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El presidente del Supremo abronca a los partidos por el bloqueo del Poder Judicial que “cercena la independencia” de los jueces

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, recibe al Rey Felipe VI.

Elena Herrera

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El presidente del Tribunal Supremo en funciones ha instado en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial a acabar con la situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encamina hacia los cinco años con el mandato caducado. Francisco Marín ha afirmado que el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces “cercena” la independencia judicial y ha llamado a “las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria” a que “con urgencia” alcancen un acuerdo que permita su renovación. 

“Hay momentos en los que deben dejarse de un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales más elevados (...). Es la hora de los grandes partidos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta”, ha aseverado ante el rey Felipe VI, el fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz, la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la Sala de Gobierno del Supremo. 

Tras la dimisión del expresidente Carlos Lesmes hace casi un año, Marín se ha estrenado en un acto en el que casi todo ha sido excepcional. A la interinidad del propio CGPJ, representado por su flamante presidente, Vicente Guilarte —elegido en julio como sustituto del sustituto—; se ha sumado el hecho de que tanto el fiscal general como la ministra de Justicia también están en situación interina. 

El actual órgano de gobierno de los jueces se conformó en 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, y debería haberse renovado a finales de 2018. Pero el pacto para una nueva composición no ha sido posible por los cálculos partidistas del principal partido de la derecha: primero con Pablo Casado y, después, con Alberto Núñez Feijóo, a quien la semana pasada Pedro Sánchez volvió a pedir sin éxito que negociara la renovación.

Con estas circunstancias y ante el escenario que dibujaron las urnas el pasado 23 de julio se aleja, a priori, toda posibilidad de renovación antes de diciembre, cuando el CGPJ iniciará su sexto año en funciones. Es una situación que ha centrado parte del discurso de Marín, que aunque no ha mencionado la reforma que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula judicial con el mandato prorrogado sí ha descrito como “desolador” el estado del Alto Tribunal, donde el número de vacantes ha alcanzado las 23 y ha insistido en que “la primera víctima de esta situación sin duda es el justiciable”. 

Marín ha recordado que la independencia judicial es un principio fundamental del sistema democrático y que los ataques a la misma pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes. En ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos; y otras veces omisivos, “mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto de una decisión judicial concreta, sino respecto del propio funcionamiento del Poder Judicial, con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones”, ha aseverado.

“El enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina”, ha concluido el presidente del Supremo, que, sin negar la legitimidad de la lucha política, ha llamado la atención sobre la necesidad de acompañar el debate ideológico “con esfuerzos serios y leales de consenso en asuntos nucleares para el Estado, como lo es la Justicia”.

Ante la “gravedad” de la situación, el presidente del Supremo ha sugerido algunas líneas maestras por la mejora de la Justicia que, a su juicio, podrían ser asumidas por los actores político-institucionales. Entre ellas, que la renovación del CGPJ se produzca con arreglo a los tiempos marcados por la Constitución; que las políticas relacionadas con el Poder Judicial se formulen buscando “consensos amplios”; o que los nombramientos de altos cargos judiciales se lleven a cabo con el máximo respeto a los principios de mérito y capacidad, “evitando cuotas o equilibrios derivados de afinidades ideológicas o similares”.

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