Un agravio a la democracia del submundo de la política

A cuarenta años de su refundación es bastante obvio que el mayor agravio que ha recibido la democracia argentina es la cada vez más extendida contaminación de su vida política con las actividades de espionaje clandestino. La información que surge de la investigación que llevan adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita es una grave corroboración de esa tristísima degradación. El caudal de pormenores reunidos por los magistrados es incalculable. Pero lo que ya ha salido a luz alcanza para desnudar un escándalo muy delicado, en el que se superponen significados diversos y se cruzan varias tramas del submundo.

El aroma pestilente, los detalles novelescos, la bajísima calidad de los actores, poseen un atractivo que bordea lo morboso. Sería un error quedar atrapado en ese anecdotario. Porque, si se retira un poco la mirada, lo que adquiere relevancia es la continuidad, con motivos variados, a través de diversos gobiernos, de un mal que presenta rasgos crónicos. El feroz atentado contra la AMIA, el colapso del gobierno de Fernando De la Rúa por la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, la muerte del fiscal Alberto Nisman o el temprano origen de la fractura de Juntos por el Cambio, son acontecimientos de naturaleza muy dispar, enhebrados por un mismo hilo: ninguno se puede explicar del todo sin tener en cuenta las opacas intervenciones de los servicios de Inteligencia. El que acaba de estallar reviste, sin embargo, una trascendencia inusual: muestra las entrañas de un aparato de poder que, conducido por Cristina Kirchner, se ha propuesto acorralar al Poder Judicial hasta su máxima instancia, para alcanzar un nivel de dominación cuyo propósito más inmediato es la obtención de impunidad.

Las pruebas recogidas por Pollicita respaldan una afirmación preexistente. El jueves de la semana pasada, al comienzo de su descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, argumentó que casi todas las acusaciones que el oficialismo le formulaba estaban basadas en pruebas obtenidas al margen de la ley. Parte de ese material era provisto por el policía retirado y exespía inorgánico de la Secretaría de Inteligencia, la actual AFI, Ariel Zanchetta. Entre los receptores de esos datos estaban el diputado Rodolfo Tailhade y el dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez.

Es la primera dimensión de este desaguisado: la manipulación institucional para, a través de operaciones de espionaje, afectar la independencia de los jueces. Esta agresión a la división de poderes tiene, en este caso, una derivación política especial: invalida, invirtiéndola, la teoría del lawfare tantas veces agitada por la señora de Kirchner. Ahora serían los funcionarios judiciales quienes podrían presentarse como víctimas de una persecución política destinada a derribar a la Corte o a producir fallos en favor de la vicepresidenta. Es una de las derivaciones más inquietantes de estas novedades en materia de poder: quiebra el eje central de la actividad pública de la jefa del oficialismo durante más de una década.

En este contexto el papel de Tailhade traficando información obtenida por medios ilegales adquiere mucha densidad. Este diputado ha sido en estos años el adelantado más agresivo de la lucha de Cristina Kirchner contra los tribunales y, en especial, contra la Corte. Y es la figura clave de la comisión de Juicio Político. Tailhade se defiende diciendo que no conocía al espía Zanchetta, que le proveía información. A los más íntimos les asegura que, en realidad, Zanchetta lo contactó a través del “Conu” Rodríguez.

Para entender estos roles y el funcionamiento de la maquinaria a la que sirven, hace falta reconstruir la relación entre el kirchnerismo y los servicios de Inteligencia a través de los años. Tailhade es una pieza clave en ese vínculo. Fue el funcionario al que Cristina Kirchner encargó en 2015 sentarse en el sillón del exonerado Antonio Stiuso para despejar del área de Contrainteligencia el dispositivo que había utilizado Néstor Kirchner en sus incesantes operaciones de espionaje. Tailhade fue un alfíl clave en un conflicto que obligó a Stiuso a refugiarse en los Estados Unidos huyendo de la preocupantes investigaciones judiciales.

