El 5 de abril de 1971 la revista francesa Le Nouvel Observateur publicó el texto ‘Un llamamiento de 343 mujeres’. Una lista de 343 francesas que tuvieron el valor de contar públicamente que habían abortado, arriesgándose a una pena de cárcel.
Entre ellas, la escritora y filósofa Simone de Beauvoir, la novelista y directora de cine Marguerite Duras, la socióloga Christine Delphy o las actrices Catherine Deneuve y Agnès Varda. Junto con decenas de mujeres anónimas denunciaban como cada año morían miles de mujeres por abortar de forma clandestina y reclamaban el derecho a un aborto libre y seguro. Medio siglo después, y a pesar de los avances, 47.000 mujeres fallecen cada año en todo el mundo tras practicarse abortos en condiciones de riesgo; y abortar sigue siendo un delito en países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta o Andorra.
Se las calificó de “zorras” porque la revista satírica Charlie Hebdo bautizó así su manifiesto Les 343 salopes” (zorras), y así se conoce también a su manifiesto. Una palabra usada como insulto en muchas ocasiones cuando las mujeres reivindican sus derechos. Sin embargo, fueron mujeres valientes que rompieron el silencio sobre el aborto a pesar de las consecuencias. Fueron señaladas, acusadas de exhibicionismo y hubo firmantes a las que su familia dejó de hablar y otras perdieron su trabajo.
Portada de la revista satírica Charlie Hebdo, que le dio el nombre al conocido manifiesto
Su gesto se convirtió en histórico y su manifiesto comenzaba así: “Un millón de mujeres abortan cada año en Francia. Lo hacen en condiciones peligrosas por la clandestinidad a la que están condenadas (…) Declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado. Igual que reclamamos el libre acceso a los anticonceptivos, pedimos el aborto libre”. En esos momentos en Francia 5.000 mujeres morían cada año por un aborto clandestino. “Pero el orden moral no se altera”, decía el manifiesto.
Tras años de acciones y protestas, el aborto fue despenalizado en Francia en 1975 con la conocidaLey Veil, en referencia a la ministra de Sanidad, Simone Veil, que se refería así al drama de los abortos clandestinos en Francia ante la Asamblea francesa: “No podemos seguir cerrando los ojos sobre los 300.000 abortos que cada año mutilan a mujeres en nuestro país”.
El pasado 4 de marzo de 2024 el Parlamento francés aprobó la reforma de su Constitución que incluye el derecho al aborto. Francia se convierte así en el primer país del mundo que protege en su Constitución la libertad de las mujeres para abortar.
Manifestación a favor del derecho al aborto libre y gratuito en Francia. © Getty Images
¿Cuántas muertes se producen por abortos clandestinos?
53 años después de este manifiesto, con debate sobre la despenalización y legalización del aborto sobre la mesa, más de 60 países de todos los rincones del mundo han revisado sus leyes para garantizar el derecho al aborto.
El impulso hacia estos cambios ha sido liderado por organizaciones feministas y de derechos humanos. En Irlanda, la ciudadanía respaldó en un referéndum la modificación constitucional que permitió la legalización del aborto en 2019. Este mismo año también Irlanda del Norte despenalizó el aborto, aunque siguen existiendo barreras que convierten este derecho en una carrera de obstáculos. En Argentina, el movimiento conocido como la "marea verde" logró que el Parlamento aprobara una ley a favor del aborto en 2020. En Colombia se logró la despenalización del aborto en 2022. En México, la Corte Suprema de Justicia declaró en 2021 la inconstitucionalidad de encarcelar a mujeres por abortar, y en septiembre de 2023 despenalizó completamente la práctica.
Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 33 millones de abortos inseguros ocurren cada año, siendo la gran mayoría de ellos en países en desarrollo. Estos abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo. Amnistía Internacional denuncia que unas 47.000 mujeres mueren cada año tras un aborto inseguro. Además, provocan cinco millones de discapacidades evitables en su mayoría, como apunta la OMS.
A diferencia de los abortos legales, que son realizados por personal médico capacitado, los abortos inseguros conllevan graves riesgos. Anualmente, entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas son resultado de abortos peligrosos.
Con independencia de lo que dicen las leyes en cada país, se tienen abortos en todo el mundo todos los días. Restringir el acceso a un aborto seguro o penalizarlo por ley no implica un menor número de abortos. Solo hace que sea menos seguro obligando a mujeres y niñas a poner en riesgo su vida recurriendo a abortos clandestinos sin cumplir los mínimos sanitarios.
