El 27 de enero de 2016, el Partido Popular de Valencia, que durante décadas había controlado Rita Barberá encadenando mayorías absolutas en el Ayuntamiento, recibió un duro golpe que le acabó costando la hegemonía en Valencia. El círculo cercano a la alcaldesa fue detenido por presuntos delitos de corrupción y la imagen de su estrecha colaboradora, la secretaria del grupo municipal, Mª Carmen García Fuster, acurrucada en el coche de la Guardia Civil tras su detención se convirtió en iónica del caso Taula.
Pasados ocho años, García Fuster, el exvicealcalde Alfonso Grau -a sus 83 años condenado por corrupción en otras causas y pendiente del caso Azud-, el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón se sentaron en el banquillo acusados de delitos de malversación y cohecho continuado, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide penas de nueve años para Grau, cinco para los gerentes y uno para la secretaria.
Las defensas de todos ellos solicitaron a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia la prescripción de los delitos que se les imputan visto que una de las partes de esta pieza, la que juzgó el llamando pitufeo- las aportaciones de los asesores del partido que se devolvieron en efectivo- que se realizó en 2015, fue archivada. Por tanto, bajo la la judicial sólo está la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011, que la UCO ratifica que se pagaron de una caja B.
Los cinco agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes encargados por el juez instructor, ratificaron ante el juez que el gasto electoral que hizo en partido fue muy superior al declarado. La forma de operar era contratar con empresas externas la campaña. En 2007 se firma un contrato con Laterne que recoge un gasto de 150.000 euros cuando se rozaron los dos millones. En 2011, ya con Trasgos, se declaran 170.000, pero la investigación comprueba que el gasto hecho por la empresa es mucho mayor, "por lo que se deduce que tiene otra fuente de ingresos" para financiarla.
Esos ingresos extra provienen tanto de contratos de empresas adjudicatarias de contratos municipales o fundaciones públicas a estas compañías por servicios que sólo se reclamaban en periodos electorales. "Comprobamos que había empresas que sólo facturaron con Trasgos antes de las elecciones (de 2011), durante la campaña, y eran empresas que tenían importantes intereses económicos con el Ayuntamiento. Además, buena parte de ellas eran las mismas que ya habían realizado esta misma operativa en 2007", han apuntado los investigadores de la UCO.
Pero también había parte que llegaba de una cuenta B que el PP tenía al margen de la oficial, que manejaba "sin control" y donde aparecían aportaciones en efectivo de "Colaboradores y Allegados". A esta cuenta, según los investigadores, tenían acceso Grau y García Fuster, además de dos personas más cuyos nombres no han podido precisar. En ella llegó a haber 187.450 euros, que se destinaron a gastos electorales en 2011 según los agentes. El detalle de la contabilidad de esa cuenta fue encontrado en el despacho municipal de la secretaria.
Esta forma de operar llega a conocimiento de la Fiscalía primero a través de las los archivos de audio que grabó el 'yonqui del dinero', Marcos Benavente, y de las conversaciones mantenidas, con el teléfono intervenido, por la exconcejal María José Alcón (mujer de Grau fallecida en 2018) en la que relataba a su hermana y a su hijo "una operativa de transferencias bancarias a una cuenta del PP municipal y de devolución de esas aportaciones con dinero en efectivo", según ha declarado uno de los agentes.
Prescripción de los delitos
Las defensas de los acusados han insistido en la prescripción de los delitos al considerar que no se puede demostrar que fueran continuados, lo que alarga el plazo hasta los quince años. El presidente del tribunal, tras una breve deliberación, informó a las partes de que tomarían una decisión en la que no tengan "ningún tipo de dudas" a lo largo del proceso, que continuará en los próximos días y en el que las acusaciones, ejercidas por el Ministerio Fiscal y Compromís, como acusación particular, tendrán que formular un nuevo escrito de acusación en el que quede al margen todo lo referente al pitufeo, que fue archivado en diciembre de 2021.
De todos los acusados, a Alfonso Grau es a quien le queda otro juicio pendiente, el caso Azud, aún en fase de instrucción y en el que comparte acusación con los dos abogados que estaban defendiendo a García Fuster: José María Corbín, excuñado de Rita Barberá a quien se le considera uno de los cerebros de la trama, y su hija, Rita Corbín Barberá.