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Los habitantes de Guapi, en el litoral Pacífico del departamento del Cauca, tuvieron que confinarse en sus viviendas. Durante casi una semana, del 22 al 28 de febrero, ninguno pudo salir a vender sus productos, pescar ni desempeñarse en otras actividades económicas con las que sobreviven día a día. ¿El motivo? Los enfrentamientos entre actores armados ilegales que, según fuentes cercanas, ya ajustan seis meses de recrudecimiento.
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El frente José María Becerra, del Eln, tiene control de la parte alta del municipio, que comprende los alrededores del río Guapi. Por su parte, el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, está en el casco urbano. ¿Su interés? El control poblacional y la salida de drogas, según información recopilada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
La Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca) alertó en un comunicado sobre el “derrame de sangre en nuestros territorios que destruye nuestras vidas y existencia”, y advirtió sobre una crisis humanitaria en las comunidades de la costa Pacífica del Cauca y los vecinos de Nariño, por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln.
Consultado por El Espectador, el alcalde de Guapi, Plutarco Marino Grueso Obregón, negó que el confinamiento hubiera ocurrido. Aseguró, además, que los homicidios se redujeron desde 2020: “El momento político daba para que se creyera que la seguridad de Guapi había desmejorado, pero nosotros en 2019 tuvimos 24 homicidios y el 2020 no tuvimos homicidios, y en 2021 no llegaron (sic). Ahora, sucedió un homicidio el día de las elecciones (13 de marzo). La cosa ha mejorado considerablemente”.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que Domingo Mancilla Cundumí fue el primer firmante del Acuerdo de Paz asesinado en Guapi en lo que va del 2022.
Versiones encontradas
El Observatorio del Delito de la Policía Nacional indica que en 2020 no se presentaron homicidios en Guapi, mientras que en 2021 fueron diez. Este año, hasta el 31 de marzo del 2022, se han registrado de manera oficial cuatro asesinatos.
Pero, contrario a lo que señalan las cifras del Observatorio para el presente año, Juan Manuel Torres, integrante de Pares, afirma que el municipio lleva unos seis meses de enfrentamientos violentos durante los cuales los casos no han sido recopilados de manera efectiva por las entidades correspondientes. “Lo que preocupa es que uno va a revisar las cifras en la Policía o en Medicina Leal y aparece que en municipios como Guapi o Timbiquí no pasa nada, con apenas dos, tres o cinco homicidios en un año, cuando desde las organizaciones sociales lo que se dice es otra cosa”, dice Torres, quien añade que no hay capacidad institucional para llevar el registro de crímenes en ese municipio.
Por su parte, en la Unidad de Víctimas del Cauca sí han identificado algunos eventos de desplazamiento, confinamiento, homicidios y demás, entre ellos, asegura Torres, “alrededor de seis hechos de desplazamiento forzado en los últimos seis meses”.
Fuentes cercanas a los hechos hablan, incluso, de que se han presentado una docena de homicidios, entre civiles e integrantes de los grupos armados, durante este período de recrudecimiento. Sin embargo, estos no han sido registrados de manera oficial, e incluso los casos de algunos combatientes no serían tenidos en cuenta.
Algunas organizaciones sociales han llevado el rastro del número de actos violentos y lo han denunciado ante la opinión pública, siempre anteponiendo el hecho de que son “presuntos” hechos, pues la municipalidad no los ha verificado ni recopilado.
“Las declaraciones del alcalde son contradictorias, porque las comunidades están viviendo una realidad diferente”, dice Carolina*, cercana al territorio, quien incluso afirma que ha habido una reconfiguración del conflicto armado.
“Cuando llegó el Acuerdo de Paz hubo unos meses de tranquilidad, pero ahora se están viendo actos mucho más crueles y constantes que se realizan delante de las comunidades. Eso lleva a que los habitantes de Guapi y los otros dos municipios, López de Micay y Timbiquí, tengan miedo. Diariamente estamos viendo que la violencia sí está pasando”, comenta Carolina.
Por ejemplo, el confinamiento del 22 al 28 de febrero fue en el marco del paro armado que declaró el Eln, del 23 al 26 del mismo mes. Durante ese tiempo, una niña menor de edad resultó herida cerca del colegio San José, en el casco urbano de Guapi, como consecuencia de enfrentamientos entre actores armados. Luego de que se reportara el accidente, otros estudiantes tuvieron que ser trasladados a centros de salud por desmayos y cuadros de ansiedad.
Carolina cuenta que la única vez que la Alcaldía se manifestó sobre la violación de derechos humanos en Guapi fue cuando algunos medios publicaron que dos embarcaciones habían sido incineradas por grupos armados. “La Alcaldía dijo que lo que pasó con esas embarcaciones no había sido producto de enfrentamientos, sino de una falla en el motor”.
Por la misma línea, en entrevista con El Espectador, el alcalde Grueso Obregón reiteró esta versión de los hechos que sucedieron el 22 de febrero. Al respecto, en un comunicado oficial se había afirmado que se trató de “una sola embarcación que transportaba combustible la que se incendió, a razón de una chispa generada por el motor fuera de borda, versión manifestada por el dueño de la misma (…). La Alcaldía hace un llamado a no divulgar información falsa que pueda llegar a generar desinformación o pánico en la comunidad”.
También hay versiones encontradas sobre los desplazamientos forzados. Por ejemplo, el pasado 13 de febrero la organización Cococauca denunció, en su página web, que “el desplazamiento masivo e individual se ha vuelto una constante en estos últimos tres meses, donde la realidad supera con creces a las cifras oficiales, que dan cuenta de 758 personas en 237 familias”.
El alcalde Grueso Obregón cuestiona que “este tipo de organizaciones no tienen por qué tener esos datos cuando eso solo lo maneja la oficialidad”. Ante la solicitud de las cifras reales, ni la Alcaldía ni la Personería le proporcionaron a El Espectador el número de desplazamientos forzados en Guapi.
Sin embargo, hay una certeza: la Unidad de Víctimas anunció el 15 de febrero, en su página web, que había activado un plan de contingencia para la atención al desplazamiento forzado de más de cuarenta familias de la vereda Soledad, del consejo comunitario Río Napi, en Guapi. Alrededor de 22 familias se dirigieron al departamento del Valle y 18 permanecieron en la cabecera del municipio.
¿Qué solicita la comunidad?
Respecto al confinamiento que la comunidad vivió el 22 de febrero, “nadie recorría los ríos. Eso es una pérdida porque no tenemos una economía sostenible sino lo que se consigue en el día a día”, afirma Diego*.
“Es difícil la situación que vive en el Pacífico caucano. El llamado a la paz comenzó el sábado 26 de febrero, con las diferentes instituciones que hacen parte de la Iglesia, grupos internacionales, juveniles y culturales. Ellos sacaron una campaña por redes para que los habitantes colgaran una bandera blanca afuera de sus casas. Lo que queremos con eso es decir que estamos aquí, en pie de lucha. Nos duele lo que pasa en el territorio, tenemos miedo, pero nuestro deseo de estar en paz es más grande”, continúa Diego.
Para el cese de la violencia, algunos habitantes de Guapi y defensores de derechos humanos han pedido un acuerdo humanitario para contener la violencia y garantizar la presencia del Estado. “El Pacífico colombiano no se siente respaldado. Hemos estado históricamente en el marco del conflicto armado”, concluye Diego.
*Por cuestión de seguridad, los nombres son ficticios.