CODIGO CIVIL ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO ...

CODIGO CIVIL 

ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 6 DE MAYO DE 

2007. 

Código publicado en los Periódicos Oficiales del Gobierno Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Durango, 22, 25, 29 de enero, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 

26, 29 de febrero, 4, 7, 11, 14, 18, 28 de marzo, 1, 4, 15, 18, 22, 25, 29 de abril, 2, 

6, 9, 13, 16 de mayo, 6, 10, 13, 24 de junio, 1, 8, 15, 18, 22, 25, 29 de julio, 1, 5, 8, 

12, 15 y 19 de agosto de 1948. 

EL CIUDADANO JOSE RAMON VALDEZ, Gobernador Constitucional Substituto 

del Estado Libre y Soberano de Durango, a sus habitantes, sabed: 

Que la Honorable Legislatura del mismo, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO. 

La XLI Legislatura del Estado de Durango, a nombre del Pueblo, Decreta el 

siguiente: 

CODIGO CIVIL 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ART. 1.- Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Durango, en 

asuntos del orden común. 

(REFORMADO, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004) 

ART. 2.- La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en 

consecuencia, ninguna persona podrá ser sometida, por razón de su sexo, a 

restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles. 

Cuando en este Código se use el genérico masculino por efecto gramatical, se 

entenderá que las normas son aplicables tanto al hombre como a la mujer, salvo 

disposición expresa en contrario. 

La protección que concede la ley al hombre y a la mujer abarca todos los derechos 

inherentes a la personalidad y a la dignidad humana. 

ART. 3.- Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de 

observancia general, abligan (sic) y surten sus efectos tres días después de su 

publicación en el Periódico Oficial.

En los lugares distintos del en que se publique el Periódico Oficial, para que las 

leyes, reglamentos etc., se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que 

además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada 

cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. 

ART. 4.- Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el 

día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su 

publicación haya sido anterior. 

ART. 5.- A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna. 

ART. 6.- La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la 

ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que 

no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique 

derechos de tercero. 

ART. 7.- La renuncia autorizada en el artículo anterior no produce efecto si no se 

hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho 

que se renuncia. 

ART. 8.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés 

público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. 

ART. 9.- La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo 

declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente 

incompatibles con la ley anterior. 

ART. 10.- Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o 

práctica en contrario. 

ART. 11.- Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son 

aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas 

leyes. 

ART. 12.- Las leyes del Estado, incluyendo las que se refieren al estado y 

capacidad de las personas, se aplican a todos los habitantes del Estado, ya sean 

nacionales o extranjeros, estén domiciliados o sean transeúntes. 

ART. 13.- Los efectos jurídicos de actos o contratos celebrados fuera del Estado, 

que deban ser ejecutados en el territorio del Estado, se regirán por las 

disposiciones de este Código. 

ART. 14.- Los bienes inmuebles, sitos en el Estado y los bienes muebles que en él 

se encuentren, se regirán por las disposiciones de este Código aún cuando los 

dueños no sean durangueños.

ART. 15.- Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, se regirán por las 

leyes del lugar donde pasen. Sin embargo, los interesados residentes fuera del 

Estado, quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por este Código 

cuando el acto haya de tener ejecución dentro del territorio del Estado. 

ART. 16.- Los habitantes del Estado tienen obligación de ejercer sus actividades y 

de usar y disponer de sus bienes, en forma que no perjudiquen a la colectividad, 

bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes relativas. 

ART. 17.- Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o 

extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente 

desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho 

de pedir la rescisión del contrato, y de ser ésta imposible, la reducción equitativa 

de su obligación. 

El derecho concedido en este artículo dura un año. 

ART. 18.- El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces 

o tribunales para dejar de resolver una controversia. 

ART. 19.- Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme 

a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán 

conforme a los principios generales de derecho. 

ART. 20.- Cuando haya conflicto de derecho, a falta de ley expresa que sea 

aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y 

no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos 

iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible 

entre los interesados. 

ART. 21.- La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces 

teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su 

apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, 

podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que 

hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser 

posible, concederles un plazo para que la cumplan; siempre que no se trate de 

leyes que afecten directamente al interés público. 

LIBRO PRIMERO. 

DE LAS PERSONAS. 

TITULO PRIMERO. 

De las personas físicas.

ART. 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo 

es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los 

efectos declarados en el presente Código. 

ART. 23.- La menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades 

establecidas por la Ley, son restricciones a la personalidad jurídica; pero los 

incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 

representantes. 

ART. 24.- El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona 

y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. 

TITULO SEGUNDO. 

De las personas morales. 

ART. 25.- Son personas morales: 

I.- La Nación, los Estados y los Municipios; 

II.- Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 

III.- Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la 

fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; 

V.- Las sociedades cooperativas y mutualistas; 

VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 

políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que 

no fueren desconocidas por la ley. 

ART. 26.- Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean 

necesarios para realizar el objeto de su institución. 

ART. 27.- Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que 

las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones 

relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. 

ART. 28.- Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su 

escritura constitutiva y por sus estatutos.

TITULO TERCERO. 

Del domicilio. 


ART. 29.- El domicilio de las personas físicas es el lugar donde generalmente 

habitan o viven, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; y en 

ausencia de éstos, el lugar donde residen y, en su defecto, el lugar donde se 

encontraren. 

ART. 30.- Se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside 

por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera 

que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarará dentro del término 

de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio como a la 

autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo 

domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en 

perjuicio de tercero. 

ART. 31.- El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley fija su 

residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, 

aunque de hecho no esté allí presente. 

ART. 32.- Se reputa domicilio legal: 

I.- Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está 

sujeto; 

II.- Del menor que no está bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de 

su tutor; 

III.- De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados. 

IV.- De los empleados públicos, el lugar donde desempeñen sus funciones por 

más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión no 

adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplen, sino que conservarán su 

domicilio anterior. 

V.- De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis 

meses la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas 

posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados 

conservarán el último domicilio que hayan tenido. 

(ADICIONADA, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004) 

VI. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a 

las circunstancias previstas en el artículo 29.

ART. 33.- Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle 

establecida su administración. 

Las que tengan su administración fuera del Estado pero que ejecuten actos 

jurídicos dentro del territorio del mismo Estado se considerarán domiciliadas en el 

luagr (sic) donde los hayan ejecutado, en todo lo que a esos actos se refiere. 

Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, 

tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por las mismas sucursales. 

ART. 34.- Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el 

cumplimiento de determinadas obligaciones. 

(ADICIONADO CON EL CAPITULO Y LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, 

P.O. 18 DE ABRIL DE 2004) 

TITULO TERCERO BIS 

DEL NOMBRE 

(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 18 DE ABRIL 

DE 2004) 

CAPITULO UNICO 

(ADICIONADO, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004) 

ART. 34-1.- El nombre es la forma obligatoria de designación e identificación de 

las personas para poder referir a éstas consecuencias jurídicas. 


ART. 34-2.- El derecho al nombre no implica una facultad de orden patrimonial; en 

las personas jurídicas individuales es inalienable e imprescriptible, en 

consecuencia tampoco puede transmitirse por herencia. 


ART. 34-3.- Ninguna persona debe usar o atribuirse un nombre que no le 

corresponda. 


ART. 34-4.- El nombre estará constituido por el nombre propio, y segundo por los 

apellidos. 


ART. 34-5.- Para la designación del nombre se observará lo siguiente: 

I. No podrá integrarse por más de dos sustantivos;

II. No se constituirá con palabras denigrantes de la personalidad; 

III. No se emplearán apodos; y7 

IV. No podrá constituirse con números. 

Los apellidos corresponderán por su orden, el primero del padre y al segundo de 

la madre. 

TITULO CUARTO. 

Del registro civil. 

CAPITULO I. 

Disposiciones Generales. 

(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 

ART. 35.- Las funciones del Registro Civil en el Estado de Durango, estarán a 

cargo de la Dirección General del Registro Civil y de los Funcionarios Estatales 

denominados Oficiales del Registro Civil, quienes tendrán fé pública en el 

desempeño de éstas actividades. 


ART. 36.- En el asentamiento de las Actas del Registro Civil intervendrán: La 

Dirección General del Registro Civil en el Estado, el Oficial del Registro Civil que 

autoriza y que dá fé, los particulares que soliciten el servicio ó sus representantes 

legales, en su caso, y los testigos que corroboren lo dicho por los interesados y 

atestiguan el Acta, quienes deberán firmarlas en el espacio correspondiente, al 

igual que las demás personas que se indiquen en ésta; asimismo, se imprimirá en 

ellas el sello de la Oficialía. 

Las Actas del Registro Civil se referirán exclusivamente a los Actos concernientes 

al estado civil de las personas y harán constar el principio y extinción de la vida 

jurídica, y se acreditarán las relaciones de parentezco (sic) matrimonio y las que 

se deriven de actos judiciales y administrativos relativos al estado civil, el 

Reglamento del Registro Civil establecerá las técnicas que se emplearán para la 

conservación perene (sic) de los documentos de la institución. 

Las Actas del Registro Civil se asentarán en formas especiales, las Inscripciones 

se harán por cuadruplicado, la infracción de ésta disposición producirá la nulidad 

del Acta y se castigará con la destitución de los Funcionarios que incurran en la 

falta.

Las Actas del Registro Civil que se asentarán son las siguientes: Nacimiento, 

reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, inscripción de 

las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela y la 

pérdida ó la limitación de la capacidad legal para adquirir bienes. Para éste efecto 

se deberán utilizar las formas que especialmente proporcionará la Dirección 

General del Registro Civil en el Estado. 


ART. 37.- Si se perdiere ó destruyere alguna de las formas en que se asientan los 

Actos del Registro Civil, se sacará inmediatamente copia de cualquiera de los 

otros ejemplares, bajo la responsabilidad de la Dirección General del Registro Civil 

y del Oficial del Registro Civil correspondiente; para cuyo efecto, el Funcionario 

Titular del lugar donde ocurre la pérdida dará aviso de inmediato a la Dirección 

General del Registro Civil en el Estado. 

La propia Dirección General del Registro Civil en el Estado, cuidará de que se 

cumpla esta disposición. 

(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2001) 

ART. 38.- El estado civil de las personas sólo se comprueba con las copias 

certificadas de las Actas del Registro Civil, los documentos del apéndice y con las 

constancias certificadas de las actas del Registro Civil, ningún otro documento, ni 

medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente 

exceptuados por la ley. 

Las constancias certificadas de las actas del Registro Civil, contendrán los 

requisitos que señale el Reglamento del Registro Civil y de acuerdo al formato que 

expida la Dirección del Registro Civil en el Estado. 


ART. 39.- Es obligación de los Oficiales del Registro Civil remitir un ejemplar de 

las formas en las que deben asentarse las Actas, a la Dirección del Registro Civil 

en el Estado, otra a la Dirección General del Registro Nacional de Población, 

entregando en el acto un ejemplar al interesado y el original quedará en el Archivo 

de la Oficialía correspondiente. 

Recibidos los ejemplares de las Actas por la Dirección General del Registro Civil, 

las revisará y las remitirá al Archivo del Registro Civil en el Estado. 

Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles ó 

faltaren las Actas en que se pueda suponer se encontraba la Inscripción, sólo 

podrá probarse el acto en la forma que establece el presente Código. 

ART. 40.- (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981)

ART. 41.- No podrá asentarse en las actas, ni por vía de nota o advertencia, sino 

lo que deba ser declarado para el acto preciso a que ellas se refieren y lo que esté 

expresamente prevenido en la ley. 

ART. 42.- (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 


ART. 43.- Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán 

hacerse representar por un mandatario especial para el Acto, cuyo nombramiento 

conste por lo menos en instrumento privado otorgado ante dos testigos. En los 

casos de matrimonio ó de Reconocimiento de Hijos, se necesita poder otorgado 

en escritura pública ó mandato extendido en escrito privado firmado por el 

otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante Notario Público o Juez de 

Primera Instancia. 

ART. 44.- Los testigos que intervengan en las actas del Registro Civil serán 

mayores de edad, prefiriéndose los que designen los interesados, aun cuando 

sean parientes. 


ART. 45.- Tanto la nulidad del Acto como la falsedad de las Actas de Registro 

Civil, se resolverá judicialmente, sin perjuicio de las penas que la ley señale para 

el delito de falsedad y de la indemnización de daños y perjuicios. 

ART. 46.- Los vicios o defectos que haya en las actas, sujetan al Oficial del 

Registro a las correcciones que señale el Reglamento respectivo; pero cuando no 

sean substanciales no producirán la nulidad del acto, a menos que judicialmente 

se apruebe la falsedad de éste. 

ART. 47.- Toda persona puede pedir testimonio de las actas del Registro Civil, así 

como de los apuntes y documentos con ellas relacionados, y los oficiales 

registradores estarán obligados a darlo. 


ART. 48.- Los Actos y Actas del estado civil del propio Oficial, de su cónyuge ó de 

los ascendientes y descendientes de cualquiera de ellos se podrán autorizar por el 

propio Oficial. Se asentarán en las formas correspondientes autorizándose por el 

Oficial de cualquier otra jurisdicción dentro del Estado. 

ART. 49.- Las actas del Registro Civil extendidas conforme a las disposiciones que 

preceden, hacen prueba plena en todo lo que el Oficial del Registro Civil, en el 

desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado en su presencia, sin 

perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa. 

Las declaraciones de los comparecientes, hechas en cumplimiento de lo mandado 

por la ley, hacen fe hasta que se pruebe lo contrario. Lo que sea extraño al acta no 

tiene valor alguno.

ART. 50.- Para establecer en el Estado de Durango el estado civil adquirido por 

los mexicanos fuera de la República, serán bastantes las constancias que los 

interesados presenten de los actos relativos siempre que se registren en la Oficina 

del Registro Civil. 


ART. 51.- Los Oficiales del Registro Civil, serán suplidos en sus faltas temporales 

por la persona que autorice la Dirección General del Registro Civil en el Estado, 

previa investigación del caso. 

ART. 52.- Toda acta del estado civil relativa a otra ya registrada podrá anotarse, a 

petición de los interesados al margen del acta respectiva, la misma anotación 

debera hacerse cuando la mande la autoridad judicial o lo disponga expresamente 

la ley. La anotación se insertará en todos los testimonios que se expiden. 


ART. 53.- La Dirección General del Registro Civil en el Estado, cuidará de que las 

formas y las Actas del Registro Civil se lleven debidamente, pudiendo 

inspeccionarlas en cualquier época del año para el efecto de solicitar la 

consignación correspondiente o en su caso, establecer la sanción administrativa 

que corresponda. 

CAPITULO II. 

De las actas de nacimiento. 


ART. 54.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el 

Oficial del Registro Civil ó solicitando la cooperación de éste en el lugar donde 

aquél se encuentre. 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004) 

ART. 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre, la madre o 

ambos, a falta de éstos, los ascendientes dentro de los ciento ochenta días de 

ocurrido. 


Los profesionales de la medicina, parteras o cualquier persona que hubiere 

asistido el parto, tienen obligación de dar aviso del nacimiento al Oficial del 

Registro Civil que proceda, dentro de los diez días siguientes. La misma obligación 

tiene cualquier persona en cuya casa haya tenido lugar el nacimiento. 

(REFORMADO, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004)

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o público, la obligación a 

que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona 

encargada del mismo. 


Recibido el aviso, el Oficial del Registro Civil tomará las medidas legales que sean 

necesarias a fin de que se levante el Acta de Nacimiento conforme a las 

disposiciones relativas. 


ART. 56.- Las personas que estando obligadas a declarar el nacimiento, lo hagan 

fuera del término fijado serán castigadas con una multa de cien a quinientos pesos 

que impondrá la Dirección General del Registro Civil en el Estado, en coordinación 

con la Autoridad Municipal del lugar donde se haya hecho la declaración 

extemporánea del nacimiento. 

En la misma pena incurrirán las personas que no cumplan con la obligación de dar 

aviso prevenido en el párrafo II del Artículo anterior. 

ART. 57.- En las poblaciones en que no haya Oficial del Registro, el niño será 

presentado a la persona que ejerza la autoridad municipal, y ésta dará la 

constancia respectiva, que los interesados llevarán al Oficial del Registro que 

corresponda, para que asiente el acta. 

ART. 58.- El Acta de Nacimiento, contendrá el año, mes, día, hora y lugar de 

nacimiento, el sexo, la impresión digital del presentado; el nombre y apellidos que 

le correspondan sin que por motivo alguno puedan omitirse, la expresión de si es 

presentado vivo o muerto, el nombre, domicilio y nacionalidad de los padres; el 

nombre domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos; el nombre, 

edad, domicilio y nacionalidad de los testigos, y si la presentación la realiza una 

persona distinta de los padres, se anotará su nombre, apellidos, edad, domicilio y 

parentezco (sic) con el registrado; salvo las prevenciones contenidas en los 

Artículos siguientes. 


El Oficial del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el que 

señalen sus padres si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión 

del Estado. 


En el caso del artículo 60 de este Código, el Oficial del Registro Civil pondrá el 

apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca. 


ART. 59.- Cuando al presentar al menor se exhiba Copia Certificada del Acta de 

matrimonio de los padres, se asentará a estos como sus progenitores, salvo 

sentencia judicial en contrario.

Cuando no se presente la Copia Certificada de matrimonio sólo se asentará el 

nombre del padre ó de la madre cuando éstos lo soliciten por si ó por apoderado 

como lo establece este Código. 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 

ART. 60.- En las Actas de Nacimiento por ningún concepto se asentarán palabras 

que califiquen a la persona registrada, en cualquier Acta de Nacimiento que 

contenga dicha nota se tendrá como inexistente lo asentado en dicha Acta lo cual 

será responsabilidad del Oficial del Registro Civil que realice el Acto. 


El padre y la madre están obligados a reconocer a sus hijos. Ambos tienen 

obligación de que su nombre figure en el acta de nacimiento de su vástago. Si al 

hacerse la presentación, se desconoce o se tiene por desconocido el nombre de 

alguno de los padres o ambos, se pondrá en el acta que el presentado es hijo de 

padres desconocidos, según sea el caso; pero en la investigación tanto de la 

maternidad como de la paternidad podrá hacerse ante los tribunales de acuerdo 

con las disposiciones relativas de este Código. 

Además de los nombres de los padres se hará constar en el Acta de Nacimiento 

su nacionalidad y domicilio declarando acerca de la primera circunstancia los 

testigos que deben intervenir en el Acto. 

ART. 61.- Si el padre o la madre no pudieren concurrir, ni tuvieren apoderado, 

pero solicitaren ambos o algunos de ellos la presencia del Oficial del Registro, éste 

pasará al lugar en que se halle el interesado, y allí recibirá de él la petición de que 

se menciona su nombre; todo lo cual se asentará en el acta. 

ART. 62.- Si el hijo fuere adulterino, podrá asentarse el nombre del padre, casado 

o soltero, si lo pidiere, pero no podrá asentarse el nombre de la madre cuando sea 

casada y viva con su marido, a no ser que éste haya desconocido al hijo y exista 

sentencia ejecutoria que declare que no es hijo suyo. 

ART. 63.- Cuando el hijo nazca de mujer casada que viva con su marido, en 

ningún caso, ni a petición de persona alguna, podrá el Oficial del Registro asentar 

como padre a otro que no sea el mismo marido, salvo que éste haya desconocido 

al hijo y exista sentencia ejecutoria que así lo declare. 

ART. 64.- Podrá reconocerse el hijo incestuoso. Los progenitores que lo 

reconozcan tienen derecho de que conste su nombre en el acta, pero en ella no se 

expresará que el hijo en (sic) incestuoso. 


ART. 65.- Toda persona que encontrare un recién nacido ó en cuya casa ó 

propiedad fuere expuesto alguno, deberá presentarlo al Oficial del Registro Civil 

con los vestidos, valores ó cualquiera otros objetos encontrados en él, y declarará

el día, mes y año, así como el lugar donde lo hubiere hayado (sic), dando aviso al 

Ministerio Público. 


ART. 66.- La misma obligación tienen los Jefes, Directores ó Administradores de 

los establecimientos penitenciarios ó de cualquier casa de comunidad 

especialmente los de los hospitales, casas de maternidad y casas de cuna 

respecto de los niños nacidos ó expuestos en ellas. 


ART. 67.- En las Actas que se levanten en estos casos se expresarán las 

circunstancias que designa el Artículo 65 la edad aparente del niño, su sexo, 

nombre y apellidos que le sean asignados por el Oficial del Registro Civil y el 

nombre de la persona, casa de comunidad ó institución que se encargue de él. 


ART. 68.- Sn (sic) con el expósito se hubiere encontrado documentos, alhajas y 

otros objetos que puedan conducir al reconocimiento de aquél, el Oficial los 

conservará bajo su custodia, mencionándolos en el Acta y dando formal recibo de 

ellos al que recoja al niño. 


ART. 69.- Se prohibe al Oficial del Registro Civil y a los testigos que conforme al 

Artículo 58 deban asistir al Acto, hacer inquisición sobre la paternidad ó 

maternidad. En el Acta sólo se expresará lo que deben declarar las personas que 

presenten al niño, aunque aparezca sospechosa de falsedad, sin perjuicio de que 

ésta sea castigada conforme a las prescripciones del Código Penal. 

ART. 70.- Si el nacimiento aconteciere durante un viaje por tierra, podrá 

registrarse en el lugar en que ocurra o en el domicilio de los padres, según las 

reglas antes establecidas; en el primer caso se remitirá copia del acta al Oficial del 

Registro Civil, del domicilio de los padres, si éstos lo pidieren, y en el segundo, se 

tendrá para hacer el registro, el término que señala el artículo 55, con un día más 

por cada veinte kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. 


ART. 71.- Si al dar aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del 

recién nacido, se extenderán dos Actas, una de nacimiento y otra de defunción. 


ART. 72.- Cuando se trate de parto múltiple, se levantará un acta por cada uno de 

los nacidos, en la cual además de los requisitos que señala el artículo 58, de 

manera excepcional se harán constar las particularidades que los distingan, si las 

hubiere, y el orden en que ocurrió su nacimiento, según la información que 

proporcionen el médico, la partera o las personas que hayan asistido el parto y, 

además, se imprimirán las huellas digitales de los presentados. El Oficial del 

Registro Civil deberá relacionar las actas.

CAPITULO III. 

De las actas de reconocimiento de hijos naturales. 


ART. 73.- El Acta de Nacimiento surte efectos de reconocimiento del hijo en 

relación a los progenitores que aparezcan en el Acta, cuando estos así la hayan 

solicitado. 


ART. 74.- Si el reconocimiento de Hijo se hiciere después de haber sido registrado 

su nacimiento, se formulará Acta separada en la que, además de los requisitos a 

que se refiere el Artículo que precede, se observarán las siguientes, en sus 

respectivos casos: 

I. Si el hijo es mayor de edad se expresará en el Acta su consentimiento para ser 

reconocido. 

II. Si el hijo es menor de edad, pero mayor de catorce años, se expresará su 

consentimiento y el de su Tutor. 

III. Si el hijo es menor de catorce años, se expresará sólo el consentimiento del 

Tutor. 


ART. 75.- El Acta de reconocimiento contendrá: nombre, apellidos, fecha y lugar 

de nacimiento, domicilio y huella digital del reconocido, nombre, apellidos, edad, 

estado civil, domicilio y nacionalidad del reconocedor; Nombres, apellidos, 

nacionalidad y domicilio de los abuelos y padres del reconocedor; nombres, 

apellidos, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad y parentezco (sic) con el 

reconocido de la persona ó personas que otorgan el consentimiento, en su caso, y 

nombres, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad de los testigos. 

ART. 76.- Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios 

establecidos en este Código, se presentará dentro del término de quince días, al 

encargado del Registro el original o copia certificada del documento que lo 

compruebe. En el acta se insertará la parte relativa de dicho documento, 

observándose las demás prescripciones contenidas en este capítulo y en el 

capítulo (IV) del Título Séptimo de este Libro. 


ART. 77.- La omisión del Registro, en el caso del Artículo que precede, no quita 

los efectos legales al reconocimiento hecho conforme a las disposiciones de este 

Código; pero los responsables de la omisión incurrirán en una multa de cien a

quinientos pesos que impondrá y hará efectiva el Juez ante quien se haga valer el 

reconocimiento. 

ART. 78.- En el acta de reconocimiento hecho con posterioridad al acta de 

nacimiento, se hará mención de ésta poniendo en ella la anotación marginal 

correspondiente. 


ART. 79.- Si el reconocimiento se hiciere en Oficialía diferente de aquella en que 

se levantó el Acta de Nacimiento, se enviará Copia Certificada del Acta de 

Reconocimiento al Oficial correspondiente para que haga la anotación respectiva. 

CAPITULO IV. 

De las actas de adopción. 


ART. 80.- Ejecutoriada la resolución judicial que autorice la adopción simple o la 

adopción plena, el adoptante, dentro del plazo de quince días, presentará ante el 

Oficial del Registro Civil correspondiente, copia certificada de la misma, a efecto 

de que se levante el acta respectiva. 

ART. 81.- La falta de registro de la adopción no quita a ésta sus efectos legales; 

pero sujeta el (sic) responsable a la pena señalada en el artículo 77. 


ART. 82.- El Acta de Adopción contendrá: Nombres apellido, fecha y lugar de 

nacimiento y domicilio del adoptado; nombres, apellidos, estado civil, domicilio y 

nacionalidad del ó de los Adoptantes, así como de los testigos: nombre, edad, 

estado civil, nacionalidad y domicilio de las personas cuyo consentimiento hubo de 

ser necesario para la Adopción y los datos esenciales de la Resolución Judicial, 

fecha de ésta y Tribunal que la dictó. 

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 21 DE MAYO DE 1998) 

En los casos de adopción plena, se levantará el acta de nacimiento en los mismos 

términos de la que se expide para los hijos consanguíneos, incluyendo la fecha 

del acta de nacimiento anterior más no su número, llevando además los apellidos 

del o los adoptantes. 


ART. 83.- Extendida el acta de adopción simple, se anotará en la de nacimiento 

del adoptado y se archivará copia de las diligencias relativas; poniendo el mismo 

número del acta de adopción. 

En el caso de adopción plena, a partir del levantamiento del acta de adopción, no 

se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado, ni su condición

de tal, salvo providencia dictada en juicio, haciéndose las anotaciones en el acta 

de nacimiento, cuyo original quedará reservado para los efectos del Artículo 152 

de este Código. 


ART. 84.- El juez o tribunal que resuelva que una adopción simple queda sin 

efecto, remitirá dentro del término de ocho días copia certificada de su resolución 

al Oficial del Registro Civil, para que cancele el acta de adopción y anote la de 

nacimiento. 

CAPITULO V. 

De las actas de tutela. 

ART. 85.- Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela y publicados en los 

términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles, el tutor, dentro de 

setenta y dos horas de hecha la publicación, presentará copia certificada del auto 

mencionado el (sic) Oficial del Registro Civil, para que levante el acta respectiva. 

El curador cuidará del cumplimiento de este artículo. 

ART. 86.- La omisión del registro de tutela no impide al tutor entrar en ejercicio de 

su cargo, ni puede alegarse por ninguna persona como causa para dejar de tratar 

con él; pero hace responsables al tutor y al curador en los términos que establece 

el artículo 77. 

ART. 87.- El acta de tutela contendrá: 

I.- El nombre, apellido y edad del incapacitado. 

(REFORMADA, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004) 

II.- La clase de incapacidad por la que se haya discernido la tutela; 

III.- El nombre y demás generales de las personas que han tenido al incapacitado 

bajo su patria potestad antes del discernimiento de la tutela. 

IV.- El nombre, apellido, edad, profesión y domicilio del tutor y del curador. 

V.- La garantía dada por el tutor, expresando el nombre, apellido y demás 

generales del fiador, si la garantía consiste en fianza o la ubicación y demás señas 

de los bienes, si la garantía consiste en hipoteca o prenda: 

VI.- El nombre del juez que pronunció el auto de discernimiento y la fecha de éste. 

ART. 88.- Extendida el acta de tutela, se anotará la de nacimiento del 

incapacitado, observándose para el caso de que no exista en la misma oficina del 

Registo (sic), lo prevenido en el artículo 79.

CAPITULO VI. 

De las actas de emancipación. 

ART. 89.- En los casos de emancipación por efecto del matrimonio no se formará 

acta separada; el Oficial del Registro Civil anotará las respectivas actas de 

nacimiento de los cónyuges, expresándose al margen de ellas quedar éstos 

emancipados en virtud del matrimonio, y citando la fecha en que éste se celebró, 

así como el número y la foja del acta relativa. 

ART. 90.- (DEROGADO, P.O. 17 DE ENERO DE 1971) 



CAPITULO VII. 

De las actas de matrimonio. 

ART. 93.- Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito 

al Oficial del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese: 

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio, tanto de los pretendientes 

como de sus padres, si estos fueren conocidos. Cuando alguno de los 

pretendientes o los dos hayan sido casados, se expresará también el nombre de la 

persona con quien celebró el anterior matrimonio, la causa de su disolución y la 

fecha de ésta; 

II.- Que no tienen impedimento legal para casarse; y 

III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 


Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes, y si alguno no pudiere ó no 

supiere escribir imprimirá su huella digital. 

ART. 94.- El escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 

(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 

I.- Copia Certificada del Acta de Nacimiento ó de la cédula de identificación 

personal de cada uno de los pretendientes ó bien un dictamen médico que 

compruebe la edad de ambos;

II.- La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se 

celebre, las personas a que se refieren los artículos (144, 145 y 146); 

III.- La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los 

pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para casarse. Si no 

hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse 

dos testigos por cada uno de ellos; 


IV.- Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de 

decir verdad, que los pretendientes no padecen enfermedad alguna, crónica e 

incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria. 

Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los 

médicos encargados de los servicios de sanidad de carácter oficial. 

V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes 

presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se 

expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de 

sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son 

menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento 

previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de 

presentar ese convenio ni aún a pretexto de que los pretendientes carecen de 

bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. 

Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 184 y 

186 y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, 

explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el 

convenio quede debidamente formulado. 

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo (18) fuere necesario que las 

capitulaciones matrimoniales consten en escrituras públicas, se acompañará un 

testimonio de esa escritura; 

VI.- Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los 

contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de divercio (sic) o 

de nulidad del matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere 

sido casado anteriormente; 

VII.- Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 

ART. 95.- En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, no 

puedan redactar el convenio a que se refiere la fracción V del artículo anterior, 

tendrá obligación de redactarlo el Oficial del Registro Civil, con los datos que los 

mismos pretendientes le suministren. 

ART. 96.- El Oficial del Registro Civil a quien se presente una solicitud de 

matrimonio que llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará

que los pretendientes y los ascendientes o tutores que deben prestar su 

consentimiento, reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las declaraciones 

de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo 94 serán ratificadas bajo 

protesta de decir verdad, ante el mismo Oficial del Registro Civil, éste cuando lo 

considere necesario, se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el 

Certificado médico presentado. 

ART. 97.- El matrimonio se celebrará dentro de los ocho días siguientes, en el 

lugar, día y hora que señale el Oficial del Registro Civil. 

ART. 98.- En el lugar, día y hora designados para la celebración del matrimonio, 

deberán estar presentes ante el Oficial del Registro Civil, los pretendientes o su 

apoderado especial constituido en la forma prevenida en el artículo 43 y dos 

testigos por cada uno de ellos que acrediten su identidad. 

Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de 

matrimonio, los documentos que con ella se hayan presentado y las diligencias 

practicadas, e interrogará a los testigos acerca de si los pretendientes son las 

mismas personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo, preguntará a 

cada uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y si están 

conformes, los declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad. 

ART. 99.- Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar: 

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los 

contrayentes; 

II.- Si son mayores o menores de edad; 

III.- Los nombres, apellidos, ocupación y domicilio de los padres; 


IV.- El consentimiento de éstos, de los abuelos ó tutores, ó el de las Autoridades 

que deban suplirlo, si son menores de edad los contrayentes; 

V.- Que no hubo impedimento para el matrimonio o que éste se dispensó; 


VI.- La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio y 

la de haber quedado unidos, que hará el Oficial del Registro Civil, en nombre de la 

Ley y de la Sociedad; 

VII.- La manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo el 

régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes;

VIII.- Los nombres, apellidos, edad, estado, u ocupación y domicilio de los 

testigos, su declaración sobre si son o no parientes de los contrayentes, y si lo 

son, en que grado y en que línea; 


IX.- Que se cumplieron las formalidades exigidas por el Artículo anterior. 

El Acta será firmada por el Oficial del Registro Civil, los contrayentes que además 

imprimirán las huellas digitales, de igual forma la firma de los testigos y demás 

personas que hubieren intervenido si supieren y pudieren hacerlo. 

ART. 100.- Los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho falso, los 

testigos que dolosamente afirmen la exactitud de las declaraciones de aquellos o 

su identidad, y los médicos que se produzcan falsamente al expedir el certificado a 

que se refiere la fracción IV del artículo 94, serán consignados al Ministerio 

Público para que ejercite la acción penal correspondiente, lo mismo se hará con 

las personas que fálsamente se hicieren pasar por padres o tutores de los 

pretendientes. 

ART. 101.- El Oficial del Registro Civil que tenga conocimiento de que los 

pretendientes tienen impedimento para contraer matrimonio, levantará una acta 

ante dos testigos, en la que hará constar los datos que le hagan suponer que 

existe el impedimento. Cuando haya denuncia se expresará en el acta el nombre, 

edad, ocupación, estado y domicilio del denunciante, insertándose al pié de la letra 

la denuncia. El acta firmada por los que en ella intervinieren, será remitida al Juez 

de Primera Instancia que corresponda, para que haga la calificación del 

impedimento. 

ART. 102.- Las denuncias de impedimento pueden hacerse por cualquiera 

persona. Las que sean falsas sujetan al denunciante a las penas establecidas 

para el falso testmionio (sic) en materia civil. Siempre que se declare no haber 

impedimento, el denunciante será condenado al pago de las costas, daños y 

perjuicios. 

ART. 103.- Antes de remitir el acta al Juez de Primera Instancia, el Oficial del 

Registro Civil hará saber a los pretendientes el impedimento denunciado, aunque 

sea relativo solamente a uno de ellos, absteniéndose de todo procedimiento 

ulterior hasta que la sentencia que decida el impedimento cause ejecutoria. 

ART. 104.- Las denuncias anónimas o hechas por cualquiera otro medio, si no se 

presentare personalmente el denunciante, sólo serán admitidas cuando estén 

comprobadas. En este caso, el Oficial del Registro Civil dará cuenta a la autoridad 

judicial de Primera Instancia que corresponda, y suspenderá todo procedimiento 

hasta que ésta resuelva.

ART. 105.- Denunciado un impedimento, el matrimonio no podrá celebrarse 

aunque el denunciante se desista, mientras no recaiga sentencia judicial que 

declare su inexistencia o se obtenga dispensa de él. 

ART. 106.- El Oficial del Registro Civil que autorice un matrimonio teniendo 

conocimiento de que haya impedimento legal, o de que éste se ha denunciado, 

será castigado como lo disponga el Código Penal. 

ART. 107.- Los Oficiales del Registro Civil sólo podrán negarse a autorizar un 

matrimonio, cuando por los términos de la solicitud, por el conocimiento de los 

interesados o por denuncia en forma, tuvieren noticia de que alguno de los 

pretendientes, o los dos, carecen de aptitud legal para celebrar el matrimonio. 


ART. 108.- El Oficial del Registro Civil que sin motivo justificado retarde la 

celebración de un matrimonio será castigado por la primera vez con una multa de 

quinientos pesos y en caso de reincidencia, con la destitución de su cargo. 

ART. 109.- El Oficial del Registro Civil que reciba una solicitud de matrimonio, está 

plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir 

verdad, todas las declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de 

su identidad y de su aptitud para contraer matrimonio. 

También podrá exigir declaración bajo protesta de los testigos que los interesados 

presenten, a las personas que figuren como padres o tutores de los pretendientes, 

y a los médicos que suscriben el certificado exigido por la fracción IV del artículo 

94. 

CAPITULO VIII. 

De las actas de divorcio. 

ART. 110.- La sentencia ejecutoria que decrete un divorcio se remitirá en copia al 

Oficial del Registro Civil para que levante el acta correspondiente. 

ART. 111.- El acta de divorcio expresará el nombre, apellido, edad, ocupación y 

domicilio de los divorciados, la fecha y lugar en que se celebró su matrimonio, y la 

parte resolutiva de la sentencia que haya decretado el divorcio. 

ART. 112.- Extendida el acta se anotarán las de nacimiento y matrimonio de los 

divorciados, y la copia de la sentencia mencionada se archivará con el mismo 

número del acta de divorcio. 

(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 

ART. 112 BIS.- En los casos en que las Actas de Nacimiento y Matrimonio de los 

divorciados se encuentren registrados ante diferentes Oficiales del Registro Civil,

la Drección (sic) General del Registro Civil ordenará que se envíe copia del Acta 

de Divorcio a los Oficiales del Registro Civil ante quienes se haya asentado las 

Actas de Nacimiento de los interesados, y la de Matrimonio, para que se hagan las 

anotaciones marginales relativas a la disolución del vínculo matrimonial. 

CAPITULO IX. 

De las actas de defunción. 


ART. 113.- Ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita del 

Oficial del Registro Civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento con 

el certificado de defunción expedido por médico o persona legalmente autorizada. 

La inhumación o cremación se efectuará en un lapso de 12 a 48 horas después 

del fallecimiento, salvo lo que se ordene por la autoridad que corresponda o en los 

casos en que la persona que falleció sea donador de órganos, el lapso podrá 

extenderse hasta las 72 horas. 


ART. 114.- En el Acta de Defunción se asentarán los datos que el Oficial del 

Registro Civil adquiera, ó la declaración que se le haga, y será firmada por dos 

testigos. Prefiriéndose para el caso, los parientes si los hay, ó los vecinos. Si la 

persona ha muerto fuera de su habitación uno de los testigos será aquél en cuya 

casa se haya verificado la Defunción, ó alguno de los vecinos más inmediatos. 

ART. 115.- El acta de fallecimiento contendrá: 


I.- El nombre, apellidos, edad, nacionalidad, sexo y domicilio que tuvo el difunto; 


II.- El estado civil de éste; y si era casado ó viudo, el nombre, apellidos y 

nacionalidad de su cónyuge; 


III.- Los nombres de los padres del difunto; 


IV.- La clase de enfermedad que determinó la muerte, el destino del cadáver, 

nombre y ubicación del panteón ó crematorio y número de orden del Oficial del 

Registro Civil; 


V.- La hora, día, mes, año y lugar de la muerte, y todos los informes que se 

obtengan en caso de muerte violenta;


VI.- Nombre, apellidos, número de cédula profesional y domicilio del médico que 

certifique la defunción; 

(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 

VII.- Nombre, apellidos, edad, y nacionalidad y domicilio del declarante y grado de 

parentezco (sic) en su caso, con el difunto; 

(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 

VIII.- Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos y si 

fueren parientes del difunto el grado en que lo sean. 

ART. 116.- Los dueños o habitantes de la casa en que ocurra el fallecimiento; los 

directores o administradores de las prisiones, hospitales, colegios u otra 

cualquiera casa de comunidad; los huéspedes de los mesones u hoteles y los 

caseros de las casas de vecindad tienen obligación de dar aviso del fallecimiento 

al Oficial del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes de la 

muerte. 

ART. 117.- Si el fallecimiento ocurriere en un lugar o población en donde haya 

oficina del Registro, la autoridad municipal extenderá la constancia respectiva que 

remitirá al Oficial del Registro Civil que corresponda, para que asiente el acta. 


ART. 118.- Cuando el Oficial del Registro Civil sospeche que la muerte fue 

violenta dará parte al Ministerio Público, comunicándole todos los informes que 

tenga, para que proceda a la averiguación conforme a Derecho; cuando el 

Ministerio Público averigüe un fallecimiento dará parte al Oficial del Registro Civil 

para que asiente el Acta respectiva, si se ignora el nombre del difunto se 

asentarán las señas de éste, las de los vestidos y objetos que con él se hubieren 

encontrado y en general todo lo que pueda conducir a identificar a la persona; y 

siempre que se adquieran mayores datos, se comunicarán al Oficial del Registro 

Civil para que los anote en el Acta. 

ART. 119.- En los casos de inundación, naufragio, incendio o cualquiera otro 

siniestro en que no sea fácil reconocer el cadáver, se formará el acta con los datos 

que ministren los que lo recogieron, expresando, en cuanto fuere posible, las 

señas del mismo y de los vestidos u objetos que en él se hayan encontrado. 

ART. 120.- Si no aparece el cadáver, pero hay certeza de que alguna persona ha 

sucumbido en el lugar del desastre, el acta contendrá el nombre de las personas 

que hayan conocido a la que no parece (sic), y las demás noticias que sobre el 

suceso puedan adquirirse. 


ART. 121.- Cuando alguna persona falleciere en lugar que no sea el de su origen, 

ni de su domicilio se remitirá a los Oficiales del Registro Civil respectivos Copias

Certificadas del Acta de Defunción para que se haga la anotación en la de 

Nacimiento y en las demás Actas que estén relacionadas con la misma. 

ART. 122.- El jefe de cualquier cuerpo o destacamento militar, tiene obligación de 

dar parte al Oficial del Registro Civil, de los muertos que haya habido en campaña, 

o en otro acto del servicio, especificándose la filiación. 

ART. 123.- El Oficial del Registro Civil observará en el caso previsto en el artículo 

anterior, lo dispuesto en el artículo 121. 

ART. 124.- En todos los casos de muerte violenta en las prisiones o en las casas 

de detención, no se hará en los registros mención de estas circunstancias y las 

actas solamente contendrán los demás requisitos que prescribe el artículo 115. 

ART. 125.- En los registros de nacimiento y matrimonio se hará referencia al acta 

de defunción, expresándose los folios en que consta ésta. 

CAPITULO X. 

Inscripción de las ejecutorias que declaren 

la incapacidad legal para administrar bienes, la ausencia 

o la presunción de muerte. 


ART. 126.- Las Autoridades Judiciales que declaren la ausencia, la presunción de 

muerte, la tutela ó la pérdida ó la limitación de la capacidad legal para administrar 

bienes, remitirán al Oficial del Registro Civil correspondiente, Copia Certificada de 

la Resolución Ejecutoriada respectiva ó auto de discernimiento, en el término de 

quince días, para que se realice la Inscripción en el Acta correspondiente. 

ART. 127.- El Oficial del Registro levantará el acta correspondiente, en la que 

insertará la resolución judicial que se le haya comunicado. 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 21 DE MAYO DE 1998) 

ART. 128.- Cuando se recobre la capacidad legal para administrar bienes, se 

revoque la adopción simple o la tutela, se presente la persona declarada ausente 

ó cuya muerte se presumía, se dará aviso al Oficial del Registro Civil por la 

autoridad que corresponda por conducto del mismo interesado para que cancele la 

inscripción a que se refiere el Artículo 126 de este Código. 


Las Actas a que se refiere el Artículo 127 contendrán el nombre, edad, estado civil 

y nacionalidad de la persona de que se trate, los puntos resolutivos de la 

Sentencia, fecha de ésta y Tribunal que la dictó.

CAPITULO XI. 

De la rectificación de las actas del estado Civil. 

ART. 129.- La rectificación o modificación de un acta del Estado civil, no puede 

hacerse sino ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste, salvo el 

reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo, el cual se sujetará 

a las prescripciones de este Código. 

ART. 130.- Ha lugar a pedir la rectificación: 

I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó; 

II.- Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea 

esencial o accidental. 

ART. 131.- Pueden pedir la rectificación de un acta del estado civil: 

I.- Las personas de cuyo estado se trata; 

II.- Las que se mencionan en el acta como relacionadas con el estado civil de 

alguno; 

III.- Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores; 

IV.- Los que según los artículos 343, 344 y 345 pueden continuar o intentar la 

acción de que en ellos se trata. 

ART. 132.- El juicio de rectificación de acta se seguirá en la forma que se 

establezca en el Código de Procedimientos Civiles. 


ART. 133.- La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al Oficial del Registro 

Civil y éste hará una referencia de ella al calce del Acta Impugnada, sea que el 

fallo conceda ó niegue la Rectificación. 

La aclaración de las Actas del Registro Civil, procede cuando, en el Registro 

existen errores mecanográficos, ortográficos ó de otra índole que no afecte los 

datos esenciales de aquellas y deberán tramitarse ante la Dirección General del 

registro Civil en el Estado. 

TITULO QUINTO. 

Del matrimonio.

CAPITULO I. 

De los esponsales. 

ART. 134.- La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada, 

constituye los esponsales. 

ART. 135.- Sólo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis 

años y la mujer que ha cumplido los catorce. 

ART. 136.- Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no 

producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus representantes 

legales. 

ART. 137.- Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, si en 

ellos puede estipularse pena alguna por no cumplir la promesa. 

ART. 138.- El que sin causa grave a juicio del juez, rehusare cumplir su 

compromiso de matrimonio o difiera indefinidamente su cumplimiento, pagará los 

gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio proyectado. 

En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave para el 

rompimiento de los esponsales. 

También pagará el prometido que sin causa grave falte a su compromiso, una 

indemnización a título de reparación moral, cuando por la duración del noviazgo la 

intimidad establecida entre los prometidos, la publicidad de las relaciones, la 

proximidad de matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de los 

esponsales cause un grave daño a la reputación del prometido inocente. 

La indemnización será prudentemente fijada en cada caso por el juez, teniendo en 

cuenta los recursos del prometido culpable y la gravedad del perjuicio causado al 

inocente. 

ART. 139.- Las acciones a que se refiere el artículo que precede, sólo pueden 

ejercitarse dentro de un año, contando desde el día de la negativa a la celebración 

del matrimonio. 

ART. 140.- Si el matrimonio no se celebra, tienen derecho los prometidos a exigir 

la devolución de lo que se hubieren donado con motivo de su concertado 

matrimonio. Este derecho durará un año, contando desde el rompimiento de los 

esponsales. 

CAPITULO II. 

De los requisitos para contraer matrimonio.

ART. 141.- El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la 

ley y con las formalidades que ella exige. 

ART. 142.- Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la 

ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá, por no puesta. 

ART. 143.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis 

años y la mujer catorce. El Gobierno del Estado puede conceder dispensa de edad 

por causas graves y justificadas. 

(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 1971) 

ART. 144.- El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden 

contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de su madre, si vivieren 

ambos, o del que sobreviva. 

ART. 145.- Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los 

tutores; y faltando éstos, el Juez de Primera Instancia de la residencia del menor 

suplirá el consentimiento. 

ART. 146.- Los interesados pueden ocurrir al Presidente Municipal respectivo 

cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que 

hubieren concedido. Las autoridades mencionadas, después de levantar una 

información sobre el particular, suplirán o no el consentimiento. 

ART. 147.- Si el juez en el caso del artículo 145, se niega a suplir el 

consentimiento para que se celebre un matrimonio, los interesados ocurrirán al 

Supremo Tribunal de Justicia, en los términos que disponga el Código de 

Procedimientos Civiles. 

ART. 148.- El ascendiente o tutor que ha prestado su consentimiento firmando la 

solicitud respectiva y rectificándola ante el Oficial del Registro Civil, no puede 

revocarlo después, a menos que haya justa causa para ello. 

ART. 149.- Si el ascendiente o tutor que ha firmado o ratificado la solicitud de 

matrimonio falleciere antes de que se celebre, su consentimiento no puede ser 

revocado por la persona, que en su defecto, tendría el derecho de otorgarlo, pero 

siempre que el matrimonio se verifique dentro del término fijado en el artículo 97. 

ART. 150.- El juez que hubiere autorizado a un menor para contraer matrimonio no 

podrá revocar el consentimiento, una vez que lo haya otorgado, si no por justa 

causa superveniente. 


ART. 151.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 

I.- La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada.

II.- La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del 

tutor o del juez en sus respectivos casos; 

III.- El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en 

la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el 

impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral 

desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que 

estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV.- El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 

V.- El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, 

cuando ese Adulterio haya sido judicialmente comprobado; 

VI.- El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio 

con el que quede libre; 


VII.- La fuerza y miedo graves, que pongan en peligro la vida de cualquiera de los 

cónyuges o cualquier otra forma que atente contra su integridad o perjudique su 

patrimonio, en caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada 

mientas esta no sea restituida a lugar seguro donde libremente pueda manifestar 

su voluntad. 

VIII.- La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y 

persistente de las demás drogas enervantes. La impotencia incurable para la 

cópula, la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, 

además, contagiosas o hereditarias; 

IX.- El idiotismo y la imbecilidad; 

X.- El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se 

pretenda contraer. 

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de 

consanguinidad en línea colateral desigual. 


ART. 152.- Bajo el régimen de adopción simple, el adoptante no puede contraer 

matrimonio con el adoptado o sus descendientes. 

ART. 153.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio con persona distinta 

sino hasta pasados 300 días después de la disolución anterior a menos que dentro 

de ese plazo diere a luz un hijo.

En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse ese tiempo desde que se 

interrumpió la cohabitación. 

ART. 154.- El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o 

está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá por 

el Presidente Municipal respetcivo (sic) sino cuando hayan sido aprobadas las 

cuentas de la tutela. 

Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de éste y del 

tutor. 

ART. 155.- Si el matrimonio se celebrare en contravención de lo dispuesto en el 

artículo anterior, el juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los 

bienes y los administre mientras se obtiene la dispensa. 

ART. 156.- Los efectos jurídicos de los matrimonios celebrados en el extranjero 

por mexicanos que lleguen al Estado, se regirán por lo dispuesto en los artículos 

13 y 161 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales. 

CAPITULO III. 

De los derechos y obligaciones 

que nacen del matrimonio. 


ART. 157.- Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los 

fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 


Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable 

el número y espaciamiento de sus hijos, para lograr su propia descendencia. Este 

derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges. 


ART. 158.- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. 


Se considera domicilio conyugal el lugar establecido de común acuerdo por los 

cónyuges y que sea en forma permanente, en el cual ambos disfrutan de autoridad 

propia y gozan de los mismos derechos y obligaciones. 

Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a 

alguno de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a 

no ser que lo haga en servicio público o social; o se establezca en lugar insalubre 

o indecoroso.


ART. 159.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del 

hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en 

los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y 

proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior, 

no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de 

bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para 

los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del 

hogar. 


ART. 159 BIS.- Se estimará como contribución económica al sostenimiento del 

hogar el desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos. 


ART. 160.- Los cónyuges y los hijos en materia de alimentos, tendrán derecho 

preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento 

económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para 

hacer efectivos estos derechos. 



ART. 162.- El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones 

iguales, por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo 

del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los 

bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar 

resolverá lo conducente. 



ART. 164.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, con los mismos 

derechos personales como marido y mujer de elegir profesión y ocupación ya sea 

política, social, cultural o religiosa; exceptuando aquellas que dañan la moral y las 

buenas costumbres de la familia. 




ART. 167.- El marido y la mujer, mayores de edad, tienen capacidad para 

administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u 

oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite

el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél 

salvo lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes. 

ART. 168.- El marido y la mujer, menores de edad, tendrán la administración de 

sus bienes, en los términos del artículo que precede, pero necesitarán autorización 

judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios 

judiciales. 



ART. 171.- El contrato de compra-venta sólo puede celebrarse entre los cónyuges 

cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes. 

ART. 172.- El marido y la mujer, durante el matrimonio, podrán ejercitar los 

derechos y acciones que tengan el uno en contra del otro, pero la prescripción 

entre ellos no corre mientras dura el matrimonio. 

CAPITULO IV. 

Del contrato de matrimonio con relación a los bienes. 

Disposiciones generales. 

ART. 173.- El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad 

conyugal, o bajo el de separación de bienes. 


ART. 174.- Las capitulaciones matrimoniales son pactos que los otorgantes 

celebran para constituir el régimen patrimonial de su matrimonio y reglamentar la 

administración de los bienes, la cual deberá recaer en ambos cónyuges, salvo 

pacto en contrario. 

ART. 175.- Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la 

celebración del matrimonio o durante él, y pueden comprender no solamente los 

bienes de que sean dueños los esposos en el momento de hacer el pacto, sino 

también los que adquieran después. 

ART. 176.- El menor que con arreglo a la ley pueda contraer matrimonio, puede 

también otorgar capitulaciones, las cuales serán válidas si a su otorgamiento 

concurren las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la 

celebración del matrimonio.

ART. 177.- Son nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o los 

naturales fines del matrimonio. 

CAPITULO V. 

De la sociedad conyugal. 

ART. 178.- La sociedad se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la 

constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las 

disposiciones relativas al contrato de sociedad. 

ART. 179.- La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. 

Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al 

formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes. 

ART. 180.- Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad 

conyugal, constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse 

copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para 

que la traslación sea válida. 

ART. 181.- En este caso, la alteración que se haga de las capitulaciones deberá 

también otorgarse en escritura pública, haciendo la respectiva anotación en el 

Protocolo en que se otorgaron las primitivas capitulaciones y en la inscripción del 

Registro Público de la Propiedad. Sin llenar estos requisitos, las alteraciones no 

producirán efecto contra tercero. 

ART. 182.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el 

matrimonio si así lo convienen los esposos; pero si éstos son menores de edad, 

deben intervenir en la disolución de la sociedad, prestando su consentimiento, las 

personas a que se refiere el artículo 176. 

Esta misma regla se observará cuando la sociedad conyugal se modifique durante 

la menor edad de los consortes. 


ART. 182-BIS.- En la sociedad conyugal salvo pacto en contrario que conste en 

las capitulaciones matrimoniales son propios de cada uno de los cónyuges: 

I. Los bienes y derechos que le pertenezcan al tiempo de celebrarse el 

matrimonio, y los que posea antes de éste, aunque no fuera dueño de ellos, si los 

adquiere por prescripción durante el matrimonio; 

II. Los bienes que adquiera después de contraído el matrimonio, por herencia, 

legado, donación o don de la fortuna;

III. Los bienes adquiridos por cualquier título propio que sea anterior al matrimonio, 

aunque la adjudicación se haya hecho después de la celebración de éste; siempre 

que todas las erogaciones que se generen para hacerlo efectivo, corran a cargo 

del dueño de éste; 

IV. Los bienes que se adquieran con el producto de la venta o permuta de bienes 

propios; 

V. Objetos de uso personal; 

VI. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, 

salvo cuando éstos integren o pertenezcan a un establecimiento o explotación de 

carácter común. No perderán el carácter de privativos por el hecho de haber sido 

adquiridos con fondos comunes, pero en este caso el otro cónyuge que los 

conserve, deberá pagar a otro en la proporción que corresponda; y 

VII. Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de contraer 

matrimonio, tendrán el carácter de privativo cuando la totalidad o parte del precio 

aplazado se satisfaga con dinero propio del mismo cónyuge. Se exceptúan la 

vivienda, enseres y menaje familiares. 

ART. 183.- Puede también terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio, a 

petición de alguno de los cónyuges, por los siguientes motivos: 

I.- Si el socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, 

amenaza arruinar a su consocio o disminuir considerablemente los bienes 

comunes; 

II.- Cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus acreedores, o es 

declarado en quiebra. 


III.- Cuando uno de los cónyuges, sin el consentimiento expreso del otro, hace 

cesión de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. 


IV. Por cualquiera otra razón que lo justifique a juicio del órgano jurisdiccional 

competente. 


ART. 183 BIS.- El cónyuge culpable de acuerdo a la fracción I del artículo anterior 

perderá su derecho a la parte correspondiente, de dichos bienes a favor del otro 

cónyuge. En caso de que los bienes dejen de formar parte de la sociedad de 

bienes, este cónyuge deberá pagar al otro la parte que le corresponda de dichos 

bienes, así como los daños y perjuicios que se le ocasionen.

ART. 184.- Las capitulaciones Matrimoniales en que se establezca la sociedad 

conyugal, deben contener: 

I.- La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la 

sociedad, con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten; 

II.- Lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la 

sociedad; 

III.- Nota permenorizada (sic) de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el 

matrimonio, con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o 

únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sean por ambos 

consortes o por cualquiera de ellos; 

IV.- La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos 

los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso 

cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad; 

V.- La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los 

bienes todos de los consortes, o solamente sus productos. En uno y en otro caso 

se determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos 

corresponda a cada cónyuge; 

VI.- La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde 

exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al 

otro consorte y en qué proporción; 

VII.- La declaración terminante acerca de quien debe ser el administrador de la 

sociedad, expresándose con claridad las facultades que se le conceden. 

VIII.- La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges 

durante el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquiriente, o si deben 

repartirse entre ellos y en qué proporción; 

IX.- Las bases para liquidar la sociedad. 

ART. 185.- Es nula la capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya de 

percibir todas las utilidades; así como la que establezca que alguno de ellos sea 

responsable por las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que 

proporcionalmente corresponda a su capital o utilidades. 

ART. 186.- Cuando se establezca que uno de los consortes sólo debe recibir una 

cantidad fija, el otro consorte o sus herederos deben pagar la suma convenida, 

haya o no utilidad en la sociedad.

ART. 187.- Todo pacto que imparte cesión de de (sic) una parte de los bienes 

propios de cada cónyuge, será considerado como donación y quedará sujeto a lo 

prevenido en el Capítulo VIII de este Título. 

ART. 188.- No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten de 

la sociedad conyugal; pero disuelto el matrimonio o establecida la separación de 

bienes, pueden los cónyuges renunciar a las ganancias que les correspondan. 

ART. 189.- El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras 

subsista la sociedad. 

ART. 190.- La sentencia que declare la ausencia de alguno de los cónyuges, 

modifica o suspende la sociedad conyugal en los casos señalados en este Código. 

ART. 191.- El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio 

conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, 

los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán 

comenzar de nuevo sino por convenio expreso. 

ART. 192.- La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por 

voluntad de los consortes, por la sentencia que declare la presunción de muerte 

del cónyuge ausente y en los casos previstos en el artículo 183. 

ART. 193.- En los casos de nulidad, la sociedad se considera subsistente hasta 

que se pronuncie sentencia ejecutoria, si los dos cónyuges procedieron de buena 

fe. 

ART. 194.- Cuando uno solo de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá 

hasta que cause ejecutoria la sentencia, si la continuación es favorable al cónyuge 

inocente; en caso contrario se considerará nula desde un principio. 

ART. 195.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considera 

nula desde la celebración del matrimonio, quedando en todo caso a salvo los 

derechos que un tercero tuviere contra el fondo social. 

ART. 196.- Si la disolución de la sociedad procede de nulidad de matrimonio, el 

consorte que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Estas se 

aplicarán a los hijos, y si no los hubiere al cónyuge inocente. 

ART. 197.- Si los dos procedieron de mala fé, las utilidades se aplicarán a los 

hijos, y si no los hubiere, se repartirán en proporción de lo que cada consorte llevó 

al matrimonio. 


ART. 198.- Disuelta la sociedad, se procederá a formar inventario, en el cual no se 

incluirán el lecho, los vestidos ordinarios y los objetos de uso personal o de trabajo 

de los cónyuges, que serán de éstos o de sus herederos.

ART. 199.- Terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el 

fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio, y el 

sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. 

En caso de que hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de 

cada consorte en proporción a las utilidades que debían corresponderles, y si uno 

solo llevó capital, de éste se deducirá la pérdida total. 

ART. 200.- Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la 

posesión y administración del fondo social, con la intervención del representante 

de la sucesión, mientras no se verifique la partición. 

ART. 201.- Todo lo relativo a la formación de inventarios y solemnidades de la 

partición y adjudicación de los bienes, se regirán por lo que disponga el Código de 


CAPITULO VI. 

De la separación de bienes. 

ART. 202.- Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones 

anteriores al matrimonio, o durante éste, por convenio de los consortes, o bien por 

sentencia judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que 

sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que 

adquieran después. 

ART. 203.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo 

caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, 

serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos. 

ART. 204.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser 

substituída por la sociedad conyugal; pero si los consortes son menores de edad 

se observará lo dispuesto en el artículo 176. 

Lo mismo se observará cuando las capitulaciones de separación se modifiquen 

durante la menor edad de los cónyuges. 

ART. 205.- No es necesario que consten en escritura pública las capitulaciones en 

que se pacte la separación de bienes, antes de la celebración del matrimonio. Si 

se pacta durante el matrimonio, se observarán las formalidades exigidas para la 

transmisión de los bienes de que se trate. 

ART. 206.- Las capitulaciones que establezcan separación de bienes, siempre 

contendrán un inventario de los bienes de que sea dueño cada esposo al

celebrarse el matrimonio, y nota especificada de las deudas que al casarse tenga 

cada consorte. 

ART. 207.- En el régimen de separación de bienes los cónyuges conservarán la 

propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, 

por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán 

comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. 

ART. 208.- Serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, 

sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales, por el 

desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria. 


ART. 210.- Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, 

herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, entre 

tanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con 

acuerdo del otro; pero en este caso el que administra será considerado como 

mandatario. 

ART. 211.- Ni el marido podrá cobrar a la mujer, ni ésta a aquel, retribución u 

honorario alguno por los servicios personales que le prestare, o por los consejos y 

asistencia que le diere; pero si uno de los consortes, por causa de ausencia o de 

impedimento del otro, no originado por enfermedad, se encargare temporalmente 

de la administración de sus bienes, tendrá derecho a que se le retribuya por este 

servicio, en proporción a su importancia y al resultado que produjere. 

ART. 212.- El marido y la mujer que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, 

por partes iguales la mitad del usufructo que la ley les concede. 

ART. 213.- El marido responde a la mujer y ésta a aquél de los daños y perjuicios 

que le cause por dolo, culpa o negligencia. 

CAPITULO VII. 

De las donaciones antenupciales. 

ART. 214.- Se llaman antenupciales las donaciones que antes del matrimonio 

hace un esposo al otro, cualquiera que se (sic) el nombre que la costumbre les 

haya dado. 

ART. 215.- Son también donaciones antenupciales las que un extraño hace a 

alguno de los esposos o a ambos, en consideración al matrimonio.

ART. 216.- Las donaciones antenupciales entre esposos, aunque fueren varias, no 

podrán exceder reunidas de la sexta parte de los bienes del donante. En el exceso 

la donación será inoficiosa. 

ART. 217.- Las donaciones antenupciales hechas por un extraño, serán inoficiosas 

en los términos en que lo fueren las comunes. 

ART. 218.- Para calcular si es inoficiosa una donación antenupcial, tiene el esposo 

donatario y sus herederos la facultad de elegir la época en que se hizo la donación 

o la del fallecimiento del donador. 

ART. 219.- Si al hacerse la donación no se formó inventario de los bienes del 

donador, no podrá elegirse la época en que aquella se otorgó. 

ART. 220.- Las donaciones antenupciales no necesitan para su validez de 

aceptación expresa. 

ART. 221.- Las donaciones antenupciales no se revocan por sobrevenir hijos al 

donante. 

ART. 222.- Tampoco se revocarán por ingratitud, a no ser que el donante fuere un 

extraño, que la donación haya sido hecha a ambos esposos y que los dos sean 

ingratos. 


ART. 223.- Las donaciones antenupciales hechas entre los futuros cónyuges 

serán revocadas cuando, durante el matrimonio, el donatario realiza conductas de 

adulterio, violencia familiar, abandono de las obligaciones alimentarias, abandono 

injustificado del domicilio conyugal por parte del donatario u otras que sean graves 

a juicio del Juez, cometidas en perjuicio del donante o sus hijos. 

ART. 224.- Los menores pueden hacer donaciones antenupciales, pero sólo con 

intervención de sus padres o tutores, o con aprobación judicial. 


ART. 225.- Las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si el matrimonio 

dejare de efectuarse. Los donantes tienen el derecho de exigir la devolución de lo 

que hubieren dado con motivo del matrimonio a partir del momento en que 

tuvieron conocimiento de la no celebración de éste. 

ART. 226.- Son aplicables a las donaciones antenupciales las reglas de las 

donaciones comunes, en todo lo que no fueren contrarias a este capítulo. 


De las donaciones entre consortes.

ART. 227.- Los consortes pueden hacerse donaciones; pero sólo se confirman con 

la muerte del donante, con tal de que no sean contrarios a las capitulaciones 

matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes a 

recibir alimentos. 

ART. 228.- Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas libremente y en 

todo tiempo por los donantes. 

ART. 229.- Estas donaciones no se anularán por la supervivencia (sic) de hijos, 

pero se reducirán cuando sean inoficiosas, en los mismos términos que las 

comunes. 

CAPITULO IX. 

De los matrimonois (sic) nulos e ilícitos. 

ART. 230.- Son causas de nulidad de un matrimonio: 

I.- El error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un 

cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra; 


II. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los 

impedimentos enumerados en el artículo 151; siempre que no haya sido 

dispensado en los casos que proceda. 

III.- Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 93, 94, 

96, 98 y 99. 

ART. 231.- La acción de nulidad que nace de error, sólo puede deducirse por el 

cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error dentro de los siguientes 

cinco días a la fecha en que lo advierte, se tiene por ratificado el consentimiento y 

queda subsistente el matrimonio, a no ser que exista algún otro impedimento que 

lo anule. 

ART. 232.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la 

mujer dejará de ser causa de nulidad: 

I.- Cuando haya habido hijos. 

(REFORMADA, P.O. 17 DE ENERO DE 1971) 

II.- Cuando, aunque no los haya habido, el menor hubiere llegado a los dieciocho 

años; y ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado la nulidad. 


ART. 233.- La nulidad por falta de consentimiento de los que ejercen la patria 

potestad o tutela sólo podrá alegarse por aquel o aquellos a quienes tocaba 

prestar dicho consentimiento, y dentro de treinta días contados desde que tengan 

conocimiento del matrimonio 

ART. 234.- Cesa esta causa de nulidad: 

I.- Si se han pasado los treinta días sin que se haya pedido; 


II. Si dentro de este término, los que ejercen la patria potestad o tutela han 

consentido expresamente en el matrimonio, o tácitamente, haciendo donación a 

los hijos en consideración al matrimonio, recibiendo a los consortes a vivir en su 

casa, presentando a la prole como legítima al Registro Civil, o practicando otros 

actos que a juicio del juez sean tan conducentes al efecto, como los expresados. 

ART. 235.- La nulidad por falta de consentimiento del tutor o del juez, podrá 

pedirse dentro del término de treinta días por cualquiera de los cónyuges, o por el 

tutor; pero dicha causa de nulidad cesará si antes de presentarse demanda en 

forma sobre ella se obtiene la ratificación del tutor o la autorización judicial, 

confirmando el matrimonio. 

ART. 236.- El parentesco de consanguinidad no dispensado anula el matrimonio, 

pero si después se obtuviere dispensa y ambos cónyuges, reconocida la nulidad, 

quisieren espontáneamente reiterar su consentimiento por medio de un acta ante 

el Oficial del Registro Civil, quedará revalidado el matrimonio y surtirá todos sus 

efectos legales desde el día en que primeramente se contrajo. 

ART. 237.- La acción que nace de esta clase de nulidad y la que dimana del 

parentesco de afinidad en línea recta, pueden ejercitarse por cualquiera de los 

cónyuges por sus ascendientes y por el Ministerio Público. 

ART. 238.- La acción de nulidad que nace de la causa prevista en la fracción V del 

artículo 151, podrá deducirse por el cónyuge ofendido o por el Ministerio Público, 

en el caso de disolución del matrimonio anterior por causa de divorcio; y sólo por 

el Ministerio Público, si este matrimonio se ha disuelto por muerte del cónyuge 

ofendido. 

En uno y en otro caso, la acción debe intentarse dentro de los seis meses 

siguientes a la celebración del matrimonio de los adúlteros. 

ART. 239.- La acción de nulidad proveniente del atentado contra la vida de alguno 

de los cónyuges para casarse con el que quede libre, puede ser deducida por los 

hijos del cónyuge víctima del atentado, o por el Ministerio Público, dentro del 

término de seis meses, contados desde que se celebró el nuevo matrimonio. 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004)

ART. 240.- El miedo y la violencia física o moral serán causa de nulidad del 

matrimonio si concurren las circunstancias siguientes: 

I.- Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud 

o una parte considerable de los bienes; 


II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge a la persona o 

personas que le tienen bajo su patria potestad o tutela al celebrarse el matrimonio 

o a sus demás ascendientes, descendientes o a sus parientes colaterales dentro 

del segundo grado. 

III.- Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio. 

La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el 

cónyuge agraviado, dentro de sesenta días desde la fecha en que cesó la 

violencia o intimidación. 

ART. 241.- La nulidad que se funde en alguna de las causas expresadas en la 

fracción VIII del artículo 151, sólo puede ser pedida por los cónyuges, dentro del 

término de sesenta días contados desde que se celebró el matrimonio. 

ART. 242.- Tienen derecho de pedir la nulidad a que se refiere la fracción IX del 

artículo 151, el otro cónyuge o el tutor del incapacitado. 

ART. 243.- El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraerse 

el segundo, anula éste aunque se contraiga de buena fe, creyéndose 

fundadamente que el consorte anterior había muerto. La acción que nace de esta 

causa de nulidad puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus 

hijos o herederos, y por los cónyuges que contrajeron el segundo. No 

deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, la deducirá el Ministerio 

Público. 

ART. 244.- La nulidad que se funde en la falta de formalidades esenciales para la 

validez del matrimonio, puede alegarse por los cónyuges y por cualquiera que 

tenga interés en probar que no hay matrimonio. También podrá declararse esa 

nulidad a instancia del Ministerio Público. 

ART. 245.- No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el 

acta de matrimonio celebrado ante el Oficial del Registro Civil, cuando a la 

existencia del acta se una la posesión de estado matrimonial. 

ART. 246.- El derecho para demandar la nulidad del matrimonio corresponde a 

quienes la ley lo concede expresamente, y no es transmisible por herencia ni de 

cualquiera otra manera. Sin embargo, los herederos podrán continuar la demanda 

de nulidad entablada por aquel a quien heredan.

ART. 247.- Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el Tribunal de Oficio, 

enviará copia certificada de ella al Oficial del Registro Civil ante quien pasó el 

matrimonio, para que al margen del acta ponga nota circunstanciada en que 

conste: la parte resolutiva de la sentencia, su fecha, el Tribunal que la pronunció y 

el número con que se marcó la copia, la cual será depositada en el archivo. 

ART. 248.- El matrimonio tiene a su favor la presunción de ser válido; sólo se 

considerará nulo cuando así lo declare una sentencia que cause ejecutoria. 

ART. 249.- Los cónyuges no pueden celebrar transacción ni compromiso en 

árbitrios (sic), acerca de la nulidad del matrimonio. 

ART. 250.- El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, 

produce todos sus efectos civiles en favor de los cónyuges mientras dure; y en 

todo tiempo, en favor de los hijos nacidos antes de la celebración del matrimonio, 

durante él y trescientos días después de la declaración de nulidad, si no se 

hubieren separado los consortes, o desde su separación en caso contrario. 

ART. 251.- Si ha habido buena fe de parte de uno de los cónyuges, el matrimonio 

produce efectos civiles únicamente respecto de él y de los hijos. 

Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes, el matrimonio produce efectos 

civiles solamente respecto de los hijos. 

ART. 252.- La buena fe se presume; para destruir esta presunción se requiere 

prueba plena. 

ART. 253.- Si la demanda de nulidad fuere entablada por uno solo de los 

cónyuges, desde luego se dictarán las medidas provisionales que establece el 

artículo. 


ART. 254.- Si de parte de ambos cónyuges hubiere buena fe, luego que la 

sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, el padre y la madre propondrán la forma 

y términos del cuidado y la custodia de los hijos y el Juez resolverá a su criterio de 

acuerdo con las circunstancias del caso. 


Escuchando previamente a los menores y al Ministerio Público, en los términos de 

la fracción VI del artículo 277 de este ordenamiento. 

ART. 255.- Si uno solo de los cónyuges ha procedido de buena fe, quedarán todos 

los hijos bajo su cuidado; pero siempre, y aún tratándose de divorcio, las hijas e 

hijos menores de cinco años se mantendrán al cuidado de la madre hasta que 

cumplan esta edad, a menos que la madre se dedicara a la prostitución, al 

lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriagarse, tuviere alguna enfermedad

contagiosa o por su conducta ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad 

de sus hijos. 

ART. 256.- Declarada la nulidad del matrimonio se procederá a la división de los 

bienes comunes. Los productos repartibles si los dos cónyuges hubieren 

procedido de buena fe, se dividirán entre ellos en la forma convenida en las 

capitulaciones matrimoniales; si solo hubiere habido buena fe por parte de uno de 

los cónyuges, a éste se aplicarán íntegramente esos productos. Si ha habido mala 

fe de parte de ambos cónyuges, los productos se aplicarán a favor de los hijos. 

ART. 257.- Declarada la nulidad del matrimonio, se observarán respecto de las 

donaciones antenupciales las reglas siguientes: 

I.- Las hechas por un tercero a los cónyuges podrán ser revocadas; 

II.- Las que hizo el cónyuge inocente al culpable quedarán sin efecto y las cosas 

que fueron objeto de ellas se devolverán al donante con todos sus productos; 

III.- Las hechas el (sic) inocente por el cónyuge que obró de mala fe quedarán 

subsistentes; 

IV.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las donaciones que se hayan 

hecho quedarán a favor de sus hijos. Si no los tienen, no podrán hacer los 

donantes reclamación alguna con motivo de la liberalidad. 

ART. 258.- Si al declararse la nulidad del matrimonio la mujer estuviere encinta, se 

tomarán las precauciones a que se refiere el capítulo primero del título quinto del 

libro tercero. 

ART. 259.- Es ilícito, pero no nulo el matrimonio: 

I.- Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que 

sea susceptible de dispensa; 

II.- Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 154, y 

cuando se celebre sin que hayan transcurrido los términos fijados en los artículos 

153 y 289. 

ART. 260.- Los que infrinjan el artículo anterior, así como los que siendo mayores 

de edad contraigan matrimonio con un menor sin autorización de los padres de 

éste, del tutor o del juez en sus respectivos casos, y los que autoricen esos 

matrimonios, incurrirán en las penas que señala el Código de la materia. 

CAPITULO X. 

Del divorcio.

ART. 261.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en 

aptitud de contraer otro. 


ART. 262.- Son causales de divorcio: 

I.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

II.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido 

antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado legítimo (sic); 


III. La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, ejercitando la fuerza, la 

coerción, el chantaje, el soborno, la intimidación o la amenaza, para realizar un 

acto sexualmente no deseado, no sólo cuando él mismo lo haya hecho 

directamente, sino también cuando se pruebe que ha recibido cualquier 

remuneración con el objeto expreso de permitir que se tenga relaciones sexuales 

con ella o con él; 


IV.- La incitación o la violencia física, emocional o psicológica, hecha por un 

cónyuge al otro para cometer algún delito o acto en contra de su voluntad que 

atente contra la integridad y desarrollo de su persona; 

V.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de 

corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; 


VI. Padecer cualquier enfermedad crónica e incurable que sea además, 

contagiosa o hereditaria, y la impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no 

tenga su origen en la edad avanzada; 


VII. Padecer trastorno mental incurable, previa declaración judicial de interdicción 

que se haga respecto del cónyuge enfermo; 


VIII.- El abandono del hogar conyugal por más de seis meses sin causa justificada, 

así como el incumplimiento de las obligaciones que surjan del matrimonio y el 

abandono del hogar conyugal originado por una causa que sea bastante para 

pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se 

separó entable la demanda de divorcio; 

(REFORMADA, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004)

IX.- La declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte, 

en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta, que 

proceda la declaración de ausencia; 


X.- La sevicia, las amenazas o las injurias, y las conductas de violencia familiar 

cometidas por uno de los cónyuges contra el otro, hacia los hijos de ambos, de 

alguno de ellos, o de los ascendientes y descendientes que vivan o estén en el 

mismo domicilio; 


XI. La negativa injustificada de los cónyuges en darse alimentos de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 159, sin que sea necesario agotar previamente los 

procedimientos tendientes a su cumplimiento; 

XII.- La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro; por el delito 

que merezca pena mayor de dos años de prisión; 

XIII.- Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que 

sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años; 


XIV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso no terapéutico de las 

sustancias ilícitas a que hace referencia la Ley General de Salud y las lícitas no 

destinadas a ese uso, que produzcan efectos psicotrópicos, cuando amenazan 

causar la ruina de la familia, o constituyen un continuo motivo de desavenencia 

conyugal; 


XV. Cometer un cónyuge contra la persona o bienes del otro, o de los hijos, un 

acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga 

señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión; 

XVI.- El mutuo consentimiento. 


XVII. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades 

administrativas o judiciales que se hayan ordenado, tendientes a corregir los actos 

de violencia familiar; y 


XVIII. La separación de los cónyuges por más de dos años sea cualquiera la 

causa que haya llevado a dicha separación, lo cual podrá ser reclamado 

indistintamente por alguno de ellos. 

ART. 263.- Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio 

por causa que no haya justificado o que haya resultado insuficiente, el demandado

tiene a su vez derecho para pedir el divorcio, pero no puede hacerlo sino pasados 

tres meses de la notificación de la sentencia que haya causado ejecutoria. Durante 

estos tres meses los cónyuges no están obligados a vivir juntos. 


ART. 264.- Cualquiera de los esposos puede pedir el divorcio por el adulterio de 

su cónyuge. Esta acción precluye en seis meses, contados desde que se tuvo 

conocimiento del adulterio. 

ART. 265.- Son causas de divorcio los actos inmorales ejecutados por el marido o 

por la mujer con el fin de corromper a los hijos, ya lo sean éstos de ambos, ya de 

uno solo de ellos. La tolerancia en la corrupción que da derecho a pedir el divorcio, 

debe consistir en actos positivos y no en simples omisiones. 

ART. 266.- Para que pueda pedirse el divorcio por causa de enajenación mental 

que se considere incurable, es necesario que hayan transcurrido dos años desde 

que comenzó a padecerse la enfermedad. 


ART. 267.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores 

de edad, no tengan hijos o teniéndolos éstos sean mayores de 28 años y no sean 

incapaces, de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese 

régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el Oficial del Registro 

Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas 

que son casados y mayores de edad, y manifestarán de una manera terminante y 

explícita su voluntad de divorciarse. 

El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará un 

acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges para que 

se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen la ratificación, el 

Oficial del Registro Civil los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y 

haciendo la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior. 

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos menores de 28 (sic) años o incapaces sin importar edad, 

son menores de edad los cónyuges o no han liquidado su sociedad conyugal, 

entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca el Código de la materia. 

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores párrafos 

de este artículo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo al juez 

competente en los términos que ordena el Código de Procedimientos Civiles. 

ART. 268.- El divorcio por mutuo consentimiento no puede pedirse sino pasados 

dos años de celebración del matrimonio.

ART. 269.- Mientras se decreta el divorcio el juez autorizará la separación de los 

cónyuges de una manera provisional y dictará las medidas necesarias para 

asegurar la subsistencia de los hijos a quienes haya obligación de dar alimentos. 


ART. 270.- Los cónyuges que se encuentran en el caso del último párrafo del 

Artículo 267, están obligados a presentar al Juzgado un convenio en que se fijen 

los siguientes puntos: 

I.- Designación de persona a quien sean confiados los hijos del matrimonio, tanto 

durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio; 

II.- El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el 

procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio; 


III.- La casa que servirá de habitación a cada cónyuge y a los hijos durante el 

procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio, obligándose ambos a 

comunicar los cambios de domicilio aun después de decretado el Divorcio, si hay 

menores o incapaces u obligaciones alimenticias. 

IV.- La cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe pagar al otro durante el 

procedimiento, la forma de hacer el pago y la garantía que debe darse para 

asegurarlo; 

V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el 

procedimiento, y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, 

así como la designación de liquidadores. A ese efecto se acompañará un 

inventario y avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad. 

ART. 271.- Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo 

consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, con tal de 

que el divorcio no hubiere sido decretado. En este caso no podrán volver a 

solicitar el divorcio por mutuo consentimiento sino pasados dos años que se 

contarán desde la fecha de su reconciliación. 

ART. 272.- El cónyuge que no quiera pedir el divorcio fundado en las causas 

enumeradas en las fracciones VI y VII del artículo 262, podrá, sin embargo, 

solicitar que se suspenda su obligación de cohabitar con el otro cónyuge y el juez, 

con conocimiento de causa, podrá decretar esa suspensión; quedando 

subsistentes las demás obligaciones creadas por el matrimonio. 

ART. 273.- El divorcio solo puede ser demandado por el cónyuge que no haya 

dada (sic) causa a él, y dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan 

llegado a su noticia los hechos en que se funde la demanda.

ART. 274.- Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 262 pueden alegarse 

para pedir el divorcio cuando haya mediado perdón expreso o tácito. 

ART. 275.- La reconciliación de los cónyuges pone término al juicio de divorcio en 

cualquier estado en que se encuentre, si aún no hubiere sentencia ejecutoria. En 

este caso los interesados deberán denunciar su reconciliación al juez, sin que la 

omisión de esta denuncia destruya los efectos producidos por la reconciliación. 

ART. 276.- El cónyuge que no haya dado causa al divorcio, puede antes de que se 

pronuncie la sentencia que ponga fin al litigio, prescindir de sus derechos y obligar 

al otro a reunirse con él, más en este caso, no puede pedir de nuevo el divorcio 

por los mismos hechos que motivaron el juicio anterior, pero sí por otros nuevos, 

aunque sean de la misma especie. 


ART. 277.- Al admitirse la demanda del divorcio, o antes si hubiere urgencia, se 

dictarán provisionalmente y solo mientras dure el juicio, las disposiciones 

siguientes: 

I.- (DEROGADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1997) 


II.- Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de 

Procedimientos Civiles; 

III.- Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al 

cónyuge acreedor, y a los hijos; 


IV.- Dictar las medidas que se estimen convenientes para que los cónyuges no se 

pueden causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad 

conyugal, en su caso, así como la manera de administrar los bienes de la 

sociedad conyugal durante el procedimiento, y la de liquidar dicha sociedad 

después de ejecutoriado el divorcio, así como la designación de liquidadores. A 

ese efecto se acompañará un inventario y avalúo de todos los bienes muebles e 

inmuebles de la sociedad; 

V.- Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la 

mujer que quede encinta; 


VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren 

designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, 

el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar 

provisionalmente los hijos. El juez previo el procedimiento que fije el Código 

respectivo, resolverá lo conducente.

Salvo peligro para el normal desarrollo de los hijos, y bajo las consideraciones del 

juez, los menores de siete años quedarán al cuidado de la madre, escuchando si 

fuera conveniente la opinión del menor. Así mismo el juez de lo familiar, resolverá 

lo conducente. 


VII. Prohibir a los cónyuges que ocurran al domicilio o lugar determinado del otro 

cónyuge o viceversa, y tomar las medidas necesarias para evitar actos de 

violencia familiar, en su honor, en sus respectivos bienes, así como en los de la 

sociedad conyugal o en los de sus hijos en su caso. 


VIII. El Juez resolverá teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes 

podrán ser escuchados con las modalidades del derecho de visita o convivencia 

con sus padres. 


IX.- Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran 

otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2596 de este Código; y 


X. Las demás que considere necesarias. 

ART. 278.- La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, conforme a las 

reglas siguientes: 


Primera.- Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida en las fracciones I, 

II, III, IV, V, VIII, XIII y XIV del artículo 262, los hijos quedarán bajo la custodia del 

cónyuge no culpable. Si los dos fueren culpables, quedarán bajo la custodia del 

ascendiente que corresponda, y si no lo hubiere se nombrará tutor. 

En los casos particulares de las causales de divorcio arriba señaladas, el Juez 

deberá analizar las consideraciones particulares de cada caso, para ver si es 

pertinente declarar la pérdida de la patria potestad al cónyuge culpable. 


Segunda.- Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida en las fracciones 

IX, X, XI, XII y XV del artículo 262, los hijos quedarán bajo la custodia del cónyuge 

inocente; pero a la muerte de éste, el cónyuge culpable recuperará la custodia. 

En los casos particulares de las causales de divorcio arriba señaladas, el Juez 

deberá analizar las consideraciones particulares de cada caso, para ver si es 

pertinente declarar la pérdida de la patria potestad al cónyuge culpable. 

Si los dos cónyuges fueren culpables y existan elementos para ello, el Juez les 

suspenderá el ejercicio de la patria potestad hasta la muerte de uno de ellos,

ecobrándola el otro al acaecer ésta. Entretanto, los hijos quedarán bajo la patria 

potestad del ascendiente que corresponda, y si no hay quien la ejerza, se les 

nombrará tutor. 

Tercera.- En caso de las fracciones VI y VII del artículo 262, los hijos quedarán en 

poder del cónyuge sano; pero el consorte enfermo conservará los demás derechos 

sobre la persona y bienes de sus hijos. 


ART. 278 BIS.- En la sentencia de divorcio se observará en ella: la protección para 

los hijos que incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias 

para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser 

suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 973 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Durango, para el caso de los mayores 

incapaces sujetos a la tutela de alguno de los excónyuges, en la sentencia de 

divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su 

protección. 

Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los 

excónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas a que 

se refiere este artículo para su protección. 


ART. 279.- Antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o 

tutela de los hijos, podrán acordar los tribunales, a petición de los abuelos, tíos o 

hermanos mayores o el Ministerio Público, cualquiera providencia que se 

considere benéfica a los menores o incapaces. 

ART. 280.- El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos 

a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos. 

ART. 281.- El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se le 

hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a 

éste; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su 

provecho. 


ART. 282.- Ejecutoriado el divorcio, se procederá desde luego a la división de los 

bienes comunes, se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las 

obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges, o con relación a los hijos. 

Los consortes divorciados tendrán obligación de contribuir en proporción a sus 

bienes e ingresos, a las necesidades de subsistencia y educación de los hijos, de 

conformidad con el artículo 303 de este ordenamiento. 


ART. 283.- En los casos de divorcio el cónyuge inocente tendrá derecho a 

alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias, se una en concubinato o deje de

vivir honestamente, o cuando se encuentre imposibilitado para trabajar y no tenga 

bienes propios para subsistir. Además cuando por el divorcio se originen daños y 

perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos 

como autor de un hecho ilícito. 

