El Gobierno mantiene las medidas antidesahucio para los más vulnerables y acaba con la prórroga extra de los alquileres
- Moncloa defiende que la ley de vivienda ya ofrece una protección más amplia a los hogares vulnerables
- Cuando se trata de actualizar el precio de un contrato vigente, se mantiene la limitación del 2% hasta final de año
El Gobierno ha decidido extender hasta final de año la suspensión de los desahucios a hogares vulnerables, que se estableció con la pandemia de coronavirus. En cambio, ha decidido acabar con la prórroga de seis meses extra para los alquileres a los que se les termine el contrato. Esta medida, que expira el 30 de junio, formó parte del paquete anticrisis por el contexto de inflación como consecuencia de la guerra en Ucrania y —como admitió el lunes la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz— ha provocado discrepancias entre los socios de coalición.
En cualquier caso, se mantiene la limitación del 2% cuando se actualiza el precio de un contrato de alquiler en vigor, que ya se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023, para desvincular las subidas del Índice de Precios de Consumo (IPC).
"Ya ha entrado en vigor la ley de vivienda, que establece topes máximos para el alza de los alquileres, del 2% este año y el 3% el próximo. Después referirán a un índice que está en elaboración", ha defendido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sobre la decisión de no mantener la prórroga de seis meses. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha argumentado que en virtud de la nueva legislación "las personas vulnerables pueden extender un año la duración de los contratos justamente para tener esta protección".
Fuentes del Gobierno insisten también en que la ley de vivienda aprobada ya ofrece una protección más amplia para los inquilinos con vulnerabilidad económica y, para el resto, recuerdan que la legislación establece prórrogas obligatorias de cinco años. Solo después de ese periodo, precisan, se consideraría que el contrato ha finalizado y es posible acordar una subida de precios superior al límite.
Sin embargo, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PSOE de "dejar caer una medida clave" para proteger a los hogares vulnerables. "Con la derecha y ultraderecha gobernando en la mayoría de CCAA y en rebeldía contra la ley de vivienda esto es un error garrafal", ha escrito en Twitter.
Medidas anti-desahucio
En la misma sesión, el Consejo de Ministros ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023 la suspensión de los desahucios a hogares vulnerables. La medida, acordada por la pandemia de coronavirus y luego extendida por las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania, puede paralizar incluso la expulsión de la vivienda habitual sin contrato de alquiler cuando haya personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores de edad a cargo implicados en el proceso.
En ese caso, la justicia valorará y puede suspender el desahucio siempre y cuando el propietario de la vivienda posea más de 10 inmuebles, no sea la residencia habitual o segunda residencia de otro, y no se haya entrado por la fuerza ni se realicen actividades ilícitas, entre otras consideraciones. Ante esta suspensión, el real decreto establece compensaciones a los propietarios si acreditan el perjuicio económico ocasionado.
El Ejecutivo ha justificado la prórroga de las medidas antidesahucios para dar tiempo a que los cambios en el procedimiento y las soluciones habitacionales planteadas por la ley de vivienda puedan desplegarse.
El real decreto-ley aprobado este martes ha alargado también hasta el 31 de diciembre ayudas en otros ámbitos, como la bonificación del abono de transporte público o la rebaja del IVA a alimentos básicos, que se aplicaron igualmente para paliar las consecuencias económicas de la pandemia y la guerra.
El Sindicato de Inquilinos augura una "oleada de expulsiones"
El Sindicato de Inquilinos ha lamentado este martes el fin de la congelación de los precios del alquiler que suponía la prórroga de seis meses, una medida que —argumentan— se puso en marcha para regular el mercado hasta que la ley de vivienda estuviera en funcionamiento en todas las comunidades autónomas. "Sólo Cataluña ha declarado que la va a aplicar y muchas otras comunidades se están negando a hacerlo", ha señalado la organización.
Así, el inquilinato ha asegurado de que se producirá "una oleada de expulsiones" con la caída de la moratoria. "Caseros y fondos que no quieran renovar contratos de alquiler van a poder subir el precio antes de que la regulación sea efectiva. Por lo tanto, veremos una subida en el precio de los alquileres y más desahucios en pleno julio, precisamente lo que pretende combatir la ley de vivienda", han advertido.
La decisión ha levantado otras críticas a la izquierda del PSOE. El líder de Más País, Íñigo Errejón, lo ha calificado de "incomprensible" y ha acusado a los socialistas de "priorizar la especulación por encima del derecho a la vivienda", por lo que ha pedido una rectificación.
Por su parte, en EH Bildu se han mostrado molestos por lo que consideran un giro en las medidas sociales del Gobierno y han reclamado explicaciones urgentes. Fuentes del grupo soberanista vasco opinan que la falta de voluntad en algunas autonomías para aplicar la ley de vivienda añadirá incertidumbre a las familias.
Para Moncloa, en cambio, la medida extraordinaria tenía sentido en el contexto de la pandemia y la alta inflación por la guerra de Ucrania, pero aducen que son efectos que ya se han moderado.
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