Los expertos defienden que la Isla debe aprovechar el potencial económico del aeropuerto de Gran Canaria

El desarrollo de la isla depende en gran medida del desarrollo del aeropuerto de Gran Canaria y por ello se hace necesario un cambio de modelo y que las administraciones públicas canarias asuman las competencias para gestionar esta infraestructura. 

Esta es una de las principales reclamaciones de los tres expertos que participaron este martes en la Jornada sobre aeropuerto de Gran Canaria organizada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País con la participación del ingeniero aeronáutico y coordinador del Observatorio del transporte aéreo, Sebastián Pérez González, el ingeniero industrial y abogado Domingo Berriel Martínez —que además fue consejero de Política Territorial de Canarias—, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Jiménez de Cisneros. 

"La tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria no es necesaria ni lo será en los próximos 20 años"

El primero de los ponentes, Sebastián Pérez González, centró su intervención en cuál debe ser el modelo de gestión y desarrollo del aeropuerto de Gran Canaria, un cambio de visión que debe llevar aparejada la modificación del Plan Director. 

El coordinador del Observatorio del transporte aéreo incidió en los "errores" del documento actual, como el poco suelo industrial destinado, que ronda el 0,8% del total y la prognosis de tráfico realizada partiendo de un dato erróneo y estableciendo horizontes que, a los que "22 años después no hemos llegado". Además, aseguró que la inclusión de una tercera pista de 3.800 metros es un "copia y pega" de otros planes directores y que no responde a las necesidades del aeropuerto grancanario. 

"La tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria no es necesaria ni lo será en los próximos 20 años"

Aeropuerto paralelo

Por este motivo, Sebastián Pérez propone en nombre del Observatorio de transporte aéreo un Plan Director que incluya el desarrollo de una plataforma tecnológica y un aeropuerto paralelo para mejorar las conexiones entre las islas, con una pista de 1.200 metros, plataformas y terminal de pasajeros. Este ingeniero aeronáutico destacó las potencialidades del territorio canario para convertirse en un referente tecnológico y, por ejemplo, ser una plataforma para el lanzamiento de satélites o desarrollar una industria alrededor del sector aeronáutico. 

Francisco Javier Jiménez de Cisneros, por su parte, se centró en las consecuencias jurídicas derivadas por la no ejecución del Plan Director aprobado en 2021 y que mantiene a numerosas familias en una situación que él califica de "privación formal de la propiedad", es decir, una "expropiación sin justiprecio y sin indemnización", dado que los propietarios no pueden ni vender ni realizar obras en sus casas al estar sujetas al plan que los declara propiedad pública. 

Intentos frustrados

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid compartió que a lo largo de estos 22 años de incertidumbre se han realizado varios ensayos por parte de vecinos afectados por el Plan Director. Apuntó que dos de ellos exigieron al Estado "la expropiación por ministerio de ley", una fórmula que obliga a la administración a efectuar esta intervención. Sin embargo, a pesar de que inicialmente lograron sentencias favorables por parte del Tribunal Superior de Justicia, en octubre de 2013 el Tribunal Supremo desestimó ambas solicitudes basándose en que no se trataba de expropiaciones incluidas en un plan director urbanístico y no reunían las condiciones.

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De esta manera, explicó, el propietario queda indefenso porque la administración no desarrolla su plan y le expropia, ni puede vender ni hacer un aprovechamiento urbanístico de su suelo. 

Lo mismo le ocurre a los ayuntamientos de Telde e Ingenio, que tienen ‘secuestrados’ tres millones y medio de metros cuadrados en los que no pueden desarrollarse ningún proyecto, apostilló.

Domingo Berriel compartió un exhaustivo análisis sobre la historia de la gestión de los aeropuertos de interés general, la actuación de las administraciones públicas frente al proceso de privatización del aeropuerto de Gran Canaria y las puertas que dejan abiertas las sentencias emitidas al respecto para que la Comunidad Autónoma reclame las competencias de esta infraestructura aeroportuaria.

Plano constitucional y político

Berriel recordó que el Gobierno canario planteó al Estado "la necesidad de arbitrar fórmulas de participación en la planificación y gobernanza" de los aeropuertos en el momento de su privatización. De hecho, el Parlamento aprobó en 2014 que esta medida implicaba “un debilitamiento del interés general de la sociedad canaria, que queda en segundo plano frente a particulares intereses económicos y de rentabilidad, poniendo en serio riesgo la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago" y reclamó al Gobierno canario que hiciera valer "lo estipulado en el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce a la Comunidad Canaria la competencia de ejecución de puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserva su gestión directa". En ese sentido, apuntó que aún hay vías por las que se puede reclamar esta participación "en el plano constitucional y político".

Esto permitiría aprovechar los ingresos generados por los aeropuertos canarios que soportan el 17,5% del total del tránsito en el Estado, afirmó Berriel, quien añadió que en 2019 ingresaron 470 millones de euros.

Además, analizó el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) que contempla inversiones en nuevas infraestructuras para los periodos 2017 -2021 y 2022-2026 que "pueden clasificarse de muy moderado alcance, e irrisorias en este último, dada su cuantía y naturaleza más propia de puntuales reposiciones de obra civil e instalaciones de seguridad, además de su limitada inversión”. Todo ello en contraposición a “los recursos económicos generados por la actividad de los aeropuertos canarios de interés general” que, según dijo, “superan con creces a sus gastos de gestión, amortización y nuevas inversiones, contribuyendo significativamente a la evolutiva mejora de la cuenta de resultados de la sociedad mixta AENA". En este punto concretó que la inversión ha pasado de ser de 313,10 millones en el primer periodo a 171,3 en el actual.

Entre el público asistente se encontraban representantes de las dos asociaciones que luchan contra la ampliación del aeropuerto, la Plataforma de Afectados y del colectivo Resurgir Ojos de Garza, y la consejera insular de Política Territorial, Inés Miranda. 

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