El Presidente no tenía problema con la Suprema Corte mientras su lacayo le administraba el changarro. Archivaba los temas de interés, controlaba las votaciones e incluso se puso a alambrear la decisión acerca de la ley eléctrica, dividiendo los temas y contando a su gusto los votos, con lo que logró que la misma no fuese declarada inconstitucional, aunque la clara mayoría en su contra garantiza derechos, vía amparos y suspensiones.
Le parecía poco, así que impulsó a su socia (la esposa de su socio, pues), pero resultó que la ministra no pudo hacer su tesis de licenciatura, sino que la copió, según puso en evidencia Guillermo Sheridan. No logró esa ministra la presidencia de la Corte, sino otra, que al Presidente no le gusta. La ha atacado todo lo que ha podido, desde su programa matutino de variedades, pero no sólo eso: ha promovido que un grupo de rufianes a sueldo bloquee la entrada de la Corte e insulte continuamente a la ministra.
Ahora, uno de los gobernadores más sumisos a él, Cuitláhuac García, ha iniciado la persecución de una jueza, Angélica Sánchez. La detuvieron ilegalmente en Veracruz, le sembraron pruebas, pero la presión pública los obligó a soltarla. En un viaje a la Ciudad de México, para recibir un homenaje en el Senado, la jueza fue detenida, otra vez de forma ilegal, por personas que aparentemente eran de la Guardia Nacional. La entregaron a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero después la trasladaron a Veracruz, donde la Fiscalía local dice que la encerrará un año en Pacho Viejo.
Esta detención es ilegal por donde se vea. No sólo no se identificaron correctamente quienes la detuvieron ni contaban con orden para ello, sino que, además, no podían hacerlo, porque la jueza contaba con un amparo. La incomunicaron y “vincularon a proceso” las fiscalías, no un juez. Es una detención arbitraria, un abuso de poder, que se suma a los centenares (más de 600 todavía encerrados) que han sufrido violación de derechos en Veracruz.
Cuitláhuac García es una persona muy limitada, cuyo único interés consiste en complacer a López Obrador, imaginando sus deseos. Quien lo tripula es Eric Cisneros, secretario de Gobierno del estado, que apuesta a la sucesión y que no tiene límite en su intento de acumular poder y recursos, y destruir a quienes considera sus enemigos. Insisto en los centenares de personas que ha perseguido y encarcelado.
Ahora bien, si un secretario de gobierno de un estado actúa de esta forma es porque quien ha concentrado todo el poder en sus manos está de acuerdo con ello. Lo dijimos hace años: concentrar todo el poder implicaba concentrar toda la responsabilidad. López Obrador debe ahora responder por su ataque continuo a la ministra Piña, pero también por el encarcelamiento de la jueza Sánchez, y por los otros 600 presos políticos veracruzanos.
Tendrá además que responder por el intento de despojo que promueve el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Éste, incapaz de resolver el problema de los agricultores de su estado, originado tanto en la destrucción de programas federales de apoyo como en la desaparición de la Financiera Rural, tuvo la ocurrencia de culpar de ello a las empresas que compran el maíz: Gruma, Minsa y Cargill.
También es responsable de la incapacidad de los gobiernos locales para evitar cierres de autopistas que ahora se han convertido en diversión local (Cuernavaca, Puebla, Querétaro), y sin duda de las cada vez más frecuentes denuncias de extorsión por parte de la Guardia Nacional.
Ya lo habíamos comentado: al concentrar todo el poder, López Obrador destruyó los mecanismos de intermediación. Ahora, todo se centra en él, que es incapaz de resolver nada. Pero, además, no le importa. Lo único que le interesa hoy es no dejar el poder, nunca.