El edificio desalojado se levantó en la zona de Valdelasfuentes, un barrio con una estética similar a la de los PAU de Madrid capital. Muchos bloques de pisos, grandes avenidas y rotondas. No muy lejos, a unos 13 minutos en coche, se encuentra La Moraleja, aunque Valdelasfuentes no tiene nada que ver con el famoso barrio de chalés de lujo.

Según los datos del Catastro, las viviendas del 26 de Largo Caballero se construyeron en 2002. El bloque se dividió en 64 pisos. Y casi todos ellos acabaron okupados salvo dos casas que sí pagan los recibos.

De la "dejación" al desalojo

La okupación del edificio llevaba años siendo un problema para el municipio. El desalojo se ha producido en los últimos compases del gobierno de PSOE y Ciudadanos, que pactaron alternarse la Alcaldía. Durante su etapa en la oposición, los socialistas fueron muy críticos con el gobierno municipal del PP -que ocupó el poder de 2007 a 2019- y le exigieron que dejara de "esconderse" y tomara medidas ante la "evidente dejación de la empresa propietaria". 

Viviendas Acogidas SA, según informó El Mundo en 2016, es el nombre de la compañía propietaria del bloque de Largo Caballero. La misma que entró en quiebra al poco tiempo de construirse las viviendas. Las familias de marroquíes y gitanas comenzaron a entrar, lentamente, a partir de 2013, cuando ya estaban vacías. Pocos meses después, el PSOE denunció en un boletín informativo que unas 75 personas se habían instalado en Largo Caballero "a cambio de un peaje de al menos 800 euros a cambio de la 'patada en la puerta'". 

Varias personas frente a los edificios desalojados en Valdelasfuentes, Alcobendas. Diego Radamés Europa Press

Los socialistas alertaron, además, de que el edificio se estaba deteriorando "a marchas forzadas": basura acumulada en el sobretecho, humedales en los trasteros, filtraciones de agua que llegaban al garaje y cerraduras forzadas. En pleno 2014, la situación del edificio era un "infierno" para el resto de vecinos de Valdelasfuentes, según el grupo socialista. Ya entonces, la Policía Local advertía de que supuestamente se "podrían estar cometiendo delitos de tráfico de drogas" y que los "grupos organizados" alquilaban las viviendas por 800 euros. 

Los vecinos confiaron entonces en el sistema judicial. El edificio era (y sigue siendo) de propiedad privada. Y, según el diario comarcal Crónica Norte, la propietaria no pidió que se desalojara a los inquilinos ilegales en esa primera etapa de ocupación masiva. Ese fue el escollo que se encontró el Ayuntamiento durante muchos años. El Consistorio tenía poco margen de maniobra: sólo pudo enviar al juzgado información sobre los delitos que supuestamente se cometían dentro del edificio. El viernes, desde el Gobierno municipal sí que confirmaron que el desalojo daba "cumplimiento" a una orden judicial. 

El constructor de la casa de Granados

Viviendas Acogidas SA es una empresa dedicada a la "construcción de edificios residenciales". Se constituyó en 1985 y pertenece a la maraña de compañías que han estado vinculadas a Ramiro Cid Sicluna. En 2007 se acordó su disolución y, desde entonces, permanece en proceso de liquidación.

Según los datos registrales, a los que ha accedido Madrid Total a través de la plataforma eInforma, el domicilio social actual de Viviendas Acogidas SA se encuentra en la calle Conde de Vilches, en el barrio de Salamanca. Como domicilio de una sucursal de la compañía aparece la calle Francisco Largo Caballero, número 26, la misma ubicación del edificio okupado de Alcobendas.

Ramiro Cid Sicluna ostentó diversos cargos en la firma: gerente, administrador único, consejero, secretario y apoderado. El pasado mes de noviembre se nombró a otra persona como nuevo liquidador. Es el único cargo que figura en la órgano de administración de la empresa.

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Según ABC, este empresario era muy cercano a Francisco Granados -al que construyó su casa de Valdemoro- y fue socio de David Marjaliza. El hermano de Ramiro, Javier, fue consejero delegado, vicepresidente y consejero de Viviendas Acogidas. 

Ramiro Cid permanece bajo el radar de la Justicia por la pieza 4 del caso Púnica, la que investiga un supuesto plan preconcebido de Granados para "manipular" el planteamiento urbanístico del municipio a cambio de comisiones. Para ello, el exsecretario general del PP autonómico supuestamente contó, según la Fiscalía Anticorrupción, con la ayuda del exconcejal de urbanismo José Miguel Moreno y los empresarios Marjaliza y Cid.

Desalojo "terrorífico"

Pese a que el desalojo del edificio okupa se llevó a cabo con éxito, durante el despliegue policial se respiraron momentos de tensión. Entre los 300 residentes ilegales había cerca de 180 menores. Los desalojados se quejaron de la "violencia" ejercida por los policías y acusaron a los agentes de tratarles "como a perros". 

José Manuel Barroso, abogado de muchas de las familias afectadas, denunció ante Efe que los agentes no habían entregado la orden de desalojo y que habían acudido al edificio sin la comisión judicial. La Policía detuvo a dos personas por reclamaciones judiciales graves. Paula, una de las residentes ilegales afectada, explicó que la mayoría de los okupas del edificio eran tranquilos y formales. Otros, en cambio, llegaron de "fuera a traer problemas". 

"Nos han tachado de narcotraficantes y nos han acusado de tener plantaciones. Pero en todos los pisos se cuecen habas. En todos los sitios se venden droga pero van siempre a los que menos tenemos. ¿Pero dónde nos vamos ahora? Nos echan como perros. Tampoco nos merecemos esto. ¿Me voy debajo de un puente a vivir? No me han dejado sacar absolutamente nada", lamentó. 

La joven también dijo que el edificio pertenecía a una persona que se marchó a Brasil y a otra que "desapareció". "Entonces fueron metiéndose la gente. A mí mi casa la vendió una pareja diciendo que era un piso legal. Nos cobraron 200 euros por las llaves", apuntó. 

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Las familias ya estaban avisadas de que estos días se iba a producir el desalojo. Algunas tenían sus maletas y enseres preparados. Los servicios sociales del Ayuntamiento atendieron a varios de los desalojados. Podrán acceder a ayudas de "emergencia social". El Consistorio, sin embargo, no podrá realojarlas al haber ocupado ilegalmente unas viviendas.