Una sentencia del TSJ ha anulado la urgencia con la que se convocó el pleno del Ayuntamiento de Carcaixent de diciembre 2019 en el que se aprobó la subida de algunos impuestos. Éste continuó la sesión suspendida en noviembre tras la algarada que obligó al equipo de gobierno a salir escoltado de la casa consistorial. De ese modo, quedaría en el aire una recaudación anual de algo más de un millón de euros que provocaría serios problemas económicos para la ciudad.

El tribunal estimó el recurso planteado por Units per Carcaixent, que alegaba irregularidades en el pleno: «No se estaban respetando los plazos legales en las convocatorias y entrega de la documentación para su posible estudio, con lo que se estaba impidiendo la labor de fiscalización por parte de los partidos de la oposición», manifestó ayer la formación conservadora.

El consistorio defendió la urgencia ante la falta de interventor durante varios meses y la necesidad de que las modificaciones de la ordenanza pudiesen entrar en vigor a fecha 1 de enero de 2020, poco más de un mes después de la sesión plenaria.

Se abre la vía a un escenario en el que ayuntamiento podría verse obligado a devolver la diferencia entre los impuestos recogidos con el nuevo gravamen y el anterior. Units, pese a reconocer las dificultades que planteará a las arcas municipales, se ofreció a colaborar con los vecinos a la hora de presentar reclamaciones ante unos «impuestos agravados ilegítimamente», si bien es cierto que lo que el tribunal tumba es la convocatoria del pleno ya que el proceso en sí no es ilegal. Pero una vez anulada la sesión, sus acuerdos no tendrían validez.

Análisis jurídico

«La Justicia se queda en la forma y no en el fondo», comentó al respecto el alcalde de Carcaixent, Francesc Salom, que prosiguió: «No me sorprende la hipocresía con la que se trata este asunto. Hace unas semanas, si les interesó la urgencia de un tema y de este no, cuando en nuestro caso lo era para poder cuadrar el presupuesto y pagar servicios básicos para la ciudad».

Con todo, no aclaró cuál será el siguiente paso que tomará el consistorio, ya que los servicios jurídicos municipales deben analizar el caso y decidir si se recurre o no la determinación judicial. «Respetamos la sentencia, por supuesto, pero el fondo de la cuestión es que renunciar a esos ingresos supondría un gran problema no para el ayuntamiento, sino para la ciudad ya que hablamos de un millón de euros en 2020, otro en 2021 y ¿cuándo llegue 2022 qué hacemos?», esgrimió Salom.

En ese sentido, invitó a Ana Calatayud a proponer un recorte de servicios: «Ahora saldrán con el sueldo del alcalde. Vale, quitemos esos cuarenta mil euros de la ecuación. ¿Y los otros 960.000 de dónde salen?, ¿quitamos la limpieza de las calles, la recogida de basura, el alumbrado público...? Ya que ha querido tumbar el pleno, ahora que diga a sus vecinos a qué deben renunciar porque se tendrán que plantear recortes», concluyó el munícipe.