Una rosca cerrada de negocios opera con proyecto de antico­rrupción del Centro de Infor­mación y Recursos para el Desarrollo (CIRD), misma ONG en la que descubrimos una repartija de honorarios entre el clan familiar del pre­sidente, Agustín Carrizosa, y su coordinador de “Más ciu­dadanía, menos corrupción”, Francisco Darío Alcaraz.

El proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” que se lleva adelante en el marco del acuerdo de cooperación entre la Agencia de los Estados Uni­dos para el Desarrollo Inter­nacional (Usaid) y el CIRD, al igual que varios proyectos ejecutados por la ONG, tiene detrás consultoras contratadas a las que resultan estar vinculados los administra­dores, en este caso, a las que prestan servicios y facturan el coordinador de la inicia­tiva y su hijo de nombre Car­los Francisco Alcaraz.

Alcaraz contrata para con­sultoría en “Más ciudada­nía, menos corrupción” a la ONG Conciencia Viva donde está como directora ejecu­tiva Romy Vaesken, quien en documentos presenta­dos al Ministerio de Eco­nomía y Finanzas también aparece con participación y como representante legal en la consultora Tabacman, misma empresa que trabaja con el CIRD y en el proyecto anticorrupción. (Ver info­grafía).

La ONG Conciencia Viva le contrata a su vez como téc­nico para los talleres de “Más ciudadanía, menos corrup­ción” al hijo del coordinador de este proyecto. A la par, papá e hijo también prestan servicios de consultoría a Tabacman, que trabaja en el proyecto con el CIRD.

En Tabacman está José Félix Bogado Tabacman, partici­pante mayoritario y también representante legal, según los documentos oficiales.

Al ser consultado sobre los vínculos con la ONG y la consultora que facturan en proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz había confirmado que su hijo trabaja en Conciencia Viva y que tanto él como su retoño son consultores de Tabacman.

“Sí, trabaja en Conciencia Viva y trabaja también en Tabacman. Los profesiona­les independientes trabaja­mos en todas partes donde podemos porque no tenemos ningún salario”, dijo.

“Hago consultorías muy puntuales en Tabacman, no recibo un salario mensual, hago trabajos de consulto­ría, dentro del CIRD yo no soy funcionario. Yo recibo un honorario como consulto­ría y Carlos trabaja en varias consultorías en planificación estratégica porque es su espe­cialidad porque tiene un mas­terado al respecto”, explicó Alcaraz, dejando entrever las facturaciones en la empresa y ONG a las que contrata en proyecto anticorrupción.

Sobre el conflicto de inte­rés por el vínculo de su hijo con la ONG que él contrato en “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz respon­dió: “Nosotros no le contrata­mos a Carlos, nosotros le con­tratamos a Conciencia Viva, pero él forma parte del plan­tel de Conciencia Viva, que le acompañó a Romy Vaesken, que es la directora de Con­ciencia Viva, para ayudarle, ni un problema porque es profesional independiente”.

Como se puede apreciar en la infografía, en “Más ciu­dadanía, menos corrup­ción” también se contrató a Beas Consultora, que es de Isabel Benítez Espínola, contadora de Alcaraz. La mujer inscribió en el Ins­tituto de Previsión Social (IPS) al coordinador del proyecto y figura como su empleadora.

“En IPS hay varias modali­dades de aporte y una es el aporte voluntario, de modo que no constituye ningún delito que una persona aporte voluntariamente porque per­mite la legislación de IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo cier­tos servicios a la licenciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios. Yo regularmente le escribo sus notas y ella me contrata”, sos­tuvo Alcaraz.

El CIRD también trabaja con la Red de Democracia y Transparencia (RDT) y con el Ministerio de Salud tiene un millonario conve­nio firmado en la época de Julio Mazzoleni, cuyas ren­diciones de gastos solicita­das no son proveídas, pese a las varias solicitudes vía Ley de Acceso a la Informa­ción Pública.

el proyecto de “Reactivación eco­nómica poscovid” del propio pre­sidente del CIRD, Agustín Carri­zosa; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, y su hija, Paola Carrizosa, al que se suma Carlos Alcaraz, hijo de Francisco Alcaraz, la ONG difundió un comunicado para decir que “es una institución privada donde rige la regla de la libertad contractual”.

El comunicado refiere el cumpli­miento de la rendición de gastos de fondos recibidos de Sinafocal, SNPP, MIC, MTESS; sin embargo, estas instituciones hasta ahora no transparentan totalmente la infor­mación que solicitamos vía Ley de Acceso a la Información Pública. Hay infinidad de convenios del CIRD con instituciones del Estado, no pasan por Contrata­ciones Públicas, se desconocen sus ejecuciones y no se proveen los datos financieros.

El fiscal Luis Trinidad Colmán logró una condena de 3 años de prisión para los comerciantes Juan Carlos Benítez Ledezma (31) y Alejandro Trinidad Coronel (37), quienes fueron encontrados culpables por una millonaria estafa.

