición del vino, si bien ésta 

fue una reivindicación secundaria que no 

se vio coronada por el éxito. 

El motín de 1766 es, juntamente con 

el habido en 1818 por la extracción de 

millo, el que menor rastro o huella documental 

ha dejado, aunque sufi ciente 

como para reconocer en ella buena 

parte de los caracteres que presentan 

la mayoría de los confl ictos ocurridos en 

Canarias durante la época moderna. De 

carácter local y rural, sus protagonistas 

son gente del campo en número bastante 

alto –más de 700 vecinos-, que aprovechan 

la obscuridad de la noche para sublevarse. 

Asimismo, responde al modelo 

de confl icto de tipo vertical iniciado por 

la masa de vecinos del pueblo contra un 

elemento foráneo, política o económicamente 

más fuerte, que en el caso presente 

adquirió la forma de despacho expedido 

por el corregidor de la isla al alcalde 

real de Telde para que hiciese contribuir 

los derechos correspondientes a los vecinos 

que usaban y debían usar pesos y 

medidas en sus transacciones comerciales. 

Probablemente convocado mediante 

el toque de caracoles como otros tantos 

motines y con un armamento caracterizado 

por su rusticidad, con toda probabilidad 

se reduciría al garrote, recorrieron 

las calles del pueblo dando “gritos y con 

algazara” tratando de atraer a los que en 

un primer momento no se habían incorporado 

al tumulto e injuriando al alcalde 

de Telde por prestarse a ejecutar la 

orden dada por el corregidor. Como la 

mayoría de los motines habidos en Cana- 

La renta del almotacenazgo se pagaba al único Ayuntamiento existente en la isla 

con sede en la ciudad de Las Palmas. Fotógrafo sin identifi car. Foto: Fedac. Año 1900. 

La renta del almotacenazgo 

era pagada por quienes 

usaban pesas y medidas en 

sus transacciones comerciales 

rias, no parece que fuese reprimido y su 

pacifi cación o disolución se produjo una 

vez logrado el objetivo, es decir, después 

de destruir el despacho recibido por el 

alcalde y de amenazar a los jueces que 

intentaban hacerles pagar. 

Lo ocurrido en Telde en 1766, unido 

a lo que también pudo suceder por la 

misma fecha en Guía y el temor de que 

se extendiera a otros pueblos de la isla, 

fue utilizado por la Audiencia para exponer 

al Consejo de Castilla la situación 

crítica en que se hallaba la justicia ordinaria 

pues apenas había ministro que se 

atreviera a salir a los campos a practicar 

cualquier diligencia. Con la exacerbación 

del clima de intranquilidad, lo que pretenden 

las autoridades judiciales es poner 

el acento en la extensión del fuero 

militar, verdadero caballo de batalla que 

desde mediados del siglo XVIII va a enfrentar 

permanentemente a la Audiencia 

y a los corregidores, de una parte, con 

los comandantes generales y los gobernadores 

de las Armas, sus representantes 

en la isla, de otra. Las palabras de don 

Julián de San Cristóbal Eguiarreta 2 , fi scal 

de S.M. en la Real Audiencia de Canarias, 

son bastante clarifi cadoras al respecto: 

“yo me iré mañana destas islas, como lo 

deseo y pretendo con vivas ansias, pero 

no puedo menos que representar que todos 

los desórdenes y trastornos de ellas 

nacen de que las justicias ordinarias están 

por falta de súbditos desautorizadas y no 

pueden obrar cosa alguna, aun en lo que 

es de su inspección, ínterin no se haga 

auxiliar la milicia y que ésta venere a la 

jurisdicción ordinaria; es imposible consigan 

estos vasallos la interior felicidad de 

vivir quietos, cada uno bajo su higuera y 

peculiares ocupaciones; tampoco podrán 

los jueces reales y su tribunal de apelaciones 

ejecutar sino es lo que les permita 

1

La imposición sobre el vino estuvo en el origen del motín de Telde de 1766. 

Fotógrafo sin identifi car. Foto: Fedac. Año 1930. 

el comandante, consumiendo el tiempo 

en hablar en sus acuerdos docta e illustradamente 

y en proveydos de papel” 3 . 

Este enfrentamiento tenía sus antecedentes 

más inmediatos en el decreto de 

abolición de la tasa y libre extracción de 

los granos de 11 de julio de 1765, que 

permitía la extracción con ciertas condiciones, 

y en el real despacho expedido en 

San Ildefonso el 31 de agosto de 1765 por 

el que se estableció que el conocimiento 

de la saca de frutos y géneros de una isla 

para otra pertenece al comandante general, 

como superintendente de la real 

hacienda, sin que deba ingerirse en él la 

Audiencia. Este último real decreto vino 

a resolver el confl icto de competencia 

suscitado entre la Audiencia y el comandante 

general don Domingo Bernardi en 

torno a quién correspondía la facultad de 

autorizar las extracciones de “comestibles 

y combustibles”, pero también supuso 

la pérdida por parte del corregidor 

de Gran Canaria, a la sazón don Nicolás 

de la Santa y Ariza, natural de Tenerife 

y aliado de la Audiencia en el confl icto, 

del mando castrense o de la capitanía a 

guerra de la isla en benefi cio de los coroneles 

del regimiento de Las Palmas, lo 

que fue ratifi cado por real orden de 19 

de mayo de 1766 denominándose dichos 

coroneles a partir de entonces “gobernadores 

de las Armas”. 

1.- El almotacenazgo y la sisa del 

vino: una renta de propios y un arbitrio 

del Cabildo de la isla 

Es bien conocido que el modelo de 

organización municipal que se estableció 

en Gran Canaria al tiempo de la conquista 

(1483) era el existente en Castilla, cuya 

característica esencial fue la existencia de 

un único Ayuntamiento con sede en la 

ciudad de Las Palmas y con jurisdicción 

político-administrativa y hacendísticofi 

scal sobre todo el territorio insular 4 . 

Este modelo de organización municipal, 

2 

basado en el municipio-isla y combinado 

con la existencia de alcaldías reales 

o pedáneas en los núcleos de población 

que van surgiendo conforme avanza el 

proceso de colonización de las tierras 

repartidas tras la conquista desde el litoral 

hacia el interior isleño 5 , no sufrirá 

alteraciones signifi cativas 6 hasta el constitucionalismo 

del siglo XIX, pese a que el 

Fuero de Gran Canaria de 1494 dejara la 

puerta abierta para la creación de nuevos 

ayuntamientos en la isla 7 . Así pues, dicho 

modelo municipal prácticamente estará 

en vigor, salvo los paréntesis constitucionales 

de 1812-14 y 1820-23, hasta el año 

1835 en que se establecieron los ayuntamientos 

en su confi guración actual. 

El Cabildo, como institución única de 

gobierno de la isla, dispuso para hacer 

frente al pago de sus empleados, al costo 

de obras y demás necesidades públicas, 

de una hacienda municipal integrada 

por recursos de naturaleza ordinaria y 

extraordinaria, o sea los llamados propios 

y arbitrios. Con relativa frecuencia, 

estos dos conceptos se manejan como 

si de una misma cosa se tratara cuando 

no sólo eran términos diferentes sino 

que se gestionaban de forma separada. 

Por propios se entienden aquellos bienes 

y rentas que el Cabildo poseía en propiedad 

y eran utilizados indefi nidamente, 

en tanto que los arbitrios sólo podían ser 

recaudados durante un tiempo limitado y 

previa licencia real. Como tales ingresos 

de naturaleza distinta fueron gestionados 

de forma separada hasta la aprobación el 

16 de junio de 1782 del Reglamento particular 

para el gobierno y distribución del 

ramo de propios de la isla que supuso, 

entre otras cosas, la unifi cación contable 

o gestión unitaria de propios y arbitrios 8 . 

