El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que reparte jugosos honorarios con dinero de los contribuyentes, también ejecuta un proyecto anticorrupción con tres consultoras satélite a las que aparecen vinculados el mismo coordinador y su hijo que, por un lado, lideran grupos de ciudadanos contralores de la gestión pública y, por el otro, facturan a empresas contratadas en la iniciativa.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Una rosca cerrada de negocios opera con proyecto de antico­rrupción del Centro de Infor­mación y Recursos para el Desarrollo (CIRD), misma ONG en la que descubrimos una repartija de honorarios entre el clan familiar del pre­sidente, Agustín Carrizosa, y su coordinador de “Más ciu­dadanía, menos corrupción”, Francisco Darío Alcaraz.

El proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” que se lleva adelante en el marco del acuerdo de cooperación entre la Agencia de los Estados Uni­dos para el Desarrollo Inter­nacional (Usaid) y el CIRD, al igual que varios proyectos ejecutados por la ONG, tiene detrás consultoras contratadas a las que resultan estar vinculados los administra­dores, en este caso, a las que prestan servicios y facturan el coordinador de la inicia­tiva y su hijo de nombre Car­los Francisco Alcaraz.

Alcaraz contrata para con­sultoría en “Más ciudada­nía, menos corrupción” a la ONG Conciencia Viva donde está como directora ejecu­tiva Romy Vaesken, quien en documentos presenta­dos al Ministerio de Eco­nomía y Finanzas también aparece con participación y como representante legal en la consultora Tabacman, misma empresa que trabaja con el CIRD y en el proyecto anticorrupción. (Ver info­grafía).

La ONG Conciencia Viva le contrata a su vez como téc­nico para los talleres de “Más ciudadanía, menos corrup­ción” al hijo del coordinador de este proyecto. A la par, papá e hijo también prestan servicios de consultoría a Tabacman, que trabaja en el proyecto con el CIRD.

En Tabacman está José Félix Bogado Tabacman, partici­pante mayoritario y también representante legal, según los documentos oficiales.

Al ser consultado sobre los vínculos con la ONG y la consultora que facturan en proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz había confirmado que su hijo trabaja en Conciencia Viva y que tanto él como su retoño son consultores de Tabacman.

“Sí, trabaja en Conciencia Viva y trabaja también en Tabacman. Los profesiona­les independientes trabaja­mos en todas partes donde podemos porque no tenemos ningún salario”, dijo.

“Hago consultorías muy puntuales en Tabacman, no recibo un salario mensual, hago trabajos de consulto­ría, dentro del CIRD yo no soy funcionario. Yo recibo un honorario como consulto­ría y Carlos trabaja en varias consultorías en planificación estratégica porque es su espe­cialidad porque tiene un mas­terado al respecto”, explicó Alcaraz, dejando entrever las facturaciones en la empresa y ONG a las que contrata en proyecto anticorrupción.

Sobre el conflicto de inte­rés por el vínculo de su hijo con la ONG que él contrato en “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz respon­dió: “Nosotros no le contrata­mos a Carlos, nosotros le con­tratamos a Conciencia Viva, pero él forma parte del plan­tel de Conciencia Viva, que le acompañó a Romy Vaesken, que es la directora de Con­ciencia Viva, para ayudarle, ni un problema porque es profesional independiente”.

Como se puede apreciar en la infografía, en “Más ciu­dadanía, menos corrup­ción” también se contrató a Beas Consultora, que es de Isabel Benítez Espínola, contadora de Alcaraz. La mujer inscribió en el Ins­tituto de Previsión Social (IPS) al coordinador del proyecto y figura como su empleadora.

“En IPS hay varias modali­dades de aporte y una es el aporte voluntario, de modo que no constituye ningún delito que una persona aporte voluntariamente porque per­mite la legislación de IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo cier­tos servicios a la licenciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios. Yo regularmente le escribo sus notas y ella me contrata”, sos­tuvo Alcaraz.

El CIRD también trabaja con la Red de Democracia y Transparencia (RDT) y con el Ministerio de Salud tiene un millonario conve­nio firmado en la época de Julio Mazzoleni, cuyas ren­diciones de gastos solicita­das no son proveídas, pese a las varias solicitudes vía Ley de Acceso a la Informa­ción Pública.

el proyecto de “Reactivación eco­nómica poscovid” del propio pre­sidente del CIRD, Agustín Carri­zosa; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, y su hija, Paola Carrizosa, al que se suma Carlos Alcaraz, hijo de Francisco Alcaraz, la ONG difundió un comunicado para decir que “es una institución privada donde rige la regla de la libertad contractual”.

El comunicado refiere el cumpli­miento de la rendición de gastos de fondos recibidos de Sinafocal, SNPP, MIC, MTESS; sin embargo, estas instituciones hasta ahora no transparentan totalmente la infor­mación que solicitamos vía Ley de Acceso a la Información Pública. Hay infinidad de convenios del CIRD con instituciones del Estado, no pasan por Contrata­ciones Públicas, se desconocen sus ejecuciones y no se proveen los datos financieros.