La Ley Ómnibus de Milei propone la creación de un "mercado de emisiones"

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son aquellos gases que se acumulan en la atmósfera terrestre y aumentan el calor en ella como parte de un fenómeno natural que permite mantener las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida en el planeta. El problema surge cuando incrementa la concentración de estos gases de forma antropogénica, es decir, cuando son fruto de la actividad humana.

En el marco de la transición energética, el Gobierno nacional sorprendió con un capítulo en la Ley Ómnibus que envió al Congreso nacional en el que plantea un novedoso esquema para cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero comprometidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de París, de 2015. El Gobierno de Javier Milei propone que se autorice al Poder Ejecutivo a “asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones para el 2030 y sucesivas”.

Según el nuevo esquema legal, se establecerían "límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones comprometidas por el país”. A la vez existiría un porcentaje de nueva capacidad, producción y demandantes a los que también asignar derechos de emisión sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio.

En tal sentido, se propone un "mercado de derechos de emisión de GEI", en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización, en un mercado a crear que contemple las reglas de derechos de emisión, la plataforma de registro de las transacciones y el resguardo de que no existan posiciones dominantes u oligopolio. El proyecto no plantea ninguna modificación a la legislación vigente, sino que faculta al Ejecutivo a la creación de un mercado doméstico de emisiones de GEI, pero sin que el texto propuesto sea suficientemente claro acerca de si el mercado abarca sólo a los subsectores de la energía o a todos los sectores de la economía, aunque si bien pareciera esto último.

Las críticas a la iniciativa oficial

Tras conocerse esta intención oficial como parte de otros contenidos del proyecto, el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) afirmó que "la agenda que propone el Poder Ejecutivo no sólo es anacrónica, sino que, además, va a contramano del mundo. Las exigencias y los estándares ambientales son cada vez más importantes para el comercio, la obtención de créditos, la inserción internacional en grupos y alianzas de países y los acuerdos bilaterales y regionales y plantear una senda de desarrollo destruyendo la naturaleza es pegarse un tiro en el pie".

En particular el CPA analiza la propuesta del nuevo mercado de emisiones de GEI, respecto de lo cual señala que los ya existentes, como los de la Unión Europea y China, "sólo abarcan sectores acotados de la energía", y si bien la idea puede ser interesante "genera un mecanismo, muy sofisticado, por el cual cada sector debe cumplir con las reducciones que se le asignen y podrá realizar intercambios de permisos de emisión entre ellos".

"El mercado funciona entre los actores regulados. La virtud de este mecanismo radica en que alienta a realizar las mayores reducciones de GEI en aquellos sectores más costo efectivos, para luego intercambiar los permisos excedentes. Sin embargo, no es tan sencillo, ya que implica la creación de herramientas de administración y control muy sofisticadas de las que estamos hoy muy lejos. Estructurar un mercado así demandará entre 5 y 10 años", resaltó el informe.

El mercado europeo comenzó a estructurarse hace 20 años y ha pasado por diversas etapas. En el caso de la Argentina, todavía hay sectores que no admiten a los inventarios de GEI como instrumentos válidos, por lo que es imposible imaginarlos aceptando responsabilidades en base a tales inventarios.

Si se tomara como referencia los ejemplos de la UE y el de China, agregó el concejo, "en el mejor de los casos en Argentina ese mercado abarcará alrededor del 20% de las emisiones. Será una herramienta muy pequeña". Pero más allá de estas observaciones, el mercado doméstico de carbono está muy lejos de convertirse en un instrumento operativo.

Mientras tanto, sólo será factible utilizar las clásicas regulaciones y señales de mercado que internalicen la variable climática: definición de la contribución nacionalmente determinada NDC (2030-2035) ante el Acuerdo de París, políticas regulatorias y de promoción sectoriales; metas de renovables; un impuesto al dióxido de carbono que sea sólido; aunque nada de esto está considerado como parte del proyecto para la libertad de los argentinos enviado al Congreso.

Experiencias en en el mundo y en la Argentina

Debido a los procesos de calentamiento global es que cada vez toma más relevancia la compensación de emisiones, para ello los países cuentan actualmente con dos tipos principales de mercados de carbono: los de cumplimiento regulado y los voluntarios.

El mercado regulado de carbono es utilizado por empresas y gobiernos que tienen compromisos jurídicos vinculantes debido al Protocolo de Kioto. El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE) es el mercado regulado más importante a nivel mundial, opera en 31 países, de los cuales 28 son de UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega, limitando las emisiones GEI de más de 11.000 instalaciones de gran consumo de energía y de las compañías aéreas que operan entre esos países. Funciona según el principio “cap and trade” donde se establece un límite en la cantidad total de gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones cubiertas por el sistema, dicho límite se va reduciendo con el tiempo para que disminuyan las emisiones totales.

En caso de superar el límite fijado por RCDE UE los países y las instalaciones bajo este sistema recibirán una multa por tonelada emitida por arriba del límite, para no incumplir con los límites fijados pueden comprar derechos de emisión (ETS) o créditos internacionales (CER, URE), para ello la metodología que se utiliza es la subasta. Si bien cada país puede registrar una plataforma propia para realizar las subas, el RCDE UE utiliza una plataforma común denominada European Energy Exchange (EEX).

Argentina no cuenta con un mercado regulado de carbono como sí existe en países de la Unión Europea o de Latinoamérica, como México y Colombia. Sin embargo, aquellas empresas argentinas que quieran participar, ya sea con nuevos proyectos que generen bonos de carbono o adquiriendo estos bonos para compensar sus emisiones, pueden hacerlo dentro de un mercado voluntario. Dentro de él se pueden negociar los denominados bonos de carbono, planteados como un mecanismo internacional para reducir las emisiones de CO2 en el cual  las empresas que los adquieren tienen derecho a generar emisiones, considerando estas como un bien de tipo canjeable.