En el divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no 

tienen derecho a pensión alimenticia, ni a la indemnización que concede este 

artículo. 

ART. 284.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad 

para contraer nuevo matrimonio. 

El cónyuge que haya dado causa al divorcio no podrá volver a casarse con 

persona distinta sino después de dos años, a contar desde que se efectuó el 

divorcio. 

Para que los cónyuges que se divorcian voluntariamente puedan volver a contraer 

matrimonio con persona distinta, es indispensable que haya transcurrido un año 

desde que obtuvieron el divorcio. 

ART. 285.- La muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio, y los 

herederos del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrán si no 

hubiere existido dicho juicio. 

ART. 286.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez de Primera Instancia 

remitirá copia de ella al Oficial del Registro Civil ante quien se celebró el 

matrimonio, para que levante el acta correspondiente, y además, para que 

publique un extracto de la resolución, durante quince días, en las tablas 

destinadas al efecto. 

(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 18 DE ABRIL 

DE 2004) 

CAPITULO XI 

DEL CONCUBINATO 


ART. 286-1.- El concubinato es la unión de un solo hombre y una sola mujer, libres 

de impedimentos de parentesco y ligamen matrimonial, con el propósito tácito o 

expreso de integrar una familia a través de la cohabitación doméstica y sexual, el 

respeto y la protección recíproca, así como la perpetuación de la especie. 

Para que exista concubinato jurídicamente es necesario que la unión entre el 

concubino y la concubina, cumpla con los fines a que se refiere el párrafo anterior 

y que esta unión se prolongue por un periodo mínimo de cinco años, de manera 

pública y permanente.

Si con una misma persona se establece varias uniones del tipo antes descrito, en 

ninguna se reputará concubinato. 


ART. 286-2.- El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y 

sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones 

reconocidos en este Código o en otras leyes. 

(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 21 DE MAYO DE 1998) 

TITULO SEXTO. 

Del parentesco, de los Alimentos y de la Violencia Intrafamiliar. 

CAPITULO I. 

Del parentesco. 

ART. 287.- La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, 

afinidad y el civil. 

ART. 288.- El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que 

descienden de un mismo progenitor. 

(ADICIONADO, P.O. 21 DE MAYO DE 1998) 

En el caso de la adopción plena, se equiparará el parentesco por consanguinidad 

a aquél que existe entre el adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los 

descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo. 

ART. 289.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre 

el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. 


ART. 290.- El parentesco civil es el que nace de la adopción simple, sólo existe 

entre el adoptante y el adoptado. 

ART. 291.- Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo 

que se llama línea de parentesco. 

ART. 292.- La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de 

grados entre personas que descienden unas de otras; la transversal se compone 

de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras, proceden 

de un progenitor o tronco común.

ART. 293.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga 

a una persona con su progenitor o tronco de que procede; descendente es la liga 

al progenitor con los que de él proceden. La misma línea es, pues, ascendente o 

descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende. 

ART. 294.- En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, 

o por el de las personas, excluyendo al progenitor. 

ART. 295.- En la línea transversal los grados se cuentan por el número de 

generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra; o por el 

número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran; 

excluyendo la del progenitor o tronco común. 

CAPITULO II. 

De los alimentos. 

ART. 296.- La obligación de dar alimento es recíproca. El que los da tiene a su vez 

el derecho de pedirlos. 


ART. 297.- Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuando 

queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma 

ley señale. 

Esta misma obligación tienen los concubinos entre sí, mientras subsista el 

concubinato. 

ART. 298.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 

imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendentes por 

ambas líneas que estuvieren más próximas en grado. 

ART. 299.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por 

imposibilidad de los hijos, lo están los descendentes más próximos en grado. 

ART. 300.- A falta o por imposibilidad de los ascendentes o descendientes, la 

obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de estos; en los 

que fueren de madre solamente, y en defectos de ellos, en los que fueren sólo de 

padre. 

Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 

obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 

ART. 301.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 

artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos

llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes 

dentro del grado mencionado, que fueren incapaces. 

ART. 302.- El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos, en los 

casos en que la tienen el padre y los hijos. 


ART. 303.- Los alimentos comprenden: 

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica y la hospitalaria. 

II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 

proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a su sexo y circunstancias 

personales; 

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 

estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su rehabilitación e 

integración social; y 

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, 

además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los 

alimentos se les proporcionen. 

ART. 304.- El obligado a dar alimento cumple la obligación asignando una pensión 

competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se 

opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera 

de ministrar los alimentos. 

ART. 305.-El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el 

que debe recibir los alimentos, cuando se trate de algún cónyuge divorciado que 

reciba alimentos del otro, y cuando haya inconveniente legal para hacer esa 

incorporación. 

ART. 306.- Los alimentos han de ser proporcionados: a la posibilidad del que debe 

darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 


ART. 306-1.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de 

interdicción y el cónyuge que se dedique a las labores del hogar, gozarán de la 

presunción de necesidad de alimentos. 


ART. 306-2.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor 

alimentario, el Juez resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida 

que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos 

años.


ART. 306-3.- Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente sobre los 

ingresos y bienes de quien tenga dicha obligación, respecto de otra calidad de 

acreedores. 

ART. 307.- Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren 

posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a 

sus haberes. 

ART. 308.- Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe 

de los alimentos; y si uno sólo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. 

ART. 309.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital 

a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 

ART. 310.- Tienen acción para pedir el aseguramiento de los bienes: 

I.- El acreedor alimentario; 

II.- El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad; 

III.- El tutor; 

IV.- Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado; 

V.- El Ministerio Público. 

ART. 311.- Si las personas a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 

anterior no pueden representar al acreedor alimentario en el juicio en que se pida 

el aseguramiento de alimentos, se nombrará por el juez un tutor interino. 


ART. 312.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o 

depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma de 

garantía suficiente a juicio del Juez. 

ART. 312 (SIC).- El tutor interino dará garantía por el importe anual de los 

alimentos. Si administrare algún fondo destinado a ese objeto, por él dará la 

garantía legal. 

ART. 314.- En los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la 

mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá 

de dicha mitad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de los 

que ejerzan la patria potestad. 

ART. 315.- Cesa la obligación de dar alimentos:

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los ailmentos (sic); 

III.- En caso de injuria, falta o daño graves inferidos por el alimentista contra el que 

debe prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la 

falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsisten estas causas; 

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona 

la casa de éste por causas injustificables. 

ART. 316.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto 

de transacción. 


ART. 317.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente, o estándolo 

rehusare entregar lo necesario para los alimentos, será responsable de las deudas 

que el acreedor alimentista contraiga para cubrir esa exigencia, pero sólo en la 

cuantía estrictamente necesaria para ese objeto, y siempre que no se trate de 

gastos de lujo. 

Lo dispuesto en este artículo es aplicable a la obligación alimentaria entre el 

concubino y la concubina. 


ART. 318.- El cónyuge, que sin culpa suya, se vea obligado a vivir separado, 

podrá pedir al Juez de Primera Instancia de su residencia, que obligue al que dio 

motivo de la separación a que ministre los gastos por el tiempo que dure la 

separación en la misma proporción en que lo venía haciendo desde que abandonó 

al otro cónyuge, así como que satisfaga los adeudos contraídos en los términos 

del artículo anterior. Si dicha proporción no se puede determinar, el Juez, según 

las circunstancias del caso, fijará la suma mensual correspondiente y dictará las 

medidas necesarias para asegurar su entrega y la de lo que hubiere dejado de 

cubrir desde la separación. 


ART. 318 BIS.- Toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar 

informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está 

obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez de lo Familiar; de 

no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos en el Código de 

Procedimientos Civiles y responderá solidariamente con los obligados directos, de 

los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentista por sus omisiones o 

informes falsos.

Las personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o 

auxilien al obligado a ocultar o disimular sus bienes, o a eludir el cumplimiento de 

las obligaciones alimentarias, son responsables en los términos del párrafo 

anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales. 

(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 21 DE MAYO 

DE 1998) 

CAPITULO III. 

De la Violencia Intrafamiliar. 


ART. 318-1.- La conducta de violencia familiar cometida contra alguno de los 

cónyuges, concubina, o concubinario parientes consanguíneos en línea recta, 

ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral 

consanguíneo, o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, o en contra de 

cualquier otra persona, que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, 

educación, instrucción o cuidado de dicha persona y que habitando o no en la 

casa de la persona agredida se realice una acción que dañe la integridad física, 

psicológica, emocional o sexual de uno o varios miembros de la familia a este 

efecto el grupo familiar o la persona dañada, contará con la asistencia y protección 

de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes. 


ART. 318-2.- Por violencia familiar se entiende como todo acto de fuerza física o 

moral, poder u omisión recurrente intencional que de manera reiterada ejerza un 

miembro de la familia con la intención de dominar, someter, controlar o agredir 

física, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia que tenga 

relación de parentesco por consanguinidad, tenga o la haya tenido por afinidad, 

civil, o por concubinato, realizado dentro o fuera del domicilio ocupado por la 

familia y que tienda a causar daño. 

La educación, formación y el cuidado de los menores e incapaces no será en 

ningún caso considerada como justificación para alguna forma de maltrato, abuso, 

abandono o violencia. 


ART. 318-3.- Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, 

deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con 

autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales 

establezcan. 

En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las 

medidas a que se refiere la fracción VIII del artículo 277 de este Código.

TITULO SEPTIMO. 

De la Paternidad y Filiación. 

CAPITULO I. 

De los Hijos de Matrimonio. 

ART. 319.- Se presumen hijos de los cónyuges: 

I.- Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la 

celebración del matrimonio; 

II.- Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del 

matrimonio, ya provenga éste de nulidad del contrario, de muerte del marido o de 

divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que de 

hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. 

ART. 320.- Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de haber sido 

físicamente imposible al marido tener acceso carnal con su mujer, en los primeros 

ciento veinte días de los trescientos que han precedido al nacimiento. 


ART. 321.- El marido no podrá impugnar la paternidad de los hijos alegando 

adulterio de la madre aunque ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser 

que el nacimiento se le haya ocultado, o que demuestre que durante los diez 

meses que precedieron al nacimiento no tuvo acceso carnal con su esposa. 

ART. 322.- El hijo nacido después de los trescientos días contados desde la fecha 

en que judicialmente y de hecho tuvo lugar la separación provisional de los 

cónyuges prevista para los casos de divorcio y nulidad, pero antes de la disolución 

del matrimonio, podrá ser desconocido. La mujer, el hijo o el tutor de éste, pueden 

sostener en este caso que el marido es el padre. 

ART. 323.- El marido no podrá desconocer que es padre del hijo nacido dentro de 

los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio; 

I.- Si se probare que supo antes de casarse el embarazo de su futura consorte; 

II.- Si concurrió al levantamiento del acta de nacimiento y ésta fue firmada por él, o 

contiene su declaración de no saber firmar; 

III.- Si ha reconocido expresamente por suyo al hijo de su mujer; 

IV.- Si el hijo no nació capaz de vivir, excepto paar (sic) los efectos de la fracción II 

del artículo 262.

ART. 324.- Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de 

trescientos días de la disolución del matrimonio, podrá promoverse en cualquier 

tiempo por la persona a quien perjudique la filiación. 

ART. 325.- En todos los casos en que el marido tenga derecho de contradecir que 

el nacido es hijo de su matrimonio, deberá deducir su acción dentro de sesenta 

días, contados desde el nacimiento, si está presente; desde el día en que llegó al 

lugar, si estuvo ausente; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó 

en (sic) nacimiento. 


ART. 326.- Si el marido está bajo tutela por cualquier causa de las señaladas en la 

fracción II del artículo 445, este derecho podrá ser ejercido por su tutor. Si éste no 

lo ejercitare, podrá hacerlo el cónyuge varón después de haber salido de la tutela, 

en el plazo señalado en el artículo anterior, mismo que se contará desde el día en 

que legalmente se declare haber cesado el impedimento. 

ART. 327.- Cuando el marido, teniendo o no tutor, ha muerto sin recobrar la razón, 

los herederos pueden contradecir la paternidad en los casos en que podría hacerlo 

el padre. 

ART. 328.- Los herederos del marido, excepto en el caso del artículo anterior, no 

podrán contradecir la paternidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta 

días de la celebración del matrimonio, cuando el esposo, no haya comenzado esta 

demanda. En los demás casos, si el esposo ha muerto sin hacer la reclamación 

dentro del término hábil, los herederos tendrán, para proponer la demanda, 

sesenta días contados desde aquel en que el hijo haya sido puesto en posesión 

de los bienes del padre, o desde que los herederos se vean turbados por el hijo en 

la posesión de la herencia. 

ART. 329.- Si la viuda, la divorciada, o aquella cuyo matrimonio fuere declarado 

nulo, contrajere nuevas nupcias dentro del período prohibido por el artículo 153, la 

filiación del hijo que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio, se 

establecerá conforme a las reglas siguientes: 

I.- Se presume que el hijo es del primer matrimonio si nace dentro de los 

trescientos días siguientes a la disolución del primer matrimonio y antes de ciento 

ochenta días de la celebración del segundo; 

II.- Se presume que el hijo es del segundo marido si nace después de ciento 

ochenta días de la celebración del segundo matrimonio, aunque el nacimiento 

tenga lugar dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del primer 

matrimonio.

El que negare las presunciones establecidas en las dos fracciones que preceden, 

deberá probar plenamente la imposibilidad física de que el hijo sea del marido a 

quien se le atribuye; 

III.- El hijo se presume nacido fuera de matrimonio si nace antes de ciento ochenta 

días de la celebración del segundo matrimonio y después de trescientos días de la 

disolución del primero. 

ART. 330.- El desconocimiento de un hijo, de parte del marido o de sus herederos, 

se hará por demanda en forma ante el juez competente. Todo desconocimiento 

practicado de otra manera es nulo. 


ART. 331.- En el juicio de impugnación de la paternidad o la maternidad serán 

oídos, según el caso, el padre, la madre y el hijo, a quien, si fuere menor, se 

proveerá de un tutor interino, y el Juez atenderá al interés superior del menor. 


ART. 332.- Para los efectos legales, sólo se tendrá por nacido al que, desprendido 

enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo ante 

el Oficial del Registro Civil, faltando algunas de estas circunstancias, no se podrá 

interponer demanda sobre la paternidad o maternidad. 


ART. 333.- La filiación es la relación que existe entre el padre o la madre y su hijo, 

formando el núcleo social primario de la familia; por lo tanto, no puede ser materia 

de convenio entre partes, ni transacción, ni compromiso en árbitros. 


ART. 333 BIS.- La ley no establece distinción alguna entre los derechos derivados 

de la filiación de los padres y los hijos respectivamente, cualquiera que sea su 

origen. 

ART. 334.- Puede haber transacción o arbitramiento sobre los derechos adquiridos 

pecuniarios que de la filiación legalmente adquirida pudieran deducirse, sin que las 

concesiones que se hagan al que se dice hijo, importen la adquisición de estado 

de hijo de matrimonio. 

CAPITULO II. 

De las Pruebas de la Filiación de los hijos 

nacidos de matrimonio. 

ART. 335.- La filiación de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con la partida 

de su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres.


ART. 336.- A falta de actas o si éstas fueren defectuosas, incompletas o falsas, se 

probará con la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio. En 

defecto de esta posesión son admisibles para demostrar la filiación todos los 

medios de prueba que la ley autoriza, incluyendo aquellas que el avance de los 

conocimientos científicos ofrecen; pero la testimonial no es admisible si no hubiere 

un principio de prueba por escrito o indicios o presunciones resultantes de hechos 

ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admisión. 

Si uno solo de los registros faltare o estuviere inutilizado y existe el duplicado, de 

éste deberá tomarse la prueba, sin admitirla de otra clase. 

ART. 337.- Si hubiere hijos nacidos de dos personas que han vivido públicamente 

como marido y mujer, y ambos hubieren fallecido, o por su ausencia o enfermedad 

les fuere imposible manifestar el lugar en que se casaron, no podrá disputarse a 

esos hijos haber nacido de matrimonio por sólo la falta de presentación del acta de 

enlace de sus padres, siempre que se pruebe que tienen la posesión de estado de 

hijos de ellos o que, por los medios de prueba que autoriza el artículo anterior, se 

demuestre la filiación y no esté contradicha por el acta de nacimiento. 

ART. 339 (SIC).- Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo de 

matrimonio, por la familia del marido y en la sociedad, quedará probada la 

posesión de estado de hijo de matrimonio si además concurre alguna de las 

circunstancias siguientes: 

I.- Que el hijo haya usado constantemente el apellido del que pretende que es su 

padre, con anuencia de éste; 

II.- Que el padre lo haya tratado como a hijo nacido de su matrimonio, proveyendo 

a su subsistencia, educación y establecimiento; 

III.- Que el presunto padre tenga la edad exigida por el artículo 356. 

ART. 339.- Declarado nulo un matrimonio, haya habido buena o mala fe en los 

cónyuges al celebrarlo, los hijos tenidos durante él se consideraran como hijos de 

matrimonio. 

ART. 340.- No basta el dicho de la madre para excluir la paternidad al marido. 

Mientras que éste viva, únicamente él podrá reclamar contra la filiación del hijo 

concebido durante el matrimonio. 

ART. 341.- Las acciones civiles que se intenten contra el hijo por los bienes que 

ha adquirido durante su estado de hijo nacido de matrimonio, aunque después 

resulte no serlo, se sujetarán a las reglas comunes para la prescripción. 

ART. 342.- La acción que compete al hijo para reclamar su estado, es 

imprescriptible.


ART. 343.- Los demás herederos del hijo podrán intentar la acción de que trata el 

artículo anterior: 

I.- Si el hijo ha muerto antes de cumplir veintidós años. 


II. Si el hijo presentó incapacidad de ejercicio antes de cumplir veintidós años y 

murió después en el mismo estado. 

ART. 344.- Los herederos podrán continuar la acción intentada por el hijo, a no ser 

que éste se hubiere desistido formalmente de ella, o nada hubiere promovido 

judicialmente durante un año contado desde la última diligencia. 

También podrán contestar toda demanda que tenga por objeto disputarle la 

condición de hijo nacido de matrimonio. 

ART. 345.- Los acreedores, legatarios y donatarios tendrán los mismos derechos 

que a los herederos conceden los artículos 343 y 344, si el hijo no dejó bienes 

suficientes para pagarles. 

ART. 346.- Las acciones de que hablan los tres artículos que preceden, prescriben 

a los cuatro años, contados desde el fallecimiento del hijo. 

ART. 347.- La posesión de hijo nacido de matrimonio no puede perderse sino por 

sentencia ejecutoriada, la cual admitirá los recursos que den las leyes, en los 

juicios de mayor interés. 

ART. 348.- Si el que está en posesión de los derechos de padre o de hijo fuere 

despojado de ellos o perturbados en su ejercicio sin que preceda sentencia por la 

cual deba perderlos, podrá usar de las acciones que establecen las leyes para que 

se le ampare o restituya en la posesión. 

CAPITULO III. 

De la legitimación. 

ART. 349.- El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tengan como 

nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración. 

ART. 350.- Para que el hijo goce del derecho que le concede el artículo que 

precede, los padres deben reconocerlo expresamente antes de la celebración del 

matrimonio, en el acto mismo de celebrarlo, o durante él, haciendo en todo caso el 

reconocimiento ambos padres, junto o separadamente.

ART. 351.- Si el hijo fue reconocido por el padre y en su acta de nacimiento consta 

el nombre de la madre, no se necesita reconocimiento expreso de ésta para que la 

legitimación surta sus efectos legales. Tampoco se necesita reconocimiento del 

padre, si ya se expreso el nombre de éste en el acta de nacimiento. 

ART. 352.- Aunque el reconocimiento sea posterior, los hijos adquieren todos sus 

derechos desde el día en que se celebró el matrimonio de sus padres. 

ART. 353.- Pueden gozar también de ese derecho que les concede el artículo 349, 

los hijos que ya hayan fallecido al celebrarse el matrimonio de sus padres, si 

dejaron descendientes. 

ART. 354.- Pueden gozar también de ese derecho los hijos no nacidos, si el padre 

al casarse declara que reconoce al hijo de quien la mujer está encinta, o que lo 

reconoce si aquella estuviera encinta. 

CAPITULO IV. 

Del reconocimiento de los hijos nacidos 

fuera del matrimonio. 

ART. 355.- La filiación de los hijos nacidos fuera del matrimonio resulta, con 

relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre sólo se 

establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la 

paternidad. 

ART. 356.- Pueden reconocer a sus hijos, los que tengan la edad exigida para 

contraer matrimonio, más la edad del hijo que va a ser reconocido. 


ART. 357.- El menor de edad podrá reconocer a sus hijos, sin el consentimiento 

de sus padres o tutores, pero tal reconocimiento no producirá efectos jurídicos 

mientras no sea ratificado ante la autoridad competente quien deberá resolver 

dentro de los siguientes sesenta días, los padres o tutores y cualquier otro 

interesado que pretenda objetar un reconocimiento deberá hacerlo ante las 

autoridades competentes. 

ART. 358.- No obstante, el reconocimiento hecho por un menor es revocable si 

prueba que sufrió engaño al hacerlo, pudiendo intentar la revocación hasta cuatro 

años después de la mayor edad. 

ART. 359.- Puede reconocerse al hijo que no ha nacido y al que ha muerto si ha 

dejado descendencia. 

ART. 360.- Los padres pueden reconocer a su hijo conjunta o separadamente.

ART. 361.- El reconocimiento hecho por uno de los padres, produce efectos 

respecto de él y no respecto del otro progenitor. 

ART. 362.- El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo, y si se ha hecho 

en testamento, cuando éste se revoque, no se tiene por revocado el 

reconocimiento. 

ART. 363.- El reconocimiento puede ser contradicho por un tercer interesado. El 

heredero que resulte perjudicado puede contradecir el reconocimiento dentro del 

año siguiente a la muerte del que lo hizo. 

ART. 364.- El reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio, deberá 

hacerse de alguno de los modos siguientes 

I.- En la partida de nacimiento, ante el Oficial del Registro Civil; 

II.- Por acta especial ante el mismo Oficial; 

III.- Por escritura pública; 

IV.- Por testamento; 

V.- Por confesión judicial directa y expresa. 

ART. 365.- Cuando el padre o la madre reconozcan separadamente a un hijo, no 

podrán revelar en el acta del reconocimiento el nombre de la persona con quien 

fué habido, ni exponer ninguna circunstancia por donde aquella pueda ser 

identificada. Las palabras que contengan la revelación, se testarán de oficio, de 

modo que queden absolutamente ilegibles. 

ART. 366.- El Oficial del Registro Civil, el Juez de Primera Instancia en su caso, y 

el notario que consientan en la violación del artículo que precede, serán 

castigados con la pena de destitución de empleo e inhabilitación para desempeñar 

otro, por un término que no baje de dos ni exceda de cinco años. 


ART. 367.- La mujer casada podrá reconocer sin el consentimiento del marido a 

un hijo habido antes de su matrimonio y además con el consentimiento de ambos 

podrá llevar al hijo reconocido a vivir a su hogar conyugal. 


ART. 368.- Cualquiera de los cónyuges podrán reconocer a un hijo habido antes 

del matrimonio o durante éste, pero no tendrá derecho de llevarlo a vivir al hogar 

conyugal, sin el consentimiento expreso del otro cónyuge.

ART. 369.- El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por otro 

hombre distinto del marido, sino cuando éste lo haya desconocido y por sentencia 

ejecutoria se haya declarado que no es hijo suyo. 


ART. 370.- El reconocimiento, se hará con autorización del que sea mayor de 

edad y en el caso del menor de edad se escuchará la opinión de éste y de su tutor 

si no tuviese el que le nombre el Juez. 

ART. 371.- Si el hijo reconocido es menor, puede reclamar contra el 

reconocimiento cuando llegue a la mayor edad. 

ART. 372.- El término para deducir esta acción será de dos años, que comenzarán 

a correr desde que el hijo sea mayor de edad, si antes de serlo tuvo noticia del 

reconocimiento; y si no la tenía, desde la fecha en que la adquirió. 


ART. 373.- La persona que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño, a quien 

le ha dado su nombre o permitido que lo lleve, que públicamente lo ha presentado 

como hijo suyo y ha proveído a su educación y subsistencia, podrá contradecir el 

reconocimiento que alguna persona haya hecho o pretenda hacer de ese niño. En 

ese caso, no se le podrá separar de su lado, a menos que consienta en entregarlo 

o que fuere obligada a hacer entrega por sentencia ejecutoriada. El término para 

contradecir el reconocimiento será el de sesenta días, contados desde que tuvo 

conocimiento de él. 

ART. 374.- Cuando la madre contraiga el reconocimiento hecho sin su 

consentimiento, quedará aquél sin efecto, y la cuestión relativa a la paternidad se 

resolverá en el juicio contradictorio correspondiente. 


ART. 375.- Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo en 

el mismo acto, convendrán cuál de los dos ejercerá la guarda y custodia del hijo, 

sin perder ninguno de ellos la patria potestad y, en consecuencia, con quien de 

ellos habitará. 

En el caso de que no lo hicieren, el Juez de Primera Instancia del lugar, oyendo a 

ambos progenitores y al Ministerio Público, resolverá lo que creyere más 

conveniente a los intereses del menor. 


ART. 376.- En caso de que el reconocimiento sea efectuado en forma sucesiva 

por el padre y la madre que no vivan juntos, el hijo habitará con el que primero lo 

haya reconocido, quien ejercerá la guarda y custodia sin perder ambos la patria 

potestad, salvo convenio en contrario y siempre que el Juez de Primera Instancia 

del lugar no crea necesario modificar el convenio con audiencia de los interesados

y oyendo al Ministerio Público. El convenio sólo podrá modificarse en interés del 

hijo. 

ART. 377.- La investigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera de 

matrimonio está permitida: 

I.- En los casos de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito coincida 

con la de la concepción 

II.- Cuando el hijo se encuentre en posesión de estado de hijo del presunto padre; 

III.- Cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre 

habitaba bajo el mismo techo con el pretendido padre, viviendo maritablemente; 

IV.- Cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba por escrito contra el 

pretendido padre. 

ART. 378.- Se presumen hijos del concubinario y de la concubina: 

I.- Los nacidos después de ciento ochenta días contados desde que comenzó el 

concubinato; 

II.- Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al en que cesó la vida 

común entre el concubinario y la concubina. 

ART. 379.- La posesión de estado, para los efectos de la fracción II del artículo 

377, se justificará demostrando por los medios ordinarios de prueba, que el hijo ha 

sido tratado por el presunto padre, o por su familia, como hijo del primero, y que 

éste ha proveído a su subsistencia, educación y establecimiento. 

ART. 380.- Está permitido al hijo nacido fuera del matrimonio y a sus 

descendientes, investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualquiera de 

los medios ordinarios, pero la indagación no será permitida cuando tenga por 

objeto atribuir el hijo a una mujer casada. 

ART. 381.- No obstante lo dispuesto en la parte final del artículo anterior, el hijo 

podrá investigar la maternidad si ésta se deduce de una sentencia civil o criminal. 

ART. 382.- El hecho de dar alimentos no constituye por sí sólo prueba, ni aún 

presunción, de paternidad o maternidad. Tampoco puede alegarse como razón 

para investigar éstas. 

ART. 383.- Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo 

pueden intentarse en vida de los padres.

Si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen éstos 

derecho de intentar la acción antes de que se cumplan cuatro años de su mayor 

edad. 

ART. 384.- El hijo reconocido por el padre, por la madre, o por ambos, tiene 

derecho; 


I. A llevar el apellido de sus progenitores, o ambos apellidos del que lo reconozca; 


II. A ser alimentado por la persona o personas que lo reconozcan; 

III.- A percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la ley. 


IV. Los demás que se deriven de la filiación. 

CAPITULO V. 

De la adopción. 

(ADICIONADA, P.O. 21 DE MAYO DE 1998) 

SECCION PRIMERA. 



ART. 385.- El mayor de veinticinco años, en pleno ejercicio de sus derechos, 

puede adoptar uno o mas menores o a un incapacitado, siempre que el adoptante 

tenga mas de diecisiete años de edad que el adoptado cuando menos, y que 

acredite además 

I.- Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el 

cuidado de la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, según las 

circunstancias de la persona que trate de adoptar; 

II.- Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, 

atendiendo al interés superior de la misma; 

III.- Que el adoptante es persona de buenas costumbres; y 

IV.- Que tiene buena salud física y mental. 


ART. 386.- Los cónyuges podrán adoptar cuando los dos estén conformes en 

considerar al adoptado como hijo, siempre y cuando la diferencia de edad de 

cualquiera de los adoptantes en relación con el adoptado sea a la que se refiere el 

artículo anterior. Se deberán acreditar, además, los requisitos previstos en las 

fracciones del mismo artículo anterior. 


ART. 386 BIS.- En igualdad de condiciones, se preferirá al que haya acogido al 

menor que se pretende adoptar. 


ART. 387.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo el caso 

previsto en el artículo anterior. 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el Juez podrá acordar la 

autorización de la adopción de más de dos menores o incapacitados 

simultáneamente. 

En todos los casos, será prioritario atender al interés superior del menor o de la 

persona con incapacidad que se pretenda adoptar. 

ART. 388.- El tutor no puede adoptar al pupilo, sino hasta después de que hayan 

sido definitivamente aprobadas las cuentas de tutela. 


ART. 389.- El menor o la persona con incapacidad que hayan sido adoptados bajo 

la forma de adopción simple, podrán impugnar la adopción dentro del año 

siguiente a la mayoría de edad o a la fecha en que haya desaparecido la 

incapacidad. 

ART. 390.- El que adopta bajo el régimen de adopción simple, tendrá, respecto de 

la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tienen 

los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. 


El adoptante podrá darle nombre y apellidos al adoptado, según la conveniencia 

de cada caso, haciéndose las anotaciones correspondientes en el acta de 

adopción. 

ART. 391.- El adoptante tendrá para con la persona o personas que lo adopten los 

mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. 

ART. 392.- Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en 

sus respectivos casos: 

I.- El que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar;

II.- El tutor del que se va a adoptar; 

III.- Las personas que hayan acogido al que se pretende adoptar y lo traten como 

a hijo cuando no hubiere quien ejerza la patria potestad sobre él ni tenga tutor; 

IV.- El Ministerio Público del lugar del domicilio del adoptado, cuando éste no 

tenga padres conocidos, ni tutor, ni persona que ostensiblemente le imparta su 

protección y lo haya acogido como hijo. 


Si el menor que va a ser adoptado tiene diez años o más, deberá ser escuchado 

por el Juez. 


V.- Las instituciones de asistencia social públicas o privadas que hubieren acogido 

al menor o al incapacitado que se pretenda adoptar. 

ART. 393.- Si el tutor o el Ministerio Público, sin causa justificada, no consienten 

en la adopción, podrá suplir el consentimiento el Presidente Municipal del lugar en 

que resida el incapacitado, cuando encontrare que la adopción es notoriamente 

conveniente para los intereses morales y materiales de éste. 


ART. 394.- Los procedimientos para hacer la adopción serán fijados en el Código 

de Procedimientos Civiles. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

instituciones de salud pública o peritos designados por el Juez, deberán efectuar 

los estudios socioeconómicos, psicológicos, médicos, y los que el Juez estime 

pertinentes. 

ART. 395.- Tan luego como cause ejecutoria la resolución judicial que se dicte 

autorizando una adopción, quedará ésta consumada. 

ART. 396.- El juez que apruebe la adopción remitirá copia de las diligencias 

respectivas al Oficial del Registro Civil del lugar para que levante el acta 



SECCION SEGUNDA. 

De la Adopción Simple. 


ART. 397.- Los derechos y obligaciones que nacen de la adopción simple, así 

como el parentesco que de ella resulte, se limitan al adoptante y al adoptado, 

excepto en lo relativo a los impedimentos de matrimonio, respecto de los cuales se 

observará lo que dispone el Artículo 152 de este Código.


ART. 398.- Los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural no se 

extinguen por la adopción simple, excepto la patria potestad, que será transferida 

al adoptante, salvo que en su caso el adoptante esté casado con alguno de los 

progenitores del adoptado, porque entonces se ejercerá por ambos cónyuges. 


ART. 399.- La adopción simple podrá convertirse en plena siempre que se 

cumplan los requisitos de ésta última, debiendo escucharse al adoptado en el caso 

a que se refiere la fracción IV del Artículo 392 anterior. 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 21 DE MAYO DE 1998) 

ART. 400.- La adopción simple puede revocarse: 

I.- Cuando las dos partes convengan en ello, siempre que el adoptado sea mayor 

de edad. Si no lo fuere, es necesario que consientan en la revocación las 

personas que prestaron su consentimiento, conforme al artículo 392; 

II.- Por ingratitud del adoptado; 


III.- Cuando la Procuraduría de la Defensa del Menor, considere que existe causa 

grave y justificada que ponga en peligro al menor, en este caso, dará vista al 


ART. 401.- Para los efectos de la fracción II del artículo anterior, se considera 

ingrato al adoptado: 

I.- Si comete algún delito que merezca una pena mayor de un año de prisión 

contra la persona, la honra o los bienes del adoptante, de su cónyuge, de sus 

ascendentes o descendientes; 

II.- Si el adoptado acusa judicialmente al adoptante de algún delito grave que 

pudiera ser perseguido de oficio, aunque lo pruebe, a no ser que hubiere sido 

cometido contra el mismo adoptado, su cónyuge, sus ascendentes o 

descendientes; 

III.- Ci (sic) el adoptado rehusa dar alimento al adoptante que ha caído en 

pobreza. 

ART. 402.- En el primer caso del artículo 400, el juez decretará que la adopción 

queda revocada si convencido de la espontaneidad con que se solicitó la 

revocación, encuentra que ésta es conveniente para los intereses morales y 

materiales del adoptado. 

(REFORMADO, P.O. 21 DE MAYO DE 1998)

ART. 403.- El Decreto del Juez deja sin efecto la adopción simple y restituye las 

cosas al estado que guardaban antes de efectuarse ésta. 


ART. 404.- En el caso de la fracción II del Artículo 400, la adopción simple deja de 

producir efectos desde que se comete el acto de ingratitud, aunque la resolución 

que declare revocada la adopción sea posterior. 


ART. 405.- La resolución que dicte el Juez, aprobando la revocación de la 

adopción simple, se comunicará al Oficial del Registro Civil en que tuvo lugar, para 

que cancele el acta de adopción. 

(ADICIONADA CON LOS ARTICULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 21 DE MAYO 

DE 1998) 

SECCION TERCERA. 

De la Adopción Plena. 


ART. 405-A.- El adoptado, bajo la forma de adopción plena, se equipara al hijo 

consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos de 

matrimonio. El adoptado tiene en la familia del o los adoptantes los mismos 

derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar los apellidos 

del adoptante o adoptantes. 

La adopción plena extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus 

progenitores y el parentesco con las familias de estos, salvo para los 

impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el adoptante esté casado con 

alguno de los progenitores del adoptado, no se extinguirán los derechos, 

obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de la filiación 

consanguínea. 

La adopción plena es irrevocable. 


ART. 405-B.- Tratándose de la adopción plena, el Registro Civil se abstendrá de 

proporcionar información sobre los antecedentes de la familia de origen del 

adoptado, excepto en los siguientes casos y contando con la autorización judicial: 

I.- Cuando se trate de impedimento para contraer matrimonio; y 

II.- Cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares, pero siempre 

que sea mayor de edad, si es menor, se requerirá del consentimiento de los 

adoptantes.


ART. 405-C.- Pueden ser adoptados de manera plena el huérfano, expósito y el 

abandonado por mas de seis meses, el entregado por el padre o la madre a una 

institución de asistencia social pública o privada y los hijos del cónyuge. 

(ADICIONADA CON LOS ARTICULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 21 DE MAYO 

DE 1998) 

SECCION CUARTA. 

De la Adopción Internacional. 


ART. 405-D.- La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro 

país, con residencia habitual fuera del territorio nacional. Esta adopción se regirá 

por la Convención sobre Protección de Menores y Cooperación en Materia de 

Adopción Internacional y por los tratados internacionales que el Estado Mexicano 

suscriba y ratifique posteriormente. 

La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país, con 

residencia permanente en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por lo 

dispuesto en el presente Código. 


ART. 405-E.- En igualdad de circunstancias se preferirá a los adoptantes 

mexicanos sobre los extranjeros, a menos que el que ejerza la patria potestad o la 

tutela sobre el menor consienta en la adopción. En tal caso, deberá obtener la 

autorización del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el que 

tomará en cuenta el interés superior del niño. 


ART. 405-F.- Las adopciones internacionales promovidas por ciudadanos 

originarios de los países que son parte de la Convención sobre Protección de 

Menores y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, tendrán lugar 

cuando el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter 

de autoridad central, verifique y determine: 

I.- Que el menor es adoptable; 

II.- Que después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de 

colocación del menor, se vea que la adopción es una alternativa y responde al 

interés superior del menor; 

III.- Que las personas, instituciones y autoridades, cuyo consentimiento se 

requiera para la adopción, han sido convenientemente asesoradas y debidamente 

informadas de las consecuencias de su consentimiento, el cual debe otorgarse

libremente, sin que medie pago o compensación de clase alguna y constar por 

escrito; y 

IV.- Que las autoridades centrales del Estado de origen de los solicitantes, 

acrediten que han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y 

aptos para adoptar, y que el menor ha sido o será autorizado para entrar y residir 

permanentemente en ese país. 


ART. 405-G.- Las adopciones internacionales promovidas por ciudadanos 

originarios de países que no son parte de la Convención sobre la Protección de 

Menores y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, se apegarán a lo 

dispuesto en el Artículo 385 de este Código, además de cumplir con los requisitos 

siguientes: 

I.- Presentar certificado de idoneidad, expedido por las autoridades competentes 

del Estado en que habrá de residir el adoptado, que acredite fehacientemente que 

se considere al solicitante apto para adoptar; 

II.- Acreditar su legal estancia en el país, a través de la forma migratoria expedida 

por el gobierno mexicano; y 

III.- Presentar autorización de su estado de origen, que autorice al menor para 

entrar y residir permanentemente en dicho estado y la documentación pertinente, 

debidamente legalizada por el Consulado Mexicano, salvo que se disponga otro 

procedimiento en los tratados internacionales que haya celebrado México. 


ART. 405-H.- Una vez decretada la adopción, el Juez de lo Familiar lo informará al 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y a la autoridad migratoria dependiente de la Secretaría de 

Gobernación, para los efectos legales y administrativos subsecuentes. 

TITULO OCTAVO. 

De la Patria Potestad. 

CAPITULO I. 

De los efectos de Patria Potestad, 

respecto de la persona de los hijos. 


ART. 406.- En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el 

respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y 

condición. 

ART. 407.- Los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria 

protestad mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla 

conforme a la ley. 

ART. 408.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. 

Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las 

modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de acuerdo con la 

Ley Sobre Previsión Social de la Delincuencia Infantil en el Estado. 


ART. 409.- La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por 

cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su 

ejercicio al otro. 

A falta de ambos padres o cualquier otra circunstancia prevista en este 

ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en 

segundo grado en el orden que determine el Juez de lo Familiar, tomando en 

cuenta las circunstancias del caso. 


ART. 410.- Cuando los dos progenitores han reconocido al hijo nacido fuera del 

matrimonio y viven juntos, ambos ejercerán la guarda y custodia, sin perder la 

patria potestad. 

Si viven separados, se observará en el caso lo dispuesto en los artículos 375 y 

376. 

ART. 411.- En los casos previstos en los artículos 375 y 376, cuando por 

cualquiera circunstancia deja de ejercer la patria potestad alguno de los padres, 

entrará a ejercerla el otro. 


ART. 412.- En caso de separación o divorcio de los padres o abuelos, continuarán 

ejerciendo ambos la patria potestad, la custodia será decidida por convenio o por 

el Juez de lo Familiar, atento a lo dispuesto en el Artículo 278 de este Código, 

teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo. 

Al progenitor o cónyuge abandonado, por más de seis meses, le corresponderá la 

custodia de los hijos que haya conservado consigo. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el hijo y sus 

ascendientes. En caso de oposición, el Juez de lo Familiar, a petición del menor o 

del ascendiente, resolverá atendiendo al interés superior del menor.

El derecho de visita y convivencia podrá suspenderse o perderse por decisión 

judicial, en los casos en que el menor sea sustraído o retenido sin autorización de 

quien tenga la custodia. 


ART. 413.- Las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los 

tutores, se aplicarán al familiar que por cualquier circunstancia tenga la custodia 

de un menor. Quien conserva la patria potestad tendrá la obligación de contribuir 

con quien tenga la custodia del menor, en todos sus deberes, conservando sus 

derechos de convivencia. 

La anterior custodia podrá terminar por decisión de quien la ejerce o por resolución 

judicial. 


ART. 414.- En la adopción simple, la patria potestad sobre el hijo adoptivo la 

ejercerán únicamente las personas que lo adopten: En la adopción plena, la patria 

potestad se ejercerá en los términos del Artículo 409 de este Código. 

ART. 415.- Solamente por falta o impedimento de todos los llamados 

preferentemente, entrarán al ejercicio de la patria potestad los que sigan en el 

orden establecido en los artículos anteriores. Si sólo faltare alguna de las dos 

personas a quiénes corresponde ejercer la patria potestad, la que quede 

continuará en el ejercicio de ese derecho. 

ART. 416.- Mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no podrá dejar la casa 

de los que la ejercen, sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente. 


El que sustraiga o retenga a un menor fuera de su residencia habitual, sin 

consentimiento de quienes ejercen la patria potestad, será motivo para la 

suspensión o pérdida de los derechos que tenga con relación al menor. 

ART. 417.- A las personas que tienen al hijo bajo su patria potestad, incumbe la 

obligación de educarlo convenientemente. 


Cuando llegue a conocimiento de cualquier autoridad, que dichas personas no 

cumplen con la obligación referida, dichas autoridades darán aviso al Ministerio 

Público para que promueva lo que corresponda. 


ART. 418.- Los que ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, 

tienen la facultad de corregirlos, y la obligación de observar una conducta que 

sirva a éstos de buen ejemplo.

La facultad de corregir no implica infligir al menor actos que atenten contra su 

integridad física, psíquica o sexual. 

ART. 419.- El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio, 

ni contraer obligación alguna, sin expreso consentimiento del que o de los que 

ejerzan aquel derecho. En caso de irracional disenso, resolverá el juez. 

CAPITULO II. 

De los efectos de la patria potestad 

respecto de los bienes del hijo. 

ART. 420.- Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los 

que están bajo de ella, y tienen la administración legal de los bienes que les 

pertenecen, conforme a las prescripciones de este Código. 


ART. 421.- Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y por la 

madre, o por el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el administrador de los 

bienes será nombrado por mutuo acuerdo; pero el designado consultará en todos 

los negocios a su consorte y requerirá su consentimiento expreso para los actos 

más importantes de la administración. 

ART. 422.- La persona que ejerza la patria potestad representará también a los 

hijos en juicio, pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no es con 

el consentimiento expreso de su consorte y con la autorización judicial cuando la 

ley lo requiera expresamente. 

ART. 423.- Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en 

dos clases: 

I.- Bienes que adquiera por su trabajo; 

II.- Bienes que adquiera por cualquier otro título; 

ART. 424.- Los bienes de la primera clase pertenecen en propiedad, 

administración y usufructo al hijo. 

ART. 425.- En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del 

usufructo pertenecen al hijo, la administración y la otra mitad del usufructo 

corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los 

hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante ha 

dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin 

determinado, se estará a lo dispuesto.

ART. 426.- Los padres pueden renunciar su derecho a la mitad del usufructo, 

haciendo constar su renuncia por escrito o de cualquier otro modo que no deje 

lugar a duda. 

ART. 427.- La renuncia del usufructo hecha en favor del hijo, se considera como 

donación. 

ART. 428.- Los réditos y rentas que se hayan vencido antes de que los padres, 

abuelos o adoptantes entren en posesión de los bienes cuya propiedad 

corresponda al hijo, pertenecen a éste, y en ningún caso serán frutos de que deba 

gozar la persona que ejerza la patria potestad. 

ART. 429.- El usufructo de los bienes concedido a las personas que ejerzan la 

patria potestad, lleva consigo las obligaciones que expresa el Capítulo II, del Título 

VI, de este libro, y además las impuestas a los usufructuarios con excepción de la 

obligación de dar fianza, fuera de los casos siguientes: 

I.- Cuando los que ejercen la patria potestad han sido declarados en quiebra, o 

están concursados; 

II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias; 

III.- Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos. 

ART. 430.- Cuando por la ley o por la voluntad del padre, el hijo tenga la 

administración de los bienes, se le considerará respecto de la administración como 

emancipado, con la restricción que establece la ley para enajenar, gravar o 

hipotecar los bienes raíces. 

ART. 431.- Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de 

ningún modo los bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al 

hijo, sino por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio, y previa la 

autorización del juez competente. 

Tampoco podrán celebrar contrato de arrendamiento, por más de cinco años, ni 

recibir la renta anticipada por más de dos años; vender valores comerciales, 

industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados, por menor valor del que 

se cotice en la plaza el día de la venta; hacer donación de los bienes de los hijos o 

remisión voluntaria de los derechos de éstos; ni dar fianza en representación de 

los hijos. 

ART. 432.- Siempre que el juez conceda licencia a los que ejercen la patria 

potestad, para enajenar un bien inmueble o un mueble precioso perteneciente al 

menor, tomarán las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta se 

dedique al objeto a que se destinó, y para que el resto se invierta en la adquisición 

de un inmueble o se imponga con segura hipoteca en favor del menor.

Al efecto, el precio de la venta se depositará en una institución de crédito, y la 

persona que ejerce la patria potestad no podrá disponer de él, sin orden judicial. 

ART. 433.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria 

potestad, se extingue: 


I.- Por la emancipación derivada del matrimonio o la mayor edad de los hijos; 

II.- Por la pérdida de la patria potestad; 

III.- Por renuncia. 

ART. 434.- Las personas que ejercen la patria potestad tienen la obligación de dar 

cuenta de la administración de los bienes de los hijos. 

ART. 435.- En todos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad 

tienen un interés opuesto al de los hijos, serán éstos representados, en juicio y 

fuera de él, por un tutor nombrado por el juez para cada caso. 

ART. 436.- Los jueces tienen facultad de tomar las medidas necesarias para 

impedir que, por la mala administración de quienes ejercen la patria potestad, los 

bienes del hijo se derrochen o se disminuyan. 

Estas medidas se tomarán a instancias de las personas interesadas, del menor 

cuando hubiere cumplidos (sic) catorce años, o del Ministerio Público en todo 

caso. 

ART. 437.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a sus 

hijos, luego que éstos se emancipen o lleguen a la mayor edad, todos los bienes y 

frutos que les pertenecen. 

CAPITULO III. 

De los Modos de acabarse y suspenderse la 

patria potestad. 

ART. 438.- La patria potestad se acaba: 

I.- Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga; 


II.- Con la emancipación, derivada del matrimonio; 

III.- Por la mayor edad del hijo.


IV. Con la adopción plena del hijo, en cuyo caso, la patria potestad la ejercerá el 

adoptante o los adoptantes. 

ART. 439.- La patria potestad se pierde: 

(REFORMADA, P.O. 21 DE MAYO DE 1998) 

I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese 

derecho; cuando sea condenado por la comisión de un delito en perjuicio del 

menor; o cuando sea condenado por otros delitos graves; 

II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 278; 

III.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 

abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la 

moralidad de los hijos, aún cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la 

ley penal; 

IV.- Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los 

dejen abandonados por más de seis meses. 

(REFORMADO, P.O. 28 DE JUNIO DE 1998) 

Cuando se acredite que el menor es expósito, la pérdida de la patria potestad 

operará de inmediato. 


V.- Por la entrega que el padre o la madre o quien ejerce la patria potestad hiciere 

del menor a una institución de asistencia social pública o privada con la finalidad 

de que sea dado en adopción; y 


VI.- Cuando se tolere que otras personas cometan atentado o pongan en riesgo la 

integridad física, psíquica o sexual de los menores. 

ART. 440.- (DEROGADO, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004) 

ART. 441.- (DEROGADO, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004) 


ART. 441 BIS.- Cuando los que ejerzan la patria potestad pasen a segundas 

nupcias, no perderán por ese hecho los derechos y obligaciones inherentes a la 

patria potestad; así como tampoco el cónyuge o concubino con quien se una, 

ejercerá la patria potestad de los hijos de la unión anterior. 

ART. 442.- La patria potestad se suspende: 

I.- Por la incapacidad declarada judicialmente;

II.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión; 


IV.- Cuando el que la ejerce incurra en conductas de violencia intrafamiliar en 

contra de los menores. 


V. Cuando el consumo del alcohol, el hábito de juego, el uso no terapéutico de las 

sustancias ilícitas a que hace referencia la Ley General de Salud y de las lícitas no 

destinadas a ese uso, que produzcan efectos psicotrópicos, amenacen causar 

algún perjuicio cualquiera que éste sea al menor. 

ART. 443.- La patria potestad no es renunciable; pero aquellos a quienes 

corresponda ejercerla, pueden excusarse; 

I.- Cuando tengan sesenta años cumplidos; 

II.- Cuando por mal estado habitual de salud, no puedan atender debidamente a 

su desempeño. 

TITULO NOVENO. 

De la tutela. 

CAPITULO I. 


ART. 444.- El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no 

estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente 

la segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también tener por 

objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la 

ley. 

En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados. Su 

ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las 

modalidades de que habla la parte final del artículo 408. 


ART. 445.- Tienen incapacidad natural y legal: 

I.- Los menores de edad;

II.- Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque 

tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por 

enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, mental, psicológico o 

sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o 

los estupefacientes; siempre que debido a la limitación o la alteración en la 

inteligencia que esto los provoque, no puedan gobernarse y obligarse por si 

mismos; o manifestar su voluntad por algún medio. 


ART. 446.- Los menores de edad emancipados por razón del matrimonio, tienen 

incapacidad legal para los actos que se mencionan en el Artículo relativo al 

Capítulo I del Título Décimo de este libro. 

ART. 447.- La tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, 

sino por causa legítima. 

ART. 448.- El que se rehusare sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor, es 

responsable de los daños y perjuicios que de su negativa resulten al incapacitado. 


ART. 449.- La tutela se desempeñará por el tutor con intervención del curador, del 

Juez competente y del Ministerio Público, en los términos establecidos en este 

Código. 

ART. 450.- Ningún incapaz puede tener a un mismo tiempo más de un tutor y de 

un curador definitivos. 

ART. 451.- El tutor y el curador pueden desempeñar respectivamente la tutela o la 

curatela hasta de tres incapaces. Si éstos son hermanos, o son coherederos o 

legatarios de la misma persona, puede nombrarse un solo tutor y un curador a 

todos ellos, aunque sean más de tres. 

ART. 452.- Cuando los intereses de alguno o algunos de los incapaces, sujetos a 

la misma tutela fueren opuestos, el tutor lo pondrá en conocimiento del juez, quien 

nombrará un tutor especial que defienda los intereses de los incapaces, que él 

mismo designe, mientras se decida el punto de oposición. 

ART. 453.- Los cargos de tutor y de curador de un incapaz no pueden ser 

desempeñados al mismo tiempo por una sola persona. Tampoco pueden 

desempeñarse por personas que tengan entre sí parentesco en cualquier grado de 

la línea recta, o dentro del cuarto grado de la colateral. 


ART. 454.- No pueden ser nombrados tutores o curadores las personas que 

desempeñen el cargo de Juez, ni los demás servidores públicos adscritos al 

juzgado que conoce del asunto ni los que estén ligados por parentesco de

consanguinidad con las mencionadas personas, en la línea recta, sin limitación de 

grados, y en la colateral dentro del cuarto grado. 

ART. 455.- Cuando fallezca una persona que ejerza la patria potestad sobre un 

incapacitado a quien deba nombrarse tutor, su ejecutor testamentario y en caso de 

intestado los parientes y personas con quienes haya vivido están obligados a dar 

parte del fallecimiento al juez competente, dentro de ocho días, a fin de que se 

provea a la tutela, bajo la pena de veinticinco a cien pesos de multa. 

Los oficiales del Registro Civil, las autoridades administrativas y las judiciales 

tienen obligación de dar aviso a los jueces competentes de los casos en que sea 

necesario nombrar tutor y que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus 

funciones. 

ART. 456.- La tutela es testamentaria, legítima o dativa. 

ART. 457.- Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare en los 

términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles, el estado de 

incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. 

ART. 458.- Los tutores y curadores no pueden ser removidos de su cargo sin que 

previamente hayan sido oídos y vencidos en juicio. 


ART. 459.- El menor de edad que se encuentre en cualquiera de los casos a que 

se refiere la fracción II del Artículo 445, estará sujeto a la tutela de los menores, 

mientras no llegue a la mayoría de edad. Si al cumplirse esta continuare el 

impedimento, el incapaz se sujetará a nueva tutela, previo juicio de interdicción, en 

el cual serán oídos el tutor y el curador anteriores. 

ART. 460.- Los hijos menores de un incapacitado quedarán bajo la patria potestad 

del ascendiente que corresponda conforme a la ley, y no habiéndolo, se les 

proveerá de tutor. 


ART. 461.- El cargo de tutor respecto de las personas comprendidas en los casos 

a que se refiere la fracción II del Artículo 445, durará el tiempo que subsista la 

interdicción cuando sea ejercitado por los descendientes o por los ascendientes. 

El cónyuge tendrá la obligación de desempeñar ese cargo mientras conserve su 

carácter de cónyuge. Los extraños que desempeñen la tutela de que se trata, 

tienen derecho de que se le releve de ella a los diez años de ejercerla. 

ART. 462.- La interdicción de que habla el artículo anterior no cesará sino por la 

muerte del incapacitado o por sentencia definitiva, que se pronunciará en juicio 

seguido conforme a las mismas reglas establecidas para el de interdicción. 


ART. 463.- El Juez competente del domicilio del incapacitado, y si no lo hubiere, el 

juez menor cuidará provisionalmente de la persona y bienes del incapacitado, 

debiendo dictar las medidas necesarias para ello, hasta el discernimiento de la 

tutela. Para cumplir esta función, se auxiliará de las instituciones médicas, 

educativas y de asistencia social. 

ART. 464.- El juez que no cumpla las prescripciones relativas a la tutela, además 

de las penas en que incurra, conforme a la ley, será responsable de los daños y 

prejuicios que sufran los incapaces. 

CAPITULO II. 

De la tutela testamentaria. 

ART. 465.- El ascendiente que sobreviva, de los dos que en cada grado deben 

ejercer la patria potestad conforme a lo dispuesto en el artículo 409, tiene derecho, 

aunque fuere menor, de nombrar tutor en su testamento aquellos sobre quienes la 

ejerza, con inclusión del hijo póstumo. (sic) 

ART. 466.- El nombramiento de tutor testamentario hecho en los términos del 

artículo anterior, excluye del ejercicio de la patria potestad a los ascendientes de 

ulteriores grados. 

ART. 466 (SIC).- El que en su testamento, aunque sea un menor no emancipado, 

deje bienes, ya sea por legado o por herencia, a un incapaz que no esté bajo su 

patria potestad, ni bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente para la 

administración de los bienes que le deje. 

ART. 467.-Si los ascendientes excluidos estuvieron incapacitados o ausentes, la 

tutela cesará cuando cese el impedimento o se presenten los ascendientes, a no 

ser que el testador haya dispuesto expresamente que continúe la tutela. 

ART. 469.-Si fueren varios los menores podrá nombrárseles un tutor común, o 

conferirse a persona diferente la tutela de cada uno de ellos, observándose, en su 

caso, lo dispuesto en el artículo 452. 


ART. 470.- El padre o la madre que ejerza la tutela de un hijo sujeto a interdicción, 

puede nombrarle tutor testamentario si el otro ha fallecido o no puede legalmente 

ejercer la tutela. 

El padre y la madre en su caso, podrán hacer el nombramiento que trata este 

artículo. 

ART. 471.- En ningún otro caso hay lugar a la tutela testamentaria del 

incapacitado.

ART. 472.- Siempre que se nombren varios tutores, desempeñarán la tutela el 

primer nombrado, a quien substituirán los demás, por el orden de su 

nombramiento, en los casos de muerte, incapacidad, excusa o remoción. 

ART. 473.- Lo dispuesto en el artículo anterior no regirá cuando el testador haya 

establecido el orden en que los tutores deben sucederse en el desempeño de la 

tutela. 

ART. 474.- Deben observarse todas las reglas, limitaciones y condiciones puestas 

por el testador para la administración de la tutela, que no sean contrarias a las 

leyes, a no ser que el juez, oyendo al tutor y al curador, las estime dañosas a los 

menores, en cuyo caso podrá dispensarlas o modificarlas. 

ART. 475.- Si por un nombramiento condicional de tutor, o por algún otro motivo, 

faltare temporalmente el tutor testamentario, el juez proveerá de tutor interio (sic) 

al menor, conforme a las reglas generales sobre nombramientos de tutores. 

ART. 476.- El adoptante que ejerza la patria potestad tiene derecho de nombrar 

tutor testamentario a su hijo adoptivo; aplicándose a esta tutela lo dispuesto en los 

artículos anteriores. 

CAPITULO III. 

De la tutela legítima de los menores. 

ART. 477.- Ha lugar a tutela legítima: 

I.- Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor testamentario; 

II.- Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. 

ART. 478.- La tutela legítima corresponde: 

I.- A los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas; 

II.- Por falta o incapacidad de los hermanos, a los demás colaterales dentro del 

cuarto grado inclusive. 


El Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden anterior atendiendo al 

interés superior del menor sujeto a tutela. 

ART. 479.- Si hubiere varios parientes del mismo grado, el juez elegirá entre ellos 

al que le parezca más apto para el cargo; pero si el menor hubiere cumplido 

dieciséis años, él hará la elección.

ART. 480.- La falta temporal del tutor legítimo, se suplicará (sic) en los términos 

establecidos en los dos artículos anteriores. 

CAPITULO IV. 

De la tutela legítima de los dementes, idiotas, imbéciles, 

sordo-mudos ebrios y de los que habitualmente 

abusan de las Drogas enervantes. 

ART. 481.- El marido es tutor legítimo y forzoso de su mujer, y ésta lo es de su 

marido. 


ART. 482.- Los hijos mayores de edad son tutores legítimos de su padre o madre 

solteros o viudos. 

ART. 483.- Cuando haya dos o más hijos, será preferido el que viva en compañía 

del padre o de la madre; y siendo varios los que estén en el mismo caso, el Juez 

elegirá al que le parezca más apto. 


ART. 484.- Los padres solteros o viudos, son de derecho tutores de sus hijos 

solteros, cuando éstos no tengan hijos que puedan desempeñar la tutela, 

debiéndose poner de acuerdo respecto a quién de los dos ejercerá el cargo. 

ART. 485.- A falta de tutor testamentario y de persona que con arreglo a los 

artículos anteriores deba desempeñar la tutela, serán llamados a ella 

sucesivamente; el abuelo paterno, el materno, los hermanos del incapacitado y 

demás colaterales a que se refiere la fracción II del artículo 478; observándose, en 

su caso, lo que dispone el artículo 479. 

ART. 486.- El tutor del incapacitado que tenga hijos menores bajo su patria 

potestad, será también tutor de ellos, si no hay otro ascendientes a quien la ley 

llame al ejercicio de aquel derecho. 

CAPITULO V. 

De la tutela legitima de los menores abandonados y de los acogidos por alguna 

persona, o depositados en establecimientos de beneficencia. 


ART. 487.- El expósito y el abandonado quedarán bajo la tutela de la persona que 

lo haya acogido, quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones 

establecidas para los demás tutores.

Es expósito el menor cuyo origen se desconoce y se coloca en situación de 

desamparo en un hospital, casa particular o algún paraje público o privado, por 

quienes conforme a la ley están obligados a protegerlo. 

Es abandonado, el menor cuyo origen se conoce y que ha sido abandonado de 

manera irresponsable por quienes ejercen la patria potestad o tutela, dejando de 

cumplir con sus deberes conforme a la ley; aceptándose en el caso, la posibilidad 

de que alguna persona o institución lo acoja. En el caso de abandono, deberán 

transcurrir seis meses por lo menos. 

Los menores expósitos y abandonados podrán ser adoptados por las personas 

que los hayan acogido, previo aviso al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia, donde se verificará que, quienes tienen interés en adoptar, cumplan 

con los requisitos señalados en el Artículo 385 de este Código. Si quienes dieren 

aviso sobre menores expósitos o abandonados no los acogieren, deberán 

entregarlos al Sistema para su protección, cuidado y promoción de la adopción 



ART. 488.- Los directores de las casas de instituciones de asistencia social, 

beneficencia pública y privada, donde se reciban expósitos o abandonados, 

desempeñarán la tutela de éstos, conforme a su reglamentación interna y/o 

estatutos. En estos casos no será necesario el discernimiento del cargo. 


ART. 489.- Los responsables de las casas de instituciones de asistencia social, ya 

sean públicas o privadas, donde se reciban menores que hayan sufrido violencia 

intrafamiliar, tendrán la custodia de éstos en los términos que prevengan los 

reglamentos o disposiciones legales relativas de la institución; en todo caso, darán 

aviso al Ministerio Público, y a quien corresponda el ejercicio de la patria potestad 

siempre que no se encuentre señalado como responsable de violencia 

intrafamiliar. 

CAPITULO VI. 

De la tutela dativa. 

ART. 490.- La tutela dativa tiene lugar: 

I.- Cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien conforme a la ley 

corresponda la tutela legítima; 

II.- Cuando el tutor testamentario esté impedido temporalmente de ejercer su 

cargo, y no hay ningún pariente de los designados en el artículo 478.

ART. 491.- El tutor dativo será designado por el menor si ha cumplido dieciséis 

años. El juez pupilar confirmará la designación si no tiene justa causa para 

reprobarla. Para reprobar las ulteriores designaciones que haga el menor, el juez 

oirá el parecer del Ministerio Público. Si no se aprueba el nombramiento hecho por 

el menor, el juez nombrará tutor conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

ART. 492.- Si el menor no ha cumplido dieciséis años, el nombramiento de tutor lo 

hará el juez, oyendo al Ministerio Público, quien deberá cuidar de que quede 

comprobada la honorabilidad de la persona elegida para tutor. 

ART. 493.- Si el juez no hace oportunamente el nombramiento de tutor, es 

responsable de los daños y perjuicios que se sigan al menor por esa falta. 

ART. 494.- Siempre será dativa la tutela para asuntos judiciales del menor de 

edad emancipado. 


ART. 495.- A los menores que no estén sujetos a la patria potestad, ni a tutela 

testamentaria o legítima, aunque no tengan bienes, se les nombrará tutor dativo. 

La tutela en este caso tendrá por objeto el cuidado de la persona del menor, a 

efecto de que reciba la educación y asistencia que corresponda a su posibilidad 

económica y a sus aptitudes. El tutor será nombrado a petición del mismo menor, 

del Ministerio Público y aún de oficio por el propio juez. 

ART. 496.- En el caso del artículo anterior, tienen obligación de desempeñar la 

tutela mientras duren en los cargos que a continuación se enumeran: 


I. El Gobierno del Estado a través del Titular del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Durango o de la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia, mediante los delegados que se designe al efecto; o el 

Presidente Municipal del domicilio del menor; 

II.- Los demás regidores del Ayuntamiento; 

III.- Las personas que desempeñan la autoridad administrativa en los lugares en 

donde no hubiere Ayuntamiento; 

IV.- Los profesores oficiales de instrucción primaria, secundaria o profesional, del 

lugar donde vive el menor; 

V.- Los miembros de las juntas benéficas públicas o privadas que disfruten sueldo 

del Erario; 

VI.- Los directores de establecimientos de beneficencia pública.

Los jueces nombrarán de las personas mencionadas las que en cada caso deben 

desempeñar la tutela procurando que este cargo se reparta equitativamente, sin 

perjuicio de que también puedan ser nombrados tutores las personas que figuran 

en las listas que debe formar el Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en el 

capítulo XV de este Título, cuando estén conformes en desempeñar gratuitamente 

la tutela de que se trata. 

ART. 497.- Si el menor que se encuentre en el caso previsto por el artículo 495, 

adquiere bienes, se le nombrará tutor dativo de acuerdo con lo que disponen las 

reglas generales para hacer esos nombramientos. 

CAPITULO VII. 

De las personas inhábiles para el desempeño de la tutela y 

de las que deben ser separadas de ella. 

ART. 498.- No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el cargo: 

I.- Los menores de edad; 

II.- Los mayores de edad que se encuentren bajo tutela; 

III.- Los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido mal, ya 

respecto de la persona, ya respecto de la administración de los bienes del 

incapacitado; 

IV.- Los que por sentencia que cause ejecutoria hayan sido condenados a la 

privación de este cargo o a la inhabilitación para obtenerlo; 

V.- El que haya sido condenado por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o por 

delitos contra la honestidad; 

VI.- Los que no tengan oficio o modo de vivir conocido o sean notoriamente de 

mala conducta; 

VII.- Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el incapacitado; 

VIII.- Los deudores del incapacitado en cantidad considerable, a juicio del juez, a 

no ser que el que nombre tutor testamentario lo haya hecho con conocimiento de 

la deuda, declarándolo así expresamente al hacer el nombramiento; 

IX.- Los jueces, magistrados, Oficiales del Registro Civil y demás funcionarios o 

empleados de la administración de justicia; 

X.- El que no esté domiciliado en el lugar en que deba ejercer la tutela;


XI. Los servidores públicos que por razón de sus funciones tengan responsabilidad 

pecuniaria actual o la hayan tenido y no la hubieren cubierto; 


XII. El que padezca enfermedad que le impida el ejercicio adecuado de la tutela; y 

XIII.- Los demás a quienes lo prohiba la ley. 

ART. 499.- Serán separados de la tutela: 

I.- Los que sin haber caucionado su manejo conforme a la ley, ejerzan la 

administración de la tutela; 

II.- Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, ya sea respecto de la 

persona. Ya respecto de la administración de los bienes del incapacitado; 


III. Los tutores que no exhiban los certificados médicos ni rindan sus cuentas 

dentro del término fijado por los artículos (sic) 585; 

IV.- Los comprendidos en el artículo anterior desde que sobrevenga o se averigue 

(sic) su incapacidad; 

V.- El tutor que se encuentre en el caso previsto en el artículo 154; 

VI.- El tutor que permanezca ausente por más de seis meses, del lugar en que 

debe desempeñar la tutela. 


VII. El tutor que ejerza violencia familiar o cometa delito doloso, en contra de la 

persona sujeta a tutela. 


ART. 500.- No pueden ser tutores ni curadores de las personas que por causa de 

enfermedad reversible o irreversible o por una condición de discapacidad, 

intelectual o mental, ni quienes hayan sido causa o fomentado directa o 

indirectamente tales enfermedades o padecimientos. 


ART. 501.- Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará en cuanto fuere posible 

a la tutela de los que abusan del consumo del alcohol, de los que le dan un uso no 

terapéutico a las sustancias ilícitas a que hace referencia la Ley General de Salud 

y de las lícitas no destinadas a ese uso, que produzcan efectos psicotrópicos.

ART. 502.- El Ministerio Público y los parientes del pupilo, tienen derecho de 

promover la separación de los tutores que se encuentren en alguno de los casos 

previstos en el artículo 499. 

ART. 503.- El tutor que fuere procesado por cualquier delito, quedará suspenso en 

el ejercicio de su encargo desde que se provee el auto motivado de prisión, hasta 

que se pronuncie sentencia irrevocable. 

ART. 504.- En el caso de que trata el artículo anterior, se proveerá a la tutela 

conforme a la ley. 

ART. 505.- Absuelto el tutor, volverá al ejercicio de su encargo. Si es condenado a 

una pena que no lleve consigo inhabilitación para desempeñar la tutela, volverá a 

ésta al extinguir su condena, siempre que la pena impuesta no exceda de un año 

de prisión. 


De las excusas para el desempeño de la tutela. 

ART. 506.- Pueden excusarse de ser tutores: 

I.- Los empleados y funcionarios públicos; 

II.- Los militares en servicio activo; 

III.- Los que tengan bajo su patria potestad tres o más descendientes; 


IV. Los que por su situación socioeconómica, no puedan atender a la tutela sin 

menoscabo de su subsistencia; 

V.- Los que por el mal estado habitual de su salud, o por su rudeza e ignorancia, 

no pueden atender debidamente a la tutela; 

VI.- Los que tengan sesenta años cumplidos; 

VII.- Los que tengan a su cargo otra tutela o curaduría; 


VIII.- Los que por su inexperiencia en los negocios o por causa grave, a juicio del 

juez, no estén en aptitud de desempeñar convenientemente la tutela. 

ART. 507.- Si el que teniendo excusa legítima para ser tutor acepta el cargo, 

renuncia por el mismo hecho a la excusa que le concede la ley.

ART. 508.- El tutor debe proponer sus impedimento (sic) o excusas dentro del 

término fijado por el Código de Procedimientos Civiles, y cuando transcurra el 

término sin ejercitar el derecho, se entiende renunciada la excusa. 

ART. 509.- Si el tutor tuviere dos o más excusas las propondrá simultáneamente, 

dentro del plazo respectivo; y si propone una sola, se entenderán renunciadas las 

demás. 

ART. 510.- Mientras que se califica el impedimento o la excusa, el juez nombrará 

un tutor interino. 

ART. 511.- El tutor testamentario que se excuse de ejercer la tutela, perderá todo 

el derecho a lo que le hubiere dejado el testador por este concepto. 

ART. 512.- El tutor que sin excusa o desechada la que hubiere propuesto no 

desempeñe la tutela, pierde el derecho que tenga para heredar al incapacitado 

que muera intestado, y es responsable de los daños y perjuicios que por su 

renuncia hayan sobrevenido al mismo incapacitado. En igual pena incurre la 

persona a quien corresponda la tutela legítima, si habiendo sido legalmente citada, 

no se presenta al juez manifestando su parentesco con el incapaz. 

ART. 513.- Muerto el tutor que esté desempeñando la tutela, sus herederos o 

ejecutores testamentarios están obligados a dar aviso al juez, quien proveerá 

inmediatamente al incapacitado del tutor que corresponda, según la ley. 


La misma obligación tendrá el tutor de aquél, que estando en funciones de tutor, 

haya sido declarado en estado de interdicción. 


En caso de omisión a lo dispuesto en este artículo, los obligados serán 

responsables por los daños y perjuicios que se causen a la persona sujeta a 

tutela. 

CAPITULO IX. 

De la garantía que deben prestar los tutores 

para asegurar su manejo. 

ART. 514.- El tutor, antes de que se le discierna el cargo, prestará caución para 

asegurar su manejo. Esta caución consistirá: 

I.- En hipoteca o prenda; 

II.- En fianza.

La garantía prendaria que preste el tutor se constituirá depositando las cosas 

dadas en prenda en una institución de crédito autorizada para recibir depósitos; a 

falta de ella se depositarán en poder de persona de notoria solvencia y 

honorabilidad. 

ART. 515.- Están exceptuados de la obligación de dar garantía: 

I.- Los tutores testamentarios, cuando expresamente los haya relevado de esta 

obligación el testador; 

II.- El tutor que no administre bienes; 

III.- El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que conforme a la ley son 

llamados a desempeñar la tutela de sus descendientes, salvo lo dispuesto en el 

artículo 518; 

IV.- Los que acojan a un expósito, lo alimenten y eduquen convenientemente, por 

más de diez años, a no ser que hayan recibido pensión para cuidar de él. 

ART. 516.- Los comprendidos en la fracción I del artículo anterior, sólo estarán 

obligados a dar garantías cuando con posterioridad a su nombramiento haya 

sobrevenido causa ignorada por el testador que, a juicio del juez y previa 

audiencia del curador, hagan necesaria aquella. 

ART. 517.- La garantía que presten los tutores no impedirá que el juez, a petición 

del Ministerio Público, de los parientes próximos al incapacitado o de éste si ha 

cumplido dieciséis años, dicte las providencias que se estimen útiles para la 

conservación de los bienes del pupilo. 

ART. 518.- Cuando la tutela del incapacitado recaiga en el cónyuge, en los 

ascendientes o en los hijos, no se dará garantía; salvo el caso de que el juez, con 

audiencia del curador y del Ministerio Público, lo crea conveniente. 

ART. 519.- Siempre que el tutor sea también coheredero del incapaz, y éste no 

tenga más bienes que los hereditarios, no se podrá exigir al tutor otra garantía que 

la de su misma porción hereditaria a no ser que esta porción no iguale a la mitad 

de la porción del incapaz, pues en tal caso se integrará la garantía con bienes 

propios del tutor o con fianza. 

ART. 520.- Siendo varios los incapacitados cuyo haber consiste en bienes 

procedentes de una herencia indivisa, si son varios los tutores, sólo se exigirá a 

cada uno de ellos garantía por la parte que corresponda a su representado. 

ART. 521.- El tutor no podrá dar fianza para caucionar su manejo sino cuando no 

tenga bienes en que constituir hipoteca o prenda. 

(ADICIONADO, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004)

En este caso, tendrá la obligación de actualizar la vigencia de la fianza mientras 

desempeña la tutela. 

ART. 522.- Cuando los bienes que tenga no alcancen a cubrir la cantidad que ha 

de asegurar conforme al artículo siguiente, la garantía podrá constituir: parte en 

hipoteca o prenda, parte en fianza, o solamente en fianza, a juicio del ljuez, (sic) y 

previa audiencia del curador y del Ministerio Público. 

ART. 523.- La hipoteca o prenda, y en su caso la fianza, se darán: 

I.- Por el importe de las rentas de los bienes raíces en los dos últimos años y por 

el rédito de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo; 

II.- Por el valor de los bienes muebles; 

III.- Por el de los productos de las fincas rústicas en dos años, calculados por 

peritos, o por el término medio en un quinquenio, a elección del juez; 

IV.- En las negociaciones mercantiles e industriales, por el veinte por ciento del 

importe de las mercancías y demás efectos muebles, calculados por los libros si 

están llevados en debida forma a juicio de peritos. 

ART. 524.- Si los bienes del incapacitado, enumerados en el artículo que precede, 

aumentan o disminuyen durante la tutela, podrán aumentarse o disminuirse 

proporcionalmente la hipoteca, prenda o la fianza, a pedimento del tutor, del 

curador, o del Ministerio Público. 

ART. 525.- El juez responde subsidiariamente con el tutor, de los daños y 

perjuicios que sufra el incapacitado por no haber exigido que se caucione el 

manejo de la tutela. 

ART. 526.- Si el tutor dentro de tres meses después de aceptado su 

nombramiento, no pudiere dar la garantía por las cantidades que fija el artículo 

523, se procederá al nombramiento del nuevo tutor. 

ART. 527.- Durante los tres meses señalados en el artículo precedente, 

desempeñara la administración de los bienes un tutor interino, quien los recibirá 

por inventario solemne, y no podrá ejecutar otros actos que los indispensables 

para la conservación de los bienes y percepción de los productos. Para cualquier 

otro acto de administración requerirá la autorización judicial, la que se concederá, 

si procede oyendo al curador. 

ART. 528.- Al presentar el tutor su cuenta anual, el curador o el Ministerio Público 

deben promover información de supervivencia e idoneidad de los fiadores dados 

por aquél. Esta información también podrá promoverla en cualquier tiempo que lo 

estimen conveniente. El juez de oficio puede exigir esa información.

ART. 529.- Es también obligación del curador y del Ministerio Público, vigilar el 

estado de las fincas hipotecadas por el tutor o de los bienes entregados en 

prenda, dando aviso al juez de los deterioros y menoscabo que en ellos hubiere, 

para que si es notable la disminución del precio, se exija al tutor que asegure con 

otros bienes los intereses que administra. 

ART. 530.- Cuando el tutor tenga que administrar bienes, no podrá entrar a la 

administración sin que antes se nombre curador, excepto en el caso del artículo 

487. 

ART. 531.- El tutor que entre a la administración de los bienes sin que se haya 

nombrado curador, será responsable de los daños y perjuicios que cauce al 

incapacitado y, además, separado de la tutela; más ningún extraño puede 

rehusarse a tratar con él judicialmente o extrajudicialmente alegando la falta del 

curador. 

CAPITULO X. 

Del desempeño de la tutela. 

ART. 532.- El tutor está obligado: 

I.- Alimentar y educah (sic) al incapacitado; 


II. A destinar, de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus 

enfermedades y a su rehabilitación derivadas de éstas o del consumo no 

terapéutico de sustancias ilícitas a que hace referencia la Ley General de Salud y 

las lícitas no destinadas a ese fin, que produzcan efectos psicotrópicos; 

III.- A formar inventarios solemne y circunstanciado de cuanto constituya el 

patrimonio del incapacitado, dentro del término que el juez designe, con 

intervención del curador y del mismo incapacitado si goza de discernimiento y ha 

cumplido dieciséis años de edad; 

El término para formar el inventario no podrá ser mayor de seis meses; 

IV.- A administrar el caudal de los incapacitados. El pupilo será consultado para 

los actos importantes de la administración cuando es capaz de discernimiento y 

mayor de dieciséis años; 

La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le 

corresponde a él y no al tutor;

V.- A representar al incapacitado en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, 

con excepción del matrimonio, del reconocimiento de hijos, del testamento y de 

otros estrictamente personales; 

VI.- A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente 

no pueda hacer sin ella. 

ART. 533.- Los gastos de alimentación y educación del menor deben regularse de 

manera que nada necesario le falte, según su condición y posibilidad económica. 


ART. 534.- Cuando el tutor entre en el ejercicio de su cargo, el Juez fijará, con 

audiencia de aquél, la cantidad que haya de invertirse en los alimentos, educación 

y asistencia de la persona sujeta a tutela, sin perjuicio de alterarla, según el 

aumento o disminución del patrimonio y otras circunstancias. Por las mismas 

razones podrá el Juez alterar la cantidad que el que nombró tutor hubiere 

señalado para dicho objeto. 


ART. 535.- El tutor proveerá la educación integral, pública o privada, incluyendo la 

especializada conforme a las leyes de la materia, de la persona sujeta a tutela, de 

acuerdo con sus requerimientos y posibilidad económica, con el propósito de que 

éste pueda ejercer la carrera, oficio o la actividad que elija; lo anterior incluye su 

habilitación o rehabilitación si cuenta con alguna discapacidad, para que éste 

pueda actuar en su entorno familiar o social. 

Si el tutor infringe esta disposición, puede el menor por conducto del curador, del 

Ministerio Público o por sí mismo, ponerlo en conocimiento del Juez, para que 

dicte las medidas convenientes. 


ART. 536.- Si el que tenía la patria potestad sobre el menor lo había inscrito en 

alguna institución para su educación, o dedicado a algún oficio o actividad, el tutor 

no la podrá variar, ni prohibir su continuación, sin la aprobación del Juez, quien 

decidirá este punto prudentemente y oyendo en todo caso al mismo menor, al 

curador y al Ministerio Público. 


ART. 537.- Si las rentas de la persona sujeta a tutela no alcanzan a cubrir los 

gastos de su alimentación, educación y asistencia, el Juez decidirá si ha de 

ponérsele a aprender un oficio o adoptarse otro medio para evitar la enajenación 

de los bienes y, si fuere posible, sujetará a las rentas de éstos, los gastos de 

alimentación. 


ART. 538.- Si las personas sujetas a tutela, con algunas de las incapacidades a 

que se refiere el artículo 445 fracción II, fuesen indigentes o carecieren de

suficientes medios para los gastos que demanden su alimentación y educación, el 

tutor exigirá judicialmente la prestación de esos gastos a los parientes que tienen 

obligación legal de alimentar a los incapacitados. Las expensas que esto origine, 

serán cubiertas por el deudor alimentario. Cuando el mismo tutor sea el obligado a 

dar alimentos por razón de su parentesco con el pupilo, el curador ejercitará la 

acción a que este artículo se refiere. 


ART. 539.- Si las personas sujetas a tutela con incapacidades como las que 

señala el artículo 445 en su fracción II no tienen personas que estén obligadas a 

alimentarlos, o si teniéndolas no pudieren hacerlo, el tutor, con autorización del 

juez, quien oirá el parecer del curador y del Ministerio Público, pondrá al pupilo en 

un establecimiento de beneficencia pública o privada en donde pueda educarse. Si 

ni eso fuere posible, el tutor procurará que los particulares suministren trabajo al 

incapacitado, compatible con su edad y circunstancias personales, con la 

obligación de alimentarlo y educarlo. No por esto el tutor queda eximido de su 

cargo, pues continuará vigilando al menor, a fin de que no sufra daño por lo 

excesivo del trabajo, lo insuficiente de la alimentación o lo defectuoso de la 

educación que se le imparta. 

ART. 540.- Los incapacitados indigentes que no puedan ser alimentados y 

educados por los medios previstos en los dos artículo s anteriores, lo serán a 

costa de las rentas públicas del Estado; pero si se llega a tener conocimiento de 

que existen parientes del incapacitado que estén legalmente obligados a 

proporcionarle alimentos, el Ministerio Público deducirá la acción correspondiente 

para que se reembolse al Gobierno de los gastos que hubiere hecho en 

cumplimiento de lo dispuesto por este artículo. 

ART. 541.- El tutor de los incapacitados a que se refiere la fracción II del artículo 

532, está obligado a presentar al juez, en el mes de enero de cada año, un 

certificado de dos facultativos que declaren acerca del estado del individuo sujeto 

a interdicción, a quien para este efecto reconocerán en presencia del curador. El 

juez se cerciorará del estado que guarde el incapacitado y tomará todas las 

medidas que estime convenientes para mejorar su condición. 

ART. 542.- Para la seguridad, alivio y mejoría de las perosnas (sic) a que se 

refiere el artículo anterior, el tutor adoptará las medidas que juzgue oportunas, 

previa la autorización judicial que se otorgará con audiencia del curador. Las 

medidas que fueren muy urgentes podrán ser ejecutadas por el tutor, quien dará 

cuenta inmediatamente al juez para obtener la debida aprobación. 

ART. 543.- La obligación de hacer inventarios no puede ser dispensada ni aún por 

los que tienen derecho de nombrar tutor testamentario. 

ART. 544.- Mientras que el inventario no estuviere formado, la tutela debe limitarse 

a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del 

incapacitado.

ART. 545.- El tutor está obligado a inscribir en el inventario el crédito que tenga 

contra el incapacitado; si no lo hace, pierde el derecho de cobrarlo. 

ART. 546.- Los bienes que el incapacitado adquiera después de la formación del 

inventario, se incluirán inmediatamente en él, con las mismas formalidades 

prescritas en la fracción III del artículo 532. 

ART. 547.- Hecho el inventario no se admite al tutor prueba contra de él en 

perjuicio del incapacitado ni antes ni después de la mayor edad de éste, ya sea 

que litigue en nombre propio o con la representación del incapacitado. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en que el error del 

inventario sea evidente o cuando se trate de un derecho claramente establecido. 

ART. 548.- Si se hubiere omitido listar algunos bienes del inventario, el menor 

msimo, (sic) antes o después de la mayor edad, y el curador o cualquier pariente, 

pueden ocurrir al juez, pidiendo que los bienes omitidos se listen; y el juez, oído el 

parecer del tutor, determinará en justicia. 

ART. 549.- El tutor, dentro del primer mes de ejercer su cargo fijará, con 

aprobación del juez, la cantidad que haya de invertirse en gastos de 

administración y el número de sueldos de los dependientes necesarios. Ni el 

número, ni el sueldo de los empleados, podrá aumentarse después, sino con 

aprobación judicial. 

ART. 550.- Lo dispuesto en el artículo anterior no liberta al tutor de justificar, al 

rendir sus cuentas, que efectivamente han sido gastadas dichas sumas en sus 

respectivos objetos. 

ART. 551.- Si el padre o la madre del menor ejercían algún comercio o industria, el 

juez, con informe de dos peritos, decidirá si ha de continuar o no la negociación; a 

no ser que los padres hubieren dispuesto algo sobre este punto, en cuyo caso se 

respetará su voluntad, en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. 

ART. 552.- El dinero que resulte sobrante después de cubiertas las cargas y 

atenciones de la tutela, el que proceda de las redenciones de capitales y el que se 

adquiera de cualquier otro modo, será impuesto por el tutor, dentro de tres meses 

contados desde que se hubieren reunido dos mil pesos, sobre segura hipoteca, 

calificada bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta el precio de la finca, sus 

productos, y la depreciación que puede sobrevenir al realizarla. 

ART. 553.- Si para hacer la imposición dentro del término señalado en el artículo 

anterior, hubiere algún inconveniente grave, el tutor lo manifestará al juez, quien 

podrá ampliar el plazo por tres meses.

ART. 554.- El tutor que no haga las imposiciones dentro de los plazos señalados 

en los dos artículos anteriores, pagará los réditos legales mientras que los 

capitales no sean impuestos. 

ART. 555.- Mientras que hacen las imposiciones a que se refieren los artículos 

552 y 553, el tutor depositará las cantidades que perciba, en el establecimiento 

público destinado al efecto. 


ART. 556.- Los bienes inmuebles, los derechos anexos a ellos, y los muebles 

preciosos, no pueden ser enajenados ni gravados por el tutor, sino por causa de 

absoluta necesidad o evidente utilidad de las personas sujetas a tutela, 

debidamente justificada y previas la conformidad del curador y la autorización 

judicial. 

ART. 557.- Cuando la enajenación se haya permitido para cubrir con su producto 

algún objeto determinado, el juez señalará al tutor un plazo dentro del cual deberá 

acreditar que el producto de la enajenación se ha invertido en su objeto. Mientras 

que no se haga la inversión se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 

432. 

ART. 558.- La venta de bienes raíces del menor es nula si no se hace 

judicialmente en subasta pública. En la enajenación de alhajas y muebles 

preciosos, el juez decidirá si conviene o no la almoneda, pudiendo dispensarla, 

acreditada la utilidad que resulte del menor. 

Los tutores no podrán vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, 

acciones, frutos y ganados pertenecientes al incapacitado, por menor valor del que 

se cotice en la plaza el día de la venta; ni dar fianza a nombre de su pupilo. 