Los arbitrios más comunes que disfrutó 

el Cabildo de Gran Canaria fueron la 

sisa o imposición del vino y del aguardiente. 

En el caso de los propios, como 

se ha señalado anteriormente, aparecen 

integrados tanto por bienes como por 

rentas. Entre los bienes que en algún 

determinado momento pertenecieron 

al Cabildo de Gran Canaria cabe citar las 

dehesas de Tamaraceite (San Lorenzo), 

Arucas, y Tamaragáldar (Guía) y el prado 

de Pico de Viento (Gáldar). Y entre las 

rentas fi guran las de guaniles y abejeras 

salvajes, el haber del peso, el mesón del 

puerto, estanco del jabón ralo y duro 9 , el 

tajón o corte de la carne en la carnicería, 

la mancebía y el almotacenazgo. A ellos 

hay que añadir como ingresos del Cabildo 

el capítulo de los censos provenientes 

del dinero dado en préstamo, de la 

venta de solares (por Real Cédula de 19 

de octubre de 1519 se concedió licencia 

para poblar las Isletas) o de los que se impusieron 

sobre las tierras repartidas en 

distintas épocas por la Corona, así como 

de la mitad de la aguas de la Sierra de 

Tejeda concedidas al Cabildo por Real 

Cédula de 26 de julio de 1501 con la autorización 

para repartir entre los vecinos 

el coste de su traída o para ceder la mitad 

a quienes realizasen la obra 10 . 

Al estar destinada la dehesa de Tamaraceite 

al pago del alojamiento de la 

Infantería en la isla, la de Arucas al pago 

del salario del médico del Cabildo y el 

prado de Pico de Viento a la festividad 

del Corpus, los ingresos con los que 

contaba el Cabildo no eran muy cuantiosos. 

En 1704, por ejemplo, se reducen a 

la renta del almotacenazgo (150.720 

mrs.), la renta de guaniles y abejeras salvajes 

(29.040 mrs.), la renta del haber del 

peso (7.200 mrs.) la renta del mesón del 

puerto (10.560 mrs.) y los ingresos no 

siempre seguros que le proporcionaban 

un centenar de tributos por un importe 

anual de 186.922 mrs. Es decir, un total 

de 384.442 mrs. que no alcanzaban 

a cubrir los 412.846 mrs. de los gastos, 

consistentes en ese mismo año de 1704 

en festividades, rogativas y luminarias 

(60.114 mrs.); salarios de abogado, escribanos, 

porteros, regidores, artillero, 

alojamiento del Presidio, castellano del 

castillo de la Luz, elección de personero 

atalayero y pregonero (218.088 mrs.); 

obras en castillos, cárcel, caja del agua 

y pilar de la Plaza Mayor (23.844 mrs.), 

gastos de pleitos y defensa de privilegios 

de la Ciudad (11.412 mrs.), lutos por el 

rey (35.226 mrs.), correspondiendo el 

resto al alcance de las cuentas anteriores 

y deudas de tributos o censos incobrables 

(64.162 mrs.) 11 . 

2.- Concesión y cobranza 

El almotacenazgo consistía en celar 

y reconocer que las pesas y medidas estuvieran 

ajusta das y arregladas. Se concedió 

como renta de propios por Real 

Cédula expedida en Salamanca a 26 de 

febrero de 1506. Dada la cortedad de los 

propios y que no eran sufi cientes para

hacer ningún edifi cio de los necesarios, 

el Cabildo de Gran Canaria solicitó a la 

Corona le hiciese “merced del offi cio de 

almotacenazgo dessa dicha isla para los 

propios della”, acordándose por la Corona 

12 hacer “merced para agora e para 

siempre jamás del dicho offi cio de almotacenazgo 

dessa dicha ysla, e para que lo 

podays arrendar e arrendeys a la persona 

o personas que quisiéredes e por bien 

tuviéredes, para que lo que ansí rentare 

sea para propios desa dicha ysla”, con la 

sola condición de que las penas que hubieren 

de llevar las personas a quien se 

arrendare sean primero juzgadas y sentenciadas 

por el gobernador de la isla y 

que éste dé posesión de dicho ofi cio y 

permita usarlo a quien se le arrendare, 

pudiendo “llevar las penas al dicho offi cio 

anexas e pertenescientes conforme a las 

ordenancas dessa dicha ysla” 13 . 

Los derechos de la renta del almotacenazgo 

sólo eran percibidos por el 

Cabildo de Gran Canaria donde sus regidores 

eran quienes actuaban como 

fi eles ejecutores por ser los derechos 

de almotacenazgo un bien de propios 

del Concejo. En Tenerife y La Palma, en 

cambio, subsisten los fi eles ejecutores 

que tenían como función principal la vigilancia 

de pesas y medidas. En estas dos 

islas, la enajenación del ofi cio lleva anexa 

la prerrogativa de tener voz y voto en el 

Cabildo, si bien en la isla de La Palma se 

suprime este destino a partir de 1593. 

Su destino era la construcción de 

edifi cios públicos como lo acredita el 

hecho de que en 1723, por ejemplo, 

el Cabildo dispusiese que, de los 4.055 

reales corrientes que alcanzó el remate 

de dicha renta, se entregasen a Pedro 

de la Fe 1.500 reales para gastarlos en la 

edifi cación del castillo de Santa Ana 14 . Su 

ámbito de recaudación era la isla y, normalmente, 

a fi nales de año, se sacaba por 

el Cabildo a remate público en el mayor 

postor y su importe se abona por trimestres. 

La necesidad de otorgar fi anza a la 

seguridad del pago de la misma, hace que 

estos remates recaigan en propietarios 

acomodados o de extracción liberal que 

cuentan con fi adores que les respaldan. 

Aunque su remate se hacía en una sola 

persona, la práctica del subarriendo por 

partidos estaba bastante generalizada, al 

menos hasta los años previos a su extinción 

coincidiendo con el motín de Telde 

de 1766. 

El origen de la sisa del vino data 

del año 1527 en que Carlos I y la reina 

doña Juana, por real orden expedida en 

Valladolid el 8 de julio, concedieron facultad 

al Cabildo de la isla para imponer 

un maravedí para ayuda de pagar la plaza 

de un ministro de la Real Audiencia y su 

ejecutor, lo que tuvo efecto imponiéndose 

dicho gravamen sobre cada cuartillo 

de vino que se vendiese al por menor 

El cobro de derechos por el uso de pesas 

y medidas originó el motín de 1766 

o acuartillado 15 . Aunque la real cédula de 

1527 establecía que no se echasen por 

sisa otros maravedís que los que se necesitaren 

para pagar el salario de dicho 

ministro 16 , la necesidad de reparar los 

castillos y murallas y prevenir los demás 

pertrechos y municiones para la defensa 

de la isla en las invasiones obligaron al 

Cabildo a adoptar el acuerdo de alterar, 

ante la cortedad de sus bies y rentas de 

propios 17 , aquella imposición valiéndose 

en unas ocasiones de “imponer tres 

maravedís en cada quartillo de vino sisado 

y en otras dos, según la ocurrensia 

y necessidad”, ya sea disponiendo de la 

licencia real, como sucedió en 1656 y 

1677 18 , o simplemente con la aprobación 

de la Audiencia, como sucedió en 1700 

con motivo de la muerte de Carlos II, y 

posterior aprobación real concedida por 

real cédula expedida en Madrid el 7 de 

noviembre de 1702 por la que se daba 

licencia y facultad “a la dicha Ciudad de 

Las Palmas para que sobre el arbitrio 

de dos maravedís sisado en quartillo de 

uino, de que está usando con aprouasión 

de la nuestra Audiencia de esas yslas, sin 

yncurrir en pena alguna, pueda vuscar 

a censo o a dasio hasta en cantidad de 

quatro mill ducados de bellón con los 

menos yntereses que los hallare” y destinarlos 

a los fi nes referidos y extinción 

de la langosta 19 . En 1705, para atender a 

los mismos fi nes, se volvió a hacer igual 

petición que en 1700 y por real cédula 

de 22 de agosto se concedió al Cabildo 

de Gran Canaria, entre otras cosas 20 , licencia 

y facultad “para que, por tiempo 

de los dies años referidos, pueda usar del 

aduitrio de tres maravedís en quartillo de 

vino sisado”, destinando su producto a 

“pagar la plaza de el ministro de esa dicha 

nuestra Audiensia y su executor y en los 

demás gastos que se refi eren” 21 . 