Aborto seguro y derechos humanos
El acceso a un aborto seguro, sin riesgos, es un derecho que debería poseer toda mujer o niña y las demás personas que pueden quedarse embarazadas. Es fundamental para proteger y respetar sus derechos y su propia vida. Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos tales como a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
En 2005 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó al Estado de Perú por no garantizar a una mujer el acceso al aborto. La no prestación de un aborto terapéutico fue declarada una violación de varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: a los derechos a la igualdad, a la intimidad y a estar libre de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La joven de 17 años fue diagnosticada por tener un embarazo en el que el feto, de 14 semanas, tenía anencefalia, una anomalía letal para el bebé y, en muchos casos, también para la madre. La joven fue obligada a completar el embarazo. El bebé sobrevivió cuatro días. Esta fue la primera vez que un comité de las Naciones Unidas hacía responsable a un país por fallar en asegurar acceso a un aborto seguro y legal.
El principio de autonomía física de los derechos humanos señala que las decisiones sobre nuestro cuerpo son solo nuestras. Por tanto, obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos.
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, forma parte de la 'Declaración política sobre la cobertura universal de salud', firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional considera que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva. Para ello, es esencial que las legislaciones de los países relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.
Concentración contra la prohibición casi total del aborto en Polonia y desencadenada por la trágica muerte de Izabela, que falleció por septicemia al negársele el aborto en el hospital de Pszczyna. © Grzegorz Żukowski
¿Dónde está penalizado el aborto?
Países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta o Andorra mantienen leyes que prohíben el aborto en todas las circunstancias y, otros países como Polonia, sólo lo permiten en caso de que la vida de la embarazada esté en peligro o en caso de violación. En Amnistía Internacional trabajamos por el caso de Justyna Wydrzyńska, una defensora de los derechos humanos que se enfrenta a tres años de cárcel por haber apoyado a mujeres que necesitaban abortar en Polonia, país con una de las legislaciones sobre el aborto más restrictivas de Europa.
Estados Unidos ha retrocedido 50 años desde junio de 2022, cuando su Tribunal Supremo dictaminó que deja de proteger el aborto (al anular la sentencia del caso Roe v. Wade), y ahora son los Estados los que deben decidir sobre cómo regular el derecho. Desde entonces los estados de Texas, Alabama , Luisiana, Misisipi, Georgia o Florida, han aprobado leyes por las que el aborto queda prácticamente prohibido en todas las circunstancias, o a partir de las 6 semanas de embarazo o “desde que se registra actividad cardiaca en el feto”, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. En Texas además su ley anima a la ciudadanía a ejercer de policía contra sus propias vecinas y familiares, al ofrecer una recompensa de 10.000 dólares a quienes denuncien a cualquier persona sospechosa de ayudar a abortar.
Así, en la práctica millones de mujeres en EEUU estarían obligadas a desplazarse a otros estados para poder ejercer su autonomía y decidir sobre su embarazo y maternidad. Como dijo Tarah Demant, la responsable de Campañas de Amnistía Internacional en EEUU, ella ahora tiene menos derechos que su madre y su abuela.
Amnistía Internacional señala que la despenalización total del aborto es esencial para proteger los derechos humanos y evitar nuevas muertes y lesiones a consecuencia de abortos en condiciones de riesgo. También incide en ello el grupo de trabajo de la ONU sobre ‘la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica’ al señalar que los Estados de todo el mundo deben actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo.
El 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o donde, aunque el aborto sea legal, no se dispone de servicios de aborto seguros o son inaccesibles, según apunta la OMS.
Barreras, discriminación y estigma
Amnistía Internacional también denuncia cómo incluso en los Estados con acceso a servicios legales de aborto, las personas embarazadas pueden encontrar aún múltiples restricciones y obstáculos para acceder a ellos, como un coste elevado, la falta de imparcialidad en el asesoramiento, la existencia de plazos obligatorios de espera, la poca disponibilidad de servicios, la objeción de conciencia del personal sanitario o la información engañosa.
En Hungría, desde 2022, se obliga a las mujeres a ver la ecografía y a escuchar el latido fetal para tener acceso legal al aborto. Otros países que no incluyen el servicio de aborto en los sistemas públicos de salud, como sucede en Croacia, Chequia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia.