ART. 559.- Cuando se trate de enajenar, gravar o hipotecar a título oneroso, 

bienes que pertenezcan al incapacitado como copropietario, se comenzará por 

mandar justipreciar dichos bienes para fijar con toda precisión su valor y la parte 

que en ellos represente el incapacitado, a fin de que el juez resuelva si conviene o 

no que se dividan materialmente dichos bienes para que aquél reciba en plena 

propiedad su porción; o sí, por el contrario, es conveniente la enajenación, 

gravamen o hipoteca, fijando en este caso las condiciones y seguridades con que 

deben hacerse, pudiendo, si lo estimare conveniente, dispensar la almoneda, 

siempre que consientan en ello el tutor y el curador. 

ART. 560.- Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conservación ni 

de reparación, necesita el tutor ser autorizado por el juez. 

ART. 561.- Se requiere licencia judicial para que el tutor pueda transigir o 

comprometer en árbitros los negocios del incapacitado.

ART. 562.- El nombramiento de árbitros hecho por el juez deberá sujetarse a la 

aprobación del juez. 

ART. 563.- Para que el tutor transija, cuando el objeto de la reclamación consista 

en bienes inmuebles, muebles preciosos o bien en valores mercantiles o 

industriales cuya cuantía exceda de mil pesos, necesita del consentimiento del 

curador y de la aprobación judicial otorgada con audiencia de éste. 

ART. 564.- Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella, puede el tutor 

comprar o arrendar los bienes del incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto 

de ellos, para sí, sus ascendientes, su mujer, hijos o hermanos por 

consanguinidad o afinidad. Si lo hiciere, además de la nulidad del contrato, el acto 

será suficiente para que se le remueva. 

ART. 565.- Cesa la prohibición del artículo anterior, respecto de la venta de los 

bienes, en el caso de que el tutor o sus parientes allí mencionados sean 

coherederos, partícipes o socios del incapacitado. 

ART. 566.- El tutor no podrá hacerse pago de sus créditos contra el incapacitado 

sin la conformidad del curador y la aprobación judicial. 

ART. 567.- El tutor no puede aceptar para sí a título de (sic) gratuito u oneroso, la 

cesión de algún derecho o crédito contra el incapacitado. Sólo puede adquirir esos 

derechos por herencia. 

ART. 568.- El tutor no puede dar en arrendamiento los bienes del incapacitado, 

por más de cinco años, sino en caso de necesidad o utilidad, previos el 

consentimiento del curador y la autorización judicial, observándose en su caso lo 

dispuesto en el artículo 559. 

ART. 569.- El arrendamiento hecho de conformidad con el artículo anterior, 

subsistirá por el tiempo convenido, aun cuando se acabe la tutela; pero será nula 

toda anticipación de renta o alquiler por más de dos años. 

ART. 570.- Sin autorización judicial no puede el tutor recibir dinero prestado en 

nombre del incapacitado, ya sea que se constituya o no hipoteca en el contrato. 

ART. 571.- El tutor no puede hacer donaciones a nombre del incapacitado. 

ART. 572.- El tutor tiene, respecto del menor, las mismas facultades que a los 

ascendientes concede el artículo 418. 

ART. 573.- Durante la tutela no corre la prescripción entre el tutor y el 

incapacitado. 

ART. 574.- El tutor tiene obligación de admitir las donaciones simples, legados y 

herencias que se dejen al incapacitado.

ART. 575.- La expropiación por causa de utilidad pública de bienes de 

incapacitados, no se sujetará a las reglas antes establecidas, sino a lo que 

dispongan las leyes de la materia. 


ART. 576.- Cuando el tutor de un incapaz sea el cónyuge, continuará ejerciendo 

los derechos conyugales con las siguientes modificaciones: 

I. En los casos en que conforme a derecho se requiere el consentimiento del 

cónyuge, se suplirá éste por el Juez con audiencia del curador; 

II. En los casos en que el cónyuge incapaz pueda querellarse del otro, denunciarlo 

o demandarlo para asegurar sus derechos violados o amenazados, será 

representado por un tutor interino que el Juez le nombrará. Es obligación del 

curador promover este nombramiento y si no lo cumple, será responsable de los 

perjuicios que se causen al incapacitado. También podrá promover este 

nombramiento el Ministerio Público. 


ART. 577.- Cuando la tutela del incapacitado recayere en el cónyuge, ejercerá 

ésta la autoridad de aquél; pero no podrá gravar ni enajenar los bienes que sean 

de la clase a que se refiere el artículo 563, sin previa audiencia del curador y 

autorización judicial, que se concederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

556. 


ART. 578.- Cuando la tutela recaiga en cualquiera otra persona, se ejercerá 

conforme a las reglas establecidas para la tutela de los menores e incapaces. 

ART. 579.- En caso de maltratamiento, de negligencia en los cuidados debidos al 

incapacitado, o de mala administración de sus bienes, podrá el tutor ser removido 

de la tutela a petición del curador, de los parientes del incapacitado o del 


ART. 580.- El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del 

incapacitado, que podrá fijar al ascendiente o extraño que conforme a derecho lo 

nombre en su testamento y para los tutores legítimos y dativas (sic) la fijará el 

juez. 

ART. 581.- En ningún caso bajará la retribución del cinco ni excederá del diez por 

ciento de las rentas líquidas de dichos bienes. 

ART. 582.- Si los bienes del incapacitado tuvieren un aumento en sus productos 

debido exclusivamente a la industria y diligencia del tutor, tendrá derecho a que se 

le aumente la remuneración hasta un veinte por ciento de los produstos (sic)

líquidos. La calificación del aumento se hará por el juez, con audiencia del 

curador. 

ART. 583.- Para que pueda hacerse en la retribución de los tutores el aumento 

extraordinario que permite el artículo anterior, será requisito indispensable que por 

lo menos en dos años consecutivos haya obtenido el tutor la aprobación absoluta 

de sus cuentas. 

ART. 584.- El tutor no tendrá derecho a remuneración alguna, y restituirá lo que 

por este título hubiere recibido, si contraviniese lo dispuesto en el artículo 154. 

CAPITULO XI. 

De las cuentas de la tutela. 

ART. 585.- El tutor está obligado a rendir al juez cuenta detallada de su 

administración, en el mes de enero de cada año, sea cual fuere la fecha en que se 

le hubiere discernido el cargo. La falta de presentación de la cuenta en los tres 

meses siguientes al de enero, motivará la remoción del tutor. 

ART. 586.- También tiene obligación de rendir cuenta, cuando por causas graves 

que calificará el juez, la exijan el curador, el Ministerio Público, o el mismo menor 

que haya cumplido dieciséis años de edad. 

ART. 587.- La cuenta de administración comprenderá no solo las cantidades en 

numerario que hubiere recibido el tutor por producto de los bienes y la aplicación 

que les haya dado, sino en general todas las operaciones que se hubieren 

practicado, e irá acompañada de los documentos justificativos y de un balance del 

estado de los bienes. 

ART. 588.- El tutor es responsable del valor de los créditos activos si dentro de 

sesenta días, contados desde el vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago 

o garantía que asegure éste, o no ha pedido judicialmente el uno o la otra. 

ART. 589.- Si el incapacitado no está en posesión de algunos bienes a que tiene 

derecho, será responsable el tutor de la pérdida de ellos, si dentro de dos meses 

contados desde que tuvo noticia del derecho del incapacitado, no entabla a 

nombre de éste judicialmente, las acciones conducentes para recobrarlos. 

ART. 590.- Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la 

responsabilidad que, después de intentadas las acciones, puede resultar al tutor 

por culpa o negligencia en el desempeño de su encargo. 

ART. 591.- Las cuentas deben rendirse en el lugar en que se desempeña la tutela. 


ART. 592.- Deben abonarse al tutor todos los gastos hechos debida y legalmente, 

aunque los haya anticipado de su propio caudal, y aunque de ellos no haya 

resultado utilidad al menor y al mayor de edad incapaz, si esto ha sido sin culpa 

del primero. 

ART. 593.- Ninguna anticipación ni crédito contra el incapacitado se abonará al 

tutor, si excede de la mitad de la renta anual de los bienes de aquél, a menos que 

al efecto haya sido autorizado por el juez con audiencia del curador. 

ART. 594.- El tutor será igualmente indemnizado, según el prudente arbitrio del 

juez, del daño que haya sufrido por causa de la tutela y el desempeño necesario 

de ella, cuando no haya intervenido de su parte culpa o negligencia. 


ART. 595.- La obligación de dar cuenta no puede ser dispensada en contrato o 

última voluntad, ni aún por el mismo tutelado; y si esa dispensa se pusiere como 

condición, en cualquier acto se tendrá por no puesta. 

ART. 596.- El tutor que sea reemplazado por otro, estará obligado, lo mismo sus 

herederos, a rendir cuenta general de la tutela al que lo reemplaza. El nuevo tutor 

responderá al incapacitado por los daños y perjuicios si no pidiere y tomare las 

cuentas de su antecesor. 

ART. 597.- El tutor, o en su falta quien lo represente, rendirá las cuentas generales 

de la tutela en el término de tres meses, contados desde el día en que fenezca la 

tutela. El juez podrá prorrogar este plazo hasta por tres meses más, si 

circunstancias extraordinarias así lo exigieren. 

ART. 598.- La obligación de dar cuenta pasa a los herederos del tutor, y si alguno 

de ellos sigue administrando los bienes de la tutela, su responsabilidad será la 

misma que la de aquél. 

ART. 599.- La garantía dada por el tutor no se cancelará, sino cuando las cuentas 

hayan sido aprobadas. 

ART. 600.- Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es nulo todo 

convenio entre el tutor y el pupilo, ya mayor o emancipado, relativo a la 

administración de la tutela o a las cuentas mismas. 

CAPITULO XII. 

De la extinción de la tutela. 

ART. 601.- La tutela se extingue: 

I.- Por la muerte del pupilo o porque desaparezca su incapacidad;

II.- Cuando el incapacitado, sujeto a tutela entre a la patria potestad por 

reconocimiento o por adopción. 

CAPITULO XIII. 

De la entrega de los bienes. 

ART. 602.- El tutor, concluida la tutela, está obligado a entregar todos los bienes 

del incapacitado y todos los documentos que le pertenezcan, conforme al balance 

que se hubiere presentado en la última cuenta aprobada. 


ART. 602 BIS.- La entrega de bienes a que se refiere el artículo anterior se deberá 

hacer, en sus respectivos casos: 

I. Tratándose de los menores, cuando alcancen la mayor edad; 

II. Al menor emancipado, respecto de los bienes que conforme a la ley pueda 

administrar; 

III. A los que entren al ejercicio de la patria potestad; 

IV. A los herederos de la persona que estuvo sujeta a tutela; y 

V. Al tutor que lo sustituya en el cargo. 

ART. 603.- La obligación de entregar los bienes no se suspende por estar 

pendiente la rendición de cuentas. La entrega debe ser hecha durante el mes 

siguiente a la terminación de la tutela, cuando los bienes sean muy cuantiosos o 

estuvieren ubicados en diversos lugares, el juez puede fijar un término prudente 

para su conclusión, pero, en todo caso, deberá comenzarse en el plazo antes 

señalado. 

ART. 604.- El tutor que entre al cargo sucediendo a otro, está obligado a exigir la 

entrega de bienes y cuentas al que le ha precedido. Si no la exige, es responsable 

de todos los daños y perjuicios que por su omisión se siguieren al incapacitado. 

ART. 605.- La entrega de los bienes y la cuenta de la tutela se efectuarán a 

expensas del incapacitado. Si para realizarse no hubiere fondos disponibles, el 

juez podrá autorizar al tutor a fin de que se proporcione los necesarios para la 

primera, y éste adelantará los relativos a la segunda, los cuales le serán 

reembolsados con los primeros fondos de que se pueda disponer. 

ART. 606.- Cuando intervenga dolo o culpa por parte del tutor, serán de su cuenta 

todos los gastos.

ART. 607.- El saldo que resulte en pro o en contra del tutor, producirá interés 

legal. En el primer caso correrá desde que previa entrega de los bienes se haga el 

requerimiento legal para el pago; y en el segundo, desde la rendición de cuentas, 

si hubiesen sido dadas dentro del término designado por la ley; y si no, desde que 

expiare (sic) el mismo término. 

ART. 608.- Cuando en la cuenta resulte alcance contra el tutor, aunque por un 

arreglo con el menor o sus representantes se otorguen plazos al responsable o a 

sus herederos para satisfacerlo, quedarán vivas las hipotecas u otras garantías 

dadas para la administración, hasta que se verifique el pago, a menos que se haya 

pactado expresamente lo contrario en el arreglo. 

ART. 609.- Si la caución fuere de fianza, el convenio que conceda nuevos plazos 

al tutor, se hará saber al fiador; si éste consiente, permenecerá (sic) obligado 

hasta la solución; si no consiente, no habrá espera, y se podrá exigir el pago 

inmediato o la subrogación del fiador por otro igualmente idóneo que acepte el 

convenio. 

ART. 610.- Si no se hiciera saber el convenio al fiador, éste no permanecerá 

obligado. 

ART. 611.- Todas las acciones por hechos relativos a la administración de la 

tutela, que el incapacitado pueda ejercer contra el tutor, o contra los fiadores 

garantes de ésto, quedan exitnguidas (sic) por el lapso de cuatro años, contados 

desde el día en que se cumple la mayor edad, o desde el momento en que se 

hayan recibido los bienes y la cuenta de la tutela, o desde que haya cesado la 

incapacidad en los demás casos previstos por la ley. 

ART. 612.- Si la tutela hubiere fenecido durante la minoridad, el menor podrá 

ejercitar las acciones correspondientes contra el primer tutor y los que le hubieren 

sucedido en el cargo, computándose entonces los términos desde el día en que 

llegue a la mayor edad. Tratándose de los demás incapacitados, los términos se 

computarán desde que cese la incapacidad. 

CAPITULO XIV. 

Del curador. 

ART. 613.- Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima o 

dativa, además del tutor tendrán un curador, excepto en los casos de tutela a que 

se refieren los artículo s 487 y 495. 

ART. 614.- En todo caso en que se nombre al menor u (sic) tutor interino, se le 

nombrará curador con el mismo carácter, si no lo tuviere definitivo, o si teniéndolo 

se halla impedido.

ART. 615.- También se nombrará un curador interino en el caso de oposición de 

intereses a que se refiere el artículo 452. 

ART. 616.- Igualmente se nombrará curador interino en los casos de impedimento, 

separación o excusa del nombrado, mientras se decide el punto; luego que se 

decida se nombrará nuevo curador conforme a derecho. 

ART. 617.- Lo dispuesto sobre impedimentos o excusas de los tutores regirá 

igualmente respecto de los curadores. 

ART. 618.- Los que tienen derecho a nombrar tutor, lo tienen también de nombrar 

curador. 

ART. 619.- Designarán por sí mismos el curador, con la aprobación judicial: 

I.- Los comprendidos en el artículo 491, observándose lo que allí se dispone 

respecto de esos nombramientos; 


II.- Los menores de edad emancipados por razón del matrimonio, en el caso 

previsto en la fracción II del Artículo 637. 

ART. 620.- El curador de todos los demás individuos sujetos a tutela será 

nombrado por el juez. 

ART. 621.- El curador está obligado: 

I.- A defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente 

en el caso de que estén en oposición con los del tutor; 

II.- A vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento del juez todo aquello 

que considere que puede ser dañoso al incapacitado; 

III.- A dar aviso al juez para que se haga el nombramiento del tutor, cuando éste 

faltare o abandonare la tutela; 

IV.- A cumplir las demás obligaciones que la ley le señale. 

ART. 622.- El curador que no llene los deberes prescritos en el artículo 

precedente, será responsable de los daños y perjuicios que resultaren al 

incapacitado. 

ART. 623.- Las funciones del curador cesarán cuando el incapacitado salga de la 

tutela; pero si sólo variaren las personas de los tutores, el curador continuará en la 

curaduría.

ART. 624.- El curador tiene derecho a ser relevado de la curaduría, pasados diez 

años desde que se encargó de ella. 

ART. 625.- En los casos en que conforme a este Código tenga que intervenir el 

curador, cobrará el honorario que señala el arancel a los procuradores, sin que por 

ningún otro motivo pueda pretender mayor retribución. Si hiciere algunos gastos 

en el desempeño de su cargo, se le pagarán. 

CAPITULO XV. 

De las obligaciones, en la tutela, del Ministerio 

Público y Jueces de Primera Instancia. 

ART. 626.- El Ministerio Público es el órgano de vigilancia y de información, que, 

además de las funciones que expresamente le asignan varios de los artículos que 

preceden, tienen las obligaciones siguientes: 

I.- Formar y remitir al Juez de Primera Instancia una lista de las personas de la 

localidad que por su aptitud legal y moral, puedan desempeñar la tutela, para que 

de entre ellas se nombren los tutores y curadores, en los casos que estos 

nombramientos correspondan al juez; 


II.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se 

refiere a la educación y la asistencia de los menores; dando aviso al juez de las 

faltas u omisiones que notare; 

III.- Avisar al juez cuando tenga conocimiento de que los bienes de un 

incapacitado estén en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes; 

IV.- Investigar y poner en conocimiento del juez qué incapacitados carecen de 

tutor, con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos; 

V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan la obligación que les 

impone la fracción II del artículo 532; 

VI.- Vigilar el registro de tutela, a fin de que sea llevado en debida forma. 

ART. 627.- Los jueces son las autoridades encargadas exclusivamente de 

intervenir en los asuntos relativos a la tutela. Ejercerán una osbrevigilancia (sic) 

sobre el conjunto de los actos del tutor, para impedir por medio de disposiciones 

apropiadas, la transgresión de sus deberes. 

ART. 628.- Mientras que se nombra tutor, el juez debe dictar las medidas 

necesarias para que el incapacitado no sufra perjuicios en su persona o en sus 

intereses.

CAPITULO XVI. 

Del estado de interdicción. 

ART. 629.- Son nulos todos los actos de administración ejecutados y los contratos 

celebrados por los incapacitados, sin la autorización del tutor, salvo lo dispuesto 

en la fracción IV del artículo 632. 

ART. 630.- Son también nulos los actos de administración y los contratos 

celebrados por los menores emancipados, si son contrarios a las restricciones 

establecidas por el artículo 637. 

ART. 631.- La nulidad a que se refieren los artículos anteriores, sólo puede ser 

alegada, sea como acción, sea como excepción, por el mismo incapacitado o por 

sus legítimos representantes; pero no por las personas con quienes contrató, ni 

por los fiadores que se hayan dado al constituirse la obligación, ni por los 

mencomunados (sic) en ella. 

ART. 632.- La acción para pedir la nulidad, prescribe en los términos en que 

prescriben las acciones personales o reales, según la naturaleza del acto cuya 

nulidad se pretende. 

ART. 633.- Los menores de edad no pueden alegar la nulidad de que hablan los 

artículos 629 y 630, en las obligaciones que hubieren contraído sobre materias 

propias de la profesión o arte en que sean peritos. 

ART. 634.- Tampoco pueden alegarla los menores, si han presentado certificados 

falsos del Registro Civil, para hacerse pasar como mayores o han manifestado 

dolosamente que lo eran. 

TITULO DECIMO. 

De la emancipación y de la mayor edad. 

CAPITULO I. 

De la emancipación. 


ART. 635.- El matrimonio del menor de dieciocho años produce de derecho la 

emancipación. Aunque el matrimonio se disuelva; el cónyuge emancipado, que 

sea menor, no recaerá en la patria potestad.



ART. 637.- El emancipado tiene la libre administración de sus bienes pero siempre 

necesita durante su menor edad. 

I.- De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes 

raíces. 

II.- De un tutor para negocios judiciales. 



CAPITULO II. 

De la mayor edad. 


ART.- 640.- La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos. 

ART. 641.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. 

TITULO UNDECIMO. 

De los ausentes e ignorados. 

CAPITULO I. 

ART. 642.- El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia ordinaria y 

tuviere apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá como 

presente para todos los efectos civiles, y sus negocios se podrán tratar con el 

apoderado hasta donde alcance el poder. 

ART. 643.- Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se 

halle y quien la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un 

depositario de sus bienes, la citará por edictos publicados en los principales 

periódicos de su último domicilio, señalándole para que se presente un término 

que no bajará de tres meses, ni pasará de seis, y dictará las providencias 

necesarias para asegurar los bienes.

ART. 644.- Al publicarse los edictos remitirá copia a los cónsules mexicanos de 

aquellos lugares del extranjero en que se puede presumir que se encuentra el 

ausente o que se tengan noticias de él. 

ART. 645.- Si el ausente tiene hijos menores, que estén bajo su patria potestad, y 

no hay ascendientes que deba ejercerla conforme a la ley, ni tutor testamentario, 

ni legítimo, el Ministerio Público pedirá que se nombre tutor, en los términos 

prevenidos en los artículos 491 y 492. 

ART. 646.- Las obligaciones y facultades del depositario serán las que la ley 

asigna a los depositarios judiciales. 

ART. 647.- Se nombrará depositarios: 

I.- Al cónyuge del ausente; 

II.- A uno de los hijos mayores de edad que resida en el lugar. Si hubiere varios, el 

juez elegirá al más apto; 

III.- Al ascendiente más próximo en grado al ausente; 

IV.- A falta de los anteriores o cuando sea inconveniente que éstos por su notoria 

mala conducta o por su ineptitud, sean nombrados depositarios, el juez nombrará 

al heredero presuntivo y si hubiere varios se observará lo que dispone el artículo 

653. 

ART. 648.- Si cumplido el término del llamamiento, el citado no compareciere por 

sí, ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de pariente que pueda 

representarlo, se procederá al nombramiento de representante. 

ART. 649.- Lo mismo se hará cuando en iguales circunstancias caduque el poder 

conferido por el ausente, o sea insuficiente para el caso. 

ART. 650.- Tienen acción para pedir el nombramiento de depositario o de 

representante, el Ministerio Público, o cualquiera a quien interese tratar o litigar 

con el ausente o defender los intereses de éste. 

ART. 651.- En el nombramiento de representantes se seguirá el orden establecido 

en el artículo 647. 

ART. 652.- Si el cónyuge ausente fuere casado en segundas o ulteriores nupcias y 

hubiere hijos del matrimonio o matrimonios anteriores, el juez dispondrá que el 

cónyuge presente y los hijos del matrimonio o matrimonios anteriores, o sus 

legítimos representantes en su caso, nombren de acuerdo al depositario 

representante; más si no estuvieren conformes, el juez lo nombrará libremente, de 

entre las personas designadas por el artículo anterior.

ART. 653.- A falta del cónyuge, de descendientes y de ascendientes, será 

representante el heredero presuntivo. Si hubiere varios con igual derecho, ellos 

mismos elegirán al que debe representarlo. Si no se ponen de acuerdo en la 

elección, la hará el juez, prefiriendo al que tenga más interés en la conservación 

de los bienes del ausente. 

ART. 654.- El representante del ausente es el legítimo administrador de los bienes 

de éste y tiene respecto de lelos (sic), las mismas obligaciones, facultades y 

restricciones que los tutores. 

No entrará a la administración de los bienes sin que previamente forme inventario 

y avalúo de ellos, y si dentro del término de un mes no presta la caución 

correspondiente, se nombrará otro representante. 

ART. 655.- El representante del ausente disfrutará la misma retribución que a los 

tutores señalan los artículos 580, 581 y 582. 

ART. 656.- No pueden ser representantes de un ausente, los que no puedan ser 

tutores. 

ART. 657.- Pueden excusarse, los que puedan hacerlo de la tutela. 

ART. 658.- Será removido del cargo de representante, el que deba serlo del de 

tutor. 

ART. 659.- El cargo de representante acaba: 

I.- Con el regreso del ausente; 

II.- Con la presentación del apoderado legítimo; 

III.- Con la muerte del ausente; 

IV.- Con la posesión provisional. 

ART. 660.- Cada año, en el día que corresponda a aquel en que hubiere sido 

nombrado el representante, se publicarán nuevos edictos llamando al ausente. En 

ellos constarán el nombre y domicilio del representante y el tiempo que faltare 

para que se cumpla el plazo que señalan los artículos 663 y 664 en su caso. 

ART. 661.- Los edictos se publicarán por dos meses, sin (sic) intervalos de quince 

días, en los principales periódicos del último domicilio del ausente, y se remitirán a 

los cónsules, como previene el artículo 644. 

ART. 662.- El representante está obligado a promover la publicación de los 

edictos. La falta de cumplimiento de esa obligación hace responsable al

epresentante, de los daños y perjuicios que se sigan al ausente, y es causa 

legítima de remoción. 

CAPITULO II. 

De la declaración de ausencia. 

ART. 663.- Pasados dos años desde el día en que haya sido nombrado el 

representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia. 

ART. 665.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará aún cuando el poder 

se haya conferido por más de tres anos (sic). 

ART. 666 (SIC).- En caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado 

general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de 

ausencia sino pasados tres años, que se contarán desde la desaparición del 

ausente, si en este período no se tuvieren ningunas noticias suyas, o desde la 

fecha en que se hayan tenido las últimas. 

ART. 666.- Pasados dos años, que se contarán del modo establecido en el artículo 

664, el Ministerio Público y las personas que designa el artículo siguiente, pueden 

pedir que el apoderado garantice, en los mismos términos en que debe hacerlo el 

representante. Si no lo hiciere se nombrará representante de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 651, 652 y 653. 

ART. 667.- Pueden pedir la declaración de ausencia: 

I.- Los presuntos herederos legítimos del ausente; 

II.- Los herederos instituídos en testamento abierto; 

III.- Los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o 

presencia del ausente; y 

IV.- El Ministerio Público. 

ART. 668.- Si el juez encuentra fundada la demanda, dispondrá que se publique 

durante tres meses, con intervalos de quince días, en el Periódico Oficial, y en los 

principales del último domicilio del ausente, y la remitirá a los cónsules, conforme 

al artículo 644. 

ART. 669.- Pasados cuatro meses desde la fecha de la última publicación, si no 

hubiere noticias del ausente ni oposición de algún interesado, el juez declarará en 

forma la ausencia.

ART. 670.- Si hubiere algunas noticias y oposición, el juez no declarará la 

ausencia sin respetar las publicaciones que establece el artículo 668. y (sic) hacer 

la averiguación por los medios que el oponente proponga, y por los que el mismo 

juez crea oportunos. 

ART. 671.- La declaración de ausencia se publicará tres veces en los periódicos 

mencionados con intervalo de quince días, remitiéndose a los cónsules como está 

prevenido respecto de los edictos. Ambas publicaciones se repetirán cada dos 

años hasta que se declare la presunción de muerte. 

ART. 672.- El fallo que se pronuncie en el juicio de declaración de ausencia, 

tendrá los recursos que el Código de Procedimientos asigne para los negocios de 

mayor interés. 

CAPITULO III. 

De los efectos de declaración de Ausencia. 

ART. 673.- Declarada la ausencia, si hubiere testamento público u ológrafo, la 

persona en cuyo poder se encuentre lo presentará al juez, dentro de quince días 

contados desde la última publicación de que habla el artículo 671. 

ART. 674.- El juez, de oficio o de instancia de cualquiera que se crea interesado 

en el testamento ológrafo, abrirá éste en presencia del representante del ausente, 

con citación de los que promovieron la declaración de ausencia, y con las demás 

solemnidades prescritas para la apertura de esta clase de testamento. 

ART. 675.- Los herederos testamentarios, y en su defecto, los que fueren 

legítimos al tiempo de la desaparición de un ausente, o al tiempo en que se hayan 

recibido las últimas noticias, si tienen capacidad legal para administrar, serán 

puestos en la posesión provisional de los bienes, dando fianza que asegure las 

resultas de la administración. Si tuvieren bajo la patria potestad o tutela, se 

procederá conforme a derecho. 

ART. 676.- Si son varios los herederos y los bienes admiten cómoda división, cada 

uno administrará la parte que le corresponda. 

ART. 677.- Si los bienes no admiten cómoda división, los herederos elegirán de 

entre ellos mismos un administrador general, y si no se pusieren de acuerdo, el 

juez le nombrará, escogiéndolo de entre los mismos herederos. 

ART. 678.- Si una parte de los bienes fuere cómodamente divisible y otra no, 

respecto de ésta, se nombrará el administrador general.

ART. 679.- Los herederos que no administren, podrán nombrar un interventor, que 

tendrá las facultades y obligaciones señaladas a los curadores. Su honorario será 

el que le fijen los que le nombren y se pagará por éstos. 

ART. 680.- El que entre en la posesión provisional, tendrá, respecto de los bienes, 

las mismas obligaciones, facultades y restricciones que los tutores. 

ART. 681.- En el caso del artículo 676 cada heredero dará la garantía que 

corresponda a la parte de bienes que administre. 

ART. 682.- En el caso del artículo 677, el administrador general será quien dé la 

garantía legal. 

ART. 683.- Los legatarios, los donatarios y todos los que tengan sobre los bienes 

del ausente derechos que dependan de la muerte o presencia de éste, podrán 

ejercitarlos, dando la garantía que corresponde, según el artículo 523. 

ART. 684.- Los que tengan con relación al ausente, obligaciones que deban cesar 

a la muerte de éste, podrán también suspender su cumplimiento bajo la misma 

garantía. 

ART. 685.- Si no pudiere darse la garantía prevenida en los cinco artículos 

anteriores, el juez, según las circunstancias de las personas y de los bienes, y 

concediendo el plazo fijado en el artículo 526, podrá disminuir el importe de 

aquélla, pero de modo que no baje de la tercia parte de los valores señalados en 


ART. 686.- Mientras no se dé la expresada garantía, no cesará la administración 

del representante. 

ART. 687.- No están obligados a dar garantía: 

I.- El cónyuge, los descendientes y los ascendientes que como herederos entren 

en la posesión de los bienes del ausente, por la parte que en ellos les 

corresponda; 

II.- El ascendiente que en ejercicio de la patria potestad administre bienes que 

como herederos del ausente correspondan a sus descendientes. 

Si hubiere legatarios, el cónyuge, los descendientes y ascendientes darán la 

garantía legal por la parte de bienes que correspondan a los legatarios, si no 

hubiere división, ni administrador general. 

ART. 688.- Los que entren en la posesión provisional tienen derecho de pedir 

cuentas al representante del ausente y éste entregará los bienes y dará las 

cuentas en los términos prevenidos en los Capítulos XI y XIII del Título IX de este

Libro. El plazo señalado en el artículo 597, se contará desde el día en que el 

heredero haya sido declarado con derecho a la referida posesión. 

ART. 689.- Si hecha la declaración de ausencia no se presentaren herederos del 

ausente, el Ministerio Público pedirá, o la continuación del representante, o la 

elección de otro que en nombre de la Hacienda Pública, entre en la posesión 

provisional, conforme a los artículos que anteceden. 

ART. 690.- Muerto el que haya obtenido la posesión provisional, le sucederán sus 

herederos en la parte que le haya correspondido, bajo las mismas condiciones y 

con iguales garantías. 

ART. 691.- Si el ausente se presenta o se prueba su existencia antes de que sea 

declarada la presunción de muerte, recobrará sus bienes. Los que han tenido la 

posesión provisional, hacen suyos todos los frutos industriales que hayan hecho 

producir a esos bienes y la mitad de los frutos naturales y civiles. 

CAPITULO IV. 

De la administración de los bienes del ausente casado. 

ART. 692.- La declaración de ausencia interrumpe la sociedad conyugal, a menos 

de que en las capitulaciones matrimoniales se haya estipulado que continúe. 

ART. 693.- Declarada la ausencia, se procederá, con citación de los herederos 

presuntivos, al inventario de los bienes y a la separación de los que deben 

corresponder al cónyuge ausente. 

ART. 694.- El cónyuge presente recibirá desde luego los bienes que le 

correspondan hasta el día en que la declaración de ausencia haya causado 

ejecutoria. De esos bienes podrá disponer libremente. 

ART. 695.- Los bienes del ausente se entregarán a sus herederos, en los términos 

prevenidos en el capítulo anterior. 

ART. 696.- En el caso previsto en el artículo 691, si el cónyuge presente entrare 

como heredero en la posesión provisional, se observará lo que ese artículo 

dispone. 

ART. 697.- Si el cónyuge presente no fuere heredero, ni tuviere bienes propios, 

tendrá derecho a alimentos. 

ART. 698.- Si el cónyuge ausente regresa o se probare su existencia, quedará 

restaurada la sociedad conyugal.

CAPITULO V. 

De la presunción de muerte del ausente. 

ART. 699.- Cuando hayan transcurrido seis años desde la declaración de 

ausencia, el juez a instancia de parte interesada, declarará la presunción de 

muerte. 

Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, 

encontrándose a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una explosión, 

incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan 

transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse 

la declaración de presunción de muerte, sin que en esos casos sea necesario que 

previamente se declare su ausencia; pero sí se tomarán las medidas provisionales 

autorizadas por el Capítulo I de este Título. 

ART. 700.- Declarada la presunción de muerte, se abrirá el testamento del 

ausente, si no estuviere ya publicado, conforme al artículo 674; los poseedores 

provisionales darán cuenta de su administración en los términos prevenidos en el 

artículo 688, y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión 

definitiva de los bienes, sin garantía alguna. La que según la ley se hubiere dado 

quedará cancelada. 

ART. 701.- Si se llega a probar la muerte del ausente, la herencia se difiere a los 

que debieran heredar al tiempo de ella pero el poseedor o poseedores de los 

bienes hereditarios, al restituirlos, se reservarán los frutos correspondientes a la 

época de la posesión provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 691, y 

todos ellos, desde que obtuvieron la posesión definitiva. 

ART. 702.- Si el ausente se presentare o se probare su existencia después de 

otorgada la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se 

hallen, el precio de los enajenados, o los que se hubieren adquirido con el mismo 

precio; pero no podrá reclamar frutos ni rentas. 

ART. 703.- Cuando hecha la declaración de ausencia o la presunción de muerte 

de una persona, se hubieren aplicado sus bienes a los que por testamento o sin él 

se tuvieren por herederos, y después se presentaren otros pretendiendo que ellos 

deben ser preferidos en la herencia, y así se declara por sentencia que cause 

ejecutoria, la entrega de los bienes se hará a éstos en los mismos términos en 

que, según los artículos 691 y 702 debiera hacerse al auesnte (sic) si se 

presentara. 

ART. 704.- Los poseedores definitivos darán cuenta al ausente y a sus herederos. 

El plazo legal correrá desde el día en que el primero se presente por sí o por 

apoderado legítimo, o desde aquel en que por sentencia que cause ejecutoria se 

haya diferido la herencia.

ART. 705.- La posesión definitiva termina: 

I.- Con el regreso del ausente; 

II.- Con la noticia cierta de su existencia; 

III.- Con la certidumbre de su muerte; 

IV.- Con la sentencia que cause ejecutoria, en el caso del artículo 703. 

ART. 706.- En el caso segundo del artículo anterior, los poseedores definitivos 

serán considerados como provisionales desde el día en que se tenga noticia cierta 

de la existencia del ausente. 

ART. 707.- La sentencia que declare la presunción de muerte de un ausente 

casado, pone término a la sociedad conyugal. 

ART. 708.- En el caso previsto por el artículo 697, el cónyuge sólo tendrá derecho 

a los alimentos. 

CAPITULO VI. 

De los efectos de la ausencia respecto de 

los derechos eventuales del ausente. 

ART. 709.- Cualquiera que reclame un derecho referente a una persona cuya 

existencia no esté reconocida, deberá probar que esta persona vivía en el tiempo 

en que era necesaria su existencia para adquirir aquel derecho. 

ART. 710.- Si se defiere una herencia a la que sea llamado un individuo declarado 

ausente o respecto del cual se haya hecho la declaración de presunción de 

muerte, entrarán sólo en ella los que debían ser coherederos de aquél o suceder 

por su falta; pero deberán hacer inventario en forma de los bienes que reciban. 

ART. 711.- En este caso, los coherederos o sucesores se considerarán como 

poseedores provisionales o definitivos de los bienes que por la herencia debían 

corresponder al ausente, según la época en que la herencia se defiera. 

ART. 712.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, debe entenderse sin 

perjuicio de las acciones de petición de herencia y de otros derechos que podrán 

ejercitar el ausente, sus representantes, acreedores o legatarios, y que no se 

extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la prescripción. 

ART. 713.- Los que hayan entrado en la herencia harán suyos los frutos percibidos 

de buena fe, mientras el ausente no comparezca, sus acciones no sean

ejercitadas por sus representantes, o por los que por contrato o cualquiera otra 

causa tengan con él relaciones jurídicas. 

CAPITULO VII. 


ART. 714.- El representante y los poseedores provisionales y definitivos, en sus 

respectivos casos, tienen la legítima procuración del ausente en juicio y fuera de 

él. 

ART. 715.- Por causa de ausencia no se suspenden los términos que fija la ley 

para la prescripción. 

ART. 716.- El Ministerio Público velará por los intereses del ausente, será oído en 

todos los juicios que tengan relación con él, y en las declaraciones de ausencia y 

presunción de muerte. 

TITULO DUODECIMO. 

Del patrimonio de la familia. 

CAPITULO UNICO. 


ART. 717.- Son susceptibles de constituir el patrimonio de la familia: 

Los bienes inmuebles, muebles y semovientes, que no rebasen la cuantía 

contenida en el Artículo 724 de este Código. 

ART. 718.- La constitución del patrimonio de la familia no hace pasar la propiedad 

de los bienes que a él quedan afectos, del que le constituye a los miembros de la 

familia beneficiaria. Estos sólo tienen derecho de disfrutar de esos bienes, según 

lo dispuesto en el artículo siguiente. 

ART. 719.- Tienen derecho de habitar la casa y de aprovechar los frutos de la 

parcela afecta al patrimonio de la familia, el cónyuge del que lo constituye y las 

personas a quienes tiene obligación de dar alimentos. Ese derecho es 

intransmisible; pero debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 734. 

ART. 720.- Los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de la familia serán 

representados en sus relaciones con tercero (sic), en todo lo que al patrimonio se 

refiere, por el que lo constituyó y, en su defecto, por el que nombre la mayoría.

El representante tendrá también la administración de dichos bienes. 

ART. 721.- Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalineables (sic) y 

no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno. 

ART. 722.- Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes sitos en 

el Municipio en que esté domiciliado el que lo constituya. 

ART. 723.- Cada familia sólo puede constituir un patrimonio. Los que constituyen 

subsistiendo el primero no producirán efecto legal alguno. 


ART. 724.- El valor máximo permitido en términos de ley, respecto de los bienes 

que conforman el patrimonio de la familia, será de 50 salarios mínimos generales 

vigentes en el Estado, elevados al año. El incremento que sobrevenga respecto al 

valor de los mismos, originado por cualquier causa, no los sustrae del régimen que 

los salvaguarda, por lo que tal incremento o excedente tampoco será embargable; 

pero el valor original y su incremento, si podrán disminuírse para encuadrarse 

dentro de los límites establecidos por este Código. 


ART. 725.- Pueden constituir el patrimonio familiar, la madre, el padre, o ambos, 

en su caso, la concubina, el concubino o ambos, la madre soltera o el padre 

soltero, o las abuelas, los abuelos, los hijos y las hijas o cualquier persona que 

quiera constituirlo para proteger jurídica y económicamente a su familia y lo 

manifestará por escrito al juez de su domicilio, designando con toda precisión y de 

manera que puedan ser inscritos en el Registro Público, los bienes que van a 

quedar afectos. 

Además, comprobará lo siguiente: 

I.- Que es mayor de edad o que está emancipado; 

II.- Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio; 

III.- La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La 

comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las 

actas del Registro Civil; 

IV.- Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio, y 

que no reporten gravámenes fuera de las servidumbres; 


V.- Que el valor de los bienes destinados a constituír el patrimonio de la familia no 

exceda del máximo permitido en el Artículo 724. Dicho valor solamente se 

acreditará mediante avalúo catastral tratándose de inmuebles, en tanto que los 

muebles y los semovientes serán valuados mediante dictamen pericial.

ART. 726.- Si se llenan las condiciones exigidas en el artículo anterior, el juez, 

previos los trámites que fije el Código de la materia, aprobará la constitución del 

patrimonio de la familia y mandará que se hagan las inscripciones 

correspondientes en el Registro Público. 

ART. 727.- Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia sea 

inferior al máximum (sic) fijado en el artículo 724, podrá ampliarse el patrimonio 

hasta llegar a ese valor. La ampliación se sujetará al mismo procedimiento que 

para la constitución fije el Código de la materia. 

ART. 728.- Cuando haya peligro de que quien tiene obligación de dar alimentos 

pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los 

acreedores alimentistas y si éstos son incapaces, sus tutores o el Ministerio 

Público, tienen derecho a exiir (sic) judicialmente que se constituya el patrimonio 

de la familia hasta por los valores fijados en el artículo 724. En la constitución de 

este patrimonio se observará, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 725 y 

726. 

ART. 729.- Con el objeto de favorecer la formación del patrimonio de la familia, se 

venderán a las personas que tengan capacidad legal para constituirlo y que 

quieran hcerlo (sic), las propieddes (sic) raíces que a continuación se expresan: 

I.- Los terrenos pertenecientes al Gobierno del Estado, o a los Ayuntamientos de 

los Municipios del mismo, que no estén destinos (sic) a un servicio público, ni sean 

de uso común; 

II.- Los terrenos que el Gobierno adquiera para dedicarlos a la formación del 

patrimonio de las familias que cuentan con pocos recursos. 

ART. 730.- En los casos previstos en el artículo anterior, la autoridad vendedora 

fijará la forma y el plazo en que debe pagarse el precio de los bienes vendidos, 

teniendo en cuenta la capacidad económica del comprador. 

ART. 731.- El que desee constituir el patrimonio de la familia con la clase de 

bienes que menciona el artículo 729, además de cumplir los requisitos exigidos 

por las fracciones I, II y III del artículo 725, comprobará: 

I.- Que es mexicano; 

II.- Su aptitud o la de sus familiares para desempeñar algún oficio, profesión, 

industria o comercio; 

III.- Que él o sus familiares posean los instrumentos y demás objetos 

indispensables para ejercer la ocupación a que se dediquen;

IV.- El promedio de sus ingresos, a fin de que se pueda calcular, con 

probabilidades de acierto, la posibilidad de pagar el precio del terreno que se le 

vende; 

V.- Que carece de bienes. Si el que tenga interés legítimo demuestra que quien 

constituyó el patrimonio era el propietario de bienes raíces al constituirlo, se 

declarará nula la constitución del patrimonio. 

ART. 732.- La constitución del patrimonio de que trata el artículo 729, se sujetará a 

tramitación ante las autoridades administrativas. Aprobada la constitución del 

patrimonio, se cumplirá con lo que dispone la parte final del artículo 726. 

ART. 733.- La constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en fraude 

de los derechos de los acreedores. 


ART. 734.- Constituído que sea el patrimonio de la familia, ésta debe de habitar la 

casa y de aprovechar los bienes restantes que lo conforman. 

Del cumplimiento de habitar la casa, según lo dispuesto en el párrafo anterior, 

puede sustraerse la familia sin necesidad de declaratoria judicial, si la persona que 

constituyó el patrimonio y los beneficiarios del mismo, por evidente necesidad o 

conveniencia, acuerden darla en arrendamiento. Si al ocurrir lo anterior no hubiere 

mediado el acuerdo de referencia, el contrato o convenio pactado será nulo. 

Respecto a los hijos menores o personas incapaces, la responsabilidad de la 

determinación que se tome, recae en los restantes miembros de la familia, salvo 

que exista persona que por declaración judicial los represente, la que en ese caso 

habrá de hacerlo. 

ART. 735.- El patrimonio de la familia se extingue: 

I.- Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos; 

II.- Cuando sin causa justificada la familia deje de habitar por un año la casa que 

debe servirle de morada, o de cultivar por su cuenta y por dos años consecutivos 

la parcela que le esté anexa; 

III.- Cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la 

familia, de que el patrimonio quede extinguido; 

IV.- Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman; 

V.- Cuando tratándose del patrimonio formado con los bienes vendidos por las 

autoridades mencionadas en el artículo 729, se declare judicialmente nula o 

rescindida la venta de esos bienes.

ART. 736.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio la hará el juez 

competente, mediante el procedimiento fijado en el Código respectivo y la 

comunicará al Registro Público para que se hagan las cancelaciones 

correspondientes. 

Cuando el patrimonio se extinga por la causa prevista en la fracción IV del artículo 

que precede, hecha la expropiación, el patrimonio queda extinguido sin necesidad 

de declaración judicial, debiendo hacerse en el Registro la cancelación que 

proceda. 

ART. 737.- El precio del patrimonio expropiado y la indemnización proveniente del 

pago del seguro a consecuencia del siniestro sufrido por los bienes afectos al 

patrimonio familiar, se depositarán en una institución de crédito y no habiéndola en 

la localidad, en una casa de comercio de notoria solvencia, a fin de dedicarlos a la 

constitución de un nuevo patrimonio de la familia. Durante un año son 

inembargables el precio depositado y el importe del seguro. 

Si el dueño de los bienes vendidos no lo constituye dentro del plazo de seis 

meses, los miembros de la familia a que se refiere el artículo 719, tienen derecho 

de exigir judicialmente la constitución del patrimonio familiar. 

Transcurrido un año desde que se hizo el depósito, sin que se hubiere promovido 

la constitución del patrimonio, la cantidad depositada se entregará al dueño de los 

bienes. 

En los casos de suma necesidad o de evidente utilidad, puede el Juez autorizar al 

dueño del depósito, para disponer de él antes de que transcurra el año. 

ART. 738.- Puede disminuirse el patrimonio de la familia: 

I.- Cuando se demuestre que su disminución es de gran necesidad o de notoria 

utilidad para la familia; 

II.- Cuando el patrimonio familiar, por causas posteriores a su constitución, ha 

rebasado en más de un ciento por ciento el valor máximo que puede tener 

conforme al artículo 724. 

ART. 739.- El Ministerio Público será oído en la extinción y en la reducción del 

patrimonio de la familia. 

ART. 740.- Extinguido el patrimonio de la familia, los bienes que lo formaban 

vuelven al pleno dominio del que lo constituyó, o pasan a sus herederos si aquél 

ha muerto. 

LIBRO SEGUNDO.

DE LOS BIENES. 


Disposiciones Preliminares. 

ART. 741.- Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén 

excluidas del comercio. 

ART. 742.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por 

disposición de la ley. 

ART. 743.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser 

poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que 

ella declara irreductibles a propiedad particular. 


CLASIFICACION DE LOS BIENES. 

CAPITULO I. 

De los bienes inmuebles. 

ART. 744.- Son bienes inmuebles: 

I.- El suelo y las construcciones adheridas a él; 

II.- Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos 

pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos 

por cosechas o cortes regulares; 

III.- Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no 

pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido; 

IV.- Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados 

en edificios o heredadas por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el 

propósito de unirlos de un modo permanente al fundo; 

V.- Los palomares, colmenas, estanques de peses (sic) o criaderos análogos, 

cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la 

finca y formando parte de ella de un modo permanente;

VI.- Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario 

de la finca directa y exclusivamente a la industria o explotación de la misma; 

VII.- Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras 

donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca; 

VIII.- Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el 

dueño de éstos, salvo convenio en contrario; 

IX.- Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los 

acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los 

líquidos o gases a una finca, o para extraerlos de ella; 

X.- Los animales que forman el pie de cría en los predios rústicos destinados total 

o parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo 

indispensables para el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto; 

XI.- Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados 

por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río o lago; 

XII.- Los derechos reales sobre inmuebles; 

XIII.- El material rodante de los ferrocarriles, las líneas telefónicas y telegráficas y 

las estaciones radiotelegráficas fijas. 

ART. 745.- Los bienes muebles, por su naturaleza, que se hayan considerado 

como inmuebles, conforme a lo dispuesto en varias fracciones del artículo anterior, 

recobrarán su calidad de muebles, cuando el mismo dueño los separe del edificio; 

salvo el caso de que en el valor de éste se haya computado el de aquellos, para 

constituir algún derecho real a favor de un tercero. 

CAPITULO II. 

De los bienes muebles. 

ART. 746.- Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. 

ART. 747.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden transladarse 

(sic) de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza 

exterior. 

ART. 748.- Son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y los 

derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles 

en virtud de acción personal.

ART. 749.- Por igual razón se reputan muebles las acciones que cada socio tiene 

en las asociaciones o sociedades, aún cuando a éstas pertenezcan bienes 

inmuebles. 

ART. 750.- Las embarcaciones de todo género son bienes muebles. 

ART. 751.- Los materiales procedentes de la demolición de un edificio, y los que 

se hubieren acopiado para repararlo o para construir un nuevo, serán muebles 

mientras no se hayan empleado en la fabricación. 

ART. 752.- Los derechos de autor se consideran bienes muebles. 

ART. 753.- En general, son bienes muebles, todos los demás no considerados por 

la ley como inmuebles. 

ART. 754.- Cuando en una disposición de la ley o en los actos y contratos se use 

de las palabras bienes muebles, se comprenderán bajo esa denominación los 

enumerados en los artículos anteriores. 

ART. 755.- Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una 

casa, se comprenderán los que formen el ajuar y utensilios de ésta y que sirven 

exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, según las 

circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, no se 

comprenderán: el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas y 

artísticas, los libros y sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de 

artes y oficios, las joyas, ninguna clase de ropa de uso, los granos, caldos, 

mercancías y demás cosas similares. 

ART. 756.- Cuando por la redacción de un testamento o de un convenio, se 

descubra que el testador o las partes contratantes han dado a las palabras 

muebles o bienes muebles una significación diversa de la fijada en los artículos 

anteriores, se estará a lo dispuesto en el testamento o convenio. 

ART. 757.- Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la 

primera clase los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, 

calidad y cantidad. 

Los no fungibles son los que no pueden ser sustituídos por otros de la misma 

especie, calidad y cantidad. 

CAPITULO III. 

De los bienes considerados según 

las personas a quienes pertenecen.

ART. 758.- Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los 

particulares. 

ART. 759.- Son bienes de dominio del poder público los que pertenecen a la 

Federación, a los Estados o a los Municipios. 

ART. 760.- Los bienes de dominio del poder público se regirán por las 

disposiciones de este Código en cuanto no esté determinado por leyes especiales. 

ART. 761.- Los bienes del dominio del poder público se dividen en bienes de uso 

común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. 

ART. 762.- Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden 

aprovecharse de ellos todos los habitantes, con las restricciones establecidas por 

la ley; pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada 

con los requisitos que prevengan las leyes respectivas. 

ART. 763.- Los que estorben el aprovechamiento de los bienes de uso común, 

quedan sujetos a las penas correspondientes, a pagar los daños y perjuicios 

causados y a la pérdida de las obras que hubieren ejecutado. 

ART. 764.- Los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios 

pertenecen en pleno dominio a la Federación, a los Estados o a los Municipios; 

pero los primeros son inalienables e imprescriptibles, mientras no se les desafecte 

del servicio público a que se hallen destinados. 

ART. 765.- Cuando conforme a la ley pueda enajenarse y se enajene una vía 

pública, los propietarios de los predios colindantes gozarán del derecho del tanto 

en la parte que les corresponda, a cuyo efecto se les dará aviso de la enajenación. 

El derecho que este artículo concede deberá ejercitarse precisamente dentro de 

los ocho días siguientes al aviso. Cuando éste no se haya dado, los colindantes 

podrán pedir la rescisión del contrato dentro de los seis meses contados desde su 

celebración. 

ART. 766.- Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo 

dominio les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno 

sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. 

ART. 767.- Los extranjeros y las personas morales para adquirir la propiedad de 

bienes inmuebles, observarán lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. 

CAPITULO IV. 

De los bienes mostrencos.

ART. 768.- Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los predios cuyo 

dueño se ignore. 

ART. 769.- El que hallare una cosa perdida o abandonada, deberá entregarla 

dentro de diez días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana, si el 

hallazgo se verifica en despoblado. 

ART. 770.- La autoridad dispondrá desde luego que la cosa hallada se tase por 

peritos, y la depositará, exigiendo formal y circunstanciado recibo. 

ART. 771.- Cualquiera que sea el valor de la cosa, se fijarán avisos durante un 

mes, de diez en diez días, en los lugares públicos de la cabecera del Municipio, 

anunciándose que al vencimiento del plazo se rematará la cosa si no se 

presentare reclamante. 

ART. 772.- Si la cosa hallada fuera de las que no pueden conservarse, la 

autoridad dispondrá desde luego su venta y mandará depositar el precio. Lo 

mismo se hará cuando la conservación de la cosa pueda ocasionar gastos que no 

estén en relación con su valor. 

ART. 773.- Si durante el plazo designado se presentare alguno reclamando la 

cosa, la autoridad municipal remitirá todos los datos del caso al juez competente, 

según el valor de la cosa, ante quien el reclamante probará su acción, 

interviniendo como parte demandada el Ministerio Público. 

ART. 774.- Si el reclamante es declarado dueño, se le entregará la cosa o su 

precio, en el caso del artículo 772, con deducción de los gastos. 

ART. 775.- Si el reclamante no es declarado dueño, o si pasado el plazo de un 

mes, contando desde la primera publicación de los avisos, nadie reclama la 

propiedad de la cosa, ésta se venderá, dándose una cuarta parte del precio al que 

la halló y destinándose las otras tres cuartas partes al establecimiento de 

beneficencia que designe el Gobierno. Los gastos se repartirán entre los 

adjudicatarios en proporción a la parte que reciban. 

ART. 776.- Cuando por alguna circunstancia especial fuere necesaria, a juicio de 

la autoridad la conservación de la cosa, el que halló ésta recibirá la cuarta parte 

del precio. 

ART. 777.- La venta se hará siempre en almoneda pública. 

CAPITULO V. 

De los bienes vacantes.

ART. 778.- Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y 

conocido. 

ART. 779.- El que tuviere noticia de la existencia de bienes vacantes en el Estado 

y quisiere adquirir la parte que la ley da al descubridor, hará la denuncia de ellos 

ante el Ministerio Público del lugar de la ubicación de los bienes. 

ART. 780.- El Ministerio Público, si estima que procede, deducirá ante el juez 

competente; según el valor de los bienes, la acción que corresponda, a fin de que 

declarados vacantes los bienes se adjudiquen al Fisco del Estado. 

Se tendrá al que hizo la denuncia como tercero coadyuvante. 

ART. 781.- El denunciante recibirá la cuarta parte del valor catastral de los bienes 

que denuncia; observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 775. 

ART. 782.- El que se apodere de un bien vacante sin cumplir lo prevenido en este 

Capítulo, pagará una multa de cinco a cincuenta pesos, sin perjuicio de las penas 

que señale el respectivo Código. 


De la posesión. 

CAPITULO UNICO. 

ART. 783.- Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, 

salvo lo dispuesto en el artículo 786. Posee un derecho el que goza de él. 

ART. 784.- Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una 

cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en 

calidad de usufructo, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título 

análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario 

tiene una posesión originaria, el otro, una posesión derivada. 

ART. 785.- En caso de despojo, el que tiene la posesión originaria goza del 

derecho de pedir que sea restituido el que tenía la posesión derivada, y si éste no 

puede o no quiere recobrarla, el poseedor originario puede pedir que se le dé la 

posesión a él mismo. 

ART. 786.- Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en 

virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario 

de esa cosa, y que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes 

e instrucciones que de él ha recibido, no se le considera poseedor.

ART. 787.- Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean 

susceptibles de apropiación. 

ART. 788.- Puede adquirirse la posesión por la misma persona que va a 

disfrutarla, por un representante legal, por su mandatario y por un tercero sin 

mandato alguno; pero en este último caso no se entenderá adquirida la posesión 

hasta que la persona a cuyo nombre se haya verificado el acto posesorio lo 

ratifique. 

ART. 789.- Cuando varias personas poseen una cosa indivisa podrá cada una de 

ellas ejercer actos posesorios sobre la cosa común, con tal que no excluya los 

actos posesorios de los otros coposeedores. 

ART. 790.- Se entiende que cada uno de los partícipes de una cosa que se posee 

en común, ha poseído exclusivamente, por todo el tiempo que dure la indivisión, la 

parte que al dividirse le tocare. 

ART. 791.- La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos 

los efectos legales. El que posee en virtud de un derecho personal, o de un 

derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario; pero si es 

poseedor de buena fe tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión 

del dueño de la cosa o derecho poseído. 

ART. 792.- El poseedor de una cosa mueble perdida o robada no podrá 

recuperarla de un tercero de buena fe que la haya adquirido en almoneda o de un 

comerciante que en mercado público se dedique a la venta de objetos de la misma 

especie, sin reembolsar al poseedor el precio que hubiere pagado por la cosa. El 

recuperante tiene derecho de repeitr (sic) contra el vendedor. 

ART. 793.- La moneda y los títulos al portador no pueden ser reivindicados del 

adquiriente de buena fe, aunque el poseedor haya sido desposeído de ellos contra 

su voluntad. 

ART. 794.- El poseedor actual que pruebe haber poseído en tiempo anterior, tiene 

a su favor la presunción de haber poseído el intermedio. 

ART. 795.- La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles 

que se hallen en él. 

ART. 796.- Todo poseedor debe ser mantenido o restituído en la posesión contra 

aquellos que no tengan mejor derecho para poseer. 

Es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trata de inmuebles la que 

está inscrita. A falta de título o siendo iguales los títulos, la más antigua. 

Si las posesiones fueren dudosas, se pondrá en depósito la cosa hasta que se 

resuelva a quién pertenece la posesión.

ART. 797.- Para que el poseedor tenga derecho al interdicto de recuperar la 

posesión se necesita que haya pasado un año desde que se verificó el despojo. 

ART. 798.- Se reputa como nunca perturbado o despojado, el que judicialmente 

fué mantenido o restituído en la posesión. 

ART. 799.- Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un 

título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los vicios 

de su título que le impiden poseer un derecho. 

Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo 

mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con 

derecho. 

Entiéndese por título la causa generadora de la posesión. 

ART. 800.- La buena fe se presume siempre: al que afirme la mala fe del poseedor 

le corresponde probarla. 

ART. 801.- La posesión adquirida de buena fe no pierde ese carácter sino en el 

caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no 

ignora que posee la cosa indebidamente. 

ART. 802.- Los poseedores a que se refiere el artículo 884, se regirán por las 

disposiciones que norman los actos jurídicos en virtud de los cuales son 

poseedores, en todo lo relativo a frutos, pagos de gastos, y responsabilidad por 

pérdida de menoscabo de la cosa poseída. 

ART. 803.- El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título 

traslativo de dominio, tiene los derechos siguientes: 

I.- El de hacer suyos los frutos percibidos, mientras su buena fe no es 

interrumpida; 

II.- El de que se le abonen otdos (sic) los gastos necesarios, lo mismo que los 

útiles, teniendo derecho de retener la cosa poseída hasta que se haga el pago; 

III.- El de retirar las mejoras voluntarias, si no se causa daño en la cosa mejorada 

preparando el que se cause al retirarlas; 

IV.- El de que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de los 

frutos naturales e industriales que no hace suyos por estar pendientes al tiempo 

de interrumpirse la posesión; teniendo derecho al interés legal sobre el importe de 

esos gastos desde el día que los haya hecho.

ART. 804.- El poseedor de buena fe a que se refiere el artículo anterior no 

responde del deterioro o pérdida de la cosa poseída, aunque haya ocurrido por 

hecho propio; pero sí responde de la utilidad que el mismo haya obtenido de la 

pérdida o deterioro. 

ART. 805.- El que posee por menos de un año, a título traslativo de dominio y con 

mala fe, siempre que no haya obtenido la posesión por un medio delictuoso, está 

obligado: 

I.- A restituír los frutos percibidos; 

II.- A responder de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa o 

por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que pruebe que éstos se habrían 

causado aunque la cosa hubiere estado poseída por su dueño. No responde de la 

pérdida sobrevenida natural e inevitablemente por el sólo transcurso del tiempo. 

Tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios. 

ART. 806.- El que posee en concepto de dueño por más de un año, pacífica, 

continua y públicamente, aunque su posesión sea de mala fe, con tal que no se 

sea (sic) delictuosa, tiene derecho: 

I.- A las dos terceras partes de los frutos industriales que haga producir a la cosa 

poseída, perteneciente la otra tercera parte al propietario, si reivindican la cosa 

antes de que se prescriba; 

II.- A que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles si, es 

dable separarlas sin detrimento de la cosa mejorada. 

No tiene derecho a los frutos naturales y civiles que produzca la cosa que posee, y 

responde de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa. 

ART. 807.- El poseedor que haya adquirido la posesión por algún hecho 

delictuoso, está obligado a restituir todos los frutos que haya producido la cosa y 

los que haya dejado de producir por omisión culpable. Tiene también la obligación 

impuesta por la fracción II del artículo 805. 

ART. 808.- Las mejoras voluntarias no son abonables a ningún poseedor, pero el 

de buena fe puede retirar esas mejoras conforme a lo dispuesto en el artículo 803, 

fracción III. 

ART. 809.- Se entienden percibidos los frutos naturales o industriales desde que 

se alzan o separan. Los frutos civiles se producen día por día, y pertenecen al 

poseedor en esta proprción (sic), luego que son debidos, aunque no los haya 

recibido.

ART. 810.- Son gastos necesarios los que están prescritos por la ley y aquellos sin 

los que la cosa se pierde o desmejora. 

ART. 811.- Son gastos útiles aquellos que, sin ser necesarios, aumentan el precio 

o productos de la cosa. 

ART. 812.- Son gastos voluntarios los que sirven sólo al ornato de la cosa, o al 

placer o comodidad del poseedor. 

ART. 813.- El poseedor debe justificar el importe de los gastos a que tenga 

derecho; en caso de duda se tasarán aquellos por peritos. 

ART. 814.- Cuando el poseedor hubiere de ser indemnizado por gastos y haya 

percibido algunos frutos a que no tenía derecho, habrá lugar a la compensación. 

ART. 815.- Las mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo, ceden siempre 

en beneficio del que haya vencido en la posesión. 

ART. 816.- Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia. 

ART. 817.- Posesión continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los 

medios enumerados en el Capítulo V, Título VII de este Libro. 

ART. 818.- Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser 

conocida de todos. También lo es la que está inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 

ART. 819.- Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de 

la cosa poseída puede producir la prescripción. 

ART. 820.- Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo 

concepto en que se adquirió, a menos que se pruebe que ha cambiado la causa 

de la posesión. 

ART. 821.- La posesión se pierde: 

I.- Por abandono; 

II.- Por cesión a título oneroso o gratuito; 

III.- Por la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar ésta fuera del comercio; 

IV.- Por resolución judicial; 

V.- Por despojo, si la posesión del despojante dura más de un año; 

VI.- Por reivindicación del propietario;

VII.- Por expropiación por causa de utilidad pública. 

ART. 822.- Se pierde la posesión de los derechos cuando es imposible ejercitarlos 

o cuando no se ejercen por el tiempo que baste para que queden prescritos. 


De la Propiedad. 

CAPITULO I. 


ART. 823.- El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las 

limitaciones y modalidades que fijen las leyes. 

ART. 824.- La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, 

sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

ART. 825.- La autoridad puede, mediante indemnización, ocupar la propiedad 

particular, deteriorarla y aun destruirla, si ésto es indispensable para prevenir y 

remediar una calamidad pública, para salvar de un riesgo inminente una población 

o para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo. 

ART. 826.- El propietario o al (sic) inquilino de un predio tienen derecho de ejercer 

las acciones que procedan para impedir que por el mal uso de la propiedad del 

vecino, se perjudiquen la seguridad, el sosiego o la salud de los que habitan el 

predio. 

ART. 827.- En un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que 

hagan perder el sostén necesario al suelo de la propiedad vecina; a menos que se 

hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño a este 

predio. 

ART. 828.- No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su 

ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicios a un tercero, sin utilidad para el 

propietario. 

ART. 829.- Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y hacer o 

exigir el amojonamiento de la misma. 

ART. 830.- También tiene derecho y en su caso obligación, de cerrar o de cercar 

su propiedad, en todo o en parte, del modo que lo estime conveniente o lo

dispongan las leyes o reglamentos, sin perjuicio de las servidumbres que reporte 

la propiedad. 

ART. 831.- Nadie puede edificar ni plantar cerca de fortalezas y edificios públicos, 

sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos especiales de la 

materia. 

ART. 832.- Las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal, para 

mantener expedita la navegación de los ríos, la construcción o reparación de las 

vías públicas, y para las demás obras comunales de esta clase, se fijarán por las 

leyes y reglamentos especiales, y a falta de éstos, por las disposiciones de este 

Código. 

ART. 833.- Nadie puede construir cerca de una pared ajena o de copropiedad, 

fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni instalar 

depósitos de materias corrosivas, máquinas o fábricas destinadas a usos que 

puedan ser peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias prescritas por los 

reglamentos, o sin construir las obras de resguardo necesarias con sujeción a lo 

que prevengan los mismos reglamentos, o a falta de ellos, a lo que se determine 

por el juicio pericial. 

ART. 834.- Nadie puede plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a la 

distancia de dos metros de la línea divisoria, si la plantación se hace de árboles 

grandes, y de un metro, si la plantación se hace de arbustos o árboles pequeños. 

ART. 835.- El propietario puede pedir que se arranquen los árboles plantados a 

menor distancia de su predio de la señalada en el artículo que precede, y hasta 

cuando sea mayor, si es evidente el daño que los árboles le causan. 

ART. 836.- Si las ramas de los árboles se extienden sobre heredades, jardines o 

patios vecinos, el dueño de éstos tendrá derecho de que se corten en cuanto se 

extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles las que se 

extendieren en el suelo de otro, éste podrá hacerlas cortar por sí mismo dentro de 

su heredad, pero con previo aviso al vecino. 

ART. 837.- El dueño de una pared que no sea de copropiedad, contigua a finca 

ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces a una altura tal que 

la parte inferior de la ventana diste del suelo de la vivienda a que dé luz tres 

metros a lo menos, y en todo caso con reja de hierro remetida en la pared, con 

vidriera opaca que no pueda abrirse. 

ART. 838.- Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca 

o propiedad contigua a la pared en que estuvieren abiertas las ventanas o huecos, 

podrá construir pared contigua a ella, o si adquiere la copropiedad, apoyarse a la 

misma pared aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas.

ART. 839.- No se pueden tener ventana (sic) para asomarse, ni balcones u otros 

voladizos semejantes, sobre la propiedad del vecino, prolongándose más allá del 

límite que separa las heredades. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u 

oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay un metro de distancia. 

ART. 840.- La distancia de que habla el artículo anterior se mide desde la línea de 

separación de las dos propiedades. 

ART. 841.- El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados y 

azoteas de tal manera que las aguas pluviales no caigan sobre el suelo o edificio 

vecino. 

CAPITULO II. 

De la apropiación de los animales. 

ART. 842.- Los animales sin marca alguna que se encuentren en las propiedades, 

se presume que son del dueño de éstas mientras no se pruebe lo contrario, a no 

ser que el propietario no tenga cría de la raza a que los animales pertenezcan. 

ART. 843.- Los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad 

particular que explotan en común varios, se presumen del dueño de la cría de la 

misma especie y de la misma raza en ellas establecidas, mientras no se pruebe lo 

contrario. Si dos o más fueren dueños de la misma especie, o raza, mientras no 

haya prueba de que los animales pertenecen a alguno de ellos, se reputarán de 

propiedad común. 

ART. 844.- El derecho de caza y el de apropiarse los productos de ésta en 

terrenos públicos, se sujetará a las leyes y reglamentos respectivos. 

ART. 845.- En terrenos de propiedad particular no puede ejercitarse el derecho a 

que se refiere el artículo anterior, ya sea comenzando en él la caza, ya 

continuando la comenzada en terreno público, sin permiso del dueño. Los 

campesinos asalariados y los aparceros gozan del derecho de caza en las fincas 

donde trabajen, en cuanto se aplique a satisfacer sus necesidades y las de sus 

familias. 

ART. 846.- El ejercicio del derecho de cazar se regirá por los reglamentos 

administrativos y por las siguientes bases: (sic) 

ART. 847.- El cazador se hace dueño del animal que caza, por el acto de 

apoderarse de él, observándose lo dispuesto en el artículo 849. 

ART. 848.- Se considera capturado al animal que ha sido muerto por el cazador 

durante el acto venatorio, y también el que está preso en redes.

ART. 849.- Si la pieza herida muriese en terrenos ajenos, el propietario de éstos o 

quien lo represente, deberá entregarla al cazador o permitir que entre a buscarla. 

ART. 850.- El propietario que infrinja el artículo anterior pagará el valor de la pieza, 

y el cazador perderá ésta si entrare a buscarla, sin permiso de aquél. 

ART. 851.- El hecho de entrar los perros de caza en terreno ajeno sin la voluntad 

del cazador sólo obliga a éste a la reparación de los daños causados. 

ART. 852.- La acción para pedir la reparación prescribe a los treinta días, 

contados desde la fecha en que se causó el daño. 

ART. 853.- Es lícito a los labradores destruir en cualquier tiempo los animales 

bravíos o cerriles que perjudiquen sus sementeras o plantaciones. 

ART. 854.- El mismo derecho tiene respecto a las aves domésticas en los campos 

en que hubiere tierras sembradas de cereales y otros frutos pendientes, a los que 

pudieren perjudicar aquellas aves. 

ART. 855.- Se prohibe absolutamente destruir en predios ajenos los nidos, huevos 

y crías de aves de cualquiera especie. 

ART. 856.- La pesca en las aguas del dominio del poder público, que sean de uso 

común, se regirán por lo que dispongan las leyes y reglamentos respectivos. 

ART. 857.- El derecho de pesca en aguas particulares, pertenece a los dueños de 

los predios en que aquellas se encuentren, con sujeción a las leyes y reglamentos 

de la materia. 

ART. 858.- Es lícito a cualquiera persona apropiarse los animales bravíos, 

conforme a los reglamentos respectivos. 

ART. 859.- Es lícito a cualquiera persona apropiarse los enjambres que no hayan 

sido encerrados en colmena o cuando la han abandonado. 

ART. 860.- No se entiende que las abejas han abandonado la colmena cuando se 

han posado en predio propio del dueño, o éste las persigue llevándolas a la vista. 

ART. 861.- Los animales feroces que se escaparen del encierro en que los tengan 

sus dueños, podrán ser destruidos o capturados por cualquiera. Pero los dueños 

pueden recuperarlos si indemnizan los daños y perjuicios que hubieren 

ocasionado. 

ART. 862.- La apropiación de los animales domésticos se rige por las 

disposiciones contenidas por el Título de los bienes mostrencos.

CAPITULO III. 

De los tesoros. 

ART. 863.- Para los efectos de los artículos que siguen, se entiende por tesoro, el 

depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima 

procedencia se ignore. Nunca un tesoro se considera como fruto de una finca. 

ART. 864.- El tesoro oculto pertenece al que lo descubra en sitio de su propiedad. 

ART. 865.- Si el sitio fuere de dominio del poder público o perteneciere a alguna 

persona particular que no sea el mismo descubridor, se aplicará a éste una mitad 

del tesoro y la otra mitad al propietario del sitio. 

ART. 866.- Cuando los objetos descubiertos fueren interesantes para las ciencias 

o para las artes, se aplicarán a la nación por su justo precio, el cual se distribuirá 

conforme a lo dispuesto por los artículos 864 y 865. 

ART. 867.- Para que el que descubra un tesoro en suelo ajeno goce del derecho 

ya declarado, es necesario que el descubrimiento sea casual. 

ART. 868.- De propia autoridad nadie puede, en terreno o edificio ajeno, hacer 

excavación, horadación u obra alguna para buscar un tesoro. 

ART. 869.- El tesoro descubierto en terreno ajeno, por obras practicadas sin 

consentimiento de su dueño, pertenece íntegramente a éste. 

ART. 870.- El que sin consentimiento del dueño hiciere en terreno ajeno obras 

para descubrir un tesoro, estará obligado en todo caso a pagar los daños y 

perjuicios y, además, a costear la reposición de las cosas a su primer estado; 

perderá también el derecho de inquilinato si lo tuviere en el fundo, aunque no esté 

fenecido el término del arrendamiento, cuando así lo pidiere el dueño. 

ART. 871.- Si el tesoro se buscare con consentimiento del dueño del fundo, se 

observarán las estipulaciones que se hubieren hecho para la distribución y si no 

las hubiere, los gastos y lo descubierto se distribuirán por mitad. 

ART. 872.- Cuando uno tuviere la propiedad y otro el usufructo de una finca en 

que se haya encontrado el tesoro, si el que la encontró fue el mismo usufructuario, 

la parte que le corresponde se determinará según las reglas que quedan 

establecidas para el descubridor extraño. Si el descubridor no es el dueño ni el 

usufructuario, el tesoro se repartirá entre el dueño y el descubridor, con exclusión 

del usufructuario, observándose en este caso lo dispuesto en los artículos 869, 

870 y 871. 

ART. 873.- Si el propietario encuentra el tesoro en la finca o terreno cuyo usufructo 

pertenece a otra persona, ésta no tendrá parte alguna en el tesoro, pero sí

derecho de exigir del propietario una indemnización por los daños y perjuicios que 

origine la interrupción del usufructo, en la parte ocupada o demolida para buscar el 

tesoro; la indemnización se pagará aún cuando no se encuentre el tesoro. 

CAPITULO IV. 

Del derecho de accesión. 

ART. 874.- La propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ello (sic) 

producen, o se les une o incorpora natural o artificialmente. Este derecho se llama 

de accesión. 

ART. 875.- En virtud de él pertenecen al propietario: 

I.- Los frutos naturales; 

II.- Los frutos industriales; 

III.- Los frutos civiles. 

ART. 876.- Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las 

crías y demás productos de los animales. 

ART. 877.- Las crías de los animales pertenecen al dueño de la madre y no a la 

del padre, salvo convenio anterior en contrario. 

ART. 878.- Son frutos industriales los que producen las heredades o fincas de 

cualquiera especie, mediante el cultivo o trabajo. 

ART. 879.- No se reputan frutos naturales o industriales sino desde que están 

manifiestos o nacidos. 

ART. 880.- Para que los animales se consideren frutos, basta que estén en el 

vientre de la madre, aunque no hayan nacido. 

ART. 881.- Son frutos civiles los alquileres de los bienes muebles, las rentas de 

los inmuebles, los réditos de los capitales y todos aquellos que no siendo 

producidos por la misma cosa directamente, vienen de ella por contrato, por última 

voluntad o por la ley. 

ART. 882.- El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos 

hechos por un tercero para su producción, recolección y conservación. 

ART. 883.- Todo lo que se une o se incorpora a una cosa, lo edificado, plantado y 

sembrado, y lo reparado o mejorado en terreno o finca de propiedad ajena,

pertenece al dueño del terreno o finca, con sujeción a lo que se dispone en los 

artículos siguientes: 

ART. 884.- Todas las obras, siembras y plantaciones, así como las mejoras y 

reparaciones ejecutadas en un terreno, se presumen hechas por el propietario y a 

su costa, mientras no se pruebe lo contrario. 

ART. 885.- El que siembre, plante o edifique en finca propia, con semillas, plantas 

o materiales ajenos, adquiere la propiedad de unas y otras, pero con la obligación 

de pagarlos en todo caso y de resarcir daños y perjuicios si ha procedido de mala 

fe. 

ART. 886.- El dueño de las semillas, plantas o materiales, nunca tendrá derecho 

de pedir que se le devuelvan destruyéndose la obra o plantación; pero si las 

plantas no han echado raíces y pueden sacarse, el dueño de ellas tiene derecho 

de pedir que así se haga. 

ART. 887.- Cuando las semillas o los materiales no estén aún aplicados en su 

objeto ni confundidos con otros pueden reivindicarse por el dueño. 

ART. 888.- El dueño del terreno en que se edifique, siembre o plante de buena fe, 

tendrá derecho de hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la 

indemnización prescrita en el artículo 885, o de obligar al que edificó o plantó a 

pagarle el precio del terreno, y al que sembró, solamente su renta. Si el dueño del 

terreno ha procedido de mala fe, sólo tendrá derecho de que se le pague el valor 

de la renta o el precio del terreno, en sus respectivos casos. 

ART. 889.- El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo 

edificado, plantado o sembrado, sin que tenga derecho de reclamar indemnización 

alguna del dueño del suelo, ni de retener la cosa. 

ART. 890.- El dueño del terreno en que se haya edificado con mala fe, podrá pedir 

la demolición de la obra, y la reposición de las cosas a su estado primitivo, a costa 

del edificador. 

ART. 891.- Cuando haya mala fe, no sólo por parte del que edificare, sino por 

parte del dueño, se entenderá compensada esta circunstancia y se arreglarán los 

derechos de uno y de otro, conforme a lo resuelto para el caso de haberse 

procedido de buena fe. 

ART. 892.- Se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o 

sembrador, cuando hace la edificación, plantación o siembra o permite, sin 

reclamar, que con material suyo las haga otro en terreno que sabe es ajeno, no 

pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. 

ART. 893.- Se entiende haber mala fe por parte del dueño, siempre que a su vista, 

ciencia y paciencia se hiciere el edificio, la siembra o la plantación.

ART. 894.- Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un tercero que no ha 

procedido de mala fe, el dueño del terreno es responsable subsidiariamente del 

valor de aquellos objetos, siempre que concurran las dos circunstancias 

siguientes: 

I.- Que el que de mala fe empleó materiales, plantas o semillas, no tenga bienes 

con qué responder de su valor; 

II.- Que lo edificado, plantado o sembrado aproveche al dueño. 

ART. 895.- No tendrá lugar lo dispuesto en el artículo anterior si el propietario usa 

del derecho que le concede el artículo 890. 

ART. 896.- El acrecentamiento que por aluvión reciben las heredades confinantes, 

con corrientes de agua pertenece a los dueños de las riberas en que el aluvión se 

deposite. 

ART. 897.- Los dueños de las heredades confinantes con las lagunas o 

estanques, no adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de las 

aguas, ni pierden el que éstas inunden con las crecidas extraordinarias. 

ART. 898.- Cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y 

reconocible de un campo ribereño y lleva a otro inferior, o a la ribera opuesta, el 

propietario de la porción arrancada puede reclamar su propiedad haciéndolo 

dentro de dos años contados desde el acaecimiento, pasado este plazo perderá 

su derecho de propiedad, a menos que el propietario del campo que se unió la 

porción arrancada, no haya aún tomado posesión de ella. 

ART. 899.- Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas 

pertenecen al propietario del terreno a donde vayan a parar, si no los reclaman 

dentro de dos meses los antiguos dueños. Si ístos (sic) los reclaman, deberán 

abonar los gastos ocasionados en recogerlos o ponerlos en lugar seguro. 

ART. 900.- Los cauces abandonados por corriente de agua que no sean de la 

Federación, pertenecen a los dueños de los terrenos por donde corren esas 

aguas. Si la corriente era limítrofe de varios predios, el cauce abandonado 

pertenece a los propietarios de ambas riberas proporcionalmente a la extensión 

del frente de cada heredad, a lo largo de la corriente, tirando una línea divisoria 

por medio del álveo. 

ART. 901.- Cuando la corriente del río se divide en dos brazos o ramales, dejando 

aislada una heredad o parte de ella, el dueño no pierde su propiedad sino en la 

parte ocupada por las aguas, salvo lo que sobre el particular disponga la ley sobre 

aguas de Jurisdicción Federal.

ART. 902.- Cuando dos cosas muebles que pertenecen a dos dueños distintos, se 

unen de tal manera que vienen a formar una sola, sin que intervenga mala fe, el 

propietario de la principal adquiere la accesoria, pagando su valor. 

ART. 903.- Se reputa principal, entre dos cosas incorporadas, la de mayor valor. 

ART. 904.- Si no pudiere hacerse la calificación conforme a la regla establecida en 

el artículo que precede, se reputará principal el objeto cuyo uso, perfección o 

adorno se haya conseguido por la unión del otro. 

ART. 905.- En la pintura, escultura y bordado; en los escritos, impresos, grabados, 

litografías, fotograbados, oleografías, cromoliteografías (sic) y en las demás 

obtenidas por los otros procedimientos análogos a los anteriores, se estima 

accesorio de la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. 

ART. 906.- Cuando las cosas unidas puedan separarse sin detrimento y subsistir 

independientemente, los dueños respectivos pueden exigir la separación. 

ART. 907.- Cuando las cosas unidas no pueden separarse sin que la que se 

reputa accesoria sufra deterioro, el dueño de la principal tendrá también derecho 

de pedir la separación; pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la 

accesoria, siempre que éste haya procedido de buena fe. 

ART. 908.- Cuando el dueño de la cosa accesoria es el que ha hecho la 

incorporación, la pierde si ha obrado de mala fe; y está, además, obligado a 

indemnizar al propietario de los perjuicios que se le hayan seguido a causa de la 

incorporación. 

ART. 909.- Si el dueño de la cosa principal es el que ha procedido de mala fe, el 

que lo sea de la accesoria tendrá derecho a que aquél le pague su valor y le 

indemnice de los daños y perjuicios, o a que la cosa de su pertenencia se separe, 

aunque para ello haya de destruirse la principal. 

ART. 910.- Si la incorporación se hace por cualquiera de los dueños a vista o 

ciencia y paciencia del otro, y sin que éste se oponga, los derechos respectivos se 

arreglarán conforme a lo dispuesto en los artículos 902, 903, 904 y 905. 

ART. 911.- Siempre que el dueño de la materia empleada sin su consentimiento, 

tenga derecho a indemnización, podrá exigir que ésta consista en la entrega de 

una cosa igual en especie, en valor y en todas sus circunstancias a la empleada; o 

bien en el precio de ella fijado por peritos. 

ART. 912.- Si se mezclan dos cosas de igual o en la ntrega (sic) de una cosa igual 

en especie, en va-diferente (sic) especie, por voluntad de sus dueños o por 

casualidad, y en este último caso las cosas no son separables sin detrimento, 

cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la ptre (sic) que le 

corresponda, atendido el valor de las cosas mezcladas o confundidas.

ART. 913.- Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe se mezclan o 

confunden dos cosas de igual o diferente especie, los derechos de los propietarios 

se arreglarán por lo dispuesto en el artículo anterior; a no ser que el dueño de la 

cosa mezclada sin su consentimeinto (sic), prefiera la indemnización de daños y 

perjuicios. 

ART. 914.- El que de mala fe hace la mezcla o confusión, pierde la cosa mezclada 

o confundida que fuere de su propiedad, y queda, además, obligado a la 

indemnización de los perjuicios causados al dueño de la cosa o cosas con que se 

hizo la mezcla. 

ART. 915.- El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte, para 

formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito 

artístico de ésta exceda en precio a la materia, cuyo valor indemnizará el dueño. 

ART. 916.- Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, 

el dueño de ésta hará suya la nueva especie, y tendrá derecho, además, para 

reclamar indemnización, de daños y perjuicios; descontándose del monto de éstos 

el valor de la obra, a tasación de peritos. 

ART. 917.- Si la especificación se hizo de mala fe, el dueño de la materia 

empleada tiene derecho de quedarse con la obra sin pagar nada al que la hizo, o 

exigir de éste que le pague el valor de la materia y le indemnice de los perjuicios 

que se le hayan seguido. 

ART. 918.- La mala fe en los casos de mezcla o confusión se calificará conforme a 

lo dispuesto en los artículos 892 y 893. 

CAPITULO V. 

Del dominio de las aguas. 

ART. 919.- El dueño del predio en que exista una fuente natural, o que haya 

perforado un pozo brotante, hecho obras de captación de aguas subterráneas o 

construído aljibes o presas para captar las aguas fluviales tiene derecho a 

disponer de esas aguas; pero si éstas pasan de una finca a otra, su 

provechamiento (sic) se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las 

disposiciones especiales que sobre el particular se dicten. 

El dominio del dueño de un predio sobre las aguas de que trata éste artículo , no 

perjudica los derechos que legítimamente hayan podido adquirir a su 

aprovechamiento los de los predios inferiores. 

ART. 920.- Si alguno perforase pozos o hiciere otras obras de captación de aguas 

subterráneas en su propiedad, a una distancia menor de cuatrocientos metros de

otra obra para extraer aguas de la misma naturaleza, estará obligado a indemnizar 

al propietario o poseedor de estas aguas cuando disminuyan a causa de la nueva 

obra a no ser que ésta sea únicamente para usos domésticos. 

La indemnización no comprenderá el lucro que se deje de obtener, ni el valor del 

agua, sino únicamente los daños, como los que se causen por lo infructuoso que 

resulten las inversiones que se hicieron para aprovechar el agua en el uso a que 

estaba destinado. 

El empresario de la obra avisará previamente a los dueños de aguas que se 

encuentren dentro de la zona de cuatrocientos metros, para que, de común 

acuerdo o con la intervención judicial, se mida o pesen las aguas existentes, a fin 

de determinarse la cantidad en que puedan disminuír. La falta de aviso es causa 

para presumir que las aguas han disminuido en la cantidad que afirma el 

perjudicado, salvo prueba en contrario. 

ART. 921.- El propietario de las aguas no podrá desviar su curso de modo que 

cause daño a un tercero. 

ART. 922.- El uso y aprovechamiento de las aguas de dominio público se regirá 

por la ley especial respectiva. 

ART. 923.- El propietario de un predio que sólo con muy costosos trabajos pueda 

proveerse del agua que necesite para utilizar convenientemente ese predio, tiene 

derecho de exigir de los dueños de los prdios (sic) vecinos que tengan aguas 

sobrantes que le proporcionen la necesaria, mediante el pago de una 

indemnización fijada por peritos. 

CAPITULO VI. 

De la copropiedad. 

ART. 924.- Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen proindiviso 

a varias personas. 

ART. 925.- Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no 

pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la 

misma naturaleza de las cosas o por determinación de la ley, el dominio es 

indivisible. 

ART. 926.- Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los 

partícipes no se convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá 

a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados. 

ART. 927.- A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por 

las disposiciones siguientes.

ART. 928.- El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las 

cargas, será proporcional a sus respectivas porciones. 

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones 

correspondientes a los partícipes en la comunidad. 

ART. 929.- Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que 

disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés 

de la comunidad, ni impida a los copropietarios usarla según su derecho. 

ART. 930.- Todo propietario tiene derecho para obligar a los partícipes a contribuir 

a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. Sólo puede eximirse de 

esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio. 