El texto elaborado por Pollicita consigna que, mientras Tailhade efectuaba esa tarea, el expolicía Zanchetta prestaba servicios en la AFI. Se basa en un informe del propio imputado en el que explica haber integrado un equipo con los agentes Joaquín Pereyra y Diego Raitano. Son dos personajes importantes, ligados a Fernando Pocino, otro engranaje principal en el sistema de Inteligencia kirchnerista. Pereyra era el enlace entre Pocino y su alter ego en el Ejército, el general César Milani. Raitano fue durante años el chofer de Pocino, con todo lo que eso significa: el hombre que tenía acceso a buena parte de sus movimientos, contactos y conversaciones. Hay quienes afirman que hoy Raitano revista en una embajada ante un país latinoamericano. Cuando Oscar Parrilli y Tailhade desembarcaron en la AFI para desmontar el imperio Stiuso, Pocino fue su guía profesional. Tenía lógica: Cristina Kirchner lo conocía como agente de Inteligencia desde los tiempos en que ella ocupaba una banca en el Senado. Cuando su esposo llegó a la Casa Rosada, Pocino se convirtió en el espía preferido. Trabajaba en coordinación con el entonces vocero Miguel Núñez.

El equipo Pocino-Milani sumó al poco tiempo a un tercer eslabón: Hugo Matzkin. Era el subjefe de la Policía Bonaerense, procedente del área de Inteligencia. Cuando llegó al Ministerio de Seguridad de Daniel Scioli el fiscal Carlos Stornelli, una de sus primeras medidas fue desplazar a Matzkin. Sin embargo, al poco tiempo lo reincorporó, a instancias de su amigo Pocino, con quien Stornelli rompió más tarde relaciones. Matzkin desempeñó, en coordinación con Pocino, un rol estelar durante la gestión de Scioli, con Alejandro Granados como ministro de Seguridad. El vínculo con Granados se estrechó tanto que el policía terminó integrando el equipo de gobierno del municipio de Ezeiza, hasta estos días.

Estos datos permiten entender que Zanchetta, que prestó servicios en la Secretaría de Inteligencia/AFI como agente informal entre 2009 y 2015, formó parte del corazón del sistema de espionaje al servicio de Cristina Kirchner, que coordinaba Tailhade. Es interesante advertir cómo ese plantel se recicló durante el gobierno de Alberto Fernández. Tailhade se convirtió en un parlamentario clave. Y al frente de Contrainteligencia de la AFI quedó uno de sus subordinados políticos, Esteban Carella.

Es curioso: el primero en descalificar esa designación es un tal Ariel Sancheta, en una nota del portal Realpolitik, del 19 de diciembre de 2019. La publicación tiene una sutileza: está ilustrada no con una foto de Carella sino con una del “Conu” Rodríguez, a quien el texto no menciona. ¿Un error o un mensaje? Para la misma época Sancheta le dirige una carta abierta al nuevo Presidente, defendiendo al personal de carrera de la agencia de Inteligencia. Parece ser un pseudónimo del espía Ariel Zanchetta, quien ante la Justicia se presentó como periodista de ese medio. Eso sí: los testigos que ofreció para demostrarlo no quisieron presentarse en el juzgado.

Al poco tiempo las actividades se ordenaron. Desde la AFI comenzaron a pedir a Zanchetta informes a su reducto de Junín. Un signo del estado en que se encuentra el régimen de inteligencia estatal. Y otra promesa incumplida de Alberto Fernández, quien iba a terminar con el espionaje irregular. El policía-espía comenzó también a enviar informes a Tailhade, que estaba en el Congreso. Aunque el trato más asiduo lo tuvo con el “Conu” Rodríguez. Este dirigente de La Cámpora, mano derecha de Máximo Kirchner en materia de relaciones con la prensa, requería información al espía. Primero, desde el área de Comunicaciones de la gestión de Axel Kicillof. Después, desde la AFIP, donde se desempeña hasta ahora.