Aunque en la real cédula de 1705 

se recogía que el Cabildo, después de 

cumplidos los diez años, no debía usar 

de dicho arbitrio para éste u otro efecto 

sin tener para ello nueva licencia real, 

en la práctica resultó que en los inicios 

de la década de 1720 no sólo se continuó 

recaudando el arbitrio de tres maravedís 

sino que éste se había elevado a 

seis como resultado de sumar a los tres 

concedidos en 1702 los otros tres que se 

concedieron en 1705 22 . Desconocemos 

si existió facultad para la prórroga de la 

recaudación, y menos aún para la agregación, 

toda vez que durante las dos primeras 

décadas del siglo XVIII la cobranza 

se vio limitada únicamente a los tres maravedís 

en cada cuartillo de vino vendido 

al por menor. Ello lo avalan tanto las escrituras 

de remate de este arbitrio recogidas 

en los protocolos notariales como 

el “traslado de las quentas del adbitrio de 

tres maravedís en cada quartillo de vino 

de que usa esta ysla de los años de (1)702 

hasta el de (1)708” presentado en la residencia 

que en 1709 tomó don Antonio 

Pinto Miguel al corregidor saliente don 

José Manuel de Mesones 23 . No obstante, 

la idea de la agregación es defendida 

por el propio Cabildo de Gran Canaria 

cuando, a fi nes del siglo XVIII, señala que 

con la concesión por diez años de 1705 

se fi jaron los seis maravedís de sisa en el 

cuartillo de vino vendido por menor “y 

en el concepto de estar concedidos anticipadamente 

y sin limitación los tres, 

el uno desde la erección de la Real Audiencia 

y los dos, también con consulta 

del mismo tribunal, en la urgencia de la 

guerra, aprovado todo por V.A. (Felipe 

V) en dicha real cédula de 1702”. Atendiendo 

al sentido literal de la cédula 

de 1705, la facultad de los últimos tres 

maravedís de sisa expiró a los diez años 

de su aplicación, en 1717, por lo que se 

ignoraba, y así lo reconoce el Ayuntamiento 

en 1781, “el verdadero motivo 

de su continuación”, pero añadiendo que 

probablemente sería el mismo que, en el 

día –1781-, llevaba a pedir su prórroga, 

es decir, la cortedad de los propios para 

hacer frente a los gastos ordinarios y extraordinarios 

24 . 

3.- La importancia del año 1766: el 

intento de tumulto de los Regimientos 

de Milicias el día del Rosario y el 

motín de Telde 

La importancia del año 1766 en el reinado 

de Carlos III ha llegado a convertirse 

en tópico al igual que el impacto de 

los sucesos ocurridos en la primavera de 

dicho año y la infl uencia en el posterior 

desarrollo de la política de la monarquía. 

La supre sión de la tasa de granos el 11 de 

julio de 1765 25 , adoptada tras un periodo 

de malas cosechas, y el libre comercio 

interior no pudieron tener peores consecuencias, 

pues la escasa estructura ción 

del mercado interior y las defi ciencias 

3

Más de 700 vecinos recorrieron las calles de Telde, pidiendo la abolición de la renta 

del almotacenazgo y de la sisa del vino. Fotógrafo sin identifi car. Foto: Año 1928. 

de la red de trans portes y comunicaciones 

impidieron alcanzar los objetivos 

propuestos en las disposiciones legales. 

Aunque el descontento se dio entre los 

privilegiados, las alteraciones de Madrid 

tuvieron un carácter casi exclusivamente 

popular. En provincias, aunque con algunos 

elementos diferencia dores, también 

se producen alteraciones cuestionando 

las autori dades locales y protestando por 

los abastecimientos. Se hace responsable 

al gobierno municipal entregado a las oligarquías, 

más preocupadas por su propio 

benefi cio que por el interés públi co. Los 

regidores, contando con la complicidad 

de los corregi dores, aparecen ante los 

ojos del pueblo como los responsables 

de la carestía ya sea por su mala gestión 

o por la participación en negocios especulativos. 

En su mayoría, los motines o 

revueltas populares que tienen lugar en 

Madrid y provincias en 1766 son el resultado 

de un régimen municipal que poco 

hace por aliviar la precariedad -escasez y 

carestía de granos- de la mayor parte de 

la población. 

La historiografía española se ha ocupado 

del estudio, aún inacabado, de los 

numerosos confl ictos que bajo la forma 

de motín, tumulto, asonada, etc., o bien 

de simple protesta que adopta el pasquín 

como medio de expresión del malestar 

u oposición, estallan en Madrid y provincias 

en la primavera de 1766. Las páginas 

dedicadas a conocer sus causas, participación, 

repre sión e interpretación dan 

idea de la importancia de tales acontecimientos. 

Sin embargo, estos confl ictos 

de Madrid y provincias no parecen haber 

tenido excesiva repercusión en Canarias. 

La lejanía y las difi cultades de las comunicaciones 

marítimas han podido infl uir 

para que el Archipiélago se mantuviese al 

margen de lo que acontecía en la península. 

En todo caso, la infl uencia, si se produjo, 

tiene lugar a destiempo, es decir, 

en otoño y no en primavera. Al otoño de 

4 

Casa de Postas camino de Telde (Jinámar). 

Fotógrafo sin identifi car. Foto: Fedac. 

Año 1906. 

1766 corresponden las referencias documentales 

que conocemos sobre este 

tipo de confl ictos y su escenario la isla de 

Gran Canaria. 

Si tomamos en considera ción el testimonio 

de Pablo de la Cruz Machado, escribano 

más antiguo de la ciudad de Las 

Palmas, se observa que en la isla existe 

una cierta contestación a los mandatos 

de las autoridades políticas y judiciales, 

pues “no hay ministro que tenga valor 

de salir (h)oy a ejecutar deligencia alguna 

por temor a los malos tratamientos 

que les pueden hazer” 26 . El mayor grado 

de tensión o confl ictividad en Gran Canaria 

se debe a la carestía y escasez de 

granos que se estaba experimen tando 

como consecuencia de la cortedad de las 

cosechas y, en especial, de la extracción 

que por los denominados puertos de 

primera tierra -Guía, Gáldar, Agaete- se 

llevaba a cabo con dirección a Tenerife. 

Razón por la que los primeros diputados 

de abastos electos piden al Cabildo y a la 

Audiencia desde mediados de agosto de 

1766 el cierre de dichos puertos, aunque 

sin éxito. El comienzo del año tampoco 

había sido muy esperanzador debido al 

temporal ocurrido la noche del día de 

Reyes que, en palabras del capitán don 

Antonio Merino de Riverol Quintana, vecino 

de Guía, “nunca ha visto después de 

la conquista de esta ysla” otro “diluvio” 

igual, quedando “todas las propiedades, 

expecialmente las que lindavan con varrancos, 

destruidas y robadas con grande 

pérdida de su valor, siendo preciso para 

su reedifi cación y reparo gastar muchos 

pesos”. El “diluvio” o “avenida” del Barranco 

Guiniguada que sobrevino el día 

de Reyes de 1766 no sólo causó graves 

daños en las fi ncas rústicas y urbanas sino 

también en la infraestructura de calles, 

“puente de palo”, que unía Vegueta con 

Triana, y murallas de la ciudad, cuya reforma 

no fue posible abordar hasta los 

años de 1768 (puente) y 1770 (murallas) 

por la cortedad de los fondos de propios 

27 . 

