Aborto
La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Para que todas las personas tengan acceso a la atención de salud y para avanzar hacia la satisfacción progresiva de los derechos humanos, se debe ofrecer a todos una atención de salud de calidad que incluya servicios de atención integral para el aborto. Estos servicios abarcan la información, la atención para el aborto y atención postaborto. La falta de acceso a una atención para el aborto segura, asequible, humana y oportuna pone en riesgo no solo el bienestar físico, sino también el bienestar mental y social de las mujeres y las niñas.
El aborto provocado (o interrupción voluntaria del embarazo) es un procedimiento médico sencillo y habitual. De los embarazos que se producen cada año, casi la mitad -121 millones- no son deseados; además, seis de cada diez embarazos no son deseados (y, en total, tres de cada diez embarazos) se interrumpen voluntariamente. El aborto es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS que resulta también adecuado teniendo en cuenta la duración de la gestación y lo practica una persona que posee los conocimientos necesarios. Sin embargo, cuando una mujer que está embarazada sin haberlo deseado encuentra obstáculos para que se le presten servicios de atención al aborto de calidad, se expone a riesgos si decide abortar.
Es fundamental ofrecer a las mujeres y las niñas una atención para el aborto basada en la evidencia -es decir, que sea segura, respetuosa con la persona y libre de discriminación- a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos a la salud y bienestar (ODS 3) y a la igualdad de género (ODS 5).
Restringir el acceso al aborto no solo no reduce el número de abortos, sino que afecta enormemente a los riesgos que se corren al abortar.
Casi la mitad de los abortos son peligrosos y, en la enorme mayoría de los casos (en el 97%), tienen lugar en los países en desarrollo. Este problema causa entre el 4,7 y el 13,2% de las defunciones maternas y afecta desproporcionadamente a las mujeres que viven en regiones en desarrollo. Se calcula que cada año se trata a 7 millones de mujeres en los hospitales de los países en desarrollo de las complicaciones derivadas de un aborto que entraña este tipo de peligros.
Los obstáculos que impiden gozar de una atención para el aborto segura, oportuna, geográficamente accesible, asequible, humana y no discriminatoria pueden causar malestar psíquico y violar derechos de las mujeres y las niñas: el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, y el derecho a no sufrir torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Además, tienen consecuencias económicas y sociales para las personas y las comunidades y repercuten negativamente en las oportunidades que se brindan a las mujeres y las niñas para estudiar y para participar plena y eficazmente en la sociedad.
Las leyes sobre el aborto que obligan a las personas a desplazarse para obtener ayuda jurídica o que exigen recibir asesoramiento o esperar durante un tiempo para abortar sobrecargan los sistemas sanitarios y pueden hacer que las mujeres incurran en gastos de desplazamiento, pierdan ingresos o se vean en la necesidad de abortar en condiciones que pueden ser resultar peligrosas.
Una parte desproporcionada de los recursos se destina a la atención posterior al aborto: en los países en desarrollo, el tratamiento de las complicaciones derivadas de abortos peligrosos cuesta US$ 553 millones de dólares anuales a los sistemas sanitarios, mientras que los hogares sufren una pérdida de ingresos de US$ 922 millones como consecuencia de las discapacidades resultantes.Es posible abortar de forma segura y eficaz en distintos establecimientos con la participación de diferentes personas, entre ellas varias categorías de personal de salud. Además, en las primeras etapas del embarazo, la propia gestante puede practicarse un aborto.
Si la atención para el aborto se centra en la persona y es equitativa y accesible, los recursos se emplean de forma más eficiente y se ofrece un servicio acorde con los valores, las preferencias y las circunstancias de cada mujer. Este tipo de atención se puede prestar cuando los sistemas de salud funcionan correctamente, se ofrece información accesible, se respetan derechos humanos y el marco jurídico y político resulta propicio.
A fin de que la atención al aborto sea segura, digna y accesible en la práctica para todas las personas que la necesitan, deben darse las siguientes condiciones:
- hay una dotación suficiente de trabajadores de la salud de distintas categorías que proporciona atención para el aborto a una distancia accesible;
- se dispone de distintos métodos para acceder a la atención para el aborto, incluso para que lo practique la propia gestante;
- los servicios no obligan a las mujeres a sufrir dificultades económicas;
- se han eliminado las leyes y políticas que obstaculizan el acceso a la atención para el aborto de calidad (por ejemplo, la consideración del aborto como delito, el establecimiento de periodos de espera obligatorios y la exigencia de autorización por parte de terceras personas);
- se forma a los trabajadores de la salud para brindar una atención respetuosa y sin riesgos y para interpretar las leyes y políticas de conformidad con los derechos humanos;
- la negativa de los trabajadores de la salud a brindar servicios basándose en sus creencias personales no afecta negativamente al acceso al aborto;
