Sucre, 13 ago (ANF).- El pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solicitó la renuncia del magistrado Gualberto Cusi, quien denunció una presunta injerencia política en la emisión del fallo sobre la validez de la consulta popular en el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS), según afirmó este lunes el presidente de ese órgano judicial, Ruddy Flores.
Cusi insinuó en forma pública que en la etapa previa a la dictación de la sentencia 0300/712, que condicionó la consulta a un proceso de concertación entre partes, altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo realizaron visitas al TCP con el aparente propósito de influir en el contenido del fallo.
Esas afirmaciones fueron calificadas como “calumniosas” por Flores, quien sostuvo, además, que el pleno del TCP “ha verificado que esos extremos son absolutamente falsos y no corresponden a la verdad”.
Además, Flores señaló que los magistrados no descartan una querella penal contra Cusi, quien podría ser denunciado por los delitos de calumnia, difamación e incumplimiento de deberes. “Hemos analizado la propuesta de que se solicite formalmente la renuncia del magistrado al cargo”, acotó.
No obstante, el presidente del TCP reconoció que es el propio Cusi quien debe responder “en base a sus principios éticos” al pedido de renuncia que le hará llegar el pleno del Tribunal.
Según Flores, las afirmaciones de Cusi “no tienen otro propósito de destruir a la institución”, al señalar que el magistrado –que fue el único voto disidente al suscribir la sentencia sobre el TIPNIS- también había manifestado que el TCP no “tenía razón de ser y que debe cerrarse”.
“Si (Cusi) afirma que la institución debía cerrarse, entonces corresponde al mismo asumir alejarse de esta institución”, sostuvo Flores.
El presidente del TCP añadió que las afirmaciones de Cusi “son recurrentes a partir de que él mismo no alcanzó la Presidencia” del Tribunal a la que se había postulado luego de la posesión oficial de los magistrados el pasado mes de enero.
Asimismo, sostuvo que por una determinación anterior de Sala Plena, la “vocería” de la institución ha sido delegada a la persona del Presidente, por lo que ningún otro miembro de ese órgano podía hacer afirmaciones que comprometieran a la entidad.
“Queremos hacer conocer que no compartimos esas declaraciones, son calumniosas e injuriosas y además la Sala Plena ha decidido investigar el alcance de sus afirmaciones e iniciar acciones penales”, sostuvo Flores.
Respecto a la situación del proceso de consulta, Flores dijo que el TCP viene haciendo un “seguimiento” del tema, luego de que dirigentes de sectores sociales presentaran en días pasados acciones sobre el aparente incumplimiento de la sentencia, las cuales serían conocidas por el pleno una vez cumplidos los plazos y términos legales establecidos.
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