Alevosa articulación de consultorías con ONG que ordeña al Estado

El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que reparte jugosos honorarios con dinero de los contribuyentes, también ejecuta un proyecto anticorrupción con tres consultoras satélite a las que aparecen vinculados el mismo coordinador y su hijo que, por un lado, lideran grupos de ciudadanos contralores de la gestión pública y, por el otro, facturan a empresas contratadas en la iniciativa.


Fuente: Por Rossana Escobar M. rossana.escobar@nacionmedia.com

Una rosca cerrada de negocios opera con proyecto de antico­rrupción del Centro de Infor­mación y Recursos para el Desarrollo (CIRD), misma ONG en la que descubrimos una repartija de honorarios entre el clan familiar del pre­sidente, Agustín Carrizosa, y su coordinador de “Más ciu­dadanía, menos corrupción”, Francisco Darío Alcaraz.

El proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” que se lleva adelante en el marco del acuerdo de cooperación entre la Agencia de los Estados Uni­dos para el Desarrollo Inter­nacional (Usaid) y el CIRD, al igual que varios proyectos ejecutados por la ONG, tiene detrás consultoras contratadas a las que resultan estar vinculados los administra­dores, en este caso, a las que prestan servicios y facturan el coordinador de la inicia­tiva y su hijo de nombre Car­los Francisco Alcaraz.

Romy Vaesken, directora ejecutiva de ONG Conciencia Viva y su participación en consultora Tabacman
Romy Vaesken, directora ejecutiva de ONG Conciencia Viva y su participación en consultora Tabacman

Alcaraz contrata para con­sultoría en “Más ciudada­nía, menos corrupción” a la ONG Conciencia Viva donde está como directora ejecu­tiva Romy Vaesken, quien en documentos presenta­dos al Ministerio de Eco­nomía y Finanzas también aparece con participación y como representante legal en la consultora Tabacman, misma empresa que trabaja con el CIRD y en el proyecto anticorrupción. (Ver info­grafía).

La ONG Conciencia Viva le contrata a su vez como téc­nico para los talleres de “Más ciudadanía, menos corrup­ción” al hijo del coordinador de este proyecto. A la par, papá e hijo también prestan servicios de consultoría a Tabacman, que trabaja en el proyecto con el CIRD.

En Tabacman está José Félix Bogado Tabacman, partici­pante mayoritario y también representante legal, según los documentos oficiales.

Al ser consultado sobre los vínculos con la ONG y la consultora que facturan en proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz había confirmado que su hijo trabaja en Conciencia Viva y que tanto él como su retoño son consultores de Tabacman.

“Sí, trabaja en Conciencia Viva y trabaja también en Tabacman. Los profesiona­les independientes trabaja­mos en todas partes donde podemos porque no tenemos ningún salario”, dijo.

“Hago consultorías muy puntuales en Tabacman, no recibo un salario mensual, hago trabajos de consulto­ría, dentro del CIRD yo no soy funcionario. Yo recibo un honorario como consulto­ría y Carlos trabaja en varias consultorías en planificación estratégica porque es su espe­cialidad porque tiene un mas­terado al respecto”, explicó Alcaraz, dejando entrever las facturaciones en la empresa y ONG a las que contrata en proyecto anticorrupción.

Sobre el conflicto de inte­rés por el vínculo de su hijo con la ONG que él contrato en “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz respon­dió: “Nosotros no le contrata­mos a Carlos, nosotros le con­tratamos a Conciencia Viva, pero él forma parte del plan­tel de Conciencia Viva, que le acompañó a Romy Vaesken, que es la directora de Con­ciencia Viva, para ayudarle, ni un problema porque es profesional independiente”.

En círculo, Francisco Alcaraz, y en círculo (der.) su hijo Carlos Alcaraz, técnico contratado por ONG que factura en “Más ciudadanía, menos corrupción”
En círculo, Francisco Alcaraz, y en círculo (der.) su hijo Carlos Alcaraz, técnico contratado por ONG que factura en “Más ciudadanía, menos corrupción”

Como se puede apreciar en la infografía, en “Más ciu­dadanía, menos corrup­ción” también se contrató a Beas Consultora, que es de Isabel Benítez Espínola, contadora de Alcaraz. La mujer inscribió en el Ins­tituto de Previsión Social (IPS) al coordinador del proyecto y figura como su empleadora.