3.1.- El intento de tumulto del día del 

Rosario 

Y en la escasez encontramos la causa 

del intento de subleva ción en el mes 

de octubre de 1766, según se desprende 

del informe remitido por don Gonzalo 

Muñoz Torres, regente de la Audiencia 

de Canarias, a Campomanes el 17 de noviembre 

de dicho año. En dicho informe 

se señala que el día del Rosario era costumbre 

inmemorial en los pueblos de la 

isla jun tarse los Regimientos de Milicias 

para la función religiosa de Nuestra Señora, 

pero en dicho año no lo hicieron 

“por noticias que tubieron sus coroneles 

de que en este día pensavan en tumultuarse 

por la escasez a que están reducidos”. 

Sin embargo, la isla de Tenerife 

“está abundante de lo que ésta produze 

y sacan los malos vecinos y enemigos de 

su patria lleva dos de su codicia”. Aunque 

con tintes exagerados y teniendo como 

telón de fondo el confl icto de competencias 

entre el Cabildo y Audiencia con 

el comandante general en torno a quién 

corresponde prohibir o no la extracción, 

el regente Muñoz Torres advierte 

a Campomanes que si no se remedia la 

miseria de esta isla de nada servirían los 

diputados de abastos por no haber con 

que abastecer al pueblo y que, además, 

era previsible lo que podía suceder si 

las tropas, en quien se debía confi ar en 

cualquier accidente, eran las primeras en 

tumultuarse acosadas por el hambre, sin 

encontrar carne, pan, ni aun un puñado 

de harina de maíz (gofi o). 

3.2.- El motín de Telde 

El intento de octubre de 1766 se convierte 

en realidad, aunque con tintes de 

carácter fi scal, en el mes de noviembre

en Telde al sublevarse sus vecinos contra 

el cobro de la renta del almotacenazgo 

y, en menor medida, contra la sisa del 

vino. Los derechos del almotacenazgo, 

en virtud de su concesión como renta de 

propios por real cédula de 26 de febrero 

de 1506, se había venido rematando 

y cobrando a los contribuyentes desde 

entonces y si interrupción hasta el año 

1766 28 . Cuando el Cabildo aprueba el 17 

de enero el remate de dicha renta hecho 

por Bernardo Ramos Carrillo, vecino de 

Las Palmas, en tres mil reales, es decir, 

la misma cantidad en que se abrió el 31 

de octubre de 1765 por no haber mayor 

postor 29 , nada hacía sospechar que su 

cobranza estaba llegando a su fi n como 

consecuencia del motín. 

Las condiciones de extrema necesidad 

que se venían padeciendo a lo largo 

del año de 1766 contribuyeron a crear 

un clima de tensión que, en el caso de 

Telde, desembocó en el motín de noviembre 

de 1766. En efecto, en una noche 

del mes de noviembre de 1766 se 

sublevan en el lugar de Telde más de 700 

vecinos impidiendo al alcalde –don Julián 

de la Vega Zapata- el ejercicio de su jurisdicción 

económica y política, exigiéndole 

“un despacho que el corregidor 30 havía 

expedido a pedimento del rematador 31 

del almotazelazgo, en que mandava que 

dicho alcalde, teniendo presenttes los 

aranzeles de esta rentta y arreglándose 

al estilo y costumbre antigua, hiciesse 

contribuir a todos los vezinos que usaban 

y debían usar de pesso y medida los 

derechos correspondientes”. Los sublevados, 

después de injuriar gravemente 

al alcalde y de hacer varios movimientos 

para incitar a los que no se habían unido 

inicialmente al tumulto, hicieron salir al 

escribano de su posada, lo llevaron en 

medio de una gran algarabía hasta donde 

se hallaba reunida la muchedumbre y allí 

le hicieron leer el pedi mento y decreto 

del corregidor. Al acabar de leerlo “se lo 

quitaron de la mano e hizieron muchos 

pedazos, amenazando a los juezes si intentavan 

hazerles contribuir cossa alguna, 

negándose enteramente a ello”. 

El atrevimiento de los vecinos de Telde, 

en palabras del escribano Pablo de la 

Cruz Machado, no se redujo a expresar 

de forma tumultuosa su negativa al pago 

de los derechos del almotacenazgo sino 

que, “a gritos y con algazara”, decían que 

no querían “zufrir más el advitrio de la 

sisa del vino” pidiendo su supresión. La 

información disponible sobre el motín, 

como ya se ha señalado, no es excesivamente 

generosa y, por tanto, desconocemos 

todo acerca de los protagonistas 

y su represión. Roto el despacho remitido 

por el corregidor al alcalde de Telde 

para que hiciese contribuir a los vecinos 

que usaban y debían usar “de peso y medida” 

los derechos correspondientes, el 

Los vecinos de Guía también se amotinaron contra el almotacenazgo y la sisa del 

vino. Fotógrafo: Cart Herrmann. Foto: Fedac. Año 1927. 

motín se disuelve y con éxito porque, a 

partir de 1767, no se vuelven a registrar 

nuevos remates de esta renta, al menos 

en el campo, aunque nada se diga sobre 

el motivo por el que dejó de rematarse 

en pública subasta como el resto de las 

rentas o arbitrios pertenecientes al Cabildo 

32 . No ocurrió lo mismo con la sisa 

del vino. 

4.- Los vecinos de Guía también se 

amotinan 

En su reivindicación los vecinos de 

Telde no estuvieron solos pues los vecinos 

de Guía también se amotinaron contra 

el almotacenazgo y la sisa del vino. Así 

nos lo confi rma el escribano Pablo de la 

Cruz Machado cuando, en el informe remitido 

al fi scal Julián de San Cristóbal el 

10 de enero de 1767, señala que en la 

petición de los vecinos de Telde “han cohoperado 

también los vezinos de la villa 

de Guía y, a su semejanza, me persuado 

que harán lo mismo los demás lugares” 33 . 

La existencia del amotinamiento de los 

vecinos de Guía no ofrece dudas; el problema 

radica en su cronología y en si fue 

anterior o posterior al de Telde. 

Por un papel suelto, cuya autoría parece 

corresponder al alcalde de Guía, se 

recoge que el 5 “del que corre” –probablemente 

sea mayo- a eso de las seis de 

la tarde salió de su casa en compañía de 

tres sujetos para ir al Pinar a ver un poco 

de madera que se estaba preparando 

para la iglesia y, de regreso al lugar, encontró 

la novedad que el dicho día “por 

la noche baxaron sobre este pueblo algunos 

vecinos del campo, a cuya nobedad 

me dicen salió mi Coronel, quien les dixo 

que qué se ofrecía, a que dicen respondieron 

que ellos no venían con otra pretención 

que Josef Gordillo se separase de 

la cobransa de la renta del admotaselasgo 

porque éste les ultraxaba y aminasaba sin 

ellos faltar a pagar dicha renta y que estaban 

mui pronptos a satisfacer al Cabildo 

lo mismo en que el dicho Gordillo hubiese 

ar(r)endado este partido” 34 . 