ART. 931.- Ninguno de los condueños podrá sin el consentimiento de los demás, 

hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas 

para todos. 

ART. 932.- Para la administración de la cosa común serán obligatorios todos los 

acuerdos de la mayoría de los partícipes. 

ART. 933.- Para que haya mayoría se necesita la mayoría de copropietarios y la 

mayoría de intereses. 

ART. 934.- Si no hubiere mayoría, el juez, oyendo a los interesados, resolverá lo 

que debe hacerse dentro de lo propuesto por los mismos. 

ART. 935.- Cuando parte de la cosa perteneciere exclusivamente a un 

copropietario o a algunos de ellos, y otro fuere común, sólo a ésta será aplicable la 

disposición anterior. 

ART. 936.- Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le 

corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en consecuencia, 

enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun subsistir otro en su aprovechamiento, 

salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o de la 

hipoteca con relación a los condueños, estará limitada a la porción que se les 

adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho 

del tanto. 

(REFORMADO, P.O. 17 DE NOVIEMBRE DE 1977) 

ART. 937.- Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas ó locales de un 

inmueble, construídos en forma vertical, horizontal ó mixta, susceptibles de 

aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de 

aquél ó a la vía pública, pertenecieran a distintos propietarios, cada uno de éstos 

tendrá un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su departamento,

vivienda, casa o local y, además, un derecho de copropiedad sobre los elementos 

y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso o disfrute. 

Cada propietario podrá enajenar, hipotecar o gravar en cualquier otra forma su 

departamento, vivienda, casa o local, sin necesidad de consentimiento de los 

demás condóminos. En la enajenación, gravamen o embargo de un departamento, 

vivienda, casa o local, se entenderán comprendidos invariablemente los derechos 

sobre los bienes comunes que le son anexos. 

El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble, sólo será 

enajenable, gravable ó embargable por terceros, conjuntamente con el 

departamento, vivienda, casa o local de propiedad exclusiva, respecto del cual se 

considere anexo inseparable. La copropiedad sobre los elementos comunes del 

inmueble no es susceptible de división. 

Los derechos y obligaciones de los propietarios a que se refiere este precepto, se 

regirán por las escrituras en que se hubiera establecido el régimen de propiedad 

por las de compra-venta correspondiente, por el reglamento del condominio de 

que se trate, por la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Estado de Durango, por las disposiciones de éste Código y las 

demás leyes que fueren aplicables. 

ART. 938.- Cuando haya constancia que demuestre quién fabricó la pared que 

divide los predios, el que la costeó es dueño exclusivo de ella; si constan que se 

fabricó por los colindantes, o no consta quién la fabricó, es de propiedad común. 

ART. 939.- Se presume la copropiedad mientras no haya signo exterior que 

demuestre lo contrario: 

I.- En las paredes divisorias de los edificios contiguos, hasta el punto común de 

elevación; 

II.- En las paredes divisorias de los jardines o corrales, situadas en poblado o en el 

campo; 

III.- En las cercas, vallados y setos vivos que dividan los predios rústicos. Si las 

construcciones no tienen una misma altura, sólo hay presunción de copropiedad 

hasta la altura de la construcción menos elevada. 

ART. 940.- Hay signos contrarios a la copropiedad: 

I.- Cuando hay ventanas o huecos abiertos en la pared divisoria de los edificios; 

II.- Cuando conocidamente toda la pared, vallado, cerca o seto están construidos 

sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre una y otra de las dos 

contiguas;

III.- Cuando la pared soporte las cargas y carreras, pasos y armaduras de una de 

las posesiones y no de la contigua; 

IV.- Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades, está 

construída de modo que la albardilla caiga hacia una sola de las propiedades; 

V.- Cuando la pared divisoria consrtuída (sic) de mampostería, presenta piedras 

llamadas pasaderas, que de distancia en distancia salen fuera de la superficie sólo 

por un lado de la pared, y no por el otro; 

VI.- Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forme parte, y un 

jardín, campo, corral o sitio sin edificio; 

VII.- Cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallados, cercas o 

setos vivos y las contiguas no lo estén; 

VIII.- Cuando la cerca que encierra completamente una heredad, es de distinta 

especie de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. 

ART. 941.- En general, se presume que en los casos señalados en el artículo 

anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos, pertenecen 

exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor estos signos 

exteriores. 

ART. 942.- Las zanjas acequias abiertas entre las heredades, se presumen 

también de copropiedad si no hay título o signo que demuestren lo contrario. 

ART. 943.- Hay signo contrario a la copropiedad, cuando la tierra o broza sacada 

de la zanja o acequia para abrirla o limpiarla, se halla sólo de un lado; en este 

caso, se presume que la propiedad de la zanja o acequia es exclusivamente del 

dueño de la heredad que tiene a su favor este signo exterior. 

ART. 944.- La presunción que establece el artículo anterior cesa cuando la 

inclinación del terreno obliga a echar la tierra de un solo lado. 

ART. 945.- Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se 

deteriore la pared, zanja o seto de propiedad común; y si por el hecho de alguno 

de sus dependientes o animales, o por cualquiera otra causa que dependa de 

ellos, se deterioraren, deben reponerlos, pagando los daños y perjuicios que se 

hubieren causado. 

ART. 946.- La reparación y reconstrucción de las paredes de propiedad común y 

el mantenimiento de los vallados, setos vivos, zanjas, acequias, también comunes, 

se costearán proporcionalmente por todos los dueños que tengan a su favor la 

copropiedad.

ART. 947.- El propietario que quiera librarse de las obligaciones que impone el 

artículo anterior, puede hacerlo renunciando a la copropiedad, salvo el caso en 

que la pared común sostenga un edificio suyo. 

ART. 948.- El propietario de un edificio que se apoya en una pared común, puede 

al derribarlo renunciar o no a la copropiedad. En el primer caso serán de su cuenta 

todos los gastos necesarios para evitar o reparar los daños que cause la 

demolición. En el segundo, además de esta obligación, queda sujeto a las que le 

imponen los artículos 945 y 946. 

ART. 949.- El propietario de una finca contigua a una pared divisoria que no sea 

común, sólo puede darle este carácter en todo o en parte, por contrato con el 

dueño de ella. 

ART. 950.- Todo propietario puede alzar la pared de su propiedad común, 

haciéndolo a sus expensas, e indemnizando de los perjuicios que se ocasionaren 

por la obra, aunque sean temporales. 

ART. 951.- Serán igualmente de su cuenta todas las obras de conservación de la 

pared en la parte en que ésta haya aumentado su altura o espesor, y las que en la 

parte común sean necesarias, siempre que el deterioro provenga de mayor altura 

o espesor que se haya dado a la pared. 

ART. 952.- Si la pared de propiedad común no puede resistir a la elevación, el 

propietario que quiera levantarla tendrá la obligación de reconstruirla a su costa; y 

si fuere necesario darle mayor espesor, deberá darlo de su suelo. 

ART. 953.- En los casos señalados por los artículos 950, 951 y 953, la pared 

continúa siendo de propiedad común hasta la altura en que lo era antiguamente, 

aun cuando haya sido edificada de nuevo a expensas de uno solo, y desde el 

punto donde comenzó la mayor altura, es propiedad del que la edificó. 

ART. 954.- Los demás propietarios que no hayan contribuído a dar más elevación 

o espesor a la pared, podrán sin embargo, adquirir en la parte nuevamente 

elevada los derechos de copropiedad, pagando proporcionalmente el valor de la 

obra y la mitad del valor del terreno sobre que se hubiere dado mayor espesor. 

ART. 955.- Cada propietario de una pared común podrá usar de ella en proporción 

al derecho que tenga en la comunidad; podrá, por lo tanto, edificar, apoyando su 

obra en la pared común o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero 

sin impedir el uso común y respectivo de los demás copropietarios. En caso de 

resistencia de los otros propietarios, se arreglarán por medio de peritos las 

condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los derechos de 

aquellos. 

ART. 956.- Los árboles existentes en cerca de copropiedad o que señalen 

linderos, son también de copropiedad y no pueden ser cortados ni substituídos por

otros sin el consentimiento de ambos propietarios, o por decisión judicial 

pronunciada en el juicio contradictorio, en caso de desacuerdo de los propietarios. 

ART. 957.- Los frutos del árbol o del arbusto común y los gastos de su cultivo 

serán repartidos por portes (sic) iguales entre los copropietarios. 

ART. 958.- Ningún copropietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventana 

ni hueco alguno en pared común. 

ART. 959.- Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su 

parte alícuota respectiva, si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A 

este efecto, el copropietario notificará a los demás por medio de notario o 

judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho días 

siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los ocho días, por el 

solo lapso del término se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la 

notificación, la venta no producirá efecto legal alguno. 

ART. 960.- Si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho del 

tanto, será preferido el que represente mayor parte, y siendo iguales, el designado 

por la suerte, salvo convenio en contrario. 

ART. 961.- Las enajenaciones hechas por herederos o legatarios de la parte de la 

herencia que les corresponda, se regirán por lo dispuesto en los artéculos (sic) 

relativos. 

ART. 962.- La copropiedad cesa: por la división de la cosa común, por la 

destrucción o pérdida de ella; por su enajenación y por la consolidación o reunión 

de todas las cuotas en un solo copropietario. 

ART. 963.- La división de una cosa común no perjudica a tercero, el cual conserva 

los derechos reales que le pertenecen antes de hacerse la partición observando 

en su caso, lo dispuesto para hipotecas que graven fincas susceptibles de ser 

fraccionadas y lo prevenido para el adquiriente de buena fe que inscribe su título 

en el Registro Público. 

ART. 964.- La división de bienes inmuebles es nula si no se hace con las mismas 

formalidades que la ley exige para su venta. 

ART. 965.- Son aplicables a la división entre partícipes las reglas concernientes a 

la división de herencias. 


Del usufructo, del uso y de la habitación.

CAPITULO I. 

Del usufructo en general. 

ART. 966.- El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes 

ajenos. 

ART. 967.- El usufructo puede constituírse por la ley, por la voluntad del hombre o 

por prescripción. 

ART. 968.- Puede constituirse el usufructo a favor de una o de varias personas, 

simultánea o sucesivamente. 

ART. 969.- Si se constituye a favor de varias personas simultáneamente, sea por 

herencia, sea por contrato, cesando el derecho de una de las personas, pasará al 

propietario, salvo que al constituirse el usufructo se hubiere dispuesto que carezca 

a los otros usufructuarios. 

ART. 970.- Si se constituye sucesivamente, el usufructo no tendrá lugar sino en 

favor de las personas que existan al tiempo de comenzar el derecho del primer 

usufructuario. 

ART. 971.- El usufructo puede constituirse desde o hasta cierto día, puramente y 

bajo condición. 

ART. 972.- Es vitalicio el usufructo si en el título constitutivo no se expresa lo 

contrario. 

ART. 973.- Los derechos y obligaciones del usufructuario y del propietario se 

arreglan, en todo caso, por el título constitutivo del usufructo. 

ART. 974.- Las corporaciones que no pueden adquirir, poseer o administrar bienes 

raíces, tampoco pueden tener usufructo constituido sobre bienes de esta clase. 

CAPITULO II. 

De los derechos del usufructuario. 

ART. 975.- El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y 

excepciones reales, personales o posesorias, y de ser considerado como parte en 

todo litigio, aunque sea seguido por el propietario, siempre que en él se interese el 

usufructo. 

ART. 976.- El usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos, sean 

naturales, industriales o civiles.

ART. 977.- Los frutos naturales o industriales pendientes al tiempo de comenzar el 

usufructo, pertenecerán al usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse 

el usufructo, pertenecen al propietario. Ni éste, ni el usufructuario tienen que 

hacerse abono alguno por razón de labores, semillas u otros gastos semejantes. 

Lo dispuesto en este artículo no perjudica a los aparceros o arrendatarios que 

tengan derecho de percibir alguna porción de frutos, al tiempo de comenzar a 

extinguirse el usufructo. 

ART. 978.- Los frutos civiles pertenecen al usufructuario en proporción del tiempo 

que dure el usufructo, aún cuando no estén cobrados. 

ART. 979.- Si el usufructo comprendiera cosas que se deteriorasen por el uso, el 

usufructuario tendrá derecho a servirse de ellas, empleándolas según su destino, y 

no estará obligado a restituirlas, al concluir el usufructo, sino en el estado en que 

se encuentre; pero tiene obligación de indemnizar al propietario del deterioro que 

hubieren sufrido por dolo o negligencia. 

ART. 980.- Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin 

consumirse, el usufructuario tendrá el derecho de consumirlas, pero está obligado 

a restituirlas, al terminar el usufructo, en igual género, cantidad y calidad. No 

siendo posible hacer la restitución, está obligado a pagar su valor, si se hubiesen 

dado estimadas, o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueron 

estimadas. 

ART. 981.- Si el usufructo se constituye sobre capitales impuestos a réditos, el 

usufructuario sólo hace suyos éstos y no aquellos; pero para que el capital se 

redima anticipadamente, para que se haga novación de la obligación primitiva, 

para que se substituya la persona del deudor, si no se trata de derechos 

garantizados con gravamen real, así como para que el capital redimido vuelva a 

imponerse, se necesita el consentimiento del usufructuario. 

ART. 982.- El usufructuario de un monte disfruta de todos los productos que 

provengan de éste, según su naturaleza. 

ART. 983.- Si el monte fuere tallar (sic) o de maderas de construcción, podrá el 

usufructuario hacer en él las talas o cortes ordinarios que haría el dueño; 

acomodándose en el modo, porción o época de las leyes especiales o a las 

costumbres del lugar. 

ART. 984.- En los demás casos, el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie, 

como no sea para reponer o reparar algunas de las cosas usufructuadas; y en 

este caso acreditará previamente al propietario la necesidad de la obra. 

ART. 985.- El usufructuario podrá utilizar los víveres, sin perjuicio de su 

conservación y según las costumbres del lugar y lo dispuesto en las leyes 

respectivas.

ART. 986.- Corresponde al usufructuario el fruto de los aumentos que reciban las 

cosas por accesión y el goce de las servidumbres que tenga a su favor. 

ART. 987.- No corresponden al usufructuario los productos de las minas que se 

exploten en terreno dado en usufructo, a no ser que expresamente se le conceda 

el título constitutivo del usufructo o que éste sea universal; pero debe 

indemnizarse al usufructuario de los daños y perjuicios que se le originen por la 

interrupción del usufructo a consecuencia de las obras que se practiquen para el 

laboreo de las minas. 

ART. 988.- El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada. 

Puede enajenar, arrendar y gravar su derecho de usufructo; pero todos los 

contratos que celebre como usufructuario terminarán con el usufructo. 

ART. 989.- El usufructuario puede hacer mejoras útiles y puramente voluntarias; 

pero no tiene derecho de reclamar su pago, aunque sí puede retirarlas, siempre 

que sea posible hacerlo sin detrimento de la cosa en que esté constituido el 

usufructo. 

ART. 990.- El propietario de bienes en que otro tenga el usufructo, puede 

enajenarlos, con la condición de que se conserve el usufructo. 

ART. 991.- El usufructuario goza del derecho del tanto. Es aplicable lo dispuesto 

en el artículo 959, en lo que se refiere a la forma para dar el aviso de enajenación 

y ai (sic) tiempo para hacer uso del derecho de tanto. 

CAPITULO III. 

De las obligaciones del usufructuario. 

ART. 992.- El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está 

obligado: 

I.- A formar a sus expensas, con citación del dueño, un inventario de todos ellos 

haciendo tasar los muebles y constar el estado en que se hallen los inmuebles; 

II.- A dar la correspondiente fianza de que disfrutará de las cosas con moderación, 

y las restituirá al propietario con sus accesiones al extinguirse el usufructo, no 

empeoradas ni deterioradas por su negligencia, salvo lo dispuesto en el artículo 

429. 

ART. 993.- El donador que se reserva el usufructo de los bienes donados, está 

dispensado de dar la fianza referida, si no se ha obligado expresamente a ello. 

ART. 994.- El que se reserva la propiedad, puede dispensar al usufructuario de la 

obligación de afianzar.

ART. 995.- Si el usufructo fuere constituido por contrato, y el que contrató quedare 

de propietario, y no exigiere en el contrato la fianza no estará obligado el 

usufructuario a darla; pero si quedare de propietario un tercero, podrá pedirla 

aunque no se haya estipulado en el contrato. 

ART. 996.- Si el usufructo se constituye por título oneroso, y el usufructuario no 

presta la correspondiente fianza, el propietario tiene el derecho de intervenir la 

administración de los bienes, para procurar su conservación, sujetándose a las 

condiciones prescritas en el artículo 1033, percibiendo la retribución que en él se 

concede. 

Cuando el usufructo es a título gratuito y el usufructuario no otorga la fianza, el 

usufructo se extingue en los términos del artículo 1024, Fracción IX. 

ART. 997.- El usufructuario dada la fianza, tendrá derecho a todos los frutos de la 

cosa, desde el día en que, conforme al título constitutivo del usufructo, debió 

comenzar a percibirlos. 

ART. 998.- En los casos señalados en el artículo 988, el usufructuario es 

responsable del menoscabo que tengan los bienes por culpa o negligencia de la 

persona que le sustituya. 

ART. 999.- Si el usufructo se constituye sobre ganados, el usufructuario está 

obligado a reemplazar con las crías, las cabezas que falten por cualquier causa. 

ART. 1000.- Si el ganado en que se constituyó el usufructo perece sin culpa del 

usufructuario, por efecto de una epizootia o de algún otro acontecimiento no 

común, el usufructuario cumple con entregar al dueño los despojos que se hayan 

salvado de esa calamidad. 

ART. 1001.- Si el rebaño perece en parte, y sin culpa del usufructuario, continúa el 

usufructo en la parte que queda. 

ART. 1002.- El usufructuario de árboles frutales está obligado a la replantación de 

los pies muertos naturalmente. 

ART. 1003.- Si el usufructo se ha constituído a título gratuito, el usufructuario está 

obligado a hacer las reparaciones indispensables para mantener la cosa en el 

estado en que se encontraba cuando la recibió. 

ART. 1004.- El usufructuario no está obligado a hacer dichas reparaciones, si la 

necesidad de éstas proviene de vejez, vicio intrínseco o deterioro grave de la 

cosa, anterior a la constitución del usufructo.

ART. 1005.- Si el usufructuario quiere hacer las reparaciones referidas, debe 

obtener antes el consentimiento del dueño; y en ningún caso tiene derecho de 

exigir indemnización de ninguna especie. 

ART. 1006.- El propeitario (sic), en el caso del artículo 1004, tampoco está 

obligado a hacer las reparaciones, y si las hace no tiene derecho de exigir 

indemnización. 

ART. 1007.- Si el usufructo se ha constituído a título oneroso, el propietario tiene 

obligación de hacer todas las reparaciones convenientes para que la cosa, durante 

el tiempo estipulado en el convenio, pueda producir los frutos que ordinariamente 

se obtenían de ellas al tiempo de la entrega. 

ART. 1008.- Si el usufructuario quiere hacer en este caso las reparaciones, deberá 

dar aviso al propietario, y previo este requisito, tendrá derecho de cobrar su 

importe al fin del usufructo. 

ART. 1009.- La omisión del aviso al propietario, hace responsable el (sic) 

usufructuario de la destrucción, pérdida o menoscabo de la cosa por falta de las 

reparaciones, y le priva del derecho de pedir indemnización si él las hace. 

ART. 1010.- Toda disminución de los frutos que provenga de imposición de 

contribuciones, o cargas ordinarias sobre la finca o cosa usufructuada, es de 

cuenta del usufructuario. 

ART. 1011.- La disminución que por las propias causas se verifique, no en los 

frutos, sino en la misma finca o cosa usufructuada, será de cuenta del propietario; 

y si éste, para conservar íntegra la cosa, hace el pago, tiene derecho de que se le 

abonen los intereses de la suma pagada, por todo el tiempo que el usufructuario 

continúe gozando de la cosa. 

ART. 1012.- Si el usufructuario hace el pago de la cantidad, no tiene derecho de 

cobrar intereses, quedando compensados éstos con los frutos que reciba. 

ART. 1013.- El que por sucesión adquiere el usufructo universal, está obligado a 

pagar por entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos. 

ART. 1014.- El que por el mismo título adquiera una parte del usufructo universal, 

pagará el legado o la pensión en proporción a su cuota. 

ART. 1015.- El usufructuario particular de una finca hipotecada; no está obligado a 

pagar las deudas para cuya seguridad se constituyó la hipoteca. 

ART. 1016.- Si la finca se embarga o se vende judicialmente para el pago de la 

deuda, el propietario responde al usufructuario de lo que pierda por este motivo, si 

no se ha dispuesto otra cosa, al constituir el usufructo.

ART. 1017.- Si el usufructo es de todos los bienes de una herencia, o de una parte 

de ellos, el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas 

hereditarias correspondan a los bienes usufructuados, y tendrán derecho de exigir 

del propietario su restitución, sin intereses, al extinguirse el usufructo. 

ART. 1018.- Si el usufructuario se negara a hacer la anticipación de que habla el 

artículo que precede, el propietario podrá hacer que se venda la parte de bienes 

que basta para el pago de la cantidad que aquel debía satisfacer, según la regla 

establecida en dicho artículo. 

ART. 1019.- Si el propietario hiciere la anticipación por su cuenta, el usufructuario 

pagará el interés del dinero, según la regla establecida en el artículo 1011. 

ART. 1020.- Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero sea del 

modo y por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a ponerlo en 

conocimiento de aquel; y si no lo hace, es responsable de los daños que resulten, 

como si hubiesen sido ocasionados por su culpa. 

ART. 1021.- Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos sobre el 

usufructo, son de cuenta del propietario si el usufructo se ha constituído por título 

oneroso, y del usufructuario, si se ha constituído por título gratuito. 

ART. 1022.- Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y al usufructuario, 

contribuirán a los gastos en proporción de sus derechos respectivos, si el 

usufructo se constituyó a título gratuito; pero el usufructuario en ningún caso 

estará obligado a responder por más de lo que produce el usufructo. 

ART. 1023.- Si el usufructuario, sin citación del propietario, o éste sin la de aquel, 

ha seguido su pleito, la sentencia favorable aprovecha al no citado, y la adversa 

no le perjudica. 

CAPITULO IV. 

De los modos de extinguirse el usufructo. 

ART. 1024.- El usufructo se extingue: 

I.- Por muerte del usufructuario; 

II.- Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó; 

III.- Por cumplirse la condición impuesta en el título constitutivo para la cesación 

de este derecho;

IV.- Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona; más si 

la reunión se verifica en una sola cosa o parte de lo usufructuado, en lo demás 

subsistirá el usufructo; 

V.- Por prescripción, conforme a lo prevenido respecto de los derechos reales; 

VI.- Por la renuncia expresa del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las 

renuncias hechas en fraude de los acreedores; 

VII.- Por la pérdida total de la cosa que era objeto del usufructo. Si la destrucción 

no es total, el derecho continúa sobre lo que de la cosa haya quedado; 

VIII.- Por la cesación del derecho que constituyó el usufructo, cuando teniendo un 

dominio revocable, llega el caso de la revocación; 

IX.- Por no dar fianza el usufructuario por título gratuito, si el dueño no le ha 

eximido de esa obligación. 

ART. 1025.- La muerte del usufructuario no extingue el usufructo, cuando éste se 

ha constituído a favor de varias personas sucesivamente, pues en tal caso entra al 

goce del mismo la persona que corresponda. 

ART. 1026.- El usufructo contituido (sic) a favor de personas morales que puedan 

adquirir y administrar bienes raíces, solo durará veinte años; cesando antes, en el 

caso de que dichas personas dejen de existir. 

ART. 1027.- El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a 

cierta edad, dura el número de años prefijados, aunque el tercero muera antes. 

ART. 1028.- Si el usufructo está constituido sobre un edificio, y éste se arruina en 

un incendio, por vetustez, o por algún otro accidente, el usufructuario no tiene 

derecho a gozar del solar ni de los materiales, más si estuviere constituído sobre 

una hacienda, quinta o rancho de que sólo forme parte el edificio arruinado, el 

usufructuario podrá continuar usufructuando el solar y los materiales. 

ART. 1029.- Si la cosa usufructuada fuere expropiada por causa de utilidad 

pública, el propietario está obligado, bien a substituirla con otra de igual valor y 

análogas condiciones, o bien a abonar al usufructuario el interés legal del importe 

de la indemnización por todo el tiempo que debía durar el usufruco (sic). Si el 

propietario optare por lo último, deberá afianzar el pago de los réditos. 

ART. 1030.- Si el edificio es reconstruído por el dueño o por el usufructuario, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 1005, 1006, 1007 y 1008. 

ART. 1031.- El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor, no 

extingue el usufructo, ni da derecho a exigir indemnización del propietario.

ART. 1032.- El tiempo del impedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, 

de quien serán los frutos que durante él pueda producir la cosa. 

ART. 1033.- El usufructo no se extingue por el mal uso que haga el usufructuario 

de la cosa usufructuada; pero si el abuso es grave, el propietario puede pedir que 

se le ponga en posesión de los bienes, obligándose, bajo de fianza, a pagar 

anualmente al usufructuario el producto líquido de los mismos, por el tiempo que 

dure el usufructo deducido el premio de administración que el juez acuerde. 

ART. 1034.- Terminado el usufructo, los contratos que respecto de él haya 

celebrado el usufructuario, no obliga al propietario y éste entrará en posesión de la 

cosa, sin que contra él tengan derecho los que contrataron con el usufructuario, 

para pedirle indemnización por la disolución de sus contratos, ni por las 

estipulaciones de éstos, que sólo pueden hacer valer contra del usufructuario y 

sus herederos, salvo lo dispuesto en el artículo 977. 

CAPITULO V. 

Del uso y de la habitación. 

ART. 1035.- El uso da derecho para percibir de los frutos de una cosa ajena, los 

que basten a las necesidades del usuario y su familia, aunque ésta aumente. 

ART. 1036.- La habitación da, a quien tiene este derecho, la facultad de ocupar 

gratuitamente, en casa ajena, las piezas necesarias para sí y para las personas de 

su familia. 

ART. 1037.- El usuario y el que tiene derecho de habitación en un edificio, no 

pueden enajenar, gravar, ni arrendar en todo ni en parte su derecho a otro, ni 

estos derechos pueden ser embargados por sus acreedores. 

ART. 1038.- Los derechos y obligaciones del usuario y del que tiene el goce de 

habitación, se arreglarán por los títulos respectivos y, en su defecto, por las 

disposiciones siguientes. 

ART. 1039.- Las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables a los 

derechos de uso y de habitación, en cuanto no se opongan a lo ordenado en el 

presente capítulo. 

ART. 1040.- El que tiene derecho de uso sobre un ganado, puede aprovecharse 

de las crías, leche y lana en cuanto baste para su consumo y el de su familia. 

ART. 1041.- Si el usuario consume todos los frutos de los bienes, o el que tiene 

derecho de habitación ocupa todas las piezas de la casa, quedan obligados a 

todos los gastos de cultivo, reparaciones y pago de contribuciones, lo mismo que 

el usufructuario; pero sí el primero sólo consume parte de los frutos, o el segundo

sólo ocupa parte de la casa, no deben contribuir en nada, siempre que al 

propietario le quede una parte de frutos o aprovechamientos bastantes para cubrir 

los gastos y cargas. 

ART. 1042.- Si los frutos que quedan al propietario no alcanzan a cubrir los gastos 

y cargas, la parte que falta será cubierta por el usuario, o por el que tiene derecho 

a la habitación. 

TITULO SEXTO. 

De las servidumbres. 

CAPITULO I. 


ART. 1043.- La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en 

beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. 

El inmueble a cuyo favor está constituída la servidumbre, se llama predio 

dominante; el que la sufre, predio sirviente. 

ART. 1044.- La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que al dueño 

del predio sirviente pueda exigírsele la ejecución de un hecho, es necesario que 

esté expresamente determinado por la ley, o en el acto en que se constituyó la 

servidumbre. 

ART. 1045.- Las servidumbres son continuas o discontinuas; aparentes o no 

aparentes. 

ART. 1046.- Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la 

intervención de ningún hecho del hombre. 

ART. 1047.- Son discontinuas aquéllas cuyo uso necesita de algún hecho actual 

del hombre. 

ART. 1048.- Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores, 

dispuestos para su uso y aprovechamiento. 

ART. 1049.- Son no aparentes las que no presentan signo exterior de su 

existencia. 

ART. 1050.- Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o 

pacientemente pertenecen.

ART. 1051.- Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, 

ya pasivamente, en el predio u objeto en que estaba constituida, hasta que 

legamlente (sic) se extinga. 

ART. 1052.- Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide 

entre muchos dueños, la servidumbre no se modifica, y cada uno de ellos tiene 

que tomarla en la parte que le corresponda. Si es el predio dominante el que se 

divide entre muchos, cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no 

variando el lugar de su uso ni agravándolo de otra manera. Mas si la servidumbre 

se hubiere establecido en favor de una sola de las partes del predio dominante, 

sólo el dueño de ésta podrá continuar disfrutándola. 

ART. 1053.- Las servidumbres tienen su origen de la voluntad del hombre o de la 

ley; las primeras se llaman voluntarias y las segundas legales. 

CAPITULO II. 

De las servidumbres legales. 

ART. 1054.- Servidumbre legal es la establecida por la ley, teniendo en cuenta la 

situación de los predios y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente. 

ART. 1055.- Son aplicables a las servidumbres legales lo dispuesto en los 

artículos del 1105 al 1113, inclusive. 

ART. 1056.- Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para la utilidad 

pública o comunal, se regirá por las leyes y reglamentos especiales y, en su 

defecto, por las disposiciones de este Título. 

CAPITULO III. 

De la servidumbre legal de desagüe. 

ART. 1057.- Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que 

naturalmente, o como consecuencia de las mejoras agrícolas o industrias que se 

hagan, caigan de los superiores, así como la piedra o tierra que arrastren en su 

curso. 

ART. 1058.- Cuando los predios inferiores reciban las aguas de los superiores a 

consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales hechas a estos, los dueños 

de los predios sirvientes tienen derecho a ser indemnizados. 

ART. 1059.- Cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado entre 

otros, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir el 

desagüe del central. Las dimensiones y dirección del conducto de desagüe, si no

se ponen de acuerdo los interesados, se fijarán por el juez, previo informe de 

peritos y audiencia de los interesados, observándose, en cuanto fuere posible, las 

reglas dadas para la servidumbre de paso. 

ART. 1060.- El dueño de un predio en que existan obras defensivas para contener 

el agua o en que por la variación del curso de esta sea necesario construír 

nuevas, está obligado, a su elección, o a hacer las reparaciones, o construcciones, 

o a tolerar que sin perjuicio suyo las hagan los dueños de los predios que 

experimenten o estén inmediatamente expuestos a experimentar el daño, a menos 

que las leyes especiales de policía le impongan la obligación de hacer las obras. 

ART. 1061.- Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al caso en que sea 

necesario desembarazar algún predio de las materias cuya acumulación o caída 

impide el curso del agua con daño o peligro de tercero. 

ART. 1062.- Todos los propietarios que participan del beneficio proveniente de las 

obras de que tratan los artículos anteriores, están obligados a contribuir al gasto 

de su ejecución en proporción a su interés y a juicio de peritos. Los que por su 

culpa hubieren ocasionado el daño, serán responsables de los gastos. 

ART. 1063.- Si las aguas que pasan al predio sirviente se han vuelto insalubres 

por los usos domésticos o industriales que de ellas se han hecho, deberán 

volverse inofensivas a costa del dueño del predio dominante. 

CAPITULO IV. 

De la servidumbre legal de acueducto. 

ART. 1064.- El que quiera usar agua de que pueda disponer, tiene derecho a 

hacerla pasar por los fundos intermedios, con obligación de indemnizar a sus 

dueños, así como a los de los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan 

las aguas. 

ART. 1065.- Se exceptúan de la servidumbre que establece el artículo anterior, los 

edificios, sus patios, jardines y demás dependencias. 

ART. 1066.- El que ejercite el derecho de hacer pasar las aguas de que trata el 

artículo 1064 está obligado a construír el canal necesario en los predios 

intermedios, aunque haya en ellos canales para el uso de otras aguas. 

ART. 1067.- El que tiene en su predio un canal para el curso de aguas que le 

pertenecen, puede impedir la apertura de otro nuevo, ofreciendo dar paso por 

aquel, con tal de que no cause perjuicio al dueño del predio dominante. 

ART. 1068.- También se deberá conocer el paso de las aguas a través de los 

canales y acueductos del modo más conveniente, con tal de que el curso de las

aguas que se conducen por éstos y su volumen, no sufra alteración, ni las de 

ambos acueductos se mezclen. 

ART. 1069.- En el caso del artículo 1064, si fuere necesario hacer pasar el 

acueducto por un camino, río o torrente públicos, deberá indispensable y 

previamente obtenerse el permiso de la autoridad bajo cuya inspección estén el 

camino, río o torrente. 

ART. 1070.- La autoridad sólo concederá el permiso con entera sujeción a los 

reglamentos respecitvos (sic), y obligando al dueño del agua a que la haga pasar 

sin que el acueducto impida, estreche, ni deteriore el camino, ni embarace o 

estorbe el curso del río o torrente. 

ART. 1071.- El que sin dicho permiso previo, pasare el agua o la derramare sobre 

el camino, quedará obligado a reponer las cosas a su estado antiguo y a 

indemnizar el daño que a cualquiera se cause, sin perjuicio de las penas 

impuestas por los reglamentos correspondientes. 

ART. 1072.- El que pretenda usar del derecho consignado en el artículo 1064, 

debe previamente: 

I.- Justificar que puede disponer del agua que pretende conducir; 

II.- Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente para el uso a que 

destina el agua; 

III.- Acreditar que dicho paso es el menos oneroso para los predios por donde 

debe pasar el agua; 

IV.- Pagar el valor del terreno que ha de ocupar el canal, según estimación de 

peritos y un diez por ciento más; 

V.- Resarcir los daños inmediatos, con iclusión (sic) del que resulte por dividirse en 

dos o más partes el predio sirviente, y de cualquier otro deterioro. 

ART. 1073.- En el caso a que se refiere el artículo 1067, el que pretenda el paso 

de aguas deberá pagar, en proporción a la cantidad de éstos, el valor del terreno 

ocupado por el canal en que se introducen y los gastos necesarios para su 

conservación; sin perjuicio de la indemnización debida por el terreno que sea 

necesario ocupar de nuevo; y por los otros gastos que ocasione el paso que se le 

concede. 

ART. 1074.- La cantidad de agua que puede hacerse pasar por un acueducto 

establecido en predio ajeno, no tendrá otra limitación que la que resulte de la 

capacidad que por las dimensiones convenidas se haya fijado al mismo 

acueducto.

ART. 1075.- Si el que disfruta del acueducto necesita ampliarlo, deberá costear las 

obras necesarias y pagar el terreno que nuevamente ocupa y los daños que 

cause, conforme a lo dispuesto en los incisos IV y V del artículo 1072. 

ART. 1076.- La servidumbre legal establecida por el artículo 1064 trae consigo el 

derecho de tránsito para las personas y animales, y el de conducción de los 

materiales necesarios para el uso y reparación del acueducto, así como para el 

cuidado del agua que por él se conduce; observándose lo dispuesto en los 

artículos del 1085 al 1090, inclusive 

ART. 1077.- Las disposiciones concernientes al paso de las aguas, son aplicables 

al caso en que el poseedor de un terreno pantanoso quiera desecarlo o dar salida 

por medio de cauces a las aguas estancadas. 

ART. 1078.- Todo el que se aproveche de un acueducto, ya pase por terreno 

propio, ya por ajeno, debe construír y conservar los puentes, canales, acueductos 

subterráneos y demás obras necesarias para que no se perjudique el derecho de 

otro. 

ART. 1079.- Si los que se aprovecharen fueren varios, la obligación recaerá sobre 

todos en proporción de su aprovechamiento, si no hubiere prescripción o convenio 

en contrario. 

ART. 1080.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores comprende la limpia, 

construcciones y reparaciones para que el curso del agua no se interrumpa. 

ART. 1081.- La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio 

sirviente pueda cerrarlo o cercarlo, así como edificar sobre el mismo acueducto de 

manera que éste no experimente perjuicio, si (sic) se imposibiliten las 

reparaciones y limpias necesarias. 

ART. 1082.- Cuando para el mejor aprovechamiento del de (sic) que se tiene 

derecho disponer, fuere necesario construir una presa y el que haya de hacerlo no 

sea dueño del terreno en que se necesite apoyarla, puede pedir que se establezca 

la servidumbre de un estribo de presa, previa indemnización correspondiente. 

CAPITULO V. 

De la servidumbre legal de paso. 

ART. 1083.- El propietario de una finca de heredad enclavada entre otras ajenas 

sin salida a la vía pública, tiene derecho de exigir paso, para el aprovechamiento 

de aquella por las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan 

reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les 

ocasione este gravamen.

ART. 1084.- La acción para reclamar esta indemnización es prescriptible; pero 

aunque prescriba, no cesa por este motivo el paso obtenido. 

ART. 1085.- El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar en 

donde haya de construirse la servidumbre de paso. 

ART. 1086.- Si el juez califica el lugar señalado de impracticable o de muy gravoso 

el predio dominante, el dueño del sirviente debe señalar otro. 

ART. 1087.- Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el juez 

señalará el que crea más conveniente, procurando conciliar los interese de los dos 

predios. 

ART. 1088.- Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso a la vía 

pública, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la 

distancia, siempre que no resulte más incómodo y costoso el paso por ese lugar. 

Si la distancia fuere igual, el juez designará cuál de los dos predios ha de dar el 

paso. 

ART. 1089.- En la servidumbre de paso, el ancho de éste será el que baste a las 

necesidades del predio dominante a juicio del juez. 

ART. 1090.- En caso de que hubiere habido comunicación entre la finca o heredad 

y alguna vía pública, el paso sólo se podrá exigir a la heredad o finca por donde 

últimamente lo hubo. 

ART. 1091.- El dueño de un predio rústico tiene derecho, mediante la 

indemnización correspondiente, de exigir que se le permita el paso de sus 

ganados por los predios vecinos, para conducirlos a un abrevadero de que pueda 

disponer. 

ART. 1092.- El propietario de árbol o arbusto contiguo al predio de otro, tiene 

derecho de exigir de éste que le permita hacer la recolección de los frutos que no 

se puedan recoger de su lado, siempre que no se haya usado o se use del 

derecho que conceden los artículos 835 y 836, pero el dueño del árbol o arbusto 

es responsable de cualquier daño que cause con motivo de la recolección. 

ART. 1093.- Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar 

materiales por predio ajeno o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, 

el dueño de este predio estará obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización 

correspondiente al perjuicio que se le irrogue. 

ART. 1094.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares 

entre dos o más fincas, o para conducir energía eléctrica a una finca, sea 

necesario colocar postes y tender alambres en terreno de una finca ajena, el 

dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la indemnización 

correspondiente. Esta servidumbre trae consigo el derecho de tránsito de las

personas y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción y 

vigilancia de la línea. 

CAPITULO VI. 

De las servidumbres voluntarias. 

ART. 1095.- El propietario de una finca o heredad puede establecer en ella 

cuantas servidumbres tenga por conveniente, y en el modo y forma que mejor le 

parezca, siempre que no contravenga las leyes, ni perjudique derechos de tercero. 

ART. 1096.- Sólo pueden constituir servidumbres las personas que tienen derecho 

de enajenar; los que no pueden enajenar inmuebles sino con ciertas solemnidades 

o condiciones, no pueden sin ellas, imponer servidumbre sobre los mismos. 

ART. 1097.- Si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrán imponer 

servidumbres sino con consentimiento de todos. 

ART. 1098.- Si siendo varios los propietarios, uno solo de ellos adquiere una 

servidumbre sobre otro predio, a favor del común, de ella podrán aprovecharse 

todos los propietarios, quedando obligados a los gravámenes naturales que traiga 

consigo y a los pactos con que se haya adquirido. 

CAPITULO VII. 

Cómo se adquieren las servidumbres voluntarias. 

ART. 1099.- Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier 

título legal, incluso la prescripción. 

ART. 1100.- Las servidumbres continuas no aparentes, y las discontinuas, sean o 

no aparentes no podrán adquirirse por prescripción. 

ART. 1101.- Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar, 

aunque esté en posesión de ella, el título en virtud del cual la goza. 

ART. 1102.- La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, 

establecido o conservado por el propietario de ambos, se considera, si se 

enajenaron, como título para que la servidumbre continúe, a no ser que, al tiempo 

de dividirse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de 

enajenación de cualquiera de ellas. 

ART. 1103.- Al constituírse una servidumbre se entienden concedidos todos los 

medios necesarios para su uso, extinguida aquella cesan también estos derechos 

accesorios.


Derechos y obligaciones de los propietarios de los predios entre los que está 

constituida alguna servidumbre voluntaria. 

ART. 1104.- El uso y la extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad 

de los propietarios, se arreglarán por los términos del título en que tengan su 

origen, y en su defecto, por las disposiciones siguientes. 

ART. 1105.- Corresponde al dueño del predio dominante hacer a su costa todas 

las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre. 

ART. 1106.- El mismo, tiene obligación de hacer a su costa las obras que fueren 

necesarias para que el dueño del predio sirviente no se le causen, por la 

servidumbre, más gravámenes que el consiguiente a ella; y si por su descuido u 

omisión se causare otro daño, estará obligado a la indemnización. 

ART. 1107.- Si el dueño del predio se hubiere obligado en el título constitutivo de 

la servidumbre a hacer alguna cosa o a costear alguna obra, se librará de esta 

obligación abandonando su predio al dueño del dominante. 

ART. 1108.- El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno la 

servidumbre constituída sobre éste. 

ART. 1109.- El dueño del predio sirviente, si el lugar primitivamente designado 

para el uso de la servidumbre llegase a presentarle graves inconvenientes, podrá 

ofrecer otra que sea cómodo (sic) al dueño del predio dominante, quien no podrá 

rehusarlo, si no se perjudica. 

ART. 1110.- El dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan 

menos gravosa la servidumbre, si de ellas no resulta perjuicio alguno al predio 

dominante. 

ART. 1111.- Si de la conservación de dichas obras se siguiere algún perjuicio al 

predio dominante, el dueño del sirviente está obligado a restablecer las cosas a su 

antiguo estado y a indemnizar de los daños y perjuicios. 

ART. 1112.- Si el dueño del predio dominante se opone a las obras de que trata el 

artículo 1110, el juez decidirá, previo informe de peritos. 

ART. 1113.- Cualquiera duda sobre el uso y extensión de la servidumbre, se 

decidirá en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, sin imposibilitar o 

hacer difícil el uso de la servidumbre. 

ART. 1114.- Las servidumbres voluntarias se extinguen:

I.- Por reunirse en una misma persona la propiedad de ambos predios: dominante 

y sirviente: y no reviven por una nueva separación, salvo lo dispuesto en el artículo 

1102; pero si el acto de reunión era resoluble por su naturaleza, y llega el caso de 

la resolución, renacen las servidumbres como estaban antes de la reunión. 

II.- Por el no uso: 

Cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de tres años, 

contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre; 

Cuando fuere discontinua o no aparente, por el no uso de cinco años, contados 

desde el día en que dejó de usarse por no haber ejecutado el dueño del fundo 

sirviente acto contrario a la servidumbre, o por haber prohibido que se usare de 

ella. Si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado de la 

servidumbre, o si hubo tales actos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la 

prescripción; 

III.- Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del predio sirviente a tal 

estado que no pueda usarse la servidumbre. Si en lo sucesivo los predios se 

restablecen de manera que pueda usarse de la servidumbre, revivirá ésta, a no 

ser que desde el día en que pudo volverse a usar haya transcurrido el tiempo 

suficiente para la prescripción; 

IV.- Por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante; 

V.- Cuando constituída en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se 

cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquel. 

ART. 1115.- Si los predios entre los que esta constituída una servidumbre legal, 

pasa a poder de un mismo dueño, deja de existir la servidumbre; pero separadas 

nuevamente las propiedades, revive aquella, aun cuando no se haya conservado 

ningún signo aparente. 

ART. 1116.- Las servidumbres legales establecidas como de utilidad pública o 

comunal, se pierden por el no uso de cinco años, si se prueba que durante este 

tiempo se ha adquirido, por el que disfrutaba aquellas, otra servidumbre de la 

misma naturaleza, por distinto lugar. 

ART. 1117.- El dueño de un predio sujeto a una servidumbre legal, puede, por 

medio de convenio, librarse de ella, con las restricciones siguientes: 

I.- Si la servidumbre está constituída a favor de un municipio o población, no 

surtirá el convenio efecto alguno respecto de toda la comunidad, si no se ha 

celebrado interviniendo el Ayuntamiento en representación de ella; pero sí 

producirá acción contra cada uno de los particulares que hayan renunciado a 

dicha servidumbre;

II.- Si la servidumbre es de uso público, el convenio es nulo en todo caso; 

III.- Si la servidumbre es de paso o desagüe, el convenio se entenderá celebrado 

con la condición de que lo aprueben los dueños de los predios circunvecinos, o 

por lo menos, el dueño del predio por donde nuevamente se constituya la 

servidumbre; 

IV.- La renuncia de la servidumbre legal de desagüe sólo será válido (sic) cuando 

no se oponga a los reglamentos respectivos. 

ART. 1118.- Si el predio dominante pertenece a varios dueños proindivisos, el uso 

que haga uno de ellos aprovecha a los demás para impedir la prescripción. 

ART. 1119.- Si entre los propietarios hubiere alguno contra quien por leyes 

especiales no pueda correr la prescripción, ésta no correrá contra los demás. 

ART. 1120.- El modo de usar la servidumbre puede prescribirse en el tiempo y de 

la manera que la servidumbre misma. 


De la prescripción. 

CAPITULO I. 


ART. 1121.- Prescripción es un modo de adquirir bienes o de librarse de 

obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

establecidas por la ley. 

ART. 1122.- La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama 

prescripción positiva: la liberación de obligaciones, por no exigirse su 

cumplimiento, se llama prescripción negativa. 

ART. 1123.- Sólo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están en el 

comercio, salvo las excepciones establecidas por la ley. 

ART. 1124.- Pueden adquirir por prescripción positiva todos los que son capaces 

de adquirir por cualquier otro título: los menores y demás incapacitados pueden 

hacerlo por medio de sus legítimos representantes. 

ART. 1125.- Para los efectos de los artículos 819 y 820 se dice legalmente 

cambiada la causa de la posesión, cuando el poseedor que no poseía a título de

dueño comienza a poseer con este carácter y en tal caso la prescripción no corre 

sino desde el día en que haya cambiado la causa de la posesión. 

ART. 1126.- La prescripción negativa aprovecha a todos, aun a los que por sí 

mismos no pueden obligarse. 

ART. 1127.- Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la 

prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. 

ART. 1128.- La renuncia de la prescripción es expresa o tácita, siendo esta última 

la que resulta de un hecho que importa el abandono del derecho adquirido. 

ART. 1129.- Los acreedores y todos los que tuvieren legítimo interés en que la 

prescripción subsista, puedan hacer valer aunque el deudor o el propietario hayan 

reunuciado (sic) los derechos en esa virtud adquiridos. 

ART. 1130.- Si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna 

de ellas prescribir contra sus propietarios o coposeedores; pero sí puede prescribir 

contra un extraño, y en este caso la prescripción aprovecha a todos los partícipes. 

ART. 1131.- La excepción que por prescripción adquiera un codeudor solidario, no 

aprovechará a los demás sino cuando el tiempo exigido haya debido correr del 

mismo modo para todos ellos. 

ART. 1132.- En el caso previsto por el artículo que precede, el acreedor sólo podrá 

exigir a los deudores que no prescribieren, el valor de la obligación, deducida la 

parte que corresponda al deudor que prescribió. 

ART. 1133.- La prescripción adquirida por el deudor principal, aprovecha siempre 

a sus fiadores. 

ART. 1134.- El Estado, así como los Ayuntamientos y las otras personas morales, 

se considerarán como particulares para la prescripción de sus bienes, derechos y 

acciones que sean susceptibles de propiedad privada. 

ART. 1135.- El que prescriba puede completar el término necesario para su 

prescripción reuniendo al tiempo que haya poseído, el que poseyó la persona que 

le transmitió la cosa, con tal de que ambas posesiones tengan los requisitos 

legales. 

ART. 1136.- Las disposiciones de este título, relativas al tiempo y demás requisitos 

necesarios para la prescripción, sólo dejarán de observarse en los casos en que la 

ley prevenga expresamente otra cosa. 

CAPITULO II.

De la prescripción positiva. 

ART. 1137.- La posesión necesaria para prescribir debe ser: 

I.- En concepto de propietario; 

II.- Pacífica; 

III.- Continua; 

IV.- Pública. 

ART. 1138.- Los bienes inmuebles se prescriben; 

I.- En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fé, 

pacífica, continua y públicamente; 

II.- En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de 

posesión. 

III.- En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de 

propietario, pacífica, continua y pública; 

IV.- Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III, 

si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de la 

finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha 

poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones 

necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha 

estado en poder de aquél. 

ART. 1139.- Los bienes muebles se prescriben en tres años cuando son poseídos 

con buena fé, pacífica y continuamente. Faltando la buena fe, se prescribirán en 

cinco años. 

ART. 1140.- Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta 

cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de 

diez años para los inmuebles y de cinco para los muebles, contados desde que 

cese la violencia. 

ART. 1141.- La posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en cuenta 

para la prescripción, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o 

prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe. 

ART. 1142.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y las 

condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede 

promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el

Registro Público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y 

que ha adquirido, por ende, la propiedad. 

ART. 1143.- La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de 

prescripción, se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al 

poseedor. 

CAPITULO III. 

De la prescripción negativa. 

ART. 1144.- La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo 

fijado por la ley. 

ART. 1145.- Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, 

contados desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho 

de pedir su cumplimiento. 

ART. 1146.- La obligación de dar alimentos es imprescriptible. 

ART. 1147.- Prescriben en dos años: 

I.- Los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la 

prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr desde la fecha 

en que dejaron de prestarse los servicios; 

II.- La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a 

personas que no fueren revendedoras. 

La prescripción corre desde el día en que fueron entregados los objetos, si la 

venta no se hizo a plazo; 

III.- La acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para cobrar el 

importe de hospedaje; y la de éstos y la de los fondistas para cobrar el precio de 

los alimentos que ministren. 

La prescripción corre desde el día en que debió ser pagado el hospedaje, o desde 

aquel en que se ministraron los alimentos; 

IV.- La responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra o por escrito, y 

la que nace del daño causado por personas o animales, y que la ley impone al 

representante de aquellas cual dueño de éstos. 

La prescripción comienza a correr desde el día en que se recibió o fue conocida la 

injuria o desde aquel en que causó el daño;

V.- La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos. 

La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos. 

ART. 1148.- Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras 

prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, quedarán prescritas en 

cinco años, contados desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el 

cobro en virtud de acción real o de acción personal. 

ART. 1149.- Respecto de las obligaciones con pensión o renta, el tiempo de 

prescripción del capital comienza a correr desde el día del último pago, si no se ha 

fijado plazo para la devolución; en caso contrario, desde el vencimiento del plazo. 

ART. 1150.- Prescribe en cinco años la obligación de dar cuentas. En igual 

término se prescriben las obligaciones líquidas que resulten de la rendición de 

cuentas. En el primer caso la prescripción comienza a correr desde el día en que 

el obligado termina su administración; en el segundo caso, desde el día en que la 

liquidación es probada por los interesados o por sentencia que cause ejecutoria. 

CAPITULO IV. 

De la suspensión de la prescripción. 

ART. 1151.- La prescripción puede comenzar a correr contra cualquiera persona, 

salvas (sic) las siguientes restricciones. 

ART. 1152.- La prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapacitados, 

sino cuando se haya discernido su tutela conforme a las leyes. Los incapacitados 

tendrán derecho de exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de éstos 

no se hubiere interrumpido la prescripción. 

ART. 1153.- La prescripción no puede comenzar ni correr: 

I.- Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad, respecto de los 

bienes a que los segundos tengan derecho conforme a la ley; 

II.- Entre los consortes; 

III.- Entre los incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dura la tutela; 

IV.- Entre copropietarios y coposeedores, respecto del bien común; 

V.- Contra los ausentes del Estado que se encuentren en servicio público. 

VI.- Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera como 

dentro del Estado.

CAPITULO V. 

De la interrupción de la prescripción. 

ART. 1154.- La prescripción se interrumpe: 

I.- Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho por 

más de un año; 

II.- Por demanda u otro cualquier género de interpelación judicial notificada al 

poseedor o al deudor en su caso. 

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si 

el actor desistiese de ella, o fuese desestimada su demanda; 

III.- Porque la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, 

de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la 

persona contra quien prescriba. 

Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en caso de 

reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; si se renueva el 

documento, desde la fecha del nuevo título, y si se hubiere prorrogado el plazo del 

cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido. 

ART. 1155.- Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los 

deudores solidarios, la interrumpen también respecto de los otros. 

ART. 1156.- Si el acreedor, consintiendo en la división de la deuda respecto de 

uno de los deudores solidarios, sólo exigiere de él la parte que le corresponda, no 

se le tendrá por interrumpida la prescripción respecto de los demás. 

ART. 1157.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los 

herederos del deudor. 

ART. 1158.- La interrupción de la prescripción contra el deudor principal produce 

los mismos efectos contra su fiador. 

ART. 1159.- Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de 

todos los deudores no solidarios, se requiere el reconocimiento o citación de 

todos. 

ART. 1160.- La interrupción de la prescripción a favor de alguno de los acreedores 

solidarios, aprovecha a todos.

ART. 1161.- El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción, todo el 

tiempo corrido antes de ella. 

CAPITULO VI. 

De la manera de contar el tiempo para la prescripción. 

ART. 1162.- El tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a 

momento, excepto en los casos en que así lo determine la ley expresamente. 

ART. 1163.- Los meses se regularán con el número de días que les correspondan. 

ART. 1164.- Cuando la prescripción se cuenta por días, se entenderán éstos de 

veinticuatro horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro. 

ART. 1165.- El día en que comienza la prescripción se cuenta siempre entero, 

aunque no lo se (sic); pero aquél en que la prescripción termina, debe ser 

completo. 

ART. 1166.- Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por completa la 

prescripción, sino cumplido el primero que siga, si fuere útil. 

LIBRO TERCERO. 

DE LAS SUCESIONES. 


Disposiciones preliminares. 

ART. 1167.- Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus 

derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. 

ART. 1168.- La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición 

de la ley. La primera se llama testametnario (sic) y la segunda legítima. 

ART. 1169.- El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La 

parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión 

legítima. 

ART. 1170.- El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la 

herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda.

ART. 1171.- El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las 

que expresamente le imponga el testador sin perjuicio de su responsabilidad 

subsidiaria con los herederos. 

ART. 1172.- Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios 

serán considerados como herederos. 

ART. 1173.- Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieren en 

el mismo desastre o en el mismo día sin que se pueda averiguar a ciencia cierta 

quienes murieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo y no habrá 

lugar entre ellos a la trasmisión de la herencia o legado. 

ART. 1174.- A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren 

derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se 

hace la división. 

ART. 1175.- Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa 

hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. 

ART. 1176.- El legatario adquiere derecho al legado puro y simple, así como al de 

día cierto, desde el momento de la muerte del testador. 

ART. 1177.- El heredero o legatario no puede enajenar su parte en la herencia 

sino después de la muerte de aquel a quien hereda. 

ART. 1178.- El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su 

derecho hereditario, debe notificar a sus coherederos por medio de notario, 

judicialmente o por medio de dos testigos, las bases o condiciones en que se ha 

concertado la venta a fin de que aquellos, dentro del término de ocho días, haga 

nuso (sic) del derecho del tanto; si los herederos hacen uso de este derecho, el 

vendedor está obligado a consumar la venta a su favor, conforme a las bases 

concertadas. Por el solo lapso de los ocho días se pierde el derecho del tanto. Si 

la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en este artículo, será nula. 

ART. 1179.- Si dos o más coherederos quisieren hacer uso del derecho del tanto, 

se preferirá al que represente mayor porción en la herencia y si las porciones son 

iguales, la suerte decidirá quién hace uso del derecho. 

ART. 1180.- El derecho concedido en el artículo 1178 cesa si la enajenación se 

hace a un coheredero. 


De la Sucesión por testamento.

CAPITULO I. 

De los testamentos en general. 

ART. 1181.- Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual 

una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes 

para después de su muerte. 

ART. 1182.- No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en 

provecho recíproco, ya en favor de un tercero. 

ART. 1183.- Ni la subsistencia del nombramiento del heredero o de los legatarios, 

ni la designación de las cantidades que a ellos correspondan, pueden dejarse al 

arbitrio de un tercero. 

ART. 1184.- Cuando el testador deje como herederos o legatarios a determinadas 

clases formadas por número ilimitado de individuos, tales como los pobres, los 

huérfanos, los ciegos, etc., puede encomendar a un tercero la distribución de las 

cantidades que deje para ese objeto y la elección de las personas a quienes 

deban aplicarse, observándose lo dispuesto en el artículo 1215. 

ART. 1185.- El testador puede encomendar a un tercero que haga la elección de 

los actos de beneficencia o de los establecimientos públicos o privados de los 

cuales deban aplicarse los bienes que legue con ese objeto, así como la 

distribución de las cantidades que a cada uno corresponda. 

ART. 1186.- La disposición hecha en términos vagos en favor de los parientes del 

testador se entenderá que se refiere a los parientes más próximos, según el orden 

de la sucesión legítima. 

ART. 1187.- Las disposiciones hechas a título universal o particular no tienen 

ningún efecto cuando se funden en una causa expresa, que resulte errónea si ha 

sido la única que determinó la voluntad del testador. 

ART. 1188.- Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal 

de las palabras, a no ser que aparezca como manifiesta claridad que fué otra la 

voluntad del testador. 

En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición 

testamentaria se observará lo que parezca más conforme a la intención del 

testador, según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto 

pueda rendirse por los interesados. 

ART. 1189.- Si un testamento se pirede (sic) por un evento ignorado por el 

testador, o por haber sido ocultado por otra persona, podrán los interesados exigir 

su cumplimiento si demuestran plenamente el hecho de la pérdida o de la

ocultación; logran igualmente comprobar lo contenido en el mismo testamento y 

que en su otorgamiento se llenaron todas las formalidades legales. 

ART. 1190.- La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea 

verdadera, se tendrá por no escrita. 

CAPITULO II. 

De la Capacidad para testar. 

ART. 1191.- Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíba 

expresamente el ejercicio de su derecho. 

ART. 1192.- Están incapacitados para testar: 

I.- Los menores que no han cumplido dieciséis años de edad, ya sean hombres o 

mujeres; 

II.- Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. 

ART. 1193.- Es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de 

lucidez. Con tal de que al efecto se observen las prescripciones siguientes: 

ART. 1194.- Siempre que un demente pretenda hacer testamento en un intervalo 

de lucidez, el tutor y, en defecto de éste, la familia de aquél, presentará por escrito 

una solicitud al juez que corresponda. El Juez nombrará dos médicos, de 

preferencia especialistas en la materia, para que examinen al enfermo y 

dictaminen acerca de su estado mental. El juez tiene obligación de asistir al 

examen del enfermo, y podrá hacerle cuantas preguntas estime convenientes a fin 

de cerciorarse de su capacidad para testar. 

ART. 1195.- Se hará constar en acta formal el resultado del reconocimiento. 

ART. 1196.- Si éste fuere favorable, se procederá desde luego a la formación de 

testamento ante Notario Público, con todas las solemnidades que se requieren 

para los testamentos públicos abiertos. 

ART. 1197.- Firmarán el acta, además del Notario y de los testigos, el Juez y los 

médicos que intervinieron para el reconocimiento, poniéndose al pie del 

testamento razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente 

perfecta lucidz (sic) de juicio, y sin este requisito y su constancia, será nulo el 

testamento. 

ART. 1198.- Para juzgar de la capacidad del testador se atenderá especialmente 

al estado en que se halle al hacer el testamento.

CAPITULO III. 

De la Capacidad para heredar. 

ART. 1199.- Todos los habitantes del estado, de cualquier edad que sean, tienen 

capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; 

pero con relación a ciertas personas, y a determinados bienes, pueden perderla 

por alguna de las causas siguientes: 

I.- Falta de personalidad; 

II.- Delito; 

III.- Presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o 

integridad del testamento; 

IV.- Falta de reciprocidad internacional; 

V.- Utilidad pública; 

VI.- Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. 

ART. 1200.- Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de 

falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del 

autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo 


ART. 1201.- Será no obstante, válida la disposición hecha en favor de los hijos 

que nacieron de ciertas y determinadas personas, durante la vida del testador. 

ART. 1202.- Por razón de delito son incapaces de adquirir por testamento o por 

intestado; 

I.- El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a 

la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuges o hermanos 

de ella; 

II.- El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes o 

descendientes, hermanos o cónyuge acusación de delito que merezca pena 

capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada, si fuere su descendiente, su 

ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso 

para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes, 

ascendientes, hermano o cónyuge; 

III.- El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de 

suceder al cónyuge inocente;

IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o 

de la del cónyuge inocente; 

V.- El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, 

cometido contra el autor de la herencia de sus hijos, de su cónyuge, de sus 

ascendientes o de sus hermanos; 

VI.- El padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos; 

VII.- Los padres que abandonaren a sus hijos, prostituyeren a sus hijos o 

atentaren a su pudor respecto de los ofendidos; 

VIII.- Los demás parientes del autor de la herencia que, teniendo obligación de 

darle alimento, no la hubiere cumplido; 

IX.- Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste imposibilitado para 

trabajar y sin recursos, no se cuidaren de recogerlo, o de hacerlo recoger en 

establecimiento de beneficencia; 

X.- El que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje 

de hacer o revoque su testamento; 

XI.- El que conforme al Código Penal, fuere culpable de su prisión, substitución o 

suposición de infante, siempre que se trate de la herencia que debió de 

corresponder a éste o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado 

perjudicar con esos actos. 

ART. 1203.- Se aplicará también lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, 

aunque el tutor de la herencia no fuere descendiente, ascendiente, cónyuge o 

hermano del acusador, si la acusación es declarada calumniosamente. 

ART. 1204.- Cuando la parte agraviada de cualquiera de los modos que expresa el 

artículo 1202 perdonare al ofensor, recobrará éste el derecho de suceder al 

ofendido, por intestado, si el perdón consta por declaración auténtica o por hechos 

indubitables. 

ART. 1205.- La capacidad para suceder por testamento solo se recobra si 

después de conocido el agravio, el ofendido instituye al ofensor o revalida us (sic) 

institución anterior con las mismas solemnidades que se exigen para testar. 

ART. 1206.- En los casos de intestado, los descendientes del incapaz de heredar 

conforme al artículo 1202 heredarán al autor de la sucesión, no debiendo ser 

excluidos por la falta de su padre; pero éste no puede, en ningún caso tener los 

bienes de la sucesión, el usufructo, ni la administración que la ley acuerda a los 

padres sobre los bienes de sus hijos.

ART. 1207.- Por presunción de influjo contrario a la libertad del autor de la 

herencia, son incapaces de adquirir por testamento del menor, los tutores y 

curadores a no ser que sean instituidos antes de ser nombrados para el cargo o 

después de la mayor edad de aquél, estando ya aprobadas las cuentas de la 

tutela. 

ART. 1208.- La incapacidad a que se refiere el artículo anterior no comprende a 

los ascendientes ni hermanos del menor, observándose en su caso lo dispuesto 

en la fracción X del artículo 1202. 

ART. 1209.- Por presunción contraria a la libertad del testador, son incapaces de 

heredar por testamento, el médico que haya asistido a aquel durante su última 

enfermedad, si entonces hizo su disposición testamentaria; así como el cónyuge, 

ascendientes y descendientes y hermanos del facultativo, a no ser que los 

herederos instituídos sean también herederos legítimos. 

ART. 1210.- Por presunción de influjo contrario a la verdad e integridad del 

testamento, son incapaces de heredar, el notario y los testimonios (sic) que 

intervinieron en él, y sus cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos. 

ART. 1211.- Los ministros de los cultos no pueden ser herederos por testamento 

de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco 

dentro del cuarto grado. La misma incapacidad tienen los ascendientes, 

descendientes cónyuges y hermanos de los ministros, respecto de las personas a 

quienes éstos hayan prestado cualquiera clase de auxilios espirituales, durante la 

enfermedad de que hubieren fallecido o de quienes hayan sido directores 

espirituales de los mismos ministros. 

ART. 1212.- El notario que a sabiendas autorice un testamento en que se 

contravenga lo dispuesto en los tres artículos anteriores sufrirá la pena de 

privación de oficio. 

ART. 1213.- Las personas morales son capaces de adquirir bienes por testamento 

o por intestado; pero su capacidad tiene las limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las respectivas leyes 

reglamentarias de los artículos constitucionales. 

ART. 1214.- La herencia o legado que se deje a un establecimiento público, 

impidiéndole algún gravamen o bajo alguna condición, solo serán válidos si el 

Gobierno los aprueba. 

ART. 1215.- La disposición hecha a favor de los pobres en general, sin 

designación de personas ni de población, aprovecha sólo a los del domicilio del 

testador en la época de su muerte, si no consta claramente haber sido otra su 

voluntad.

ART. 1216.- Por renuncia o remoción de un cargo, son incapaces de heredar por 

testamento los que, nombrados en él tutores, curadores o albaceas, hayan 

rehusado, sin justa causa, el cargo, o por mala conducta hayan sido separados 

judicialmente de su ejercicio. 

ART. 1217.- Lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior no comprende a 

los que, desechada por el Juez la excusa, hayan servido el cargo. 

ART. 1218.- Las personas llamadas por la ley para desempeñar la tutela legítima y 

que rehusen sin causa legítima desempeñarla, no tienen derecho de heredar a los 

incapaces de quienes deben ser tutores. 

ART. 1219.- Para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz al tiempo 

de la muerte del autor de la herencia. 

ART. 1220.- Si la institución fuere condicional, se necesitará, además, que el 

heredero sea capaz al tiempo en que se cumpla la condición. 

ART. 1221.- El heredero por testamento, que muera antes que el estador (sic) o 

antes de que se cumpla la condición; el incapaz de heredar y el que renuncia a la 

sucesión, no transmiten ningún derecho a sus herederos. 

ART. 1222.- En los casos del artículo anterior la herencia pertenece a los 

herederos legítimos del testador, a no ser que éste haya dispuesto otra cosa. 

ART. 1223.- El que hereda en lugar del excluído, tendrá las mismas cargas y 

condiciones que legalmente se habían puesto a aquél. 

ART. 1224.- Los deudores hereditarios que fueren demandados y que no tengan 

el carácter de herederos, no podrán oponer, al que esté en posesión del derecho 

de heredero o legatario la excepción de incapacidad. 

ART. 1225.- A excepción de los casos comprendidos en las fracciones X y XI del 

artículo 1202 la incapacidad para heredar a que se refiere ese artículo, priva 

también de los alimentos que corresponde por ley. 

ART. 1226.- La incapacidad no produce el efecto de privar al incapaz de lo que 

hubiere de percibir, sino después de declarar en juicio, a petición de algún 

interesado, no pudiendo promoverla el juez de oficio. 

ART. 1227.- No puede deducirse acción para declarar la incapacidad, pasados 

tres años desde que el incapaz esté en posesión de la herencia o legado; salvo 

que se trate de incapacidades establecidas en vista del interés público, las cuales 

en todo tiempo pueden hacerse valer. 

ART. 1228.- Si el que entró en posesión de la herencia y la pierde después por 

incapacidad, hubiere enajenado o gravado todo o parte de los bienes antes de ser

emplazado en el juicio en que se discuta su incapacidad, y aquel con quien 

contrató hubiere tenido buena fe, el contrato subsistirá; más el heredero incapaz 

estará obligado a indemnizar al legítimo, de todos los daños y perjuicios. 

CAPITULO IV. 

De las condiciones que pueden ponerse en los testamentos. 

ART. 1229.- El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus 

bienes. 

ART. 1230.- Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios, en lo que no 

esté prevenido en este capítulo, se regirán por las reglas establecidas para las 

obligaciones condicionales. 

ART. 1231.- La falta de cumplimiento de alguna condición impuesta al heredero o 

al legatario, no perjudicará a éstos siempre que hayan empleado todos los medios 

necesarios para cumplir aquella. 

ART. 1232.- La condición física o legalmente imposible de dar o de hacer, 

impuesta al heredero o legatario, anula su institución. 

ART. 1233.- Si la condición que era imposible al tiempo de otorgar el testamento, 

dejare de serlo a la muerte del testador, será válida. 

ART. 1234.- Es nula la institución hecha bajo la condición de que el heredero o 

legatario hagan en su testamento alguna disposición en favor del testador o de 

otra persona. 

ART. 1235.- La condición que solamente suspende por cierto tiempo la ejecución 

del testamento, no impedirá que el heredero o el legatario adquieran derecho a la 

herencia o legado o lo transmitan a sus herederos. 

ART. 1236.- Cuando el testador no hubiere señalado plazo para el cumplimiento 

de la condición, la cosa legada permanecerá en poder del albacea y al hacerse la 

repartición se asegurará competentemente el derecho del legatario para el caso 

de cumplirse la condición, observándose además, las disposiciones establecidas 

para hacer la partición cuando alguno de los herederos es condicional. 

ART. 1237.- Si la condición es puramente potestativa de dar o hacer alguna cosa, 

y el que ha sido gravado en ella ofrece cumplirla; pero aquel a cuyo favor se 

estableció rehusa aceptar la cosa o el hecho, la condición se tiene por cumplida. 

ART. 1238.- La condición potestativa se tendrá por cumplida aún cuando el 

heredero o legatario haya prestado la cosa o el hecho antes de que se otorgara el

testamento, a no ser que pueda reiterarse la prestación, en cuyo caso no será ésta 

obligatoria sino cuando el testador haya tenido conocimiento de la primera. 

ART. 1239.- En el caso final del artículo que precede, corresponde al que debe 

pagar el legado la prueba de que el testador tuvo conocimiento de la primera 

prestación. 

ART. 1240.- La condición de no dar o de no hacer, se tendrá por no puesta. 

La condición de no impugnar el testamento o alguna de las disposiciones que 

contenga, so pena de perder el carácter de heredero o legatario, se tendrá por no 

puesta. 

ART. 1241.- Cuando la condición fuere casual o mixta, bastará que se realice en 

cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiere dispuesto otra cosa. 

ART. 1242.- Si la condición se hubiere cumplido al hacerse el testamento 

ignorándolo el testador, se tendrá por cumplida; más si lo sabía, se tendrá por 

cumplida si ya no puede existir o cumplirse de nuevo. 

ART. 1243.- La condición impuesta al heredero o legatario, de tomar o dejar de 

tomar estado, se tendrá por no puesta. 

ART. 1244.- Podrá, sin embargo, dejarse a alguna misión alimenticia periódica o el 

usufructo que equivalga a esta pensión, por el tiempo que permanezca soltero o 

viudo. La pensión alimenticia se fijará de acuerdo con lo prevenido en el artículo 

306. 

ART. 1245.- La condición que se ha cumplido existiendo la persona a quien se 

impuso, retrotrae al tiempo de la muerte del testador, y desde entonces deben 

abonarse los frutos de la herencia o legado, a menos que el testador haya 

dispuesto expresamente otra cosa. 

ART. 1246.- La carga de hacer alguna cosa se considera como condición 

resolutoria. 

ART. 1247.- Si no se hubiere señalado tiempo para el cumplimiento de la carga, si 

esta por su propia naturaleza lo tuviere, se observará lo dispuesto en el artículo 

1236. 

ART. 1248.- Si el legado fuere de prestación periódica, que debe cumplir en un día 

que es inseguro si llegará o no, llegado el día, el legatario habrá hecho suyas 

todas las prestaciones que correspondan hasta aquel día. 

ART. 1249.- Si el día en que debe comenzar el legado fuere seguro, sea que se 

sepa o no cuando ha de llegar el que ha de entregar la cosa legada tendrá, 

respecto de ella, los derechos y las obligaciones del usufructuario.

ART. 1250.- En el caso del artículo anterior, si el legado consiste en prestación 

periódica, el que debe pagar lo hace suyo todo lo correspondiente al intermedio, y 

cumple con hacer la prestación comenzando el día señalado. (sic) 

ART. 1251.- Cuando el legado debe concluír en un día que es seguro que ha de 

llegar, se entregará la cosa o cantidad legada al legatario, quien se considerará 

como usufructuario de ella. 

ART. 1252.- Si el legado consistiere en prestación periódica, el legatario hará 

suyas todas las cantidades vencidas hasta el día señalado. 

CAPITULO V. 

De los bienes de que se puede disponer por testamento y 

de los testamentos inoficiosos. 

ART. 1253.- El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en 

las fracciones siguientes: 

I.- A los descendientes varones menores de veintiún años; 

II.- A los descendientes varones que estén imposibilitados de trabajar, y a las hijas 

que no hayan contraído matrimonio y vivan honestamente, unos y otras aun 

cuando fueren mayores de veintiún años. 

III.- El cónyuge supérstite, siempre que siendo varón esté impedido de trabajar, o 

que siendo mujer, permanezca viuda y viva honestamente; 

IV.- A los ascendientes; 

V.- A la mujer con quien el testador vivió como si fuera su marido, durante los 

cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, 

siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato. La concubina sólo tendrá derecho a alimentos mientras que observe 

buena conducta y no se case. Si fueren varias las concubinas, ninguna de ellas 

tendrá derecho a alimentos; 

VI.- A los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, si 

están incapacitados o mientras que no cumplan dieciocho años, si no tieenen (sic) 

bienes para subvenir a sus necesidades. 

ART. 1254.- No hay obligación de dar alimentos, sino a falta o por imposibilidad de 

los parientes más próximos en grado.

ART. 1255.- No hay obligación de dar alimentos a las personas que tengan 

bienes; pero si teniéndolos, su producto no iguala a la pensión que debería 

corresponderles, la obligación se reducirá a lo que falte para completarla. 

ART. 1256.- Para tener derecho de ser alimentado se necesita encontrarse al 

tiempo de la muerte del testador en alguno de los casos fijados en el artículo 1253 

y cesa ese derecho tan luego como el interesado deje de estar en las condiciones 

a que se refiere el mismo artículo, observe mala conducta o adquiera bienes, 

aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo anterior. 

ART. 1257.- El derecho de percibir alimentos no es renunciable ni puede ser 

objeto de transacción. La pensión alimenticia se fijará y asegurara conforme a lo 

dispuesto en los artículos 303, 309, 311 y 312 de este Código, y por ningún motivo 

excederá de los productos de la porción que en caso de sucesión intestada 

corresponderían al que tenga derecho a dicha pensión, ni bajará de la mitad de 

dichos productos. Si el testador hubiere fijado la pensión alimenticia, subsistirá su 

designación, cualquiera que sea, siempre que no baje del mínimum (sic) antes 

establecido. Con excepción de los artículos citados en el presente Capítulo, no 

son aplicables a los alimentos debidos por sucesión, las disposiciones del Capítulo 

II, Título VI, Libro I. 

ART. 1258.- Cuando el caudal hereditario no fuere suficiente para dar alimentos a 

todas las personas enumeradas en el artículo 1253, se observarán las reglas 

siguientes: 

I.- Se ministrarán a los descendientes y al cónyuge supérstite a prorrata; 

II.- Cubiertas las pensiones a que se refiere la fracción anterior, se ministrarán a 

prorrata a los ascendientes; 

III.- Después de ministrar también a prorrata, a los hermanos y a la concubina; 

IV.- Por último se ministrarán igualmente a prorrata, a los demás parientes 

colaterales dentro del cuarto grado. 

ART. 1259.- Es inoficioso el testamento en que no se deje la pensión alimenticia, 

según lo establecido en este Capítulo. 

ART. 1260.- El preferido tendrá solamente derecho a que se le dé la pensión que 

corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese 

derecho. 

ART. 1261.- La pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto 

cuando el testador haya gravado con ella a alguno o algunos de los partícipes de 

la sucesión.

ART. 1262.- No obstante lo dispuesto en el artículo 1260 el hijo póstumo tendrá 

derecho a percibir íntegra la porción que le correspondería como heredero legítimo 

si no hubiere testamento, a menos que el testador hubiere dispuesto 

expresamente otra cosa. 

CAPITULO VI. 

De la institución de heredero. 

ART. 1263.- El testamento otorgado legalmente será válido aunque no contenga 

institución de heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz 

de heredar. 

ART. 1264.- En los tres casos señalados en el artículo anterior, se cumplirán las 

demás disposiciones testamentarias que estiuvieren (sic) hechas conforme a las 

leyes. 

ART. 1265.- No obstante lo dispuesto en el artículo 1229 la designación del día en 

que debe comenzar o cesar la institución de herederos, se tendrá por no puesta. 

ART. 1266.- Los herederos instituídos sin designación de la parte que a cada uno 

corresponda, heredarán por partes iguales. 

ART. 1267.- El heredero instituido es (sic) cosa cierta y determinada debe tenerse 

por legatario. 

ART. 1268.- Aunque el testador nombre algunos herederos individualmente y a 

otros colectivamente, como se dijera: "Instituyo por mis herederos a Pedro y a 

Pablo y a los hijos de Francisco", los colectivamente nombrados se considerarán 

como si fuesen individualmente, a no ser que se conozca de un modo claro que ha 

sido otra la voluntad del testador. 

ART. 1269.- Si el testador instituye a sus hermanos, y los tiene solo de padre, solo 

de madre, o de padre y madre, se dividirán la herencia como en el caso de 

intestado. 

ART. 1270.- Si el testador llama a la sucesión a cierta persona y a sus hijos, se 

entenderán todos instituídos simultánea y no sucesivamente. 

ART. 1271.- El heredero debe ser instituído designándolo por su nombre y 

apellido, y si hubiere varios, que tuvieren el mismo nombre y apellido deben 

agregarse otros nombres y circunstancias que distingan al que se quiere nombrar. 

ART. 1272.- Aunque se haya omitido el nombre del heredero, si el testador le 

designare de otro modo que no pueda dudarse quien sea, valdrá la institución.

ART. 1273.- El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero, no vicia la 

institución, si de otro modo se supiere ciertamente cual es la persona nombrada. 

ART. 1274.- Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no 

pudiere saberse a quien quiso desingnar (sic) el testador, ninguno será heredero. 

ART. 1275.- Toda disposición en favor de persona incierta o sobre cosa que no 

pueda identificarse será nula, a menos que por algún evento puedan resultar 

ciertas. 

CAPITULO VII. 

De los legados. 

ART. 1276.- Cuando no haya disposiciones especiales, los legatarios se regirán 

por las mismas normas que los herederos. 

ART. 1277.- El legado puede consistir en la prestación de la cosa o en la de algún 

hecho o servicios. 

ART. 1278.- No produce efecto el legado si por acto del testador pierde la cosa 

legada la forma y denominación que la determinaban. 

ART. 1279.- El testador puede gravar con legados no sólo a los herederos, sino a 

los mismos legatarios. 

ART. 1280.- La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en 

el estado en que se halle al morir el testador. 

ART. 1281.- Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada serán a 

cargo del legatario salvo disposición del testador en contrario. 

ART. 1282.- El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar otra. 

ART. 1283.- Si el legatario muere antes de aceptar un legado y deja varios 

herederos puede uno de éstos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda 

en el legado. 

ART. 1284.- Si se dejaren dos legados y uno fuere oneroso, el legatario no podrá 

renunciar éste y aceptar el que no lo sea. Si los dos son onerosos o gratuitos, es 

libre para aceptarlos todos o repudiar el que quiera. 

ART. 1285.- El heredero que sea al mismo tiempo legatario, puede renunciar la 

herencia y aceptar el legado o renunciar éste y aceptar aquella.

ART. 1286.- El acreedor cuyo crédito no conste más que por testamento, se 

tendrá para los efectos legales como legatario preferente. 

ART. 1287.- Cuando se legue una cosa con todo lo que comprenda, no se 

entenderán legados los documentos justificantes de propiedad, ni los créditos 

activos, a no ser que se hayan mencionado especificadamente. 

ART. 1288.- El legado del maneje (sic) de una casa sólo comprende los bienes 

muebles a que se refiere el artículo 755. 

ART. 1289.- Si el que lega una propiedad le agrega después nuevas 

adquisiciones, no se comprenderán éstas en el legado, aunque sean contiguas, si 

no hay nueva declaración del testador. 

ART. 1290.- La declaración a que se refiere el artículo precedente no se requiere, 

respecto de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias hechas en el mismo 

predio. 

ART. 1291.- El legatario puede exigir que el heredero otorgue fianza en todos los 

casos en que pueda exigirla el acreedor. 

ART. 1292.- Si sólo hubiere legatarios, podrán éstos exigirse entre sí la 

constitución de la hipoteca necesaria. 

ART. 1293.- No puede el legatario ocupar por su propia autoridad la cosa legada, 

debiendo pedir su entrega y posesión al albacea o al ejecutor especial. 

ART. 1293 (SIC).- Si el legatario adquiere la cosa legada después de otorgado el 

testamento, se entiende legado su precio. 

ART. 1294.- Si la cosa legada estuviese en poder del legatario, podrá éste 

retenerla, sin perjuicio de devolver en caso de reducción lo que corresponda 

conforme a derecho. 

ART. 1295.- El impusto (sic) de las contribuciones correspondientes al legado, se 

deducirá del valor de éste, a no ser que el testador disponga otra cosa. 

ART. 1296.- Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las 

deudas y gravámenes de ella entre todos los partícipes, en proporción de uss (sic) 

cuotas, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa. 

ART. 1297.- El legado queda sin efecto si la cosa legada perece viviendo el 

testador, si se pierde por evicción, fuera del caso previsto en el artículo 1344 o si 

perece después de la muerte del testador, sin culpa del heredero. 

ART. 1298.- Queda también sin efecto el legado, si el testador enajena la cosa 

legada, pero vale si la recobra por un título legal.

ART. 1299.- Si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los 

legados, el pago se hará en el siguiente orden: 

I.- Legados remuneratorios; 

II.- Legados que el testador o la ley haya declarado preferentes: 

III.- Legados de cosa cierta y determinada; 

IV.- Legados de alimentos o de educación; 

V.- Los demás a prorrata. 

ART. 1300.- Los legatarios tienen derecho de reivindicar de tercero la cosa legada, 

ya sea mueble o raíz, con tal que sea cierta y determinada, observándose lo 

dispuesto para los actos y contratos que celebren los que en el Registro Público 

aparezcan con derecho para ello, con terceros de buena fe que los inscriban. 

ART. 1301.- El legatario de un bien que perece incendiado después de la muerte 

del testador, tiene derecho de recibir la indemnización del seguro si la cosa estaba 

asegurada. 

ART. 1302.- Si se declara nulo el testamento después de pagado el legado, la 

acción del verdadero heredero para recobrar la cosa legada procede contra el 

legatario y no contra el otro heredero, a no ser que éste haya hecho con dolo la 

participación. 

ART. 1303.- Si el heredero o legatario renunciare a la sucesión, la carga que se 

les haya impuesto se pagará solamente con la cantidad a que tiene derecho el que 

renunció. 

ART. 1304.- Si la carga consiste en la ejecución de un hecho, el heredero o 

legatario que acepte la sucesión queda obligado a prestarlo. 

ART. 1305.- Si el legatario a quien se impuso algún gravamen no recibe todo el 

legado, se reducirá la carga proporcionalmente, y si sufre evicción, podrá repetir lo 

que haya pagado. 

ART. 1306.- En los legados alternativos la elección corresponde al heredero, si el 

testador no la concede expresamente al legatario. 

ART. 1307.- Si el heredero tiene la elección puede entregar la cosa de menor 

valer, si la elección corresponde al legatario, puede exigir la cosa de mayor valor. 

ART. 1308.- En los legados alternativos se observará además, lo dispuesto para 

las obligaciones alternativas.

ART. 1309.- En todos los casos en que el que tenga derecho de hacer la elección 

no pudiere hacerla, la harán su representante legítimo o sus herederos. 

ART. 1310.- El juez, a petición de parte legítima, hará la elección si en el término 

que le señale no lo hiciera la persona que tenga derecho de hacerla. 

ART. 1311.- La elección hecha legalmente es irrevocable. 

ART. 1312.- Es nulo el legado que el testador hace de cosa propia individualmente 

determinada, que al tiempo de su muerte no se halle en su herencia. 

ART. 1313.- Si la cosa mencionada en el artículo que precede existe en la 

herencia, pero no en la cantidad y número designados, tendrá el legatario lo que 

hubiere. 

ART. 1314.- Cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del 

testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquel muere y hace suyos 

los frutos pendientes y futuros, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa. 

ART. 1315.- La cosa legada en el caso del artículo anterior, correrá desde el 

mismo instante a riesgo del legatario; y en cuanto a su pérdida, aumento o 

deterioro posteriores, se observará lo dispuesto en las obligaciones de dar, para el 

caso de que se pierda, deteriore o aumente la cosa cierta que debe entregarse. 

ART. 1316.- Cuando el testador, el heredero o el legatario sólo tengan cierta parte 

o derecho en la cosa legada se restringirá el legado a esa parte o derecho, si el 

testador no declara de un modo expreso que sabía ser la cosa parcialmente de 

otro, y que no obstante esto, la legaba por entero. 

ART. 1317.- El legado de cosa ajena, si el testador sabía que lo era, es válido y el 

heredero, está obligado a adquirirla para entregarla al legatario o a dar a éste su 

precio. 

ART. 1318.- La prueba de que el testador sabía que la cosa era ajena, 

corresponde al legatario. 

ART. 1319.- Si el testador ignoraba que la cosa legada era ajena, es nulo el 

legado. 

ART. 1320.- Es válido el legado si el testador, después de otorgado el testamento, 

adquiere la cosa que al otorgarlo no era suya. 

ART. 1321.- Es nulo el legado de cosa que al otorgarse el testamento pertenezca 

al mismo legatario.

ART. 1322.- Si en la cosa legada tiene alguna parte el testador o un tercero 

debiéndolo aquel, en lo que a ellos corresponda, vale el legado. 

