Demanda de otorgamiento de escritura pública: qué es y cuando procede

Te has preguntado, ¿qué ocurre cuando una de las partes no está interesada o no puede formalizar una escritura pública? Pues en el mundo jurídico hay una solución, conocida como demanda de otorgamiento de escritura pública.

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Y antes de ahondar en los detalles con los que se procede a una demanda de otorgamiento de escritura pública es importante familiarizarnos con la definición de este término y su importancia ante cada acto jurídico.

¿Qué es una escritura pública?

Una escritura pública es un documento notarial que da fe, de que uno bajo su derecho de propiedad, ha adquirido o cedido un inmueble, empresa o cualquier otro bien tangible. La escritura pública es también conocida como Constitución Social o Testimonio de Sociedad. Al realizar este documento, se debe acudir a un notario para legalizar el registro de la escritura pública con ambas partes presentes para su inscripción.

La finalidad del otorgamiento de escritura pública es ofrecer una seguridad jurídica a las partes que intervienen en el acto jurídico, a fin de que pueda ejercerse plenamente el derecho de propiedad y pueda estar garantizada la titularidad de los beneficiarios, ante los registros públicos.  

Este documento público se emite a modo de formalizar un acta o contrato. Y para la elaboración de una escritura pública, debe existir una minuta previa, la cual es un documento preliminar en la que ambas partes detallan el acuerdo y colocan sus firmas correspondientes en señal de conformidad. 

En el ideal de los casos, teniendo una minuta y habiendo completado los otros requisitos legales propios y específicos de cada acto jurídico, la escritura pública procedería a ser inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos(SUNARP) sin más contratiempos, siempre que el acto sea inscribible.

¿Para qué actos es requerida una escritura pública?

El otorgamiento de una escritura pública es un derecho y las partes optan por él por la seguridad que le da el acto, nadie puede negar su firma o el contenido, pues se hizo ante notario público. En determinados casos, la misma ley impone la formalidad, ante actos o contratos deberán ser suscritos con una escritura pública.

Algunos de los actos básicos y más comunes para el otorgamiento de este documento, son: compraventa, anticipo de herencia, constitución de una empresa, hipotecas u otros actos jurídicos reconocidos ante los registros públicos.

Entonces, ¿cuándo procede la demanda otorgamiento de una escritura pública?

Una demanda de otorgamiento de escritura pública procede cuando una de las partes no está dispuesta o está imposibilitada de acercarse a la notaría para firmar la escritura pública. 

Imaginemos que se celebra una compraventa de una casa, en la que tanto el dueño como el beneficiario, suscriben la minuta de compraventa, gestionan los pagos correspondientes y demás. El comprador  quiere elevar a escritura pública del contrato para solicitar la inscripción en Registros Públicos y el vendedor se niega, Ante esta situación, ¿qué procedería?

Tras incongruencias como esta, el beneficiario tiene todo el derecho de iniciar una demanda de otorgamiento de escritura pública recurriendo a un juez civil para que este pueda evaluar su caso. Al acudir a un juez, lo primero que ocurriría es que este emita un citatorio para oficializar el acto en la notaría. De rehusarse a firmar, el juez analizaría los documentos presentados por el beneficiario y la posible defensa del demandado para así ver si la legitimidad de la minuta y todas las evidencias presentadas por ambas partes. Tras ello, el juez podrá dar su veredicto.

La intervención del juez es clave en una demanda, ya que él podría ordenar el otorgamiento de la escritura pública, finalizando con la firma restante. O si una de las partes no lo hace, firmaría del juez en sustitución, por disposición de ley. Para que ocurra ello, es necesario que la demanda pase por todo el proceso explicado líneas arriba, antes de que salga la sentencia y la escritura pública pueda ser finalmente elevada a los registros públicos.

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