El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes (CPT) de Salta realizó una visita general de monitoreo a la Alcaidía General N° 1 y Anexo de Mujeres, de la ciudad de Salta, los días 18 y 19 de abril. El organismo registró sobrepoblación, abusos sexuales, requisas invasivas e innecesarias, maltrato institucional; también, falta de acceso a la salud, a la  justicia, la higiene, e incluso a una nutrición adecuada, a camas, colchones y frazadas. 

En este marco, el Comité demandó la constitución de la Comisión de Emergencia en materia penitenciaria prevista por la resolución N° 651/22, pero sin que hasta ahora se haya conformado. 

El lunes 8 de mayo, el Comité presentó un informe crítico a las autoridades gubernamentales dando cuenta de "paupérrimas condiciones de detención". El presidente del organismo, Rodrigo Solá, explicó a Salta/12 que el monitoreo fue realizado en dos días, en los que hicieron una recorrida por todos los pabellones, entrevistaron a las personas privadas de la libertad alojadas en ese lugar y también a algunos familiares.

Hacinamiento

Solá señaló que el hacinamiento es más grave en la población de varones privados de la libertad en la Alcaidía General N° 1. El lugar tiene una capacidad para 350 internos, y al momento de la visita se encontraban 854 personas privadas de la libertad. Esto "arroja una cifra de sobrepoblación de 504 personas, es decir del 144%".

Además, se registraron "casos de permanencia prolongada", 50 hombres están privados de su libertad desde 2021 y hay 5 alojados desde 2020. Además, el Comité encontró que 55 varones están cumpliendo condena en la Alcaidía por falta de cupo en la Unidad Carcelaria. Asimismo, Solá describió que hay un pabellón de varones que funciona como de medida disciplinaria, "cuando se castiga", ya que "es el que peor condiciones tiene" y allí envían a las personas que tienen sanciones o problemas de conducta.

Por otra parte, 43 mujeres se encuentran alojadas en un galpón, denominado Anexo, que tiene capacidad para 36 personas. El Comité registró que tienen menos tiempo de permanencia. "Lo que decimos es que en toda la provincia no ha se pensado en un espacio de detención especial para mujeres", señaló Solá, ya que siempre se las ubica en "un galpón o anexo", por lo que consideró que no se ha planificado con perspectiva de género, como tampoco hay "pabellones especiales" para el colectivo LGBTIQ+.

Malos tratos y requisas invasivas

El Comité registró 8 casos de malos tratos por parte del Servicio Penitenciario. Las personas privadas de la libertad dieron cuenta "expresiones agraviantes, excesos en las requisas y en el uso de la fuerza física", precisó Solá. Se denunciaron maltratos a familiares cuando van a las visitas.

Solá explicó que los familiares tienen que pasar por "requisas completas", que "son iguales que en el Servicio Penitenciario, sobre pertenencias y físico", vaginales y anales. Además, indicó que las autoridades les entregaron un protocolo que establece también que las niñas, los niños y adolescentes deben pasar por las requisas desde los 12 años, y les dejan en ropa interior.

El presidente del Comité contra la Tortura describió que las visitas de las personas detenidas en la Alcaidía se realizan a través de un vidrio, con lo que lxs internxs no tienen contacto con sus visitantes, por lo que esas requisas son "innecesarias". Agregó que la opción a las requisas, ya señaladas como violatorias de los derechos humanos, es el uso de escáneres. "En distintas unidades tienen escáner, pero en la práctica se mantiene el procedimiento ordinario en la requisa, son sus reglamentos internos, por supuesto, lo hemos cuestionado", manifestó.

Abusos sexuales y condiciones infrahumanas

El Comité relevó tres abusos sexuales en la Alcaidía de varones. Solá explicó que estos hechos fueron cometidos por otros internos. Ya informaron sobre esta situación al Ministerio de Seguridad. 

Solá dijo que en caso de que no haya denuncia, se requiere el consentimiento de las personas privadas de la libertad para dar intervención a una fiscalía penal. El comisionado explicó que demandan medidas especiales para el resguardo de la integridad de las víctimas de abuso sexual, en algunos casos que se les cambie de pabellón, en un caso que intervinieron antes lograron el arresto domiciliario. "Siempre caemos en el gran problema de la Alcaidía que es la sobrepoblación", sostuvo.

