Ochenta mil metros cuadrados de un filón de cuarzo impiden desde hace más de tres años la ejecución de 13 kilómetros del AVE gallego. La polémica que rodea a este tramo ha dado un nuevo giro de tuerca después de que el Ministerio de Fomento acusase al dueño de la mina, Juan Miguel Villar Mir, y a su constructora (OHL) de dilatar las accidentadas obras de la alta velocidad en Cataluña para cobrar más por este yacimiento situado cerca de Santiago de Compostela, entre los ayuntamientos de Vedra y Boqueixón, y por el que tiene que transcurrir el AVE con destino a Madrid.
La explotación de Serrabal ha protagonizado en los últimos años una batalla política, en la que el PSOE ha acusado al PP de pergeñar cuando estaba en el poder un pelotazo económico en connivencia con el ex ministro Villar Mir, quien exigió el cambio de trazado para que no afectase a su mina (que gestiona la firma Ramsa); en caso contrario, amenazaba con un pago por el lucro cesante de parte del yacimiento de 895 millones de euros, una cantidad con la que casi se podría construir el corredor ferroviario Santiago-Ourense.
Más tarde, el propio Villar Mir rebajaría su exigencia a 270 millones, pero siguió insistiendo en que su objetivo era lograr el diseño de un nuevo trazado. Sin embargo, Adif (el ente administrador de las infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Fomento), tras un periodo de dudas, mantiene que el trazado ya está decidido desde 2001, que es inamovible y va a ejecutarlo cuanto antes. Además sólo estaría dispuesto a ofrecer cinco millones de euros. ¿Por qué? Porque tras una parálisis de más de tres años afronta ahora la expropiación. Además, la concesión concluye el 7 de enero de 2008, así que sólo compensaría al empresario por lo que dejase de ganar por la explotación de una mina cuyo derecho sobre ella está a punto de expirar.
La Administración y la empresa también discrepan abiertamente sobre la afección del yacimiento. La primera blande un informe de la Universidad de Oviedo que minimiza el perjuicio al 10-12% de las reservas mineras, mientras que la compañía eleva el porcentaje al 59 por ciento. Adif pretende expropiar este mismo año los polémicos 13 kilómetros de los tramos de Vedra y Boqueixón, incluidos los pertenecientes a la mina de Serrabal, y empezar por fin las obras de construcción del AVE.
En esta situación, el Gobierno autonómico, según ha podido saber este diario, no decidirá si prorroga a Villar Mir la concesión de la explotación minera por 30 años más, antes de que Adif culmine el proceso de expropiaciones, lo que hasta ahora le ha resultado imposible por las continuas protestas de los trabajadores del yacimiento.
La Xunta sostiene que es imposible tomar antes una determinación sobe la prórroga, que corresponde a la Consellería de Innovación, pues la de Medio Ambiente debe dictar una declaración de impacto ambiental previa, un proceso administrativo que al menos se prolongará durante seis meses.
Diferente explotación
El departamento de Manuel Vázquez justifica la necesidad de este informe, no siempre necesario, porque Ramsa ha modificado el modelo de explotación que hasta ahora era a cielo abierto. Ahora propone una explotación subterránea de la veta de cuarzo que pasa por debajo de la traza prevista para el AVE, lo que podría "causar problemas de seguridad" cuyos efectos habría que estudiar. Esta nueva oferta, según la empresa, permitiría seguir explotando todo el yacimiento sin que afectase a la línea del AVE.
En el Gobierno gallego sospechan que Villar Mir es consciente de las dificultades técnicas de su plan, pero lo pone encima de la mesa como "un ardid para incrementar el valor de la expropiación" y conseguir una indemnización multimillonaria.
La Xunta se opone, según fuentes del Ejecutivo, a que "una decisión administrativa encarezca la expropiación". Porque si se prorroga la concesión antes de que Adif expropie los terrenos de Serrabal, Fomento habría de indemnizar a la empresa por el valor de unas fincas y también por lo que dejaría de ganar por explotar esos terrenos durante los próximos treinta años. Por el contrario, si expropia ya, el lucro cesante se limita hasta el 7 de enero de 2008, fin de la actual concesión.
La Consellería de Innovación, consultada por este diario, sostiene que su objetivo es decidir sobre una posible renovación de la concesión a Villar Mir antes de que concluyan los actuales derechos de explotación, "independientemente de las expropiaciones de Adif". Sin embargo, también admite que "en el procedimiento abierto también intervienen la Consellería de Medio Ambiente, que ha de pronunciarse sobre cuestiones medioambientales, y Adif, que debe considerar si es compatible la explotación con el paso del AVE". "No depende sólo de nosotros", advierten desde el departamento de Fernando Blanco, cuyo equipo insiste en que su objetivo en esta polémica siempre ha sido "compatibilizar los puestos de trabajo de Serrabal con el paso del AVE".
En todo caso, el propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ya ha calificado de "inviable" explotar el filón de cuarzo que quede enterrado bajo las vías del tren con el paso de la alta velocidad por encima.
El culebrón de la mina Serrabal que arrancó en 2001 cuando el entonces ministro Francisco Álvarez Cascos decidió que el tren atravesaría el yacimiento de cuarzo ya vislumbra el fin, afirman desde la Xunta, preocupada por la demora que este escollo supone para la llegada a Galicia de la alta velocidad. Adif prefiere, en cambio, guardar silencio y mantenerse prudente porque se trata de "una cuestión delicadísima".