En otra carta, en la que tampoco 

dice a quien va dirigida, se da cuenta de 

la salida del día 5 a la tarde en compañía 

de don Diego de Quintana, don Juan 

del Saz y don Sebastián de Aguilar para 

el Pinar a la misma inspección de madera 

que se estaba haciendo de cuenta del 

pueblo para la iglesia. Del viaje llegaron 

“ayer 7”, a las oraciones, encontrando la 

novedad “de haber baxado del campo el 

mismo día por la noche algunos hombres 

con el fi n de que Josef Gordillo, su(b)a(r)rendatario 

de la renta del admotasén, 

se separase de la cobransa porque dicho 

Gordillo les trataba mal y les amenasaba 

que les trahería atados, que ellos estaban 

mui promptos a pagar dicha renta 

al Cabildo, lo mismo en que el referido 

Gordillo la había tomado o a otro que les 

tratase com más equidad” 35 . 

En un tercer escrito, dirigido esta vez 

a un “Exmo Sr.”, se recoge el mismo relato 

pues, el mismo día que salió, por la noche 

bajaron del campo algunos hombres, 

a cuyo ruido me dicen salió mi coronel 36 

y algunos ofi ciales, de quienes me he informado 

y le dicen era su pretensión se 

le privase a Gordillo, “subar(r)endatario 

de la renta del admotasén, de la cobransa 

hasta que le sellasen, que ellos estaban 

mui promptos a pagar lo que ha sido costumbre”. 

El escrito concluye con un “es 

lo que puede decir” y que para más se remite 

a su coronel y demás sujetos que le 

acompañaron, terminando con un “(h)oy 

8 de mayo” pero sin indicar el año. 

Estos tres documentos, cuya autoría 

puede atribuirse al alcalde de Guía, 

confi rman el amotinamiento contra la 

renta del almotacenazgo en Guía, pero 

el concluyente “(h)oy 8 de mayo” da a 

5

entender que, si fue en 1766, es anterior 

al motín de Telde. 

5.- La supresión de la renta del almotacenazgo 

Pese a las carencias documentales, 

puede afi rmarse que el motín se vio coronado 

por el éxito ya que a partir de 

1767 no se vuelven a registrar nuevos remates 

de esta renta, al menos en el campo, 

aunque nada se diga sobre el motivo 

por el que dejó de rematarse en pública 

subasta como el resto de las rentas o arbitrios 

pertenecientes al Cabildo 37 . Aún 

así, en enero de 1769, el Cabildo tomó 

la determinación de poner en administración 

dicha renta, encargando de ello y 

de su cobranza a Francisco Anselmo Rodríguez 

38 , maestro del ofi cio de platero y 

vecino de Las Palmas. Sin embargo, “con 

el motivo de no hauerse rematado en los 

campos la (renta) del almotazelasgo”, 

Francisco Anselmo solicitó al Cabildo 

“me exonerasen deste encargo o, ad sumun, 

fuera yo responzable a la cobranza 

en esta capital”. En el cabildo del martes 

14 de enero de 1769 se acordó que, 

como en el acuerdo en que se le había 

conferido esta administración del almotacenazgo 

no se especifi caba el modo en 

que se había de administrar “y que era 

visto por ello no hauerlo yo aceptado en 

otra conformidad que en la que acepté 

dicha sisa del aguardiente 39 , corriese en 

la misma conformidad dicha renta”, para 

lo que se pasaría el ofi cio correspondiente 

a los alcaldes de los 15 lugares de la 

isla a fi n de que haciendo que se rematare 

en ellos dicha renta, poder entrar él 

a cobrar en la propia forma que la sisa, 

otorgando antes la escritura por la que 

se obligaba a pagar al Cabildo las cantidades 

que produjere dicha renta, “mui 

corriente en el casco principal desta ciudad, 

y, quando llegue el caso, la cuota o 

cuotas en que se rematare en los lugares 

desta isla, percibiéndolo de los respectivos 

rematadores y entregándolo cada 

cuatro meses a dichos señores Justicia y 

Regimiento, para lo que lleuaré cuenta y 

rasón formal en libro separado del cargo 

y data en donde conste por mayor y menor 

las partidas con que contribuyeren 

las personas que deuieren”, asignándole 

por su trabajo personal un 10% de todo 

lo que cobrare. 

En años posteriores, y a diferencia 

de lo que ocurre con otras rentas o arbitrios, 

los protocolos notariales no recogen 

nuevos remates del almotacenazgo, 

lo que nos induce a pensar que tras 

el motín se interrumpiera su cobranza. 

Ello no impide que el Cabildo trate de 

cobrar dicha renta y que, en 1776, don 

Pedro Rusell, síndico personero de la isla, 

propusiese que para hacer transitable el 

paseo o calle que sigue del puente al Toril 

se cerrase “el rincón que hay al fi n de 

6 

El motín no logró la abolición de la imposición del vino. Fotógrafo sin identifi car. 

Foto: Fedac. Año 1930. 

dicha calle contra el Toril” a costa “de la 

renta del almotacel, pensionada a tales 

obras”. En 1782 sigue estando en estado 

litigioso y así lo reconoce el Cabildo 

cuando, en informe enviado al comandante 

general el 19 de junio, señala que 

entre los ramos de que se componen sus 

propios “no entra por ahora el derecho 

de fi el almotacén hasta que, puesto en 

estado de recurso pendiente en este tribunal 

superior (Real Audiencia), merezca 

la favorable decisión que la Ciudad espera”. 

El Reglamento particular de propios 

de la isla de Gran Canaria aprobado el 16 

de junio de 1782 sigue considerando el 

almotacenazgo como uno de sus ingresos 

o rentas de propios, toda vez que el 

gobierno y distribución de los propios se 

hizo conforme a un informe pedido en 

1776 al regente Manuel Francisco Torrente 

40 y no conforme al plan que remitió 

el Cabildo de Gran Canaria al Consejo 

en octubre de 1781 y cuyo expediente 

no se mandó pasar a la Contaduría General 

de propios 41 . Varias son las diferencias 

existentes entre el presupuesto del Reglamento 

de 1782 y el plan general propuesto 

por el Ayuntamiento en 1781 42 , 

pero por lo que aquí nos interesa sólo 

hacemos referencia a las que tienen que 

ver con el capítulo de los propios dado 

que el reglamento incluye determinados 

ramos, como el impuesto del jabón ralo, 

el derecho de almotacenazgo y la dehesa 

de Tamaraceite, que no fi guran en el plan 

general del Ayuntamiento 43 . 

La Sociedad Económica de Amigos 

del País de Las Palmas se opone en 1782 

al restablecimiento del privilegio del fi el 

almotacén por considerar se había abusado 

de este derecho ya que sólo se buscaba 

dinero para cubrir su arrendamiento y 

lucro, por lo se convirtió en un impuesto. 

Se había planteado una confusión entre el 

aferimiento (ajustar y arreglar las pesas 

y medidas) y el almotacenazgo (celar y 

recono cer que lo estuvieran), por lo que 

el almotacén recorría toda la isla acusando 

al labrador, cosechero, criador, tejedor, 

etc. Al labrador porque tenía celemín, 

al cosechero porque debía tenerlo, 

al tejedor por razón de la vara tuviera o 

no telar de lienzo, a las vendedoras por 

el cuartillo y a las panaderas por el peso y 

celemín. De acuerdo con el informe dado 

por la Económica en 1782, los tipos que 

se cobraban por el sello de estas piezas 

era el siguiente: por las pesas 21 cuartos 

de moneda antigua; por la vara, celemín 

o cuartillo 9. Y esto se repetía en alguna 

de las medidas cada cuatro meses hasta 

su prohibición 44 . 