Penalizar el aborto y la negación de servicios médicos, incluidos los servicios de salud reproductiva, es una forma de discriminación. Un hecho que denuncia constantemente el comité que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Las barreras de acceso al aborto penalizan doblemente a las mujeres que ya sufren discriminación social y económica, como las jóvenes, las mujeres con empleos precarios, las que sufren relaciones afectivas abusivas, las mujeres migrantes, las refugiadas y solicitantes de asilo, las mujeres discriminadas por su etnia.
La discriminación que supone penalizar el aborto fomenta aún más que se estigmaticen a las mujeres y niñas que abortan por parte de la sociedad, familia, personal de la salud y la justicia. A ello hay que sumar el hostigamiento y acoso que sufren las mujeres que deciden abortar. Por ejemplo, en el caso de España grupos antiaborto acuden a las puertas de clínicas privadas para insultar y amenazar a las mujeres que asisten a ellas.
Manifestantes a favor de la legalización del aborto en Buenos Aires, Argentina, 11 de diciembre de 2020. © REUTERS/Agustin Marcarian
Hacia un futuro sin abortos inseguros
Los datos de la OMS indican que los índices de aborto son más altos en los países donde el acceso a los métodos anticonceptivos es limitado. Estos índices se reducen cuando existe educación sexual integral, se tiene información sobre métodos anticonceptivos y se puede acceder a ellos.
Más de 16 millones de adolescentes, cada año en el mundo, dan a luz y los embarazos son principalmente no deseados o debidos a relaciones sexuales forzosas. Los embarazos tempranos tienen gravísimas consecuencias para la vida de las niñas y contribuyen al círculo de la pobreza, de ellas y de sus familias.
Por ello, la Organización Mundial de la Salud considera que uno de los primeros pasos que deben darse para evitar los embarazos no deseados, las lesiones y muertes maternas es que los Estados garanticen que las personas que tienen acceso a educación sexual puedan utilizar métodos anticonceptivos eficaces. En este sentido, Amnistía Internacional denuncia que, en países como Paraguay,el Ministerio de Educación prohibió la educación sexual en las escuelas y eliminó todas las referencias al “género” en los materiales de educación pública. Esto constituye un grave incumplimiento de la obligación de Paraguay de defender los derechos de las niñas a la salud, la educación y una vida sin violencia.
Los índices de aborto también se reducen cuando es posible el acceso al aborto legal y sin riesgos. Amnistía Internacional sostiene que el acceso al aborto sin riesgos es un componente esencial de una sociedad justa e igualitaria, y es fundamental para la realización de todos los derechos humanos.
Manifestantes participan en la Marcha de las Mujeres en Nueva York, el 2 de octubre de 2021. © Kena Betancur/AFP vía Getty Image
¿Y qué dice Amnistía Internacional?
- Exige a los Estados que garanticen los derechos sexuales y reproductivos a mujeres y niñas, el derecho a la información, a la educación afectivo-sexual, a la salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos.
- Reconoce que todas las personas que pueden quedarse embarazadas tienen derecho al aborto.
- Reconoce que las decisiones relativas al embarazo y el aborto repercuten directamente en la totalidad de los derechos humanos.
- Pide el acceso universal a aborto sin riesgos, la provisión de atención posterior y de información relacionada con el aborto basada en evidencia científica.
- Pide la eliminación del aborto de la legislación penal y otras leyes y políticas punitivas, y que se deje de sancionar a las mujeres, niñas y todas las personas que pueden quedarse embarazadas, proveedores de atención de la salud y otras personas por obtener, prestar servicios de aborto o ayudar en su práctica.
- Pide que se reformen las leyes y políticas que limitan el acceso al aborto a circunstancias concretas.
- Pide a los Estados que hagan efectivos los derechos económicos y sociales mediante la promoción de políticas que empoderen a las personas embarazadas para tomar decisiones libres sobre su vida reproductiva, incluso mediante el acceso a atención de la salud, seguridad social y medios para conseguir un nivel de vida adecuado.
Pide a los Estados que garanticen y protejan a las defensoras y defensores de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto legal y sin riesgos. A Amnistía Internacional le preocupan las crecientes restricciones y la represión contra la actuación legítima de quienes defienden estos derechos humanos, y el incremento de las campañas contra los derechos sexuales y reproductivos y contra lo que denominan “ideología de género”.
