Organización que da asistencia a migrantes detenidos en tres centros del sur de Estados Unidos acusan legalmente al gobierno estadounidense de colocar obstáculos para el acceso y trabajo de los abogados voluntarios que buscan representarlos
Alegando que tres centros de detención de inmigrantes ubicados en zonas remotas del sur de Estados Unidos tienen condiciones y reglas que impiden a la gran mayoría de los detenidos obtener una adecuada representación legal, el Southern Poverty Law center (SPLC) demandó este miércoles a las autoridades migratorias del país.
La demanda fue presentada esta mañana en nombre de los migrantes detenidos en La Salle Detention Facility en Jena, Louisiana, Irwin County Detention Center en Ocilla, Georgia y Stewart Detention center en Lumpkin, Georgia.
SPLC, que tiene programas de representación legal gratis en los tres centros de detención, alega que las barreras físicas y reglamentarias que existen en los tres centros dificultan hasta tal punto el acceso de abogados y la reunión con los detenidos, que efectivamente niegan el derecho constitucional y el proceso debido.
Entre los ejemplos presentados en la documentación de la demanda, ninguno de los tres centros de detención tiene suficiente espacio para reuniones entre los abogados y sus clientes.
Explican que La Salle tiene 1200 detenidos y solo un cuarto para visitas entre abogados y clientes, Stewart tiene 1900 detenidos y sólo tres cuartos y Irwin tiene un cuarto para 1200 personas.
Adicionalmente, los tres centros están muy alejados de los centros urbanos, y los abogados normalmente tienen que esperar largo tiempo para ver a sus clientes.
Los asesores legales también tienen prohibido llevar celulares o computadoras, lo cual dificulta el trabajo de los asesores y el acceso a interpretación, ya que no hay traductores en los centros.
Como resultado, los abogados que no hablan el idioma de su cliente tienen que apoyarse en“gestos, adivinanzas y la comunicación en palabras aisladas para hablar de temas complejos y recabar evidencia para ayudar a los clientes en sus casos”, apunta la demanda.
“Muchos abogados se rehúsan a tomar casos en esos centros de detención, ya que no creen que es posible representarlos adecuada y éticamente al no poder comunicarse bien”, agrega la demanda.
La demanda también alega que los abogados que van a estos tres centros a representar clientes son objeto de hostigamiento por parte de agentes.
“Ha habido instancias en que agentes de ICE han seguidos a los abogados hasta afuera del centro, los han interrogado en la calle y los han acusado de “apoyar la inmigración ilegal”, presionado a que terminen rápido sus visitas y los han encerrado por horas en espera de sus clientes.
Los detenidos de inmigración no tienen derecho a un representante pagado por el gobierno, como pasa con los detenidos criminales, pero si a un abogado voluntario o a uno pagado en forma privada, pero la demanda argumenta que la falta de condiciones equivale a una negación de varios derechos constitucionales.
En Stewart y La Salle, por ejemplo, sólo 6% de los detenidos logra representación y la posibilidad de ganar su caso es, según cálculos, 10 veces menor que la que tienen los migrantes con un abogado que los represente adecuadamente.