No obstante, después de 1782, la 

renta del almotacenazgo, al igual que el 

jabón ralo, acaba desapareciendo del capítulo 

de ingresos del Cabildo de Gran 

Canaria, tal y como lo acredita la relación 

formada el 30 de junio de 1795 por 

Dámaso Hermosilla, contador general de 

propios de la provincia, con vista de las 

cuentas del Ayuntamiento de Canaria del 

año 1794. En dicha relación ya no fi gura 

el almotacenazgo al quedar reducidos los 

ingresos a: tributos, cobranza de una décima, 

sisa del vino, sisa del aguardiente, 

plaza del mercado, haber del peso, tajones 

de la carnicería, lonjas del mercado, 

dehesas y valor de 42 fanegas de trigo, 

mesón del puerto, abejeras salvajes, alquiler 

de una casa y cobro de multas y 

cobranza de otros tributos 45 . 

BIBLIOGRAFÍA 

Libro Rojo de Gran Canaria, Introducción de Pedro 

Cullen del Castillo, Las Palmas de Gran Canaria, 

1995. 

SUÁREZ GRIMÓN, V.: “Propios y realengos en Gran 

Canaria en el siglo XVIII”, en III Coloquio de Historia 

Canario-Americana (1978), pp. 175-292, Las 

Palmas de Gran Canaria, 1980. 

SUÁREZ GRIMÓN, V.: La propiedad pública, vinculada 

y eclesiástica en Gran Canaria en la crisis del Antiguo 

Régimen, Tomo I, Madrid, 1987, pp. 461-529. 

SUÁREZ GRIMÓN, V.: “La confl ictividad social en 

Canarias”, en Historia de Canarias de Editorial 

Prensa Canaria. Vol. III, siglo XVIII, Alzira (Valencia), 

1991, pp. 493 a 512.

SUÁREZ GRIMÓN, V.: “Los orígenes municipales de 

la ciudad de Telde”, en Guía Histórico Cultural de 

Telde, número 10, 1998, pp. 37-42. 

SUÁREZ GRIMÓN, V.: “El Motín absolutista de 1823 

en Telde (Gran Canaria): nuevos datos”, en Guía 

Histórico Cultural de Telde, número 14, 2003, pp. 

9-16. 

SUÁREZ GRIMÓN, V.: “El Motín de Telde de 1750”, 

en Guía Histórico Cultural de Telde, número 16, 

2005, pp. 5-11. 

SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda 

Municipal en Canarias en el siglo XVIII, Las Palmas 

de Gran Canaria, 2005. 

SUÁREZ GRIMÓN, V.: “El Motín de Telde de 1799”, 

en Guía Histórico Cultural de Telde, número 17, 

2006, pp. 15-29. 

VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia general de 

las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1971, 

Tomo II. 

FUENTES 

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Fondo de Consejos. 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LAS PAL- 

MAS: Fondos de Audiencia y protocolos notariales. 

ARCHIVO MARQUÉS DE ACIALCÁZAR. Legajos 

varios. 

ARCHIVO MUSEO CANARIO: MILLARES TORRES, 

A.: Colección de documentos para la Historia de las 

Islas Canarias, y HERMOSILLA, M.: Descripción 

topográfi ca, geográfi ca y militar de la isla de Gran 

Canaria. 

NOTAS 

1 Al hablar de Telde, el ingeniero militar Miguel de Hermosilla señala 

que “este lugar, que se ennobleció en lo antiguo por lo delicioso de su 

situación y bellas aguas, levantó desde luego el título de ciudad, que usa 

en los encabesamientos y escrituras, sin que a nadie haya manifestado 

hasta ahora el privilegio”. HERMOSILLA, M.: Descripción topográfi ca, 

geográfi ca y militar de la isla de Gran Canaria, inédito. 

2 De él decía Viera y Clavijo que era “un ministro sabio, elocuente, impetuoso, 

que, lleno de mérito y del celo más vivo por la dignidad del 

tribunal, respetaba al comandante general y no le temía”. VIERA Y CLA- 

VIJO, J.: Noticias de la historia general de las Islas Canarias, Santa Cruz de 

Tenerife, 1971, Tomo II, pp. 377-378. 

3 Informe del fi scal San Cristóbal al Consejo el 24 de enero de 1767. 

4 Presidido por un gobernador o corregidor (1630), estaba compuesto 

por un número variable de regidores que tuvieron carácter vitalicio hasta 

que en el siglo XVII se convirtieron en perpetuos, pudiendo ser vendidos, 

vinculados, o, simplemente, dejados en herencia. A ellos se unen 

otros ofi cios que suelen llevar aparejada una regiduría: alférez mayor, 

alguacil mayor y depositario general. 

5 Tales núcleos de población surgen tanto por razones de necesidad de 

asentamiento agrícola como religiosas, y su rasgo esencial, con independencia 

de que tuvieran o no parroquia, es la presencia de un alcalde real 

con jurisdicción limitada y dependiente del gobernador o corregidor 

que le nombraba. Entre sus cometidos estaba el presidir las juntas de 

vecinos o cabildos abiertos para tratar sobre asuntos propios del vecindario, 

rondar las calles del lugar durante la noche en evitación de que se 

cometieran pecados públicos o robos, cuidar del arreglo y limpieza de 

plazas, calles y caminos, celar por los abastos y mantenimientos, etc. Al 

fi nalizar el siglo XVII los pueblos de Gran Canaria que cuentan con alcalde 

son 15, a saber: Agaete, Agüimes (también contaba con otro ordinario 

nombrado por el obispo), Aldea de San Nicolás, Artenara, Arucas, 

Firgas, Gáldar, Guía, La Vega, Moya, San Lorenzo, Tejeda, Telde, Teror 

y Tirajana. No todos contaban con parroquia (Firgas, Artenara y Aldea), 

ni en todos llegó el párroco antes que el alcalde (Guía, San Lorenzo). 

6 Los cambios experimentados se redujeron a la introducción con las reformas 

administrativas de Carlos III en 1766, tanto en el Cabildo como 

en los pueblos, de la fi gura de los diputados del común (cuatro en el Cabildo 

y dos en los pueblos) y el síndico personero, elegidos, al igual que 

los alcaldes, por un proceso electoral de segundo grado en el que los 

vecinos reunidos por parroquias eligen 24 compromisarios, y éstos a los 

diputados y síndico. Fueron estas reformas y la introducción de dichos 

cargos las que alentaron a aquellos núcleos de población que no tenían 

tales empleos a que se les permitiera su elección. Y así sucedió con los 

que contaron previamente con parroquia: San Mateo, Valsequillo, Santa 

Lucía, Mogán e Ingenio. 

7 El Fuero dado por los Reyes Católicos el 20 de diciembre de 1494 

no sólo reguló la vida municipal en la Villa de la Palma sino que en él se 

advierte la preocupación de los monarcas por fomentar la creación de 

nuevos ayuntamientos o concejos dentro de la isla, para una mejor y efi - 

caz administración de sus vecinos. Decía el Fuero que mandamos que en 

qualesquier lugares e villas que estouieren subjetas a la jurisdición desa villa 

o encomendadas a vos el dicho nuestro gouernador della, auida primamente 

información de la calidad e población de cada lugar e de lo que conuiene 

para la buena gouernación del, fagais ordenanças quales vierese que conuiene 

para cada lugar, ansí e el elegir de los alcaldes e regidores e procuradores 

e otros offi ciales, como en las otras cosas que tocan a la buena gouernación 

de las dichas villas e Lugares, de manera que las dichas villas y lugares estén 

gouernadas como deuen... Sin embargo, este mandato no tuvo efecto, ya 

que la jurisdicción del Cabildo de Gran Canaria comprendió la totalidad 

del territorio insular hasta la creación de los ayuntamientos modernos 

en el segundo cuarto del siglo XIX. Copia editada por el Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del 500 aniversario de la 

Real Cédula de privilegio de esta isla o Fuero Real de Gran Canaria. Las 

Palmas, 1994. 

8 SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda Municipal en Canarias 

en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2005. 

