PRECARIEDAD URBANA

Un informe de Techo indica que unas 200 mil personas viven en una situación de gran precariedad habitacional, sanitaria y urbana en general.

En Montevideo hay más de 100 edificios en construcción o con finalización reciente. En los últimos once años se construyeron más de 600 y la cantidad de viviendas superó las 25.000.

El 55% de los inmuebles proyectados se construyen aprovechando las exoneraciones tributarias de la ley de acceso a la vivienda de interés social, algo significativo por la movilización de la industria de la construcción y por la suma del stock de viviendas pero que no elimina el déficit habitacional en los sectores o niveles sociales realmente comprometidos, situación idéntica a la que advertía el arquitecto y político demócrata cristiano Juan Pablo Terra cuando evaluaba la contribución del Banco Hipotecario a fines de la década de 1960, mientras la inflación destruía o corrompía al sistema y sus paliativos, es decir leyes sin política global.

Y cuando, como ahora, el peso de la construcción de viviendas directamente por organismos públicos no incidía en la solución habitacional del país, como no llegó a incidir el Plan Juntos, al fin de cuentas una manifestación simbólica del deseo de hacer algo, como pasaba hace cinco décadas y Terra lo expresaba en su análisis técnico, argumentado, objetivo.

En un segundo informe de la organización Techo queda ahora otra vez en claro que el acceso a la vivienda propia o en alquiler en Uruguay sigue siendo dificultoso y muchas veces imposible, salvo a través de la herencia o créditos eternos, para una población con bajísimo crecimiento, que le llevó décadas duplicarse, con un último gran incremento entre 1908 y 1963, al pasar de 1:042.000 habitantes a 2:600.000.

En estos tiempos que corren, con poco más de 3 millones de pobladores, entre 2006 y 2011 se había reducido la cantidad de asentamientos irregulares en un 11%. Dos terceras partes estaban en Montevideo y el número de afectados por la precariedad habitacional en todo el país bajó de 200.000 a 165.271. Pero entre 2011 y 2019, a pesar de las medidas adoptadas, la cantidad de asentamientos en Uruguay volvió a trepar, a 656.

Según Techo, el rango de población que vive en asentamiento oscila entre 182.491 y 219.504 personas. Entre los escenarios posibles, en el informe presentado al Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda y a la Intendencia de Montevideo, Techo opta por el más conservador, que fija en 120.071 los pobladores de asentamientos en Montevideo y 72.025, en el interior, lo que suma 192.096 personas. Algo así como uno de 18 habitantes del país o uno cada once montevideanos.

En los resultados a nivel nacional se apunta que el 40% de los asentamientos se encuentra en un nivel de vulnerabilidad crítico o alto, “siendo el componente habitacional el que presenta el nivel de vulnerabilidad crítica más elevado”. El 33% de los asentamientos posee más de la mitad de las viviendas de materiales precarios y mantiene conexiones irregulares por lo menos a dos servicios: de agua potable, energía eléctrica o saneamiento.

En relación a la falta de acceso a los edificios públicos como escuelas o policlínicas, las complicaciones para el ingreso de ambulancias o bomberos y la infraestructura urbana de calles y alumbrado, el 62% se halla en situación de vulnerabilidad crítica o alta. En cuanto a riesgos, en el 54% de los asentamientos hubo un incendio o inundaciones.

La dinámica de crecimiento acelerado ha sido verificada en centralidades de población y económicas como Maldonado, Salto y Paysandú. De todos modos la mayor cantidad de asentamientos y habitantes se registra en Montevideo (346), en Canelones (121) y en Artigas (36), el departamento que ya en 2011, según el Censo nacional, tenía más de un 13% de su población residiendo en asentamientos.

Flores es el único departamento sin este tipo de concentración poblacional, y con un bajo registro se ubican zonas próximas al Río Negro, como Durazno, Treinta y Tres o Florida. En estos lugares y otros, en Lavalleja, Soriano y Río Negro (que albergan entre 2 y 6 asentamientos y mil viviendas) se presentan los niveles más bajos de vulnerabilidad en sus estructuras.

La información de Techo surge de un trabajo de campo realizado por 70 voluntarios entre el 13 de marzo de 2018 y el 28 de enero de 2019, y de la consideración de los datos del censo de población del Instituto Nacional de Estadística de 2011.

Al darse el cambio de siglo, las investigaciones disponibles indican que los asentamientos irregulares montevideanos crecían un 10 % acumulativo anual. En una década, entre 1984 y 1994, se había triplicado el número de sus viviendas. Hacia el 2000, la población que habitaba en los mismos ascendía a más de 125.000 personas, un 10% del total de la población de Montevideo. Mientras en 1984, había 2.541 viviendas, en 1990 el número creció a 4.835 y en 1994 a 7.013. La explosión que llegó con la crisis de 2002 tuvo vaivenes, lográndose detener el aumento de asentamientos y eliminar los de mayor porte hacia el 2010. Pero, comparando los fines del siglo XX y la segunda década del XXI, las cifras mantienen un incremento. El INE registraba en Montevideo 30.208 viviendas en 1996. Los cálculos de viviendas en asentamientos en 2019 establecen que hay 36.659. Aunque se haya desacelerado el proceso, parece no poder frenarse el crecimiento en tanto las nuevas generaciones permanecen en los predios que se poblaron por un vaciamiento del área central de la ciudad, un proceso centrífugo de expulsión de población hacia la periferia, donde se ubica la casi totalidad de los asentamientos.