Nuestro planeta estaba en plena campaña para enfrentar los efectos del cambio climático y conviviendo con sus efectos ya instalado en forma global y en particular en nuestro país, que será uno de los más afectados, cuando nuevamente nos vemos enfrentado a una crisis de la cual tampoco estábamos preparados. La llegada del coronavirus, que no ocupaba un lugar destacado en las amenazas, y menos dentro de esos riesgos globales de mayor impacto que son determinados periódicamente por los instituciones financieras internacionales u organismos internacionales, como tampoco estaba en las agendas políticas de los gobiernos desarrollados o subdesarrollados.
El coronavirus y la pandemia nos llegaron cuando parte de Latinoamérica estaba en pleno proceso de convulsión social, y algunos países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Nicaragua y otros se estaban manifestado masiva en las calles por demandas sociales. En el caso de Chile, teníamos nuestro propio “levantamiento social” que se venía encubando hace algunos años, pero el mundo político y empresarial no previo.
Llevábamos cinco o seis meses en este proceso (O18) con un país semi paralizado, sin liderazgos políticos o sociales en los distintos sectores y una institucionalidad que estaba descolocada, con poca capacidad de reacción frente a este tipo de conflictos que nos remeció por completo, alterando nuestras actividades personales y laborales amenazando la estabilidad futura del país.
Los síntomas del conflicto hídrico se venían manifestando hace varios años de distintas maneras, pero por diversas razones, (que no es el caso analizar ahora) no hemos tenido la capacidad o la voluntad política de enfrentar la sequía, dialogando y construyendo soluciones compartidas
Por otra parte, también estábamos en medio de una crisis hídrica donde llevamos más de 10 años de sequía y sobre consumo del agua, junto con esto, iniciábamos un proceso legislativo para adaptarnos a los nuevos escenarios producto del cambio climático, buscando soluciones a la escasez hídrica sin que podamos lograr construir acuerdos que permitan resolver la incertidumbre hídrica o encontrar una forma de adaptarnos a los cambios climáticos.
Estábamos en estos procesos, cuando llegan los primeros casos de coronavirus que vino a empeorar la ya complicada situación política, económica y social en la que nos encontrábamos, afectando aún más la vida de las personas, recluyéndonos en nuestras viviendas y con riesgo sanitario si potábamos por salir a la calle.
En tiempos de crisis el Estado adquiere un rol y liderazgo importante, pero nuestro Estado, cuenta con una institucionalidad un tanto deteriorada y desprestigiada frente sus habitantes, con rasgos de obsolescencia, con poca tecnología y capacidad de adaptación y liderar procesos de cambios, organización rígida, con una pesada e inamovible estructura, con unos 300.000 empleados (más que los habitantes de toda la región de Atacama) y más de US$ 60.000 millones de presupuesto anual repartido en 23 ministerios. Esta institucionalidad, que a lo mejor cumplió su rol en su momento, hoy no es, ni será capaz de adaptarse a las demandas actuales y futuras y a los vertiginosos cambios que están sucediendo y seguirán sucediendo, sino hacemos mejoras sustanciales o reformas.
Lo que se está formando es algo muy parecido a una “tormenta perfecta”, de la cual aún no tenemos todos los antecedentes para visualizar las verdaderas consecuencias que tendrá a futuro en la vida cotidiana de la comunidad y del medio ambiente
El estado necesita una nueva institucionalidad técnica, moderna, pluralista, transparente, confiable, con mirada de largo plazo, que tenga un objetivo claro y un modelo de desarrollo concordado, que represente a los distintos sectores sociales y empresariales, que conecte al país con el mundo y sea un instrumento efectivo para desarrollar políticas públicas que permitan superar la escasez hídrica, la pobreza y la desigualdad social, económica y ambiental, facilitando el desarrollo sostenible y la vida de los ciudadanos común y corriente.
Lo que sabemos es que en los próximos meses la cesantía aumentará a índices cercanos al 15% o más, la escasez hídirca aumentará al igual que la pobreza dura y blanda en 2 o 3 puntos o más, faltará el trabajo y probablemente aun estaremos en reclusión o empezando la "nueva normalidad" post-paravirus. La única soluciones es llegar acuerdos de cómo vamos a transitar para salir de esta “pandemia de crisis”.
De igual manera, el mundo privado de las empresas y el comercio y sus gremios empresariales tampoco se caracterizan por estar conectado con su entorno social, si bien han realizado su aporte al desarrollo, pero este no es sostenible y sus instituciones conservadoras, cerradas y poco transparentes, terminan adquiriendo defectos similares que la institucionalidad pública, donde sus objetivos son solo defender sus intereses económicos, sin hacerse cargo del entorno y de su rol social empresarial y ambiental, donde tienen una gran responsabilidad en estas crisis. Este tipo de estructura institucional ha colaborada bastante en aislarlos del mundo real, creando un manto de desconfianza en la comunidad que los ve como una amenaza a su calidad de vida por sus colusiones de precios, aprovechar las imperfecciones del mercado para obtener beneficios perjudicando al país. Con esto ayudaron a borrar los aportes positivos al país y empresas con prácticas sanas y eficientes.
Las crisis tienen la magia de mostrar lo mejor y peor de las expresiones del ser humano. El riesgo es que polaricemos el debate, agravando la crisis. La oportunidad es que podamos dialogar y llegar a acuerdos sobre las soluciones para salir de las crisis
La crisis hídrica es un buen ejemplo, donde es sabido lo que está pasando en las cuencas y existen diagnósticos hace bastantes años, donde se describe con precisión la situación hídrica del país y sus consecuencias. Sin embargo a pesar de todos estos hechos y señales concretas, el Estado durante años, no logra reaccionar adecuadamente a través de su institucionalidad y gobernanza y poder liderar soluciones y políticas públicas que den orientaciones para que los usuarios del agua puedan reaccionar y desafiar la escasez hídrica con cierta certeza técnica y política a futuro.
Uno de los desafíos que debería atacar el país después de esta mega-crisis, es adaptar la institucionalidad del Estado a las nuevas realidades que se nos están abriendo. No será posible y tampoco se debería concebir que muchas leyes o la modificación de ellas, demoren más de 5 o 10 años (Ej: Código de Agua), o que la autoridad entregue permisos después de 3 o 4 años de su solicitud (Ej: Concesiones marítimas) o que una persona espere años por una operación en hospitales públicos (Ej: Sistema Salud Pública), etc
La institucionalidad y sus aliados tienen una gran responsabilidad en la formación de “nuestra mega-crisis”, pero también pueden ser parte de las soluciones con diálogo, ideas y propuestas, pero por sobre todo con voluntad política y pensando en el desarrollo del país.
