El golpe militar de 1936 fue secundado en Zaragoza desde el primer momento. El objetivo de los golpistas para todo el país incluía un minucioso plan de exterminio sistemático de los demócratas: republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, masones, homosexuales... En Zaragoza, pese a no verificarse ninguna batalla de la guerra en marcha, las prácticas de los fascistas siguieron esas directrices de represión y muerte selectivas, adueñados como estaban de la ciudad.
En un primer momento se crearon los grupos de Acción Ciudadana, una sanguinaria organización paramilitar que perseguía y eliminaba a los defensores de la República. Coordinados por la Falange desde 1937, organizaban cacerías nocturnas por los barrios obreros.
Dentro del casco urbano fueron habilitados lugares de detención y terror, y en la periferia se acumulaban los presos políticos. Durante los primeros meses de la guerra, los asesinatos estaban a la orden del día, primero abandonando los cadáveres a orillas del Canal Imperial o en los terrenos militares de Valdespartera, y luego fusilando a más de 3.500 personas en la tristemente célebre tapia del cementerio de Torrero, ubicación utilizada para ello hasta agosto de 1946. Manuel Pérez Lizano, alcalde y presidente de la Diputación, o Ángel Vera Coronel, gobernador civil, encabezaron una larga lista de personas eliminadas, alguna tan “peligrosa” como el destacado arquitecto Francisco Albiñana Corralé, fusilado por masón.
Entre los lugares de triste memoria donde se alojaba a los detenidos y se les torturaba antes de enviarlos a fusilar, organizados por la Falange, se encontraba el colegio de los Agustinos del camino de las Torres, reconvertido en cuartel, la comisaría de policía de la calle de Ponzano 3, la academia militar Politécnica Torres de la calle de Juan Bruil 2 o el piso sobre la horchatería de Ramón Mas en el Coso 25, desde cuya ventana los torturadores exhibían a las víctimas.
Además, el chalet racionalista construido en 1933 para el médico Matías Bergua Oliván en el paseo de los Ruiseñores 57-59, fue incautado para albergar una prominente sede de encarcelamiento y tortura (“interrogatorios forzosos”) de sus residentes, previos al envío al fusilamiento de muchos de los que sobrevivían. Entre 1979 y 2017, el edificio albergó el centro regional de RTVE.
Los campos de concentración fueron un instrumento de represión franquista que funcionó en España entre 1936 y 1947. Hubo alrededor de 300, repartidos por todo el territorio y organizados por oficiales alemanes nazis y fascistas italianos. Allí se hacinaron cientos de miles de disidentes políticos y combatientes del Ejército Popular, no reconocidos como prisioneros de guerra, y por lo tanto internados sin sentencia, obligados a realizar trabajos forzosos y objeto de torturas. A los llamados “irrecuperables” se les ejecutaba automáticamente. A este respecto y en la periferia de la ciudad, el recinto de la Academia General Militar en San Gregorio se utilizó los dos primeros años de la guerra como “centro de clasificación”. Cuando se quedó pequeño para albergar a los detenidos, en 1938 se creó el cercano campo de concentración de San Juan de Mozarrifar, ubicado en ese barrio rural de Zaragoza.
Para ello se reformó el edificio de la antigua papelera de Las Navas, aún hoy en pie, que llegó a albergar a más de 3.000 internos, según el estudio monográfico de Ramón F. Ortiz Abril. Los soldados italianos que lo ocuparon (del cuerpo de tropa voluntaria de Mussolini) se caracterizaban por su ensañamiento, atando a postes a los presos durante varios días. Tras el fin de la guerra, sus once pabellones continuaron siendo lugar de internamiento de presos políticos, ya con el nombre de “prisión habilitada”, hasta 1943.
Los trenes llegaban de noche a la estación de tren del barrio, transportando en vagones de ganado a los capturados. Javier Rodrigo Sánchez, en su libro sobre los campos de concentración españoles, cuenta que el objetivo de estos recintos era la reeducación, y nombra tres casos: el de Costuera (Badajoz), donde el procedimiento habitual era la “eliminación física”; el de San Pedro de Cárdena (Burgos), con “aniquilación ideológica”, y el de San Juan de Mozarrifar, ejemplo de “tortura cotidiana”.
Durante todo el franquismo, la tortura política siguió practicándose de modo generalizado por parte de los cuerpos policiales, militares y penitenciarios. Los más prominentes encargados de ello fueron los miembros de la Brigada Político Social, policía política asesorada por la Gestapo. Ya en las décadas de los sesenta y setenta, numerosos testimonios de detenidos confirman que la costumbre no cesó en cuarenta años.
En Zaragoza, la “Social” contaba con unas instalaciones en la calle de Eduardo Dato 4, edificio construido en 1949 que subsiste. En 1963, el comunista Félix Tundidor fue torturado allí durante tres días. Es un caso de los muchos incluidos en la querella que presentó el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019 contra siete policías, siete gobernadores militares y once gobernadores civiles, presuntos autores de delitos de asesinato, detención ilegal, torturas y lesiones entre 1936 y 1977.
La comisaría central del paseo de María Agustín 34, construida en 1964, fue el lóbrego lugar principal donde se aplicaban tormentos, como atestiguan los relatos de Floreal Torguet, que repartía octavillas en 1970 y fue golpeado con saña por sus torturadores mediante puños y un bastón; o de los estudiantes José M. Abreu y J. J. Menéndez, que en 1971 recibieron terribles palizas sistemáticas y padecieron sofisticados métodos de suplicio. A partir de 1977 la tortura generalizada remitió en España, permaneciendo focos en lugares conflictivos como el País Vasco, donde se han dado casos de sentencias condenatorias por ese delito hasta fechas tan recientes como 2010, y once condenas del Tribunal europeo de derechos humanos entre 1992 y 2021 al Estado español por no investigar denuncias por malos tratos.
El apaleo indiscriminado del manifestante y algunos casos de abuso policial han perdurado en Zaragoza prácticamente hasta nuestros días. Una de las coyunturas frecuentemente denunciadas fue la creación en 1980 de la UVE (Unidad de Vigilancia Especial), que incluía exmiembros de la Brigada Político Social y fue reconvertida en 1989 en Unidad de Protección Ciudadana. En 2007 le sucedió la UAPO (Unidad de Apoyo Operativo), en cuya formación participaron miembros de la Policía Nacional.
No obstante, la situación actual es mucho más halagüeña que durante el franquismo, y los lugares de tortura reseñados aquí quedan ya como siniestros hitos de las sombras del pasado reciente. Solo resta que no se abandone la labor de arrojar luz hacia hechos que se nos siguen ocultando, con la socorrida técnica de obligarnos a mirar para otro lado.