ART. 1324.- Es válido el legado hecho a un tercero de cosa propia del heredero o 

de un legatario quienes, si aceptan la sucesión, deberán entregar la cosa legada o 

su precio. 

ART. 1325.- Si el testador ignoraba que la cosa fuese propia del heredero o del 

legatario, será nulo el legado. 

ART. 1326.- El legado que consiste en la devolución de la cosa recibida en 

prenda, o en el título constitutivo de una hipoteca, sólo extingue el derecho de 

prenda o hipoteca, pero no la deuda, a no ser que así se prevenga expresamente. 

ART. 1327.- Lo dispuesto en el artículo que precede se observará también en el 

legado de una fianza, ya sea hecho el fiador, ya el deudor principal. 

ART. 1328.- Si la cosa legada está dada en prenda o hipotecada, o lo fuere 

después de otorgado el testamento, el desempeño a la redención será a cargo de 

la herencia a no ser que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa. 

Si por no pagar el obligado, conforme al párrafo anterior, lo hiciere el legatario, 

quedará ésta sobregado (sic) en el lugar y derechos del acreedor para reclamar 

contra aquel. 

Cualquiera otra carga, perpetua o temporal, a que se halle afecta la cosa legada, 

pasa con ésta al legatario; pero en ambos casos las rentas y los réditos 

devengados hasta la muerte del testador son carga de la herencia. 

ART. 1329.- El legado de una deuda hecha al mismo deudor extingue la obligación 

y el que debe cumplir el legado está obligado, no solamente a dar al deudor la 

constancia del pago, sino también a desempeñar las prendas, a cancelar las 

hipotecas y las fianzas y a lbiertad (sic) al legatario de toda responsabilidad. 

ART. 1330.- Legado el título, sea público o privado, de una deuda, se entiende 

legada ésta, observándose lo dispuesto en los artículo (sic) 1326 y 1327. 

ART. 1331.- El legado hecho al acreedor no compensa el crédito, a no ser que el 

testador lo declare expresamente. 

ART. 1332.- En caso de compensación, si los valores fueren diferentes, el 

acreedor tendrá derecho de cobrar el exceso del crédito o del legado. 

ART. 1333.- Por medio de un legado puede el deudor mejorar la condición de su 

acreedor, haciendo puro el crédito condicional, hipotecario el simple, o exigible 

desde luego el que lo sea a plazo; pero esta mejora no perjudicará en manera 

alguna los privilegios de los demás acreedores.

ART. 1334.- El legado hecho a un tercero, de un crédito a favor del testador, sólo 

produce efecto en la parte del crédito que está insoluto al tiempo de abrirse la 

sucesión. 

ART. 1335.- En el caso del artículo anterior, el que debe cumplir el legado 

entregará al legatario el título del crédito y le cederá todas las acciones que en 

virtud de él correspondan al testador. 

ART. 1336.- Cumpliendo lo dispuesto en el artículo que precede, el que debe 

pagar el legado queda enteramente libre de la obligación de saneamiento y de 

cualquiera otra responsabilidad, ya provenga ésta del mismo título, ya de 

insolvencia del deudojr (sic) o de sus fiadores, ya de otra causa. 

ART. 1337.- Los legados de que hablan los artículos 1329 y 1334 comprenden los 

intereses que por el crédito o deuda se deban a la muerte del testador. 

ART. 1338.- Dichos legados subsistirán aunque el testador haya demandado 

judicialmente al deudor, si el pago no se ha realizado. 

ART. 1339.- El legado genérico de liberación o perdón de las deudas, comprende 

sólo las existentes al tiempo de otorgar el testamento y no las posteriores. 

ART. 1340.- El legado de cosa mueble indeterminada, pero comprendida en 

género determinado, será válido, aunque en la herencia no haya cosa alguna de 

género a que la cosa legada pertenezca. 

ART. 1341.- En el caso del artículo anterior, la elección es del que debe pagar el 

legado, quien, si las cosas existen, cumple con entregar una de mediana calidad, 

pudiendo, en caso contrario, comprar una de esa misma calidad o abonar el 

legatario el precio correspondiente, previo convenio a juicio de peritos. 

ART. 1342.- Si el testador concede expresamente la elección al legatario, éste 

podrá, si hubiere varias cosas del género determinado, escoger la mejor, pero si 

no las hay sólo podrá exigir una de mediana calidad o el precio que le 

corresponda. 

ART. 1343.- Si la cosa indeterminada fuere inmueble, sólo valdrá el legado 

existiendo en la herencia varias del mismo género, para la elección se observarán 

las reglas establecidajs (sic) en los artículos 1341 y 1342. 

ART. 1344.- El obligado a la entrega del legado responderá en caso de evicción si 

la cosa fuere indeterminada y se señalase solamente por género o especie. 

ART. 1345.- En el legado, de especie, el heredero debe entregar la misma cosa 

legada; en caso de pérdida se observará lo dispuesto para las obligaciones de dar 

cosa determinada.

ART. 1346.- Los legados en dinero deben pagarse en esa especie; y si no la hay 

en la herencia, con el producto de los bienes que al efecto se vendan. 

ART. 1347.- El legado de cosa o cantidad depositada en lugar designado, sólo 

subsistirá en la parte que en él se encuentre. 

ART. 1348.- El legado de alimentos dura mientras viva el legatario, a no ser que el 

testador haya dispuesto que dure menos. 

ART. 1349.- Si el testador no señala la cantidad de alimentos se observará lo 

dispuesto en el Capítulo II, Título VI del Libro Primero. 

ART. 1350.- Si el testador acostumbra en vida dar al legatario cierta cantidad de 

dinero por vía de alimentos, se entenderá legada la misma cantidad, si no 

resultare en notable desproporción con la cuantía de la herencia. 

ART. 1351.- El legado de educación dura hasta que el legatario sale de la menor 

edad. 

ART. 1352.- Cesa también el legado de educación si el legatario, durante la menor 

edad, obtiene profesión u oficio con que poder subsistir, o si contrae matrimonio. 

ART. 1353.- El legado de pensión, sean cuales fueren la cantidad, el objeto y los 

plazos, corre desde la muerte del testador; es exigible al principio de cada período, 

y el legatario hace suya la que tuvo derecho de cobrar, aunque muera antes de 

que termine el período comenzado. 

ART. 1354.- Los legados de usufructo, uso, habitación o servidumbre, subsistirán 

mientras viva el legatario, a no ser que el testador dispusiere que duren menos. 

ART. 1355.- Sólo duran veinte años los legados de que trata el artículo anterior, si 

fueren dejados a alguna corporación que tuviere capacidad de adquirirlos. 

ART. 1356.- Si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso o habitación, el 

legatario deberá prestarlos hasta que legalmente se extingan, sin que el heredero 

tenga obligación de ninguna clase. 


De las Substituciones. 

ART. 1357.- Puede el testador substituir una o más personas al heredero o 

herederos instituídos para el caso de que mueran antes que él, o de que no 

puedan o no quieran aceptar la herencia.

ART. 1358.- Quedan prohibidas las substituciones fideicomisarias y cualquiera 

otra diversa de la contenida en el artículo anteior (sic), sea cual fuere la forma que 

se la revista. 

ART. 1359.- Los substitutos pueden ser nombrados conjunta o sucesivamente. 

ART. 1360.- El substituto del substituto, faltando éste lo es el heredero substituído. 

ART. 1361.- Los substitutos recibirán la herencia con los mismos gravámenes y 

condiciones con que debían recibirlos los herederos; a no ser que el testador haya 

dispuesto expresamente otra cosa, o que los gravámenes o condiciones fueren 

meramente personales del heredero. 

ART. 1362.- Si los herederos instituídos en partes desiguales fueren substituídos 

recíprocamente, en la substitución tendrán las mismas partes que en la institución; 

a no ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador. 

ART. 1363.- La nulidad de la substitución fideicomisaria no importa la de la 

institución, ni la del legado teniéndose únicamente por no escrita la cláusula 

fideicomisaria. 

ART. 1364.- No se reputa fideicomisaria la disposición en que el testador deja la 

propiedad del todo o de parte de sus bienes a una persona y el usufructo o (sic) 

otra; a no ser que el propietario o el usufructuario queden obligados a transferir a 

su muerte la propiedad o el usufructo a un tercero. 

ART. 1365.- Puede el padre dejar una parte o la totalidad de sus bienes a su hijo, 

con la carga de transferirles al hijo o hijos que tuviere hasta la muerte del testador, 

teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 1200 en cuyo caso el heredero se 

considerará como usufructuario. 

ART. 1366.- La disposición que autoriza el artículo anterior, será nula cuando la 

transmisión de los bienes deba hacerse a descendientes de anteriores grados. 

ART. 1367.- Se consideran fideicomisarias y, en consecuencia, prohibidas, las 

disposiciones que contengan prohibiciones de enajenar, o que llamen a un tercero 

a lo que quede de la herencia por la muerte del heredero, o el encargo de prestar 

a más de una persona sucesivamente cierta renta o pensión. 

ART. 1368.- La obligación que se impone al heredero de invertir ciertas cantidades 

en obras benéficas, como pensiones para estudiantes, para los pobres o para 

cualquier establecimiento de beneficencia, no está comprendida en la prohibición 

del artículo anterior. 

Si la carga se impusiera sobre los bienes inmuebles y fuere temporal, el heredero 

o herederos podrán disponer de la finca gravada, sin que cese el gravamen 

mientras que la inscripción de este no se cancele.

Si la carga fuere perpetua, el heredero podrá capitalizarla e imponer el capital a 

interés con primera y suficiente hipoteca. 

La capitalización e imposición del capital se hará interviniendo la autoridad 

correspondiente, y con audiencia de los interesados y del Ministerio Público. 

CAPITULO IX. 

De la nulidad, revocación y caducidad de los testamentos. 

ART. 1369.- Es nula la institución de heredero o legatario hecha en memorias o 

comunicados secretos. 

ART. 1370.- Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de 

amenazas contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su 

cónyuge o de sus parientes. 

ART. 1371.- El testador que se encuentre en el caso del artículo que precede 

podrá luego que cese la violencia o disfrute de la libertad completa, revalidar su 

testamento con las mismas solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo 

contrario será nula la revalidación. 

ART. 1372.- Es nulo el testamento captado por dolo o fraude. 

ART. 1373.- El Juez que tuviere noticias de que alguno impida a otro testar, se 

presentará sin demora en la casa del segundo para asegurar el ejercicio de su 

derecho, y levantará acta en que haga constar el hecho que ha motivado su 

presencia la persona o personas que causen la violencia y los medios que al 

efecto hayan empleado o intentado emplear, y si la persona cuya libertad ampara 

hace uso de su derecho. 

ART. 1374.- Es nulo el testamento en que el testador no exprese cumplida y 

claramente su voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a las 

preguntas que se le hacen. 

ART. 1375.- El estador (sic) no puede prohibir que se impugne el testamento en 

los casos en que éste debe ser nulo, conforme a la ley. 

ART. 1376.- El testamento es nulo cuando se otorga con contravención a las 

forams (sic) prescritas por la ley. 

ART. 1377.- Son nulas la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que 

alguno se obligue a nu (sic) usar de ese dereho (sic), sino bajo ciertas 

condiciones, sean éstas de la clase que fueren.

ART. 1378.- La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula. 

ART. 1379.- El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el 

posterior perfecto, si el testador no expresa en este su voluntad de que aquel 

subsiste en todo o en parte. 

ART. 1380.- La revocación producirá su efecto aunque el segundo testamento 

caduque por la incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios 

nuevamente nombrados. 

ART. 1381.- El testamento anterior recobrará, no obstante, su fuerza, si el 

testador, revocando el posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista. 

ART. 1382.- Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo 

relativo a los herederos y legatarios: 

I.- Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla 

la condición de que dependa la herencia o el legado. 

II.- Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado. 

III.- Si renuncia a su derecho. 

ART. 1383.- La disposición testamentaria que contenga condición de suceso 

pasado o presente desconocidos, no caduca aunque la noticia del hecho se 

adquiera después de la muerte del heredero o legatario, cuyos derechos se 

transmiten a sus respectivos herederos. 


De la forma de los testamentos. 

CAPITULO I. 


ART. 1384.- El testamento, en cuanto a su forma, es ordinario o especial. 

ART. 1385.- El ordinario puede ser: 

I.- Público abierto; 

II.- Público cerrado; y 

III.- Ológrafo.

ART. 1386.- El especial puede ser: 

I.- Privado; 

II.- Militar; 

III.- Marítimo; y 

IV.- Hecho en país extranjero. 

ART. 1387.- No pueden ser testigos del testamento; 

I.- Los amanuenses del Notario que lo autorice; 

II.- Los menores de dieciséis años; 

III.- Los que no estén en su sano juicio; 

IV.- Los ciegos, sordos o mudos; 

V.- Los que no entiendan el idioma que habla el testador; 

VI.- Los herederos o legatarios, sus descendientes, ascendientes, cónyuge o 

hermanos. El concurso como testigo de una de las personas a que se refiere esta 

fracción sólo produce, como efecto la nulidad de la dispocisión (sic) que beneficie 

a ella o a sus mencionados parientes; 

VII.- Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad. 

ART. 1388.- Cuando el testador ignore el idioma del país, concurrirán al acto y 

firmarán el testamento, además de los testigos y el Notario, dos intérpretes 

nombrados por el mismo testador. 

ART. 1389.- Tanto el Notario como los testigos que intervengan en cualquier 

testamento deberán conocer al testador cerciorarse de algún modo de su 

identidad, y que se halla en su cabal juicio y libre de cualquiera coacción. 

ART. 1390.- Si la identidad del testador no pudiere ser verificada, se declarará 

esta circunstancia por el Notario o por los testigos, en su caso, agregando uno u 

otros todas las señales que caractericen la persona de aquel. 

ART. 1391.- En el caso del artículo que precede, no tendrá validez el testamento 

mientras no se justifique la identidad del testador. 

ART. 1392.- Se prohibe a los notarios y cualesquiera otras personas que hayan de 

redactar disposiciones de última voluntad, dejar hojas en blanco y servirse de

abreviaturas o cifras, bajo la pena de quinientos pesos de multa a los notarios y de 

la mitad a los que no lo fueren. 

ART. 1393.- El notario que hubiere autorizado el testamento, debe dar aviso a los 

interesados luego que sepa la muerte del testador. Si no lo hace es responsable 

de los daños y perjuicios que la dilación ocasione. 

ART. 1394.- Lo dispuesto en el artículo que precede se observará también por 

cualesquiera que tenga en su poder un testamento. 

ART. 1395.- Si los interesados están ausentes o son desconocidos la noticia se 

dará al juez. 

CAPITULO II. 

Del testamento publico abierto. 


ART. 1396.- Testamento público abierto es el que se otorga ante notario, de 

conformidad con las disposiciones de este capítulo. 


ART. 1397.- El testador expresará de un modo claro y terminante su voluntad al 

notario. El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose 

estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste 

manifieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán la escritura el testador, el 

notario y, en su caso, los testigos e intérpretes, asentándose el lugar, año, mes, 

día y hora en que hubiese sido otorgado. En todos los casos el testador imprimirá 

su huella digital. 


ART. 1398.- En los casos previstos en los artículos 1399, 1401 y 1402 de este 

Código, así como cuando el testador o notario lo soliciten, dos testigos deberán 

concurrir al acto de otorgamiento y firmar el testamento. 

Los testigos instrumentales a que se refiere este artículo podrán intervenir 

además, como testigos de conocimiento. 


ART. 1399.- Cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el 

testamento, uno de los testigos firmará a su ruego y ambos imprimirán su huella 

digital. 

ART. 1400.- (DEROGADO, P.O. 18 DE ABRIL DE 2004)

ART. 1401.- El que fuere enteramente sordo, pero que sepa leer, deberá dar 

lectura a su testamento, si no supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona 

que lo lea a su nombre. 

ART. 1402.- Cuando sea ciego el testador, se dará lectura al testamento dos 

veces: una por el Notario, como está prescrito en el artículo 1397 y otra en igual 

forma por uno de los testigos u otra persona que el testador designe. 

ART. 1403.- Cuando el testador ignore el idioma del país, si puede, escribirá de su 

puño y letra su testamento, que será traducido al español por los dos intérpretes a 

que se refiere el artículo 1388. La traducción se transcribirá como testamento en el 

Protocolo respectivo y el original se archivará en el Apéndice correspondiente del 

Notario que intervenga en el acto. 

Si el testador no puede o no sabe escribir, uno de los intérpretes escribirá el 

testamento que dicte, y leído y aprobado por el testador, se traducirá al español 

por dos intérpretes que deben concurrir al acto; hecha la traducción se procederá 

como se dispone en el párrafo anterior. 

Si el testador no puede o no sabe leer, dictará en su idioma el testamento a uno 

de los intérpretes. Traducido por los dos intérpretes, se procederá como dispone el 

párrafo primero de este artículo. 


En este caso los intérpretes podrán intervenir, además como testigos a que se 

refiere el artículo 1398. 


ART. 1404.- Las formalidades expresadas en este capítulo, se practicarán en un 

solo acto que comenzará con la lectura del testamento y el notario dará fe de 

haberse llenado aquéllas. 

ART. 1405.- Faltando algunas de las referidas solemnidades, quedará el 

testamento sin efecto, y el Notario será responsable de los daños y perjuicios e 

incurrirá, además en la pena de pérdida de oficio. 

CAPITULO III. 

Testamento publico cerrado. 

ART. 1406.- El testamento público cerrado puede ser escrito por el testador o por 

otra persona a su ruego, y en papel común. 

ART. 1407.- El testador debe rubricar todas las hojas y firmar al calce del 

testamento; pero si no supiere o no pudiere hacerlo, podrá rubricar y firmar por él 

otra persona a su ruego.

ART. 1408.- En el caso del artículo que precede la persona que haya rubricado y 

firmado por el testador concurrirá con él a la presentación del pliego cerrado; y en 

este acto, el testador declarará que aquella persona rubricó y firmó en su nombre 

y ésta firmará en la cubierta con los testigos y el Notario. 

ART. 1409.- El papel en que esté escrito el testamento o el que le sirva de 

cubierta, deberá estar sellado y cerrado, o lo hará cerrar y sellar el testador en el 

acto del otorgamiento, y lo exhibirá al Notario en presencia de tres testigos. 

ART. 1410.- El testador al hacer la presentación declarará que en aquel pliego 

está contenida su última voluntad. 

ART. 1411.- El Notario dará fe del otorgamiento, con expresión de las 

formalidades requeridas en los artículos anteriores; esa constancia deberá 

extenderse en la cubierta del testamento, que llevará las estampillas del timbre 

correspondientes y deberá ser firmada por el testador, los testigos y el Notario, 

quien además, pondrá su sello. 

ART. 1412.- Si alguno de los testigos no supiere firmar se llamará a otra persona 

que lo haga en su nombre y en su presencia, de modo que siempre haya tres 

firmas. 

ART. 1413.- Si al hacer la presentación del testamento no pudiere firmar el 

testador, lo hará otra persona en su nombre y en su presencia, no debiendo 

hacerlo ninguno de los testigos. 

ART. 1414.- Sólo en los casos de suma urgencia podrá firmar uno de los testigos, 

ya sea por el que no sepa hacerlo, ya por el testador. El Notario hará constar 

expresamente esta circunstancia, bajo la pena de suspensión de oficio por tres 

años. 

ART. 1415.- Los que no saben o no pueden leer, son inhábiles para hacer 

testamento cerrado. 

ART. 1416.- El sordo-mudo podrá hacer testamento cerrado con tal que esté todo 

el escrito, fechado y firmado de su propia mano, y que al presentarlo al Notario 

ante cinco testigos, escriba a presencia de todos sobre la cubierta que en aquel 

pliego se contiene su última voluntad, y va escrita y firmada por él. El Notario 

declarará en el acta de la cubierta que el testador lo escribió así, observándose 

además, lo dispuesto en los artículos 1409, 1411 y 1412. 

ART. 1417.- En el caso del artículo anterior, si el testador no puede firmar la 

cubierta se observará lo dispuesto en los artículos 1313 y 1414 dando fe el Notario 

de la elección que el testador haga de uno de los testigos para que firme por él.

ART. 1418.- El que sea sólo mudo o sólo sordo puede hacer testamento cerrado 

con tal que esté escrito de su puño y letra, o si ha sido escrito por otro, la anote así 

el testador, y firme la nota de su puño y letra, sujetándose a las demás 

solemnidades precisas para esta clase de testamentos. 

ART. 1419.- El testamento cerrado que carezca de alguna de las formalidades 

sobredichas, quedará sin efectos, y el Notario será responsable en los términos 

del artículo 1405. 

ART. 1420.- Cerrado y autorizado el testamento, se entregará al testador, y el 

Notario pondrá razón en el protocolo, del lugar, hora, día mes y año en que el 

testamento fue autorizado y entregado. 

ART. 1421.- Por la infracción del artículo anterior no se anulará el testamento, 

pero el Notario incurrirá en la pena de suspensión por seis meses. 

ART. 1422.- El testador podrá conservar el testamento en su poder, o darlo en 

guardia a persona de su confianza, o depositarlo en el archivo judicial. 

ART. 1423.- El testador que quiera depositar su testamento en el archivo, se 

presentará con él ante el encargado de éste, quien hará asentar en el libro que 

con ese objeto debe llevarse, una razón del depósito o entrega, que será firmado 

por dicho funcionario y el testador, a quien se dará copia autorizada. 

ART. 1424.- Pueden hacerse por procurador la presentación y depósito de que 

habla el artículo que precede, y en este caso, el poder quedará unido al 

testamento. 

ART. 1425.- El testador puede reiterar, cuando le parezca, su testamento, pero la 

devolución se hará con las mismas solemnidades que la entrega. 

ART. 1426.- El poder para la entrega y para la extracción del testamento, debe 

otorgarse en escritura pública y esta circunstancia se hará constar en la nota 

respectiva. 

ART. 1427.- Luego que el juez reciba un testamento cerrado, hará comparecer al 

Notario y a los testigos que concurrieron a su otorgamiento. 

ART. 1428.- El testamento cerrado no podrá testigos instrumentales hayan 

reconocido ante el ser abierto sino después de que el Notario y los juez sus firmas 

y la del testador o la de la persona que por éste hubiere firmado, y hayan 

declarado si en su concepto está cerrado y sellado como lo (sic) 

ART. 1429.- Si no pudieren comparecer todos estaba en el acto de la entrega. 

(sic)

los testigos por muerte, enfermedad o ausencia, bastará el reconocimiento de la 

mayor parte y el del Notario. (sic) 

ren comparecer el Notario, la mayor parte de los (sic) 

ART. 1430.- Si por iguales causas no pudie testigos o ninguno de ellos, el juez lo 

hará constar así por información, como también la legitimidad de las firmas y que 

en la fecha que lleva el testamento se encontraban aquellos en el lugar en que 

éste se otorgó. (sic) 

ART. 1431.- En todo caso, los que comparecieron reconocerán sus firmas. 

ART. 1432.- Cumplido lo prescrito en los cinco artículos anteriores, el juez 

decretará la publicación y protocolización del testamento. 

ART. 1433.- El testamento cerrado quedará sin efecto siempre que se encuentre 

roto el pliego interior o abierto el que forma la cubierta, o borradas, raspadas o 

enmendadas las firmas que lo autorizan, aunque el contenido no sea vicioso. 

ART. 1434.- Toda persona que tuviere en su poder un testamento cerrado y no lo 

presente, como está prevenido en los artículos 1392 y 1394 o lo sustraiga 

dolosamente de los bienes del finado, incurrirá en la pena, si fuere heredero por 

intestado, de pérdida del derecho que pudiera tener, sin perjuicio de la que le 

corresponda conforme al Código Penal. 

CAPITULO IV. 

Del testamento ológrafo. 

ART. 1435.- Se llama testamento ológrafo al escrito de puño y letra del testador. 

ART. 1436.- Este testamento sólo podrá ser otorgado por las personas mayores 

de edad, y para que sea válido deberá estar totalmente escrito por el testador y 

firmado por él, con expresión del día, mes y año en que se otorgó. 

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma. 

ART. 1437.- Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las 

llevará el testador bajo su firma. 

La omisión de esta formalidad por el testador, sólo afecta a la validez de las 

palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, pero no al testamento mismo. 

ART. 1438.- El testador hará por duplicado su testamento ológrafo e imprimirá en 

cada ejemplar su huella digital. El Original, dentro de un sobre cerrado y lacrado, 

será depositado en la sección correspondiente del Registro Público, y el duplicado,

también encerrado en un sobre lacrado y con la nota en la cubierta, de que se 

hablará después, será devuelto al testador. Este podrá poner en los sobres que 

contengan los testamentos los sellos esñalados (sic), marcas que estime 

necesarios para evitar violaciones. 

ART. 1439.- El depósito en el Registro Público se hará personalmente por el 

testador, quien si no es conocido del encargado de la oficina, debe presentar dos 

testigos que lo identifiquen. En el sobre que contenga el testamento original, el 

testador, de su puño y letra, pondrá la siguiente constancia: "Dentro de este sobre 

se contiene mi testamento". A continuación se expresará el lugar y fecha en que 

se hace el depósito. La constancia será firmada por el testador y por el encargado 

de la Oficina. En caso de que intervengan testigos de identificación, también 

firmarán. 

ART. 1440.- En el sobre cerrado que contenga el duplicado del testamento 

ológrafo se pondrá la siguiente constancia extendida por el encargado de la 

Oficina: "Recibí el pliego cerrado que el señor.... afirma contiene original su 

testamento ológrafo, del cual, según afirmación del mismo señor, existe dentro de 

este sobre un duplicado". Se pondrá luego el lugar y la fecha en que se extiende la 

constancia, que será firmada por el encargado de la oficina, poniéndose también 

al calce la firma del testador y de los testigos de identificación, cuando 

intervengan. 

ART. 1441.- Cuando el testador estuviere imposibilitado para hacer personalmente 

la entrega de su testamento en las oficinas del Registro Público, el encargado de 

ellas deberá concurrir al lugar donde aquél se encuentre, para cumplir las 

formalidades del depósito. 

ART. 1442.- Hecho el depósito, el encargado del Registro tomará razón de él en el 

libro respectivo, a fin de que el testamento pueda ser identificado, y conservará el 

original bajo su directa responsabilidad hasta que proceda hacer su entrega al 

mismo testador o al juez competente. 

ART. 1443.- En cualquier tiempo el testador tendrá derecho de retirar del archivo, 

personalmente o por medio de mandato con poder solemne y especial, el 

testamento depositado; haciéndose constar la entrega en un acta que firmarán el 

interesado y el encargado de la oficina. 

ART. 1444.- El juez ante quien se promueva un juicio sucesorio pedirá informe al 

encargado del Registro Público del lugar, acerca de si en su oficina se ha 

depositado algún testamento ológrafo del autor de la sucesión, para que en caso 

de que así sea, se le remita el testamento. 

ART. 1445.- El que guarde en su poder el duplicado de un testamento, o 

cualquiera que tenga noticia de que el autor de una sucesión ha depositado algún 

testamento ológrafo, lo comunicará al juez competente, quien pedirá al encargado 

de la oficina del Registro en que se encuentre el testamento, que se lo remita.

ART. 1446.- Recibido el testamento, el juez examinará la cubierta que lo contiene 

para cerciorarse de que no ha sido violada, hará que los testigos de identificación 

que residieren en el lugar, reconozcan sus firmas y la del testador, y en presencia 

del Ministerio Público, de los que se hayan presentado como interesados y de los 

mencionados testigos, abrirá el sobre que contiene el testamento. Si éste llena los 

requisitos mencionados en el artículo 1436 y queda comprobado que es el mismo 

que depositó el testador, se declara formal el testamento de éste. 

ART. 1447.- Sólo cuando el original depositado haya sido destruído o robado, se 

tendrá como formal testamento el duplicado, procediéndose para su apertura 

como se dispone en el artículo que precede. 

ART. 1448.- El testamento ológrafo quedará sin efecto cuando el original o el 

duplicado, en su caso, estuvieren rotos, o el sobre que los cubre resultare abierto, 

o las firmas que los autoricen aparecieron borradas, raspadas o con 

enmendaduras, aún cuando el contenido del testamento no sea vicioso. 

ART. 1449.- El encargado del Registro Público no proporcionará informes acerca 

del testamento ológrafo depositado en su oficina, sino al mismo testador o a los 

jueces competentes que oficialmente se los pidan. 

CAPITULO V. 

Del testamento privado. 

ART. 1450.- El testamento privado está permitido en los casos siguientes: 

I.- Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no 

dé tiempo para que concurra Notario a hacer el testamento; 

II.- Cuando no haya Notario en la población, o juez que actúe por receptoría; 

III.- Cuando, aunque haya Notario o Juez en la población, sea imposible, o por lo 

menos difícil, que concurran al otorgamiento del testamento. 

IV.- Cuando los militares o asimilados del ejército se encuentren en campaña o se 

encuentren prisioneros de guerra. 

ART. 1451.- Para que en los casos enumerados en el artículo que precede pueda 

otorgarse testamento privado, es necesario que al testador no le sea posible hacer 

testamento ológrafo. 

ART. 1452.- El testador que se encuentre en el caso de hacer testamento privado, 

declarará a presencia de cinco testigos idóneos su última voluntad, que uno de 

ellos redactará por escrito, si el testador no puede escribir.

ART. 1453.- No será necesario redactar por escrito el testamento, cuando ninguno 

de los testigos sepa escribir y en los casos de suma urgencia. 

ART. 1454.- En los casos de suma urgencia bastarán tres testigos idóneos. 

ART. 1455.- Al otorgarse el testamento privado se observarán en su caso las 

disposiciones contenidas en los artículos del 1397 al 1404. 

ART. 1456.- El testamento privado sólo surtirá sus efectos si el testador fallece de 

la enfermedad o en el peligro en que se hallaba, o dentro de un mes de 

desaparecida la causa que lo autorizó. 

ART. 1457.- El testamento privado necesita, además, para su validez, que se haga 

la declaración a que se refiere el artículo 1460 teniendo en cuenta las 

declaraciones de los testigos que firmaron y oyeron, en su caso la voluntad del 

testador. 

ART. 1458.- La declaración a que se refiere el artículo anterior será pedida por los 

interesados, inmediatamente después que supieren la muerte del testador y la 

forma de su disposición. 

ART. 1459.- Los testigos que concurran a un testamento privado deberán declarar 

circunstancialmente: 

I.- El lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento; 

II.- Si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador; 

III.- El tenor de la disposición; 

IV.- Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquiera coacción; 

V.- El motivo por el que se otorgó el testamento privado; 

VI.- Si saben que el testador falleció o no de la enfermedad o en el peligro en que 

se hallaba. 

ART. 1460.- Si los testigos fueren idóneos y estuvieron conformes en todas y cada 

una de las circunstancias enumeradas en el artículo que precede, el juez declarará 

que sus dichos son el formal testamento de la persona de quien se trate. 

ART. 1461.- Si después de la muerte del testador muriese alguno de los testigos, 

se hará la declaración de los restantes, con tal de que no sean menos de tres, 

manifiestamente contestes (sic), y mayores de toda excepción.

ART. 1462.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará también en el caso 

de ausencia de alguno o algunos de los testigos, siempre que en la falta de 

comparecencia del testigo no hubiere dolo. 

ART. 1463.- Sabiéndose el lugar donde se hallaban los testigos, serán 

examinados por exhorto. 

CAPITULO VI. 

Del testamento militar. 

ART. 1464.- Si el militar o el asimilado del Ejército hace su disposición en el 

momento de entrar en acción de guerra, o estando herido sobre el campo de 

batalla, bastará que declare su voluntad ante dos testigos, o que entregue a los 

mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición, firmada de su puño 

y letra. 

ART. 1465.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará, en su caso, 

respecto de los prisioneros de guerra. 

ART. 1466.- Para los testamentos otorgados conforme a este capítulo, deberá 

observarse lo dispuesto en los artículos 1581 y 1582, del Código Civil para el 

Distrito y Territorios Federales. 

CAPITULO VII. 

Del testamento marítimo. 

ART. 1467.- Los que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina 

Nacional, sea de guerra o mercante, pueden testar sujetándose a las 

prescripciones siguientes. 

ART. 1468.- El testamento marítimo será escrito en presencia de dos testigos y del 

Capitán del navío, y será leído, datado y firmado, como se ha dicho en los 

artículos del 1397 al 1404 pero en todo caso deberán firmar el Capitán y los dos 

testigos. 

ART. 1469.- Si el Capitán hiciere su testamento, desempeñará sus veces el que 

deba sucederle en el mando. 

ART. 1470.- El testamento marítimo se hará por duplicado, y se conservará entre 

los papeles más importantes de la embarcación y de él se hará mención en su 

Diario.

ART. 1471.- Si el buque arribare a un puerto en que haya Agente Diplomático, 

Cónsul o Vicecónsul Mexicanos, el Capitán depositará en su poder uno de los 

ejemplares del testamento, fechado y sellado, con una copia de la nota que debe 

constar en el Diario de la embarcación. 

ART. 1472.- Arribando éste a territorio mexicano, se entregará el otro ejemplar o 

ambos, si no se dejó alguno en otra parte, a la autoridad marítima del lugar, en la 

forma señalada en el artículo anterior. 

ART. 1473.- En cualquiera de los casos mencionados en los dos artículos 

precedentes, el capitán de la embarcación exigirá recibo de la entrega y lo citará 

por nota en el Diario. 

ART. 1474.- Los Agentes diplomáticos, cónsules o las autoridades marítimas 

levantarán, luego que reciban los ejemplares referidos, un acta de la entrega y la 

remitirán con los citados ejemplares, a la posible brevedad, a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, la cual hará publicar en los periódicos la noticia de la 

muerte del testador, para que los interesados promuevan la apertura del 

testamento. 

ART. 1475.- El testamento marítimo solamente producirá efectos legales 

falleciendo el testador en el mar o dentro de un mes, contado desde su 

desembarque en algún lugar donde, conforme a la ley mexicana o a la extranjera 

haya podido ratificar u otorgar de nuevo su última disposición. 

ART. 1476.- Si el testador desembarca en un lugar donde no haya Agente 

Diplomático o Cónllecimiento, se procederá conforme a lo dispuessul y no se sabe 

si ha muerto, ni la fecha del fato en el Título XI del Libro Primero. (sic) 


Del testamento hecho en país extranjero. 

ART. 1477.- Los testamentos hechos en país extranjero, producirán efecto en el 

Estado, cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que 

se otorgaron. 

ART. 1478.- Los Secretarios de Legación, los Cónsules y los Vicecónsules 

mexicanos podrán hacer las veces de Notarios o de Encargados del Registro, en 

el otorgamiento de los testamentos de los nacionales en el extranjero, en los 

casos en que las disposiciones testamentarias deban tener su ejecución en el 

Estado. 

ART. 1479.- Los funcionarios mencionados remitirán copia autorizada de los 

testamentos que ante ellos se hubieren otorgado, a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para los efectos prevenidos en el artículo 1474.

ART. 1480.- Si el testamento fuere ológrafo, el funcionario que intervenga en su 

depósito lo remitirá por conducto de la Secretaría de Relaciones, en el término de 

diez días, al encargado del Registro Público del domicilio que, dentro del Estado, 

señale el testador. 

ART. 1481.- Si el testamento fuere confiado a la guarda del Secretario de 

Legación, Cónsul o Vicecónsul, hará mención de esa circunstancia y dará recibo 

de la entrega. 

ART. 1482.- El papel en que se extiendan los ticos (sic) o Consulares, llevará el 

sello de la Legación testamentos otorgados ante los Agentes, Diplomá (sic) o 

Consulado respectivo. 


De la sucesión legítima. 

CAPITULO I. 


ART. 1483.- La herencia legítima se abre: 

I.- Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez; 

II.- Cuando el testador no dispuso de todos los bienes; 

III.- Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero; 

IV.- Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es 

incapaz de heredar, si no se ha nombrado substituto. 

ART. 1484.- Cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de 

heredero, subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él, y la 

sucesión legítima sólo comprenderá los bienes que debían corresponder al 

heredero instituído. 

ART. 1485.- Si el testador dispone legalmente sólo de una parte de sus bienes, el 

resto de ellos forma la sucesión legítima. 

ART. 1486.- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: 

I.- Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del 

cuarto grado, y en ciertos casos la concubina;

II.- A falta de los anteriores, la Beneficencia Pública. 

ART. 1487.- El parentesco de afinidad no da derecho de heredar. 

ART. 1488.- Los parientes más próimos (sic) excluyendo a los más remotos, salvo 

lo dispuesto en los artículos 1493 y 1516. 

ART. 1489.- Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por 

partes iguales. 

ART. 1490.- Las líneas y grados de parentesco se arreglarán por las disposiciones 

contenidas en el Capítulo I, Título VI, Libro Primero. 

CAPITULO II. 

De la sucesión de los descendientes 

ART. 1491.- Si a la muerte de los padres quedaran sólo hijos, la herencia se 

dividirá entre todos por partes iguales. 

ART. 1492.- Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a 

éséte (sic) le corresponderá la porción de un hijo, de acuerdo con lo dispuesto en 


ART. 1493.- Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros 

heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará 

tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que 

hubieren rnunciado (sic) la herencia. 

ART. 1494.- Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se 

dividirá por estirpes, y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción 

que a ella corresponda se dividirá por partes iguales. 

ART. 1495.- Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a 

alimentos, que en ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos. 


ART. 1496.- El adoptado hereda como un hijo, pero en la adopción simple no hay 

derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante. 


ART. 1497.- Concurriendo los padres adoptantes y descendientes del adoptado en 

forma simple, los primeros sólo tendrán derecho a alimentos.

ART. 1498.- Si el intestado no fuere absoluto, se deducirá del total de la herencia 

la parte de que legalmente haya dispuesto el testador, y el resto se dividirá de la 

manera que disponen los artículos que preceden. 

CAPITULO III. 

De la sucesión de los ascendientes. 

ART. 1499.- A falta de descendientes y de cónyuges sucederán el padre y la 

madre por partes iguales. 

ART. 1500.- Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la 

herencia. 

ART. 1501.- Si sólo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea se 

dividirá la herencia por partes iguales. 

ART. 1502.- Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en 

dos partes iguales y se aplicará una a los ascendientes de línea paterna y otra a 

los de la materna. 

ART. 1503.- Los miembros de cada línea dividirá entre sí por partes iguales la 

porción que les corresponda. 


ART. 1504.- Concurriendo los adoptantes con ascendientes del adoptado en forma 

simple, la herencia de éste se dividirá por partes iguales entre los adoptantes y los 

ascendientes. 


ART. 1505.- Si concurre el cónyuge del adoptado con los adoptantes en la 

adopción simple, las dos terceras partes de la herencia corresponden al cónyuge y 

la otra tercera parte a los que hicieron la adopción. 

ART. 1506.- Los ascendientes, aun cuando sean ilegítimos, tienen derecho de 

heredar a sus ascendientes reconocidos. 

ART. 1507.- Si el reconocimiento se hace después de que el descendiente haya 

adquirido bienes cuya cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias personales 

del que reconoce, haga suponer fundadamente que ello motivó el reconocimiento, 

ni el que reconoce ni sus descendientes tienen derecho a la herencia del 

reconocido. El que reconoce tiene derecho a alimentos, en el caso de que el 

reconocimiento lo haya hecho cuando el reconocido tuvo también derecho a 

percibir alimentos.

CAPITULO IV. 

De la sucesión del cónyuge. 

ART. 1508.- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el 

derecho de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la 

sucesión, no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se 

observará si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. 

ART. 1509.- En el primer caso del artículo anterior, el cónyuge recibirá íntegra la 

porción señalada; en el segundo, sólo tendrá derecho de recibir lo que baste para 

igualar sus bienes con la porción mencionada. 

ART. 1510.- Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia 

se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra 

a los ascendientes. 

ART. 1511.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la 

sucesión, o sobrinos hijos de hermanos premuertos, tendrá dos tercios de la 

herencia y el tercio restante se aplicará a los hermanos y sobrinos de acuerdo con 

las disposiciones del Capítulo V de este Título. 

ART. 1512.- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los 

dos artículos anteriores, aunque tenga bienes propios. 

ART. 1513.- A falta de las personas a que se refieren los artículos anteriores, el 

cónyuge sucederá en todos los bienes. 

CAPITULO V. 

De la sucesión de los colaterales. 

ART. 1514.- Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes 

iguales. 

ART. 1515.- Si concurren hermanos con medios hermanos, aquellos heredarán 

doble porción que estos. 

ART. 1516.- Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios 

hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a 

la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior. 

ART. 1517.- A falta de hermanos, sucederán sus hijos dividiéndose la herencia por 

estirpes, y la porción de cada estirpe por cabeza.

ART. 1518.- A falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los 

parientes más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea, ni 

consideración del doble vínculo, y heredarán por partes iguales. 

Al aplicar las disposiciones anteriores se tendrá en cuenta lo que ordena el 

capítulo siguiente. 

CAPITULO VI. 

De la sucesión de la concubina. 

ART. 1519.- La mujer con quien el autor de la herencia vivió como si fuera su 

marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con 

la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio 

durante el concubinato, tiene derecho a heredar conforme a las reglas siguientes: 

I.- Si la concubina concurre con sus hijos que lo sean también del autor de la 

herencia, se observará lo dispuesto en los artículos 1508 y 1509; 

II.- Si la concubina concurre con descendientes del autor de la herencia, que no 

sean también descendientes de ella, tendrá derecho a la mitad de la porción que 

le corresponda a un hijo; 

III.- Si concurre con hijos que sean mayores y con hijos que el autor de la herencia 

hubo con otra mujer, tendrá derecho a las dos terceras partes de la porción de un 

hijo; 

IV.- Si concurre con ascendientes del autor de la herencia, tendrá derecho a la 

cuarta parte de los bienes que forman la sucesión; 

V.- Si concurre con parientes colaterales dentro del cuarto grado del autor de la 

sucesión, tendrá derecho a una tercera parte de ésta; 

VI.- Si el autor de la herencia no deja descendientes, ascendientes, cónyuges o 

parientes colaterales dentro del cuarto grado, la mitad de los bienes de la sucesión 

pertenece a la concubina y la otra mitad a la Beneficencia Pública. 

En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV, debe observarse lo 

dispuesto en los artículos 1508 y 1509, si la concubina tiene bienes. 

Si al morir el autor de la herencia tenía varias concubinas en las condiciones 

mencionadas al principio de este artículo, ninguna de ellas heredará. 

CAPITULO VII.

De la sucesión del Fisco del Estado. 

ART. 1520.- A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores 

sucederá; el fisco del Estado, el que invertirá en obras de beneficencia pública, los 

bienes que adquiera. 

ART. 1521.- Cuando sea heredero el Fisco del Estado y entre lo que le 

corresponda existen bienes raíces que no pueda adquirir conforme al artículo 27 

de la Constitución, se venderán los bienes en pública subasta antes de hacerse la 

adjudicación, aplicándose a la Beneficencia Pública el precio que se obtuviere. 


Disposiciones comunes a las sucesiones 

testamentarias y legítimas. 

CAPITULO I. 

De las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda quede encinta. 

ART. 1522.- Cuando a la muerte del marido la viuda crea haber quedado encinta, 

lo pondrá en conocimiento del juez que conozca de la sucesión, dentro del término 

de cuarenta días, para que lo notifique a los que tengan a la herencia un derecho 

de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo. 

ART. 1523.- Los interesados a que se refiere el precedente artículo pueden pedir 

al juez que dicte las providencias convenietnes (sic) para evitar la suposición del 

parto, la substitución del infante o que se haga pasar por viable la criatura que no 

lo es. 

Cuidará el juez de que las medidas que dicte no ataquen al pudor ni a la libertad 

de la viuda. 

ART. 1524.- Háyase o no dado el aviso de que habla el artículo 1522 al 

aproximarse la época del parto la viuda deberá ponerlo en conocimiento del juez, 

para que lo haga saber a los interesados. Estos tienen derecho de pedir que el 

juez nombre una persona que se cerciore de la realidad del alumbramiento; 

debiendo recaer el nombramiento precisamente en un médico o en una partera. 

ART. 1525.- Si el marido reconoció en instrumento público o privada (sic) la 

certeza de la preñez de su consorte, estará dispensada ésta de dar el aviso a que 

se refiere el artículo 1522 pero quedará sujeto a cumplir lo dispuesto en el artículo 

1524.

ART. 1526.- La omisión, de la madre no perjudica a la legitimidad del hijo, si por 

otros medios legales puede acreditarse. 

ART. 1527.- La viuda que quedare encinta, aun cuando tenga bienes, deberá ser 

alimentada con cargo a la masa hereditaria. 

ART. 1528.- Si la viuda no cumple con lo dispuesto en los artículos 1522 y 1524 

podrán los interesados negarle los alimentos cuando tenga bienes; pero si por 

averiguaciones posteriores resultare cierta la preñez, se deberán abonar los 

alimentos que dejaron de pagarse. 

ART. 1529.- La viuda no está obligada a devolver los alimentos percibidos aún 

cuando haya habido aborto o no resulte cierta la preñez, salvo el caso en que ésta 

hubiere sido contradicha por dictamen pericial. 

ART. 1530.- El Juez decidirá de plano todas las cuestiones relativas a alimentos 

conforme a los artículos anteriores, resolviendo en caso dudoso en favor de la 

viuda. 

ART. 1531.- Para cualquiera de las diligencias que se practiquen conforme a lo 

dispuesto en este Capítulo, deberá ser oída la viuda. 

ART. 1532.- La división de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el 

parto o hasta que transcurra el término máximo de la preñez, más los acreedores 

podrán ser pagados por mandato judicial. 

CAPITULO II. 

De la apertura y transmisión de la herencia. 

ART. 1533.- L (sic) sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la 

herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. 

ART. 1534.- No habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos puede, si 

no ha sido instituído heredero de bienes determinados, reclamar la totalidad de la 

herencia que le corresponde conjuntamente con otros, sin que el demandado 

pueda oponer la excepción de que la herencia no le pertenece por entro (sic). 

ART. 1535.- Habiendo albacea nombrado, él deberá promover la reclamación a 

que se refiere el artículo precedente, y siendo moroso en hacerlo, los herederos 

tienen derecho de pedir su remoción. 

ART. 1536.- El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es 

transmisible a los herederos.

CAPITULO III. 

De la aceptación y de la repudiación de la herencia. 

ART. 1537.- Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen libre 

disposición de sus bienes. 

ART. 1538.- La herencia dejada a los menores y demás incapacitados será 

aceptada por sus tutores, quienes podrán repudiarla con autorización judicial, 

previa audiencia del Ministerio Público. 

ART. 1539.- La mujer casada no necesita la autorización del marido paar (sic) 

aceptar o repudiar la herencia que le corresponda. La herencia común será 

aceptada o repudiada por los dos cónyuges, y en caso de discrepancia, resolverá 

el juez. 

ART. 1540.- La aceptación puede ser expresa o tácita. Es expresa la aceptación si 

el heredero acepta con palabras terminantes, y tácita si ejecuta algunos hechos de 

que se deduzca necesariamente la intención de aceptar, o aquellos que no podría 

ejecutar sino con su calidad de heredero. 

ART. 1541.- Ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, con plazo o 

condicionalmente. 

ART. 1542.- Si los herederos no se convinieren sobre la aceptación o repudiación, 

podrán aceptar unos y repudiar otros. 

ART. 1543.- Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de 

hacerlo se transmite a sus sucesores. 

ART. 1544.- Los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia se 

retrotraen siempre a la fecha de la muerte de la persona a quien se hereda. 

ART. 1545.- La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o 

por medio de instrumento público otorgando (sic) ante Notario, cuando el heredero 

no se encuentre en el lugar del juicio. 

ART. 1546.- La repudiación no priva al que la hace, si no es heredero ejecutor, del 

derecho de reclamar los legados que se le hubieren dejado. 

ART. 1547.- El que es llamado a una misma herencia por testamento y 

abintestado, y la repudia por el primer título, se entiende haberla repudiado por los 

dos. 

ART. 1548.- El que repudia el derecho de suceder por intestado sin tener noticia 

de su título testamentario, puede, en virtud de éste, aceptar la herencia.

ART. 1549.- Ninguno puede renunciar la sucesión de persona viva, ni enajenar los 

derechos que eventualmente pueda tener a su herencia. 

ART. 1550.- Nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de aquel 

de cuya herencia se trata. 

ART. 1551.- Conocida la muerte de aquel a quien se hereda, se puede renunciar 

la herencia dejada bajo condición aunque ésta no se haya cumplido. 

ART. 1552.- Las personas morales capaces de adquirir pueden, por conducto de 

sus representantes legítimos, aceptar o repudiar herencias; pero tratándose de 

corporaciones de carácter oficial lo (sic) de instituciones de Beneficencia Privada, 

no pueden repudiar herencia, sin aprobación judicial, previa audiencia del 

Ministerio Público. Los establecimientos Públicos no pueden aceptar ni repudiar 

herencias sin aprobación de la Autoridad Administrativa Superior de quien 

dependen. 

Los establecimientos públicos no pueden aceptar ni repudiar herencia sin 

aprobación de la autoridad administrativa superior de quien dependen. 

ART. 1553.- Cuando alguno tuviere interés en que el heredero declare si acepta o 

repudia la herencia, podrá pedir, pasados nueve días de la apertura de ésta, que 

el juez fije al heredero un plazo, que no excederá de un mes, para que dentro de 

él haga su declaración, apercibido de que, si no la hace, se tendrá la herencia por 

aceptada. 

ART. 1554.- La aceptación y la repudiación, una vez hechas, son irrevocables, y 

no pueden ser impugnadas sino en los casos de dolo o violencia. 

ART. 1555.- El heredero puede revocar la aceptación o la repudiación, cuando por 

un testamento desconocido, al tiempo de hacerla, se altera la cantidad o calidad 

de la herencia. 

ART. 1556.- En el caso del artículo anterior, si el heredero revoca la aceptación 

devolverá todo lo que hubiere percibido de la herencia, observándose respecto de 

los frutos, las reglas relativas a los poseedores. 

ART. 1557.- Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, 

pueden éstos pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquél. 

ART. 1558.- En el caso del artículo anterior, la aceptación sólo aprovechará a los 

acreedores para el pago de sus créditos; pero si la herencia excediere del importe 

de éstos, el exceso pertenecerá a quien llame la Ley, y en ningún caso al qu (sic) 

hizo la renuncia. 

ART. 1559.- Los acreedores cuyos créditos fueren posteriores a la repudiación, no 

pueden ejercer el derecho que les concede el artículo 1557.

ART. 1560.- El que por la repudiación de la herencia debe entrar en ella, podrá 

impedir que le acepten los acreedores, pagando a éstos los créditos que tienen 

contra el que la repudió. 

ART. 1561.- El que a instancias de un legatario o acreedor hereditario haya sido 

declarado heredero, será considerado como tal por los demás, sin necesidad de 

nuevo juicio. 

ART. 1562.- La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del 

autor de la herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende 

aceptada a beneficio de inventario, aunque no se exprese. 

CAPITULO IV. 

De los albaceas. 

ART. 1563.- No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus 

bienes. 

La mujer casada, mayor de edad, podrá serlo sin la autorización de su esposo. 

ART. 1564.- No pueden ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos únicos: 

I.- Los magistrados y jueces que estén ejerciendo en el lugar en que se abre la 

sucesión; 

I (sic).- Los que por sentencia hubieren sido removidos otra vez del cargo de 

albaceas: 

III.- Los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad: 

IV.- Los que no tengan un modo honesto de vivir. 

ART. 1565.- El testador puede nombrar uno o más albaceas. 

ART. 1566.- Cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no 

desempeñare el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. Por 

los herederos menores votarán sus legítimos representantes. 

ART. 1567.- La mayoría, en todos los casos de que habla este Capítulo, y los 

relativos a inventario y participación, se calculará por el importe de las porciones y 

no por el número de las personas.

Cuando la mayor porción esté representada por menos de la cuarta parte de los 

herederos, para que haya mayoría se necesita que con ellos voten los herederos 

que sean necesarios para formar, por lo menos, la cuarta parte del número total. 

ART. 1568.- Si no hubiere mayoría, el albacea será nombrado por el Juez, de 

entre los propuestos. 

ART. 1569.- Lo dispuesto en los dos artículos que preceden se observará también 

en los casos de intestado y cuando el albacea nombrado falte, sea por la causa 

que fuere. 

ART. 1570.- El heredero que fuere único, será albacea, si no hubiere sido 

nombrado otro en el testamento. Si es incapaz, desempeñará el cargo su tutor. 

ART. 1571.- Cuando no haya heredero o el nombrado no entre en la herencia, el 

juez nombrará el albacea, si no hubiere legatarios. 

ART. 1572.- En el caso del artículo anterior, si hay legatarios, el albacea será 

nombrado por éstos. 

ART. 1573.- El albacea nombrado conforme a los dos artículos que preceden, 

durará en su encargo mientras que declarados los herederos legítimos, éstos 

hacen la elección de albacea. 

ART. 1574.- Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios 

nombrarán el albacea. 

ART. 1575.- El albacea podrá ser universal o especial. 

ART. 1576.- Cuando fueren varios los albaceas nombrados, el albaceazgo será 

ejercido por cada uno de ellos, en el orden en que hubiesen sido designados, a no 

ser ue (sic) el testador hubiere dispuesto expresamente que se ejerza de común 

acuerdo por todos los nombrados, pues en este caso se considerarán 

mancomunados. 

ART. 1577.- Cuando los albaceas fueren mancomunados sólo valdrá lo que todos 

hagan de consumo; lo qu haya uno de ellos, legalmente autorizado por los demás, 

o lo que en caso disidencia, acuerde el mayor número. Si no hubiere mayoría 

decidirá el Juez. (sic) 

ART. 1578.- En los casos de suma urgencia, puede uno de los albaceas 

mancomunados practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que fueren 

necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás. 

ART. 1579.- El cargo de albacea es voluntario; pero el que lo acepte, se constituye 

en la obligación de desempeñarlo.

ART. 1580.- El albacea que renuncie sin justa causa perderá lo que la (sic) 

hubiere dejado el testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa 

causa, si lo que se deja al albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el 

desempño (sic) del cargo. 

ART. 1581.- El albacea que presentare excusas, deberá hacerlo dentro de los seis 

días siguientes a aquel en que tuvo noticia de su nombramiento; o si éste le era ya 

conocido, dentro de los seis días siguientes a aquel en que tuvo noticia de la 

muerte del testador. Si presenta sus excusas y fuera del término señalado 

responderá de los daños y perjuicios que ocasione. 

ART. 1582.- Pueden excusarse de ser albaceas: 

I.- Los empleados y funcionarios públicos; 

II.- Los militares en servicio activo; 

III.- Los que fueren tan pobres que no puedan atender el albaceazgo sin 

menoscabo de su subsistencia; 

IV.- Los que por el mal estado habitual de salud, o por no saber leer ni escribir, no 

puedan atender debidamente el albaceazgo; 

V.- Los que tengan sesenta años cumplidos; 

VI.- Los que tengan a su cargo otro albaceazgo. 

ART. 1583.- El albacea que estuviere presente mientras se decide sobre su 

excusa, debe desempeñar el cargo bajo la pena establecida en el artículo 1580. 

ART. 1584.- El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por su 

muerte pasa a sus herederos, pero no está obligado a obrar personalmente; 

puede hacerlo por mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de los 

actos de éstos. 

ART. 1585.- El albacea general está obligado a entregar al ejecutor especial las 

cantidades o cosas necesarias para que cumpla la parte del testamento que 

estuviere a su cargo. 

ART. 1586.- Si el cumplimiento del legado dependiere de plazo o de alguna 

condición suspensiva, podrá el ejecutor general resistir la entrega de la cosa o 

cantidad, dando fianza a satisfacción del legatario o del ejecutor especial, de que 

la entrega se hará en su debido tiempo. 

ART. 1587.- El ejecutor especial podrá también, a nombre del legatario, exigir la 

constitución de la hipoteca necesaria.

ART. 1588.- El derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite, por 

ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el 

momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el artículo 

200. 

ART. 1589.- El albacea debe deducir todas las acciones que pertenezcan a la 

herencia. 

ART. 1590.- Son obligaciones del albacea general: 

I.- La presentación del testamento; 

II.- El aseguramiento de los bienes de la herencia; 

III.- La formación de inventarios; 

IV.- La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; 

V.- El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; 

VI.- La participación y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; 

VII.- La defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del 

testamento; 

VIII.- La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de 

promoverse en su nombre o que se promovieron contra ella; 

IX.- Las demás que le imponga la ley. 

ART. 1591.- Los albaceas, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del 

inventario, propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los 

bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá 

entregarse a los herdros (sic) o legatarios. 

El juez, observando el procedimiento fijado por el Código de la materia, aprobará o 

modificará la proposición hecha, según corresponda. 

El albacea que no presente la proposición de que se trata o que durante dos 

bimestres consecutivos, sin justa causa, no cubra a los herederos o legatarios lo 

que les corresponda, será separado del cargo a solicitud de cualquiera de los 

interesados. 

ART. 1592.- El albacea también está obligado, dentro de los tres meses contados 

desde que acepte su nombramiento, a garantizar su manejo, con fianza, hipoteca 

o prenda, a su elección, conforme a las bases siguientes:

I.- Por el importe de la renta de los bienes raíces en el último año y por los réditos 

de los capitales impuestos, durante ese mismo tiempo; 

II.- Por el valor de los bienes muebles; 

III.- Por el de los productos de las fincas rústicas en un año, calculados por peritos, 

o por el término medio en un quinquenio, a elección del juez; 

IV.- En las negociaciones mercantiles e industriales por el veinte por ciento del 

importe de las mercancías y demás efectos muebles, calculados por los libros si 

están llevados en debida forma o a juicio de peritos. 

ART. 1593.- Cuando el albacea sea también coheredero y su porción baste para 

garantizar, conforme a lo dispuesto en el artículo que precede, no estará obligado 

a prestar garantía especial, mientras que conserve sus derechos hereditarios. Si 

su porción no fuere suficiente para prestar la garantía de que se trata, estará 

obligado a dar fianza, hipoteca o prenda por lo que falte para completar esa 

garantía. 

ART. 1594.- El testador no puede librar al albacea de la obligación de garantizar 

su manejo; pero los herederos, sean testamentarios o legítimos, tienen derecho de 

dispensar al albacea del cumplimiento de esa obligación. 

ART. 1595.- Si el albacea ha sido nombrado en testamento y lo tiene en su poder, 

debe presentarlo dentro de los ocho días siguientes a la muerte del testador. 

ART. 1596.- El albacea debe formar el inventario dentro del término señalado por 

el Código de Procedimientos Civiles. Si no lo hace será removido. 

ART. 1597.- El albacea, antes de formar el inventario, no permitirá la extracción de 

cosa alguna, si no es que conste la propiedad ajena por el mismo testamento, por 

instrumento público o por los libros de la casa llevados en debida forma, sí el autor 

de la herencia hubiere sido comerciante. 

ART. 1598.- Cuando la propiedad de la cosa ajena consta por medios diveross 

(sic) de los enumerados en el artículo que precede, el albacea se limitará a poner 

al margen de las partidas respectivas, una nota que indique la pertenencia de la 

cosa, para que la propiedad se discuta en el juicio correspondiente. 

ART. 1599.- La infracción a los dos artículos anteriores, hará responsable al 

albacea de los daños y perjuicios. 

ART. 1600.- El albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, de 

acuerdo con los herederos, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de 

administración y el número y sueldos de los dependientes.

ART. 1601.- Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente fuere necesario 

vender algunos bienes, el albacea deberá hacerlo, de acuerdo con los herederos, 

y si ésto no fuere posible, con aprobación judicial. 

ART. 1602.- Lo dispuesto en los artículos 564 y 565 respecto de los tutores, se 

observará también respecto de los albaceas. 

ART. 1603.- El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin 

consentimiento de los herederos o de los legatarios en su caso. 

ART. 1604.- El albacea no puede transigir ni comprometer en árbitros los negocios 

de la herencia, sino con consentimiento de los herederos. 

ART. 1605.- El albacea sólo puede dar en arrendamiento hasta por un año los 

bienes de la herencia. Para arrendarlos por mayor tiempo necesita del 

consentimiento de los herederos o de los legatarios en su caso. 

ART. 1606.- El albacea está abligado (sic) a rendir cada año cuenta de su 

albaceazgo. No podrá ser nuevamente nombrado, sin que antes haya sido 

aprobada su cuenta anual. Además, rendirá la cuenta general de albaceazgo. 

También rendirá cuenta de su administración, cuando por cualquiera causa deje 

de ser albacea. 

ART. 1607.- La obligación que de dar cuentas tiene el albacea, pasa a sus 

herederos. 

ART. 1608.- Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador 

dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario o de rendir cuentas. 

ART. 1609.- La cuenta de administración debe ser aprobada por todos los 

herederos; el que disienta, puede seguir a su costa el juicio respectivo; en los 

términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. 

ART. 1610.- Cuando fuere heredero el Fisco del Estado, o los herederos fueren 

menores, intervendrá el Ministerio Público en la aprobación de las cuentas. 

ART. 1611.- Aprobadas las cuentas, los interesados pueden celebrar sobre su 

resultado, los convenios que quieran. 

ART. 1612.- El heredero o herederos que no hubieren estado conformes con el 

nombramiento de albacea hecho por la mayoría, tienen derecho de nombrar un 

interventor que vigile al albacea. 

Si la minoría inconforme la forman varios herederos, el nombramiento de 

interventor se hará por mayoría de votos, y si no se obtiene mayoría, el

nombramiento lo hará el juez, eligiendo el interventor de entre las personas 

propuestas por los herederos de la minoría. 

ART. 1613.- Las funciones de interventor se limitarán a vigilar el exacto 

cumpilmiento (sic) del cargo de albacea. 

ART. 1614.- El interventor no puede tener la posesión ni aún interina de los 

bienes. 

ART. 1615.- Debe nombrarse precisamente un interventor. 

I.- Siempre que el heredero esté ausente o no sea conocido; 

II.- Cuando la cuantía de los legados iguales (sic) o exceda a la porción del 

heredero albacea. 

III.- Cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de Beneficencia 

Pública. 

ART. 1616.- Los interventores deben ser mayores de edad y capaces de 

obligarse. 

ART. 1617.- Los interventores durarán mientras que no se revoque su 

nombramiento. 

ART. 1618.- Los interventores tendrán la retribución que acuerden los herederos 

que los nombran, y si los nombra el juez, cobrarán conforme a Arancel, como si 

fueran apoderados. 

ART. 1619.- Los acreedores y legatarios no podrán exigir el pago de sus créditos y 

legados, sino hasta que el inventario haya sido formado y aprobado, siempre que 

se forme y apruebe dentro de los términos señalados por la ley, salvo en los casos 

prescritos en los artículos 1638 y 1641 y aquellas deudas sobre las cuales hubiere 

juicio pendiente al abrirse la sucesión. 

ART. 1620.- Los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su cargo, 

incluso los honorarios de abogado y procurador que haya ocupado, se pagarán de 

la masa de la herencia. 

ART. 1621.- El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde 

su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la 

validez o nulidad del testamento. 

ART. 1622.- Sólo por causa justificada pueden los herederos prorrogar al albacea 

el plazo señalado en el artículo anterior, y la prórroga no excederá de un año.

ART. 1623.- Para prorrogar el plazo del albaceazgo, es indispensable que haya 

sido aprobada la cuenta anual del albacea, y que la prórroga la acuerde una 

mayoría que represente las dos terceras partes de la herencia. 

ART. 1624.- El testador puede señalar al albacea la retribución que quiera. 

ART. 1625.- Si el testador no designare la retribución, el albacea cobrará el dos 

por ciento sobre el importe líuido (sic) y efectivo de la herencia, y el cinco por 

ciento sobre los frutos industriales de los bienes hereditarios. 

ART. 1626.- El albacea tiene derecho de elegir entre lo que le deja el testador por 

el dsempeño (sic) del cargo y lo que la ley le concede por el mismo motivo. 

ART. 1627.- Si fueren varios y mancomunados los albaceas, la retribución se 

repartirá entre todos ellos; si no fueren mancomunados, la repartición se hará en 

proporción al tiempo que cada uno haya administrado y al trabajo que hubiere 

tenido en la administración. 

ART. 1628.- Si el testador legó conjuntamente a los albaceas alguna cosa por el 

desempeño de su cargo, la parte de los que no admitan éste, acrecerá a los que lo 

ejerzan. 

ART. 1629.- Los cargos de albacea e interventor acaban: 

I.- Por el término natural del encargo; 

II.- Por muerte: 

III.- Por incapacidad legal, declarada en forma; 

IV.- Por excusa que el juez califique de legítima con audiencia de los interesados y 

del Ministerio Público, cuando se interesen menores o el Fisco del Estado; 

V.- Por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para 

desempeñar el cargo; 

VI.- Por revocación de sus nombramientos, hecha por los herederos; 

VII.- Por remoción. 

ART. 1630.- La revocación puede hacerse por los herederos en cualquier tiempo, 

pero en el mismo acto debe nombrarse el substituto. 

ART. 1631.- Cuando el albacea haya recibido del testador algún encargo especial, 

además del de seguir el juicio sucesorio para hacer entrega de los bienes a los 

herederos, no quedará privado de aquel encargo por la revocación del

nombramiento de albacea que hagan los herederos. En tal caso, se considerará 

como ejecutor especial y se aplicará lo dispuesto en el artículo 1585 

ART. 1632.- Si la revocación se hace sin causa justificada, el albacea removido 

tiene derecho de percibir lo que el testador le haya dejado por el desempeño del 

cargo o el tanto por ciento que le corresponda conforme al artículo 1625 

teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 1627. 

ART. 1633.- La remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el 

incidente respectivo, promovido por parte legítima. 

CAPITULO V. 

Del inventario y de la liquidación de la herencia. 

ART. 1634.- El albacea definitivo, dentro del término que fije el Código de 

Procedimientos Civiles, promoverá la formación del inventario. 

ART. 1635.- Si el albacea no cumpliere lo dispuesto en el artículo anterior, podrá 

promover la formación del inventario cualquier heredero. 

ART. 1636.- El inventario se formará según lo disponga el Código de 

Procedimientos Civiles. Si el albacea no lo presenta dentro del término legal, será 

removido. 

ART. 1637.- Concluido y aprobado judicialmente el inventario, el albacea 

procederá a la liquidación de la herencia. 

ART. 1638.- En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuorias, si no 

estuvieren ya, pues pueden pagarse antes de la formación del inventario. 

ART. 1639.- Se llaman deudas mortuorias los gastos de funeral y las que se hayan 

causado en la última enfermedad del autor de la herencia. 

ART. 1640.- Las deudas mortuorias se pagarán del cuerpo de la herencia. 

ART. 1641.- En segundo lugar, se pagarán los gastos de rigurosa conservación y 

administración de la herencia, así como los créditos alimenticios, que pueden 

también ser cubiertos antes de la formación del inventario. 

ART. 1642.- Si para hacer los pagos de que hablan los artículos anteriores no 

hubiere dinero en la herencia, el albacea promoverá la venta de los bienes 

muebles y aún de los inmuebles, con las solemnidades que respectivamente se 

requieran. 

ART. 1643.- En seguida se pagarán las deudas hereditarias que fueren exigibles.

ART. 1644.- Se llaman deudas hereditarias las contraídas por el autor de la 

herencia independientemente de su última disposición y de las que es responsable 

con sus bienes. 

ART. 1645.- Si hubiere pendiente algún concurso, el albacea no deberá pagar sino 

conforme a la sentencia de graduación de acreedores. 

ART. 1646.- Los acreedores, cuando no haya concurso, serán pagados en el 

orden en que se presenten; pero si entre los no presentados hubiere algunos 

preferentes, se exigirá a los que fueren pagados la caución de acreedor de mejor 

derecho. 

ART. 1647.- El albacea, concluído el inventario, no podrá pagar los legados, sin 

haber cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, conservando 

en los respectivos bienes los gravámenes especiales que tengan. 

ART. 1648.- Los acreedores que se presenten después de pagados los legatarios, 

solamente tendrán acción contra éstas cuando en la herencia no hubiere bienes 

bastantes para cubrir sus créditos. 

ART. 1649.- La venta de bienes hereditarios para el pago de deudas y legados, se 

hará en pública subasta; a no ser que la mayoría de los interesados acuerde otra 

cosa. 

ART. 1650.- La mayoría de los interesados, o la autoridad judicial en su caso, 

determinará la aplicación que haya de darse al precio de las cosas vendidas. 

CAPITULO VI. 

De la partición. 

ART. 1651.- Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea 

debe hacer en seguida la partición de la herencia. 

ART. 1652.- A ningún coheredero puede obligarse a permanecer en la indivisión 

de los bienes, ni aún por pjrevención (sic) expresa del testador. 

ART. 1653.- Puede suspenderse la partición en virtud de convenio expreso de los 

interesados. Habiendo menores entre ellos, deberá oírse al tutor y al Ministerio 

Público, y el auto en que se apruebe el convenio, determinará el tiempo que debe 

durar la indivisión. 

ART. 1654.- Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a algún 

heredero o legatario se le entreguen determinados bienes, el albacea, aprobado el 

inventario, les entregará esos bienes, siempre que garanticen suficientemente

esponder por lo gastos y cargas generales de la herencia, en la proporción que 

les corresponda. 

ART. 1655.- Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su 

testamento a ella deberá estarse, salvo derechos de tercero. 

ART. 1656.- Si el autor de la sucesión no dispuso cómo debieran repartirse sus 

bienes y se trata de una negociación que forme una unidad agrícola, industrial o 

comercial, habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes, 

a ellos se aplicará la negociación, siempre que puedan entregar en dinero a los 

otros coherederos la parte que les corresponda. El precio de la negociación se 

fijará por peritos. 

Lo dispuesto en este artículo no impide que los coherederos celebren los 

convenios que estimen pertinentes. 

ART. 1657.- Los coherederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos 

que cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y 

necesarios y los daños ocasionados por malicia o negligencia. 

ART. 1658.- Si el testador hubiere legado alguna pensión o renta vitalicia, sin 

gravar con ella en particular a algún heredero o legatario, se capitalizará el nueve 

por ciento anual, y se separará un capital o fondo de igual valor, que se entregará 

a la persona que deba percibir la pensión o renta, quien tendrá todas las 

obligaciones de mero usufructuario. Lo mismo se observará cuando se trate de las 

pensiones alimenticias a que se refiere el artículo 1253. 

ART. 1659.- En el proyecto de partición se expresará la parte que del capital o 

fondo afecto a la pensión corresponderá a cada uno de los herederos luego que 

aquella se extinga. 

ART. 1660.- Cuando todos los herederos sean mayores y el interés del Fisco, si lo 

hubiere, está cubierto, podrán los interesados separarse de la prosecución del 

juicio y adoptar los acuerdos que estimen convenientes para el arreglo o 

terminación de la testamentaría o del intestado. 

Cuando haya menores, podrán separarse, si están debidamente representados y 

el Ministerio Público da su conformidad. En este caso, los acuerdos que se tomen 

se denunciarán al juez, y éste, oyendo al Ministerio Público, dará us (sic) 

aprobación, si no se lesionan los derechos de los menores. 

ART. 1661.- La partición constará en escritura pública, siempre que en la herencia 

haya bienes cuya enajenación deba hacerse con esa formalidad. 

ART. 1662.- Los gastos de la partición se rebajarán del fondo común; los que se 

hagan por interés particular de alguno de los herederos o legatarios, se imputarán 

a su haber.

CAPITULO VII. 

De los efectos de la partición. 

ART. 1663.- La partición legalmente hecha, fija la porción de bienes hereditarios 

que corresponde a cada uno de los herederos. 

ART. 1664.- Cuando por causas anteriores a la partición alguno de los 

coherederos fuese privado del todo o de parte de su haber, los otros coherederos 

están obligados a indemnizarle de esa pérdida, en proporción a sus derechos 

hereditarios. 

ART. 1665.- La porción que deberá pagarse al que pierda su parte, no será la que 

represente su haber primitivo, sino la que le corresponda, deduciendo del total de 

la herencia la parte perdida. 

ART. 1666.- Si alguno de los coherederos estuviere insolvente, la cuota, con que 

debía contribuir se repartirá entre los demás, incluso el que perdió su parte. 

ART. 1667.- Los que pagaren por el insolvente, conservarán su acción contra él, 

para cuando mejore de fortuna. 

ART. 1668.- La obligación a que se refiere el artículo 1664 sólo cesará en los 

casos siguientes: 

I.- Cuando se hubieren dejado al heredero bienes individualmente determinados, 

de los cuales es privado; 

II.- Cuando al hacerse la partición los coherederos renuncien expresamente el 

derecho a ser indemnizados: 

III.- Cuando la pérdida fuere ocasionada por culpa del heredero que la sufra. 

ART. 1669.- Si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no 

responden de la insolvencia posterior del deudor hereditario, y sólo son 

responsables de su solvencia al tiempo de hacerse la partición. 

ART. 1670.- Por los créditos incobrables no hay responsabilidad. 

ART. 1671.- El heredero cuyos bienes hereditarios fueren embargados, o contra 

quien se pronunciare sentencia en juicio por causa de ellos, tiene derecho de pedir 

que sus coherederos caucions (sic) la responsabilidad que pueda resultarles y, en 

caso contrario, que se les prohiba enajenar los bienes que recibieron.


De la rescisión y nulidad de las particiones. 

ART. 1672.- Las particiones pueden rescindirse o anularse por las mismas causas 

que las obligaciones. 

ART. 1673.- El heredero preferido tiene derecho de pedir la nulidad de la partición. 

Decretada ésta, se hará una nueva partición para que perciba la parte que le 

corresponda. 

ART. 1674.- La partición hecha con un heredero falso es nula en cuanto tenga 

relaciones con él, y la parte que se le aplicó se distribuirá entre los herederos. 

ART. 1675.- Si hecha la partición aparecieren algunos bienes omitidos en ella, se 

hará una división suplementaria, en la cual se observarán las disposiciones 

contenidas en este Título. 

LIBRO CUARTO. 

DE LAS OBLIGACIONES. 

PRIMERA PARTE. 

De las obligaciones en general. 


Fuentes de las obligaciones. 

CAPITULO I. 

Contratos. 

ART. 1676.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 

modificar o extinguir obligaciones. 

ART. 1677.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y 

derechos toman el nombre de contratos. 

ART. 1678.- Para la existencia del contrato se requiere: 

I.- Consentimiento;

II.- Objeto que pueda ser materia del contrato. 

ART. 1679.- El contrato puede ser inválido: 

I.- Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 

II.- Por vicios del consentimiento. 

III.- Porque su objeto, o su motivo o fín, sea ilícito. 

IV.- Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley 

establece. 

ART. 1680.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto 

aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se 

perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a los (sic) consecuencias que, según su 

naturaleza, son conforme a la buena fé, al uso o ley. 

ART. 1681.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al 

arbitrio de uno de los contratantes. 

De la capacidad. 

ART. 1682.- Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la 

ley. 

ART. 1683.- La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la 

otra en provecha (sic) propio salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la 

obligación común. 

Representación. 

ART. 1684.- El que sea hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de 

otro legalmente autorizado. 

ART. 1685.- Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él 

o por la ley. 

ART. 1686.- Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su 

legítimo representante serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron 

celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La retificación 

(sic) debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la 

ley.

Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños y 

perjuicios a quien indebidamente contrató. 

Del consentimiento. 

ART. 1687.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se 

manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de 

hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en 

los casos que por la Ley o por convenio la voluntad deba manifestarse 

expresamente. 

ART. 1688.- Toda persona que propone a otra la colaboración (sic) de un contrato 

fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del 

plazo. 

ART. 1689.- Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de 

plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligada si la aceptación no se 

hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono. 

ART. 1690.- Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona no 

presente, el autor de la oferta quedará ligada durante tres días, además del tiempo 

necesario para la ida y vuelta regular del correo público, o del que se juzgue 

bastante, no habiendo correo público, según las distancias y la facilidad o 

dificultad de las comunicaciones. 

ART. 1691.- El contrato se forma en el momento en que el proponente reciba la 

aceptación, estando ligado por su oferta según los artículos procedentes. 

ART. 1692.- La oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y el 

destinatario recibe la retractación antes que la oferta. La misma regla se aplica al 

caso en que se retire la aceptación. 

ART. 1693.- Si al tiempo de la aceptación hubiere fallecido el proponente, sin que 

el aceptante fuere sabedor de su muerte, quedarán los herederos de aquel 

obligados a sostener el contrato. 

ART. 1694.- El proponente quedará libre de su oferta cuando la respuesta que 

reciba no sea una aceptación lisa y llena (sic), sino que importe modificación de la 

primera. En este caso la respuesta se considerará como nueva proposición que se 

regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores. 

ART. 1695.- La propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen efectos si 

los contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de 

contratar, y si los originales de los respectivos telegramas contienen las firmas de 

los contratantes y los signos convencionales establecidos entre ellos.

Vicios del Consentimiento. 

ART. 1696.- El consentimiento no es válido si ha sido dado por eror (sic), 

arrancado por violencia o sorprendido por dolo. 

ART. 1697.- El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae 

sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si 

en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las 

circunstancias del mismo contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo 

motivó y no por otra causa. 

ART. 1698.- El error de cálculo sólo dá lugar a que se rectifique. 

ART. 1699.- Se entiende por dolo en los contratos cualquiera sugestión o artificio 

que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; 

y por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez 

conocido. 

ART. 1700.- El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un 

tercero sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de 

este acto jurídico. 

ART. 1701.- Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la 

nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. 

ART. 1702.- Es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga ésta de 

alguno de los contratantes, ya de un tercero, interesado o no en el contrato. 

ART. 1703.- Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que 

importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte 

considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, 

de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. 

ART. 1704.- El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las 

personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el 

consentimiento. 

ART. 1705.- Las consideraciones generales que los contratantes expusieren sobre 

los provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no 

celebración del contrato, y que no importen engaño o amenaza alguna de las 

partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia. 

ART. 1706.- No es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o 

de la violencia.

ART. 1707.- Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo, el que 

sufrió la violencia o padeció engaño ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo 

reclamar por semejantes vicios. 

Del objeto y del motivo a (sic) fin de los contratos 

ART. 1708.- Son objeto de los contratos: 

I.- La cosa que el obligado debe dar; 

II.- El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. 

ART. 1709.- La cosa objeto del contrato debe: 

1º.- Existir en la naturaleza. 2º.- Ser determinada o determinable en cuanto a su 

especie. 3º.- Estar en el comercio. 

ART. 1710.- Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no 

puede serlo la herencia de una persona viva, aún cuando ésta preste su 

consentimiento. 

ART. 1711.- El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser: 

I.- Posible; y 

II.- Lícito. 

ART. 1712.- Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible 

con una ley de la naturalzea (sic) o con una norma jurídica que debe regirlo 

necesariamente y que constituya un obstáculo insuperable para su realización. 

ART. 1713.- No se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el 

obligado, pero sí por otra persona en lugar de él 

ART. 1714.- Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las 

buenas costumbres. 

ART. 1715.- El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contraten 

tampoco debe ser contrario a las leyes del orden público ni a las buenas 

costumbres. 

Forma. 

ART. 1716.- En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos 

que aparezca que quiso obligarse sin que para la validez del contrato se requieran

formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la 

ley. 

ART. 1717.- Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que 

éste no revista esa forma no será valido, salvo disposición en contrario; pero si la 

voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de 

ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. 

ART. 1718.- Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos 

relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa 

obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y 

el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. 

División de los contrato (sic) 

ART. 1719.- El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia 

la otra sin que ésta le quede obligada. 

ART. 1720.- El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. 

ART. 1721.- Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y 

gravámenes recíprocos; y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una 

de las partes. 

ART. 1722.- El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se 

deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que 

ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste. 

Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto 

que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta 

que ese acontecimiento se realice. 

Cláusulas que pueden contener los contratos. 

ART. 1723.- Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; 

pero las que se refieren a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia 

de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no 

ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la 

ley. 

ART. 1724.- Pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena para el 

caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. 

Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, además, daños y perjuicios. 

ART. 1725.- La nulidad del contrato importa la de la cláusula penal, pero la nulidad 

de ésta no acarrea la de aquel.

Sin embargo, cuando se promete por otra persona, imponiéndose una pena para 

el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena aunque el contrato 

no se lleve a efecto por falta de consentimiento de dicha persona. 

Lo mismo sucederá cuando se estipula con otro, a favor de un tercero, y la 

persona con quien se estipule se sujete a una pena para el caso de no cumplir lo 

prometido. 

ART. 1726.- Al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido 

perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor 

no ha sufrido perjuicio alguno. 

ART. 1727.- La cláusula penal no puede exceder si (sic) ni en valor ni en cuantía a 

la obligación principal. 

ART. 1728.- Si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la 

misma proporción. 

ART. 1729.- Si la modificación no pudiere ser exactamente proporcionada, el juez 

reducirá la pena de una manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y 

demás circunstancias de la obligación. 

ART. 1730.- El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de 

la pena, pero no ambos; a menos que aparezca haber estipulado la pena por el 

simple retardo en el cumplimiento de la obligación, o porque ésta no se preste de 

la manera convenida. 

ART. 1731.- No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya 

podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza 

insuperable. 

ART. 1732.- En las obligaciones mancomunadas con cláusula penal, bastará la 

contravención de uno de los herederos del deudor para que se incurra en la pena. 

ART. 1733.- En el caso del artículo anterior, cada uno de los herederos 

responderá de la parte de la pena que le corresponda, en proporción a su cuota 

hereditaria. 

ART. 1734.- Tratándose de obligaciones individuales, se observará lo dispuesto en 


Interpretación. 

ART. 1735.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 

prevalecerá ésta sobre aquellas. 

ART. 1736.- Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato no 

deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de 

aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. 

ART. 1737.- Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, 

deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. 

ART. 1738.- Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las 

otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. 

ART. 1739.- Las palabras que pueden tener distintas aceptaciones (sic) serán 

entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. 

ART. 1740.- El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar 

las ambigüedades de los contratos. 

ART. 1741.- Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las 

reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquellas recaen sobre 

circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverá en 

favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se 

resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. 

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto 

principal del contrato, su (sic) suerte que no pueda venirse en conocimiento de 

cual fue la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo. 

Disposiciones finales. 

ART. 1742.- Los contratos que no están especialmente reglamentados en este 

Código, se regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones 

de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el 

que tengan más analogía, de los reglamentados en este ordenamiento. 

ART. 1743.- Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los 

convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de 

éste o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. 

CAPITULO II. 

De la declaración unilateral de la voluntad.

ART. 1744.- El hecho de ofrecer al público objetos de determinado precio, obliga 

al dueño a sostener su ofrecimiento. 

ART. 1745.- El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa 

a alguna prestación, en favor de quien llene determinada condición o desempeño 

(sic) cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. 

ART. 1746.- El que en los términos del artículo anterior ejecutare el servicio pedido 

o llenare la condición señalada, podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida. 

ART. 1747.- Antes de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá 

el promitente revocar su oferta, siempre que la revocación se haga con la misma 

publicidad que el ofrecimiento. 

En este caso, el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio o 

cumplir la condición por la que se había ofrecido recompensa, tiene derecho a que 

se le reembolse. 

ART. 1748.- Si se hubiere señalado plazo para la ejecución de la obra, no podrá 

revocar el promitente su ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo. 

ART. 1749.- Si el acto señalado por el promitente fuere ejecutado por más de un 

individuo, tendrán derecho a la recompensa. 

I.- El que primero ejecutare la obra o cumpliere la condciión (sic); 

II.- Si la ejecución es simultánea, o varrios (sic) llenan al mismo tiempo la 

condición, se repartirá la recompensa por partes iguales; 

III.- Si la recompensa no fuere divisible se sorteará entre los interesados. 

ART. 1750.- En los concursos en que haya promesas de recompensa para los que 

llenaren ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo. 

ART. 1751.- El promitente tiene derecho de designar la persona que deba decidir 

a quién o a quiénes de los concursantes se le otorga recompensa. 

ART. 1752.- En los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de tercero 

de acuerdo con los siguientes artículos. 

ART. 1753.- La estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a éste, salvo 

pacto escrito en contrario, el derecho de exigir del promitente la presentación a 

que se ha obligado. 

También confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento 

de dicha obligación.

ART. 1754.- El derecho de tercero nace en el momento de perfeccionarse el 

contrato, salvo la facultad que los contratantes conservan de imponerle las 

modalidades que juzgue convenientes, siempre que éstas consten expresamente 

en el referido contrato. 

ART. 1755.- La estipulación puede ser revocada mientras que el tercero no haya 

manifestado su voluntad de querer aprovecharla. En tal caso, o cuando el tercero 

rehuse la prestación estipulada a su favor, el derecho se considera como no 

nacido. 

ART. 1756.- El promitente podrá, salvo pacto en contrario, oponer al tercero las 

excepciones derivadas del contrato. 

ART. 1757.- Puede el deudor obligarse otorgando documentos civiles pagaderos a 

la orden o al portador. 

ART. 1758.- La propiedad de los documentos de carácter civil que se extiendan a 

la orden, se transfiere por simple endoso que contendrá el lugar y fecha en que se 

hace, el concepto en que se reciba el valor del documento, el nombre de la 

persona a cuya orden se otorgó el endoso y la firma del endosante. 

ART. 1759.- El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante, 

sin ninguna otra indicación; pero no podrá ejercitarse los derechos derivados del 

endoso sin llenarlo con todos ols (sic) requisitos exigidos por el artículo que 

precede. 

ART. 1760.- Todos los que endosen un documento quedan obligados 

solidariamente para con el portador, en garantía del mismo. Sin embargo, puede 

hacerse el endoso sin la responsabilidad solidaria del endosante, siempre que así 

se haga constar expresamente al extenderse el endoso. 

ART. 1761.- La propiedad de los documentos civiles que sean al portador, se 

transfiere por la simple entrega del título. 

ART. 1762.- El deudor está obligado a pagar a cualquiera que le presente y 

entregue el título de portador, a menos que haya recibido orden judicial para no 

hacer el pago. 

ART. 1763.- La obligación del que emite el título, al portador no desaparece, 

aunque demuestre que el título entró en circulación contra su voluntad. 

