Los bancos y cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Ibarra, cuando no pueden cobrar sus préstamos concedidos, inician acciones legales en contra del deudor y del garante, pero es el segundo el que termina pagando la deuda, mientras el estafador sigue tan tranquilo en las calles del país.
La cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre que funciona la ciudad de Ibarra, concedió un préstamo de 3.000 dólares a David Alejandro Silva Márquez, un ciudadano que vivía en Ibarra, como este sujeto ya no vive en la ciudad y no pagaba su deuda, la entidad crediticia demanda al garante para que pague el monto concedido y se activan todos los procesos para recuperar el dinero; al estar ubicado el garante, a la justicia no le importa mayormente el deudor que resulta ser el beneficiario, porque se lleva el dinero y nadie le molesta.
Los esfuerzos de la justicia se centran en buscar al garante, presionarle, amenazarle, hasta que cancele el dinero que nunca recibió, caso contrario le embargan los bienes.
La Corte Provincial de Justicia acepta a trámite la demanda a través de la Unidad Judicial especializada Primera Civil y Mercantil de Ibarra y el garante es el que recibe las demandas.
De hecho el garante tuvo que conseguir un crédito para no ser molestado en su trabajo, pagó la deuda y le endosaron el pagaré para que él pueda iniciar una acción legal para cobrar al deudor que está en Quito.
Han pasado más de cinco años y no puede recuperar su dinero, porque los trámites judiciales en la capital son lentos y porque no logran citarle al deudor, ni encontrar su domicilio
La Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, no logra ubicar al deudor Diego Alejandro Silva, desconoce su domicilio y hasta el momento no puede hacerle llegar la citación del juicio que se le sigue, es decir el “estafador” ni se da por enterado que está demandado.
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