Alevosa articulación de consultorías con ONG que ordeña al Estado
El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que reparte jugosos honorarios con dinero de los contribuyentes, también ejecuta un proyecto anticorrupción con tres consultoras satélite a las que aparecen vinculados el mismo coordinador y su hijo que, por un lado, lideran grupos de ciudadanos contralores de la gestión pública y, por el otro, facturan a empresas contratadas en la iniciativa.
Fuente: Por Rossana Escobar M. rossana.escobar@nacionmedia.com
Una rosca cerrada de negocios opera con proyecto de anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), misma ONG en la que descubrimos una repartija de honorarios entre el clan familiar del presidente, Agustín Carrizosa, y su coordinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, Francisco Darío Alcaraz.
El proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” que se lleva adelante en el marco del acuerdo de cooperación entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el CIRD, al igual que varios proyectos ejecutados por la ONG, tiene detrás consultoras contratadas a las que resultan estar vinculados los administradores, en este caso, a las que prestan servicios y facturan el coordinador de la iniciativa y su hijo de nombre Carlos Francisco Alcaraz.
Alcaraz contrata para consultoría en “Más ciudadanía, menos corrupción” a la ONG Conciencia Viva donde está como directora ejecutiva Romy Vaesken, quien en documentos presentados al Ministerio de Economía y Finanzas también aparece con participación y como representante legal en la consultora Tabacman, misma empresa que trabaja con el CIRD y en el proyecto anticorrupción. (Ver infografía).
La ONG Conciencia Viva le contrata a su vez como técnico para los talleres de “Más ciudadanía, menos corrupción” al hijo del coordinador de este proyecto. A la par, papá e hijo también prestan servicios de consultoría a Tabacman, que trabaja en el proyecto con el CIRD.
En Tabacman está José Félix Bogado Tabacman, participante mayoritario y también representante legal, según los documentos oficiales.
Al ser consultado sobre los vínculos con la ONG y la consultora que facturan en proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz había confirmado que su hijo trabaja en Conciencia Viva y que tanto él como su retoño son consultores de Tabacman.
“Sí, trabaja en Conciencia Viva y trabaja también en Tabacman. Los profesionales independientes trabajamos en todas partes donde podemos porque no tenemos ningún salario”, dijo.
“Hago consultorías muy puntuales en Tabacman, no recibo un salario mensual, hago trabajos de consultoría, dentro del CIRD yo no soy funcionario. Yo recibo un honorario como consultoría y Carlos trabaja en varias consultorías en planificación estratégica porque es su especialidad porque tiene un masterado al respecto”, explicó Alcaraz, dejando entrever las facturaciones en la empresa y ONG a las que contrata en proyecto anticorrupción.
Sobre el conflicto de interés por el vínculo de su hijo con la ONG que él contrato en “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz respondió: “Nosotros no le contratamos a Carlos, nosotros le contratamos a Conciencia Viva, pero él forma parte del plantel de Conciencia Viva, que le acompañó a Romy Vaesken, que es la directora de Conciencia Viva, para ayudarle, ni un problema porque es profesional independiente”.
Como se puede apreciar en la infografía, en “Más ciudadanía, menos corrupción” también se contrató a Beas Consultora, que es de Isabel Benítez Espínola, contadora de Alcaraz. La mujer inscribió en el Instituto de Previsión Social (IPS) al coordinador del proyecto y figura como su empleadora.
“En IPS hay varias modalidades de aporte y una es el aporte voluntario, de modo que no constituye ningún delito que una persona aporte voluntariamente porque permite la legislación de IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servicios a la licenciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios. Yo regularmente le escribo sus notas y ella me contrata”, sostuvo Alcaraz.
El CIRD también trabaja con la Red de Democracia y Transparencia (RDT) y con el Ministerio de Salud tiene un millonario convenio firmado en la época de Julio Mazzoleni, cuyas rendiciones de gastos solicitadas no son proveídas, pese a las varias solicitudes vía Ley de Acceso a la Información Pública.
“La libertad contractual”
el proyecto de “Reactivación económica poscovid” del propio presidente del CIRD, Agustín Carrizosa; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, y su hija, Paola Carrizosa, al que se suma Carlos Alcaraz, hijo de Francisco Alcaraz, la ONG difundió un comunicado para decir que “es una institución privada donde rige la regla de la libertad contractual”.
El comunicado refiere el cumplimiento de la rendición de gastos de fondos recibidos de Sinafocal, SNPP, MIC, MTESS; sin embargo, estas instituciones hasta ahora no transparentan totalmente la información que solicitamos vía Ley de Acceso a la Información Pública. Hay infinidad de convenios del CIRD con instituciones del Estado, no pasan por Contrataciones Públicas, se desconocen sus ejecuciones y no se proveen los datos financieros.
Anuncian visita del primer ministro de Japón
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, visitá Francia, Brasil y Paraguay la próxima semana, como parte de una estrategia para impulsar los vínculos con América Latina, anunció este viernes el gobierno de dicho país.
Fuente: AFP
Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.
“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.
En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.
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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.
El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.
Operativo Arambe II: concretan pérdidas de cerca de US$ 3 millones a narcotraficantes
El MInisterio Público llevó adelante el Operativo Arambe II en la lucha contra el narcotráfico en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024, ocasión en que se logró la destrucción de 150.000 kilos de supuesta marihuana prensada y picada.
Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.
Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.
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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.
Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.
Ley de Fomento de la Lectura quedó reglamentada
El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 7140/2023, cuyo objetivo de política nacional de fomento de la lectura y el libro es promover la lectura, la escritura, la producción y la circulación del libro como instrumento sociocultural imprescindible para la formación integral de niños, jóvenes y adultos.
La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.
Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.
Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.
En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.