ART. 1764.- El suscriptor del título al portador no puede oponer más excepciones 

que las que se refieren a la nulidad del mismo título, las que se derivan de su texto 

o las que tengan en contra del portador que lo presente.

ART. 1765.- La persona que ha sido desposeída injustamente de título al portador, 

sólo con orden judicial puede impedir que se paguen al detentador que los 

presente al cobro. 

CAPITULO III. 

Del enriquecimiento ilegítimo. 

ART. 1766.- El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a 

indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido 

ART. 1767.- Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y 

que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. 

Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe 

procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación; si procde 

(sic) de buena fe sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido. 

ART. 1768.- El que acepte un pago indebido si hubiere procedido de mala fe, 

deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, a los frutos percibidos 

y los dejados de percibir, de las cosas que los produjeren. 

Además, responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquier 

causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que la entregó, hasta que la recobre. 

No responderá del caso fortuito cuando éste hubiere podido afectar del mismo 

modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó. 

ART. 1769.- Si el que recibió la cosa con mala fe, la hubiere enajenado a un 

tercero que tuviere también, mala fe, podrá el dueño reivindicarla y cobrar de uno 

u otro los daños y perjuicios. 

ART. 1770.- Si el tercero a quien se enajena la cosa la adquiere de buena fe, sólo 

podrá reivindicarse si la enajenación se hizo a título gratuito. 

ART. 1771.- El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido de cosa cierta 

y determinada, sólo responderá de los menoscabos o pérdida de ésta y de sus 

accesiones en cuanto por ellos se hubiere enriquecido. Si la hubiere enajenado, 

restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo. 

ART. 1772.- Si el que recibió de buena fe una cosa dada en pago indebido la 

hubiere donado, no subsistirá la donación y se aplicará al donatario lo dispuesto 

en el artículo anterior. 

ART. 1773.- El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido, tiene derecho 

a que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si con la 

separación no sufre detrimento la cosa dada en pago. Si sufre, tiene derecho a

que se le pague una cantidad equivalente al aumento de valor que recibió la cosa 

con la mejora hecha. 

ART. 1774.- Queda libre de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fé 

que se hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese 

inutilizado el título, dejando prescribir la acción, abandonando las prendas o 

cancelando las garantías de su derecho. El que paga indebidamente sólo podrá 

dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores, respecto de los cuales la acción 

estuviere viva. 

ART. 1775.- La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. También 

corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare 

haber recibido la cosa que se le reclama. En este caso, justificada la entrega por el 

demandante, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del 

demandado para acreditar que le era debido lo que recibió. 

ART. 1776.- Se presume que hubo error en el pago, cuando se entrega cosa que 

no se debía o que ya estaba pagada; pero aquel a quien se pide la devolución 

puede probar que la entrega se hizo a título de libertad o por cualquiera otra causa 

justa. 

ART. 1777.- La acción para repetir lo pagado indebidamente prescribe en un año, 

contado desde que se conoció el error que originó el pago. El solo transcurso de 

cinco años, contados desde el pago indebido, hace perder el derecho para 

reclamar su devolución. 

ART. 1778.- El que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un 

deber moral, no tiene derecho de repetir. 

ART. 1779.- Lo que se hubiere entregado para la realización de un fin que sea 

ilícito o contrario a las buenas costumbres, no quedará en poder del que lo recibió. 

El cincuenta por ciento se destinará al Fisco del Estado y el otro cincuenta por 

ciento tiene derecho de recuperarlo el que lo entregó 

CAPITULO IV. 

De la gestión de negocios. 

ART. 1780.- El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un 

asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. 

ART. 1781.- El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que 

emplea con sus negocios propios, e indemnizar los daños y perjuicios que por su 

culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione.

ART. 1782.- Si la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente al dueño, el 

gestor no responde más que de su dolo o de su falta grave. 

ART. 1783.- Si la gestión se ejecuta contra la voluntad real o presunta del dueño, 

el gestor debe reparar los daños y perjuicios que resulten a aquél, aunque no haya 

incurrido en falta. 

ART. 1784.- El gestor responde aún del caso fortuito si ha hecho operaciones 

arriesgadas, aunque el dueño del negocio tuviere costumbre de hacerlas; o si 

hubiere obrado más en interés propio que en interés del dueño del negocio. 

ART. 1785.- Si el gestor delegare en otra persona todos o algunos de los deberes 

de su cargo, responderá de los actos del delegado, sin perjuicio de la obligación 

directa de éste para con el propietario del negocio. 

La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más, será solidaria. 

ART. 1786.- El gestor, tan pronto como sea posible, debe dar aviso de su gestión 

el (sic) dueño y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. 

Si no fuere posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que 

concluya el asunto. 

ART. 1787.- El dueño de un asunto que hubiere sido últimamente gestionado, 

debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar 

los gastos de acuerdo con lo prevenido en los artículos siguientes: 

ART. 1788.- Deben pagarse al gestor los gastos necesarios que hubiere hecho en 

el ejercicio de su encargo y los intereses legales correspondientes, pero no tiene 

derecho de cobrar retribución por el desempeño de la gestión. 

ART. 1789.- El gestor que se encargue de un asunto contra la expresa voulntad 

(sic) del dueño, si éste se aprovecha del beneficio de la gestión, tiene obligación 

de pagar a aquél el importe de los gastos, hasta donde alcancen los beneficios, a 

no ser que la gestión hubiere tenido por objeto librar al dueño de un deber 

impuesto en interés público, en cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios 

hechos. 

ART. 1790.- La ratificación pura y simple del dueño del negocio, produce todos los 

efectos de un mandato. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en que la 

gestión principió. 

ART. 1791.- Cuando el dueño del negocio no ratifique la gestión, sólo responderá 

de los gastos que originó ésta, hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo 

del negocio.

ART. 1792.- Cuando sin consentimiento del obligado a prestar alimentos, los diese 

un extraño, éste tendrá derecho a reclamar de aquél su importe, a no constar que 

los dió con ánimo de hacer acto de beneficencia. 

ART. 1793.- Los gastos funerarios proporcionados a la condición de la persona y a 

los usos de la localidad, deberán ser satisfechos al que los haga, aunque el difunto 

no hubiere dejado bienes, por aquellos que hubieren tenido la obligación de 

alimentarlo en vida. 

CAPITULO V. 

De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. 

ART. 1794.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause 

daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se 

produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 

ART. 1795.- El incapaz que cause daño debe repararlo, salvo que la 

responsabilidad recaiga en las personas de él encargadas, conforme lo dispuesto 

en los artículos 1803, 1804, 1805 y 1806. 

ART. 1796.- Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación 

de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar 

daño, sin utilidad para el titular del derecho. 

ART. 1797.- Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, 

aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, 

por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica 

que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño 

que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se 

produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 

ART. 1798.- Cuando sin el empleo de mecanismos, instrumentos, etc., a que se 

refiere el artículo anterior, y sin culpa o negligencia de ninguna de las partes, se 

producen daños, cada una de ellas los soportará sin derecho a indemnización. 

ART. 1799.- La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la 

situación anterior a él y cuando ello sea imposible, en el pago de daños y 

perjuicios. 

I.- Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte o incapacidad 

total, parcial o temporal, el monto de la indemnización se fijará aplicando las 

cuotas que establece la Ley Federal del trabajo, según las circunstancias de la 

víctima, y tomando por base la utilidad o salario que perciba;

II.- Cuando la utilidad o salario excede de veinticinco pesos diarios, no se tomará 

en cuenta sino esa suma para fijar la indemnización; 

III.- Si la víctima no percibe utilidad o salario, o no pudiere determinarse éste, el 

pago se acordará tomando como base el salario mínimo; 

IV.- Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son 

intransferibles, y se cubrirán preferentemente en forma de pensión o pagarlos (sic) 

sucesivos; 

V.- Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2527 de 

este Código. 

ART. 1800.- Independientemente de los daños y perjuicios, el juez puede acordar, 

en favor de la víctima de un hecho ilícito, o de su familia, si aquella muere, una 

indemnización equitativa, a título de reparación moral que pagará el responsable 

del hecho. Esa indemnización no podrá exceder de la tercera parte de lo que 

importe la responsabilidad civil. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al 

Estado en el caso previsto en el artículo 1812. 

ART. 1801.- Las personas que han causado en común un daño, son responsables 

solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo 

con disposiciones de este Capítulo. 

ART. 1802.- Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que 

causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. 

ART. 1803.- Los que ejerzan la patria potestad tienen obligación de responder de 

los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su 

poder y que habiten con ellos. 

ART. 1804.- Cesa la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, cuando 

los menores ejecuten los actos que den origen a ella, encontrándose bajo la 

vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de colegios, de talleres, 

etc., pues entonces esas personas asumirán la responsabilidad de que se trata. 

ART. 1805.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los tutores, 

respecto de los incapacitados que tienen bajo su cuidado. 

ART. 1806.- Ni los padres ni los tutores tienen obligación de responder de los 

daños y perjuicios que causen los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia, 

si probaren que les ha sido imposible evitarlos. Esta imposibilidad no resulta de la 

mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece 

que ellos no han ejercido suficiente vigilancia sobre los incapacitados.

ART. 1807.- Los maestros artesanos son responsables de los daños y perjuicios 

causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les encomienden. 

En este caso se aplica también lo dispuesto en el artículo anterior. 

ART. 1808.- Los patronos y los dueños de establecimientos mercantiles están 

obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o 

dependientes, en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si 

demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa, o 

negligencia. 

ART. 1809.- Los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje 

están obligados a responder de las (sic) daños y perjuicios causados por sus 

sirvientes en el ejercicio de su encargo. 

ART. 1810.- En los casos previstos por los artículos 1807,1808 y 1809 el que sufra 

el daño puede exigir la reparación directamente del responsable, en los términos 

de este Capítulo. 

ART. 1811.- El que paga el daño causado por sus sirvientes, empleados u 

operarios, puede repetir de ellos lo que hubiere pagado. 

ART. 1812.- El Estado tiene obligación de responder de los daños causados por 

sus funcionarios en el ejercicio de las funciones que les están encomendadas. 

Esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva contra el Estado, 

cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga 

no sean suficientes para responder del daño causado. 

ART. 1813.- El dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si no 

probare alguna de estas circunstancias: 

I.- Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario; 

II.- Que el animal fue provocado; 

III.- Que hubo imprudencia por parte del ofendido; 

IV.- Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor. 

ART. 1814.- Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por un 

tercero, la responsabilidad es de éste y no del dueño del animal. 

ART. 1815.- El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten 

de la ruina de todo o parte de él, si éste sobreviene por falta de reparaciones 

necesarias o por vicios de construcción. 

ART. 1816.- Igualmente responderán los propietarios de los daños causados;

I.- Por la explosión de máquinas, o por la inflamación de substancias explosivas; 

II.- Por el humo o gases que sean nocivos a las personas o a las propiedades; 

III.- Por la caída de sus árboles cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; 

IV.- Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes; 

V.- Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o derramen 

sobre la propiedad de éste; 

VI.- Por el peso o movimiento de las máquinas, por las aglomeraciones de materia 

o animales nocivos a la salud o por cualquiera causa que sin derecho origine 

algún daño. 

ART. 1817.- Los jefes de familia que habiten una casa o parte de ella son 

responsables de los daños causados por las cosas que se arrojen o cayeren de la 

misma. 

ART. 1818.- La acción para exigir la reparación de los daños causados en los 

términos del presente Capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en 

que se haya causado el daño. 


Modalidades de las obligaciones. 

CAPITULO I. 

De las obligaciones condicionales. 

ART. 1819.- La obligación es condicional cuando, su existencia o su resolución 

dependen de un acontecimiento futuro o incierto. 

ART. 1820.- La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la 

existencia de la obligación. 

ART. 1821.- La condición es resolutoria cuando cumplida resuelva la obligación, 

volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiere 

existido. 

ART. 1822.- Cumplida la condición se retrotrae al tiempo en que la obligación fue 

formada, a menos que los efectos de la obligación o su resolución, por la voluntad 

de las partes o para la naturaleza del acto, deban ser referidas a fecha diferente.

ART. 1823.- En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse 

de todo acto que impide la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. 

El acreedor puede, antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos 

conservatorios de su derecho. 

ART. 1824.- Las condiciones imposibles de dar o hacer las prohibidas por la ley o 

que sean contra las buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas 

dependa. 

La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta. 

ART. 1825.- Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva 

voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. 

ART. 1826.- Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese 

voluntariamente su cumplimiento. 

ART. 1827.- La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento 

suceda en un timpo (sic) fijo, caduca si para el término sin realizarse, o desde que 

sea indudable que la condición no pueda cumplirse. 

ART. 1828.- La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento 

no se verifique en un tiempo fijo, será exigible si pasa el tiempo sin verificarse. 

Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida transcurrido el 

que verosímilmente se hubiere querido señalar, atenta la naturaleza de la 

obligación. 

ART. 1829.- Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición 

suspensiva, y pendiente ésta, se perdiere, deteriorare o bein (sic) se mejorare la 

cosa que fue objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes: 

I.- Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación; 

II.- Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento 

de daños y perjuicios. 

Eniténdese (sic) que la cosa se pierde cuando se encuentra en alguno de los 

casos mencionados en el artículo 1902. 

III.- Cuando la cosa se deteriore sin culpa del deudor, éste cumple su oblgiación 

(sic) entregando la cosa al acreedor en el estado en que se encuentre al cumplirse 

la condición;

IV.- Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la 

resolución de la obligación o su cumplimiento, con la indemnización de daños y 

perjuicios en ambos casos; 

V.- Si la cosa se mejora por su naturaleza, o por el tiempo, las mejoras ceden en 

favor del acreedor. 

VI.- Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el 

concedido al usufructuario. 

ART. 1830.- La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 

recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le 

incumbe. 

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 

obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También 

podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento, 

cuando éste resultare imposible. 

ART. 1831.- La resolución del contrato fundado en falta de pago por parte del 

adquiriente de la propiedad de bienes inmuebles u otro derecho real sobre los 

mismos, no surtirá efecto contra tercero de buena fe, si no se ha estipulado 

expresamente y ha sido inscrito en el Registro Público en la forma prevenida por la 

Ley. 

ART. 1832.- Respecto de bienes muebles no tendrá lugar la rescisión, salvo lo 

previsto por las ventas en las que se faculte al comprador a pagar el precio en 

abonos. 

ART. 1833.- Si la resición (sic) del contrato dependiere de un tercero y éste fuere 

dolosamente inducido a rescindirlo, se tendrá por no rescindido. 

CAPITULO II. 

De las obligaciones a plazo. 

ART. 1834.- Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado 

un día cierto. 

ART. 1835.- Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. 

ART. 1836.- Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la 

obligación será condicional y se regirá por las reglas que contiene el Capítulo que 

precede.

ART. 1837.- El plazo en las obligaciones se contará de la manera prevenida en los 

artículos 1162 al 1166. 

ART. 1838.- Lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse. 

Si el que paga ignoraba, cuando lo hizo, lo (sic) existencia del plazo, tendrá 

derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere 

percibido de la cosa. 

ART. 1839.- El plazo se presume establecido en favor del deudor, a menos que 

resulte, de la estipulación o de las circunstancias, que ha sido establecido en favor 

del acreedor o de las dos partes. 

ART. 1840.- Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo; 

I.- Cuando después de contraída la obligación resultare insolvente, salvo que 

garantice la deuda; 

II.- Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido; 

III.- Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de 

establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean 

inmediatamente substituidas por otras igualmente seguras. 

ART. 1841.- Si fueren varios los deudores solidarios, lo dispuesto en el artículo 

anterior sólo comprenderá al que se hallare en alguno de los casos que en él se 

designan. 

CAPITULO III. 

De las obligaciones conjuntivas y alternativas. 

ART. 1842.- El que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, 

debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. 

ART. 1843.- Si el deudor se ha obligdao (sic) a uno de los hechos, o a una de dos 

cosas, o a un hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o 

cosas, más no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa y 

parte de otra, o ejecutar en parte un hecho. 

ART. 1844.- En las obligaciones alternativas a elección corresponde al deudor, si 

no se ha pactado otra cosa. 

ART. 1845.- La elección no producirá efecto sino desde que fuere notificada.

ART. 1846.- El deudor perderá el derecho de elección cuando, de las prestaciones 

a que alternativamente estuviere obligado, sólo una fuere realizable. 

ART. 1847.- Si la elección compete al deudor y alguna de las cosas se pierde por 

culpa suya o caso fortuito el acreedor está obligado a recibir la que puede (sic). 

ART. 1848.- Si las dos cosas se han perdido, y una lo ha sido por culpa del 

deudor, esté debe pagar el precio de la última que se perdió. Lo mismo se 

observará si las dos cosas se han perdido por culpa del deudor, pero éste pagará 

los daños y perjuicios correspondientes. 

ART. 1849.- Si las dos cosas se han perdido por caso fortuito el deudor queda 

libre de la obligación. 

ART. 1850.- Si la elección compete al acreedor y una de las dos cosas se pierde 

por culpa del deudor, puede el primero elegir la cosa que ha quedado o el valor de 

la pérdida, con pago de daños y perjuicios. 

ART. 1851.- Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, estará obligado el acreedor 

a recibir la que haya quedado. 

ART. 1852.- Si ambas cosas se perdieren por culpa del deudor, podrá el acreedor 

exigir el valor de cualquiera de ellas, con los daños y perjuicios, o la rescisión del 

contrato. 

ART. 1853.- Si ambas cosas se perdieren sin culpa del deudor, se hará la 

distinción siguiente: 

I.- Si se hubiere hecho ya la elección o designación de la cosa, la pérdida será por 

cuenta del acreedor. 

II.- Si la elección no se hubiere hecho, quedará el contrato sin efecto. 

ART. 1854.- Si la elección es del deudor y una de las cosas se pierde por culpa 

del acreedor, podrá el primero pedir que se le dé por libre de la obligación o que 

se rescinda el contrato, con indemnización de los daños y perjuicios. 

ART. 1855.- En el caso del artículo anterior, si la elección es del deudor, éste 

designará la cosa cuyo precio debe pagar, y este precio se probará conforme a 

derecho en caso de desacuerdo. 

ART. 1856.- Si las dos cosas se pierden por culpa del acreedor y es de éste la 

elección, quedará a su arbitrio devolver el precio que quiera de una de las cosas. 

ART. 1857.- En el caso del artículo anterior, si la eleccioón (sic) es del deudor, 

éste designará la cosa cuyo precio debe pagar, y este precio se probará conforme 

a derecho en caso de desacuerdo.

ART. 1858.- En los casos de los artículos que preceden, el acreedor está obligado 

al pago de los daños y perjuicios. 

ART. 1859.- Si el obligado a prestar una cosa o ejecutar un hecho se rehusare a 

hacer lo segundo y la elección es del acreedeor ésta (sic) podrá exigir la cosa o la 

ejecución del hecho por un tercero en los términos del artículo 1908. Si la elección 

es del deudor, éste cumple entregando la cosa. 

ART. 1860.- Si la cosa se pierde por culpa del deudor y la elección es del 

acreedor, éste podrá exigir el precio de la cosa, la prestación del hecho o la 

rescisión del contrato. 

ART. 1861.- En el caso del artículo anterior, si la cosa se pierde sin culpa del 

deudor, el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho. 

ART. 1862.- Haya habido o no culpa en la pérdida de la cosa por parte del deudor, 

si la elección es suya, el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho. 

ART. 1863.- Si la cosa se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del 

acredor (sic), se tiene por cumplida la obligación. 

ART. 1864.- La falta de prestación del hecho se regirá por lo dispuesto en los 

artículos 1908 y 1909. 

CAPITULO IV. 

De las obligaciones mancomunadas. 

ART. 1865.- Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de 

una misma obligación, existe la mancomunidad. 

ART. 1866.- Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores no hace que 

cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a 

cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este 

caso el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores 

o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos 

de otros. 

ART. 1867.- Las partes se presumen iguales, a no ser que se pacte otra cosa o 

que la ley disponga lo contrario. 

ART. 1868.- Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o 

más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento 

total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la 

obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida.

ART. 1869.- La solidaridad no se presume; resulta de la ley o de la voluntad de las 

partes. 

ART. 1870.- Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los 

deudores solidarios, o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si 

reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo 

de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado sólo parte, o de otro 

modo hubiesen consentido en la división de la deuda, respecto de alguno o 

algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con 

deducción de la parte del deudor o deudores libertados de la solidaridad. 

ART. 1871.- El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente 

la deuda. 

ART. 1872.- La novación, compensación, confusión o remisión hecha por 

cualquiera de los acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la 

misma clase extingue la obligación. 

ART. 1873.- El acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda, o que 

hubiese hecho qutai (sic) o remisión de ella, queda responsable a los otros 

acreedores de la parte que a éstos corresponda, dividido al (sic) crédito entre 

ellos. 

ART. 1874.- Si falleciere alguno de los acreedores solidarios dejando más de un 

heredero, cada uno de los coherederos sólo tendrá derecho de exigir o recibir la 

parte del crédito que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo 

que la obligación sea indivisible. 

ART. 1875.- El deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando a 

cualquiera de éstos, a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de 

ellos en cuyo caso deberá hacer el pago al demandante. 

ART. 1876.- El deudor solidario sólo podrá utilizar contra las reclamaciones del 

acreedor, las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obilgación (sic) y 

las que le sean personales. 

ART. 1877.- El deudor solidario es responsable para con sus coobligados si no se 

hace valer las excepciones que son comunes a todos. 

ART. 1878.- Si la cosa hubiere perecido, o la prestación se hubiere hecho 

imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida. 

Si hubiere mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos responderán del 

precio y de la indemnización de daños y perjuicios, teniendo derecho los no 

culpables de dirigir su acción contra el culpable o negligente.

ART. 1879.- Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, 

cada uno de éstos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en 

proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible; pero 

todos los coherederos serán considerados como un solo deudor solidario, con 

relación a los otros deudores. 

ART. 1880.- El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de 

exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda. 

Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por 

parte (sic) iguales. 

Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit 

debe ser repartido entre los demás deudores solidarios aun entre aquellos a 

quienes el acreedor hubiere libertado de la solidaridad. 

En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los 

derechos del acreedor. 

ART. 1881.- Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente, no 

interesa más que a uno de los deudores solidarios, éste será responsable de toda 

ella a los codeudores. 

ART. 1882.- Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los 

acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los 

demás. 

ART. 1883.- Cuando por el no cumplimiento de la obligación se demanden daños 

y perjuicios cada uno de los deudores solidarios responderá íntegramente de ellos. 

ART. 1884.- Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones 

susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no 

pudiesen ser cumplidas sino por entero. 

ART. 1885.- La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de 

indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. 

ART. 1886.- Las obligaciones divisibles en que haya más de un deudor o acreedor 

se regirán por las reglas, comunes de las obligaciones; las indivisibles en que 

haya más de un deudor o acreedor se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

ART. 1887.- Cada uno de los que han contraído conjuntamente una deuda 

indivisible está obligado por el todo, aunque no se haya estipulado solidaridad. 

La misma tiene lugar respecto de los herederos de aquel que haya contraído una 

obligación indivisible.

ART. 1888.- Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la completa 

ejecución indivisible obligándose a dar suficiente garantía para la indemnización 

de los demás coherederos, pero no puede por sí solo perdonar el débito total ni 

recibir el valor en lugar de la cosa. 

Si uno sool (sic) de los herederos ha perdonado la deuda o recibido el valor de la 

cosa, el coheredero no puede pedir la cosa indivisible sino devolviendo la porción 

del heredero que haya perdonado o que haya recibido el valor. 

ART. 1889.- Sólo por el consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la 

obligación indivisible o hacerse una quita de ella. 

ART. 1890.- El heredero del deudor, apremiado por la totalidad de la obligación, 

puede pedir un término para hacer concurrir a sus coherederos siempre que la 

deuda no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el heredero 

demandado, el cual entonces puede ser condenado, dejando a salvo sus derechos 

de indemnización contra sus coherederos. 

ART. 1891.- Pierde la calidad de indivisible, la obligación que se resuelve en el 

pago de daños y perjuicios y, entonces, se observarán las reglas siguientes: 

I.- Si para que se produzca esa conversión hubo culpa de parte de todos los 

deudores, todos responderán de los daños y perjuicios proporcionalmente al 

interés que representen en la obligación; 

II.- Si solo algunos fueron culpables únicamente ellos responderán de los daños y 

perjuicios. 

CAPITULO V. 

De la (sic) obligaciones de dar. 

ART. 1892.- La prestación de cosa puede consistir: 

I.- En la traslación de dominio de cosa cierta; 

II.- En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta; 

III.- En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. 

ART. 1893.- El acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra aun 

cuando sea de mayor valor. 

ART. 1894.- La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar 

sus accesorios; salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las 

circunstancias del caso.

ART. 1895.- En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas la traslación de 

la propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin 

dependencia de tradición, ya sea natural ya sea simbólica; debiendo tenerse en 

cuenta las disposiciones relativas del Registro Público. 

ART. 1896.- En las enajenaciones de alguna especie indeterminada la propiedad 

no se transferirá sino hasta el momento en que la cosa se hace cierta y 

determinada con conocimiento del acreedor. 

ART. 1897.- En el caso del artículo que precede si no se designa la calidad de la 

cosa, el deudor cumple entregando una de mediana calidad. 

ART. 1898.- En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la 

traslación de la propiedad de esa cosa, y se pierde o deteriora en poder del 

deudor, se observarán las reglas siguientes: 

I.- Si la pérdida fué por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor 

de la cosa y por los daños y perjuicios; 

II.- Si la cosa se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la 

rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado 

que se encuentre y exigir la reducción de precio y el pago de daños y perjuicios; 

III.- Si la cosa se perdiere por culpa del acreedor el deudor queda libre de la 

obligación; 

IV.- Si se deteriorare por culpa del acreedor, éste tiene obligación de recibir la 

cosa en el estado en que se halle; 

V.- Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin 

efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido. 

ART. 1899.- La pérdida de la cosa en poder del deudor, se presume por culpa 

suya mientras no se pruebe lo contrario. 

ART. 1900.- Cuando la deuda de una cosa cierta y determinada procediere de 

delito o falta, no se eximirá el deudor del pago de su precio, cualquiera que 

hubiere sido el motivo de la pérdida, a no ser que, habiendo ofrecido la cosa al 

que debió recibirla, se haya éste constituído en mora. 

ART. 1901.- El deudor de una cosa perdida o deteriorada sin culpa suya, está 

obligado a ceder al acreedor cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la 

indemnización a uien (sic) fuere responsable. 

ART. 1902.- La pérdida de la cosa pude verificarse;

I.- Pereciendo la cosa o quedando fuera del comercio; 

II.- Desapareciendo de modo que no se tengan noticias de ella o que, aunque se 

tenga alguna, la cosa no se puede recobrar. 

ART. 1903.- Cuando la obligación de dar tenga por objeto una cosa designada 

sólo por su género y cantidad, luego que la cosa se individualice por la elección 

del deudor o del acreedor, se aplicarán, en caso de pérdida o deterioro, las reglas 

establecidas en el artículo 1898. 

ART. 1904.- En los casos de enajenación con reserva de la posesión, uso o goce 

de la cosa hasta cierto tiempo, se observarán las reglas siguientes: 

I.- Si hay convenio expreso se estará a lo estipulado; 

II.- Si la pérdida fuere por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de 

la responsabilidad de éste; 

III.- A falta de convenio o de culpa, cada interesado sufrirá la pérdida que le 

corresponda, en todo, si la cosa parece (sic) totalmente, o en parte, si la pérdida 

fuere solamente parcial; 

IV.- En el caso de la fracción que precede, si la pérdida fuere parcial y las partes 

no se convinieren en la disminución de sus respectivos derechos, se nombrarán 

peritos que la determinen. 

ART. 1905.- En los contratos en que la prestación de la cosa no importe la 

traslación de la propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor, a menos 

que intervenga culpa o negligencia de la otra parte. 

ART. 1906.- Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos contrarios a 

la conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella. 

ART. 1907.- Si fueren varios los obligados a prestar la misma cosa, cada uno de 

ellos responderá, proporcionalmente, exceptuándose en los casos siguientes: 

I.- Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente; 

II.- Cuando la prestación consistiere en cosa cierta y determinada que se 

encuentre en poder de uno de ellos, cuando dependa de hecho que sólo uno de 

los obligados pueda prestar; 

III.- Cuando la obligación sea indivisible; 

IV.- Cuando por contrato se ha determinado otra cosa.

CAPITULO VI. 

De las obligaciones de hacer o de no hacer. 

ART. 1908.- Si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene 

derecho de pedir que a costa de aquel se ejecute por otro, cuando la substitución 

sea posible. 

Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso el 

acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho. 

ART. 1909.- El que estuviere obligado a no hacer agluna (sic) cosa, quedará 

sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra 

material, podrá exigir el acreedor que sea destruída a costa del obligado. 


De la transmisión de las obligaciones. 

CAPITULO I. 

De la cesión de derechos. 

ART. 1910.- Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los 

que tenga contra su deudor. 

ART. 1911.- El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el 

consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se 

haya convenido en no hacerla o no la permita la naturaleza del derecho. 

El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podría cederse 

porque así se había convenido, cuando ese convenio no conste en el título 

constitutivo del derecho. 

ART. 1912.- En la cesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al 

acto jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este 

Capítulo. 

ART. 1913.- La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos 

accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son 

inseparables de la persona del cedente. 

Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal.

ART. 1914.- La cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al portador 

puede hacerse en escrito privado que firmarán cedente cesionario y dos testigos. 

Sólo cuando la ley exija que el título del crédito cedido conste en escritura pública, 

la cesión deberá hacerse en esta clase de documentos. 

ART. 1915.- La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no 

produce efectos contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierto, 

conforme a las reglas siguientes: 

I.- Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 

II.- Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento. 

III.- Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o 

inscriba en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo 

firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón 

de su oficio. 

ART. 1916.- Cuando se trate de título a la orden o al portador, el deudor puede 

oponer al cesionario las excepciones que podría oponer al cedente en el momento 

en que se hace la cesión. 

Si se tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hace la 

cesión podrá invocar la compensación, con tal que su crédito no sea exigible 

después de que lo sea el cedido. 

ART. 1917.- En los casos a que se refiere el artículo 1914 para que el cesionario 

pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación 

de la cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante 

notario. 

ART. 1918.- Sólo tiene derecho para pedir o hacer la notificación, el acreedor que 

presente el título justificativo del crédito, o el de la cesión, cuando aquel no sea 

necesario. 

ART. 1919.- Si el deudor está presente a la cesión y no se opone a ella, o si 

estando ausente la ha aceptado, y esto se prueba, se tendrá por hecha la 

notificación. 

ART. 1920.- Si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el 

que primero ha notificado la cesión del deudor, salvo lo dispuesto para títulos que 

deban registrarse. 

ART. 1921.- Mientras no se haya hecho notificación al deudor, éste se libra 

pagando al acreedor primitivo.

ART. 1922.- Hecha la notificación, no se libra el deudor sino pagando el 

cesionario. 

ART. 1923.- El cedente está obligado a garantizar la existencia o legitimidad del 

crédito al tiempo de hacerse la cesión, a no ser que aquel se haya cedido con el 

carácter de dudoso. 

ART. 1924.- Con excepción de los títulos a la orden, el cedente no está obligado a 

garantizar la solvencia, del deudor, a no ser que se haya estipulado expresamente 

o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. 

ART. 1925.- Si el cedente se hubiere hecho responsable de la solvencia del 

deudor, y no se fijare el tiempo que esta responsabilidad deba durar, se limitará a 

un año contado desde la fecha en que la deuda fuere exigible, si estuviere 

vencida; si no lo estuviere, se contará desde la fecha del vencimiento. 

ART. 1926.- Si el crédito cedido consiste en una renta perpetua, la responsabilidad 

por la solvencia del deudor se extingue a los cinco años contados desde la fecha 

de la cesión. 

ART. 1927.- El que cede alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, 

cumple con responder de la legitimidad del todo en general; pero no está obligado 

al saneamiento de cada una de las partes, salvo en el caso de evicción del todo o 

de la mayor parte. 

ART. 1928.- El que cede su derecho a una herencia, sin enumerar las cosas de 

que ésta se compone, sólo está obligado a responder de su calidad de heredero. 

ART. 1929.- Si el cedente se hubiere aprovechado de algunos frutos o percibido 

alguna cosa de la herencia que cediere, deberá abonarla al cesionario, si no se 

hubiere pactado lo contrario. 

ART. 1930.- El cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente todo lo que 

haya pagado por las deudas o cargas de la herencia y sus propios créditos contra 

ella, salvo si hubiere pactado lo conrtario (sic). 

ART. 1931.- Si la cesión fuere gratuita, el cedente no será responsable para con el 

cesionario, ni por la existencia del crédito, ni por la solvencia del deudor. 

CAPITULO II. 

De la cesión de deudas. 

ART. 1932.- Para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor 

consienta expresa o tácitamente.

ART. 1933.- Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor 

cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como 

pago de réditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en nombre 

propio y no por cuenta del deudor primitivo. 

ART. 1934.- El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su 

lugar, no puede epetir (sic) contra el primero, si el nuevo se encuentra insolvente, 

salvo convenio en contrario. 

ART. 1935.- Cuando el deudor y el que pretende sustituirlo fijen un plazo al 

acreedor para que manifieste su conformidad con la sustitución, pasado ese plazo 

sin que el acreedor haya hecho conocer su determinación, se presume que 

rehusa. 

ART. 1936.- El deudor sustituto queda obligado en los términos en que lo estaba 

el deudor primitivo; pero cuando un tercero ha constituído fianza, prenda o 

hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan con la sustitución del 

deudor, a menos que el tercero consienta en que continúen. 

ART. 1937.- El deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se 

origienen (sic) de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no 

puede oponer las que sean personales del deudor primitivo. 

ART. 1938.- Cuando se declara nula la sustitución del deudor, la antigua deuda 

renace con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos que pertenecen 

a terceros de buena fé. 

CAPITULO III. 

De la subrogación. 

ART. 1939.- La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de 

declaración alguna de los interesados; 

I.- Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente; 

II.- Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación; 

III.- Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la 

herencia; 

IV.- Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un 

crédito hipotecario anterior a la adquisición. 

ART. 1940.- Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un 

tercero le prestara con ese objeto, el prestamista quedará subrogado por

ministerio de la ley en los derechos del acreedor, si el préstamo constare en título 

auténtico en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la misma 

deuda. Por falta de esta circunstancia, el que prestó sólo tendrá los derechos que 

exprese su respectivo contrato. 

ART. 1941.- No habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible. 

ART. 1942.- El pago de los subrogados en diversas porciones para cubrirlos 

todos, se hará en prorrata. 


Efecto de las obligaciones. 

I.- Efectos de las obligaciones entre las partes. 

Cumplimiento de las obligaciones. 

CAPITULO I. 

Del pago. 

ART. 1943.- Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la 

prestación del servicio que se hubiere prometido. 

ART. 1944.- El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus 

deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de 

responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que 

sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores, se 

sujetarán a lo dispuesto en los títulos respectivos a la concurrencia y prelación de 

los créditos. 

ART. 1945.- La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un 

tercero, salvo el caso en que se hubiere establecido, por pacto expreso, que la 

cumpla personalmente el mismo obligado, o cuando se hubieren elegido sus 

conocimientos especiales o sus cualidades personales. 

ART. 1946.- El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus 

representantes o por cualquiera otra persona que tenga interés jurídico en el 

cumplimiento de la obligación. 

ART. 1947.- Puede también hacerse por un tercero no interesado en el 

cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento expreso o presunto 

del deudor.

ART. 1948.- Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. 

ART. 1949.- Puede por último, hacerse contra la voluntad del deudor. 

ART. 1950.- En el caso del artículo 1947 se observarán las disposiciones relativas 

al mandato. 

ART. 1951.- En el caso del artículo 1948 el que hizo el pago sólo tendrá derecho 

de reclamar al deudor la cantidad que hubiere pagado al acreedor, si éste 

consintió en recibir menor suma que la debida. 

ART. 1952.- En el caso del artículo 1949 el que hizo el pago solamente tendrá 

derecho de cobrar del deudor aquello en que le hubiere sido útil el pago. 

ART. 1953.- El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero; 

pero no está obligado a subrogarle en sus derechos, fuera de los casos prescritos 

en los artículos 1939 y 1940. 

ART. 1954.- El pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante 

legítimo. 

ART. 1955.- El pago hecho a un tercero extinguirá la obligación, si así se hubiere 

estipulado o consentido por el acreedor, y en los casos en que la ley lo determine 

expresamente. 

ART. 1956.- El pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus 

bienes, será válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad. 

También será válido el pago hecho a un tercero en cuanto se hubiere convertido 

en utilidad del acreedor. 

ART. 1957.- El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito 

liberará al deudor. 

ART. 1958.- No será valido el pago hecho al acreedor por el deudor después de 

habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda. 

ART. 1959.- El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca 

podrá hacerse parcilamente (sic) sin o (sic) en virtud de convenio expreso o de 

disposición de ley. 

Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra illquida (sic), podrá 

exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se 

liquide la segunda.

ART. 1960.- El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuando 

aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa. 

ART. 1961.- Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de 

obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días 

siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, 

ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago 

debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el 

tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. 

ART. 1962.- Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, 

no podrá éste ser obligado a hacer descuentos. 

ART. 1963.- Por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, 

salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las 

circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley. 

Si se han designado varios lugares para hacer el pago; el acreedor puede elegir 

cualquiera de ellos. 

ART. 1964.- Si el pago consiste en la tradición de un inmueble o en prestaciones 

relativas al inmueble, deberá hacerse en el lugar donde éste se encuentre. 

ART. 1965.- Si el pago consistiere en una suma de dinero como precio de alguna 

cosa enajenada por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar en que se entregó la 

cosa, salvo que se designe a otro lugar. 

ART. 1966.- El deudor que después de celebrado el contrato mudarse (sic) 

voluntariamente de domicilio, deberá indemnizar al acreedor de los mayores 

gastos que haga por ésta causa, para obtener el pago. De la misma manera, el 

acreedor debe indemnizar al deudor, cuando debiendo hacerse el pago en el 

domicilio de aquel, cambia voluntariamente de domicilio. 

ART. 1967.- Los gastos de entrega serán a cuenta del deudor, si no se hubiere 

estipulado otra cosa. 

ART. 1968.- No es válido el pago hecho con cosa ajena; pero si el pago se hubiere 

hecho con una cantidad de dinero u otra cosa fungible ajena; no habrá repetición 

contra el acreedor que la haya consumido de buena fe. 

ART. 1969.- El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que 

acredite el pago y puede tener éste mientras que no le sea entregado. 

ART. 1970.- Cuando la deuda es de pensiones que deben satisfacerse en 

períodos determinados, y se acredita por escrito el pago de la última, se presumen 

pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario.

ART. 1971.- Cuando se paga el capital sin hacerse reservas de réditos, se 

presume que éstos están pagados. 

ART. 1972.- La entrega del título hecho al deudor hace presumir, el pago de la 

deuda constante en aquel. 

ART. 1973.- El que tuviere contra sí varias deudas en favor de un solo acreedor 

podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas quiere que éste se 

aplique. 

ART. 1974.- Si el deudor no hiciere la referida declaración, se entenderá hecho el 

pago por cuenta de la deuda que le fuere más onerosa entre las vencidas. En 

igualdad de circunstancias, se aplicará a la más antigua, y siendo todas de la 

misma fecha se distribuirá entre todas ellas a prorrata. 

ART. 1975.- Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se 

imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo 

convenio en contrario. 

ART. 1976.- La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago 

una cosa distinta en lugar de la debida. 

ART. 1977.- Si el acreedor sufre la evicción de la cosa que recibe en pago, 

renacerá la obligación primitiva, quedando sin efecto la dación en pago. 

CAPITULO II. 

Del ofrecimiento del pago y de la consignación. 

ART. 1978.- El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si 

reúne todos los requisitos que para éste exige la ley. 

ART. 1979.- Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida, o 

dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de 

recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. 

ART. 1980.- Si el acreedor fuere conocido, pero dudosos sus derechos podrá el 

deudor depositar la cosa debida, con citación del interesado, a fin de que justifique 

sus derechos por los medios legales. 

ART. 1981.- La consignación se hará siguiéndose el procedimiento que establezca 

el Código de la materia. 

ART. 1982.- Si el juez declara fundada la oposición del acreedor para recibir el 

pago, el ofrecimiento y la consignación se tienen como no hechos.

ART. 1983.- Aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida 

con todos sus efectos. 

ART. 1984.- Si el ofrecimiento y la consignación se han hecho legalmente, todos 

los gastos serán de cuenta del acreedor. 

Incumplimiento de las obligaciones. 

CAPITULO III. 

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. 

ART. 1985.- El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o 

no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios 

en los términos siguientes: 

I.- Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el 

vencimiento de éste; 

II.- Si la obligación no dependiere del plazo cierto se observará lo dispuesto en la 

parte final del artículo 1961. 

El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el 

solo hecho de la contravención. 

ART. 1986.- En las obligaciones de dar que tengan plazo fijo, se observará lo 

dispuesto en la fracción I del artículo anterior. Si no tuvieren plazo cierto, se 

aplicará lo prevenido en el artículo 1961 parte primera. 

ART. 1987.- La responsabildiad (sic) procedente de dolo es exigible en todas las 

obligaciones. La renuncia de hacerla efectiva es nula. 

ART. 1988.- La responsabilidad de que se trata en este título, además de importar 

la devolución de la cosa o su precio, o la de entrambos (sic), en su caso, importará 

la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. 

ART. 1989.- Se entiende por daños la pérdida o menoscabo sufrido en el 

patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. 

ART. 1990.- Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que 

debiere haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. 

ART. 1991.- Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de 

la falta de cumplimiento de la obligación ya sea que se hayan causado o que 

necesariamente deban causarse.

ART. 1992.- Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o 

contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o 

cuando la ley se la impone. 

ART. 1993.- Si la cosa se ha perdido, o ha sufrido un detrimento tan grave que a 

juicio de peritos, no pueda emplearse en el uso a que naturalmente está 

destinada, el daño debe ser indemnizado de todo el valor legítimo de ella. 

ART. 1994.- Si el deterioro es menos grave, sólo el importe de éste se abonará al 

dueño al restituirse la cosa. 

ART. 1995.- El precio de la cosa será el que tendría a tiempo de ser devuelto al 

dueño, excepto en los casos en que la ley o el pacto señalen otra época. 

ART. 1996.- Al estimar el deterioro de una cosa se atenderá no solamente la 

disminución que él causó en el precio de ella, sino a los gastos que 

necesariamente exija la reparación. 

ART. 1997.- Al fijar el valor y el deterioro de una cosa, no se atenderá el precio 

estimativo o de afección, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o 

deterioró, la cosa con el objeto de lastimar la afección del dueño, el aumento que 

por estas causas se haga no podrá exceder de una tercera parte del valor común 

de la cosa. 

ART. 1998.- La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las 

partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga expresamente otra cosa. 

Si la prestación consistiere en el pago de cierta cantidad de dinero, los daños y 

perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento no podrán exceder del interés 

legal salvo convenio en contrario. 

ART. 1999.- El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al 

cumplimiento de la obligación y se hará en los términos que establezca el Código 

de Procedimientos Civiles. 

CAPITULO IV. 

De la evicción y saneamiento. 

ART. 2000.- Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del 

todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho 

anterior a la adquisición. 

ART. 2001.- Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, 

aunque nada se haya expresado en el contrato.

ART. 2002.- Los contratantes pueden aumentar o disminuir convencionalmente los 

efectos de la evicción y aún convenir en que ésta no se preste en ningún caso. 

ART. 2003.- Es nulo todo pacto que exima al que enajena de responder por la 

evicción, siempre que hubiere mala fe de parte suya. 

ART. 2004.- Cuando el adquiriente ha renunciado el derecho al saneamiento para 

el caso de evicción, llegando que sea éste debe el que enajena entregar 

únicamente el precio de la cosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 2007 

fracción I, y 2008 fracción I, pero una de esta obligación quedará libre, si el que 

adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y sometiéndose a sus 

consecuencias. 

ART. 2005.- El adquiriente, luego que se ha emplazado, debe renunciar el pleito 

de evicción al que le enajenó. 

ART. 2006.- El fallo judicial impone al que enajena la obligación de indemnizar en 

los términos siguientes; 

ART. 2007.- Si el que enajenó hubiere procedido de buena fé, estará obligado a 

entregar al que sufrió la evicción; 

I.- El precio íntegro que recibió por la cosa; 

II.- Los gastos causados en el contrato, si fueren satisfechos por el adquiriente; 

III.- Los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento; 

IV.- El valor de las mejoras útiles y necesarias, siempre que en la setencia (sic) no 

se determine que el vencedor satisfaga su importe. 

ART. 2008.- Si el que enajena hubiere procedido de mala fé, tendrá la obligación 

que expresa el artículo anterior, con las agravaciones siguientes: 

I.- Devolverá, a elección del adquiriente, el precio que la cosa tenía al tiempo de la 

adquisición, o el que tenga al tiempo en que sufra la evicción; 

II.- Satisfará (sic) al adquiriente el importe de las mejoras voluntarias y de mero 

placer que haya hecho en la cosa; 

III.- Pagará los daños y perjuicios. 

ART. 2009.- Si el que enajena no sale sin justa causa al pleito de evicción, en 

tiempo hábil, o si no rinde prueba alguna, o no alega, queda obligado al 

saneamiento en los términos del artículo anterior.

ART. 2010.- Si el que enajena y el que adquiere proceden de mala fe, no tendrá el 

segundo en ningún caso, derecho al saneamiento ni a indemnización de ninguna 

especie. 

ART. 2011.- Si el adquiriente fuere condenado a restituir los frutos de la cosa, 

podrá exigir del que enajenó la indemnización de ellos o el interés legal del precio 

que haya dado. 

ART. 2012.- Si el que adquirió no fuere condenado a dicha restitución, quedarán 

compensados los intereses del precio con los frutos recibidos. 

ART. 2013.- Si el que enajena, al ser emplazado, manifiesta que no tiene medios 

de defensa y consigna el precio por no quererlo recibir el adquiriente, queda libre 

de cualquiera responsabilidad posterior a la fecha de consignación. 

ART. 2014.- Las mejoras que el que enajenó hubiese hecho antes de la 

enajenación, se le tomarán a cuenta de lo que debe pagar, siempre que fueren 

abonadas por el vencedor. 

ART. 2015.- Cuando el adquiriente sólo fuere privado por la evicción, de una parte 

o de la cosa adquirida, se observarán respecto de ésta las reglas establecidas en 

este Capítulo, a no ser que el adquiriente prefiera la rescisión del contrato. 

ART. 2016.- También se observará lo dispuesto en el artículo que precede cuando 

en un solo contrato se hayan enajenado dos o más cosas sin fijar el precio de 

cada una de ellas, y una sola sufriera la evicción. 

ART. 2017.- En el caso de los dos artículos anteriores, si el que adquiere elige la 

rescisión del contrato, está obligado a devolver la cosa libre de los gravámenes 

que le haya impuesto. 

ART. 2018.- Si al denunciarse el pleito o durante él, reconoce el que enajenó el 

derecho del que reclama, y se obliga a pagar conforme a las prescripciones de 

este Capítulo, sólo será responsable de los gastos que se causen hasta que haga 

el reconocimiento, y sea cual fuere el resultado del juicio. 

ART. 2019.- Si la finca que se enajenó se halla gravada, sin haberse hecho 

mención de ello en la escritura con alguna carga o servidumbre voluntaria no 

aparente, el que adquirió puede pedir la indemnización correspondiente al 

gravamen, o la rescisión del contrato. 

ART. 2020.- Las asociaciones recsisorias (sic) y de indemnización a que se refiere 

el artículo que precede, prescriben en un año, que se contará, para la primera, 

desde el día en que se perfeccionó el contrato, y por la segunda, desde el día en 

que el adquiriente tenga noticia de la carga o servidumbre. 

ART. 2021.- El que enajena no responde por la evicción:

I.- Si así se hubiere convenido; 

II.- En el caso del artículo 2004; 

III.- Si conociendo el que adquiere el derecho del que entabla la evicción la 

hubiere ocultado dolosamente al que enajena; 

IV.- Si la evicción procede de una causa posterior al acto de enajenación, no 

imputable al que enajena, o de hecho del que adquiere, ya sea anterior o posterior 

al mismo acto; 

V.- Si el adquiriente no cumple lo prevenido en el artículo 2005; 

VI.- Si el adquiriente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en 

árbitros sin consentimiento del que enajenó; 

VII.- Si la evicción tuvo lugar por culpa del adquiriente. 

ART. 2022.- En las ventas hechas en remate judicial el vendedor no está obligado 

por causa de la evicción que sufriera la cosa vendida, sino a restituír el precio que 

haya producido la venta. 

ART. 2023.- En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al 

saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada que la haga impropia 

para los usos a que se la destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que al 

haberlo conocido el adquiriente no hubiere hecho la adquisición o habría dado 

menos precio por la cosa. 

ART. 2024.- El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o que 

están a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquiriente es un perito 

que por razón de su oficio o profsión (sic) debe fácilmente conocerlos. 

ART. 2025.- En los casos del artículo 2023 puede el adquiriente exigir la rescisión 

del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje 

una cantidad proporcionada del precio, a juicio de peritos. 

ART. 2026.- Si se probare que el enajenante conocía los defectos ocultos de la 

cosa y no los manifestó al adquiriente, tendrá éste la misma facultad que le 

concede el artículo anterior, debiendo, además, ser indemnizado de los daños y 

perjuicios si prefiere la rescisión. 

ART. 2027.- En los casos en que el adquiriente pueda elegir la indemnización o la 

rescisión del contrato, una vez hecha por él la elección del derecho que va a 

ejercitar, no puede usar del otro sin el consentimiento del enajenante.

ART. 2028.- Si la cosa enajenada pereciere o mudare de naturaleza a 

consecuencia de los vicios que tenía, y eran conocidos del enajenante, éste sufrirá 

la pérdida y deber (sic), restituir el precio y abonar los gastos del contrato con los 

daños y perjuicios. 

ART. 2029.- Si el enajenante no conocía los vicios, solamente deberá restituir el 

precio y abonar los gastos del contrato, en el caso de que el adquiriente los haya 

pagado. 

ART. 2030.- Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos 2023 al 2029 

se extinguen a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa enajenada, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los artículos 

2019 y 2020. 

ART. 2031.- Enajenándose dos o más animales juntamente, sea en un precio 

alzado o sea señalándolo a cada uno de ellos, el vicio de uno da sólo lugar a la 

acción redhibitoria, respecto de él, y no respecto de los demás, a no ser que 

aparezca que el adquiriente no habría adquirido el sano o sanos sin el vicioso 

(sic), o que la enajenación fuese de un rebaño y el vicio fuere contagioso. 

ART. 2032.- Se presume que el adquiriente no tenía voluntad de adquirir uno solo 

de los animales, cuando se adquiere un tipo, yunta o pareja, aunque se haya 

señalado un precio separado a cada uno de los animales que las comprenden. 

ART. 2033.- Lo dispuesto en el artículo 2031 es aplicable a la enajenación de 

cualquiera otra cosa. 

ART. 2034.- Cuando el animal muere dentro de los tres días siguientes a su 

adquisición, es responsable el enajenante, si por juicio de peritos se prueba que la 

enfermedad existía antes de la enajenación. 

ART. 2035.- Si la enajenación se declara resuelta, debe devolverse la cosa 

enajenada en el mismo estado en que se entregó, siendo responsable el 

adquiriente de cualquier deterioro que no proceda de vicio o defectos ocultados. 

ART. 2036.- En caso de enajenación de animales, ya sea que se enajenen 

individualmente, por troncos o yuntas, o como ganados, la acción redhibitoria por 

causa de tachas o vicios ocultos sólo dura veinte días, contados desde la fecha 

del contrato. 

ART. 2037.- La calificación de los vicios de la cosa enajenada se hará por peritos 

nombrados por las partes, y por un tercero que elegirá el juez en caso de 

discordia. 

ART. 2038.- Lo (sic) peritos declararán terminantemente si los vicios eran 

anteriores a la enajenación y si por causa de ellos no puede destinarse la cosa a 

los usos para que fue adquirida.

ART. 2039.- Las partes pueden restringir, renunciar o ampliar su responsabilidad 

por los vicios redhibitorios, siempre que no haya mala fé. 

ART. 2040.- Incumbe al adquiriente probar que el vicio existía al tiempo de la 

adquisición, y no probándolo, se juzga que el vicio sobrevino después. 

ART. 2041.- Si la cosa enajenada con vicios redhibitorios se pierde por caso 

fortuito o por culpa del adquiriente le queda a éste, sin embargo, el derecho de 

pedir el menor valor de la cosa por el vicio redhibitorio. 

ART. 2042.- El adquiriente de la cosa remitida de otro lugar que alegare que tiene 

vicios redhibitorios, si se trata de cosas que rápidamente se descomponen, tiene 

obligación de avisar inmediatamente al enajenante, que no recibe la cosa; si no lo 

hace, será responsable de los daños y perjuicios que su omisión ocasione. 

ART. 2043.- El enajenante no tiene obligación de responder de los vicios 

redhibitorios, si el adquiriente obtuvo la cosa por remate o por adjudicación 

judicial. 

II.- Efectos de las obligaciones con relación a terceros. 

CAPITULO V. 

De los actos celebrados en fraude de los acreedores. 

ART. 2044.- Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor 

pueden anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del 

deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos. 

ART. 2045.- Si el acto fuere oneroso, la nulidad sólo podrá tener lugar en el caso y 

términos que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe, tanto por parte del 

deudor, como del tercero que contrató con él. 

ART. 2046.- Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad aún cuando haya 

habido buena fe por parte de ambos contrayentes. 

ART. 2047.- Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, 

estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La mala fe, en 

este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit. 

ART. 2048.- La acción concedida al acreedor, en los artículos anteriores, contra el 

primer adquiriente, no procede contra tercer poseedor sino cuando éste ha 

adquirido de mala fe.

ART. 2049.- Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido 

enajenación de propiedades, éstas se devolverán por el que las adquirió de mala 

fe con todos sus frutos. 

ART. 2050.- El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude 

de los acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios, cuando la 

cosa hubiere pasado a un adquiriente de buena fe, o cuando se hubiere perdido. 

ART. 2051.- La nulidad puede tener lugar, tanto en los actos en que el deudor 

enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia 

derechos constituídos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal. 

ART. 2052.- Si el deudor no hubiere renunciado derechos irrevocablemente 

adquiridos, sino facultades por cuyo ejercicio pudiere mejorar el estado de su 

fortuna, los acreedores pueden hacer revocar esa renuncia y usar de las 

facultades renunciadas. 

ART. 2053.- Es tamb4ién (sic) anulable el pago hecho por el deudor insolvente 

antes del vencimiento del plazo. 

ART. 2054.- Es anulable todo acto o contrato celebrado en los treinta días 

anteriores a la declaración judicial de la quiebra o del concurso, y que tuviere por 

objeto dar un crédito ya existente una preferencia que no tiene. 

ART. 2055.- La acción de nulidad mencionada en el artículo 2054 cesará luego 

que el deudor satisfaga su deuda o adquiera bienes con que poder cubrirla. 

ART. 2056.- La nulidad de los actos del deudor sólo será pronunciada en interés 

de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos. 

ART. 2057.- El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, puede 

hacer cesar la acción de los acreedores satisfaciendo el crédito de los que se 

hubiesen presentado, o dando garantía suficiente sobre el pago íntegro de sus 

créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos. 

ART. 2058.- El fraude, que consiste únicamente en la preferencia indebida a favor 

de un acreedor, no importa la pérdida del derecho, sino de la prefeerncia. (sic) 

ART. 2059.- Si el acreedor que pide la nulidad, para acreditar la insolvencia del 

deudor, prueba que el monto de las deudas de éste excede al de sus bienes 

conocidos, le impone al deudor la obligación de acreditar que tiene bienes 

suficientes para cubrir esas deudas. 

ART. 2060.- Se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas 

por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado antes sentencia 

condenatoria en cualquiera instancia, o expedido mandamento (sic) de embargo

de bienes, cuando estas enajenaciones perjudican los derechos de sus 

acreedores. 

CAPITULO VI. 

De la simulación de los actos jurídicos. 

ART. 2061.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan 

falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. 

ART. 2062.- La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; 

es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su 

verdadero carácter. 

ART. 2063.- La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el 

acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que 

así lo declare. 

ART. 2064.- Puede pedir la nulidad de los actos simulados los terceros 

perjudicados con la simulación o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en 

transgresión de la ley o en perjuicio de la Hacienda Pública. 

ART. 2065.- Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho 

a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la cosa o 

derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la 

restitución. 

También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe. 


Extinción de las obligaciones. 

CAPITULO I. 

De la compensación. 

ART. 2066.- Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad 

de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. 

ART. 2067.- El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las 

dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor.

ART. 2068.- La compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten 

en una cantidad de dinero, o cuando siendo fungibles las cosas debidas, son de al 

(sic) misma especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el 

contrato. 

ART. 2069.- Para que haya lugar a la compensación se requiere que la deudas 

sean igualmente líquidas y exigibles, las que no lo fueren, sólo podrán 

compensarse por consentimiento expreso de los interesados. 

ART. 2070.- Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o 

puede determinarse dentro del plazo de nueve días. 

ART. 2071.- Se llama exigible deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a 

derecho. 

ART. 2072.- Si las deudas no fueren de igual cantidad hecha la compensación 

conforme al artículo 2067 quedará expedita la acción por el resto de la deuda. 

ART. 2073.- La compensación no tendrá lugar; 

I.- Si una de las partes la hubiere renunciado; 

II.- Si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de 

despojo; pues entonces el que obtuvo aquel a su favor deberá ser pagado, aunque 

el despojante le oponga la compensación; 

III.- Si una de las deudas fuere por alimento; 

IV.- Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia; 

V.- Si una de las deudas procede de salario mínimo; 

VI.- Si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por 

disposición de la ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas 

fueren igualmente privilegiadas; 

VII.- Si la deuda fuere de cosa puesta en depósito; 

VIII.- Si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice. 

ART. 2074.- Tratándose de títulos pagaderos a la orden, no podrá el deudor 

compensar con el endosatario lo que le debiesen los endosantes precedentes. 

ART. 2075.- La compensación, dedse (sic) el momento en que es hecha 

legalmente produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las 

obligaciones correlativas.

ART. 2076.- El que paga una deuda compensable no puede, cuando exija su 

crédito que podía ser compensado, aprovecharse, en perjuicio de tercero, de los 

privilegios e hipotecas que tenga en su favor al tiempo de hacer el pago; a no ser 

que pruebe que ignoraba la existencia de crédito que extinguía la deuda. 

ART. 2077.- Si fueren varias las deudas sujetas a compensación se seguirá, a 

falta de declaración, el orden establecido en el artículo 1974. 

ART. 2078.- El derecho de compensación puede renunciarse, ya expresamente, 

ya por hechos q' (sic) manifiesten de un modo claro la voluntad de hacer la 

renuncia. 

ART. 2079.- El fiador, antes de ser demandado por el acreedor, no puede oponer 

a éste la compensación de crédito que contra él tenga, con la deuda del deudor 

principal 

ART. 2080.- El fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor deba al 

deudor principal, pero éste no puede oponer la compensación de lo que el 

acreedor deba al fiador. 

ART. 2081.- El deudor solidario no puede exigir compensación con la deuda del 

acreedor a sus condeudores (sic). 

ART. 2082.- El deudor que hubiere consentido la cesión hecha por el acreedor en 

favor de un tercero, no podrá oponer al cesionario la compensación que podría 

oponer al cedente. 

ART. 2083.- Si el acreedor dió conocimiento de la cesión al deudor y éste no 

consintió en ella, podrá oponer al cesionario la compensación de los créditos, que 

tuviere contra el cedente y que fueren anteriores a la cesión. 

ART. 2084.- Si la cesión se realizare sin consentimiento del deudor, podrá éste 

oponer la compensación de los créditos anteriores a ella, y a la de los posteriores, 

hasta la fecha en que hubiere tenido conocimiento de la cesión. 

ART. 2085.- Las deudas pagaderas en diferentes lugares, pueden compensarse 

mediante indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar del pago. 

ART. 2086.- La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos 

de tercero legítimamente adquiridos. 

CAPITULO II. 

De la confusión de derechos.

ART. 2087.- La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de 

acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la 

confusión cesa. 

ART. 2088.- La confusión que se verifica en la persona del acreedor o deudor 

solidario, sólo produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda. 

ART. 2089.- Mientras se hace la partición de una herencia, no hay confusión 

cuando el deudor hereda al acreedor o éste a aquél. 

CAPITULO III. 

De la remisión de la deuda. 

ART. 2090.- Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte, 

las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo 

prohíbe. 

ART. 2091.- La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones 

accesorias, pero la de éstas dejan subsistente la primera. 

ART. 2092.- Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido 

solamente a alguno de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no 

aprovecha a los otros. 

ART. 2093.- La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho 

a la misma prenda, si el acreedor no prueba lo contrario. 

CAPITULO IV. 

De la novación. 

ART. 2094.- Hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo 

alteran substancialmente sustituyendo una obligación nueva a la antigua. 

ART. 2095.- La novación es un contrato, y como tal, está sujeta a las 

disposiciones respectivas, salvo las modificaciones siguientes. 

ART. 2096.- La novación nunca se presume, debe constar expresamente. 

ART. 2097.- Aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición 

suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de 

aquella, si así se hubiere estipulado.

ART. 2098.- Si la primera obligación se hubiere extinguido al tiempo en que se 

contrajera la segunda quedará la novación sin efecto. 

ART. 2099.- La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo 

que la causa de nulidad solamente pueda ser invocada por el deudor, o que la 

ratificación convalide los actos nulos en su origen. 

ART. 2100.- Si la novación fuere nula subsistirá la antigua obligación. 

ART. 2101.- La novación extingue la obligación principal y las obligaciones 

accesorias. El acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de 

las obligaciones accesorias, que entonces pasan a la nueva. 

ART. 2102.- El acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de 

la obligación extinguida, si los bienes hipotecarios o empeñados pertenecieren a 

terceros que no hubieren tenido parte en la novación. Tampoco puede reservarse 

la fianza sin consentimiento del fiador. 

ART. 2103.- Cuando la novación se efectúe entre el acreedor y algún deudor 

solidario, los privilegios o hipotecas del antiguo crédito sólo pueden quedar 

reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación. 

ART. 2104.- Por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los deudores 

solidarios, quedan exonerados todos los demás condeudores (sic), sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 1880. 

TITULO SEXTO. 

De la inexistencia y de la nulidad. 

ART. 2105.- El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto 

que pueda ser materia de él no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de 

valer por confirmación, ni por precripción (sic); su inexistencia puede invocarse por 

todo interesado. 

ART. 2106.- La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su 

nulidad, ya absoluta ya relativa, según lo disponga la ley. 

ART. 2107.- La nulidad absoluta por regla Gral. no impide que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente 

cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo 

interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. 

ART. 2108.- La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres 

enumerados en el artículo anterior, siempre permite que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos.

ART. 2109.- La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos 

solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión, y la incapacidad de 

cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. 

ART. 2110.- La acción y la excepción de nulidad por falta de forma competen a 

todos los interesados. 

ART. 2111.- La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, 

sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha 

perjudicado por la lesión o por falta de forma establecida por la ley, se ex es (sic) 

el incapaz. 

ART. 2112.- La nulidad de un acto jurídico tingue (sic) por la confirmación de ese 

acto hecho en la forma omitida. 

ART. 2113.- Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de 

las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un 

acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue 

en la forma prescrita por la ley. 

ART. 2114.- Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede 

ser confirmado cuando cesa el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra 

otra causa que invalide la confirmación. 

ART. 2115.- El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación o por 

cualquier otro modo se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad. 

ART. 2116.- La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo, 

pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero. 

ART. 2117.- La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede 

intentarse en los plazos establecidos en el artículo 632. Si el error se conoce antes 

de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los sesenta días, 

contados desde que el error fué conocido. 

ART. 2118.- La acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia, 

prescribe a los seis meses contados desde que cese ese vicio del consentimiento. 

ART. 2119.- El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si 

las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se 

demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera. 

ART. 2120.- La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo 

que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado.

ART. 2121.- Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consisten 

ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la 

restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de 

nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre 

sí. 

ART. 2122.- Mientras que uno de los contratantes no cumpla con la devolución de 

equello (sic) que en virtud de la declaración del contrato está obligado, no puede 

ser compelido el otro que cumpla por su parte. 

ART. 2123.- Todos los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre 

un inmueble, por una persona que ha llegado a ser propietaria de él en virtud del 

acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamadas directamente del 

poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripción, observándose lo 

dispuesto para los terceros adquirentes de buena fé. 

PARTE SEGUNDA. 

De las diversas especies de contrato. 


De los contratos preparatorios. La pormesa (sic). 

ART. 2124.- Puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un 

contrato futuro. 

ART. 2125.- La promesa de contratar o sea el contrato preliminar de otro puede 

ser unilateral o bilateral. 

ART. 2126.- La promesa de contrato sólo da origen a obligaciones de hacer, 

consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuedo (sic) con lo ofrecido. 

ART. 2127.- Para que la promesa de contratar sea válida debe constar por escrito, 

contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto 

tiempo. 

ART. 2128.- Si el promitente rehusa firmar los documentos necesarios para dar 

forma legal al contrato concretado, en su rebeldía los firmaré (sic) el juez; salvo el 

caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso a la propiedad de 

tercero de buena fé, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo 

responsable el que la hizo de todos los daños y perjuicios que se hayan originado 

a la otra parte.


De la compra-venta. 

CAPITULO I. 


ART. 2129.- Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a 

transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a 

pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 

ART. 2130.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes 

cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque, la primera no haya 

sido entregada, ni el segundo satisfecho. 

ART. 2131.- Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte 

en el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte en numerario 

sea igual o mayor que la que se pague con el valor de otra cosa. Si al (sic) parte 

en numerario fuere inferior, el contrato será de permuta. 

ART. 2132.- Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre 

en día o lugar determinado o el que fije un tercero. 

ART. 2133.- Fijado el precio por el tercero, no podrá ser rechazado por los 

contratantes, sino de común acuerdo. 

ART. 2134.- Si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el 

contrato sin efecto, salvo convenio en contrario. 

ART. 2135.- El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes. 

ART. 2136.- El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos 

convenidos. A falta de convenio lo deberá pagar al contado. La demora en el pago 

del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la 

cantidad que adeuda. 

ART. 2137.- El precio de frutos y cereales vendidos a plazo a personas no 

comerciantes y para su consumo, no podrá exceder del mayor que esos géneros 

tuvieren en el lugar, en el período corrido desde la entrega hasta el fin de la 

siguiente cosecha. 

ART. 2138.- Las compras de cosas que se acostumbran gustar, pasear (sic) o 

medir, no producirán sus efectos sino después que se hayan gustado, pesado o 

medido los objetos vendidos.

ART. 2139.- Cuando se trate de venta de artícuols (sic) determinados y 

perfectamente conocidos, el contrato podrá hacerse sobre muestras. 

En caso de desavenencia entre los contratantes, dos peritos nombrados uno para 

cada parte, y un tercero, para el caso de discordia, nombrado por estos, 

resolverán sobre la conformidad e inconformidad de los artículos con las muestras 

o calidades que sirvieron de base al contrato. 

ART. 2140.- Si la venta se hizo sólo a la vista y por acervo, aun cuando sea de 

cosas que se suelen contar, pesar o medir, se entenderá realizada luego que los 

contratantes se avengan en el precio y el comprador no podrá pedir la rescisión 

del contrato alegando no haber encontrado en el acervo la cantidad, peso o 

medida que él calculaba. 

ART. 2141.- Habrá lugar a la rescisión si el vendedor presentare el acervo como 

de especie homogénea y ocultare en él especies de inferior clase y calidad de las 

que están a la vista. 

ART. 2142.- Si la venta de uno o más inmuebles se hiciere por precio alzado y sin 

estimar especialmente sus partes o medidas, no habrá lugar a la rescisión, aunque 

en la entrega hubiere falta de exceso. 

ART. 2143.- Las acciones que nacen de los artículos 2140 a 2142 prescriben en 

un año, contado desde el día de la entrega. 

ART. 2144.- Los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, 

salvo convenio en contrario. 

ART. 2145.- Si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas 

personas, se observará lo siguiente: 

ART. 2146.- Si la cosa vendida fuere mueble, prevalecerá la venta primera en 

fecha; si no fuere posible verificar la prioridad de éste, prevalecerá la hecha al que 

se halle en posesión de la cosa. 

ART. 2147.- Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero 

se haya registrado; y si ninguna lo ha sido, se observará lo dispuesto en el artículo 

anterior. 

ART. 2148.- Son nulas las ventas que produzcan la concentración o 

acaparamiento, en una o en pocas manos, de artículos de consumo necesario, y 

que tengan por objeto obtener el alza de los precios de esos artículos. 

ART. 2149.- Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes, hechas al fiado en 

cantinas, no dan derecho para exigir su precio.

CAPITULO II. 

De la materia de la compra-venta. 

ART. 2150.- Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. 

ART. 2151.- La venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los 

daños y perjuicios si procede con dolo o mala fé; debiendo tenerse en cuenta lo 

que se dispone en el título relativo al Registro Público para los adquirentes de 

buena fé. 

ART. 2152.- El contrato quedará revalidado, si antes de que tenga lugar la 

evicción adquiere el vendedor, por cualquier título legítimo, la propiedad de la cosa 

vendida. 

ART. 2153.- La venta de cosa o derechos litigiosos no está prohibida; pero el 

vendedor que no declare la circunstancia de hallarse la cosa en litigio; es 

responsable de los daños y perjuicios si el comprador sufre la evicción, quedando 

además, sujeto a las penas respectivas. 

ART. 2154.- Tratándose de la venta de determinados bienes, como los 

pertenecientes a incapacitados, los de propiedad pública, los empeñados o 

hipotecados, etc., deben observarse los requisitos exigidos por la ley para que la 

venta sea perfecta. 

CAPITULO III. 

De los que pueden vender y comprar. 

ART. 2155.- Los extranjeros y las personas morales no pueden comprar bienes 

raíces, sino sujetándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes reglamentarias. 

ART. 2156.- Los consortes no pueden celebrar entre sí el contrato de compraventa, 

sino de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 170. 

ART. 2157.- Los magistrados, los jueces, el Ministerio Público, los defensores 

oficiales, los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los 

bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser 

cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes. 

ART. 2158.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior, la venta o cesión 

de acciones hereditarias, cuando sean coherederas las personas mencionadas, o 

de derecho a que estén afectos bienes de su propiedad.

ART. 2159.- Los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden vender a sus 

padres los bienes comprendidos en la primera clase de las mencionadas en el 

artículo 423. 

ART. 2160.- Los propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte 

respectiva a extraños, sino cumpliendo lo dispuesto en los artículos 959 y 960. 

ART. 2161.- No pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se 

hallen encargados: 

I.- Los tutores y curadores; 

II.- Los mandatarios; 

III.- Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de 

intestado; 

IV.- Los interventores nombrados por el testador o por los herederos; 

V.- Los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia; 

VI.- Los empleados públicos. 

ART. 2162.- Los peritos y los corredores no pueden comprar los bienes en cuya 

venta han intervenido. 

ART. 2163.- Las compras hechas en contravención a lo dispuesto en este 

Capítulo, serán nulas, ya se hayan hecho directamente o por interpósita persona. 

CAPITULO IV. 

De las obligaciones del vendedor. 

ART. 2164.- El vendedor está obligado: 

I.- A entregar al comprador la cosa vendida; 

II.- A garantizar las calidades de la cosa; 

III.- A prestar la evicción. 

CAPITULO V. 

De la entrega ed (sic) la cosa vendida.

ART. 2165.- La entrega puede ser real, jurídica o virtual. 

La entrega real consiste en la entrega material de la cosa vendida, o en la entrega 

del título si se trata de un derecho. 

Hay entrega jurídica cuando, aun sin estar entregada materialmente la cosa, la ley 

la considera recibida por el comprador. 

Desde el momento en que el comprador acepte que la cosa vendida queda a su 

disposición, se tendrá por virtualmente recibido de ella, y el vendedor que la 

conserve en su poder sólo tendrá los derechos y obligaciones de un depositario. 

ART. 2166.- Los gastos de la entrega de la cosa vendida son de cuenta del 

vendedor, y los de su transporte o traslación, de carga del comprador, salvo 


ART. 2167.- El vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida, si el 

comprador no ha pagado el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un 

plazo para el pago. 

ART. 2168.- Tampoco está obligado a la entrega, aunque haya concedido un 

término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador se 

halla en estado de insolvencia, de suerte que el vendedor corra inminente riesgo 

de perder el precio, a no ser que el comprador le dé fianza de pagar al plazo 

convenido. 

ART. 2169.- El vendedor debe entregar la cosa vendida en el estado en que se 

halla al perfeccionarse el contrato. 

ART. 2170.- Debe también el vendedor entregar todos los frutos producidos desde 

que se perfeccione la venta, y los rendimientos, acciones y títulos de la cosa. 

ART. 2171.- Si en la venta de un inmueble se han designado los linderos, el 

vendedor estará obligado a entregar todo lo que dentro de ellos se comprenda, 

aunque haya exceso o disminución en las medidas expresadas en el contrato. 

ART. 2172.- La entrega de la cosa vendida debe hacerse en el lugar convenido, y 

si no hubiere lugar designado en el contrato, en el lugar en que se encontraba la 

cosa en la época en que se vendió. 

ART. 2173.- Si el comprador se constituyó en mora de recibir, abonará al 

vendedor el alquiler de las bodegas, graneros o vasijas en que se contenga lo 

vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la 

cosa, y solamente será responsable del dolo o de la culpa grave. 

CAPITULO VI.

De las obligaciones del comprador. 

ART. 2174.- El comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado, y 

especialmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. 

ART. 2175.- Si no se han fijado tiempo y lugar; el pago se hará en el tiempo y 

lugar en que se entregue la cosa. 

ART. 2176.- Si ocurre duda sobre cuál de los contratantes debeá (sic) hacer 

primero la entrega, uno y otro harán el depósito en manos de un tercero. 

ART. 2177.- El comprador debe intereses por el tiempo que medie entre la entrega 

de la cosa y el pago del precio en los tes (sic) casos siguientes: 

I.- Si así se hubiere convenido; 

II.- Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta; 

III.- Si se hubiere constituído en mora con arreglo a los artículos 1985 y 1986. 

ART. 2178.- En las ventas a plazo, sin estipular intereses, no los debe el 

comprador por razón de aquel, aunque entretanto perciba los frutos de la cosa, 

pues el plazo hizo parte del mismo contrato, y debe presumirse que en 

consideración se aumentó el precio de la venta. 

ART. 2179.- Si la concesión del plazo fue posteriormente al contrato, el comprador 

estará obligado a prestar los intereses, salvo convenio en contrario. 

ART. 2180.- Cuando el comprador a plazo o con espera del precio fuere 

perturbado en su posesión derecho (sic), o tuviere justo temor de serlo, podrá 

suspender el pago si aún no lo ha hecho, mientras el vendedor le asegure la 

posesión o le dé fianza, salvo si hay convenio en contrario. 

ART. 2181.- La falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del 

contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo; pero si la cosa ha sido 

enajenada a un tercero, se observará lo dispuesto en los artículos 1831 y 1832. 

CAPITULO VII. 

De algunas modalidades del contrato 

de compra-venta. 

ART. 2182.- Puede pactarse que la cosa com (sic) es nula la cláusula en que se 

estipule que no puede venderse a persona alguna.

ART. 2183.- Queda prohibida la venta con pacto de retroventa, así como la prenda 

de venta de un bien raíz que haya sido objeto de una compra-venta entre los 

mismos contratantes. 

ART. 2184.- Puede estipularse que el vendedor goce del derecho de preferencia 

por el tanto, para el caso de que el comprador quisiere vender la cosa que fué 

objeto del contrato de compra-venta. 

ART. 2185.- El vendedor está obligado a ejercer su derecho de preferencia, dentro 

de tres días, si la cosa fuere mueble, después que el comprador le hubiere hecho 

saber la oferta que tenga por ella, bajo pena de perder su derecho si en ese 

tiempo no lo ejerciere. Si la cosa fuere inmueble tendrá el término de diez días 

para ejercer le (sic) derecho bajo la misma pena. En ambos casos está obligado a 

pagar el precio que el comprador ofreciere, y si no lo pudiere satisfacer, quedará 

sin efecto el pacto de preferencia. 

ART. 2186.- Debe hacerse saber de una manera fehaciente, al que goza del 

derecho de preferencia, lo que ofrezcan por la cosa, y si ésta se vendiere sin dar 

ese aviso, la venta es válida, pero el vendedor responderá de los daños y 

perjuicios causados. 

ART. 2187.- Si se ha concedido un plazo para ferencia no pude prevalerse de este 

término si no pagar el precio, el que tiene el derecho de preda las seguridades 

necesarias de que pagará el precio al expirar el plazo. (sic) 

ART. 2188.- Cuando el objeto sobre que se tiene derecho de preferencia se venda 

en subasta pública, debe hacerse saber al que goza de ese derecho, el día, hora y 

el lugar en que se verificará el remate. 

ART. 2189.- El derecho adquirido por el pacto de preferencia no puede cederse, ni 

pasa a los herederos del que lo disfruta. 

ART. 2190.- Si se venden cosas futuras, tomando el comprador el riesgo de que 

no llegasen a existir, el contrato es aleatorio y se rige por lo dispuesto en el 

capítulo relativo a la compra de esperanza. 

ART. 2191.- La venta que se haga facultando al comprador para que pague el 

precio en abonos, se sujetará a las reglas siguientes: 

I.- Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta de pago de uno 

o de varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá 

efectos contra tercero que hubiere adquirido los bienes de que se trata, siempre 

que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el Registro Público. 

II.- Si se trata de bienes muebles, tales como automóviles, motores, pianos, 

máquinas de coser u otros que sean susceptibles de identificarse de manera 

indubitable, podrá también pactarse la cláusula resolutoria de que habla la fracción

anterior, y esa cláusula producirá efectos contra tercero que haya adquirido los 

bienes, si se inscribió en el Registro Público; 

III.- Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse 

indubitablemente y que, por lo mismo, su venta no pueda registrarse, los 

contratantes podrán pactar la rescisión de la venta por falta de pago del precio, 

pero esa cláusula no producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiere 

adquirido los bienes a que esta fracción se refiere. 

ART. 2192.- Si se rescinde la venta el vendedor y el comprador deben restituirse 

las prestaciones que se hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado 

la cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pago de un 

alquiler o renta se (sic) fijarán peritos, y una indemnización también fijada por 

peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa. 

El comprador que haya pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses 

legales de la cantidad que entregó. 

Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las 

expresadas, serán nulas. 

ART. 2193.- Puede pactarse válidamente que el vendedor se reserva la propiedad 

de la cosa vendida hasta que su precio haya sido pagado. 

Cuando los bienes vendidos son de los mencionados en las fracciones I y II del 

artículo 2191 el pacto de que se trata produce efectos contra tercero, si se inscribe 

en Registro Público; cuando los bienes son de la clase a que se refiere la fracción 

III del artículo que se acaba de citar, se aplicará lo dispuesto en esta fracción. 

ART. 2194.- El vendedor a que se refiere el artículo anterior, mientras no se vence 

el plazo para pagar el precio, no puede enajenar la cosa vendida con la reserva de 

propiedad, y al margen de la respectiva inscripción de venta se hará una anotación 

preventiva en la que se haga constar esa limitación de dominio. 

ART. 2195.- Si el vendedor recoge la cosa vendida porque no le haya sido pagado 

su precio, se aplicará lo que dispone el artículo 2192. 

ART. 2196.- En la venta de que habla el artículo 2193 mientras que no pasa la 

propiedad de la cosa vendida al comprador, si éste recibe la cosa será 

considerado como arrendatario de la misma. 


De la forma del contrato de compra-venta.

ART. 2197.- El contrato de compra-venta no requiere para su validez formalidad 

alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble. 

(REFORMADO, P.O. 4 DE JULIO DE 1982) 

ART. 2198.- La venta de un inmueble que tenga un valor hasta de $40,000.00 

(CUARENTA MIL PESOS), podrá hacerse en instrumento privado que firma el 

vendedor y el comprador ante dos testigos. 

ART. 2199.- Si alguno de los contratantes supiere escribir, firmará a su nombre y a 

su ruego otra persona con capacidad legal, no pudiendo firmar con ese carácter 

ninguno de los testigos, observándose lo dispuesto en el párrafo segundo del 


ART. 2200.- De dicho instrumento se formarán dos originales, uno para el 

comprador y el otro para el Registro Público. 


ART. 2201.- Si el valor del inmueble excede de $40,000.00 (CUARENTA MIL 

PESOS), su venta se hará por medio de escritura pública. 


ART. 2202.- Tratándose de bienes ya inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad y cuyo valor no exceda de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS) 

cuando la venta sea al contado puede hacerse tramitándose el dominio por 

endoso puesto en el Certificado de Propiedad que el Registrador tiene obligación 

de expedir al vendedor a cuyo favor estén inscritos los bienes. El endoso será 

ratificado ante el Registrador que tiene la obligación de cerciorarse de la identidad 

de las partes y de la autenticidad de las firmas y previa comprobación de que 

están cubiertos los impuestos correspondientes a la compra-venta realizada en 

esta forma; hará una nueva inscripción de los vienes (sic) vendidos en favor del 

comprador. 

ART. 2203.- La venta de bienes raíces no producirá efectos contra tercero sino 

después de registrada en los términos prescritos en este Código. 

CAPITULO IX. 

De las ventas Judiciales. 

ART. 2204.- Las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate púbicos (sic), se 

regirán por las disposiciones de este íttulo (sic), en cuanto a la sustancia del 

contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, con las 

modificaciones que se expresan en este Capítulo. En cuanto a los términos y 

condiciones en que hayan de verificarse, se regirán por lo que disponga el Código 

de Procedimientos Civiles.

ART. 2205.- No pueden rematar por sí, ni por interpósita persona, el juez, 

secretario y demás empleados del juzgado, el ejecutado, sus procuradores, 

abogados y fiadores; los albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a 

la sucesión o a los incapacitados, respectivamente, ni los peritos que hayan 

valuado los bienes objeto del remate. 

ART. 2206.- Por regla general, las ventas judiciales se harán en moneda efectiva y 

al contado, y cuando la cosa fuere inmueble, pasará el comprador libre de todo 

gravamen, a menos de estipulación expresa en contrario, a cuyo efecto el juez 

mandará hacer la cancelación o cancelaciones respectivas, en los términos que 

disponga el Código de Procedimientos Civiles. 

ART. 2207.- En las enajenaciones judiciales que hayan de verificarse para dividir 

cosa común, se observará lo dispuesto para la partición entre herederos. 


De la permuta. 

ART. 2208.- La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se 

obliga a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 

2131. 

ART. 2209.- Si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le da en 

permuta y acredita que no era propia del que la dió, no puede ser obligado a 

entregar la que él ofreció en cambio, y cumple con devolver la que recibió. 

ART. 2210.- El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió en cambio, 

podrá reivindicar la que dió si se haya aún en poder del otro permutante, o exigir 

su valor o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio con el pago de 


ART. 2211.- Lo dispuesto en el artículo anterior no perjudica los derechos que a 

título oneroso haya adquirido un tercero de buena fé sobre la cosa que reclame el 

que sufrió la evicción. 

ART. 2212.- Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato 

las reglas de compra-venta en cuanto no se opongan los artículos anteriores. 


De las donaciones. 

CAPITULO I.

De las donaciones en general. 

ART. 2213.- Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes. 

ART. 2214.- La donación no puede comprender los bienes futuros. 

ART. 2215.- La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. 

ART. 2216.- Pura es la donación que se otorga en términos absolutos, y 

condicional la que depende de algún acontecimiento incierto. 

ART. 2217.- Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos 

gravámenes, y remunetaria (sic) la que se hace en atención a servicios recibidos 

por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. 

ART. 2218.- Cuando la donación sea onerosa, sólo se considera donado el exceso 

que hubiere en el precio de la cosa, deducidas de él las cargas. 

ART. 2219.- Las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no pueden 

revocarse sino en los casos declarados en la ley. 

ART. 2220.- Las donaciones que se hagan para después de la muerte del 

donante, se regirán por las disposiciones relativas del Libro Tercero; y las que se 

hagan entre consortes por lo dispuesto en el Capítulo VIII, Título V del Libro 

Primero. 

ART. 2221.- La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace 

saber la aceptación del donador. 

ART. 2222.- La donación puede hacerse verbalmente o por escrito. 

ART. 2223.- No pude (sic) hacerse donación verbal más que de bienes muebles. 

ART. 2224.- La donación verbal sólo producirá efectos legales cuando el valor de 

los muebles no pase de doscientos pesos. 

ART. 2225.- Si el valor de los muebles excede de doscientos pesos, pero no de 

cinco mil, la donación debe hacerse por escrito. 

Si excede de cinco mil pesos, la donación se reducirá a escritura pública. 

ART. 2226.- La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su 

venta exija la ley.

ART. 2227.- La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que 

éstas deben hacerse, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante. 

ART. 2228.- Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del 

donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir 

según sus circunstancias. 

ART. 2229.- Las donaciones serán inoficiosas en cuanto perjudicquen (sic) la 

obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los 

debe conforme a la ley. 

ART. 2230.- Si el que hace donación general de todos sus bienes se reserva 

algunos para testar, sin otra declaración, se entenderá reservada la mitad de los 

bienes donados. 

ART. 2231.- La donación hecha a varias personas conjuntamente, no produce a 

favor de éstas el derecho de acrecer, si no es que el donante lo haya establecido 

de un modo expreso. 

ART. 2232.- El donante sólo es responsable de la evicción de la cosa donada que 

expresamente se obligó a prestarla. 