9 El jabón ralo concedido en 1579 dejó de considerarse como renta 

de propios a lo largo del siglo XVIII, aunque en 1711 se pidió al rey la 

concesión del estanco del jabón duro en lugar del ralo y blando que 

rentaba unos 80 ducados “por no consumirse en esta isla de algunos 

años a esta parte”. 

10 Al adoptarse esta última solución, se enajenó la mitad del agua dando 

origen al Heredamiento del Dragonal, en tanto que la otra mitad fue 

vendida a censo en 1527 al licenciado Venegas para evitarse los gastos 

de administración. 

11 SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda Municipal en Cana- 

rias en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2005. 

12 La cédula venía encabezada por el rey Fernando, Felipe y Juana. 

13 Libro Rojo de Gran Canaria, Introducción de Pedro Cullen del Castillo, 

Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 179-180. 

14 Su dotación, al igual que el castillo de la Luz y el de San Pedro Mártir, 

corría a cargo del Cabildo. 

15 Por real cédula de 7 de diciembre de 1526, expedida a petición de las 

islas realengas, Carlos I dispuso que en la isla de Gran Canaria residiesen 

tres jueces de apelación que conociesen de las causas y negocios de 

los vecinos de dichas islas en grado de apelación, asignando a cada uno 

120.000 maravedíes de salario anual, cuya “terzia parte” pagaría la “isla 

de Gran Canaria y su jurisdi(c)sión”, la “otra tersia parte” correspondería 

a “las otras islas..., assí de realengo como de señorío”, y, por último, 

la “otra tersia parte” a las penas de cámara. Para facilitar el pago de la 

parte que correspondía pagar a las islas, éstas solicitaron se les concediese 

licencia o facultad para “lo hechar por sisa en los mantenimientos 

que en ellas se vendieren porque las dichas islas no tienen propios ni 

rentas para lo pagar”. En virtud de lo útil que resultaba la presencia de la 

Audiencia en las islas, por la real cédula de 8 de julio de 1527 se les concedió 

licencia y facultad “para que, el primero año que los dichos jueses 

tuuiesen los dichos ofi sios e dende en adelante en cada un año hasta que 

otra cossa mandemos, puedan hechar por sisa los maravedís que montaren 

las dos tersias partes que está mandado que las dichas islas paguen 

para los salarios de los dichos jueses, la qual dicha sisa se heche en los 

mantenimientos e otras cossas que en las dichas islas se vendieren, que 

sea con el menor daño e perjuizio que ser pueda a los vezinos de ellas e 

de los extrangeros e caminantes que a ellas fueren e vinieren, los quales 

dichos maravedís mandamos que se pongan en depósito en poder de 

una buena persona en cada isla para que de ellos se paguen los dichos 

salarios e no se gasten en otra cossa alguna”. Real cédula de 8 de julio 

de 1527. Libro Rojo de Gran Canaria, Introducción de Pedro Cullen del 

Castillo, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 277-278. 

Con motivo del motín se suprimió el cobro 

de derechos por el uso de pesas y 

medidas (amotacenazgo) 

16 Para recaudar alguno de los donativos ofrecidos por la isla al rey, éste 

permitió la imposición sobre el vino. Es el caso del donativo pedido 

por real cédula de 23 de septiembre de 1664 para “el socorro de las 

necessidades en que se (h)allaua de la conquista del reyno de Portugal”. 

En cabildo de 6 de diciembre de 1664 el licenciado don Martín Vasaudelavalde, 

oidor de la Audiencia y comisionado por el capitán general para 

Gran Canaria, pidió el donativo y el Cabildo ofreció 16.000 ducados 

pagaderos en el tiempo que corriesen los arbitrios que se concediesen 

para su paga. La propuesta hecha fue “la imposición de un quarto (4 

maravedís) en cada quartillo de vino que se bendiesse atauernado en 

esta isla y en los frutos de ella que se sacassen fuera y en las carnes que 

se matassen, señalándose en cada género cantida(d) líquida hasiéndose 

tres rentas”. Tal propuesta fue concedida y corrió su cobranza desde el 

1 de enero de 1665 hasta 1668, siendo lo recaudado por la imposición 

del vino: 1665= 34.000 reales, 1666= 34.900, 1667= 28.000 y 1668= 

33.500, si bien se debieron rebajar 7.750 reales anuales (31.000 por los 

cuatro años) por los salarios de la plaza de oidor de la Audiencia y su 

ejecutor y 12.463 y medio reales por la refacción eclesiástica. SUÁREZ 

GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda Municipal en Canarias en el siglo 

XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2005. 

17 A fi nes del siglo XVII, los ingresos de los propios de Gran Canaria 

regulados por un quinquenio importaban 35.268 reales, correspondiendo 

a cada uno de los años 7.053 reales, y los gastos precisos de dicho 

quinquenio importaban 42.069’5 reales. Real cédula de 7 de noviembre 

de 1702. 

18 En esos años, el rendimiento de los 2 maravedís de vino acuartillado 

oscilaba entre los 10.000 y 12.000 reales y los 3 maravedís 24.000 

reales, de los cuales se rebajaba lo que correspondía a la plaza del ministro 

de la Audiencia y la refacción que se pagaba al estado eclesiástico 

por un importe anual en torno a los 1.800 reales, destinándose el resto 

“para la paga de los donatiuos con que la dicha ysla y Ciudad no (h)auía 

seruido de pocos años a esta parte, que ymportauan más de sinquenta 

y sinco mill ducados, para los gastos que se (h)auían ofresido hasser en 

los funerales de las señoras reynas doña María Luiza, doña Mariana de 

Austria y don Carlos segundo, que están en gloria, y en echar de la dicha 

ysla la langosta o sigarra que se comía los frutos”. Real cédula de 7 de 

noviembre de 1702. 

19 La petición del Cabildo se redujo a que el impuesto de los dos maravedís 

“fuesse por espasio de dies años o hasta en cantidad de diez 

mill ducados”. La concesión se llevó a efecto tomando a censo hasta 

35.000 reales a favor del hospital de San Martín de Las Palmas. Dicha 

cantidad fue depositada en el coronel y regidor don Francisco de Matos, 

fabricándose con ella el castillo nuevo que llaman de San Felipe, en la 

cordillera y colina de Santa Catalina. En 1710 apenas se “(h)an redimido 

nobessientos y más reales y de lo demás se está pagando dicho senso”. 

Certifi cación de Pedro Alejandro de Medina, escribano público y de Cabildo, 

de 4 de marzo de 1710. 

20 Facultar al Cabildo para que por espacio de diez años pudiera “ronper, 

reduzir a cultura, labrar y senbrar las tierras realengas y valdías que 

tiene dicha ysla y no fueren de regadío y las sobras de montes y montañas 

de que ua hecha menzión y venderlas o darlas en ar(r)endamiento 

o tributo a la persona o personas que paresiere más conueniente”, encargando 

el deslinde y amojonamiento a la Audiencia de Canarias para 

destinar su producto al reparo y pertrecho de los castillos. Real cédula 

de 22 de agosto de 1705. 

21 Los gastos precisos que tenía la Ciudad, y que no alcanzaba a cubrir 

con sus propios, y para los que se habían hecho en los funerales de los 

reyes, quitar la langosta y cigarra de la isla y otros gastos y funciones 

públicas que tenía. Como ocurriera en 1700, la petición se hizo por 

“espasio de diez años o hasta en cantidad de diez mill ducados”. Real 

cédula de 22 de agosto de 1705. 

22 Es posible que el cobro se iniciara en 1723 aunque gravando indistintamente 

el vino y el aguardiente, sin embargo en 1725 se observa que 

los 6 maravedís sólo gravan el vino. 



