Los magistrados de Instrucción de la Audiencia Nacional, entre ellos Santiago Pedraz, Fernando Andreu y José de la Mata, han firmado un escrito en el que se quejan de las condiciones de la nueva sede del órgano jurisdiccional, ubicada donde se encontraba la antigua, en la calle García Gutiérrez.
Los jueces cargan contra el Ministerio de Justicia y el diseño arquitectónico del edificio que, según afirman, “tiene menos espacio”, algo que consideran “ilógico” pues la finalidad del cambio es “mejorar las instalaciones y consiguiente eficacia y buen funcionamiento de la Administración de Justicia”.
Aunque el estado de las instalaciones antiguas “no era adecuado”, los magistrados sostienen que “no se daban problemas”.
¿Qué falla?
- “El espacio destinado a los funcionarios es limitado y no permite en cuatro de los seis juzgados disponer de un eventual aumento de plantilla. Este espacio, además, se ve reducido por las fotocopiadoras y otro material, que en algunos casos hay que colocar en zonas de paso vulnerando así las normas sobre riesgos laborales”.
- “Además de no existir salas de espera resulta imposible en condiciones dignas atender a público y profesionales”
- “El acceso a las salas de declaraciones supone graves pérdidas de tiempo para todos los que tienen que acudir a ellas. Son pequeñas, agobiantes para declaraciones de más de dos horas, y desde fuera se puede oír fácilmente lo que se habla dentro. En el ‘pasillo’ de espera de las salas de declaraciones confluyen múltiples personas, de forma que ni siquiera existe un lugar para preservar a los testigos, y asimismo cuando el juez acude a la sala debe de hacerlo entre todas ellas”.
- “No se cuenta con salas de reuniones para los jueces siendo insuficiente el despacho pues no caben más de cinco personas”
- “El Decanato está ubicado dentro del archivo documental no disponiendo de un espacio digno”
Así pues, los magistrados consideran “paradójico” que mientras en la antigua sede “ninguno de estos problemas acontecía” ahora se den en el nuevo edificio “redundando en perjuicio de una adecuada Administración de Justicia”.
Los jueces solicitan que se ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia y del CGPJ “las graves disfuncionalidades” señaladas.