ART. 2233.- No obstante lo dispuesto en el artículo que precede el donatario 

queda subrogado en todos los derechos del donante si se verifica la evicción. 

ART. 2234.- Si la odnación (sic) se hace con la carga de pagar las deudas del 

donante, sólo se entenderán comprendidas las que existan con fecha auténtica al 

tiempo de la donación. 

ART. 2235.- Si la donación fuere de ciertos y determinados bienes, el donatario no 

responderá de las deudas del donante sino cuando sobre los bienes donados 

estuviere constituída alguna hipoteca o prenda, o caso de fraude en perjuicio de 

los acreedores. 

ART. 2236.- Si la donación fuere de todos los bienes, el donatario será 

responsable de todas las deudas del donante anteriormente contraídas, pero sólo 

hasta la cantidad concurrente con los bienes donados y siempre que las deudas 

tengan fecha auténtica. 

ART. 2237.- Salvo que el donador dispusiere otra cosa, las donaciones que 

consisten en prestaciones periódicas se extinguen con la muerte del donante. 

CAPITULO II. 

De las personas que pueden recibir donaciones.

ART. 2238.- Los no nacidos pueden adquiri (sic) por donación, con tal que hayan 

estado concebidos al tiempo en que aquella se hizo y sean viables conforme a lo 


ART. 2239.- Las donaciones hechas simulando otro contrato a personas que 

conforme a la ley no pueden recibirlas, son nulas, ya se hagan de un modo 

directo, ya por interpósita persona. 

CAPITULO III. 

De la revocación y reducción de las donaciones. 

ART. 2240.- Las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de 

otorgarlas no tenía hijos, pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan 

sobrevenido hijos que han nacido con todas las condiciones que sobre viabilidad 

exige el artículo 332. 

Si transcurren cinco años desde que se hizo la donación y el donante no ha tenido 

hijos o habiéndolos tenido no ha revocado la donación, ésta se volverá 

irrevocable. Lo mismo sucede si el donante mueve (sic) dentro de ese plazo de 

cinco años sin haber revocado la donación. Si dentro del menciando (sic) plazo 

naciere un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su 

totalidad. 

ART. 2241.- Si en el primer caso del artículo anterior el padre no hubiere revocado 

la donación, ésta deberá reducirse cuando se encuentre comprendida en la 

dispisición (sic) del artículo 2229 a no ser que el donatario tome sobre sí la 

obligación de ministrar alimentos y la garantice debidamente. 

ART. 2242.- La donación no podrá ser revocada por superveniencia de hijos: 

I.- Cuando sea menor de doscientos pesos; 

II.- Cuando sea antenupcial; 

III.- Cuando sea entre consortes; 

IV.- Cuando sea puramente remuneratoria. 

ART. 2243.- Rescindida la donación por superveniencia de hijos, serán restituídos 

al donante los bienes donados, o su valor si han sido enajenados antes del 

nacimiento de los hijos. 

ART. 2244.- Si el donatario hubiere hipotecado los bienes donados, subsistirá la 

hipoteca, pero tendrá derecho el donante de exigir que aquel la redima. Esto

mismo tendrá lugar tratándose de un usufructo o servidumbre impuestos por el 

donatario. 

ART. 2245.- Cuando los bienes no puedan ser restituídos en especie el valor 

exigible será el que tenían aquellos al tiempo de la donación. 

ART. 2246.- El donatario hace suyos los frutos de los bienes donados hasta el día 

en que se le notifique la revocación o hasta el día del nacimiento del hijo póstumo 

en su caso. 

ART. 2247.- El donante no puede renunciar anticipadamente el derecho de 

revocación por superveniencia de hijos. 

ART. 2248.- La acción de revocación por superveniencia de hijos corresponde 

exclusivamente al donante y al hijo póstumo, pero la reducción por razón de 

alimentos tienen derecho de pedirla todos los que sean acreedores alimentistas. 

ART. 2249.- El donatario responde solo del cumplimiento de las cargas que se le 

imponen con la cosa donada, y no está obligado personalmente con sus bienes. 

Puede sustraerse a la ejecución de las cargas, abandonando la cosa donada, y si 

ésta perece por caso fortuito, queda libre de toda obligación. 

ART. 2250.- En cualquier caso de rescisión o revocación del contrato de donación 

se observará lo dispuesto en los artículos 2243 y 2244. 


ART. 2251.- La donación puede ser revocada por ingratitud, en cualquier tiempo y 

sin que sea aplicable el artículo 2240, en los siguientes casos: 

I.- Si el donatario comete algún acto o delito contra la persona, honra o los bienes 

del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste; 

II.- Si el donatario rehusa socorrer, según el valor de la donación, al donante que 

ha venido a pobreza. 

ART. 2252.- Es aplicable a la revocación de las donaciones hechas por ingratitud 

lo dispuesto en los artículos del 2242 al 2245. 

ART. 2253.- La acción de revocación por causa de ingratitud no puede ser 

renunciada anticipadamente y prescribe dentro de un año, conta (sic). 

ART. 2254.- Esta acción no podrá ejecutarse contra los herederos del donatario a 

no ser que en vida de éste hubiese sido intentada. 

ART. 2255.- Tampoco puede esta acción ejercitarse por los herederos del donante 

si éste, pudiendo, no lo hubiese intentado.

ART. 2256.- Las donaciones inoficiosas no serán revocadas ni reducidas, cuando 

muerto el donante, el donatario tome sobre sí la obligación de ministrar los 

alimentos debidos y la garantice conforme a derecho. 

ART. 2257.- La reducción de las donaciones comenzará por la última en fecha, 

que será totalmente suprimida si la reducción no bastare a completar los 

alimentos. 

ART. 2258.- Si el importe de la donación menos antigua no alcanzare, se 

procederá respecto de la anterior, en los términos establecidos en el artículo que 

precede, siguiéndose el mismo orden hasta llegar a la más antigua. 

ART. 2259.- Habiendo diversas donaciones otorgadas en el mismo acto o en la 

misma fecha, se hará la reducción entre ellas a prorrata. 

ART. 2260.- Si la donación consiste en bienes muebles, se tendrá presente para la 

reducción el valor que tenían al tiempo de ser donados. 

ART. 2261.- Cuando la donación consiste en bienes raíces que fueren 

cómodamente divisibles, la reducción se hará en especie. 

ART. 2262.- Cuando el inmueble no puede ser dividido y el importe de la 

reducción exceda de la mitad del valor de aquel, recibirá el donatario el resto en 

dinero. 

ART. 2263.- Cuando la reducción no exceda de la mitad del valor del inmueble, el 

donatario pagará el resto. 

ART. 2264.- Revocada o reducida una donación por inoficiosa, el donatario sólo 

responderá de los frutos desde que fuera demandado. 


Del mutuo. 

CAPITULO I. 

Del mutuo simple. 

ART. 2265.- El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir 

la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, 

quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. 

ART. 2266.- Si en el contrato no se ha fijado plazo para la devolución de lo 

prestado se observarán las reglas siguientes:

I.- Si el mutuatario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros 

productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos 

o semejantes frutos o productos; 

II.- Lo mismo se observará respecto de los mutuatarios, que no siendo labradores, 

hayan de percibir frutos semejantes por otro título; 

III.- En los demás casos, la obligación de restituír se rige por lo dispuesto en el 


ART. 2267.- La entrega de la cosa prestada y la restitución de lo prestado se 

harán en lugar convenido. 

ART. 2268.- Cuando no se ha señalado lugar, se observarán las reglas siguientes: 

I.- La cosa prestada se entregará en el lugar donde se encuentre; 

II.- La restitución se hará, si el préstamo consiste en efectos, en el lugar donde se 

recibieron. 

Si consiste en dinero, en el domicilio del deudor; observándose lo dispuesto en el 


ART. 2269.- Si no fuere posible al mutuatario restituír en género, se satisfará 

pagando el valor por la cosa prestada que tenía en el tiempo y lugar en que se 

hizo el préstamo, a juicio de peritos, si no hubiere estipulación en contrario. 

ART. 2270.- Consistiendo el préstamo en dinero pagará el deudor devolviendo una 

cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria y vigente al tiempo de 

hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta que el 

pago debe hacer (sic) en moneda extranjera la alteración que ésta experimenta en 

valor será en daño o beneficio del mutuatario. 

ART. 2271.- El mutuatante es responsable de los perjuicios que sufra el 

mutuatario por la mala calidad y vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los 

defectos y no dió aviso oportuno al mutuatario. 

ART. 2272.- En el caso de haberse pactado que la restitución se hará cuando 

pueda o tenga medios el deudor, se observará lo dispuesto en el artículo 1961. 

ART. 2273.- No se declararán nulas las deudas contraídas por el menor para 

proporcionarse los alimentos que necesite, cuando su representante legítimo se 

encuentre ausente. 

CAPITULO II.

Del mutuo con interés. 

ART. 2274.- No permitiendo (sic) estipular interés por el mutuo, ya consista en 

dinero, ya en géneros. 

ART. 2275.- El interés es legal o convecoinal (sic). 

ART. 2276.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional 

es el que fijen los contratantes y puede ser mayor o menor que el interés legal; 

pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer 

que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del 

deudor, a petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales 

circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tiempo 

(sic) legal. 

ART. 2277.- Si se ha convenido un interés más alto que el legal, el deudor, 

después de seis meses contados desde que se celebró el contrato, puede 

reembolsar el capital cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al 

acreedor con dos meses de anticipación y pagando los intereses vencidos. 

ART. 2278.- Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano 

que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. 

TITULO SEXTO. 

Del arrendamiento. 

CAPITULO I. 


ART. 2279.- Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan 

recíprocamente una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a 

pagar por ese uso o goce un precio cierto. 

El arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a 

habitación, de quince para las fincas destinadas al comercio y de veinte para las 

finas (sic) destinadas al ejercicio de una industria. 

ART. 2280.- La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de 

dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada.

ART. 2281.- Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden 

usarse sin consumirse; excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los 

derechos estrictamente personales. 

ART. 2282.- El que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad 

para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño, ya por 

diosposición (sic) de la ley. 

ART. 2283.- En el primer caso del artículo anterior, la constitución del 

arrendamiento se sujetará a los límites fijados en la autorización, y en el segundo, 

a los que la ley haya fijado a los administradores de bienes ajenos. 

ART. 2284.- No puede arrendar al copropietario de cosa indivisa sin 

consentimiento de los otros propietarios. 

ART. 2285.- Se prohibe a los magistrados, a los jueces y cualquiera otros 

empleados públicos, tomar en arrendamiento por sí o por interpósita persona, los 

bienes que deban arrendarse los negocios en que intervengan. 

ART. 2286.- Se prohibe a los encargados de los establecimientos públicos y a los 

funcionarios y empleados públicos, tomar en arrendamiento los bienes que con los 

expresados caracteres administren. 

ART. 2287.- El arrendamiento debe otorgarse por escrito cuando la renta pase de 

cien pesos anuales. 

ART. 2288.- Si el predio fuere rústico y la renta pasare de cinco mil pesos anuales, 

el contrato se otorgará en escritura pública. 

ART. 2289.- El contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del 

arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. 

ART. 2290.- Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier 

motivo se verificare la transmisión de la propiedad del predio arrendado, el 

arrendamiento subsistirá en los términos del contrato. Respecto al pago de las 

rentas, el arrendatario tendrá obligación de pagar al nuevo propietario la renta 

estipulada en el contrato, desde la fecha en que se le notifique judicial o 

extrajudicialmente ante notario o ante dos testigos haberse otorgado el 

correspondiente título de propiedad, aún cuando alegue haber pagado al primer 

propietario; a no ser que el adelanto de rentas aparezca expresamente estipulado 

en el mismo contrato de arrendamiento. 

ART. 2291.- Si la transmisin (sic) de la propiedad se hiciere por causa de utilidad 

pública, el contrato se rescindirá, pero el arrendador y el arrendatario deberán ser 

indemnizados por el expropiador, conforme a lo que establezca la ley respectiva.

ART. 2292.- Los arrendamientos de bienes del estado, de los municipios, o de 

establecimientos públicos estarán sujetos a las disposiciones del derecho 

administrativo, y en lo que estuvieren, a las disposiciones de este título. 

CAPITULO II. 

De los derechos y obligaciones del arrendador. 

ART. 2293.- El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso: 

I.- A entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en 

estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenio expreso, para aquel 

a que por su misma naturaleza estuviere destinada. 

II.- A conservar la cosa arrendada en el mismo estado, durante el arrendamiento, 

haciendo para ello todas las reparaciones necesarias; 

III.- A no estorbar ni embazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no 

ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables; 

IV.- A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato; 

V.- A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos 

o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento. 

ART. 2294.- La entrega de la cosa se hará en el tiempo convenido; y si no hubiere 

convenio, luego que el arrendador fuere requerido por el arrendatario. 

ART. 2295.- El arrendador no puede, durante el arrendamiento mudar la forma de 

la cosa arrendada, ni intervenir en el uso legítimo de ella, salvo el caso designado 

en la fracción III del artículo 2293. 

ART. 2296.- El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador, 

a la brevedad posible la necesidad de las reparaciones, bajo pena de pagar los 

daños y perjuicios que su omisión cause. 

ART. 2297.- Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias 

para el uso a que esté destinada la cosa, quedará a elección del arrendatario 

rescindir el arrendamiento u ocurrir al juez para que estreche al arrendador al 

cumplimiento de su obligación, mediante el procedimiento rápido que se 

establezca en el Código de Procedimientos Civiles. 

ART. 2298.- El juez, según las instancias del caso, decidirá sobre el pago de los 

daños y perjuicios que se causen al arrendatario por falta de oportunidad en las 

reparaciones.

ART. 2299.- Lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2293 no comprende las vías 

de hecho de terceros que no aleguen derechos sobre la cosa arrendada que 

impidan su uso o goce. El arrendatario en esos casos, sólo tiene acción contra los 

autores de los hechos, y aunque fueren insolventes, no tendrán acción contra el 

arrendador; tampoco comprende los abusos de fuerza. 

ART. 2300.- El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, 

en el más breve término posible, toda usurpación o novedad dañosa que otro haya 

hecho o abiertamente prepare en la cosa arrendada, so pena de pagar los daños y 

perjuicios que cause con su omisión. Lo dispuesto en este artículo no priva al 

arrendatario del derecho de defender, como poseedor, la cosa dada en 

arrendamiento. 

ART. 2301.- Si el arrendador fuere vencido en juicio sobre una parte de la cosa 

arrendada, puede el arrendatario reclamar una disminución en la renta o la 

rescisión del contrato y el pago de los daños y perjuicios que sufra. 

ART. 2302.- El arrendador responde de los vicios o defectos de la cosa arrendada 

que impidan el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido o hubiesen 

sobrevenido en el curso del arrendamiento, sin culpa del arrendatario. Este puede 

pedir la disminución de la renta o la rescisión del contrato, salvo que se pruebe 

que tuvo conocimiento, antes de celebrar el contrato, de los vicios o defectos de la 

cosa arrendada. 

ART. 2303.- Si al terminar el arrendamiento hubiere algún saldo a favor del 

arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga 

algún derecho que ejercitar contra aquél; en este caso depositará judicialmente el 

saldo referido. 

ART. 2304.- Corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el 

arrendatario: 

I.- Si en el contrato o posteriormente lo autorizó para hacerlas y se obligó a 

pagarlas; 

II.- Si se trata de mejoras útiles y por culpa del arrendador se rescindiese el 

contrato; 

III.- Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al 

arrendatario para que hiciera mejoras antes de que transcurra el tiempo necesario 

para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de los 

gastos que hizo, da el arrendador por concluído el arrendamiento. 

ART. 2305.- Las mejoras a que se refieren las fracciones II y III del artículo 

anterior deberán ser pagadas por el arrendador, no obstante que en el contrato se 

hubiere estipulado que las mejoras quedasen a beneficio de la cosa arrendada.

CAPITULO III. 

De los derechos y obligaciones del arrendatario. 

ART. 2306.- El arrendatario está obligado: 

I.- A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos; 

II.- A responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o 

negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios; 

III.- A servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la 

naturaleza y destino de ella. 

ART. 2307.- El arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en 

que reciba la cosa arrendada salvo pacto en contrario. 

ART. 2308.- La renta será pagada en lugar convenido y a falta de convenio en la 

casa habitación o despacho del arrendatario. 

ART. 2309.- Lo dispuesto en el artículo 2303 respecto del arrendador, regirá en su 

caso respecto del arrendatario. 

ART. 2310.- El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el 

día en que entregue la cosa arrendada. 

ART. 2311.- Si el precio del arrendamiento debiere pagarse en frutos y el 

arrendatario no los entregare en el tiempo debido, está obligado a pagar en dinero 

el mayor precio que tuvieren los frutos dentro del tiempo convenido. 

ART. 2312.- Si por caso forutito (sic) o fuerza mayor se impide totalmente al 

arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el 

impedimento, si este dura más de dos meses, podrá pedir la rescisión del contrato. 

ART. 2313.- Si sólo impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir 

la reducción parcial de la renta, a juicio de peritos, a no ser que las partes opten 

por la resición (sic) del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en el 

artículo anterior. 

ART. 2314.- Lo dispuesto en los artículos anteriores no es renunciable. 

ART. 2315.- Si la privación del uso proviene de la evicción del predio, se 

observará lo dispuesto en el artículo 2312 y si el arrendador procedió de mala fé, 

responderá también en los daños y perjuicios.

ART. 2316.- El arrendatario es responsable del incendio, a no ser que provenga 

de caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción. 

ART. 2317.- El arrendatario no responde del incendio que se haya comunicado de 

otra parte, si tomó las precauciones necesarias para evitar que el fuego se 

propagara. 

ART. 2318.- Cuando son varios los arrendatarios y no se sabe donde comenzó el 

incendio todos son responsables proporcionalmente a la renta que paguen, y si el 

arrendador ocupa parte de la finca, también responderá proporcionalmente a la 

renta que a esa parte fijen peritos. Si se prueba que el incendio comenzó en la 

habitación de uno de los inquilinos, solamente éste será el responsable. 

ART. 2319.- Si alguno de los arrendatarios prueba que el fuego no pudo comenzar 

en la parte que ocupa, quedará libre de responsabilidad. 

ART. 2320.- La responsabilidad en los casos de que tratan los artículos anteriores, 

comprende no solamente el pago de los daños y perjuicios sufridos por el 

propietario, sino el de los que se hayan causado a otras personas, siempre que 

provengan directamente del incendio. 

ART. 2321.- El arrendatario que va a establecer en la finca arrendada una 

industria peligrosa, tiene obligación de asegurar dicha finca contra el riego (sic) 

probable que origine el ejercicio de esa industria. 

ART. 2322.- El arrendatario no puede, sin consentimiento expreso del arrendador 

variar la forma de la cosa arrendada; y si lo hace debe, cuando la devuelva, 

restablecerla al estado en que la reciba, siendo, además, responsable de los 


ART. 2323.- Si el arrendatario ha recibido la finca con expresa descripción de las 

partes de que se compone, debe devolverla, al concluir el arrendamiento, tal como 

la recibió, salvo lo que hubiere perecido o se hubiere menoscabado por el tiempo 

o por causa inevitable. 

ART. 2324.- La ley presume que el arrendatario que admitió la cosa arrendada sin 

la descripción expresada en el artículo anterior, la recibió en buen estado, salvo la 

prueba en contrario. 

ART. 2325.- El arrendatario debe hacer las reparaciones de aquellos deterioros de 

poca importancia, que regularmente son causados por las personas que habitan el 

edificio. 

ART. 2326.- El arrendatario que por causa de reparaciones pierde el uso total o 

parcial de la cosa, tiene derecho a no pagar el precio del arrendamiento, a pedir la 

reducción de ese precio o la rescisión del contrato, si la pérdida del uso dura más 

de dos meses en sus respectivos casos.

ART. 2327.- Si la misma cosa se ha dado en arrendamiento separadamente a dos 

o más personas y por el mismo tiempo prevalecerá el arrendamiento primero en 

fecha; si no fuere posible verificar la propiedad de ésta, valdrá el arrendamiento 

del que tiene en su poder la cosa arrendada. 

Si el arrendamiento debe ser inscrito en el Registro, sólo vale el inscrito. 

ART. 2328.- En los arrendamientos que han durado más de cinco años y cuando 

el arrendatario ha hecho mejorar (sic) de importancia en la finca arrendada, tiene 

éste derecho, si está al corriente en el pago de la renta, a que en igualdad de 

condiciones, se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrndamiento d (sic) la 

finca. También gozará del derecho del tanto si el propietario quiere vender la finca 

arrendada, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en los artículos 2185 y 

2186. 

CAPITULO IV. 

Del arrendamiento de las fincas urbanas. 

ART. 2329.- No podrá darse en arrendamiento una localidad que no reúna las 

condiciones de higiene y salubridad exigidas en el Código Sanitario. 

ART. 2330.- El arrendador que no haga las obras que ordene el Departamento de 

Slaubridad (sic) Pública como necesarias para que una localidad sea habitable e 

higiénica es responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por 

esa causa. 

ART. 2331.- El propietario no puede rehusar como fiador a una persona que reúna 

los requisitos exigidos por la ley para que sea fiador. 

Si la renta no excede de veinticinco pesos mensuales es potestativo para el 

arrendatario dar fianza o sustituir esa garantía con el depósito de un mes de renta. 

ART. 2332.- No puede renunciarse anticipadamente al derecho de cobrar la 

indemnización que concede el artículo 2330. 

ART. 2333.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a falta de 

convenio, por meses vencidos. 

CAPITULO V. 

Del arrendamiento de las fincas rústicas.

ART. 2334.- El propietario de un predio rústico debe cultivarlo sin perjuicio de 

dejarlo descansar el tiempo que sea necesario para que no se agote su fertilidad. 

Si no lo cultiva, tiene obligación de darlo en arrendamiento o en aparcería, de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley de tierras ociosas. 

ART. 2335.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a falta de 

convenio, por semestres vencidos. 

ART. 2336.- El arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por 

esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos proveniente de casos 

fortuitos ordinarios; pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos, 

por casos fortuitos extraordinarios. 

Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios: incendio, guerra, peste, inundación 

insólita, langosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y 

que los contratantes no hayan podido razonablemente preveer. 

En estos casos el precio del arrendamiento se rebajarán proporcionalmente al 

monto de las pérdidas sufridas. 

Las disposiciones de este artículo no son renunciables. 

ART. 2337.- En el arrendamiento de predios rústicos por plazo determinado, debe 

el arrendatario en el último año que permanezca en el fundo, permitir a su sucesor 

o al dueño, en su caso, el barbecho de las tierras que tengan desocupadas y en 

las que él no pueda verificar la nueva siembra, así como el uso de los edificios y 

demás medios que fuere necesarios para las labores preparatorias del año 

siguiente. 

ART. 2338.- El permiso a que se refiere el artículo que precede no será obligatorio 

sino en el período y por el tiempo rigurosamente indispensable, conforme a las 

costumbres locales, salvo convenio en contrario. 

ART. 2339.- Terminado el arrendamiento, tendrá a su vez el arrendatario saliente, 

derecho para usar de las tierras y edificios por el tiempo absolutamente 

indispensable para la recolección y aprovechamiento de los frutos pendientes al 

terminar el contrato. 

CAPITULO VI. 

Del arrendamiento de los bienes muebles. 

ART. 2340.- Son aplicables al arrendamiento de bienes muebles las disposiciones 

de este título que sean compatibles con la naturaleza de esos bienes.

ART. 2341.- Si en el contrato no se hubiere fijado plazo, ni se hubiere expresado 

el uso a que la cosa se destina, el arrendatario será libre para devolverla cuando 

quiera, y el arrendador no podrá pedirla sino después de cinco días de celebrado 

el contrato. 

ART. 2342.- Si la cosa se arrendó por año, meses, semanas o días, la renta se 

pagará al vencimiento de cada uno de esos términos salvo convenio en contrario. 

ART. 2343.- Si el contrato se celebra por un término fijo, la renta se pagará al 

vencerse el plazo, salvo convenio en contrario. 

ART. 2344.- Si el arrendatario devuelve la cosa antes del tiempo convenido, 

cuando se ajuste por un solo precio, está obligado a pagarlo íntegro; pero si el 

arrendamiento se ajusta por períodos de tiempo, sólo está obligado a pagar los 

períodos corridos hasta la entrega. 

ART. 2345.- El arrendatario está obligado a pagar la totalidad del precio, cuando 

se hizo el arrendamiento por tiempo fijo y los períodos sólo se pusieron como 

plazos para el pago. 

ART. 2346.- Si se arriendan un edificio o aposento amueblados, se entenderá que 

el arrendamiento de los muebles es por el mismo tiempo que el del edificio o 

aposento, a menos de estipulación en contrario. 

ART. 2347.- Cuando los muebles se alquilaron con separación del edificio, su 

alquiler se regirá por lo dispuesto en este capítulo. 

ART. 2348.- El arrendatario está obligado a hacer las pequeñas reparaciones que 

exija el uso de la cosa dada en arrendamiento. 

ART. 2349.- La pérdida o deterioro de la cosa alquilada, se presume siempre a 

cargo del arrendatario, a menos que él pruebe que sobrevino sin culpa suya, en 

cuyo caso será a cargo del arrendador. 

ART. 2350.- Aún cuando la pérdida o deterioro sobrevengan por caso fortuito, 

serán cargo del arrendatario, si este usó la cosa de un modo no conforme con el 

contrato, y sin cuyo uso no habría sobrevenido el caso fortuito. 

ART. 2351.- El arrendatario está obligado a dar de comer y beber al animal 

durante el tiempo en que lo tiene en su poder, de modo que no se desmejore, y a 

curarle las enfermedades ligras (sic), sin poder cobrar nada al dueño. 

ART. 2352.- Los frutos del animal alquilado pertenecen al dueño, salvo convenio 

en contrario.

ART. 2353.- En caso de muerte de algún animal alquilado, sus despojos serán 

entregados por el arrendatario al dueño, si son de alguna utilidad y es posible el 

transporte. 

ART. 2354.- Cuando se arrienden dos o más animales que forman un todo, como 

una yunta o un tiro, y uno de ellos se inutiliza, se rescinde el arrendamiento, a no 

ser que el dueño quiera dar otro que forme un todo con el que sobrevivió. 

ART. 2355.- El que contrate uno o más animales especificados individualmente, 

que antes de ser entregados al arrendatario se inutilizaren sin culpa del 

arrendador, quedará enteramente libre de la obligación si ha avisado al 

arrendatario inmediatamente después de que se inutilizó el animal; pero si éste se 

ha inutilizado por culpa del arrendador o si no se ha dado el aviso, estará sujeto al 

pago de daños y perjuicios, o a reemplazar al animal, a dección (sic) del 

arrendatario. 

ART. 2356.- En el caso del artículo anterior si en el contrato de alquiler no se trató 

de animal individualmente determinado, si no de un género y número 

determinados, el arrendador está obligado a los daños y perjuicios siempre que se 

falte a la entrega. 

ART. 2357.- Si en el arrendamiento de un predio rústico se incluyere el ganado de 

labranza o de cría existente en él, el arrendatario tendrá, respecto del ganado, los 

mismos derechos y obligaciones que el usufructuario, pero no está obligado a dar 

fianza. 

ART. 2358.- Lo dispuesto en el artículo 2346, es aplicable a los aperos de la finca 

arrendada. 

CAPITULO VII. 

Disposiciones especiales respecto 

a los arrendamientos por tiempo indeterminado. 

ART. 2359.- Todos los arrendamientos, sean de predios rústicos o urbanos, que 

no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a 

voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra parte dado 

en forma indubitable con dos meses de anticipación si el predio es urbano, y con 

un año si es rústico. 

ART. 2360.- Dado el aviso a que se refiere el artículo anterior, el arrendatario del 

predio urbano está obligado a poner cédulas y a mostrar el interior de la casa a los 

que pretendan verla. Respecto de los predios rústicos, se observará lo dispuesto 

en los artículos 2337, 2338 y 2339.


Del subarriendo. 

ART. 2361.- El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni 

en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador; si no (sic) 

hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario, de los daños y 

perjuicios. 

ART. 2362.- Si el subarriendo se hiciere en virtud de la autorización general 

conocida en el contrato, el arrendatario será responsable al arrendador, como si él 

mismo continuara en el uso o goce de la cosa. 

ART. 2363.- Si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial de 

subarriendo, el subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y 

obligaciones del arrendatario, a no ser que por convenio se acuerde otra cosa. 

CAPITULO IX. 

Del modo de terminar el arrendamiento. 

ART. 2364.- El arrendamiento puede terminar: 

I.- Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar 

satisfecho el objeto para que la cosa fué arrendada; 

II.- Por convenio expreso; 

III.- Por nulidad; 

IV.- Por resición (sic); 

V.- Por confusión; 

VI.- Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por cargo (sic) fortuito o 

fuerza mayor. 

VII.- Por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública; 

VIII.- Por evicción de la cosa dada en arrendamiento. 

ART. 2365.- Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en 

el día precisado sin necesidad de desahucio. Si no se ha señalado tiempo, se 

observará lo que disponen los artículos (sic).

ART. 2366.- Vencido un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el inquilino, 

siempre que esté al corriente en el pago de las rentas, a que se le prorrogue hasta 

por un año ese contrato. Podrá el arrendador aumentar hasta un diez por ciento la 

renta anterior, siempre que demuestre que los alquileres en la zona de que se 

trate han sufrido una alza después de que se celebró el contrato de 

arrendamiento. 

Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento, 

los propietarios que quieran habitar la casa o cultivar la finca cuyo arrendamiento 

ha vencido. 

ART. 2367.- Si después de determinado (sic) el arrendamiento y su prórroga, si la 

hubo, continúa el arrendatario sin oposición en el goce y uso del predio, y éste es 

rústico, se entenderá renovado el contrato por otro año. 

ART. 2368.- En el caso del artículo anterior si el predio fuere urbano, el 

arrendamiento continuará por tiempo indefinido, y el arrendatario deberá pagar la 

renta que corresponda al tiempo que exceda al del contrato, con arreglo a lo que 

pagaba. 

ART. 2369.- Cuando haya prórroga en el contrato de arrendamiento, y en los 

casos de que hablan los dos artículos anteriores cesan las obligaciones otorgadas 

por un tercero para la seguridad del arrendamiento, salvo convenio en contrario. 

ART. 2370.- El arrendador puede exigir la rescisión del contrato: 

I.- Por falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos 2333 y 

2335; 

II.- Por usarse la cosa en contravención a lo dispuesto en la fracción III del artículo 

2306; 

III.- Por el subarriendo de la cosa en contravención a lo dispuesto en el artículo 

2361. 

ART. 2371.- En los casos del artículo 2326 el arrendatario podrá rescindir el 

contrato cuando la pérdida del uso fuere total y aún cuando fuese parcial si la 

reparación durare más de dos meses 

ART. 2372.- Si el arrendatario no hiciere uso del derecho que para rescindir el 

contrato le concede el artículo anterior, hecha la reparación continuará en el uso 

de la cosa, pagando la misma renta hasta que termine el plazo del arrendamiento. 

ART. 2373.- Si el arrendador, sin motivo fundado, se opone al subarriendo que 

con derecho pretenda hacer al arrendatario podrá éste pedir la rescisión del 

contrato.

ART. 2374.- Si el usufructuario no manifestó su calidad de tal al hacer el 

arrendamiento y por haberse consolidado la propiedad con el usufructo, exige el 

propietario la desocupación de la finca, tiene el arrendatario derecho paar (sic) 

demandar al arrendador la indemnización de daños y perjuicios. 

ART. 2375.- En el caso del artículo anterior se observará lo que dispone el artículo 

2367, si el predio fuere rústico, y si fuere urbano, lo que previene el artículo 2368. 

ART. 2376.- Si el predio dado en arrendamiento fuere enajenado judicialmente, el 

contrato de arrendamiento subsistirá, a menos que aparezca que se celebró 

dentro de los sesenta días anteriores al secuestro de la finca, en cuyo caso el 

arrendamiento podrá darse por concluído. 

ART. 2377.- En los casos de expropiación y de ejecución judicial, se observará lo 

dispuesto en los artículos 2337, 2338 y 2339. 


Del comodato. 

ART. 2378.- El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se 

obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae 

la obligación de restituirla individualmente. 

ART. 2379.- Cuando el préstamo tuviere por objeto cosas consumibles, sólo será 

comodato si ellas fuesen prestadas como no fungibles, es decir, para ser 

restituídas idénticamente. 

ART. 2380.- Los tutores, curadores y en general todos los administradores de 

bienes ajenos, no podrán dar en comodato, sin autorización especial, los bienes 

confiados a su guarda. 

ART. 2381.- Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un 

tercero el uso de la cosa entregada en comodato. 

ART. 2382.- El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones de la 

cosa prestada. 

ART. 2383.- El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la 

conservación de la cosa, y es responsable de todo deterioro que ella sufra por su 

culpa. 

ART. 2384.- Si el deterioro es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en 

su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor anterior de ella, abandonando 

su propiedad al comodatario.

ART. 2385.- El comodatario responde de la pérdida de la cosa si la emplea en uso 

diverso o por más tiempo del convenido, aún cuando aquella sobrevenga por caso 

fortuito. 

ART. 2386.- Si la cosa perece por caso fortuito, de que el comodatario haya 

podido garantizarla empleando la suya propia, o si no pudiendo conservar más 

que una de las dos, ha preferido la suya, responde de la pérdida de la otra. 

ART. 2387.- Si la cosa ha sido estimada al prestarla, su pérdida, aún cuando 

sobrevenga por caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar 

el precio, si no hay convenio expreso en contrario. 

ART. 2388.- Si la cosa se deteriora por el solo efecto del uso para que fue 

prestada, y sin culpa del comodatario, no es éste responsable del deterioro. 

ART. 2389.- El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos 

ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación de la cosa prestada. 

ART. 2390.- Tampoco tiene derecho el comodatario para retener la cosa a 

pretexto de lo que por expensas o por cualquiera otra causa le deba el dueño. 

ART. 2391.- Siendo dos o más los comodatarios, están sujetos solidariamente a 

las mismas obligaciones. 

ART. 2392.- Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo el comodante 

podrá exigir la cosa cuando le pareciere. En este caso la prueba de haber 

convenido uso o plazo, incumbe al comodatario. 

ART. 2393.- El comodante podrá exigir la devolución de la cosa antes de que 

termine el plazo o uso convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente de ella, 

probando que hay peligro de que ésta perezca si continúa en poder del 

comodatario, o si éste ha autorizado a un tercero a servirse de la cosa, sin 

consentimiento del comodante. 

ART. 2394.- Si durante el préstamo el comodatario ha tenido que hacer, para la 

conservación de la cosa algún gasto extraordinario y de tal manera urgente que no 

haya podido dar aviso de él al comodante, éste tendrá obligación de reembolsarlo. 

ART. 2395.- Cuando la cosa prestada tiene defectos tales que causen perjuicios, 

al que se sirva de ella, el comodante es responsable de éste, si conocía los 

defectos y no dió aviso oportuno al comodatario. 

ART. 2396.- El comodato termina por la muerte del comodatario. 

TITULO OCTAVO.

Del depósito y del secuestro. 

CAPITULO I. 

Del depósito. 

ART. 2397.- El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el 

depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquel le confía, y a 

guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. 

ART. 2398.- Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir 

retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y, en su 

defecto a los usos del lugar en que se constituya el depósito. 

ART. 2399.- Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que 

devengan intereses, quedan obligados a realizar el cobro de éstos en las épocas 

de su vencimiento, así como también a practicar cuantos actos sean necesarios 

para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que les 

correspondan con arreglo a las leyes. 

ART. 2400.- La incapacidad de uno de los contratantes no exime al otro de las 

obligaciones a que están sujetos el que deposita (sic) el depositario. 

ART. 2401.- El incapaz que acepte el depósito, puede, si se le demanda por daños 

y perjuicios, oponer como excepción la nulidad del contrato; más no podrá 

eximirse de restituir la cosa depositada si se conserva aún en su poder, o el 

provecho que hubiere recibido de su enajenación. 

ART. 2402.- Cuando la incapacidad no fuere absoluta, podrá el depositario ser 

condenado al pago de daños y perjuicios, si hubiere procedido con dolo o mala fe. 

ART. 2403.- El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito, 

según la reciba y a devolverla cuando el depositario se lo pida, aunque al 

constituirse el depósito se hubiere fijado plazo y éste no hubiere llegado. 

En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, 

daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o 

negligencia. 

ART. 2404.- Si después de constituído el depósito tiene conocimiento el 

depositario de que la cosa es robada y de quien es el verdadero dueño, debe dar 

aviso a éste o a la autoridad competente con la reserva debida. 

ART. 2405.- Si dentro de ocho días no se le manda judicialmente retener o 

entregar la cosa, puede devolverla al que la depositó, sin que por ello quede sujeto 

a responsabilidad alguna.

ART. 2406.- Siendo varios los que den una sola cosa o cantidad en depósito, no 

podrá el depositario entregarla sino con previo consentimiento de la mayoría de 

los depositantes, computando por cantidades y no por personas, a no ser que al 

constituirse el depósito se haya convenido que la entrega se haga a cualquiera de 

los depositantes. 

ART. 2407.- El depositario entregará a cada depositante una parte de la cosa, si al 

constituirse el depósito se señaló la que a cada uno correspondía. 

ART. 2408.- Si no hubiere lugar designado para la entrega del depósito, la 

devolución se hará en el lugar donde se haya la cosa depositada. Los gastos de 

entrega serán de cuenta del depositante. 

ART. 2409.- El depositario no está obligado a entregar la cosa cuando 

judicialmente se haya mandado retener o embargar. 

ART. 2410.- El depositario puede, por justa causa, devolver la cosa antes del 

plazo convenido. 

ART. 2411.- Cuando el depositario descubra o pruebe que es suya la cosa 

depositada, y el depositante insista en sostener sus derechos, debe ocurrir al juez 

pidiéndole orden para retenerla o para depositarla judicialmente. 

ART. 2412.- Cuando no se ha estipulado tiempo, el depositario puede devolver el 

depósito al depositante cuando quiera, siempre que le avise con una prudente 

anticipación, si se necestia (sic) preparar algo para la guarda de la cosa. 

ART. 2413.- El depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los 

gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por 

él haya sufrido. 

ART. 2414.- El depositario no puede retener la cosa, aun cuando al pedírsela no 

haya recibido el importe de las expensas a que se refiere el artículo anterior; pero 

sí podrá, en este caso si el pago no se lo asegura, pedir judicialmente la retención 

del depósito. 

ART. 2415.- Tampoco puede retener la cosa como prenda que garantice otro 

crédito que tenga contra el depositante. 

ART. 2416.- Los dueños de establecimientos donde se reciben huéspedes, son 

responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos introducidos en el 

establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados autorizados por las 

personas que ahí se alojan; a menos que prueben que el daño sufrido es 

imputable a estas personas, a sus acompañantes, a sus servidores o a los que los 

visiten, o que proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de los mismos 

efectos.

La responsabilidad de que habla este artículo no excederá de la suma de 

doscientos cincuenta pesos, cuando no se puede imputar culpa al hostelero o a su 

personal. 

ART. 2417.- Para que los dueños de establecimientos donde se reciben 

huéspedes sean responsables del dinero, valores u objetos de precio 

notoriamente elevada (sic) que introduzcan en esos establecimientos las personas 

que ahí se alojan, es necesario que sean entregados en depósito a ellos o a sus 

empleados debidamente autorizados. 

ART. 2418.- El posadero no se exime de la responsabilidad que le imponen los 

dos artículos anteriores por avisos que ponga en su establecimeinto (sic) para 

eludirla. Cualquier pacto que celebre, limitando o modificando esa responsabilidad, 

será nulo. 

ART. 2419.- Las fondas, cafés, casas de baño y otros establecimientos 

semejantes no responden de los efectos que introduzcan los parroquianos, a 

menos que los pongan bajo el cuidado de los empleados del establecimiento. 

CAPITULO II. 

Del secuestro. 

ART. 2420.- El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un 

tercero, hasta que se decida a quien debe entregarse. 

ART. 2421.- El secuestro es convencional o judicial. 

ART. 2422.- El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan 

la cosa litigiosa en poder de un tercero que se obliga a entregarla, concluído el 

pleito, al que conforme a la sentencia tenga derecho a ella. 

ART. 2423.- El encargado del secuestro convencional no puede liberarse de él 

antes de la terminación del pleito sino consintiendo en ello todas las partes 

interesadas o por una causa que el juez declare legítima. 

ART. 2424.- Fuera de las excepciones acabadas de mencionar, rigen para el 

secuestro convencional las mismas disposiciones que para el depósito. 

ART. 2425.- Secuestro judicial es el que se constituye por decreto del juez. 

ART. 2426.- El secuestro judicial se rige por las disposiciones del Código de 

Procedimientos Civiles y, en su defecto, por las mismas del secuestro 

convencional.

TITULO NOVENO. 

Del mandato. 

CAPITULO I. 


ART. 2427.- El mandato es un contrato por el que se obliga a ejecutar por cuenta 

del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. 

ART. 2428.- El contrato del mandato se reputa perfecto por la aceptación del 

mandatario. 

El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando 

es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profseión (sic), 

por el solo hecho de que no lo rehusen dentro de los tres días siguientes. 

La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en 

ejecución de un mandato. 

ART. 2429.- Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la 

ley no exige la intervención personal del interesado. 

ART. 2430.- Solamente será gratuito el mandato cuando así se haya convenido 

expresamente. 

ART. 2431.- El mandato puede ser escrito o verbal. 

ART. 2432.- El mandato escrito puede otorgarse: 

I.- En escritura pública; 

II.- En escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos, y ratificadas las 

firmas ante notario público, Juez de Primera Instancia, jueces menores o 

municipales o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo, 

cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos; 

III.- En carta poder sin ratificación de firmas. 

ART. 2433.- El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes, hayan o 

no intervenido testigos. 

Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito antes de que 

concluya el negocio para que se dio.

ART. 2434.- El mandato puede ser general o especial. Son generales los 

contenidos en los tres primeros párrafos del artículo 2435. Cualquiera otro 

mandato tendrá el carácter de especial. 

ART. 2435.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que 

se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que 

requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos 

sin limitación alguna. 

En los poderes generales, para administrar bienes, bastará expresar que se dan 

con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades 

administrativas. 

En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con 

ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades del dueño, tanto en 

lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de 

defenderlos. 

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades 

de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán 

especiales. 

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que 

otorguen. 

ART. 2436.- El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder 

firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante 

notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes: 

I.- Cuando sea general; 

II.- Cuando el interés del negocio para que se confiere llega a cinco mil pesos o 

exceda de esa cantidad; 

III.- Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del 

mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público. 

ART. 2437.- El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos 

testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el 

interés del negocio para que se confiere exceda de doscientos pesos y no llegue a 

cinco mil 

Sólo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de 

doscientos pesos.

ART. 2438.- La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que 

preceden, anula el mandato, y sólo deja subsistentes las obligaciones contraídas 

entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandatario, como si éste 

hubiese obrado en negocio propio. 

ART. 2439.- Si el mandante, el mandatario y el que haya tratado con éste, 

proceden de mala fe, ninguno de ellos tendrá derecho de hacer valer la falta de 

forma del mandato. 

ART. 2440.- En el caso del artículo 2438 podrá el mandante exigir del mandatario 

la devolución de las sumas que le haya entregado, y respecto de las cuales será 

considerado el último como simple depositario. 

ART. 2441.- El mandatario, salvo convenio celebrado entre él y el mandante, 

podrá desempeñar el mandato tratando en su propio nombre o en el del 

mandante. 

ART. 2442.- Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no 

tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas 

tampoco contra el mandante. 

En este caso, el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona 

con quien ha contratado, como si el asunto fuere personal suyo. Exceptúase el 

caso en que se trate de cosas propias del mandante. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre 

mandante y mandatario. 

CAPITULO II. 

De las obligaciones del mandatario 

con respecto al mandante. 

ART. 2443.- El mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las 

instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra 

disposiciones expresas del mismo. 

ART. 2444.- En lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá 

el mandatario consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no 

fuere posible la consulta o estuviere el mandatario autorizado para obrar a su 

arbitrio, hará lo que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio. 

ART. 2445.- Si un accidente imprevisto hiciere, a juicio del mandatario, perjudicial 

la ejecición (sic) de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumplimiento 

del mandato, comunicándolo así al mandante por el medio más rápido posible.

ART. 2446.- En las operaciones hechas por el mandatario con violación o con 

exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del mandante, 

de daños y perjuicios, quedará a opción de éste ratificarlas o dejarlas a cargo del 

mandatario. 

ART. 2447.- El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al 

mandante, de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a 

revocar o modificar el encargo. Así mismo debe dársele sin demora de la 

ejecución de dicho encargo. 

ART. 2448.- El mandatario no puede compensar los perjuicios que cause con los 

provechos que por otro motivo haya procurado el mandante. 

ART. 2449.- El mandatario que se exceda de sus facultades, es responsable de 

los daños y perjuicios que cause el mandante y al tercero con quien contrató, si 

éste ignoraba que aquel traspasaba los límites del mandato. 

ART. 2450.- El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su 

administración, conforme al convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, cuando el 

mandante lo pida, y en todo caso al fin del contrato. 

ART. 2451.- El mandatario tiene obligación de entregar al mandante todo lo que 

haya recibido en virtud del poder. 

ART. 2452.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará aún cuando lo que el 

mandatario recibió no fuere debido al mandante. 

ART. 2453.- El mandatario debe pagar los intereses de las sumas que 

pertenezcan al mandante y que haya distraído de su objeto e invertido en 

provecho propio, desde la fecha de inversión; así como los de las cantidades en 

que resulte alcanzado, desde la fecha en que se constituyó en mora. 

ART. 2454.- Si se confiere un mandato a diversas personas respecto de un mismo 

negocio, aunque sea en un solo acto, no quedarán solidariamente obligados si no 

se convino así expresamente. 

ART. 2455.- El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del 

mandato si tiene facultades expresas para ello. 

ART. 2456.- Si se le designó la persona de substituto, no podrá nombrar a otro; si 

no se le designó persona, podrá nombrar a la que quiera, y en este último caso 

solamente será responsable cuando la persona elegida fuere de mala fe o se 

hallase en notoria insolvencia. 

ART. 2457.- El substituto tiene para con el mandante los mismos derechos y 

obligaciones que el mandatario.

CAPITULO III. 

De las obligaciones del mandante 

con relación al mandatario. 

ART. 2458.- El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las 

cantidades necesarias para la ejecución del mandato. 

Si el mandatario las hubiere anticipado debe reembolsarlas al mandante, aunque 

el negocio no haya salido bien, con tal que éste (esté) excento de culpa el 

mandatario. 

El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, a contar desde 

el día en que se hizo el anticipo. 

ART. 2459.- Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los 

daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni 

imprudencia del mismo mandatario. 

ART. 2460.- El mandatario podrá retener en prenda las cosas que con (sic) objeto 

del mandato hasta que el mandante haga la indemnización y reembolso de que 

tratan los dos artículos anteriores. 

ART. 2461.- Si muchas personas hubiesen nombrado a un solo mandatario para 

algún negocio común, le quedan obligadas solidariamente para todos los efectos 

del mandato. 

CAPITULO IV. 

De las obligaciones y derechos del mandante 

y del mandatario con relación a tercero. 

ART. 2462.- El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario 

haya contraído dentro de los límites del mandato. 

ART. 2463.- El mandatario no tendrá acción para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas a nombre del mandante, a no ser que esta facultad se 

haya incluído también en el poder. 

ART. 2464.- Los actos que el mandatario practique a nombre del mandante, pero 

traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos, con relación al mismo 

mandante si no los ratifica tácita o expresamente.

ART. 2465.- El tercero que hubiere contratado con el mandatario que se excedió 

en sus facultades, no tendrá acción contra de éste, si le hubiere dado a conocer 

cuales fueron aquellas y no se hubiere obligado personalmente por el mandante. 

CAPITULO V. 

Del mandato judicial. 

ART. 2466.- No pueden ser procuradores en juicio: 

I.- Los incapacitados; 

II.- Los jueces, magistrados y demás funcionarios y empleados de la 

administración de justicia, en el ejercicio dentro de los límites de su jurisdicción; 

III.- Los empleados de la Hacienda Pública, en cualquiera causa en que puedan 

intervenir de oficio, dentro de los límites de sus respectivos distritos. 

ART. 2467.- El mandato judicial será otorgado en escritura pública, o en escrito 

presentado y ratificado por el otorgante, ante el juez de los autos. Si el juez no 

conoce al otorgante exigirá testigos de identificación. La substitución del mandato 

judicial se hará en la misma forma que su otorgamiento. 

ART. 2468.- El procurador no necesita poder o cláusula especial si no en los 

casos siguientes: 

I.- Para desistirse; 

II.- Para transigir; 

III.- Para comprometer en árbitros; 

IV.- Para absolver y articular posiciones; 

V.- Para hacer cesión de bienes; 

VI.- Para recusar; 

VII.- Para recibir pagos; 

VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la ley. 

Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas d (sic) las 

facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párra (sic). 

ART. 2469.- El procurador, aceptando el poder fo primero del artículo 2435.

está obligado a: (sic) 

I.- A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su cargo 

por alguna de las causas expresadas en el artículo 2746. 

II.- A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tienen 

de que el mandante se los reembolse. 

III.- A practicar, bajo la responsabilidad que este Código impone al mandatario 

cuando sea necesario a la defensa de su poderdante, arreglándose el efecto a las 

instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la 

naturaleza a (sic) índole del litigio. 

ART. 2470.- El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes, 

no puede que renuncie al primero. (sic) 

ART. 2471.- El procurador o abogado que r-e admitir (sic) el del contrario, en el 

mismo juicio, aun vele a la parte contraria los secretos de al (sic) poderdante o 

cliente, o le suministre documentos o datos que lo perjudiquen, será responsable 

de todos los daños y perjuicios, quedando, además sujeto a lo que para estos 

casos dispone el Código Penal. 

ART. 2472.- El procurador que tuviere justo impedimento para desempeñar su 

encargo, no podrá abandonarlo sin sustituir el mandato, teniendo facultades para 

ello o sin avisar a su mandante, para que nombre otra persona. 

ART. 2473.- La representación del procurador cesa además de los casos 

expresados en el artículo 2476: 

I.- Por separarse el poderdante de la acción u oposición que haya formulado; 

II.- Por haber terminado la personalidad del poderdante; 

III.- Por haber transmitido el mandante a otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, 

luego que la transmisión o ocasión (sic) sea debidamente notificada y se haga 

constar en autos; 

IV.- Por hacer el dueño de negocio alguna gestión en el juicio, manifestando que 

revoca el mandato; 

V.- Por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio. 

ART. 2474.- El procurador que ha sustituido un poder, puede revocar la 

substitución si tiene facultades para hacerlo, rigiendo también en este caso, 

respceto (sic) del substituto, lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo anterior.

ART. 2475.- La parte puede rectificar antes de la sentencia que cause ejecutoria, 

lo que el procurador hubiere hecho excediéndose del poder. 

CAPITULO VI. 

De los diversos modos de terminar el mandato. 

ART. 2476.- El mandato termina: 

I.- Por la renuncia del mandatario; 

II.- Por la renuncia del mandatario; (sic) 

III.- Por la muerte del mandato (sic) o del mandatario; 

IV.- Por la interdicción de uno u otro; 

V.- Por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fué 

concedido. 

VI.- En los casos previstos por los artículos 664, 665 y 666. 

ART. 2477.- El mandante puede revocar el mandato cuando y cómo le parezca 

menos en aquellos cazos (sic) en que su otorgamiento se hubiere estipulado como 

una condición en un contrato bilateral, o como un medio para cumplir una 

obligación contraída. 

En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder. 

La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno debe 

indemnizar a la otra de los daños y perjuicios que le cause. 

ART. 2478.- Cuando se ha dado un mandato para tratar con determinada persona, 

el mandante debe notificar a ésta la revocación del mandato, so pena de quedar 

obligado por los actos del mandatario ejecutados después de la revocación 

siempre que haya habido buena fe de parte de esa persona. 

ART. 2479.- El mandante puede eixgir (sic) la devolución del instrumento o escrito 

en que conste el mandato, y todos los documentos relativos al negocio o negocios 

que tuvo a su cargo el mandatario. 

El mandante que descuide exigir los documentos que acrediten los poderes, del 

mandatario, responde de los daños que puedan resultar por esa causa a terceros 

de buena fe.

ART. 2480.- La constitución de un nuevo mandatario para un mismo asunto, 

importa la revocación del primero, desde el día en que se notifique a este el nuevo 

nombramiento. 

ART. 2481.- Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el 

mandatario continuar en la administración, entre tanto los herederos proveen por 

sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún 

perjuicio. 

ART. 2482.- En el caso del artículo anterior, tiene derecho el mandatario para 

pedir al juez se señale un término corto a los herederos a fin de que se presenten 

a encargarse de sus negocios. 

ART. 2483.- Si el mandato termina por muerte del mandatario, deben sus 

herederos dar aviso al mandante y practicar, mientras éste resuelve, solamente 

las diligencias que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio. 

ART. 2484.- El mandatario que renuncie tiene obligación de seguir el negocio 

mientras el mandante no provee a la procuración, si de lo contrario se sigue algún 

perjuicio. 

ART. 2485.- Lo que el mandatario, sabiendo que ha cesado el mandato, hiciere 

con un tercero que ignora el término de la procuración no obliga al mandante, 

fuera del caso previsto en el artículo 2478. 

TITULO DECIMO. 

Del contrato de prestación de servicios. 

CAPITULO I. 

De la prestación de servicios profesionales. 

ART. 2486.- El que presta y el que recibe los servicios profesionales, pueden fijar, 

de común acuerdo, retribución debida por ellos. 

Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las 

disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo. 

ART. 2487.- Cuando no hubiere habido convenio, los horarios se regularán 

atendiendo justamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos 

prestados, a la del asunto o caso en que se presentaren, a las facultades 

pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga 

adquirida el que lo ha prestado.

Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma 

para fijar el importe de los honorarios reclamados. 

ART. 2488.- Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para 

cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no 

tendrán derecho de cobrar retribuciones por los servicios profesionales que hayan 

prestado. 

ART. 2489.- En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las 

expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquellos se presten. A falta 

de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del 

artículo siguiente, con el rédito legal, desde el día en que fueron hechos, sin 

perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. 

ART. 2490.- El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se 

hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales, 

inmediatamente que presta cada servicio o alfin (sic) de todos, cuando se separe 

el profesor o haya concluído el negocio o trabajo que se le confíe. 


ART. 2491.- Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán 

solidariamente responsables de los honorarios del profesionista y de los anticipos 

que hubiere hecho. 


ART. 2492.- Cuando varios profesionistas en la misma ciencia presten sus 

servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente 

haya prestado cada uno. 


ART. 2493.- Los profesionistas tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera 

que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en 

contrario. 


ART. 2494.- Siempre que un profesionista no pueda continuar prestando sus 

servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando 

obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este 

aviso con oportunidad. Respecto de los abogados se observará además lo 


ART. 2495.- El que preste servicios profesionales, sólo es responsable, hacia las 

personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las 

penas que merezca en caso de delito. 

CAPITULO II.

Del contrato de obras a precio alzado. 

ART. 2496.- El contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la 

obra y pone los materiales, se sujetará a las reglas siguientes: 

ART. 2497.- Todo el riesgo de la obra correrá (sic) cargo del empresario hasta el 

acto de la entrega, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de la obra 

en recibirla, o convenio expreso en contrario. 

ART. 2498.- Siempre que el empresario se encargue por ajuste cerrado de la obra 

en cosa inmueble cuyo valor sea de más de cien pesos, se otorgará el contrato 

por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada, y en los casos que 

lo requiera, un plano, diseño o presupuesto de la obra. 

ART. 2499.- Si no hay plano, diseño o presupuesto para la ejecución de la obra y 

surgen dificultades entre el empresario y el dueño, serán resueltas teneind oen 

(sic) cuenta la naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar, 

oyéndose el dictamen de peritos. 

ART. 2500.- El perito que forme el plano, diseño o presupuesto de una obra, y la 

ejecute, no puede cobrar el plano, diseño o presupuesto fuera del honorario de la 

obra; más sí ésta no se ha ejecutado por causa del dueño, podrá cobrarlo, a no 

ser que al encargárselo se haya pactado que el dueño no lo paga si no le 

convniere (sic) aceptarlo. 

ART. 2501.- Cuando se haya invitado a varios peritos para hacer planos, diseños 

o presupuestos, con el objeto de escoger entre ellos el que parezca mejor, y los 

peritos han tenido conocimiento de esta circunstancia, ninguno puede cobrar 

honorarios salvo convenio expreso. 

ART. 2502.- En el caso del artículo anterior, podrá el autor del plano, diseño o 

presupuesto aceptado, cobrar su valor cuando la obra se ejecutare conforme a él 

por otra persona. 

ART. 2503.- El autor de un plano, diseño o presupuesto que no hubiere sido 

aceptado, podrá también cobrar su valor si la obra se ejecutare conforme a él por 

otra persona, aún cuando se hayan hecho modificaciones en los detalles. 

ART. 2504.- Cuando al encargarse una obra no se ha fijado precio, se tendrá por 

tal, si los contratantes no estuviesen de acuerdo después, el que designen los 

aranceles, o a falta de ellos el que tasen peritos. 

ART. 2505.- El precio de la obra se pagará al entregarse ésta, salvo convenio en 

contrario.

ART. 2506.- El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio 

determinado, no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya 

tenido el precio de los materiales o el de los jornales. 

ART. 2507.- Lo dispuesto en el artículo anterior, se observará también cuando 

haya habido algún cambio o aumento en el plano o diseño, a no ser que sean 

autorizados por escrito por el dueño y con expresa designación del precio. 

ART. 2508.- Una vez pagado y recibido el precio, no ha lugar a reclamación sobre 

él, a menos que al pagar o recibir, las partes que se hayan reservado 

expersamente (sic) el derecho de reclamación sobre él, a menos que al pagar o 

recibir, las partes se hayan reservado expresamente el derecho de reclamar. 

ART. 2509.- El que se obliga a hacer una obra por ajuste cerrado, debe comenzar 

y concluír en los términos designados en el contrato, y en caso contrario, en los 

que sean suficientes, a juicios de peritos. 

ART. 2510.- El que se obligue a hacer una obra por piezas o por medida, puede 

exigir que el dueño la reciba en partes y se la pague en proporción de las que 

reciba. 

ART. 2511.- La parte pagada se presume aprobada y recibida por el dueño; pero 

no habrá lugar a esa presunción solamente porque el dueño haya hecho adelantos 

a buena cuenta del precio de la obra, si no se expresa que el pago se aplique a la 

parte ya entregada. 

ART. 2512.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no se observará cuando 

las piezas que se manden construír no pueden ser útiles, sino formando reunidas 

un todo. 

ART. 2513.- El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra, no puede 

hacerla ejecutar por otro a menos que se haya pactado lo contrario, o el dueño lo 

consienta; en estos casos, la obra se hará siempre bajo la responsabilidad del 

empresario. 

ART. 2514.- Recibida y aprobada la obra por el que la encargó, el empresario es 

responsable de los defectos que después aparezcan y que procedan de vicios en 

su construcción y hechura, mala calidad de los materiales empleados, o vicios del 

suelo en el que se fabricó; a no ser que por disposición expresa del dueño se 

hayan empleado materiales defectuosos, después que el empresario le haya dado 

a conocer sus defectos, o que se haya edificado en terreno inapropiado elegido 

por el dueño a pesar de las observaciones del empresario. 

ART. 2515.- El dueño de una obra ajustada por un precio fijo, puede desistir de la 

empresa comenzada, con tal que indemnice al empresario de todos los gastos y 

trabajos y de la utilidad que pudiera haber sacado de la obra.

ART. 2516.- Cuando la obra fué ajustada por peso o medida, sin designación del 

número de piezas o de la medida total, el contrato puede resolverse por una y otra 

parte, concluídas que sean las partes designadas, pagándose la parte concluída. 

ART. 2517.- Pagado el empresario de lo que le corresponde, según los dos 

artículos anteriores, el dueño queda en libertad de continuar la obra, empleando a 

otras personas, aún cuando aquella siga conforme al mismo plano, diseño o 

presupuesto. 

ART. 2518.- Si el empresario muere antes de terminar la obra, podrá rescindirse el 

contrato; pero el dueño indemnizará a los herederos de aquel, del trabajo y gastos 

hechos. 

ART. 2519.- La misma disposición tendrá lugar si el empresario no puede concluír 

la obra por alguna causa independiente de su voluntad. 

ART. 2520.- Si muere el dueño de la obra, no se rescindirá el contrato, y sus 

herederos serán responsables del cumplimiento para con el empresario. 

ART. 2521.- Los que trabajen por cuenta del empresario o le suministren material 

para la obra, no tendrán acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que 

alcance el empresario. 

ART. 2522.- El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas 

que ocupe en la obra. 

ART. 2523.- Cuando se conviniere en que la obra deba hacerse a satisfacción del 

propietario o de otra persona, se entiende reservada la aprobación, a juicio de 

peritos. 

ART. 2524.- El constructor de cualquiera obra mueble tiene derecho de retenerla 

mientras no se le pague, y su crédito será cubierto perfectamnte (sic) con el precio 

de dicha obra. 

ART. 2525.- Los empresarios constructores no son responsables, por la 

inobservancia de las disposiciones municipales o de policía o por todo daño que 

causen a los vecinos. 

CAPITULO III. 

De los porteadores y alquiladores. 

ART. 2526.- El contrato por el cual alguno se obliga a transportar, bajo su 

inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por el aire, a 

personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos; si no constituye un 

contarto (sic) mercantil, se regirá por las reglas siguientes:

ART. 2527.- Los porteadores responden de los daños causados a las personas 

por defecto de los conductores y medios de transporte que empleen; y este 

defecto se presume siempre que el empresario no pruebe que el mal aconteció 

por fuerza mayor o por caso fortuito que no le puede ser imputado. 

ART. 2528.- Responde, igualmente, de la pérdida y de las averías de las cosas 

que reciban, a no ser que prueben que la pérdida o la avería ha provenido de caso 

fortuito, de fuerza mayor o de vicio de las mismas cosas. 

ART. 2529.- Responden también de las omisiones o equivocación que haya en la 

remisión de efectos, ya sea que no los envíen en el viaje estipulado, ya sea que 

los envíen a parte distinta de la convenida. 

ART. 2530.- Responde, igualmente, de los daños causados por retardo en el viaje, 

ya sea al comenzarlo o durante su curso, o por mutación de ruta, a menos que 

prueben que caso fortuito o fuerza mayor los obligó a ello. 

ART. 2531.- Los porteadores no son responsables de las cosas que no se les 

entreguen a ellos, sino a sus cocheros, marineros, remeros o dependientes, que 

no estén autorizados para recibirlos. 

ART. 2532.- En el caso del artículo anterior, la responsabilidad es exclusiva de la 

persona a quien se entregó la cosa. 

ART. 2533.- La responsabilidad de todas la infracciones que durante el transporte 

se cometan, de leyes, o reglamentos fiscales o de policía será del conductor y no 

de los pasajeros ni de los dueños de las cosas conducidas, a no ser que la falta 

haya sido cometida por estas personas. 

ART. 2534.- El porteador no será responsable de las faltas de que trata el artículo 

que precede, en cuanto a las penas, sino cuando tuviere culpa; pero lo será 

siempre de la indemnización de los daños y perjuicios, conforme a las 

prescripciones relativas. 

ART. 2535.- Las personas transportadas no tienen derecho para exigir aceleración 

o retardo en el viaje, ni alteración alguna en la ruta, ni en las detenciones o 

paradas, cuando estos actos están marcados por el reglamento respectivo o por el 

contrato. 

ART. 2536.- El porteador de efectos deberá extender al cargador una carta de 

porte de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta se expresarán: 

I.- El nombre, apellido y domicilio del cargador; 

II.- El nombre, apellido y domicilio del porteador;

III.- El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden van 

dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta; 

IV.- La designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, de su 

peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan; 

V.- El precio del transporte; 

VI.- La fecha en que se hace la expedición; 

VII.- El lugar de la entrega al porteador; 

VIII.- El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario; 

IX.- La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si 

sobre este punto mediare algún pacto. 

ART. 2537.- Las acciones que nacen del transporte, sean en pro (sic) en contra de 

los porteadores, no duran más de seis meses, después de concluído el viaje. 

ART. 2538.- Si la cosa transportada fuere de naturaleza peligrosa, de mala calidad 

o no estuviere convenientemente empacada o envasada, y el daño proviniere de 

alguna de esas circunstancias, la responsabilidad será del dueño del transporte, si 

tuvo conocimiento de ellas; en caso contrario la responsabilidad será del que 

contrató con el porteador, tanto por el daño que se cause en la cosa, como por el 

que reciban el medio de transporte u otras personas u objetos. 

ART. 2539.- El alquilador debe declarar los defectos de la cabalgadura o de 

cualquier otro medio de transporte, y es responsable de los daños y perjuicios que 

resulten de la falta de esta declaración. 

ART. 2540.- Si la cabalgadura muere o se enferma, o si en general se inutiliza el 

medio de transporte, la pérdida será de cuenta del alquilador, si no prueba que el 

daño sobrevino por culpa del otro contratante. 

ART. 2541.- A falta de convenio expreso, se observará la costumbre del lugar, ya 

sobre el importe del precio y de los gastos, ya sobre el tiempo en que haya de 

hacerse el pago. 

ART. 2542.- El crédito por fletes que se adeudaren al porteador, serán pagados 

preferentemente con el precio de los efectos transportados, si se encuentran en 

poder del acreedor. 

ART. 2543.- El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador, antes 

o después de comenzar el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y 

en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya recibir los efectos en

el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Si no cumpliere con esta 

obligación, o no pagare el porte al contado, el contrato no quedará rescindido. 

ART. 2544.- El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de 

emprenderse el viaje, o durante su curso, si sobreviene algún suceso de fuerza 

mayor que impida verificarlo o continuarlo. 

ART. 2545.- En el caso previsto en el artículo anterior, cada uno de los 

interesados perderá los gastos que hubiere hecho si el viaje no se ha verificado; y 

si está en curso, el porteador tendrá derecho a que se le pague del porte la parte 

proporcional al camino recorrido y a la obligación de presentar los efectos, para su 

depósito, a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea posible continuarlo, 

comprobando y recabando la constancia relativa de hallarse en el estado 

consignado en la carta de porte, de cuyo hecho dará conocimiento oportuno el 

cargador, a cuya disposición deben quedar. 

CAPITULO IV. 

Del contrato de hospedaje. 

ART. 2546.- El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro 

albergue, mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se 

estipule, los alimentos y demás gastos que origina el hospedaje. 

ART. 2547.- Este contrato se celebrará tácitamente, si el que presta el hospedaje 

tiene casa pública destinada a ese objeto. 

ART. 2548.- El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el 

tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del 

establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible. 

ART. 2549.- Los equipajes de los pasajeros responden preferentemente del 

hospedaje, a ese efecto, los dueños de establecimiento donde se hospeden 

podrán retenerlos en prenda hasta que obtengan el pago de lo adeudado. 

TITULO DECIMOPRIMERO. 

De las asociaciones y de las sociedades. 

I 

De las asociaciones.

ART. 2550.- Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no 

sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por 

la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una 

asociación. 

ART. 2551.- El contrato por el que st (sic) constituya una asociación, debe constar 

por escrito. 

ART. 2552.- La asociación puede admitir y excluír asociados. 

ART. 2553.- Las asociaciones regirán por sus estatutos, los que deberán ser 

inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. 

ART. 2554.- El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. 

El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los 

estatutos y asamblea general, con sujeción a estos documentos. 

ART. 2555.- La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o 

cuando sea convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando para 

ello fuere requerida por lo menos por el cinco por ciento de los asociados o si no lo 

hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil a petición de dichas (sic) asociados. 

ART. 2556.- La asamblea general resolverá: 

I.- Sobre la admisión y exclusión de los asociados; 

II.- Sobre la disolución anticipada de los asociados; o sobre su prórroga, por más 

tiempo del fijado en los estatutos; 

III.- Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido 

nombrados en la escritura constitutiva; 

IV.- Sobre la revocación de los nombramientos hechos; 

V.- Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos. 

ART. 2557.- Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos contenidos 

en la respectiva orden del día. 

Sus decisiones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes. 

ART. 2558.- Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. 

ART. 2559.- El asociado no votará las decisiones en que se encuentran 

directamente interesados él, su cónyuge sus ascendientes, descendients (sic) o 

parientes colaterales dentro del segundo grado.

ART. 2560.- Los miembros de la asociación tendrán derecho de separarse de ella, 

previo aviso dado con dos meses de anticipación. 

ART. 2561.- Los asociados sólo podrán ser excluídos de la sociedad por las 

causas que señalen los estatutos. 

ART. 2562.- Los asociados que voluntariamente se separen o que fueren 

excluídos, perderán todo derecho al haber social. 

ART. 2563.- Los socios tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin 

que se propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los libros de 

contabilidad y demás papeles de ésta. 

ART. 2564.- La calidad de socio es intransferible. 

ART. 2565.- Las asociaciones, además de las causas previstas en los estatutos, 

se extinguen: 

I.- Por consentimiento de la asamblea general; 

II.- Por haber concluído el término fijado para su duración o por haber conseguido 

totalmente el objeto de su fundación; 

III.- Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas; 

IV.- Por resolución dictada por autoridad competente. 

ART. 2566.- En caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán 

conforme a lo que determinen los estatutos, y a falta de disposición de éstos, 

según, lo que determine la asamblea general. En este caso la asamblea sólo 

podrá atribuír a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus 

aportaciones. Los edmás (sic) bienes se aplicarán a otra asociación o fundación, 

de objeto similar a la extinguida. 

ART. 2567.- Las asociaciones de beneficencia se regirán por las leyes especiales 

correspondientes. 

II 

De las sociedades. 

CAPITULO I. 

Disposiciones generales.

ART. 2568.- Por el contrato de soceidad (sic) los socios se obligan mutuamente a 

combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de 

carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una 

especulación comercial. 

ART. 2569.- La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero 

u otros bienes, o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de 

su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. 

ART. 2570.- El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero se hará 

constar en escritura pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes 

cuya enajenación deba hacerse en escritura pública. 

ART. 2571.- La falta de forma prescrita para el contrato de sociedad, sólo produce 

el efecto de que los socios puedan pedir, en cualquier tiempo, que se haga la 

liquidación de la sociedad conforme a lo convenido, y a falta de convenio, 

conforme al Capítulo V de esta sección: pero mientras que esa liquidación no se 

pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios y éstos no pueden 

oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad la falta de forma. 

ART. 2572.- Si se formare una sociedad para un objeto ilícito, a solicitud de 

cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declarará la multitud (sic) 

de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación. 

Después de pagadas las deudas sociales conforme a la ley, a los socios se les 

reembolsará lo que hubieren llevado a la sociedad. 

Las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia pública del 

lugar del domicilio de la sociedad. 

ART. 2573.- El contrato de sociedad debe contener: 

I.- Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse; 

II.- La razón social; 

III.- El objeto de la sociedad; 

IV.- El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe 

contribuír. 

Si falta alguno de estos requisitos se aplicará lo que dispone el artículo 2571. 

ART. 2574.- El contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades 

Civiles para que produzca efectos contra tercero.

ART. 2575.- Las sociedades de naturaleza civil, que tomen la forma de las 

sociedades mercantiles, quedan sujetas al Código de Comercio. 

ART. 2576.- Serán (sic) nula la sociedad en que se estipule que los provechos 

pertenezcan exclusivamente a alguno o algunos de los socios y todas las pérdidas 

a otro u otros. 

ART. 2577.- No puede estipularse que a los socios capitalistas se les reconstituya 

su aporte con una cantidad adicional, haya o no ganancias. 

ART. 2578.- El contrato de sociedad no puede modificarse sino por consentimiento 

unánime de los socios. 

ART. 2579.- Después de la razón social, se agregarán éstas palabras: "Sociedad 

Civil". 

ART. 2580.- La capacidad para que las sociedades adquieran bienes raíces, se 

regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Federal y en sus leyes 

reglamentarias. 

ART. 2581.- No quedan comprendidas en este título las sociedades cooperativas, 

ni las mutualistas, que se regirán por las respectivas leyes especiales. 

CAPITULO II. 

De los socios. 

ART. 2582.- Cada socio estará obligado al saneamiento para el caso de evicción 

de las cosas que aporte a la sociedad, como corresponde a todo enajenante, y a 

indemnizar por los defectos de esas cosas como lo está el vendedor respecto del 

comprador; más si lo que prometió fue el aprovechamiento de bienes 

determinados, responderá de ellos según los principios que rigen las obligaciones 

entre el arrendatario y el arrendatario (sic). 

ART. 2583.- A menos que se haya pactado en el contrato de sociedad, no puede 

obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios 

sociales. Cuando el aumento del captial (sic) social sea acordado por la mayoría, 

los socios que no están conformes pueden separarse de la sociedad. 

ART. 2584.- Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por 

la responsabilidad limitada o solidaria de los socios que administren, los demás 

socios, salvo convenio en contrario, sólo estarán obligados con su aportación. 

ART. 2585.- Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento 

previo y unánime de los demás coasociados y sin él tampoco pueden admitirse 

otros nuevos socios, salvo pacto en contrario, en uno y en otro caso.

ART. 2586.- Los socios gozarán del derecho del tanto. Si varios socios quieren 

hacer uso del tanto, les competerá éste en la proporción que representen. El 

término para hacer uso del derecho del tanto será el de ocho días, contados desde 

que reciban aviso del que pretende enajenar. 

ART. 2587.- Ningún socio puede ser excluído de la sociedad sino por el acuerdo 

de los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos. 

ART. 2588.- El socio excluído es responsable de la parte de pérdidas que le 

corresponda, y los otros socios pueden retener la parte del capital y utilidades de 

aquel, hasta concluír las operaciones pendientes al tiempo de la declaración, 

debiendo hacer hasta entonces la liquidación correspondiente. 

CAPITULO III. 

De la administración de la sociedad. 

ART. 2589.- La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más 

socios. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los 

demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos, ni impedir sus 

efectos. Si la administración no se hubiese limitado a algunos de los socios, se 

observá (sic) lo dispuesto en el artículo 2599. 

ART. 2590.- El nombramiento de los socios administradores, no priva a los demás 

socios del derecho de examinar el estado de los negocios sociales y exigir a este 

fin la presentación de libros, documentos y papeles, con el objeto de que puedan 

hacerse las reclamaciones que estimen convenientes. No es válida la renuncia del 

derecho consignado en este artículo. 

ART. 2591.- El nombramiento de los socios administradores, hecho en la escritura 

de sociedad, no podrá revocarse sin el consentimieto (sic) de todos los socios, a 

no ser judicialmente, por dolo, culpa o inhabilidad. 

El nombramiento de administradores, hecho después de constituída la sociedad, 

es revocable por mayoría de votos. 

ART. 2592.- Los socios administradores ejercerán las facultades que fueren 

necesarias el giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la 

sociedad; pero salvo convenio en contrario necesitan autorización expresa de los 

otros socios: 

I.- Para enajenar las cosas de la sociedad, si ésta no se ha constituido con ese 

objeto; 

II.- Para empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro derecho real;

III.- Para tomar capitales prestados. 

ART. 2593.- Las facultades que no se hayan concedido a los administradores, 

serán ejercitadas por todos los socios, resolviéndose los asuntos por mayoría de 

votos. La mayoría se computará por cantidades, pero cuando una sola persona 

represente el mayor interés y se trate de sociedades de más de tres socios, se 

necesita por lo menos el voto de la tercera parte de los socios. 

ART. 2594.- Siendo varios los socios encargados indistintamente de la 

administración, sin declaración de que deberán proceder de acuerd (sic), podrá 

cada uno de ellos practicar separadamente los actos administrativos que crea 

oportunos. 

ART. 2595.- Si se ha convenido en que un administrador nada pueda practicar sin 

concurso de otro, solamente podrá proceder de otra manera, en caso de que 

pueda resultar perjuicio grave e irreparable a la sociedad. 

ART. 2596.- Los compromisos contraídos por los socios administradores en 

nombre de la sociedad, excediéndose de sus facultades, si no son ratificados por 

ésta, sólo obligan a la sociedad en razón del beneficio recibido. 

ART. 2597.- Las obligaciones que se contraigan por la mayoría de los socios 

encargados de la administración, sin conocimiento de la minoría, o contra su 

voluntad expresa, serán válidas; pero los que las hayan contraído serán 

personalmente responsables a la sociedad de los perjuicios que por ellas se 

causen. 

ART. 2598.- El socio o socios administradores están obligados a recibir cuentas 

siempre que lo pida la mayoría de los socios, aún cuando no sea la época fijada 

en el contrato de sociedad. 

ART. 2599.- Cuando la administración no se hubiere limitado a alguno de los 

socios, todos tendrán derecho de concurrir a la dirección y manejo de los negocios 

comunes. Las decisiones serán tomadas por mayoría, observándose respecto de 

ésta lo dispuesto en el artículo 2593. 

CAPITULO IV. 

De la disolución de las sociedades. 

ART. 2600.- La sociedad se disuelve: 

I.- Por consentimiento unánime de los socios; 

II.- Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad;

III.- Por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto imposible la 

consecución del objeto de la sociedad; 

IV.- Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad 

ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se 

haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos 

de aquel; 

V.- Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado 

nacimiento a la sociedad; 

VI.- Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trate de sociedades de 

duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar asociados, siempre 

que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. 

VII.- Por resolución judicial. 

Para que la disolución de la sociedad surta efectos contra tercero, es necesario 

que se haga constar en el registro de sociedades. 

ART. 2601.- Pasado el término por el cual fué constituída la sociedad, si ésta 

continúa funcionando, se entenderá prorrogada su duración por tiempo 

indeterminado, sin necesidad de nueva escritura social, y su existencia puede 

demostrarse por todos los medios de prueba. 

ART. 2602.- En el caso de que a la muerte de un socio, la sociedad hubiere de 

continuar con los supervivientes, se procederá a la liquidación de la parte que 

corresponda al socio difunto para entregarla a su sucesión. Los herederos del que 

murió tendrán derecho al capital y utilidades que al finado correspondan en el 

momento en que murió y, en lo sucesivo, sólo tendrán parte en lo que dependa 

necesariamente de los derechos adquiridos o de las obligaciones contraídas por el 

socio que murió. 

ART. 2603.- La renuncia se considera maliciosa cuando el socio que la hace se 

propone aprovecharse exclusivamente de los beneficios o evitarse pérdidas que 

los socios deberían de recibir o reportar en común con arreglo al convenio. 

ART. 2604.- Se dice extemporánea la renuncia, si al hacerla, las cosas no se 

hayan en su estado íntegro y la sociedad puede ser perjudicada con la disolución 

que originaría la renuncia. 

ART. 2605.- La disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos 

con los terceros. 

CAPITULO V.

De la liquidación de la sociedad. 

ART. 2606.- Disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la 

cual se practicará dentro del plazo de seis meses, salvo pacto en contrario. 

Cuando la sociedad se ponga en liquidación, debe agregarse a su nombre las 

palabras "en liquidación". 

ART. 2607.- La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que 

convengan en nombrar liquidadores o que ya estuvieren nombrados en la escritura 

social. 

ART. 2608.- Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los 

socios, quedaron algunos bienes, se considerarán utilidades y se repartirán entre 

los socios en la forma convenida. 

Si no hubo convenio, se repartirán proporcionalmente a sus aportes. 

ART. 2609.- Ni el capital social ni las utilidades pueden repartirse sino después de 

la disolución de la sociedad y previa la liquidación respectiva, salvo pacto en 

contrario. 

ART. 2610.- Si al liquidarse la sociedad no quedare (sic) bienes suficientes para 

cubrir los compromisos sociales y devolver sus aportes a los socios el déficit se 

considerará pérdida y se repartirá entre los asociados en la forma establecida en 

el artículo anterior. 

ART. 2611.- Si sólo se hubiere pactado lo que debe corresponder a los socios por 

utilidades, en la misma proporción responderán las pérdidas. 

ART. 2612.- Si alguno de los socios contribuye solo con la industria, sin que ésta 

se hubiere estimado, ni se hubiere designado cuota que por ella debiera recibir, se 

observarán las reglas siguientes: 

I.- Si el trabajo del industrial pudiera hacerse por otro, su cuota será la que 

corresponda por razón de sueldo u honorarios, y ésto mismo se observará si son 

varios los socios industriales; 

II.- Si el trabajo no pudiere ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio 

capitalista que tenga más; 

III.- Si sólo hubiere un socio industrial y otro capitalista, se dividirán entre sí por 

partes iguales las ganancias;

IV.- Si son varios los socios industriales y están en el caso de la fracción II, 

llevarán entre todos la mitad de las ganancias y la dividirán entre sí por convenio 

y, a falta de éste, por decisión arbitral. 

ART. 2613.- Si el socio industrial hubiese contribuído también con cierto capital, se 

considerarán éste y la industria separadamente. 

ART. 2614.- Si al terminar la sociedad en que hubiere socios capitalistas e 

industriales, resultare que no hubo ganancias, todo el capital se distribuirá entre 

los socios capitalistas. 

ART. 2615.- Salvo pacto en contrario, los socios industriales no responderán de 

las pérdidas. 

CAPITULO VI. 

De las asociaciones y de las sociedades extranjeras. 

ART. 2616.- Para que las asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil, 

puedan ejercer sus actividades en el Estado, deberán estar autorizadas por la 

Secretaría de Relaciones Exetriores (sic). 

ART. 2617.- Concedida la autorización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

se inscribirán en el Registro los estatutos de las asociaciones y sociedades 

extranjeras. 

CAPITULO VII. 

De la aparcería rural. 

ART. 2618.- La aparcería rural comprende la aparcería agrícola y la de ganado 

ART. 2619.- El contrato de aparcería deberá otorgarse, por escrito formándose 

dos ejemplares, uno para cada contratante. 

ART. 2620.- Tiene lugar la aparcería agrícola, cuando una persona da a otra un 

predio rústico para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma que 

convenga, o a falta de convenio conforme a las costumbres del lugar; en el 

concepto de que al aparcero nunca podrá corresponderle por solo su trabajo 

menos del cuarenta por ciento de la cosecha. 

ART. 2621.- Si durante el término del contrato falleciere el dueño del predio dado 

en la aparcería, o éste fuere enajenado, la aparcería subsistirá.

Si es el aparcero el que muere, el contrato puede darse por terminado salvo pacto 

en contrario. 

Cuando a la muerte del aparcero ya se hubieren hecho algunos trabajos, tales 

como el barbecho del terreno, la poda de los árboles, o cualquiera otra obra 

necesaria para el cultivo, si el propietario da por terminado el contrato, tiene 

obligación de pagar a los herederos del aparcero el importe de esos trabajos, en 

cuanto se aproveche de ellos. 

ART. 2622.- El labrador que tuviere heredades en aparcería no podrá levantar las 

mieses o cosechar los frutos en que deba tener parte, sin dar aviso al propietario o 

a quien haga sus veces, estando en el lugar o dentro de la municipalidad a que 

corresponda el predio. 

ART. 2623.- Si ni en el lugar, ni dentro de la municipalidad se encuentra el 

propietario o su representante, podrá el aparcero hacer la cosecha, midiendo, 

contando o pesando los frutos a presencia de dos testigos mayores de toda 

excepción. 

ART. 2624.- Si el aparcero no cumple lo dispuesto en los dos artículos anteriores, 

tendrá obligación de entregar al propietario la cantidad de frutos que, de acuerdo 

con el contrato, fijen peritos nombrados uno por cada parte contratante. Los 

honorarios de los peritos serán cubiertos por el aparcero. 

ART. 2625.- El propietario del terreno no podrá levantar la cosecha sino cuando el 

aparcero abandone la siembra. 

En este caso, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2623, y si no 

lo hace, se aplicará por analogía lo dispuesto en el artículo 2624. 

ART. 2626.- El propietario del terreno no tiene derecho de retener de propia 

autoridad, todos o parte de los frutos que correspondan al aparcero, para 

garantizar lo que éste le deba por razón del contrato de aparcería. 

ART. 2627.- Si la cosecha se pierde por completo, el aparcero no tiene obligación 

de pagar las semillas que le haya proporcionado para la siembra el dueño del 

terreno; si la pérdida de la cosecha es parcial, en proporción a esa pérdida, 

quedará libre el aparcero de pagar las semillas de que se trata. 

ART. 2628.- Cuando el aparcero establezca su habitación en el campo que va a 

cultivar, tiene obligación el propietario de permitirle que construya su casa y de 

que tome el agua potable y la leña que necesita para satisfacer sus necesidades y 

las de su familia, así como que consuma el pasto indispensable para alimentar los 

animales que emplee en el cultivo.

ART. 2629.- Al concluír el contrato de aparcería, el aparcero que hubiere cumplido 

fielmente sus compromisos goza del derecho del tanto, si la tierra que estuvo 

cultivando va a ser dada en nueva aparcería. 

ART. 2630.- El propietario no tiene derecho de dejar sus tierras ociosas, sino el 

tiempo que sea necesario para que recobren sus propiedades fertilizantes. En 

consecuencia pasada la época que en cada región fije la autoridad municipal, 

conforme a la naturaleza de los cultivos, si el propietario no las comienza a cultivar 

por sí o por medio de otros, tiene obligación de darla en aparcería, conforme a la 

costumbre del lugar, a quien la solicite y ofrezca las condiciones necesarias de 

honorabilidad y solvencia. 

ART. 2631.- Tiene lugar la aparcería de ganados cuando una persona da a otra 

cierto número de animales a fin de que los cuide y alimente, con el objeto de 

repartirse los frutos en la proporción que convenga. 

ART. 2632.- Constituyen el objeto de esta aparcería las crías de los animales y 

sus productos como pieles, crines, lanas leche etc. 