24 Ibídem. 

25 Esta pragmática llegó a Gran Canaria en el barco venido del puerto 

de Santa Cruz y el corregidor de la isla el 2 de septiembre mandó 

publicarla “a son de caxas en esta ciudad (Las Palmas), en las partes 

acostumbradas”, y que se escribiesen cartas a los alcaldes “de los quinse 

pueblos desta dicha Isla” con un ejemplar para que la publicasen en su 

jurisdicción. El 3 de septiembre la mandó protocolizar, y así se hizo el 6 

de septiembre de 1765. 

26 Informe dirigido al fi scal don Julián de San Cristóbal el 10 de enero de 

1767. Para el escribano Machado, el origen de estos excesos radicaba en 

“la falta de respeto a la Justicia en el sistema presente”. 

27 Por real cédula de 16 de agosto de 1767 se concede licencia para 

que el Cabildo pudiese usar e imponer un cuarto en cada cuartillo de 

aguardiente del que se expende por menudo para con su producto pagar 

200 pesos anuales, dotación y salario del Alcalde Mayor de la isla, 

destinando el sobrante para reedifi cación y conservación del puente y 

muralla del torrente o barranco Guiniguada, arruinado durante el temporal 

de Reyes del año 1766. Ello no fue sufi ciente y para la edifi cación 

o reparación del puente de Triana se debió recurrir a la contribución de 

los particulares “por no tener el Ayuntamiento medios ni fondos para su 

construcción”, sucediendo lo mismo con la reparación del camino real 

de Telde. Uno de los contribuyentes fue don Esteban Llarena Calderón, 

marqués de Acialcázar. 

28 ÚLTIMOS REMATES DE LA RENTA DEL ALMOTACENAZGO 

AÑO REMATADOR MARAVEDÍS 

1753 Diego Rodríguez de Quintana, Las Palmas 240.000 

1756 José Antonio Vázquez, Las Palmas 

1757 Juan Cancines, Las Palmas 229.440 

1759 Juan Cancines, Las Palmas 239.040 

1760 José Macías, las Palmas 192.000 

1761 Domingo Alemán, Las Palmas 170.400 

1762 Juan Marrero, las Palmas 213.360 

1764 Tomás Rivero, Las Palmas 177.600 

1765 Tomás Rivero, Las Palmas 151.200 

1766 Bernardo Ramos Carrillo, Las Palmas 144.000 

1769 Francisco Anselmo Rodríguez, Las Palmas Administración 

29 Y en cabildo de 31 de enero se aprueba la fi anza presentada a la seguridad 

de su cobranza. 

30 Nicolás de la Santa y Ariza. 

31 Bernardo Ramos Carrillo, vecino de Las Palmas. 

32 SUÁREZ GRIMÓN, V.: “Propios y realengos en Gran Canaria en el siglo 

XVIII”, III Coloquio de Historia Canario-Americana (1978), Las Palmas 

de Gran Canaria, 1980, Tomo I, pp. 194-195. 

33 Informe remitido al fi scal de S.M. en la Audiencia de Canarias el 10 de 

enero de 1767 por Pablo de la Cruz Machado, escribano más antiguo de 

la isla, quien obtuvo noticias de estos hechos de diferentes personas y, 

sobre todo, del propio escribano de Telde. 

34 El alcalde concluía que lo relatado era cuanto “he podido averiguar 

sobre el asunto”. 

35 La carta concluye diciendo que “esto lo ha podido averiguar de algunos 

sujetos visibles, y que esto que lleva dicho se lo dijeron a mi coronel, 

quien podría dar razón del pasaje por haber hablado con ellos”. 

36 Con toda probabilidad se trata del coronel don Cristóbal Benítez 

Rojas y Guzmán. 

37 SUÁREZ GRIMÓN, V.: “Propios y realengos en Gran Canaria en el siglo 

XVIII”, III Coloquio de Historia Canario-Americana (1978), Las Palmas 

de Gran Canaria, 1980, Tomo I, pp. 194-195. 

38 Entre los bienes que hipotecó a la seguridad de los caudales que cobrase 

fi guran: -Hacienda en Marzagán, de viña y árboles, casa, lagar y pipas, 

cercada de pared, con una cabida de 17 fanegadas -incluso 5 de pan 

sembrar- y con un valor de 5.000 pesos. –Tercera parte de un cercado 

en Las Palmas con 4 horas de reloj de agua del heredamiento de la Mina, 

fuera de la muralla de los Reyes, con un valor de 500 pesos. –Casa en el 

barrio de San Justo, con un valor de 300 pesos. –Casa alta en Las Palmas, 

lindando por delante con calle trasera que sube a la ermita del Espíritu 

Santo, con un valor de 300 pesos. –Un pedazo de tierra plantado de 

algodoneros en Jinámar, lindando por arriba con el Monte Lentiscal, con 

un valor de 200 pesos. 

39 Se trataba del “nuevo impuesto y arbitrio” concedido por el rey de un 

cuarto en cada cuertillo de aguardiente que se vendiese al por menor 

en la isla 

40 El informe, y consecuentemente los ramos y valor de los propios y 

arbitrios de la isla así como las cargas y gastos que deberán satisfacer 

con consideración al producto anual que tienen, se elaboró a partir de 

los documentos y certifi cación dada por Carlos Vázquez Figueroa, escribano 

mayor del Cabildo, el 23 de diciembre de 1776 y de “otras 

noticias tomadas en su razón”. A.M.C. HERMOSILLA, M.: Op. cit., pp. 

26 r.-29 r. 

41 Es lo que señala el Ayuntamiento en un posterior escrito de 7 de 

junio de 1786 en el que pedía poder disponer del sobrante de propios 

y arbitrios para pagar a sus dependientes y hacer frente a otros gastos 

imprevistos y urgentes que también se expusieron en 1781, pero que 

no se tuvieron en cuenta en el Reglamento porque el expediente no se 

mandó pasar a la Contaduría General de propios por donde se expidió 

y comunicó el Real Reglamento. SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de 

la Hacienda Municipal en Canarias en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran 

Canaria, 2005. 

42 Acompañando la representación en que se solicitaba el sobrante de 

dichos arbitrios o la facultad de roturar tierras realengas y baldías para 

hacer frente a las obras públicas y gastos extraordinarios que se presentasen, 

al que parece no se hizo mención en el Reglamento porque no se 

mandó pasar a la Contaduría general de propios. 

43 El jabón ralo dejó de considerarse como renta de propios a lo largo del 

siglo XVIII, aunque en 1711 se pidió al rey la concesión del estanco del 

jabón duro en lugar del ralo y blando que rentaba unos 80 ducados “por 

no consumirse en esta isla de algunos años a esta parte”. El derecho de 

almotacenazgo dejó de percibirse a partir de 1766, si bien aún en 1782 

está en estado litigioso. Las rentas de la dehesa de Tamaraceite dejaron 

de percibirse desde 1600 en que se asignaron para el sostenimiento del 

Presidio. Esto se traduce en una diferencia en el producto anual que en 

el quinquenio de 1775-79 es de 14.217 reales y en el Reglamento de 

16.485. El producto anual de los arbitrios también es diferente, 36.011 

reales en el quinquenio y 30.081 en el Reglamento. SUÁREZ GRIMÓN, 

V.: “Propios y realengos en Gran Canaria en el siglo XVIII”, en III Coloquio 

de Historia Canario-Americana (1978), pp. 175-292, Las Palmas de 

Gran Canaria, 1980. 

44 A.M.C.: MILLARES TORRES, A.: “Colección de documentos para la 

Historia de las Islas Canarias. Informe de la Sociedad Económica de Las 

Palmas sobre aumento del caudal de Propios”. Año 1782. 



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El motin de Telde.indd - Guia Historico Cultural de Telde

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