El papel de “Conu” Rodríguez es revelador. No sólo porque es mucho más demandante que Tailhade, un detalle que el diputado aprovecha para decir “yo nunca le pedí nada, nunca le pagué”. “Conu”, en cambio, no sólo está interesado en conseguir datos sobre jueces: intenta indagar sobre un espectro mucho más amplio de personajes públicos. Entre ellos hay numerosos dirigentes del oficialismo. La curiosidad más notoria de “Conu” tiene que ver con la vida de Victoria Tolosa Paz. Le pide detalles a Zanchetta en vísperas de que esta funcionaria, del círculo más estrecho de Alberto Fernández, esposa de su mejor amigo, Enrique “Pepe” Albistur, sea designada ministra de Desarrollo Social. “Conu” se encargaría de que esa información fuera publicada en La Plata, donde Tolosa Paz milita. Pero la ministra no es el único blanco. Zanchetta debió conseguir información sobre dos jefes de “Conu”: el anterior, Kicillof, y el actual, Carlos Castagnetto, jefe de la AFIP. Entre esos objetivos está también Tailhade, victimario que ayer se presentó en la Justicia como víctima.

Para espanto de muchos kirchneristas salen de este modo a luz varios datos incómodos. La Cámpora contaba con su propio sistema de espionaje, que se financió hasta ahora con fondos que la provincia asigna a publicidad. ¿Tendrá algo que decir Kicillof sobre este manejo del presupuesto bonaerense? El gobernador, que ha guardado un silencio negligente sobre las fechorías de Martín Insaurralde, tal vez debería emitir algún mensaje frente a este otro escándalo. Más allá de disfrutar que ambos episodios mortifican a su principal adversario, Máximo Kirchner.

El aparato de espionaje de Cristina Kirchner tiene un tentáculo en la AFI, Carella. Pero lo que demuestra la relación con Zanchetta es que se mueve por fuera de la agencia estatal. Sólo así sería posible poner bajo la lupa a gente del propio oficialismo, a los “funcionarios que no funcionan”, de Fernández. Las revelaciones sobre este comportamiento están teniendo un efecto durísimo en la feligresía de la vicepresidenta. Uno de sus más fervorosos devotos comentaba ayer: “Nosotros podemos tolerar, y hasta avalar, que Cristina espíe a Rosatti o a otros jueces. Va con nuestra idea del lawfare. ¿Pero cómo justificamos que espíe a compañeros? ¿Qué hacemos ahora con todo lo que dijimos sobre Macri cuando espiaba a Larreta o a Santilli?”. Lindo acertijo.

Hay otro funcionario al que esta trama le exigiría alguna definición: Sergio Massa. No sólo porque es el candidato a presidente de este vapuleado oficialismo. La AFIP, donde trabaja el “Conu” Rodríguez, es un organismo descentralizado que depende del ministro de Economía. Es allí, a esa mega base de datos, adonde el kirchnerismo envió a “Conu”, atragantado de curiosidad. De modo que Massa no sólo tiene injerencia política, a través de los diputados Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán, en el destino del ataque que el kirchnerismo promueve contra la Corte. También debería resolver el inconveniente que plantea la presencia de “Conu” Rodríguez en su equipo. ¿Encontrará el escapista Massa una nueva excusa para evadir su responsabilidad sobre conductas irregulares de su propio gobierno? Y, en tren de hacer preguntas, en una eventual Presidencia suya, ¿La Cámpora seguiría controlando la Ansés? ¿Y el Pami? ¿Y Aerolíneas?

La irrupción del escándalo de espionaje, asociado a la embestida contra la Corte, es una novedad catastrófica para la campaña de Massa. El ministro tuvo que hacer malabares para que se postergue el tratamiento del dictamen acusatorio, que sus diputados acompañan hasta ahora. Sobre esa dificultad se instalan las fechorías de Zanchetta. El rival de Massa, Javier Milei, se presentó ayer como querellante en la causa, reclamando su condición de víctima. Es bastante previsible que, durante el debate del próximo domingo, cuando el candidato de Unión por la Patria le reproche ser antidemocrático, Milei pida explicaciones sobre el antro de espionaje clandestino que él como ministro tiene dentro del organismo de recaudación.

Estos infortunios debilitan una hipótesis que circuló en el kirchnerismo. Es la que atribuyó a Massa estar detrás de los movimientos de Pollicita y, sobre todo, de Martínez de Giorgi. Son sospechas basadas en la eterna subordinación de Martínez de Giorgi con Stiuso, el principal enemigo de Pocino, Milani y sus dependientes. Y en un segundo dato: la estrecha relación de Stiuso con Massa. Muchos observadores atribuyen a estas complicidades el empeño que ha puesto Martínez de Giorgi en avanzar sobre entidades del sistema financiero favoreciendo la política cambiaria del Ministro de Economía. Todo con la cooperación de la Aduana, el reino de Guillermo Michel, la tenaza con la que Massa más aprieta.