Por otra parte, al ser la ciudad de Salta muy fría en estas épocas del año, el Comité contra la Tortura también recibió denuncias de la población carcelaria por falta de colchones, mantas y abrigos, y constató que un elevado número de personas duerme en el piso. 

Además, el Comité registró pésimas condiciones de higiene; falta de agua caliente y de provisión de elementos de limpieza y aseo personal, y déficits en la alimentación.

Esta situación genera afectaciones en la salud de las personas privadas de libertad, como enfermedades relacionadas con las vías respiratorias y de piel, "que tiene que ver con condiciones de humedad, (ins)salubridad, estado de baños y letrinas", indicó Solá.

Trato riguroso y falta de acceso a la salud

El Comité relevó que 24 personas detenidas no pudieron acceder a la justicia. Detalló que "gran cantidad de personas desconocía sobre sus causas penales y del tiempo de detención".

En ese contexto, el Comité advirtió sobre la falta de comunicación con defensores y defensoras y con jueces y juezas, también sobre la falta de respuesta en tiempo oportuno del Poder Judicial a las peticiones que se le realizan, porque no se les da curso o porque las personas privadas de libertad "ni siquiera logran salir de la Alcaidía". En ese sentido, el organismo advirtió un "trato riguroso y discriminatorio". 

Durante el monitoreo, el Comité registró 48 personas privadas del derecho a la salud, y relevó quejas por falta de acceso a turnos médicos, asistencia psicológica, psiquiátrica y odontológica.

Solá explicó que hay un móvil en la Alcaidía que comparten tanto para el sector de varones como de mujeres. Ese vehículo es el mismo que se utiliza para llevarles a los turnos médicos, y a las citaciones en fiscalía o juzgados, por lo que no está siempre disponible y lxs detenidxs muchas veces pierden los turnos cuando los tienen asignados.

Como si eso fuera poco, "en el (Hospital) San Bernardo aplican sanciones, cuando la persona no acude a la cita", indicó Solá. La sanción consiste en que por 60 0 90 días no pueden pedir otro turno, y la institución sanitaria no contempla las situaciones particulares de las personas privadas de la libertad. 

Sin productos de gestión menstrual

Consultado por Salta/12 respecto a la provisión de productos de gestión menstrual para las mujeres en la Alcaidía, Solá explicó que la institución no los provee, como tampoco les brinda elementos de higiene en general. Indicó también que las internas solo acceden a esos productos si se los suministran las visitas, cuando las tienen. 

El comisionado dijo que las internas contaron que hace una semana las asistió un "camión ginecológico", donde les hicieron estudios de papanicolau. También en ese marco de atención, hicieron derivaciones a mujeres que tenían que sacarse o ponerse chips anticonceptivos. Y en una consulta una interna se enteró que estaba embarazada.

No obstante, este recurso del camión ginecológico dispuesto por el gobierno salteño no pone a disposición tampoco los productos de gestión menstrual para las mujeres privadas de la libertad.

Recomendaciones y demandas

El Comité contra la Tortura realizó recomendaciones al gobierno provincial con el fin de que atienda de manera urgente la situación de las personas privadas de libertad en la Alcaidía y el Anexo y subsane el hacinamiento, la falta de asistencia de salud, la carencia total de normas y condiciones de higiene, el faltante de colchones, como la falta de investigación oportuna y eficaz de las situaciones denunciadas que pudieran configurar graves hechos de violencia institucional. 

Ante el grave hacinamiento el Comité solicitó que el gobierno informe en un plazo máximo de 30 días acerca de las acciones, proyectos, programas y planes implementados tendientes a reducir la sobrepoblación penitenciaria, en el marco de la resolución N° 651/22 mediante la cual se declaró la “Emergencia Carcelaria”.

"Demandamos la urgente constitución y puesta en marcha de la Comisión de Emergencia en materia penitenciaria, órgano creado por dicha resolución, solicitando se convoque a este CPT Salta para participar", señalaron desde el mecanismo local de prevención de la tortura.