El juicio oral se llevó a cabo el lunes pasado en el Poder Judicial de Ciudad del Este, oportunidad en la que se demostró con diversas pruebas la responsabilidad de los acusados en el hecho punible contra el patrimonio.

La denuncia sobre el caso fue presentada en el Ministerio Público el 6 de junio de 2021 por Ángel Sánchez González, propietario de la firma “Sánchez Comercial Import-Export SA”, dedicada al rubro de compra y venta de frutas y hortalizas.

Según los antecedentes, Benítez Ledezma libró cuatro cheques diferidos entre el 1, 2 y 16 de febrero de 2021, y el 3 de marzo del mismo año, por valor total de G. 199.600.000, en concepto de pago de crédito de hortalizas a Alejandro Trinidad Coronel.

Los documentos de pago diferido llegaron posteriormente en poder de la víctima a través de una operación comercial realizada con Trinidad Coronel, quien se dedicaba al comercio al por mayor de materias primas agrícolas.

Según el informe de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación, de fecha 20 de julio de 2021, el emisor formuló una declaración falsa, ya que en el momento de la emisión de los cheques no tenía la capacidad ni la voluntad de pago.

También se verificó mediante respaldo documental, tales como recibo de dinero y factura de crédito, la relación comercial emprendida entre Juan Carlos Benítez Ledezma y Alejandro Trinidad Coronel, en fecha 1, 2, 16 de febrero de 2021 y 3 de marzo del mismo año, cuando recibió los cheques en cuestión a cambio de vegetales y hortalizas por valor de 199.600.000 guaraníes.

Luego, Trinidad Coronel, antes del vencimiento de los cheques, los endosa y entabla una transacción comercial con Ángel Sánchez González, a quien entregó los documentos de pago a cambio de venta de frutas y hortalizas varias.

Posteriormente, los cheques fueron rechazados tras ser presentados en ventanillas del banco Sudameris. Esto considerando que el 18 de marzo de 2021, Juan Carlos Benítez denunció el supuesto extravío con la presentación de una nota de orden de no pago que firmó como titular de cuenta, acompañando incluso el parte policial correspondiente.

De esa manera, se corroboró que Alejandro Trinidad Coronel se benefició con el patrimonio de la víctima con la participación del titular de la cuenta bancaria, Juan Carlos Benítez, cuando este último solicitó la orden de no pago por el supuesto extravío.

Por lo tanto, los dos involucrados en la millonaria estafa fueron procesados en su momento y finalmente condenados a 3 años de prisión, que deberán cumplir en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. El Tribunal que emitió el fallo condenatorio estuvo presidido por los jueces Zunilda Martínez, Marino Méndez y Herminio Montiel.

Sindicatos y organizaciones sociales aprovecharon este 1 de mayo para llevar a cabo diversas actividades, en conmemoración por el Día del Trabajador.

Una de ellas fue una manifestación pacífica que se desarrolló frente al Panteón de los Héroes de Asunción, donde se congregó una gran cantidad de personas, en representación de diferentes sectores.

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La Corriente Sindical Clasista (CSC), el Frente Mujer, la Federación Nacional Campesina (FNC), además de otros gremios, se autoconvocaron para participar de esta protesta.

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la generación de fuentes de trabajo para el sector de la población desempleado, así como el respeto de los derechos laborales de la clase trabajadora y salarios dignos para todos.

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Asimismo, abogaron por el seguro social para todos los trabajadores y expresaron su rechazo al proyecto de ley de la Carrera del Servicio Civil, pues consideran que atenta contra los derechos del funcionariado público.

Los manifestantes realizaron una marcha sobre las calles del microcentro asunceno, concluyendo en la explanada de la Catedral Metropolitana para continuar con la manifestación.

“Homenajeamos a aquellos que día a día contribuyen al progreso de nuestra nación con su esfuerzo, capacidad y talento. Los paraguayos que trabajan, el verdadero motor del desarrollo del país”, expresó Santiago Peña, en este 1 de mayo, el primero como presidente de la República.

Reconoció que, el rol del estado en materia de empleos es generar las condiciones necesarias para promover la creación de nuevas fuentes en el sector formal.

Para Peña, en lo personal, el trabajo dignifica y vuelve útil a una persona para su familia y su país. En tanto, a nivel gubernamental, el trabajo es el mejor programa social, porque da la oportunidad de crecimiento sin dependencia de otros.

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Como parte de la función del Estado, en ese ámbito, asumió el compromiso de seguir invirtiendo en la formación de los paraguayos, desde la escuela hasta culminar los estudios. También con becas para el nivel universitario.

“Tenemos aún mucho que hacer, sueño con un Paraguay donde cada paraguayo tenga trabajo digno, con una buena remuneración, con empleos formales y con un sistema de seguridad social fortalecido y estamos trabajando para lograrlo”, aseguró.

A propósito de condiciones laborales adecuadas, desde el Ministerio del Trabajo recuerdan que, las empresas que obliguen a sus empleados a trabajar un feriado deben pagar el doble.

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