ART. 2633.- Las condiciones de este contrato se regularán por la voluntad de los 

interesados; pero a falta de convenio se observará la costumbre general del lugar, 

salvas (sic) las siguientes disposiciones: 

ART. 2634.- El aparcero de ganados está obligado a emplear en la guarda y 

tratamiento de los animales, el cuidado que ordinariamente emplee en sus cosas; 

y si así no lo hiciere será responsable de los daños y perjuicios. 

ART. 2635.- El propietario está obligado a garantizar a un aparcero la posesión y 

el uso del ganado y a substituír por otros, en caso de evicción, los animales 

perdidos; de lo contrario es responsable de los daños y perjuicios a que diere lugar 

por la falta de cumplimiento del contrato. 

ART. 2636.- Será nulo el convenio de que todas las pérdidas que resultaren por 

caso fortuito, sean de cuenta del aparcero de ganados. 

ART. 2637.- El aparcero de ganados no podrá disponer de ninguna cabeza, ni de 

las crías, sin consentimiento del propietario, ni éste sin el de aquel. 

ART. 2638.- El aparcero de ganados no podrá hacer el esquileo sin dar aviso al 

propietario, y si omite darlo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2624. 

ART. 2639.- La aparcería de ganados dura el tiempo convenido, y a falta de 

convenio, al tiempo que fuere costumbre en el lugar. 

ART. 2640.- El propietario cuyo ganado se enajena indebidamente por el 

aparcero, tiene derecho para reivindicarlo menos cuando se haya rematado en

pública subasta; pero conservará a salvo el que corresponda contra el aparcero, 

para cobrarle los daños y perjuicios ocasionados por la falta de aviso. 

ART. 2641.- El propietario no exige su parte dentro de los sesenta días después 

de fenecido el tiempo del contrato, se entenderá prorrogado éste por un año. 

ART. 2642.- En el caso de venta de los animales, antes de que termine el contrato 

de aparcería, disfrutarán los contratantes del derecho del tanto. 

TITULO DECIMOSEGUNDO. 

De los contratos aleatorios. 

CAPITULO I. 

Del juego y de la apuesta. 

ART. 2643.- La ley no concede acción para reclamar lo que se gana en juego 

prohibido. 

El Código Penal señalará cuales son los juegos prohibidos. 

ART. 2644.- El que paga voluntariamente una deuda procedente del juego 

prohibido, o sus herederos, tienen derecho de reclamar la devolución del 

cincuenta por ciento de lo que se pagó. El otro cincuenta por ciento no quedará en 

poder del ganancioso, sino que se entregará a Establecimientos de Beneficencia 

Pública. 

ART. 2645.- Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará a las apuestas 

que deban tenerse como prohibidas por que tengan analogía con los juegos 

prohibidos. 

ART. 2646.- El que pierde en un juego o apuesta que no estén prohibidos, queda 

obligado civilmente, con tal que la pérdida no exceda de la vigésima parte de su 

fortuna. Prescribe en treinta días el derecho para exigir la deuda de juego a que 

este artículo se refiere. 

ART. 2647.- La deuda del juego o de la apuesta prohibidos no puede 

compensarse, ni ser convertida por novación en una obligación civilmente eficaz. 

ART. 2648.- El que hubiere firmado una obligación que en realidad tenía por causa 

una deuda de juego o de apuesta prohibidos, conserva, aunque se atribuya a la 

obligación una causa civilmente eficaz, la excepción que nace del artículo anterior, 

y se puede probar por todos los medios la causa real de la obligación.

ART. 2649.- Si a una obligación de juego o apuesta prohibidos se le hubiere dado 

la forma de título a la orden o al portador, el suscrito debe pagarla al portador de 

buena fe, pero tendrá el derecho que le concede el artículo 2644. 

ART. 2650.- Cuando las personas se sirvieren del medio de la suerte, no como 

apuesta o juego, sino para dividir cosas comunes o terminar cuestiones producirá, 

en el primer caso, los efectos de una partición legítima, y en el segundo, los de 

una transacción. 

ART. 2651.- Las loterías o rifas, cuando se permitan, será (sic) regidas las 

primeras, por las leyes especiales que las autorice, y las segundas por los 

reglamentos de policía. 

CAPITULO II. 

De la renta vitalicia. 

ART. 2652.- La renta vitalicia es un contrato aleatorio por cual el deudor se obliga 

a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas 

determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa 

mueble o raíz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde luego. 

ART. 2653.- La renta vitalicia puede también constituirse a título puramente 

gratuito, sea por dinación (sic) o por testamento. 

ART. 2654.- El contrato de renta vitalicia debe hacerse por escrito, en escritura 

pública, cuando los bienes cuya propiedad se transfiere deban enajenarse con esa 

solemnidad. 

ART. 2655.- El contrato de renta vitalicia puede constituirse sobre la vida del que 

da el capital, sobre la del deudor o sobre la de un tercero. También puede 

constituirse a favor de aquella o de aquellas personas sobre cuya vida se otorga a 

favor de otra u otras personas distintas. 

ART. 2656.- Aunque cuando la renta se constituya a favor de una persona que no 

ha puesto el capital, debe considerarse como una donación, no se sujeta a los 

preceptos que arreglan ese contrato, salvo los casos en que deba ser reducida por 

inoficiosa o anulada por incapacidad del que debe recibirla. 

ART. 2657.- El contrato de renta vitalicia es nulo si la persona sobre cuya vida se 

constituye ha muerto antes de su otorgamiento. 

ART. 2658.- También es nulo el contrato si la persona a cuyo favor se constituye 

la renta, muere dentro del plazo que en él se señale y que no podrá bajar de 

treinta días, contados desde el del otorgamiento.

ART. 2659.- Aquel a cuyo favor se ha constituído la renta, mediante un precio, 

puede demandar la rescisión del contrato, si el constituyente no le da o conserva 

las seguridades estipuladas para su ejecución. 

ART. 2660.- La sola falta de pago de las pensiones no autoriza al pensionista para 

demandar el reembolso del capital o la devolución de la cosa dada paar (sic) 

constituír la renta. 

ART. 2661.- El pensionista, en el caso del artículo anterior, sólo tiene derecho de 

ejecutar judicialmente al deudor, por el pago de las rentas vencidas, y para pedir el 

aseguramiento de las futuras. 

ART. 2662.- La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta, se 

pagará en proporción a los días que éste vivió; pero si debie (sic) pagarse por 

plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante la vida del 

rentista se hubiere comenzado a cumplir. 

ART. 2663.- Solamente el que constituye a título gratuito una renta sobre sus 

bienes, puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeta a 

embargo por derecho de un tercero. 

ART. 2664.- Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende las contribuciones. 

ART. 2665.- Si la renta se ha constituído para alimentos, no podrá ser embargada 

sino en la parte que a juicio del juez exceda de la cantidad que sea necesaria para 

cubrir aquellos, según las circunstancias de la persona. 

ART. 2666.- La renta vitalicia constituída sobre la vida del mismo pensionista, no 

se extingue sino con la muerte de éste. 

ART. 2667.- Si la renta se constituye sobre la vida de un tercero, no cesará con la 

muerte del pensionista, sino que se transmitirá a sus herederos, y sólo cesará con 

la muerte de la persona sobre cuya vida se constituyó. 

ART. 2668.- El pensionista sólo puede demandar las pensiones, justificando su 

supervivencia o la de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta. 

ART. 2669.- Si el que paga la renta vitalicia ha causado la muerte del acreedor o 

la de aquel sobre cuya vida había sido constituída, debe devolver el capital al que 

la constituyó o a sus herederos. 

CAPITULO III. 

De la compra de esperanza.

ART. 2670.- Se llama compra de esperanza el contrato que tiene por objeto 

adquirir por una cantidad determinada, los frutos que una cosa produzca en el 

tiempo citado, tomando el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no 

lleguen a existir; o bien, los productos inciertos de un hecho, que puedan 

estimarse en dinero. 

El vendedor tiene derecho al precio aunque lleguen a existir los frutos o productos 

comprados; 

ART. 2671.- Los demás derechos y obligaciones de las partes, en la compra de 

esperanza, serán los que se determinan en el título de compra-venta. 

TITULO DECIMOTERCIO (SIC). 

De la fianza. 

CAPITULO I. 

De la fianza en general. 

ART. 2672.- La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con 

el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace. 

ART. 2673.- La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título 

oneroso. 

ART. 2674.- La fianza puede constituírse no solo en favor del deudor principal, 

sino en el del fiador, ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, consienta en la 

garantía, ya sea que la ignore, ya sea que la contradiga. 

ART. 2675.- La fianza no puede existir sin una obligación válida. 

Puede no obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad pueda ser 

reclamada a virtud de una excepción puramente personal del obligado. 

ART. 2676.- Puede también prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo 

importe no sea aún conocido, pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que 

la deuda sea líquida. 

ART. 2677.- El fiador puede obligarse a menores (sic) y no a más que el deudor 

principal. Si se hubiere obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la 

del deudor. En caso de duda sobre sí se obligó por menos o por otro tanto de la 

obligación principal, se presume que se obligó por otro tanto.

ART. 2678.- Puede también obligarse al fiador a pagar una cantidad en dinero, si 

el deudor principal no presenta una cosa o un hecho determinado. 

ART. 2679.- La responsabilidad de los herederos del fiador se rige por lo dispuesto 

en el artículo 1879. 

ART. 2680.- El obligado a dar fiador (sic) debe presentar persona que tenga 

capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que 

garantiza. 

El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción, del juez del lugar donde esta 

obligación debe cumplirse. 

ART. 2681.- En las obligaciones a plazo de prestación periódica, el acreedor podrá 

exigir fianza, aún cuando el contrato no se haya constituído, si después de 

celebrado el deudor sufre menoscabo en sus bienes, o pretenda ausentarse del 

lugar en que debe hacerse el pago. 

ART. 2682.- Si el fiador viniere a estado de insolvencia puede el acreedor pedir 

otro que reúna las cualidades exigidas por el artículo 2680. 

ART. 2683.- El que debiendo dar o reemplazar el fiador no lo presenta dentro del 

término que el juez le señale a petición de parte legítima, queda obligado al pago 

inmediato de la deuda aunque no se haya vencido el plazo de ésta. 

ART. 2684.- Si la fianza fuere para garantizar la administración de bienes, cesará 

ésta si aquella no se da en el término convenido o señalado por la ley o por el 

juez, salvo los casos en que la ley disponga de otra cosa. 

ART. 2685.- Si la fianza importa garantía de cantidad que el deudor debe recibir, la 

suma se depositará mientras se dé la fianza. 

ART. 2686.- Las cartas de recomendación en que se asegure la propiedad y 

solvencia a alguien no constituyen fianza. 

ART. 2687.- Si las cartas de recomendación fueren dadas de mala fe, afirmando 

falsamente la solvencia del recomendado, el que la suscriba será responsable del 

daño que sobreviniese a las personas a quienes se dirigen, por la insolvencia del 

recomendado. 

ART. 2688.- No tendrá lugar la responsabilidad del artículo anterior, si el que dió la 

carta probase que no fue su recomendación la que condujo a tratar con su 

recomendado. 

ART. 2689.- Quedan sujetas a las disposiciones de este título, las fianzas 

otorgadas por individuos o compañías accidentales en favor de determinadas 

personas, siempre que no las extiendan en forma de póliza; que no las anuncien

públicamente por la prensa o por cualquiera otro medio, y que no empleen a 

gentes que las ofrezcan. 

CAPITULO II. 

De los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor. 

ART. 2690.- El fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean 

inherentes a la obligación principal, más no las que sean personales del deudor. 

ART. 2691.- La renuncia voluntaria que hiciese el deudor de la prescripción de la 

deuda, o de toda otra causa de liberación, o de la nulidad o rescisión de la 

obligación, no impide que el fiador haga valer esas excepciones. 

ART. 2692.- El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor, sin que 

previamente sea reconvenido el deudor y se haga la excusión de sus bienes. 

ART. 2693.- La excusión consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del 

deudor al pago de la obligación que quedará extinguida o reducida a la parte que 

no se ha cubierto. 

ART. 2694.- La excusión no tendrá lugar: 

I.- Cuando el fiador renunció expresamente a ella; 

II.- En los casos de consurso (sic) o de insolvencia probada del deudor; 

III.- Cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del territorio 

de la República; 

IV.- Cuando el negocio para que se prestó la fianza sea propio del fiador; 

V.- Cuando se ignore el paradero del deudor, siempre que llamado éste por 

edictos, no comparezca, ni tenga bienes embargados en el lugar donde deba 

cumplirse la obligación. 

ART. 2695.- Para que el beneficio de excusión aproveche al fiador, son 

indispensables los requisitos siguientes: 

I.- Que el fiador alegue el beneficio luego que se le requiera el pago; 

II.- Que designe bienes del deudor que basten para cumplir el crédito y que se 

hallen dentro del distrito judicial en que deba hacerse el pago; 

III.- Que anticipe o asegure competentemente los gastos de excusión.

ART. 2696.- Si el deudor adquiere bienes después del requerimiento, o si se 

descubren los que hubiese ocultado, el fiador puede pedir la excusión, aunque 

antes no la haya pedido. 

ART. 2697.- El acreedor puede obligar al fiador a que haga la excusión de los 

bienes del deudor. 

ART. 2698.- Si el fiador, voluntariamente u obligado por el acreedor, hace por sí 

mismo la excusión y pide plazo, el juez puede concederle el que crea 

convenientemene (sic), atendidas las circunstancias de las personas y las 

calidades de la obligación. 

ART. 2699.- El acreedor, que cumplidos los requisitos del artículo 2695 hubiere 

sido negligente en promover la excusión, queda responsable de los perjuicios que 

pueda causar el fiador, y está libre de la obligación hasta la cantidad a que 

alcancen los bienes que hubiera designado para la excusión. 

ART. 2700.- Cuando el fiador haya renunciado el beneficio de orden, pero no el de 

excusión, el acreedor puede perseguir en un mismo juicio al deudor principal y al 

fiador; más éste conservará el beneficio de excusión, aún cuando se dé sentencia 

contra los dos. 

ART. 2701.- Si hubiere renunciado a los beneficios de orden y excusión, el fiador, 

al ser demandado por el acreedor puede denunciar el pleito al deudor principal; 

para que éste rinda las pruebas que crea convenientes; y en caso de que no salga 

al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie 

contra el fiador. 

ART. 2702.- El que fía al fiador goza del beneficio de excusión, tanto contra el 

fiador como contra el deudor principal. 

ART. 2703.- No fían a un fiador los testigos que declaren de ciencia cierta en favor 

de su idoneidad, pero por analogía se les aplicará lo dispuesto en el artículo 2687. 

ART. 2704.- La transación (sic) entre el acreedor y el deudor principal, aprovecha 

al fiador, pero no le perjudica. La celebrada entre el fiador y el acreedor, 

aprovecha, pero no perjuidica (sic) al deudor principal. 

ART. 2705.- Si son varios los fiadores de un deudor por una sola deuda, 

responderá cada uno de ellos por la totalidad de aquélla, no habiendo convenio en 

contrario; pero sí solo uno de los fiadores es demandado, podrá hacer citar a los 

demás para que se defiendan juntamente, y en la proporción debida estén a las 

resultas del juicio. 

CAPITULO III.

De los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor. 

ART. 2706.- El fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor, aunque éste 

no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. Si ésta se 

hubiere otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno el fiador 

para cobrar lo que pagó sino en cuanto hubiere beneficiado el pago al deudor. 

ART. 2707.- El fiador que paga por el deudor; debe ser indemnizado por éste: 

I.- De la deuda principal; 

II.- De los intereses respectivos, desde que ha noticiado el pago al deudor aunque 

éste no estuviere obligado por razón del contrato a pagarlos al acreedor; 

III.- De los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido 

requerido de pago. 

IV.- De los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. 

ART. 2708.- El fiador que paga, se subroga en todos los derechos que el acreedor 

tenía contra el deudor. 

ART. 2709.- Si el fiador hubiese transigido con el acreedor, no podrá exigir del 

deudor sino lo que en realidad haya pagado. 

ART. 2710.- Si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, 

podrá éste oponerle todas las excepciones que podría oponer al acreedor al 

tiempo de hacer el pago. 

ART. 2711.- Si el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, paga de 

nuevo, no podrá éste repetir contra aquel, sino sólo contra el acreedor. 

ART. 2712.- Si el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial, y por motivo fundado 

no pudo hacer saber el pago al deudor, éste quedará obligado a indemnizar a 

aquel y no podrá oponerle más excepciones que las que sean inhertes (sic) a la 

obligación y que no hubieren sido opuestas por el fiador, teniendo conocimiento de 

ellas. 

ART. 2713.- Si la deuda fuere a plazo o bajo condición, y el fiador la pagare antes 

de que aquel o ésta se cumplan, no podrá cobrarla del deudor sino cunado (sic) 

fuere legalmente exigible. 

ART. 2714.- El fiador puede, aun antes de haber pagado, exigir que el deudor 

asegure el pago o lo releve de la fianza: 

I.- Si fue demandado judicialmente por el pago;

II.- Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes, de modo que se halle en el riesgo 

de quedar insolvente; 

III.- Si pretende ausentarse de la República; 

IV.- Si se obligó a relevarlo de la fianza en tiempo determinado, y éste ha 

transcurrido; 

V.- Si la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo. 

CAPITULO IV. 

De los efectos de la fianza entre los cofiadores. 

ART. 2715.- Cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por una 

misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá reclamar de cada uno de los 

otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer. 

Si alguno de ellos resultara insolvente, la parte de éste recaerá sobre todos en la 

misma proporción. 

Para que pueda tener lugar lo dispuesto en este artículo, es preciso que se haya 

hecho el pago en virtud de demanda judicial, o hallándose el deudor principal en 

estado de concurso. 

ART. 2716.- En el caso del artículo anterior, podrán los cofiadores oponer al que 

pagó, las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor principal 

contra el acreedor y que no fueren puramente personales del mismo deudor o del 

fiador que hizo el pago. 

ART. 2717.- El beneficio de división no tiene lugar ante los fiadores: 

I.- Cuando se renuncia expresamente; 

II.- Cuando cada uno se ha obligado mancomunadamente con el deudor; 

III.- Cuando alguno o algunos de los fiadores son concursados o se hallan 

insolventes, en cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto en los párrafos 

2o. y 3o. del artículo 2715; 

IV.- En el caso de la fracción IV del artículo 2694; 

V.- Cuando alguno o algunos de los fiadores se encuentren en alguno de los 

casos señalados para el deudor en las fracciones III y V del mencionado artículo 

2694.

ART. 2718.- El fiador que pide el beneficio de división sólo responde por la parte 

del fiador o fiadores insolventes, si la insolvencia es anterior a la petición; y ni aún 

por esa misma insolvencia, si el acreedor voluntariamente hace el cobro a prorrata 

sin que el fiador lo reclame. 

ART. 2719.- El que fía al fiador, en el caso de insolvencia de éste, es responsable 

para con los otros fiadores en los mismos términos en que lo sería el fiador fiado. 

CAPITULO V. 

De la extinción de la fianza. 

ART. 2720.- La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del 

deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. 

ART. 2721.- Si la obligación del deudor y la del fiador se confunden, porque uno 

hereda al otro no se extingue la obligación del que fió al fiador. 

ART. 2722.- La liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores, sin el 

consentimiento de los otros aprovecha a todos hasta donde alcanza la parte del 

fiador a quien se ha otorgado. 

ART. 2723.- Los fiadores, aun cuando sean solidarios, quedan libres de su 

obligación, si por culpa o negligencia del acreedor no pueden subrogarse en los 

derechos, privilegios o hipotecas del mismo acreedor. 

ART. 2724.- La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor, sin 

consentimiento del fiador, extingue la fianza. 

ART. 2725.- La quita reduce la fianza en la misma proporción que la deuda 

principal, y la extingue en el caso de que, en virtud de ella, queda sujeta la 

obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. 

ART. 2726.- El fiador que se ha obligado por tiempo determinado, queda libre de 

su obligación si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el 

cumplimiento de la obligación principal, dentro del mes siguiente a la expiración 

del plazo. También quedará libre de su obligación el fiador, cuando el acreedor, 

sin causa justificada, deje de promover por más de tres meses, en el juicio 

entablado contra el deudor. 

ART. 2727.- Si la fianza se ha otorgado por tiempo indeterminado, tiene derecho el 

fiador, cuando la deuda principal se vuelva exigible, de pedir al acreedor que 

promueva judicialmente, dentro del plazo de un mes, el cumplimiento de la 

obligación. Si el acreedor no ejercita sus derechos dentro del plazo mencionado, o 

si en el juicio entablado deja de promover, sin causa justificada, por más de tres 

meses, el fiador quedará libre de su obligación.

CAPITULO VI. 

De la fianza legal o judicial. 

ART. 2728.- El fiador que haya de darse por disposición de la ley o de providencia 

judicial, excepto cuando el fiador sea una instituición (sic) de crédito, debe tener 

bienes raíces inscritos en el Registro de la Propiedad y de un valor que garantice 

suficientemente las obligaciones que contraiga. 

Cuando la fianza es para garantizar el cumplimiento de una obligación cuya 

cuantía no exceda de mil pesos, no se exigirá que el fiador tenga bienes raíces. 

La fianza puede substituirse con prenda o hipoteca. 

ART. 2729.- Para otorgar una fianza legal o judicial por más de mil pesos se 

presentará un certificado expedido por el encargado del Registro Público, a fin de 

demostrar que el fiador tiene bienes raíces suficientes para responder del 

cumplimiento de la obligación que garantice. 

ART. 2730.- La persona ante quien se otorgue la fianza, dentro del término de tres 

días dará aviso del otorgamiento al Registro Público, para que al margen de la 

inscripción de propiedad correspondiente al bien raíz que se designó para 

comprobar la solvencia del fiador, se ponga nota relativa al otorgamiento de la 

fianza. 

Extinguida ésta, dentro del mismo término de tres días, se dará aviso al Registro 

Público, para que haga la cancelación de la nota marginal. 

La falta de aviso hace responsable al que debe darlos de los daños y perjuicios 

que su omisión origine. 

ART. 2731.- En los certificados de gravamen que se expidan en el Registro 

Público, se harán figurar las notas marginales de que habla el artículo anterior. 

ART. 2732.- Si el fiador enajena o grava los bienes raíces cuyas inscripciones de 

propiedad están anotadas conforme a lo dispuesto en el artículo 2730, y de la 

opeación resula (sic) la insolvencia del fiador, aquella se presumirá fraudulenta. 

ART. 2733.- El fiador legal o judicial no puede pedir la excusión de los bienes del 

deudor principal; ni los que fían a esos fiadores pueden pedir la excusión de éstos, 

así como tampoco la del deudor. 

TITULO DECIMOCUARTO.

De la prenda. 

ART. 2734.- La prenda es un derecho real constituído sobre un bien mueble 

enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en 

el pago. 

ART. 2735.- También pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes 

raíces que deben ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda 

surta sus efectos contra tercero necesitará inscribirse en el Registro Público a 

quien corresponda la finca respectiva. 

El que de los frutos en prenda se considerará como depositario de ellos, salvo 


ART. 2736.- Para que se tenga por constituída la prenda deberá ser entregada al 

acreedor, real o jurídicamente. 

ART. 2737.- Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, cuando 

éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando 

quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el acreedor o 

expresamente lo autorice la ley. En estos dos últimos casos, para que el contrato 

de prenda produzca efecto contra tercero, debe inscribirse en el Registro Público. 

El deudor puede usar de la prenda que queda en su poder en los términos que 

convengan las partes. 

ART. 2738.- El contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga en 

documento privado, se formarán dos ejemplares, uno para cada contratante. 

No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta la certeza de la fecha por el 

Registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente. 

ART. 2739.- Cuando la cosa dada en prenda sea un título de crédito que 

legalmente debe constar en el Registro Público, no surtirá efecto contra tercero el 

derecho de prenda sino desde que se inscriba en el Registro. 

ART. 2740.- A voluntad de los interesados podrá suplirse la entrega del título al 

acreedor con el depósito de aquél en una institución de crédito. 

ART. 2741.- Si llega el caso de que los títulos dados en prenda sean amortizados 

por quien los haya emitido, podrá el deudor, salvo pacto en contrario, substituirlos 

con otros de igual valor. 

ART. 2742.- El acreedor a quien se haya dado en prenda un título de crédito, no 

tiene derecho, aún cuando se venza el plazo del crédito empeñado, para cobrarle 

ni para recibir su importe, aún cuando voluntariamente se le ofrezca por el que le 

debe; pero podrá en ambos casos exigir el importe del crédito se deposite.

ART. 2743.- Si el objeto dado en prenda fuese un crédito o acciones que no sean 

al portador o negociables por endoso, para que la prenda quede legalmente 

constituída, debe ser notificado el deudor del crédito dado en prenda. 

ART. 2744.- Siempre que la prenda fuere un crédito, el acreedor que tuviere en su 

poder el título, estará obligado a hacer todo lo que sea necesario para que no se 

altere o menoscabe el derecho que aquel representa. 

ART. 2745.- Se puede constituír prenda para garantizar una deuda, aún sin 

consentimiento del deudor. 

ART. 2746.- Nadie puede dar en prenda cosas ajenas sin estar autorizado por su 

dueño. 

ART. 2747.- Si se prueba debidamente que el dueño prestó su cosa a otro con el 

objeto de que éste la empeñara, valdrá la prenda como si la hubiere constituído el 

mismo dueño. 

ART. 2748.- Puede darse prenda para garantizar obligaciones futuras, pero en 

este caso no puede venderse ni adjudicarse la cosa empeñada, sin que se pruebe 

que la obligación principal fué legalmente exigible. 

ART. 2749.- Si alguno hubiere prometido dar cierta cosa en prenda y no la hubiere 

entregado sea con culpa suya o sin ella, el acreedor puede pedir que se le 

entregue la cosa, que se dé por vencido el plazo de la obligación a que ésta se 

rescinda. (sic) 

ART. 2750.- En el caso del artículo anterior, el acreedor no podrá pedir que se 

entregue la cosa, si ha pasado a poder de un tercero en virtud de cualquier título 

legal. 

ART. 2751.- El acreedor adquiere por el empeño: 

I.- El derecho de ser pagado de su deuda con el precio de la cosa empeñada, con 

la preferencia que establece el artículo 2859; 

II.- El derecho de recobrar la prenda de cualquier detentador sin exceptuar al 

mismo deudor; 

III.- El derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que hiciere 

para conservar la cosa empeñada, a no ser que use de ella por convenio; 

IV.- El de exigir del deudor otra prenda o el pago de la deuda aún antes del plazo 

convenido, si la cosa empeñada se pierde o se deteriora sin su culpa.

ART. 2752.- Si el acreedor es turbado en la posesión de la prenda, debe avisarlo 

al dueño para que la defienda; si el deudor no cumpliere con esta obligación será 

responsable de todos los daños y perjuicios. 

ART. 2753.- Si perdida la prenda el deudor ofreciere otra o alguna caución, queda 

el artículo (sic) del acreedor aceptarlas o rescindir el contrato. 

ART. 2754.- El acreedor está obligado: 

I.- A conservar la cosa empeñada como si fuera propia y responder de los 

deterioros y perjuicios que sufra por su culpa o negligencia; 

II.- A restituír la prenda luego que estén pagados íntegramente la deuda, sus 

intereses y los gastos de conservación de la cosa, si se han estipulado los 

primeros y hechos los segundos. 

ART. 2755.- Si el acreedor abusa de la cosa empeñada, el deudor puede exigir 

que ésta se deposite o que aquél de fianza de restituirla en el estado en que la 

recibió. 

ART. 2756.- El acreedor abusa de la cosa empeñada, cuando usa de ella sin estar 

autorizado por convenio, o cuando estándolo, la deteriore o aplica a objeto diverso 

de aquel a que está destinada. 

ART. 2757.- Si el deudor enajenare la cosa empeñada o concediere su uso o 

posesión, el adquiriente no podrá exigir su entrega sino pagando el importe de la 

obligación garantizada, con los intereses y gastos en sus respectivos casos. 

ART. 2758.- Los frutos de la cosa empeñada pertenecen al deudor, más si por 

convenio los percibe el acreedor, su importe se imputará primero a los gastos, 

después a los intereses y el sobrante al capital. 

ART. 2759.- Si el deudor no paga en el plazo estipulado, y no habiéndolo, cuando 

tenga obligación de hacerlo conforme al artículo 1961, el acreedor podrá pedir y el 

juez decretará la venta en pública almoneda de la cosa empeñada, previa citación 

del deudor o del que hubiere constituído la prenda. 

ART. 2760.- La cosa se adjudicará al acreedor en las dos terceras partes de la 

postura legal, si no pudiere venderse en los términos que establezca el Código de 


ART. 2761.- El deudor, sin embargo, puede convenir con el acreedor en que éste 

se quede con la prenda en el precio que se le fije al vencimiento de la deuda, pero 

no al tiempo de celebrarse el contrato. Este convenio no puede perjudicar los 

derechos de tercero.

ART. 2762.- Puede por vonvenio (sic) expreso venderse la prenda 

extrajudicialmente. 

ART. 2763.- Eu (sic) cualquiera de los casos mencionados en los tres artículos 

anteriores, podrá el deudor hacer suspender la enajenación de la prenda, pagando 

dentro de las veinticuatro horas, contadas desde la suspensión. 

ART. 2764.- Si el producto de la venta excede a la deuda, se entregará el exceso 

al deudor; pero si el precio no cubre todo el crédito, tiene derecho el acreedor de 

demandar al deudor por lo que falte. 

ART. 2765.- Es nula toda cláusula que autoriza al acreedor a apropiarse la prenda, 

aunque ésta sea de menor valor que la deuda, o a disponer de ella fuera de la 

manera establecida en los artículos que preceden. Es igualmente nula la cláusula 

que prohíba al acreedor solicitar la venta de la cosa dada en prenda. 

ART. 2766.- El derecho que da la prenda al acreedor se extiende a todos los 

accesorios de la cosa, y a todos los aumentos de ella. 

ART. 2767.- El acreedor no puede responder por la evicción de la prenda vendida, 

a no ser que intervenga solo de su parte o que se hubiere sujetado a aquellas (sic) 

responsabilidad expresamente. 

ART. 2768.- El derecho y la obligación que resultan de la prenda son indivisibles, 

salvo el caso en que haya estipulación en contrario; sin embargo, cuando el 

deudor esté facultado para hacer pagos parciales y se hayan dado en prenda 

varios objetos, o uno que sea cómodamente divisible, ésta se irá reduciendo 

proporcionalmente a los pagos hechos, con tal que los derechos del acreedor 

siempre queden eficazmnte (sic) garantizados. 

ART. 2769.- Extinguida la obligación principal, sea por el pago, sea por cualquiera 

otra cosa legal, queda extinguido el derecho de prenda. 

ART. 2770.- Respecto de los montes de piedad, que con autorización legal 

prestan dinero sobre prenda, se observarán las leyes y reglamentos que les 

conciernen, y supletoriamente las disposiciones de este título. 

TITULO DECIMOQUINTO. 

De la hipoteca. 

CAPITULO I. 

De la hipoteca en general.

ART. 2771.- La hipoteca es una garantía real constituída sobre bienes que no se 

entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la 

obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de 

preferencia establecido por la ley. 

ART. 2772.- Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, 

aunque pasen a poder de tercero. 

ART. 2773.- La hipoteca sólo puede recaer sobre bienes especialmente 

determinados. 

ART. 2774.- La hipoteca se extiende aunque no se exprese: 

I.- A las acciones naturales del bien hipotecado; 

II.- A las mejoras hechas por el propietario en los bienes gravados; 

III.- A los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario a la 

finca y que no pueden separarse sin menoscabo de ésta o deterioro de esos 

objetos; 

IV.- A los nuevos edificios que el propietario consrtuya (sic) sobre el terreno 

hipotecado, y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. 

ART. 2775.- Salvo pacto en contrario la hipoteca no comprenderá: 

I.- Los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos se 

hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito; 

II.- Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de 

la obligación garantizada; 

ART. 2776.- No se podrán hipotecar: 

I.- Los frutos y rentas pendientes con separación del predio que los produzca; 

II.- Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su 

adorno o comodidad, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se 

hipotequen juntamente con dichos edificios; 

III.- Las servidumbres, a no ser que se hipotequen juntamente con el predio 

dominante; 

IV.- El derecho de percibir los frutos en el usufructo concedido por este Código a 

los ascendientes sobre los bienes de sus descendientes; 

V.- El uso y la habitación;

VI.- Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya 

registrado preventivamente, o si se hace constar en el Título Constitutivo de la 

hipoteca que el acreedor tiene conocimiento del litigio; pero en cualquiera de los 

casos, la hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito. 

ART. 2777.- La hipoteca de una construcción levantada en terreno ajeno no 

comprende la (sic) área. 

ART. 2778.- Puede hipotecarse la nuda propiedad, en cuyo caso si el usufructo se 

consolidare con ella en la persona del propietario, la hipoteca se extenderá al 

mismo usufructo si así se hubiere pactado. 

ART. 2779.- Pueden también ser hipotecados los bienes que ya lo estén 

anteriormente, aunque sea con el pacto de no volverlos a hipotecar, salvo en todo 

caso los derechos de prelación que establece este Código. El pacto de no volver a 

hipotecar es nulo. 

ART. 2780.- El predio común no puede ser hipotecado sino con consentimiento de 

todos los propietarios. 

El copropietario puede hipotecar su porción indivisa, y al dividirse la cosa común la 

hipotecada gravará la parte que le corresponde en la división. El acreedor tiene 

derecho de intervenir en la división para impedir que a su deudor se le aplique una 

parte de la finca con valor inferior al que le corresponda. 

ART. 2781.- La hipoteca constituída sobre derechos reales, sólo dudará (sic) 

mientras éstos subsisten; pero si los derechos en que aquella se hubiere 

constituído se han extinguido por culpa del que los disfrutaba, éste tiene obligación 

de constituír una nueva hipoteca a satisfacción del acreedor y, en caso contrario, a 

pagarle todos los daños y perjuicios. Si el derecho hipotecado fuere el de 

usufructo y éste concluyere por voluntad del usufructuario, la hipoteca subsistirá 

hasta que venza el tiempo en que el usufructo hubiere concluído, al no haber 

mediado el hecho voluntario que le puso fin. 

ART. 2782.- La hipoteca puede ser constituída tanto por el deudor como por otra a 

su favor. 

ART. 2783.- El propietario cuyo derecho sea condicional o de cualquiera otra 

manera limitado, deberá declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad, si la 

conoce. 

ART. 2784.- Sólo puede hipotecar el que pueda enajenar, y solamente pueden ser 

hipotecados los bienes que pueden ser enajenados. 

ART. 2785.- Si el inmueble hipotecado se hiciere con o sin culpa del deudor, 

insuficiente para la seguridad de la deuda, podrá el acreedor exigir que se mejore

la hipoteca hasta que a juicio de peritos garantice debidamente la obligación 

principal. 

ART. 2786.- En el caso del artículo anterior, se sujetará a juicio de perito la 

circunstancia de haber disminuído el valor de la finca hipotecada hasta hacerla 

insuficiente para responder de la obligación principal. 

ART. 2787.- Si quedare comprobada la insuficiencia de la finca y el deudor no 

mejorare la hipoteca en los términos del artículos (sic) 2785, dentro de los ocho 

días siguientes a la declaración judicial correspondiente, procederá el cobro del 

crédito hipotecario, dándose por vencida la hipoteca para todos los efectos 

legales. 

ART. 2788.- Si la finca estuviere asegurada y se destruyere por incendio u otro 

caso fortuito, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca, y además el valor del 

seguro quedará afecto al pago. Si el crédito fuere de plazo cumplido, podrá el 

acreedor pedir la retención del seguro, y si no lo fuere, podrá pedir que dicho valor 

se imponga a su satisfacción, para que se verifique el pago al vencimiento del 

plazo. Lo mismo se observará con el precio que obtuviere en el caso de ocupación 

por causa de utilidad pública o de venta judicial. 

ART. 2789.- La hipoteca subsistirá íntegra aunque se reduzca la obligación 

garantida (sic), y gravará cualquier parte de los bienes hipotecados que se 

conserven, aunque la restante hubiere desaparecido, pero sin perjuicio de lo que 

disponen los artículos siguientes. 

ART. 2790.- Cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un crédito, 

es forzoso determinar por qué porción del crédito responde cada finca, y puede 

cada una de ellas ser redimida del gravamen, pagándose la parte de crédito que 

garantiza. 

ART. 2791.- Cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada 

convenientemente se divida, se repartirá equitativamente el gravamen hipotecario 

entre las fracciones. Al efecto, se pondrán de acuerdo el dueño de la finca y el 

acreedor hipotecario; y si no consiguiere ese acuerdo, la distribución del gravamen 

se hará por decisión judicial, previa audiencia de peritos. 

ART. 2792.- Sin consentimiento del acreedor, el propietario del predio hipotecado 

no puede darlo en arrendamiento, ni pactar pago anticipado de rentas, por un 

término que exceda a la duración de la hipoteca; bajo la pena de nulidad del 

contrato en la parte que exceda de la expresada duración. 

Si la hipoteca no tiene plazo cierto, no podrá estipularse anticipo de rentas, ni 

arrendamiento, por más de un año, si se trata de finca rústica, ni por más de dos 

meses, si se trata de finca urbana.

ART. 2793.- La hipoteca constituída a favor de un crédito que devengue intereses, 

no garantiza en perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de tres 

años; a menos que se haya pactado expresamente que garantizará los intereses 

por más tiempo, con tal que no exceda del término para la prescripción de los 

intereses, y de que se haya tomado razón de esta estipulación en el Registro 

Público. 

ART. 2794.- El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en remate 

judicial, o por adjudicación, en los casos en que no se presente otro postor, de 

acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles. 

Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique en el precio que se 

fije al exigirse la deuda, pero no al constituírse la hipoteca. Este convenio no 

puede perjudicar los derochos (sic) de tercero. 

ART. 2795.- Cuando el crédito hipotecario exceda de cinco mil pesos, la hipoteca 

debe otorgarse en escritura pública. Cuando no exceda de esa cantidad, podrá 

otorgarse en escritura privada, ante dos testigos, de la cual se harán tantos 

ejemplares como sean las partes contratantes. 

ART. 2796.- La acción hipotecaria prescribirá a los diez años, contados desde que 

pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito. 

ART. 2797.- La hipoteca nunca es tácita, ni general; para producir efectos contra 

tercero necesita siempre de registro, y se contrae por voluntad, en los convenios, y 

por necesidad, cuando la ley sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre 

los bienes determinados. En el primer caso se llama voluntaria; en el segundo, 

necesaria. 

CAPITULO II. 

De la hipoteca voluntaria. 

ART. 2798.- Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impuestas 

por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituyen. 

ART. 2799.- La hipoteca constituída para la seguridad de una obligación futura o 

sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero desde su 

inscripción, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. 

ART. 2800.- Si la obligación asegurada estuviese sujeta a condición resolutoria 

inscrita, la hipoteca no dejará de surtir su efecto respecto de tercero, sino desde 

que se haga constar en el registro el cumplimiento de la condición. 

ART. 2801.- Cuando se contraiga la obligación futura o se cumplan las 

condiciones de que tratan los dos artículos anteriores deberán los interesados

pedir que se haga constar así, por medio de una nota al margen de la inscripción, 

sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni prejudicar (sic) a tercero la hipoteca 

constituida. 

ART. 2802.- Para hacer constar en el registro el cumplimiento de las condiciones a 

que se refieren los artículos que preceden, o la existencia de las obligaciones 

futuras, presentará cualquiera de los interesados al registrador la copia del 

documento público que así lo acredite y, en su defecto, una solicitud formulada por 

ambas partes, pidiendo que se extienda la nota marginal y expresando claramente 

los hechos que deben dar lugar a ella. 

Si alguno de los interesados se niega a firmar dicha solicitud, acudirá el otro a la 

autoridad judicial para que, previo el procedimiento correspondiente, dicte la 

resolución que proceda. 

ART. 2803.- Todo hecho o convenio entre las partes, que pueda modificar o 

destruír la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, no surtirá efecto contra 

tercero si no se hace constar en el registro por medio de una inscripción nueva, de 

una cancelación total o parcial o de una nota marginal, según los casos. 

ART. 2804.- El crédito puede cederse en todo o en parte, siempre que la cesión se 

haga en la forma que para la consitución (sic) de la hipoteca previene el artículo 

2795, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro. 

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede 

transmtiirse (sic) por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni 

de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se 

transmitirá por la simple entrega del título sin ningún otro requisito. 

(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1994) 

Las entidades financieras podrán ceder créditos que tengan garantizados con 

hipoteca sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro, cuando los mismos 

sean cedidos a una entidad financiera actuando a nombre propio o como fiduciaria 

y el propósito de la cesión sea la emisión y colocación de valores, y siempre que el 

cedente mantenga la administración de los créditos. En caso de que la entidad 

cedente deje de llevar la administración de los créditos deberá únicamente 

notificarlo al deudor. 

ART. 2805.- La hipoteca generalmente durará por todo el tiempo que subsista la 

obligación que garantice y cuando ésta no tuviere término para su vencimiento, la 

hipoteca no podrá durar más de diez años. 

Los contratos pueden señalar a la hipoteca una duración menor que la de la 

obligación principal.

ART. 2806.- Cuando se prorrogue el plazo de la obligación garantizada con la 

hipoteca, ésta se entenderá prorrogada por el mismo término, a no ser que 

expresamente se asigne menor tiempo a la prórroga de la hipoteca. 

ART. 2807.- Si antes de que expire el plazo se prorrogare por primera vez, durante 

la prórroga y el término señalado para la prescripción la hipoteca conservará la 

prelación que le corresponda desde su origen. 

ART. 2808.- La hipoteca prorrogada segunda o más veces sólo conservará la 

preferencia derivada del registro de su constitución por el tiempo a que se refiere 

el artículo anterior; por el demás tiempo, o sea el de la segunda o ulterior prórroga, 

sólo tendrá la prelación que le corresponda por la fecha del último registro. 

Lo mismo se observará en el caso de que el acreedor conceda un nuevo plazo 

para que se le pague su crédito. 

CAPITULO III. 

De la hipoteca necesaria. 

ART. 2809.- Llámase necesaria a la hipoteca especial y expresa que por 

disposición de la ley están obligadas a constituír ciertas personas para asegurar 

los bienes que administran, o para garantizar los créditos de determinados 

acreedores. 

ART. 2810.- La constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en cualquier 

tiempo, aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, siempre que esté 

pendiente de cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado. 

ART. 2811.- Si para la constitución de alguna hipoteca necesaria se ofrecieren 

diferentes bienes y no convinieren los interesados en la parte de responsabilidad 

que haya de pesar sobre cada uno, conforme a lo dispuesto en el artículo 2790, 

decidirá la autoridad judicial, previo dictamen de peritos. 

Del mismo modo decidirá el juez las cuestiones que se susciten entre los 

interesados, sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la 

constitución de cualquiera hipoteca necesaria. 

ART. 2812.- La hipoteca necesaria durará el mismo tiempo que la obligación que 

con ella se garantiza. 

ART. 2813.- Tiene derecho de pedir la hipoteca necesaria para seguridad de sus 

créditos: 

I.- El coheredero o partícipe, sobre los inmuebles repartidos, en cuanto importen 

los respectivos saneamientos o el exceso de los bienes que haya recibido;

II.- Los descendientes de cuyos bienes fueron meros adminstradores (sic) los 

ascendientes, sobre los bienes de éstos, para garantizar la conservación y 

devolución de aquellos; teniendo en cuenta lo que dispone la fracción III del 


III.- Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por los 

que éstos administren; 

IV.- Los legatarios, por el importe de sus legados, si no hubiere hipoteca especial 

designada por el mismo testador; 

V.- El Estado, los pueblos y los establecimientos públicos, sobre los bienes de sus 

administradores o recaudadores, para asegurar las rentas de sus respectivos 

cargos. 

ART. 2814.- La constitución de la hipoteca en los casos a que se refieren las 

fracciones II y III del artículo anterior, puede ser pedida: 

I.- En el caso de bienes de que fueren meros administradores los padres, por los 

herederos legítimos del menor; 

II.- En el caso de bienes que administren los tutores, por los herederos legítimos y 

por el curador del incapacitado; 

III.- Por el Ministerio Público, si no la pidieren las personas enumeradas en las 

fracciones anteriores. 

ART. 2815.- La constitución de la hipoteca por los bienes de hijos de familia, de 

los menores y de los demás incapacitados, se regirá por las disposiciones 

contenidas en el título VIII, Capítulo II, Título IX, Capítulo IX y Título XI, Capítulo I y 

II del Libro Primero. 

ART. 2816.- Los que tienen derecho de exigir la constitución de hipoteca 

necesaria, tienen también el de objetar la suficiencia de la que se ofrezca, y el de 

pedir su ampliación cuando los bienes hipotecados se hagan por cualquier motivo 

insuficiente para garantizar el crédito; en ambos casos resolverá el juez. 

ART. 2817.- Si el responsable de la hipoteca designada en las fracciones II, III y IV 

del artículo 2813 no tuviere inmuebles, no gozará el acreedor más que del 

privilegio mencionado en el artículo 2873 fracción I, salvo lo dispuesto en el 

capítulo IX, del Título IX, del Libro Primero. 

CAPITULO IV. 

De la extinción de las hipotecas.

ART. 2818.- La hipoteca produce todos sus efectos jurídicos contra tercero 

mientras no sea cancelada su inscripción. 

ART. 2819.- Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extención (sic) de la 

hipoteca: 

I.- Cuando se extinga el bien hipotecado; 

II.- Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía; 

III.- Cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado; 

IV.- Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, 

observándose lo dispuesto en el Artículo 2788; 

V.- Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, teniendo aplicación lo 

prevenido en el artículo 2206; 

VI.- Por la remisión expresa del acreedor; 

VII.- Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. 

ART. 2820.- La hipoteca extinguida por dación en pago, revivirá si el pago queda 

sin efecto, ya sea porque la cosa dada en pago se pierda por culpa del deudor y 

estando todavía en su poder, ya sea porque el acreedor la pierda en virtud de la 

evicción. 

ART. 2821.- En los casos del artículo anterior, si el registro hubiere sido 

cancelado, revivirá solamente desde la fecha de la nueva inscripción; quedando 

siempre a salvo al acreedor el derecho para ser indemnizado por el deudor, de los 

daños y perjuicios que se le hayan seguido. 

TITULO DECIMOSEXTO. 

De las transacciones. 

ART. 2822.- La transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose 

recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una 

futura. 

ART. 2823.- La transacción que previene controversias futuras, debe constar por 

escrito si el interés pasa de doscientos pesos. 

ART. 2824.- Los ascendientes y los tutores no pueden transigir en nombre de las 

personas que tienen bajo su patria potestad o bajo su guarda, a no ser que la

transacción sea necesaria o útil para los intereses de los incapacitados y previa 

autorización judicial. 

ART. 2825.- Se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero 

no por eso se extingue la acción pública para la imposición de la pena, ni se da 

por probado el delito. 

ART. 2826.- No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, si (sic) 

sobre la validez del matrimonio. 

ART. 2827.- Es valida la transacción sobre los derechos pecuniarios que de la 

declaración del estado civil pudieren deducirse a favor de una persona; pero la 

transacción, en tal caso, no importa la adquisición del estado. 

ART. 2828.- Será nula la transacción que verse 

I.- Sobre delito, dolo y culpa futuros; 

II.- Sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros; 

III.- Sobre sucesión futura; 

IV.- Sobre una herencia, antes de visto el testamento, si lo hay 

V.- Sobre el derecho de recibir alimentos. 

ART. 2829.- Podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas 

por alimentos. 

ART. 2830.- El fiador sólo queda obligado por la transacción cuando consiente en 

ella. 

ART. 2831.- La transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y 

autoridad que la cosa juzgada; pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de 

aquella en los casos autorizados por la ley. 

ART. 2832.- Puede anularse la transacción cuando se hace en razón de un título 

nulo, a no ser que las partes hayan tratado expresamente de la nulidad. 

ART. 2833.- Cuando las partes están instruídas de la nulidad del título, o la disputa 

es sobre esa misma nulidad, pueden transigir válidamente, siempre que los 

derechos a que se refiere el título sean renunciables. 

ART. 2834.- La transacción celebrada teniéndose en cuenta documentos que 

después han resultado falsos por sentencia judicial, es nula.

ART. 2835.- El descubrimietno (sic) de nuevos títulos o documentos, no es causa 

para anurla (sic) o rescindir la transacción, si no ha habido mala fe. 

ART. 2836.- Es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido 

judicialmente por sentencia irrevocable, ignorada por los interesados. 

ART. 2837.- En las transacciones sólo hay lugar a la evicción cuando en virtud de 

ellas da una de las partes a la otra alguna cosa que no era objeto de la disputa y 

que, conforme a derecho, pierde el que la recibió. 

ART. 2838.- Cuando la cosa dada tiene vicios o gravámenes ignorandos (sic) del 

que la recibió; hay lugar a pedir la diferencia que resulte del vicio o gravamen, en 

los mismos términos que respecto de la cosa vendida. 

ART. 2939 (sic).- Por la transacción no se transmiten si no que se declaran o 

reconocen los derechos que son el objeto de las diferencias sobre que ella recae. 

La declaración o conocimiento de esos derechos no obliga al que lo hace a 

garantirlos (sic), ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción, ni 

importa un título propio en que fundar la prescripción. 

ART. 2840.- Las transacciones deben interpretarse estrictamente y sus cláusulas 

son indivisibles a menos que otra cosa convengan las partes. 

ART. 2841.- No podrá intentarse demanda contra el valor o subsistencia de una 

transacción sin que previamente se haya asegurado la devolución de todo lo 

recibido, a virtud del convenio que se quiera impugnar. 

TERCERA PARTE. 


De la concurrencia y prelación de los créditos. 

CAPITULO I. 


ART. 2842.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos 

sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o 

no embargables. 

ART. 2843.- Procede el concurso de acreedores siempre que el deudor suspenda 

el pago de sus deudas civiles, líquidas y exigibles. La declaración de concurso

será hecha por el juez competente, mediante los trámites fijados en el Código de 


ART. 2844.- La declaración de concurso incapacita al deudor para seguir 

administrando sus bienes, así como para cualquiera otra administración que por la 

ley le corresponde, y hace que se venza el plazo de todas sus deudas. 

Esa declaración produce también el efecto de que dejen de devengar intereses las 

deudas del concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, que 

seguirán devengando los intereses correspondientes hasta donde alcance el valor 

de los bienes que los garanticen. 

ART. 2845.- Los capitales debidos serán pagados en el orden establecido en este 

título, y si después de satisfechos quedaren fondos pertenecientes al concurso, se 

pagarán los réditos correspondientes, en el mismo orden en que se pagaron los 

capitales, pero reducidos los intereses al tipo legal, a no ser que se hubiere 

pactado un tipo menor. Sólo que hubiere bienes suficientes para que todos los 

acreedores queden pagados, se cubrrián (sic) los réditos al tipo convenido que 

sea superior al legal. 

ART. 2846.- El deudor puede celebrar con sus acreedores los convenios que 

estime oportunos; pero esos convenios se harán precisamente en junta de 

acreedores debidamente constituída. 

Los pactos particulares entre el deudor y cualquiera de sus acreedores serán 

nulos. 

ART. 2847.- La proposición de convenio se discutirá y pondrá a votación, 

formando resolución el voto de un número de acreedores que compongan la mitad 

y uno más de los concurrentes, siempre que su interés en el concurso cubra las 

tres quintas partes del pasivo, deducido el importe de los créditos de los 

acreedores hipotecarios y pignoraticios que hubieren optado por no ir al concurso. 

ART. 2848.- Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la junta en que 

se hubiere aprobado el convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren 

concurrido a la junta podrán oponerse a la aprobación del mismo. 

ART. 2849.- Las únicas causas en que podrá fundarse la oposición al convenio 

serán: 

I.- Defectos en las formas prescritas para la convocación, celebración y 

deliberación de la junta; 

II.- Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que 

su voto decida la mayoría en número o cantidad;

III.- Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de los 

acreedores entre sí, para votar a favor del convenio; 

IV.- Exageración fraudulenta de créditos para procurrar (sic) la mayoría de 

cantidad; 

V.- La inexactitud fraudulenta en el inventario de los bienes del deudor o en los 

informes de los síndicos, para facilitar la admisión de las proposiciones del deudor. 

ART. 2850.- Aprobado el convenio por el juez, será obligatorio para el fallido y 

para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la declaración, 

si hubieren sido citados en forma legal, o si habiéndoles notificado la aprobación 

del convenio no hubieren reclamado contra éste en los términos prevenidos en el 

Código de Procedimientos Civiles, aunque esos acreedores no estén 

comprendidos en la lista correspondiente, ni hayan sido parte en el procedimiento. 

ART. 2851.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, podrán abstenerse de 

tomar parte en la junta de acreedores en la que haga proposiciones el deudor, y, 

en tal caso, las resoluciones de la junta no perjudicarán sus respectivos derechos. 

Si por el contrario, prefieren tener voz y voto en la mencionada junta, serán 

comprendidos en las esperas o quitas que la junta acuerde, sin perjuicio del lugar 

y grado que corresponda al título de su crédito. 

ART. 2852.- Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán extinguidas sus 

obligaciones en los términos estipulados en el mismo; pero sí dejare de cumplirlo 

en todo o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que 

no hubiesen percibido de su crédito primtivo (sic), y podrá cualquiera de ellos pedir 

la declaración o continuación del concurso. 

ART. 2853.- No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, 

conservarán éstos su derecho, terminando el concurso para cobrar, de los bienes 

que el deudor adquiera posteriormente, la parte de crédito que no le hubiere sido 

satisfecha. 

ART. 2854.- Los créditos se graduarán en el orden que se clasifican en los 

capítulos siguientes con la relación que para cada clase se establezca en ellos. 

ART. 2855.- Concurriendo diversos acreedores de la misma clase y número, serán 

pagados según la fecha de sus títulos, si aquélla constare de una manera 

indubitable. En cualquier otro caso serán pagados a prorrata. 

ART. 2856.- Los gastos judiciales hechos por un acreedor, en lo particular, serán 

pagados en el lugar en que deba serlo el crédito que los haya causado. 

ART. 2857.- El crédito cuya preferencia provenga de convenio fraudulento entre el 

acreedor y el deudor, pierde toda preferencia, a no ser que el dolo provenga sólo

del deudor, quien en este caso será responsable de los daños y perjuicios que se 

sigan a los demás acreedores, además de las penas que merezca por el fraude. 

CAPITULO II. 

De los créditos hipotecarios y pignoraticios 

y de algunos otros privilegiados. 

ART. 2858.- Preferentemente se pagarán los adeudos fiscales provenientes de 

impuestos, con el valor de los bienes que los hayan causado. 

ART. 2859.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar 

en el concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones 

que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios 

respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus 

créditos. 

ART. 2860.- Si hubiere varios acreedores hipotecarios garantizados con los 

mismos bienes, pueden formar un concurso especial con ellos, y serán pagados 

por el orden de fechas en que se otorgaron las hipotecas, si éstas se registraron 

dentro del término legal, o según el orden en que se hayan registrado los 

gravámenes, si la inscripción se hizo fuera del término de la ley. 

ART. 2861.- Cuando el valor de los bienes hipotecados o dados en prenda no 

alcanzare a cubrir los créditos que garantizan, por el saldo deudor entrarán al 

concurso los acreedores de que se trata, y serán pagados como acreedores de 

tercera clase. 

ART. 2862.- Para que el acreedor pignoraticio goce del derecho que le concede el 

artículo 2859, es necesario que cuando la prenda le hubiere sido entregada en la 

primera de las formas establecidas en el atrículo (sic) 2737 la conserve en su 

poder o quien sin culpa suya haya sido perdida su posesión; y que cuando le 

hubiere sido entregada en la segunda de las formas previstas en el artículo citado, 

no haya consentido en que el deudor depositario o el tercero que la conserva en 

su poder, la entregue a otra persona. 

ART. 2863.- Del precio de los bienes hipotecados o dados en prenda, se pagará 

en el orden siguiente: 

I.- Los gastos del juicio respectivo y los que causen las ventas de esos bienes; 

II.- Los gastos de conservación y administración de los mencionados bienes; 

III.- La deuda de seguros de los propios bienes;

IV.- Los créditos hipotecarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2860 

comprendiéndose en el pago de los créditos de los últimos tres años, o los 

créditos pignoraticios, según su fecha, así como sus réditos, durante los últimos 

seis meses. 

ART. 2864.- Para que paguen con la preferencia señalada los créditos 

comprendidos en las fracciones II y III del artículo anterior, son requisitos 

indispensables que los primeros hayan sido necesarios, y que los segundos 

consten auténticamente. 

ART. 2865.- Si el concurso llega al período en que deba pronunciarse sentencia 

de graduación, sin que los acreedores hipotecarios o pignoraticios hagan uso de 

los derechos que les concede el artículo 2859, el concurso hará vender los bienes 

y depositará el importe del crédito y de los réditos correspondientes, observándose 

en su caso, las disposiciones relativas a los ausentes. 

ART. 2866.- El concurso tiene derecho para redimir los gravámenes hipotecarios y 

pignoraticios que pesen sobre los bienes del deudor, o de pagar las deudas de 

que especialmente responden algunos de éstos, y, entonces, esos bienes entrarán 

a formar parte del fondo del concurso. 

ART. 2867.- Los trabajadores no necesitan entrar al concurso para que se les 

paguen los créditos que tengan por salarios o sueldos devengados en el último 

año y por indemnizaciones. Deducirán su reclamación ante la autoridad que 

corresponda y en cumplimiento de la resolución que se dicte, se enajenarán los 

bienes que sean necesarios para que los créditos de que se trata se paguen 

preferentemente a cualesquiera otros. 

ART. 2868.- Si entre los bienes del deudor se hallaren comprendidos bienes 

muebles o raíces adquiridos por sucesión y obligados por el autor de la herencia a 

ciertos acreedores, podrán éstos pedir que aquellos sean separados y formar 

concurso especial con exclusión de los demás acreedores propios del deudor. 

ART. 2869.- El derecho reconocido en el artículo anterior no tendrá lugar: 

I.- Si la separación de los bienes no fuera pedida dentro de tres meses, contados 

desde que se inició el concurso o desde la aceptación de la herencia; 

II.- Si los acreedores hubieren hecho novación de la deuda o de cualquier otro 

modo hubieren aceptado la responsabilidad personal del heredero. 

ART. 2870.- Los acreedores que obtuvieren la separación de bienes, no podrán 

entrar al concurso del heredero, aunque aquellos no alcancen a cubrir sus 

créditos. 

CAPITULO III.

De algunos acreedores preferentes 

sobre determinados bienes. 

ART. 2871.- Con el valor de los bienes que mencionan serán pagados 

preferentemente; 

I.- La deuda por gastos de salvamento, con el valor de la cosa salvada; 

II.- La deuda contraída antes del concurso, expresamente para ejecutar obras de 

rigurosa conservación de algunos bienes, con el valor de éstos; siempre que se 

pruebe que la cantidad prestada se empleó en esas obras; 

III.- Los créditos a que se refiere el artículo 2524, con el precio de la obra 

construída; 

IV.- Los créditos por semillas, gastos de cultivo y recolección, con el precio de la 

cosecha para que sirvieron y que se halle en poder del deudor; 

V.- El crédito por fletes, con el precio de los efectos transportados, si se 

encuentran en poder del acreedor; 

VI.- El crédito por hospedaje, con el precio de los muebles del deudor que se 

encuentren en la casa o establecimiento donde está hospedado; 

VII.- El crédito arrendador, con el precio de los bienes muebles embargables que 

se hallen dentro de la finca arrendada o con el precio de los frutos de la cosecha 

respectiva si el predio fuera rústico; 

VIII.- El crédito que provenga del precio de los bienes vendidos y no pagados con 

el valor de ellos, si el acreedor hace su reclamación dentro de los sesenta días 

siguientes a la venta, si se hizo al contado, o del vencimiento si la venta fue a 

plazo. 

Tratándose de bienes muebles, cesará la preferencia si hubieren sido 

inmovilizados; 

IX.- Los créditos anotados en el Registro de la Propiedad, en virtud de 

mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre 

los bienes anotados y solamente en cuanto a créditos posteriores. 

CAPITULO IV. 

Acreedores de primera clase.

ART. 2872.- Pagados los acreedores mencionados en los dos capítulos anteriores 

y con el valor de todos los bienes que queden, se pagarán: 

I.- Los gastos judiciales comunes, en los términos que establezca el Código de 

Procedimientos; 

II.- Los gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes 

concursados; 

III.- Los gastos de funerales del deudor, proporcionados a su posición social, y 

también los de su mujer e hijos que estén bajo su patria potestad y no tuviesen 

bienes propios; 

IV.- Los gastos de la última enfermedad de las personas mencionadas en la 

fracción anterior, hechos en los últimos seis meses que precedieron al día del 

fallecimiento; 

V.- El crédito por alimentos fiados al deudor para su subsistencia y la de su familia, 

en los seis meses anteriores a la formación del concurso; 

VI.- La responsabilidad civil en la parte que comprende el pago de los gastos de 

curación o de los funerales del ofendido y las pensiones que por concepto de 

alimentos se deban a sus familiares. En lo que se refiere a la obligación de 

restituir, por tratarse de devoluciones de cosa ajena, no entra en concurso, y por lo 

que toca a las otras indemnizaciones que se deban por el delito, pagarán como si 

se tratara de acreedores comunes de cuarta clase. 

CAPITULO V. 

Acreedores de segunda clase. 

ART. 2873.- Pagados los créditos antes mencionados se pagarán: 

I.- Los créditos de las personas comprendidas en las fracciones II, III y IV del 

artículo 2813, que no hubieron exigido la hipoteca necesaria; 

II.- Los créditos del erario que no estén comprendidos en el artículo 2858 y los 

créditos a que se refiere la fracción V del artículo 2813 que no hayan sido 

garantizados en la forma allí prevenida; 

III.- Los créditos de los establecimientos de beneficencia pública o privada. 

CAPITULO VI. 

Acreedores de tercera clase.

ART. 2874.- Satisfechos los créditos de que se ha hablado anteriormente, se 

pagarán los créditos que consten en escritura pública o en cualquier otro 

documento auténtico. 

CAPITULO VII. 

Acreedores de cuarta clase. 

ART. 2875.- Pagados los créditos enumerados en los capítulos que preceden, se 

pagarán los créditos que consten en documento privado. 

ART. 2876.- Con los bienes restantes serán pagados todos los demás créditos 

que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores. El pago se hará a 

prorrata y sin atender a las fechas, ni al origen de los créditos. 


Del registro público. 

CAPITULO I. 

De las oficinas del Registro. 

ART. 2877.- El ejecutivo del Estado designará las poblaciones en donde deba 

establecerse la oficina denominada "Registro Público". 

ART. 2878.- El reglamento fijará el número de secciones de que se componga el 

Registro y la sección en que deban inscribirse los títulos que se registren. 

ART. 2879.- El registro será público. Los encargados de la oficina tienen la 

obligación de permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de las 

inscripciones constantes en los libros del Registro y de los documentos 

relacionados con las inscripciones, que estén archivados. También tienen la 

obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que 

figuren en los libros del Registro; así como certificaciones de no existir asientos de 

ninguna especie o de aspecto determinado, sobre bienes señalados o a cargo de 

ciertas personas. 

Tratándose de testamentos ológrafos depositados en el Registro, se observará lo 


CAPITULO II.

De los títulos sujetos a registro y de los efectos legales 

del registro. 

ART. 2880.- Se inscribirán en el Registro: 

I.- Los títulos por los cuales se adquiere, tramite, modifica, grava o extingue el 

dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles; 

II.- La constitución del patrimonio de familia; 

III.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período mayor de 

seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres; 

IV.- La condición resolutoria en las ventas a que se refieren las fracciones I y II del 


V.- Los contratos de prenda que menciona el artículo 2737; 

VI.- La escritura constitutiva de las sociedades civiles y la que la reforme; 

VII.- La escritura constitutiva de las asociaciones y la que la reforme; 

VIII.- Las fundaciones de beneficencia privada; 

IX.- Las resoluciones judiciales de árbitros o arbitradores que produzcan algunos 

de los efectos mencionados en la fracción I; 

X.- Los testamentos por efecto de los cuales se deja la propiedad de bienes 

raíces, o de derechos reales, haciéndose el registro después de la muerte del 

testador. 

XI.- En los casos de intestado, el auto declaratorio de los herederos legítimos y el 

nombramiento de albacea definitivo; 

En los casos previstos en las dos fracciones anteriores, se tomará razón del acta 

de defunción del autor de la herencia; 

XII.- Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita una 

cesión de bienes; 

XIII.- El tesimonio (sic) de las informaciones ad pertuam (sic) promovidas y 

protocolizadas de acuerdo con lo que disponga el Código de Procedimientos 

Civiles; 

XIV.- Los demás títulos que la ley ordena expresamente que sean registrados.

ART. 2881.- Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se 

registren, sólo producirán efectos entre quiénes los otorguen, pero no podrán 

producir perjuicios a tercero, el cual si podrá aprovecharlos en cuanto le fueren 

favorables. 

ART. 2882.- Los testamentos ológrafos no producirán efecto si no son depositados 

en el Registro. 

ART. 2883.- Los actos ejecutados, los contratos otorgados y las resoluciones 

judiciales pronunciadas en país extranjero, sólo se inscribirán concurriendo las 


I.- Que si los actos o contratos hubiesen sido celebrados o las sentencias 

pronunciadas en el Estado habría sido necesaria su inscripción en el Registro; 

II.- Que estén debidamente legalizados; 

III.- Si fueren resoluciones judiciales, que se ordene su ejecución por la autoridad 

judicial nacional que corresponda; 

ART. 2884.- La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con 

arreglo a las leyes. 

ART. 2885.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos 

que se otorguen o celebren por personas que en el Registro aparezcan con 

derecho para ello, no se invalidarán, en cuanto a tercero de buena fe, una vez 

inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud 

de título anterior no inscrito o de causas que resulten claramente del mismo 

registro. 

Lo dispuesto en este artículo no se podrá aplicar a los contratos gratuitos, ni a 

actos o contratos que se ejecuten u otorguen violando la ley prohibitiva o de 

interés público. 

ART. 2886.- No podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de 

inmuebles o de derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad 

determinada, sin que, previamente o a la vez, se entable demanda de nulidad o 

cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho. 

En el caso de embargo precautorio juicio ejecutivo o procedimiento de apremio 

contra bienes o derechos reales determinados, se sobreseerá; todo procedimiento 

de apremio respectivo o de los mismos o de sus frutos, inmediatamente que 

conste en los autos, por manifestación auténtica del Regisrto (sic) de la Propiedad, 

que dichos bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de 

aquella contra la cual se decretó el embargo o se siguió el procedimiento, a no ser 

que se hubiere dirigido contra ella la acción, como cousahabiente (sic) del que 

aparece dueño en el Registro.

ART. 2887.- No pueden los bienes raíces o los derechos reales impuestos sobre 

los mismos, aparecer inscritos a la vez en favor de dos o más personas distintas, a 

menos que estas sean copartícipes. 

CAPITULO III. 

Del modo de hacer el registro y de las 

personas que tienen derecho de pedir la inscripción. 

ART. 2888.- La inscripción de los títulos en el Registro puede pedirse por todo el 

que tenga interés legítimo en asegurar el derecho que se va a inscribir, o por el 

notario que haya autorizado la escritura de que se trate. 

ART. 2889.- Sólo se registrarán: 

I.- Los testimonios de escritura pública y otros documentos auténticos; 

II.- Las sentencias y providencias judiciales certificadas legalmente; 

III.- Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la 

ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el registrador, 

la autoridad municipal o el juez de paz se cercioró de la autenticidad de las firmas 

y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por las 

mencionadas autoridades y llevar el sello de la oficina respectiva. 


ART. 2890.- El interesado deberá presentar el título que va a ser registrado y 

cuando se trate de documentos que impliquen transmisiones o modificaciones de 

la propiedad de predios o fincas rústicos o urbanos, acompañará un plano de 

éstos. Presentará además dos ejemplares del título y del plano para el registro que 

se lleva en la Tesorería General del Estado y en la Dirección General de Catastro 

del mismo. 

ART. 2891.- El registrador hará la inscripción si encuentra que el título presentado 

es de los que deben inscribirse; llena las formas extrínsecas exigidas por la ley y 

contiene los datos a que se refiere el artículo 2893. En caso contrario devolverá el 

título sin registrar, siendo necesaria resolución judicila (sic) para que se haga el 

registro. 

ART. 2892.- En el caso a que se refiere la parte final del artículo anterior, el 

registrador tiene obligación de hacer una inscripción preventiva, a fin de que si la 

autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la inscripción definitiva 

surta sus efectos desde que por primera vez se presentó el título. Si el juez 

aprueba la calificación hecha por el registrador, se cancelará la inscripción 

preventiva.

Transcurridos tres años sin que se comunique al registrador la calificación que de 

el título presentado haya hecho al juez, a petición de parte interesada se cancelará 

la inscripción preventiva. 

ART. 2893.- Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las 


I.- La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a 

los cuales afecte el derecho que debe inscribirse; su medida superficial, nombre y 

número si constare en el título, o la preferencia al Registro anterior en donde 

consten esos datos; así mismo, constará la mención de haberse agregado el plano 

o croquis al legajo respectivo; 

II.- La naturaleza, extinción, condiciones y cargas del derecho que se constituya, 

transmite, modifique o extinga; 

III.- El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores. Si 

el derecho no fuere de cantidad determinada, los interesados fijarán el título en la 

estimación que le den; 

IV.- Tratándose de hipotecas, la época en que podrá exigirse el pago del capital 

garantido (sic), y si causare réditos, la tasa o el monto de éstos y la fecha desde 

que deban correr. 

V.- Los hombres (sic), edades, domicilios y profesiones de las personas que por sí 

mismos o por medio de representantes hubieren celebrado el contrato o ejecutado 

el acto sujeto a inscripción. Las personas morales se designarán por el nombre 

oficial que lleven, y las sociedades, por su razón o denominazición (sic); 

VI.- La naturaleza del acto o contrato; 

VII.- La fecha del título y el funcionario que lo haya autorizado; 

VIII.- El día y hora de la presentación del título en el Registro. 

ART. 2894.- El registrador que haga una inscripción sin cumplir con lo dispuesto 

en el artículo anterior, será responsable de los daños y perjuicios que cause a los 

interesados, y sufrirá una suspensión de empleo por tres meses. 

ART. 2895.- El registro producirá sus efectos desde el día y la hora en que el 

documento se hubiese presentado en la oficina registradora, salvo lo dispuesto en 

el artículo siguiente. 


ART. 2896.- Cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se cree, declare, 

reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o

posesión de bienes raíces o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin 

serlo sea inscribible, el notario o autoridad ante quien se haga el otorgamiento, 

podrá solicitar por una sola vez y previo el pago de los derechos correspondientes 

al Registro Público, un certificado sobre la existencia o inexistencia de 

gravámenes en relación con la misma. En esta solicitud, que surtirá efectos de 

aviso pre-preventivo, deberá mencionar la operación y bien de que se trate, los 

nombres de los contratantes y la indicación del número, tomo y sección en que 

estuviere inscrita la propiedad en el Registro. El registrador, con esta solicitud y sin 

cobro de derechos por este concepto practicará inmediatamente la anotación de 

presentación al margen de la inscripción de propiedad, anotación que tendrá una 

vigencia por un término de treinta días naturales a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud. 

Una vez firmada la escritura que produzca cualquier de las consecuencias 

mencionadas en el párrafo precedente, haya habido o no aviso pre-preventivo, el 

notario ante quien se otorgó dará aviso preventivo acerca de la operación de que 

se trate al Registro Público, y contendrá además de los datos mencionados en el 

párrafo anterior, la fecha de la escritura y la de su firma. El registrador, con el 

aviso citado y sin cobro de derecho alguno, practicará de inmediato la anotación 

de la presentación correspondiente, la cual tendrá una vigencia de ciento veinte 

días naturales a partir de la fecha de la firma de la escritura. Si este se da dentro 

del término de treinta días a que se contrae el párrafo anterior, sus efectos 

preventivos se retrotraerán a la fecha de presentación de la solicitud a que se 

refiere el mismo párrafo; en caso contrario, sólo surtirá efectos desde la fecha en 

que fue presentado y según el número de entrada que le corresponda. 

Si el testimonio respectivo se presentare al Registro Público dentro de cualquiera 

de los términos que señalan los párrafos anteriores, su inscripción surtirá efectos 

contra terceros desde la fecha de presentación del aviso y con arreglo a su 

número de entrada. 

Si el documento se presentare fenecidos los referidos plazos, su registro sólo 

surtirá efectos desde la fecha de presentación. 

Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el 

párrafo primero de este artículo fuere privado, deberán dar el aviso a que se 

refiere el segundo párrafo de este artículo, las autoridades de que habla la fracción 

III del artículo 2889, y el mencionado aviso producirá los mismos efectos que el 

dado por el notario. 

Mientras cualquiera de los avisos a que se refiere este artículo, se encuentren 

vigentes, no podrá hacerse ninguna inscripción o anotación que perjudique el 

registro de la escritura protegida por las anotaciones de aquellos avisos. Sin 

embargo, lo anterior no impedirá que en el Registro se reciban documentos que 

deban inscribirse, los cuales se inscribirán conforme al orden de su presentación, 

sólo en el caso de que aquellos avisos se venzan y en consecuencia se cancelen,

y siempre y cuando fuere procedente la inscripción de los documentos 

presentados con posterioridad a los avisos. 

La inscripción definitiva de un derecho que haya sido anotado preventivamente, 

surtirá sus efectos desde la fecha en que la anotación los produjo. 

ART. 2897.- Los encargados del Registro son responsables además de las penas 

en que puedan incurrir, de los daños y perjuicios a que dieren lugar: 

I.- Si rehusan sin motivo legal o retardan sin causa justificada, la inscripción de los 

documentos que le sean presentados; 

II.- Si rehusan expedir con prontitud los certificados que se les pide; 

III.- Si cometen omisiones al extender las certificaciones, salvo si el error proviene 

de insuficiencia o inexactitud de las declaraciones, que no le sean imputables. 

ART. 2898.- En los casos de los números I y II del artículo que precede; los 

interesados harán constar inmediatamente; por información judicial de dos 

testigos, el hecho de haberse rehusado el encargado del Registro, a fin de que 

pueda servirles de prueba en el juicio correspondiente. 

ART. 2899.- Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los 

presentó, con nota de quedar registrados en tal fecha y bajo tal número. 

ART. 2900.- El reglamento especial establecerá los derechos y obligaciones de los 

registradores, así como las formulas y demás requisitos que deben llenar las 

inscripciones. 

CAPITULO IV. 

Del registro de las informaciones de dominio. 

ART. 2901.- El que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las 

condiciones exigidas para prescribirlos, y no tenga título de propiedad o teniéndolo 

no sea inscribible por defectuoso, si no está en el caso de deducir la acción que le 

concede el artículo 1142, por no estar inscrita en el Registro la propiedad de los 

bienes en favor de persona alguna, podrá demostrar ante el juez competente, que 

ha tenido esa posesión, rindiendo la información respectiva en los términos que 

establezca el Código de Procedimientos Civiles. A su solicitud acompañará 

precisamente certificado del Registro Público, que demuestre que los bienes no 

están inscritos. 

La información se recibirá con citación del Ministerio Público, del respectivo 

registrador de la Propiedad y de los colindantes.

Los testigos deben ser por lo menos tres de notorio arraigo en el lugar de la 

ubicación de los bienes a que la información se refiere. 

No se recibirá la información sin que previamente se haya dado una amplia 

publicidad por medio de la prensa y de avisos fijados en los lugares públicos, a la 

solicitud del promovente. 

Comprobada debidamente la posesión, el juez declarará que el poseedor se ha 

convertido en propietario en virtud de la prescripción, y tal declaración se tendrá 

como tíulo (sic) de propiedad y será inscrita en el Registro Público. 

CAPITULO V. 

De las inscripciones de posesión. 

ART. 2902.- El que tenga una posesión apta para prescribir, de bienes inmuebles 

no inscritos en el Registro en favor de persona alguna, aun antes de que 

transcurra el tiempo necesario para prescribir, puede registrar su posesión, 

mediante resolución judicial que dicte el juez competente, ante quien la acredite 

del modo que fije el Código de Procedimientos Civiles. 

La información que se rinda para demostrar la posesión se sujetará a lo dispuesto 

en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo que precede. 

Las declaraciones de los testigos versarán sobre el hecho de la posesión, sobre 

los requisitos que deben tener para servir de base a la prescripción adquisitiva y 

sobre el origen de la posesión. 

El efecto de la inscripción será tener la posesión inscrita como apta para producir 

la prescripción al concluir el plazo de cinco años, contados desde la misma 

inscripción. 

ART. 2903.- Las inscripciones de posesión expresarán las circunstancias exigidas 

para las inscripciones en general y, además, las siguientes: 

Los nombres de los testigos que hayan declarado; el resultado de las 

declaraciones, y la resolución judicial que ordene la inscripción. 

ART. 2904.- Cualquiera que se crea con derecho a los bienes cuya inscripción se 

solicite mediante información de posesión podrá alegarlo ante la autoridad judicial 

competente. 

La interposición de su demanda suspenderá el curso del expediente de 

información; si estuviere ya concluído y aprobado, deberá el juez ponerlo en su 

conocimiento del registrador para que anote la inscripción y si ya estuviese hecha 

para que anote la inscripción de la demanda. Para que se suspenda la tramitación

del expediente o de la inscripción así como para que haga la anotación de ésta, es 

necesario que el demandante otorgue fianza de responder de los daños y 

perjuicios que se originen si su oposición se declara que proceda. 

Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover en el juicio de oposición, 

quedará ésta sin efecto, haciéndose en su caso la cancelación que porceda (sic). 

ART. 2905.- Transcurrido el plazo fijado en la parte final del artículo 2902, sin que 

en el registro aparezca algún asiento que contradiga la posesión inscrita, tiene 

derecho el poseedor, comprobado este hecho mediante la presentación del 

certificado respectivo, a que el juez competente declare que se ha convertido en 

propietario en virtud de la prescripción, y ordene que se haga en el Registro la 

inscripción de dominio correspondiente. 

ART. 2906.- No podrán inscribirse mediante información posesoria, las 

servidumbres continuas no aparentes, ni las discontinuas, sean o no aparentes, ni 

tampoco el derecho hipotecario. 

CAPITULO VI. 

De la extinción de las inscripciones. 

ART. 2907.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por su 

cancelación, o por el registro de la transmisión del dominio, o derecho real inscrito 

a otra persona. 

ART. 2908.- Las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes 

o por decisión judicial. 

ART. 2909.- La cancelación de las inscripciones podrá ser total o parcial. 

ART. 2910.- Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso, la cancelación total. 

I.- Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; 

II.- Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito; 

III.- Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la 

inscripción; 

IV.- Cuando se declare la nulidad de la inscripción; 

V.- Cuando sea vendido judicialmente el inmueble que reporte del gravamen en el 

caso previsto en el artículo 2206.

VI.- Cuando tratándose de una cédula hipotecaria o de un embargo, hayan 

transcurrido tres años desde la fecha de inscripción. 

ART. 2911.- Podrá pedirse, y deberá decretarse, en su caso, la cancelación 

parcial: 

I.- Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción; 

II.- Cuando se reduzca el derecho inscrito a favor del dueño de la finca gravada. 

ART. 2912.- Para que el registro pueda ser cancelado por consentimiento de las 

partes, se requiere que éstas lo sean legítimas, tengan capacidad de contratar y 

hagan constar su voluntad de un modo auténtico. 

ART. 2913.- Si para cancelar el registro se pusiese alguna condición, se requiere, 

además, el cumplimiento de ésta. 

ART. 2914.- Cuando se registre la propiedad o cualquier otro derecho real sobre 

inmuebles, en favor del que adquiere, se cancelará el registro relativo al que 

enajene. 

ART. 2915.- Cuando se registre una sentencia que declare, haber cesado los 

efectos de otra que esté registrada, se cancelará ésta. 

ART. 2916.- Los padres, como administradores de los bienes de sus hijos; los 

tutores de menores o incapacitados, y cualesquiera otros administradores, aunque 

habilitados para recibir pagos y dar recibos, sólo pueden consentir en la 

cancelación del registro hecho en favor de sus representados, en el caso de pago 

o por sentencia judicial. 

ART. 2917.- La cancelación de las inscripciones de hipoteca constituída en 

garantía de títulos transmisibles por endoso, puede hacerse: 

I.- Presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en 

la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento los títulos 

endosables; 

II.- Por solicitud firmada por dichos interesados y por el deudor, a la cual se 

acompañen inutilizados los referidos títulos; 

III.- Por ofrecimiento de pago y consignación del importe de los títulos, hechos de 

acuerdo con las disposiciones relativas. 

ART. 2918.- Las inscripciones de hipotecas constituídas con el objeto de 

garantizar títulos al portador, se cancelarán totalmente si se hiciere constar por 

acta notarial, estar recogida y en poder del deudor toda la emisión de títulos 

debidamente inutilizados.

ART. 2919.- Procederá también la cancelación total, si se presentase, por lo 

menos, las tres cuartas partes de los títulos al portador emitidos y se asegurase el 

pago de los restantes, consignándose su importe y el de los intereses que 

proceden. 

La cancelación, en este caso, deberá acordarse por sentencia, previo los trámites 

fijados en el Código de Procedimientos Civiles. 

ART. 2920.- Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones hipotecarias de que 

se trata, presentando acta notarial de estar recogidos y en poder del deudor, 

debidamente inutilizados, títulos por un valor equivalente al importe de la hipoteca 

parcial que se trata de extinguir, siempre que dichos títulos asciendan por lo 

menos a la décima parte del total de la emisión. 

ART. 2921.- Las cancelaciones se harán en la forma que fije el reglamento; pero 

deberán contener, para su validez, los datos necesarios a fin de que con toda 

exactitud se conozca cual es la inscripción que se cancela, la causa por qué se 

hace la cancelación y su fecha. 

ART. 2922.- Las inscripciones preventivas se cancelarán no solamente cuando se 

extinga el derecho inscrito, sino también cuando esa inscripción se convierta en 

definitiva. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ART. 1.- Este Código entrará en vigor treinta días después de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

ART. 2.- Sus disposiciones regirán los efectos jurídicos de los actos anteriores a 

su vigencia, con su aplicación no se violan derechos adquiridos. 

ART. 3.- La capacidad jurídica de las personas se rige por lo dispuesto en este 

Código, aun cuando modifique o quite la que antes gozaba; pero los actos 

consumados por personas capaces quedan firmes, aun cuando se vuelvan 

incapaces conforme a la presente ley. 

ART. 4.- Los tutores y los albaceas ya nombrados, garantizarán su manejo de 

acuerdo con las disposiciones de este Código, dentro del plazo de seis meses 

contados desde que entre en vigor, so pena de que sean removidos de su cargo, 

si no lo hacen. 

ART. 5.- Las disposiciones de este Código se aplicarán a los plazos que están 

corriendo para prescribir, hacer declaraciones de ausencia, presunciones de 

muerte, o para cualquiera otro acto jurídico, pero el tiempo transcurrido se

computará aumentándolo o disminuyéndolo en la misma proporción en que se 

haya aumentado o disminuído el nuevo término fijado por la presente ley. 

ART. 6.- Las disposiciones del Código Civil anterior sobre Registro Público y su 

reglamento, seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las 

prevenciones del presente Código, mientras no se expida el nuevo Reglamento 

del Registro Público. 

ART. 7.- Los contratos de censo y de anticresis (sic) celebrados bajo el impero 

(sic) de la legislación anterior, continuarán regidos por las disposiciones de esa 

legislación. 

La dote ya constituída está regida por las disposiciones de la ley bajo la que se 

constituyó y por las estipulaciones del contrato relativo. 

ART. 8.- Queda abrogada la legislación civil anterior y las leyes que se hayan 

expedido sobre la materia común de que se ocupa este Código; pero continuarán 

aplicándose transitoriamente las disposiciones de la legislación civil anterior 

cuando así lo expresa la presente ley o cuando su aplicación sea necesaria para 

que no se violen derechos adquiridos. 

El C. Gobernador Constitucional Substituto del Estado, dispondrá se publique, 

circule y observe. 

Dado en el Salón edeSsiones (sic) del Congreso del Estado, en Victoria de 

Durango, a los (5) cinco días del mes de noviembre de (1947) mil novecientos 

cuarenta y siete. 

Antero Carrete. D. P.- José R. Sariñana. D. S. Carlos Torres Ch. D. S. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se comunique a quienes 

corresponda, para su exacta observancia. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en Victoria de Durango, Dgo., a 

los trece días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete. 

José Ramón Valdez.- El Secretario Gral. de Gobierno, Lic. Fernando Arenas. 

N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS 

TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE CODIGO. 

P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 1948. 

ARTICULO UNICO.- Esta reforma entrará en vigor desde la fecha de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 15 DE MAYO DE 1969. 

UNICO.- El presente Decreto surte sus efectos a los (15) quince días de la fecha 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

P.O. 17 DE ENERO DE 1971. 

UNICO.- El presente decreto surtirá sus efectos tres días después de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

P.O. 28 DE OCTUBRE DE 1976. 

UNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 


P.O. 16 DE JUNIO DE 1977. 

UNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos legales a partir de la fecha de su 


P.O. 17 DE NOVIEMBRE DE 1977. 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 


P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 1979. 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 


UNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos quince días después de su 



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de Enero del año de 1982.

P.O. 4 DE JULIO DE 1982. 







UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 


UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor quince días después de su 



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 


ARTICULO PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones al Código Civil para el 

Estado de Durango, entrarán en vigor tres días después de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. 


UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.


UNICO:- La presente reforma entrará en vigor tres días después de su publicación 


P.O. 18 DE ABRIL DE 2004. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al 

presente. 

P.O. 16 DE ABRIL DE 2006. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se 

opongan al presente Decreto. 

P.O. 6 DE MAYO 2007. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 


SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto.

CODIGO CIVIL ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO ...

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