La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 141 establece que la soberanía pertenece al pueblo. Sin embargo, en un país donde el abuso de poder es la norma, este principio democrático parece irreal. La mayoría de guatemaltecos nos sentimos impotentes y sin recursos efectivos para reaccionar ante la falta de cumplimiento de las funciones públicas con responsabilidad y compromiso. Y, en los últimos años, nuestras garantías democráticas se han visto reducidas ante el avance de un soslayado autoritarismo, afincado en la cooptación de los sistemas de control y la eliminación de la separación entre los tres poderes del Estado. Acorralados por una clase política que dejó atrás sus deberes para procurar exclusivamente la defensa de sus intereses y la impunidad, la ciudadanía no lograba vislumbrar una salida.
A pesar del brutal deterioro institucional y democrático, el pasado 25 de junio, la estafeta del poder regresó al pueblo en las elecciones generales. La soberanía se hizo asequible y la gente que salió a votar se aferró a esta investidura inalienable de poder. Harta de los desmanes de la clase política y de la falta de respuesta a los problemas del país, salió a votar con una asistencia de 60%. El voto de castigo y desafección a la manera en que se gobierna fue una bofetada que hizo del voto nulo el ganador con un 17% de los sufragios válidos. Y, contra todo pronóstico, un sorpresivo 12% votó para presidente de la República por Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla quien logró acaparar el voto disidente, particularmente el de los jóvenes de las principales áreas urbanas.
Desde bastante antes, el pacto de corruptos había elegido a sus sucesores. Con un TSE convenientemente debilitado y cooptado, un proceso electoral en el cual las cortes decidieron quién podía o no participar, un partido oficial que apoyó a Manuel Conde, su candidato a la presidencia, con todos los recursos del Estado y un abrumador número de contendientes en partidos satélites del pacto de corruptos, la posibilidad de que el resultado se saliera de control eran mínimo.
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Todo este manipuleo generó repulsión. Los ciudadanos se sintieron insultados por la desfachatez y la soberbia de la clase política; asqueados por los abusos, las malas prácticas y la inclusión de personajes con antecedentes criminales, mientras se descartó a candidatos que tenían derecho a participar. Se respiraba frustración por no hallar un camino para expresar la disconformidad y enderezar el rumbo de un país atrapado. Como resultado, los ciudadanos no solamente salieron a votar, sino que un grupo muy significativo de ciudadanos emitió un voto de castigo a los políticos tradicionales y expresó el deseo de cambio.
Que Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla pasará a segunda vuelta hizo que muchos guatemaltecos recibieran la noticia con entusiasmo. Un partido que se consolidó con los movimientos sociales del 2015, reaviva la esperanza de una recuperación de la institucionalidad del Estado y de un gobierno honesto.
Sin embargo, el partido oficial y sus aliados no recibieron bien la noticia. De inmediato activaron la defensa de sus intereses. Sin base sólida para discutir los resultados, sin pruebas de la masiva manipulación de la votación que argumentaban, presentaron una acción judicial cuando todavía no habían precluido los recursos establecidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En respuesta, una CC cuestionada por su falta de independencia, pasando por encima de la función constitucional del TSE, suspendió la adjudicación de cargos, en toda la república. Muchas voces se alzaron para resaltar que esta resolución interfiere con el proceso electoral y genera incertidumbre.
Las audiencias de revisión de escrutinios y cotejo de actas que se realizaron por mandato de la CC y que culminaron el día jueves 6 de julio, no han hecho sino demostrar que el pueblo tiene razón en despreciar a la clase política tradicional: los fiscales de los partidos políticos llegaron amenazantes, sin respeto a los miembros de las Juntas Electorales, al proceso electoral o a la preservación de la democracia. De manera virulenta exigieron la apertura de las cajas que contienen los votos para realizar un conteo físico. Las Juntas Electorales han debido sufrir abusos, sin el apoyo del TSE cuyo mandato le exige velar por la preservación del proceso y la seguridad de los miembros de las Juntas Electorales. Afortunadamente, éstas respondieron con gallardía y se sostuvieron frente a los ataques.
A pesar de todo el desorden causado por la interferencia judicial, se ha confirmado lo que ya sabíamos: los resultados vertidos por el TSE eran confiables y las diferencias son mínimas pues no llegan siquiera al 1 %. Sin embargo, los ataques no cesan. Hay amenazas por parte del partido Cambio (al cual pertenece Manuel Baldizón y sus hijos) de iniciar procesos penales en contra del Movimiento Semilla y también se manifestó durante las audiencias la voluntad de iniciar acciones en contra de las Juntas Electorales por no doblegarse a las exigencias de los fiscales de los partidos políticos.
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Ahora, en una resolución emitida por la Presidenta de la CSJ (a pesar de que se trata de un tribunal colegiado solamente ella la suscribió) se mantiene en pausa la adjudicación de los cargos a los candidatos electos a la segunda vuelta, sembrando aún mayor incertidumbre en el proceso electoral. Mediante esta, cada vez más incisiva, acció de las cortes, se interfiere con la credibilidad que han mantenido las Juntas Electorales en Guatemala como una presencia ciudadana que garantiza la protección del voto y también con la función constitucional del TSE que debe regir el proceso en su calidad de tribunal «supremo».
Estamos frente a un momento crucial de nuestra historia. Si permitimos que se arrebate al pueblo el poder de elegir a sus gobernantes, si permitimos que sea invalidado el proceso electoral por políticos sin ningún respeto por la Constitución Política de la República, ni por los principios que sostienen la democracia, se habrá derrumbado la última defensa en contra del autoritarismo y quedaremos secuestrados por un grupo que ha demostrado su falta de decencia y de escrúpulos, así como su total indiferencia hacia el bienestar de Guatemala.
El veredicto ya fue pronunciado por la ciudadanía. La Constitución de nuestro país exige que sea respetado. Si se viola la voluntad popular, el orden constitucional habrá sido roto de una manera quizá irreparable. Por estas razones, los ciudadanos debemos manifestar rechazo al ataque dirigido a la certidumbre de los resultados electorales. El balotaje debe celebrarse, sin falta, el 20 de agosto entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo, como lo ordenó el voto popular. Si no actuamos ahora en defensa de esta expresión de voluntad del pueblo de Guatemala, habremos perdido el último bastión de poder institucional que nos queda.