Esta teoría ignora una información obvia: los más interesados en que esta causa de espionaje avance son los jueces de la Corte, en especial Rosatti. Hay que destacar un fenómeno especial: desde que asumió la presidencia de la Corte y, después, del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti ha demostrado una gran sagacidad como político. Ha sido el principal obstáculo con que se ha encontrado alguien tan experimentado como Cristina Kirchner.

“Cometimos el error de confundirlo con un juez”, observó un dirigente kirchnerista. Los ministros de la Corte, en especial Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, tenían una gran expectativa en que Pollicita y Martínez de Giorgi hicieran estallar esta bomba antes de que la Comisión de Juicio Político se expidiera sobre ellos. Martínez de Giorgi no tuvo más remedio que hacerlo. A pesar de un enorme costo familiar: su esposa, Ana María Juan, está esperando que el Senado, es decir, la señora de Kirchner, apruebe su acuerdo como jueza federal de Hurlingham. ¿Seguirá esperando? La pregunta cabe también para Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la Dajudeco, la oficina que realizó las tareas auxiliares de inteligencia en las que se sostiene el dictamen de Pollicita. Aspira a ser juez federal en la codiciada Lomas de Zamora.

Que la gravitación de la Corte haya sido crucial en el movimiento del juzgado no implica que Stiuso no haya ejercido su influencia. Un experto en el inframundo del espionaje opinaba ayer que “es inimaginable que Martínez de Giorgi dé un solo paso en temas de Inteligencia sin el visto bueno de ‘Jaime’”. La guerra entre Stiuso y Pocino continúa, como se advierte en estas horas: como derivación del informe de Pollicita se reanima la causa sobre los movimientos de agentes de la AFI alrededor de Alberto Nisman en las últimas horas de su vida. Es la gran batalla entre Stiuso y el dúo Pocino/Milani, los jefes de Zanchetta. El que quiera entender estas peleas debe incorporar una obviedad. En este momento en la Argentina se está discutiendo el poder. Y existe una lucha encarnizada sobre quién va a operar el aparato de inteligencia en un eventual gobierno de Massa o de Milei. El pronunciamiento de Pollicita y los movimientos de Martínez de Giorgi son un insumo de esa puja.

Uno de los abogados de Zanchetta, Marcelo Peña, renunció ayer a su defensa. El otro, Eduardo Sommavino, reclamó ante el juez porque su defendido ha sido desatendido en su salud. Es diabético. El Servicio Penitenciario está a cargo de otro exAFI: Juan Martín Mena. De él depende la salud de este expolicía.

Las subterráneas actividades de Zanchetta son el aspecto más delicado de un ambiente intoxicado por el espionaje clandestino. Hugo Alconada Mon detalló en LA NACIÓN las operaciones de Inteligencia que se realizaron en el último año para desbalancear la lucha por el voto. Imposible identificar su origen. Pero sí sus destinatarios: casi todos eran rivales de Massa. Tal vez a pesar de Massa, ¿por qué no? Carlos Melconián debió dar explicaciones en el último tramo de su campaña sobre unos audios con conversaciones registradas por fuera de la ley. El candidato a senador de La Libertad Avanza, Juan Nápoli, quedó dañado por un escándalo personal derivado de su relación con una abogada que, entrevistada por Jorge Rial, dijo ser testigo de la intervención en el proselitismo de personajes ligados a la inteligencia clandestina. El propio Nápoli es amigo de alguien señalado todo el tiempo por pertenecer a ese entramado: Matías García, director de la empresa de aguas bonaerense, casi un hermano de Martín Insaurralde y del juez Federico Villena, que debería haberlo investigado. No se trata, como quiere Cristina Kirchner, de que “todo tiene que ver con todo”. Pero, desde hace demasiado tiempo, en la democracia argentina casi todo tiene que ver con el submundo.