El inicio de las vistas sobre la aprobación del Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) estuvo marcado por argumentos en contra de la propuesta, pero por razones muy diferentes.
Mientras representantes de los bonistas planteaban que las proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estaban plagadas de errores o que el ente creado por la ley federal PROMESA manipuló el proceso para beneficiar a acreedores que favorecieran el plan; la Asociación de Jubilados de la AEE argumentó que el documento no debe aprobarse porque provocará mayor éxodo de clientes en la corporación pública.
A las afueras del Tribunal Federal, un campamento permanente se mantenía en protesta al PAD bajo evaluación de la jueza Laura Taylor Swain.
Al interior del tribunal, la abogada Margaret Dale en representación de la JSF resumió que durante estas vistas los asuntos que se dirimirán son si el cargo heredado que se plantea en el PAD es muy alto o muy bajo, si se trata de manera justa a todas las clases de acreedores y si es un plan ejecutable.
El cuarto PAD busca pagar $2,536 millones de la deuda de los bonistas. El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE había dicho a principios de año que el PAD aumentaría la factura del servicio eléctrico un 25% para pagar 10% a los bonistas y 15% a los pensionados de la AEE.
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En uno de los turnos a favor del PAD, la abogada Dale defendió el proceso para desarrollar la propuesta. Reveló que proyectaron en $25,520 la media de ingresos de las familias puertorriqueñas y que una familia como esa pagaría unos $119.20 de luz al mes, por lo que solo podrían aguantar un alza de unos $8.28 al mes que serían $100 al año. Planteó que no podría se una cantidad mayor porque se corre el riesgo de que más familias salgan de la red de la AEE.
Dale apuntó a que con el cargo heredado como se ha presentado en el PAD podrían levantar $2,760 millones en 35 años.
Sin embargo, abogados de los bonistas plantearon que la proyección mediana de ingresos no es real, además de poner en duda argumentos como que Puerto Rico es la jurisdicción en Estados Unidos con el costo energético mayor. También hubo ataques a que no se incluyen a todos los clientes de la AEE en el cargo heredado.
Hubo también alusiones a inconstitucionalidad de PROMESA.
Uno de los abogados de la JSF, Michael T. Mervis, abordó la petición de bonistas para que se levante la protección y se nombre un síndico. Este dijo que sería una vía detrimental.
Las alocuciones de hoy fueron parte de argumentaciones iniciales, el proceso de vistas debe extenderse por varios días. Los trabajos concluyeron poco después de las cinco de la tarde y se retomarán a las 9:30 de la mañana de mañana martes. Habrá oportunidad para que 20 ciudadanos se dirijan ante la jueza.
Luego las partes a favor y en contra de la PAD, presentarán testigos sobre sus posiciones.