“En IPS hay varias modali­dades de aporte y una es el aporte voluntario, de modo que no constituye ningún delito que una persona aporte voluntariamente porque per­mite la legislación de IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo cier­tos servicios a la licenciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios. Yo regularmente le escribo sus notas y ella me contrata”, sos­tuvo Alcaraz.

El CIRD también trabaja con la Red de Democracia y Transparencia (RDT) y con el Ministerio de Salud tiene un millonario conve­nio firmado en la época de Julio Mazzoleni, cuyas ren­diciones de gastos solicita­das no son proveídas, pese a las varias solicitudes vía Ley de Acceso a la Informa­ción Pública.

“La libertad contractual”

el proyecto de “Reactivación eco­nómica poscovid” del propio pre­sidente del CIRD, Agustín Carri­zosa; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, y su hija, Paola Carrizosa, al que se suma Carlos Alcaraz, hijo de Francisco Alcaraz, la ONG difundió un comunicado para decir que “es una institución privada donde rige la regla de la libertad contractual”.

El comunicado refiere el cumpli­miento de la rendición de gastos de fondos recibidos de Sinafocal, SNPP, MIC, MTESS; sin embargo, estas instituciones hasta ahora no transparentan totalmente la infor­mación que solicitamos vía Ley de Acceso a la Información Pública. Hay infinidad de convenios del CIRD con instituciones del Estado, no pasan por Contrata­ciones Públicas, se desconocen sus ejecuciones y no se proveen los datos financieros.

Autoría de robo a banco: señales del PCC y de migración criminal a Itapúa

El intendente de Natalio, Marcos Maidana, señalo que del nuevo asalto a sucursal del BNF, surge la evidencia de que se verifica una migración masiva de bandas criminales al departamento de Itapúa.


“Lastimosamente no es el primer caso, prácticamente en todos los distritos de Itapúa se viene dando acciones de estas bandas”, dijo Maidana en comunicación con la 1020 AM.

Indico que en contrapartida hay escasez de personal policial para cubrir la ola creciente de inseguridad a nivel departamental.

Por su parte el senador Kolyn Soroka dijo que la situación amerita la militarización de Itapúa, hasta tanto se aplique un nuevo esquema de seguridad por parte de la Policía.

“Hasta hace poco Itapúa no tenía casi hechos de esta naturaleza, es claro que se produjo una migración de los grupos criminales que accionaban en otras partes del país”, remarcó el legislador.

En ámbito de la policía se señala que la migración de bandas organizadas es un hecho, tras el reforzamiento de la presencia policial en Alto Paraná.

Cabe indicar que la cárcel de Cambyreta, Itapúa, es el centro de reclusión que cuenta el mayor número de reos integrantes del Primer Comando Capital. No se descarta que este foco instalado en esa penitenciaria sea el que comanda a la facción operativa del cartel brasileño que opera en el país.

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Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa

Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación.

Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Once empresas interesadas en contrucción de planta de tratamiento

Once empresas se presentaron al llamado del Ministerio de Obras Públicas para la precalificación para la contratación de diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y emisario subfluvial, cuenca Lambaré”.

En total, presentaron sus propuestas 11 empresas, en forma individual y consorciadas. Conforme a los procedimientos, toda la documentación fue entregada a la Coordinación de Evaluación de Ofertas para continuar el proceso correspondiente.

Las obras sanitarias de la Cuenca Lambaré, mejorarán la calidad de vida de más de 335.000 personas de los municipios de Lambaré, Asunción y Fernando de la Mora que verán una transformación real de sus condiciones de salubridad y del medioambiente. Además, a través del proyecto se generarán cientos de nuevos puestos de trabajos directos e indirectos antes, durante y después de la ejecución de las obras.

Las tareas comprenden la construcción de 22 Km de colectores principales, 16 Km de líneas de impulsión, 15 estaciones de bombeo, 877 Km de colectores secundarios y terciarios a más de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Lambaré, cuya apertura de propuestas de para precalificación se realizó en la fecha, la cual tendrá capacidad para procesar hasta 2.226 litros por segundo de aguas cloacales, devolviéndola limpia mediante un emisario subfluvial al cauce principal de río Paraguay.

El emprendimiento implica una inversión de USD 165 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), junto con la donación de la UE/LAIF, ambos gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).